El departamento, la frontera y una trama de relaciones sociales en el sur de Córdoba
- Introducción
- Las
premisas normativas - El
debate político y las miradas de la
opinión - La
dinámica territorial: cambios y
continuidades - La
trama de relaciones - Referencias
bibliográficas - Fuentes
inéditas - Tesis
doctoral
Introducción
La concepción liberal decimonónica disociaba
la política de la administración,
particularmente cuando definía cómo debían
insertarse los municipios en la construcción del Estado provincial; por eso, el
perfil netamente administrativo otorgado a en los diseños
constitucionales provinciales.
El caso cordobés no escapó a esta regla. Sin
embargo, cuando efectuamos un descenso a las realidades
departamentales nos encontramos con situaciones históricas
cuya dinámica nos permite
cuestionar tal supuesto y advertir acerca de su desajustada
traducción. Por el
contrario, pareciera que en esos espacios se habría
desplegado una dinámica del poder, definiéndose en
realidad como lugares donde si bien los sujetos sociales
convivían, también confrontaban y por lo tanto se
generaban escenarios para el contacto y el conflicto. Una variable de
análisis para acceder
desde el punto de vista metodológico a dicho abordaje
temático es la trama de las relaciones sociales y políticas que se anudaban en
esos espacios. Precisamente, la creación de la jefatura
política desde 1870 nos permite abordar esta
problemática de un modo diferente al efectuado en estudios
precedentes. Teniendo en cuenta que tal institución se
mantuvo vigente en unos pocos espacios provinciales, Santa Fe,
Córdoba y Salta, los enfoques se han centrado en apreciar
las jefaturas como un instrumento para el control del espacio rural,
asociado a prácticas clientelares y con función electoral, tal como
lo ha presentado Norma Pavoni para la realidad cordobesa, aunque
sin ingresar en un análisis que refleje el comportamiento en los
distintos departamentos (Pavoni, 2000) o bien como lo ha
desarrollado Marta Bonaudo para el caso santafesino, entendiendo
la institucionalidad de las jefaturas como vía para el
despliegue de un proceso activo de
construcción política. (Bonaudo, 2003).
El trabajo pretende además
ser una contribución al nuevo enfoque de la historia política configuracional, en
el sentido que se intenta privilegiar el nivel de las relaciones
entre los sujetos sociales, la restitución de lo
político desde lo cotidiano y desde las instituciones, sin confundir
estas estructuras con el poder, sino
entendiéndolas como estrategias de individuos o de
grupos y como una de las
instancias en donde los poderes se disputan. Tal supuesto se
complementa con otro: el carácter de lo
político como relación social y su interdependencia
respecto a los otros niveles de la realidad social. (Barriera,
2002). Entendemos que es posible aplicar esta perspectiva no
sólo al mundo urbano, donde por definición se
constituye en espacio privilegiado de las decisiones
políticas, sino también al mundo rural y en los
departamentos pues las fuentes nos permiten entrever
la dinámica del problema.
El departamento Río Cuarto, ubicado en el sur de
Córdoba, con su frontera adyacente hasta fines de los
’70 nos ofrece la posibilidad de indagar desde ambos
lugares una trama compleja de vínculos y enlaces que
tenían como sujetos principales, por una parte, a quienes
residían o se movilizaban en los límites de esa
territorialidad —las autoridades actuantes tanto a nivel de
las competencias militares,
municipales, judiciales, administrativas, religiosas como los
notables del lugar y vecinos en general— y, por la otra,
sujetos con quienes entablaban nexos de todo tipo y de ese modo
les permitían acceder a otro nivel de articulación con
las elites gobernantes en la provincia y con las representativas
del Estado central. Ello enmarcado en las décadas de 1870 a
1890 que implicaron para esta región una dinámica de
cambios importantes, desde el punto de vista territorial, y a la
vez de permanencias, sobre todo en cuanto a los recursos productivos y la
estructura social.
Cabe aclarar que la hipótesis de trabajo no
comprende en toda su profundidad analítica a la comunidad ranquelina habitante en
la región de nuestro estudio, y si bien no deja de
reconocerse la existencia e importancia de este actor, sólo
nos referimos a él en la medida que las instancias
desencadenantes de contactos y conflictos en estas relaciones
interétnicas (política de agasajos, tratados, malones) dinamizaban
vínculos y enlaces entre autoridades y vecinos.
