Importancia de las relaciones intergubernamentales en un sistema de Gobierno Federal
- Resumen
- Economía y relaciones
intergubernamentales - Elementos políticos, gestión y
relaciones intergubernamentales - ¿Cómo deben ser las relaciones
intergubernamentales? - Notas
- Bibliografía
El presente trabajo consiste en un
análisis teórico
sobre la importancia de las relaciones intergubernamentales en el
desempeño del sector público y
específicamente su necesidad en el caso venezolano. Dicho
análisis se hizo desde dos grandes enfoques, el primero es
el económico, bajo la perspectiva de los desarrollos
neoinstitucionales y del federalismo fiscal que pretenden resaltar
la importancia de las instituciones y el diseño de la estructura pública en el
logro de los objetivos de eficiencia y equidad.
El segundo es el político, orientado a los efectos
que la organización pública
y sus interacciones producen en la concentración del
poder, la gobernabilidad, la
efectividad y calidad de las políticas públicas y,
en definitiva, en el sistema democrático. Finalmente, se
hace referencia a los costos de la coordinación
intergubernamental y cómo el correcto diseño de las
relaciones entre niveles de gobierno puede
minimizarlos.
Palabras clave: relaciones intergubernamentales,
federalismo, gobernabilidad, políticas
públicas.
Abstract
This paper consists in a theorycal analysis about how
important in the public sector performance are intergovernmental
relationship and more specifically how needed they are in
Venezuelan’s case. Key words: intergovernmental
relationship, federalism, govern ability, public
policies.
Economía y relaciones
intergubernamentales
La Economía del Sector Público, ha
experimentado un giro sustancial desde los planteamientos de la
Economía del Bienestar en que un "dictador benevolente"
procedía a corregir los fallos del mercado en un intento de
aproximar la realidad de los mercados a los resultados de
optimalidad paretiana de una economía perfectamente
competitiva. Diversos análisis han puesto en evidencia que
el Estado también
falla1, lo que ha hecho cambiar "el lugar de
residencia" de las consideraciones normativas en
Economía.
Los procesos de decisión
política en el seno de
democracias con múltiples grupos de interés, la relevancia del
funcionamiento de las instituciones, del marco jurídico, de
las estructuras de incentivos, de los derechos de propiedad, de los costes de
transacción y otros temas, son ahora objeto de estudio de la
economía. En tal contexto, lo normativo no reside ya en la
discusión sobre cuáles hayan de ser los resultados
económicos deseables en términos de distribución de la renta,
estabilidad macroeconómica u otros, que los instrumentos de
Política Económica
tradicionales debían haber sido capaces de conseguir, sino
que la discusión en el plano normativo lo es sobre las
instituciones que regulan el intercambio económico y
político ya que éstas son las que facilitarán o no
un funcionamiento de los mercados dirigido a una mayor eficiencia
y equidad.
En base a los argumentos precedentes y ahondando
también en teoría politológica,
nos proponemos resaltar como parte del diseño institucional
la importancia de las relaciones intergubernamentales en el logro
de los objetivos del sector público, tanto desde el punto de
vista económico –alcanzar la eficiencia cuando ocurren
fallos en el sistema de mercado y garantizar la equidad–
así como el cumplimiento de metas políticas tales como
la participación ciudadana,
y en definitiva, el fortalecimiento del sistema
democrático.
Las relaciones intergubernamentales forman parte de uno
de los tres ejes fundamentales para el funcionamiento exitoso de
un sistema federal de gobierno2. Esta afirmación
no excluye que países cuyos sectores públicos
están organizados de forma unitaria utilicen también
las relaciones intergubernamentales como parte determinante en la
aplicación de las políticas públicas, ya que,
independientemente de que el gobierno esté organizado en uno
o varios niveles de actuación, la actividad pública
requiere programas especializados y
adaptados a sociedades cada vez más
complejas y exigentes que obligan a mantener contactos más
allá de los límites públicos y
entre múltiples y diversos actores dentro de tales
límites.