El presente artículo se desarrolla a lo largo de
dos secciones. En la primera, se ha creído conveniente
sintetizar las visiones clave que se ofrecieron desde el encuadre
normativo así como desde el discurso político
cordobés, acerca del papel que jugaban los departamentos y
la frontera a partir del último tercio del siglo XIX, en
primer lugar y, en segundo término respecto de la
participación en el marco de las cuales cumplían su rol
la campaña y sus vecinos. En la segunda sección, se
desarrolla un avance sobre la dinámica de las relaciones
socio-políticas en esta región elegida del sur
cordobés.
A lo largo del siglo diecinueve, Córdoba
asistió a distintos momentos en que su elite gobernante
encaró la tarea de dotar a la provincia de un marco legal
dentro del cual fuesen visibles también criterios para
administrar la campaña. A fines del siglo diecinueve fue la
nueva Constitución de 1870 con su
reforma de 1883. Llegado este momento las elites cordobesas
volverían a reformular mediante la política pactista
múltiples cuestiones, entre ellas acordar nuevas estructuras
de representación y así una de las innovaciones fue la
composición del poder legislativo que
abandonaba el antiguo patrón unicameral para integrarse
además de los diputados de la provincia, con los senadores
por los departamentos de la campaña. Respecto del
régimen municipal su preservación formaba parte ya de
la tradición jurídica y política
cordobesa.
Al ingresar a la década del ‘70, la
convergencia de variables de distinto signo
nos revelan la idea de un municipio cordobés equidistante
entre la subordinación, la centralización y la
autonomía, es decir, vinculante a una concepción del
poder donde se resignan roles pero a al vez se afirman
pautaciones autárquicas para lo local. En efecto, el hecho
de privilegiar su función administrativa es de por sí
indicativa de una integración subordinada al
Estado provincial. Pero, no pudo obviarse una paradoja singular
pues ese carácter administrativo coexistía con la
dimensión electoral que suponía cubrir la dinámica
de las representaciones locales, de suerte que naturalmente la
política se infiltraba en estas jurisdicciones menores, en
tanto los vecinos elegían a sus propios representantes
concejales y desde 1883 a su intendente y en ocasiones no siempre
en concordancia con las expectativas capitalinas.
En 1883 la reforma introdujo tres cambios importantes,
uno respecto de la jurisdicción municipal, el segundo sobre
la composición de sus cuerpos y el tercero alcanzaba a la
duración de los mandatos. Así entonces, por una parte,
el ámbito jurisdiccional quedó acotado al distrito y ya
no al departamento, tomándose dicha decisión en forma
simultánea al proceso de fragmentación territorial que
experimentaban los departamentos del nuevo sur cordobés tras
concluirse con la frontera interior. Pero no puede soslayarse que
esta innovación se sumaba a
otra: la creación de las jefaturas políticas desde
1870, cuyo titular había sido beneficiado con el
otorgamiento del departamento como ámbito de sus funciones y en relación
directa con el gobernador de quien emanaba su nombramiento. De
modo pues que se había generado desde el ’70 una
superposición de campos de acción que se creyó
conveniente deslindar en los ’80. He aquí entonces un
recorte del espacio municipal en lo jurisdiccional a favor de las
jefaturas políticas y la presencia de este otro actor
político que reivindicaba pautas de centralización del
poder y, como tal, sellaba otro plano donde advertir la
articulación subordinada de los departamentos de ciudad y
campaña. Además, la introducción de una
variable política en un espacio pensado sólo para el
servicio
administrativo.
En síntesis, en el sentido
institucional, hubo un avance para las representaciones que
expresaban los intereses de la campaña con la posibilidad de
conseguir un espacio en particular dentro del senado, inclusive
con los criterios sentados entre 1870 y 1883 para integrar
diputados hubo una ampliación, es decir, sirvió para
referir mayor número de departamentos representados en la
sala legislativa pero no se incrementó el número de
senadores por cada uno de ellos. En cuanto a los municipios, es
de gran complejidad la definición de las relaciones entre
el Estado provincial y los
departamentos de la campaña, la cual no podría
simplificarse ni en la expresión de un articulación
subordinada ni en la de una autonomía creciente, sino
más bien en la acepción de un rol autárquico para
los municipios, con ampliaciones de la representación y a la
vez control político para la campaña. Por eso este
análisis debería complementarse con otro que indique
quiénes ejercían la representación y quiénes
eran los electores.
Con respecto a la cuestión frontera no es posible
encontrar ni en la Constitución de 1855 ni en la de 1870
definición jurídica alguna que remita al tema.
Podría interpretarse que al haber sido ya sentado en la
Constitución Nacional, adherir las provincias a sus
términos generales y declararse el tema como prerrogativa de
la decisión nacional, se hacía innecesario y
además improcedente ratificar criterios ya acordados. Es
ampliamente conocido que desde el plano de las decisiones
legislativas, en el transcurso de los ’70 se avanzó en
la nación en la dirección de sentar
posiciones. Para el caso de la frontera sur cordobesa, los
tratados celebrados con los ranqueles en 1870, 1872 y 1878
así lo expresarían. Y estas intenciones que la
dimensión legal evoca permiten explicar el pasaje a una
progresiva ruptura del equilibrio de poder entre
dichas sociedades, pues si hasta
promediar los años 1870 cada una de las partes pudo defender
y hacer prevalecer su posición, desde ese momento lo pactado
hizo referencia a la lenta pero indefectible penetración del
gobierno nacional en la sociedad indígena a la
par que ésta comenzó a apelar más a la estrategia diplomática por
su conflictividad intraétnica. (Tagmanini y Pérez
Zavala, 2002).
El debate político y las
miradas de la opinión
Nos resulta imposible reflejar en este apartado la
variedad de intervenciones registradas en el debate constituyente
y que tenían como objeto de reflexión el mundo de la
campaña en relación con su participación en las
estructuras de la representación. Sin embargo, expondremos
una muestra de ello cuando iniciadas
las discusiones respecto del sistema a adoptarse para elegir
gobernador se desató una fuerte controversia a raíz del
intento de un sector más renovador por suprimir la
mediación del voto y reemplazarlo por el sufragio directo. Quienes se
afirmaban en la versión más tradicional trazaron una
comparación entre la capacidad electoral del votante de la
ciudad y de la campaña, expresando que al tratarse de una
elección practicada «por masa de hombres ignorantes,
el voto podía venderse fácilmente» si se
innovaba y agregando que si ello tenía lugar en la ciudad
«donde las masas son más educadas, con mayor
razón sucedería en la campaña compuesta en su
mayor parte de hombres completamente ignorantes».
«Un cuerpo de electores compuesto de personas capaces e
independientes —sostenía Saturnino Laspiur,
liberal nacionalista— procederá indudablemente con
más acierto y con más juicio que las masas ignorantes.
Si alguna vez se falsea el sistema democrático es cuando se
da el voto a personas que no pueden tenerlo».
(ALPC. 1869/1870. Sesión del 13-8-1870). Es
difícil no entrever una fuerte similitud en ese rosario de
expresiones que minusvaloraban las capacidades de elegir y menos
todavía deliberar en los electores de ciudad y campaña
y ciertas notas alberdianas atravesadas por el vector de la
"soberanía de la
razón" y el temor a la "soberanía del número",
para conformar así fuertes argumentos de esa ‘lógica patricia’ de
que nos habla F.-X Guerra.
Muy interesante es detenerse en la visión que
inspiraba a algunos de ellos el comportamiento ciudadano, el cual
debía encuadrarse en la moderación, alejándose
así cualquier imprevisible manifestación más
allá de los límites fijados por la autoridad. ¿Y respecto
del habitante de la campaña?. De él tampoco se
esperaban disensos ni agitaciones: «El labrador y el
hacendado, modesto ú opulento, obreros tranquilos de la
riqueza que vá haciendo prosperar á la provincia,
á la sombra de la paz y el órden garantidos por el
gobierno, no han sido víctimas del contagio demagógico
de los hombres descontentos como en la capital, donde bullen mas
fácilmente los elementos de desórden, estimulados por
las pasiones concentradas de la ambicion ó de la impaciencia
revolucionaria». (Ferreyra, 1997: 147) (2). Tal discurso
político asignaba a los actores sociales de la campaña
un comportamiento totalmente alejado de las contiendas y, por lo
tanto, sin posibilidades de expresarse en el campo de la
política; y a través de este razonamiento se agregaban
atributos para una concepción subordinada de la campaña
que amparada en las ventajas de un supuesto "progreso" para ella
quería justificar el mantenimiento del
"orden".