En el caso de un gobierno multijurisdiccional, entendido
como aquel cuyo sector público tiene niveles centralizados y
descentralizados de toma de decisiones y cada uno de
ellos goza de cierta autonomía en la gestión de sus asuntos
propios (Oates, 1977), la necesidad de relaciones
intergubernamentales es ineludible. Para desarrollar esta idea
conviene aclarar los términos a los que hacemos
referencia.
Las relaciones intergubernamentales definidas por
William Anderson citado por Agranoff (1997:127) son "un
importante contingente de actividades o interacciones que tienen
lugar entre unidades de gobierno de todo tipo y nivel territorial
de actuación." Tales interacciones deben entenderse como las
vías de enlace entre todos los que participan en el sector
público, cuyo flujo de información contribuye a
evitar muchos de los problemas asociados a los
fallos del Estado y a hacer efectivas las
ventajas potenciales de la organización federal de
gobierno.
Tratándose de sistemas de gobierno con poca
tradición en la organización federal, tal como es el
caso venezolano, las relaciones intergubernamentales
deberían orientarse al logro de los siguientes objetivos si
se quiere cumplir con el principio de subsidiariedad3:
– Capacitación de las
entidades subnacionales en el ejercicio de las funciones que les son propias y
en la administración de sus
finanzas. Esto último,
referido sobre todo a que los entes subnacionales sean
corresponsables fiscalmente.
– Lograr la equiparación fiscal de las
jurisdicciones ante desequilibrios verticales y
horizontales4. Los recursos fiscales se recaudan en
todo el territorio y pertenecen al sector público en
conjunto, por lo que el gobierno recaudador debe cumplir la
misión de agente para el
reparto equilibrado en pro de los objetivos de suficiencia
financiera, solidaridad y cohesión
social.
– Armonizar la actuación pública de los
tres niveles de gobierno en torno a materias que son
concurrentes, así como prestar apoyo a las jurisdicciones
que aún teniendo competencias exclusivas en
determinadas materias, tengan limitaciones de cualquier tipo para
cumplir sus funciones.
Este último punto representa nuestro objeto de
análisis por cuanto el presente trabajo surge en el contexto
de los Talleres de Relaciones Intergubernamentales para
Armonizar Políticas Públicas Territoriales en Areas
Metropolitanas. Ahora bien, en aras de profundizar el tema en
cuestión nos planteamos las siguientes interrogantes,
siguiendo como referencia el trabajo de Rowland (1999):
¿armonización o coordinación de qué?,
¿armonización para qué? Y una vez justificadas las
relaciones para la coordinación intergubernamental surge la
cuestión sobre ¿cómo deben ser las relaciones
intergubernamentales?
Para contestar la primera interrogante debemos
comprender que la provisión pública admite una gama de
posibilidades cuando hacemos referencia a cómo se reparten
las responsabilidades de gasto entre los diferentes niveles de
gobierno. En cualquier área de política pública
podemos observar que el desarrollo de distintos
programas de actuación implica una multiplicidad de actores
(públicos y privados), que juegan distintos papeles y que
tienen acceso privilegiado a distintos tipos de recursos
necesarios para el logro de las metas públicas: mientras el
nivel de gobierno central suele contar con instrumentos de
recaudación más potentes y con una capacidad variable
para establecer los parámetros básicos del servicio, los gobiernos
regionales y locales tienen acceso a mejor información sobre
las necesidades públicas y pueden adaptarse mejor a la
expectativa de los ciudadanos, en suma cada nivel de gobierno
tiene ventajas comparativas de actuación (Rowland,
1999).
Esto hace que en algunos casos las competencias sean
exclusivas de un determinado nivel o sean compartidas entre dos o
más niveles. Por lo tanto, la coordinación
intergubernamental objeto de nuestro interés está
referida a la gestión de las tareas que la sociedad ha dejado en manos
del sector público venezolano, lo que incluye la acción recíproca de
intercambio de información, diagnóstico de
necesidades, planificación y
diseño conjunto de políticas públicas y,
finalmente, ejecución de las mismas.