Y esta perspectiva para la cual no eran previsibles
formas de expresión que traspasaran el molde del ciudadano
elector, todavía menos para el habitante de la campaña,
venía a reforzar desde Córdoba una línea de
pensamiento notabiliar a nivel
nacional, que apostaba a una participación acotada a lo
electoral y a la suficiente regulación de esta instancia, a
fin de hacer previsible todo lo relacionado con las acciones vinculantes a la
legitimidad de origen.
Otra es la mirada desde la tribuna de la opinión.
Que la campaña debía conservarse en una posición
de articulación subordinada, especialmente en tiempos
electorales, y brindarle a las facciones urbanas un mero consenso
formal, según lo acordado en las esferas de la decisión
política y en la normativa jurídica, parecía a la
mirada periodística un supuesto a ser discutido. Nuestro
registro de las prácticas
electorales desplegadas por las elites en la campaña en cada
instancia de elección de gobernador y vice nos permiten
sostener la hipótesis de una
interpelación sistemática por parte de la prensa opositora para provocar
disensos en la campaña pero sin alcanzar éstos una
intención disruptiva. Es notoria la finalidad de movilizar
la campaña desde la oposición, quebrar adhesiones
políticas si algún punto de ella tenía
inclinaciones oficialistas y desafiar así el ideal de
unanimidad de opinión. Esta estrategia se habría
desplegado entre 1870 a 1878, se habría abandonado en
tiempos del predominio juarista y recuperado a comienzos de los
’90; ello en relación directa para el caso del diario
El Eco con las adhesiones políticas que sus
propietarios expresaron en la arena del poder.
Respecto de la frontera, hubo expresiones
gubernamentales y periodísticas las cuales precisamente
permiten dar cuenta en qué medida desde el discurso
político cordobés se acordaba con la política
fronteriza trazada por la Nación. Así, la
agenda gubernamental se ocuparía de cuestiones más bien
centradas en los intereses en juego. Frecuentemente su
discurso asumía la representación de los intereses de
sectores sociales inmersos en esa realidad fronteriza. En tal
sentido, los gobernadores no cejaron en expresar que debía
garantizarse «la vida y fortuna de sus
moradores» y hacer efectiva la seguridad de los territorios
fronterizos pues éstos debían «dar ensanche
á nuestras poblaciones rurales». (Ferreyra, 1997:
166) (3). Por otra parte, estaba claro que la cuestión
frontera no podía disociarse en su presente y futuro del
esperado desarrollo de la campaña.
Al promediar la década, y conforme los mensajes
gubernamentales se cargaban de referentes conceptuales que
hacían de la búsqueda del progreso y de los factores
que lo impulsarían un eje de la trama discursiva, la
transformación de aquélla parecía inminente,
comenzando por los departamentos del sur y sureste, los más
cercanos a la frontera. Las estrategias discursivas harían
del tema tierras el eje central a partir del cual las referencias
continuas estarían indicando su sincronía con una
temática que por entonces también el gobierno nacional
le estaba brindando espacio preferencial en clave jurídica,
militar y financiera, mientras en Córdoba era asociado no
sólo como factor de producción y componente
central del proyecto colonizador, sino
también como afirmación de una soberanía
territorial en las franjas limítrofes con las provincias
vecinas del litoral. Está claro que avanzaba en la provincia
y en la nación un pensamiento que advertía cómo la
territorialidad tenía un peso fundante en la afirmación
del poder estatal en la medida que sobre la base de una
extensión física pudiera extender sus funciones;
pero también cómo para los particulares interesados en
esas tierras, lo espacial se convertía de igual manera en
expresión de una disputa por el poder. Si para el Estado
central lo era en relación con el indio, para los sujetos
sociales fronterizos lo era en relación con las provincias
vecinas.
Si estas afirmaciones referían el problema a la
cuestión de las tierras públicas, el cual una vez
resuelto modificaría el mapa físico de la provincia,
otras pondrían énfasis en la geografía política y como tal en
las ventajas de una nueva división del territorio
provincial.
Por último, la otra cuestión pendiente era la
suerte de las comunidades ranquelinas. Al respecto, los mensajes
de los gobernadores juaristas pondrían de manifiesto la
contundencia de un pensamiento dispuesto a encarar un proyecto de
abolición de todas las comunidades territoriales
indígenas en la provincia, expropiar esos terrenos y darlos
en propiedad privada para
así integrarlos a la lógica del capitalismo y la
filosofía del progreso. En palabras de Juárez Celman:
«El gobierno debe poner su mano en esos centros de
miseria y de desórden, para incorporarlos al movimiento social y
comunicarles la fuerza vivificante que anima
á todo el sistema». (Ferreyra, 1997: 178).