El sector público venezolano se caracteriza
por:
– Ser federal y descentralizado, según lo
establece el artículo número 4 de nuestra Carta fundamental.
– Tener poca experiencia práctica en la
atención de funciones
como gobierno federal. El centralismo ha dominado la
actividad pública durante nuestra historia republicana y con mayor
énfasis a lo largo del siglo XX.
– Arreglos institucionales y relaciones fiscales
aún por definirse. Los principales instrumentos de
delimitación de competencias, definición de relaciones
fiscales y coordinación intergubernamental tales como
Ley Orgánica de Poder
Público Municipal, Ley Orgánica de Haciendas
Públicas Estadales y Ley de Consejo Federal de Gobierno
respectivamente, no han sido aprobados en la Asamblea
Nacional.
– Sometido a un escenario político
conflictivo. Según la Fundación Gumilla (2003:466) para
muchos actores relevantes la crisis política que
eclosionó de manera abrupta desde los inicios de 2002, se
enmarca en un escenario en el que la sociedad venezolana se
caracteriza por la polarización en sus preferencias
políticas en dos extremos irreconciliables: chavismo y
oposición.
Aunque el principio de subsidiariedad sea piedra angular
en la organización federal, la coordinación entre dos o
más niveles de gobierno puede rendir mejores resultados que
la acción independiente y con más razón en el
contexto que acabamos de describir.
Presentamos las ventajas de las relaciones para la
coordinación intergubernamental:
– Mejora la asignación de recursos al mejorar
el intercambio de información.
– Hace posible un mayor control del gasto y favorece el
equilibrio presupuestario. La
acción concertada puede reducir la carga total de la
deuda pública al evitar
la sobreexpansión de las políticas fiscales
descoordinadas.
– Garantiza el cumplimiento de las funciones
públicas aún en las jurisdicciones con limitaciones
financieras y de gestión5.
– Alienta la cooperación y la solidaridad
interjurisdiccional.
Como contraparte, desde la perspectiva económica la
ausencia de coordinación puede provocar:
– Distorsiones y asimetrías de
información que implican duplicidades de gastos, despilfarro de recursos e
incidencia en mayores costes de provisión.
– Poca claridad en la delimitación de
responsabilidades y por tanto faltas en la solución de
problemas públicos.
– Quebranto en el logro de objetivos
macroeconómicos tales como la cohesión social, la
estabilidad y el crecimiento6.
De lo expuesto supra líneas se deriva la respuesta
a nuestra segunda interrogante: la coordinación
intergubernamental debe existir para poder explotar la
potencialidad de la solución federal como sistema de
gobierno7, más aún en medio de las
particularidades del federalismo venezolano, ella
condicionará en buena medida la eficiencia en la
utilización de los recursos públicos y la equidad de su
distribución.
Elementos políticos,
gestión y relaciones intergubernamentales
Las relaciones intergubernamentales constituyen
mecanismos democráticos que contrarrestan tendencias de
centralización de poder.
Son complementos novedosos e informales al principio de
separación de los poderes, novedosos porque surgen como
consecuencia de las presiones que la realidad actual ejerce sobre
los Estados, e informales porque no tienen un nivel de
teorización consolidado, además de que escapan en gran
medida a parámetros formales como el marco jurídico o
reglas institucionales.
Esta afirmación cobra aún más sentido en
el marco de la "nueva realidad", que como fue comentado
previamente está determinada por entornos más
dinámicos y complejos; por la necesidad de legitimación de los
sistemas políticos, justificada no sólo en base al
poder ni tampoco en la satisfacción de necesidades o
prestación de servicios propios del estado
de bienestar, hoy en crisis. La legitimidad de los estados en
este nuevo entorno, estará determinada por la
prestación de esos servicios con criterios de calidad, de
eficiencia y con generación efectiva de impactos en la
sociedad.
Los regímenes políticos, para el logro de sus
fines distribuyen su actividad y responsabilidades en distintas
dimensiones organizativas, tanto de forma horizontal
(división de poderes), como vertical (territorial). Si no se
establecen parámetros de coordinación y gestión
conjunta, el caos está servido; si se ignora la existencia y
necesidad de estas relaciones será difícil resolver
problemas, generando situaciones de ingobernabilidad y el camino
a estados autoritarios que centralicen el poder, estará
abonado. El funcionamiento de programas y políticas como
productos institucionalizados
del sistema político requiere
de diversidad de organismos, y de la distribución sobre una
base territorial de diferentes competencias y rangos de
actuación.
Un esquema ideal de la distribución de papeles
entre los 3 niveles, ha sido señalado por IFEDEC
(s.f.):
Nivel central —– Integrador (fija parámetros
ylineamentos)
Nivel estadal —– facilitador. (Enlace entre
niveles)
Nivel local —– ejecutor
Esta división no pretende ser extensiva, más
bien constituye una guía y estos papeles son los que cada
nivel debe desarrollar de manera principal, lo que no significa
que el nivel central no ejecute o el nivel local no pueda ser un
facilitador, como de hecho sucede.
Las relaciones intergubernamentales no son
necesariamente aquellas establecidas en normas, el sistema jurídico
es solo un marco de actuación, y si bien es muy importante
la regulación, el derecho por si solo no puede abarcar la
enorme cantidad de transacciones que se presentan en situaciones
políticas. Esto hace necesario tomar en consideración
elementos no jurídicos como el conflicto, el intercambio de
recursos o los valores de los actores.
Aunque hemos hablado de que son mecanismos informarles no estamos
excluyendo normas formales de coordinación que
necesariamente deben existir, lo que sostenemos es que este
enfoque, si bien se inscribe dentro de un marco legal con
frecuencia lo sobrepasa, como sostiene Gómez (2002:62)
"…se trata de un enfoque de ambas partes a la vez: es legal
pero va más allá de lo legal."
Algunos elementos de carácter político
que pueden determinar la forma como se desarrollan las relaciones
entre niveles de gobierno son:
– Las ideologías, que muchas veces,
determinan el nivel de discrecionalidad que se les otorga a los
niveles subnacionales, así como la rigidez-flexibilidad de
los mecanismos de contacto y el grado de control que tiene el
nivel central.
– Motivaciones y recursos con que cuentan los
distintos actores.
– Debilidad de enfoques principalmente normativos,
que no toman en consideración las relaciones cotidianas que
se producen entre los actores de un determinado espacio de
políticas.
– La organización del sistema de
partidos.
El éxito de la acción
de un nivel de gobierno depende en gran medida de actuaciones
coordinadas con otros niveles. Un sistema coordinado de
relaciones es el que mejor se adapta a los entornos actuales lo
que genera situaciones que favorecen la gobernabilidad, entendida
como la existencia de una situación favorable para la
acción de gobierno y la generación de "productos" que
solucionen problemas, lo que justifica la existencia del propio
sistema político. Entre los condicionantes favorables a la
acción de gobierno están algunos de carácter
intrínseco, como el rendimiento, la legitimidad del sistema
político y la eficacia de las políticas, y
los resultados de la política económica, también
influyen en la gobernabilidad factores externos al sistema
político como la integración en el sistema
internacional. Alcántara (1995) define la gobernabilidad de
manera más dinámica al señalar
que esta se manifiesta como una situación que se mueve entre
un polo positivo, caracterizado por la existencia de los
elementos antes mencionados, y otro disfuncional de crisis donde
estos elementos no están presentes. En un sistema
político cuyas responsabilidades están distribuidas en
múltiples niveles cualquier dificultad o desacierto de un
nivel influye en una medida variable en el rendimiento del
sistema político en general, creando procesos de
ingobernabilidad.