(4)
Por su parte, el discurso periodístico al comenzar
los años ’70 seguía teniendo como referente la
cuestión fronteras, y no podría ser disociado, tal como
vimos para el caso de los mensajes del ejecutivo, del que
argumentaba en relación con la campaña —y la
sureña en particular— pues en esta articulación
de opiniones radicaría una contribución importante de
El Eco —anticipándose inclusive con su
prédica— a las transformaciones que el sur y sureste
experimentarían a finales del siglo y comienzos del
siguiente. En efecto, un sinnúmero de notas podrían ser
interpretadas en clave del progreso. He aquí nuevamente la
función del periódico en sentar
opinión respecto de una idea —la de propiedad
privada— indicativa de la rapidez con que la provincia y el
país en su conjunto se estaban familiarizando con los
indicadores de una sociedad
capitalista, y al mismo tiempo su función para
vehiculizar demandas sociales, en este caso las provenientes de
quienes podían disponer en sus manos de los factores de la
producción primaria. La voz de los pobladores no
estaría ausente de estas miradas. Precisamente un
corresponsal de El Eco se internó como poblador del
fuerte de La Carlota y desde allí relató como
vivían esos 600 reclutas. Junto con ellos vivió la
incertidumbre frente a las incursiones ranquelinas, que no
desaparecían a pesar de los tratados, el problema casi
cotidiano de la deserción y entonces interpelaba con fuerte
mensaje reclamante al gobierno«¿Que le importa al
gobierno la desgracia de los fronterizos? Ganen las elecciones,
triunfen sus candidatos y sucumba lo demas?». (ECC,
1/11/1870: 2, c/2; 4/11/1870: 3, c/4). Desde la Villa de la
Concepción del Río Cuarto otro corresponsal
recogía las quejas de sus habitantes, requiriendo mayor
seguridad fronteriza, refuerzos militares y medidas
gubernamentales para contener las deserciones frecuentes que
daban lugar a delitos diversos, como el robo
de ganado y el saqueo de casas particulares. Pero, a diferencia
de aquéllas, éstas iban dirigidas simultáneamente
al gobierno nacional y al provincial y a la intermediación
de la prensa. Está claro pues que el periódico intentaba
movilizar la opinión pública en
pos del tema frontera e intentaba comprometer la gestión nacional y
provincial en ello, y para ello había resultado muy
funcional transitar de un discurso descriptivo al mensaje
prescriptivo, aunque sin explicitar todavía cuáles
premisas deberían ser atendidas por una política
fronteriza más eficaz. En cambio, el panorama estaba
mucho más claro en la visión de los habitantes de la
frontera sur cordobesa; para ellos se trataba de encarar una
política pública que asumiera la defensa de los
intereses sociales y no se mirara sólo a esta región
para extraer recursos fiscales, al mismo tiempo se requería
de la prensa acrecentase su rol como formador de
opinión.
En síntesis, ha sido nuestra pretensión
presentar sintética y comparativamente las visiones que las
elites políticas capitalinas diseñaron respecto del
marco espacial en el cual se desarrollará una compleja trama
de relaciones sociales. Marco espacial, respecto del
departamento, donde lo político gravitará de manera
significativa en ese entramado de relaciones a pesar de que ha
sido pensado tan sólo con una dinámica en clave
administrativa y en relación con la frontera porque
según sean las voces que concurran —en un caso el
poder político, en otros momentos vecinos interesados en la
defensa de sus propiedades y ganados, en las instancias de la
opinión, los periodistas participando de una visión
común con los sectores dirigentes— nos situaremos
frente a relaciones interétnicas vistas desde una óptica de la
conflictividad o bien desarrollándose bajo diferentes
modalidades del contacto pacífico, tal como lo relatan
algunos observadores extranjeros que visitaron la Villa de la
Concepción (Burmeister, 1944: 152-153), militares que
sellaron tratados de paz (5) o los franciscanos en razón de
sus misiones evangelizadoras. (Tagmanini, 1995). A su vez la
existencia de estas relaciones movilizará, como se
verá, una dinámica similar de este lado de la frontera
del río Cuarto.