De igual manera, la forma como fluyan las relaciones
intergubernamentales va a tener una relación directa con la
efectividad y calidad de las políticas públicas. Estas
no pueden verse como meros productos, son también medidores
de la forma como funciona el intrincado compuesto de redes, personas y organizaciones que constituyen la
"caja negra" que es la administración pública.
Para dar una definición sencilla de las políticas
públicas, podemos decir que están constituidas por
acciones (o no acciones) y
decisiones de una autoridad gubernamental, que
buscan incidir en una situación problemática de la
sociedad, integrando cierto nivel de racionalidad en la
determinación de las causas y soluciones a ese problema
particular, y reconocen la importancia de diversos actores no
sólo gubernamentales.
En el contexto que hemos caracterizado, es necesario que
el diseño, implementación y evaluación de políticas
públicas estén representados los diversos niveles
involucrados, y se llegue al establecimiento de un consenso
mínimo, cuando no acuerdo, para la definición adecuada
de problemas, la justificación de actuación, las
opciones alternativas para solucionar problemas y la
identificación de actores relacionados con la política
en cuestión. Esto implica acción concertada y
elaboración de estrategias conjuntas de
acción, así como superar la postura tradicional que
sólo reconoce la existencia de controles y mecanismos
legales de cumplimiento.
Dado el carácter específico de las
políticas públicas se hace necesario para su
elaboración conjunta, según Agranoff (1997):
– Procesos de interacción más
allá de "nosotros proponemos, ellos disponen".
– El objetivo común debe ser
solucionar problemas.
– Distribución de papeles entre actores de
niveles distintos.
Las relaciones entre niveles de gobierno, determinan la
necesidad de que las estructuras cuenten con diseños para
dar respuestas en situaciones dinámicas y que reconozcan la
actuación conjunta. La búsqueda de calidad, eficacia y
eficiencia en los servicios y políticas, choca con la
concepción organizativa actual, basada en gran medida en el
modelo de dominación
legal propuesto por Max Weber, que si bien destaca
elementos validos y útiles como la formación y el
mérito, también atenta contra la innovación y la
flexibilidad que los problemas actuales requieren para ser
solventados. No basta que la administración
pública aplique la ley, es necesario que tenga capacidad
para diagnosticar y reaccionar ante la realidad que presenta el
entorno actual. Sin embargo, por los elementos e interacciones
informales que presentan las relaciones intergubernamentales,
este punto se hace difícil de cumplir.
Todo funcionario es en principio un actor potencial.
Para hacer que los mecanismos de contacto entre gestores de
distintos niveles sean menos conflictivos y se pueda llegar a
situaciones de coordinación o consenso, se propone
mecanismos de contacto conocidos como gestión
intergubernamental.
La Gestión Intergubernamental se traduce en la
EJECUCION cotidiana de las interacciones entre actores de
distintos niveles. Están interacciones están referidas
a transacciones diarias entre elementos gubernamentales, y su
enfoque se centra en la necesidad de solución de problemas
haciendo énfasis en los contactos y redes de comunicación.
Se pueden establecer ciertos parámetros para
facilitar la gestión intergubernamental de un programa o políticas
públicas. (Agranoff, 1997)
– Planificación en cada organización, en
el sentido de determinar donde se está y hacia donde se
quiere ir, identificando los mandatos (de carácter legal y
político), objetivos y misión, una evaluación del
entorno y de la propia organización.
– Establecimiento de pautas de contacto entre
funcionario de niveles de gobierno distintos, y así
determinar lo que un nivel de gobierno debe o quiere hacer y lo
que los otros pueden ofrecer. En estos contactos también se
buscan resolver problemas normales derivadas de interese distintos
(Negociación de los
conflictos) y logro de un
mínimo acuerdo sobre condiciones y metas, se identifican
problemas comunes y soluciones conjuntas. – Conocimiento y claridad de las
posibilidades de financiación. Necesidad de recursos
adecuados y suficientes.
– Capacitación de los niveles subnacionales,
ya que todos los niveles juegan un papel importante, y debe
favorecerse la de los niveles más cercanos a la gente, se
puede hacer a través de:
a) Programas de capacitación de los funcionarios
encargados de la gestión.
b) Asesoramiento técnico.
c) Subvenciones para financiar la capacidad.
La coordinación intergubernamental, no obstante, se
enfrenta a diversos obstáculos producto de la complejidad de
los problemas públicos, a saber:
– Excesiva regulación por parte de los
niveles superiores a través de normas jurídicas que
delimitan las posibilidades de actuación y de
discrecionalidad de los niveles
inferiores8.
– Hay costos para institucionalizar el intercambio
de la información y procedimientos operativos para
tomar las acciones que apoyan la política de
coordinación.
– Riesgo de conflicto entre
actores, derivado de los distintos intereses, escasez de recursos o la
complejidad del programa9.
– Hay costos políticos para establecer
criterios claros y uniformes para la acción
conjunta.
– Dificultad de establecer mecanismos e indicadores de
evaluación.
– Retrasos en la ejecución de programas y
políticas.
En la transición de un sistema centralizado a uno
con una pluralidad de actores reside el peligro de que se perciba
la coordinación intergubernamental como un juego de suma cero. Es decir,
que los actores en cada uno de los niveles de gobierno pueden
fácilmente concluir que cualquier aumento de la responsabilidad o del poder
que ellos ceden a los otros niveles implica una disminución
del mismo tamaño en su propio poder10.
Pese a la importancia de algunos costos de la
coordinación, con el tiempo habrá que
cubrirlos y para lograrlo cerramos este escrito con la
última de las interrogantes planteadas en la primera
parte.
¿Cómo deben ser las
relaciones intergubernamentales?
Las últimas tendencias apuntan que los sistema con
varios niveles de gobierno funcionan más como una red que como un sistema jerárquico
porque la lógica de las
jerarquías para la coordinación de unos participantes
que gozan de autonomía puede ser inútil. Castells
(2001) habla del estado red que por definición tiene nodos, de
tamaños distintos y de relaciones asimétricas, pero
cuya interdependencia evita que ningún nodo, aún el
más poderoso, puede pasar por alto al resto.
Los proyectos que atañen al
país como un todo deben estar coordinados y ser producto de
la colaboración, consecuencia de la responsabilidad
compartida y menos de la tutela y el control desde arriba.
El lenguaje de los incentivos,
de los compromisos recíprocos, de los acuerdos técnicos
debe prevalecer para que el sistema funcione eficazmente. Los
incentivos pueden ser económicos y financieros, directamente
relacionados con la asignación de responsabilidades
financieras y de gastos entre los niveles de gobierno;
también pueden resultar del funcionamiento del sistema
político, las reglas electorales y los mecanismos para
permitir que los grupos de intereses tengan voz en el
funcionamiento del gobierno.
Una polis es sabia cuando ordena las relaciones
internas y con los restantes estados.
PLATÓN
1. Según Albi (2000), estos son los principales
fallos que tiene el Sector Público: – No hay acuerdo entre
los hacendistas en relación a los objetivos de
maximización.
– Los instrumentos de intervención son
limitados
– El conocimiento y la
información son escasos
– Los procesos políticos sufren graves
imperfecciones
– Hay gran complejidad en los procedimientos de
aplicación de las políticas públicas frente a
dificultades económicas, políticas
yburocráticas, altos costes de transacción
– Se teme al problema del Leviatán.
2. En el trabajo Economía Pública
Multijurisdiccional (2003) se propuso que el éxito de la
organización federal depende de tres ejes
fundamentales:
1) clara delimitación de competencias entre los
diferentes niveles de gobierno;
2) responsabilidades fiscales equilibradamente
compartidas; y
3) marco institucional para el diálogo.
3. La provisión de bienes y servicios colectivos
debería situarse en el nivel de gobierno más bajo
posible, abarcando en un sentido espacial costes y beneficios. La
toma de decisiones, en políticas públicas, debe estar
en el nivel de gobierno más cercano a la población afectada por
tales decisiones.
4. El desequilibrio vertical está asociado a las
diferentes posibilidades fiscales entre los gobiernos central y
territoriales; el gobierno central casi siempre tendrá las
figuras tributarias de mayor potencial recaudatorio. El
desequilibrio horizontal se refiere a que existen jurisdicciones
de un mismo nivel con distintas circunstancias económicas
que harán a unas más ricas o más pobres que el
resto.
5. Hay que distinguir entre cooperación
intergubernamental e intervencionismo de parte de los
órdenes superiores de gobierno en el desarrollo territorial.
Es importante convencer a el gobierno central que la
coordinación junto con los gobiernos territoriales es
más eficaz que el intervencionismo.
6. La cohesión social está referida a la
igualdad efectiva de los
individuos en el acceso a servicios públicos
esenciales, esto es, que se garantice un servicio mínimo de
los bienes preferentes para garantizar la equidad. La
estabilidad, por su parte, representa el logro de los objetivos
macroeconómicos: control de la inflación, bajo desempleo y crecimiento económico
sostenido.
7. Las ventajas potenciales de la solución federal
están expuestas en el trabajo de Rangel (2003a). Para
ahondar más sobre este punto recomendamos leer Oates (1999)
y Monasterio y Suárez (1998).
8. Si bien es necesario el establecimiento de un marco
jurídico de actuación, en sistemas federales cuando se
abusa de éste o se hace afectando los principios básicos de
autonomía de los niveles subnacionales, la actuación
pública tendrá eficacia limitada.
9. Una de las razones es que, tradicionalmente, cada
dependencia tiene sus propias metas y agenda, vigiladas por una
instancia superior, lo que desincentiva los esfuerzos de
colaboración porque complican al cumplimiento de estas
agendas particulares.
10. Es cierto que la adaptación a un sistema de
mejor coordinación intergubernamental requiere de un
cambio de mentalidad, pero
ésta no es una meta inalcanzable. Lo que hace falta es una
labor de convencimiento.
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intergubernamentales" en La nueva Administración
Pública Alianza Editorial, Madrid.
ALCÁNTARA, Manuel (1995) "Gobernabilidad, Crisis y
Cambio" Fondo de Cultura Económica,
México.
BAÑÓN, Rafael y CARRILLO, Ernesto (Comps.)
(1997) "La nueva Administración Pública" Alianza
Editorial, Madrid.
CASTELLS, Manuel (2001) "La era de la información.
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FUNDACIÓN GUMILLA (2003) "La Fundación Gumilla
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Gumilla, No 660. Diciembre.
IFEDEC (s.f.) "Consolidación del Estado
Descentralizado" AECI, Caracas.
INAP, (2000) "Relaciones intergubernamentales y
modernización" Apuntes del curso de postgrado de
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Madrid.
MASCAREÑO, Carlos y DEL ROSARIO, Elia (2002) "Las
relaciones….en Gerenciando las relaciones intergubernamentales.
Experiencias en América Latina" Editorial
Nueva Sociedad, Caracas.
OSPINA, Sonia y PENFOLD, Michael (Edit.)
(2002).
RANGEL GUERRERO, Christi (2003a) "Economía
Pública Multijurisdiccional. Modelos teóricos y el
caso español como experiencia
práctica" Consejo Económico y Social,
Madrid.
RANGEL GUERRERO, Christi (2003b) "El futuro del
federalismo venezolano" en SIC Especial 65 Aniversario, del
Centro Gumilla, No 660. Diciembre
ROWLAND, Allison (1999) "Los municipios y la
coordinación intergubernamental" Agenda para la reforma
municipal. CIDE, México.
Jaime Grimaldo Lorente y Christi Rangel
Guerrero
En Revista virtual Provincia
Nº 10, enero-diciembre 2003. pp. 38-52
Universidad de Los Andes:
Centro Iberoamericano de Estudios Provinciales y Locales
(CIEPROL). Universidad de Los
Andes.