La dinámica territorial:
cambios y continuidades
Con el objeto de trasladar estas cuestiones que nos
sitúan en el plano de los discursos, a las realidades
espaciales donde serían instrumentadas, el presente apartado
tiene por objeto considerar un espacio en particular de esa
dilatada campaña, el departamento Río Cuarto junto a la
frontera sur con la cual se hallaba en cercanía. En
relación con ambos nos interesa analizar cuáles
características presenta la trama de relaciones sociales que
allí se desplegó teniendo en cuenta la presencia de
actores locales, fuerzas militares que respondían al
gobierno provincial y otras bajo la dependencia del gobierno
nacional, además de las tribus ranquelinas.
Córdoba participó durante la etapa de nuestro
estudio del proceso de litoralización que suponía
incorporarse a una economía definitivamente atlantizada y
ligada, aunque periféricamente, al orden capitalista. Pero,
como es sabido, los tiempos cronológicos en que se
consumó este pasaje no fueron coincidentes con los
registrados en otras regiones como la bonaerense y santafesina y
tampoco esa transformación alcanzó por igual al
conjunto del territorio provincial. Así, el norte y oeste
quedaron definitivamente rezagados y más favorecidos
resultaron en cambio el sur y sureste; sin embargo, aún
entre estas dos últimas regiones hubo también
diferencias notables en cuanto a la secuencia temporal con que se
desarrollaron los factores de la modernización. En efecto,
ya se han indicado dos cambios que daban nueva fisonomía
territorial al sur cordobés: uno, el fin de la frontera y el
otro, la paulatina fragmentación del departamento Río
Cuarto. Por otra parte, fueron inmediatas las innovaciones en
materia de comunicaciones con la
instalación del telégrafo y transportes con el tendido
del ferrocarril desde 1873. Pero, el esquema de producción
centrado en las estancias continuó vigente hasta entrado el
siglo XX cuando la colonización introduzca cambios en la
fisonomía espacial y social de la región.
Ahora bien, si los pensamos en términos de
relaciones políticas esos mismos factores no necesariamente
venían a modificar en sentido ventajoso las relaciones entre
la capital y la campaña, acortando las distancias,
poniéndolas bajo un más rápido, directo y
cotidiano contacto; en realidad respondían a otros fines
además de los extranjeros, el de un Estado central que
había adoptado decididamente un proyecto de nación
sustentado en la potencialidad de un modelo agroexportador y la
incorporación de su economía primaria al mercado mundial aceptando para
ello una ubicación periférica en la división
internacional del trabajo. Los contactos entre el sur
cordobés y la capital, vía ferrocarril, llegaron
recién en 1913. Sí, en cambio, cumplía aquel
propósito el telégrafo, poniendo en manos de los
notables locales y sus allegados en la capital como en otros
sitios del país un instrumento valioso a la hora de
consolidar vínculos en tiempo electorales como lo era el
manejo de la información.
El acceso a un voluminoso cuerpo documental que
contiene las notas intercambiadas entre los comandantes de
frontera, las autoridades civiles, la gobernación de la
provincia y la nación permite advertir su accionar pero
también las problemáticas concretas del sector
castrense y las que presenta la línea militar del Río
Cuarto junto a las relaciones interétnicas. Es decir, a la
par de los informes que daban cuenta de
la situación militar y poblacional de cada fuerte y
fortín (deserciones, motines) se relataban las variaciones
en la política indígena y la frecuente
problemática de suministrar cobertura a las demandas
ranquelinas por los "agasajos". Es este punto el que nos permite
ingresar en el plano de las interacciones sociales a partir de la
serie de acciones que debían emprender los comandantes y que
excedían obviamente el alcance estrictamente militar. En
este sentido, era frecuente que la comandancia recurriese a
fuentes alternativas en razón de las demoras que
experimentaba la asistencia nacional y provincial y para ello
entrara en contacto con los hacendados de la región,
formalizando la mayoría de las veces con ellos contratos de compra y venta de ganado y ocasionalmente
exigiéndoles auxilios. Para ello contaba con el papel
intermediario del juez de alzada. Frecuente también fue la
vinculación de los comandantes, mediante operatoria, con los
comerciantes de la Villa y de la capital, en su calidad de suministradores de
productos y a veces acreedores
de la comandancia. En otros momentos se llegó a recurrir a
la municipalidad para obtener préstamos de la caja
institucional, como también apelar a los propietarios de
ganado de otros departamentos y aún de provincias
vecinas.
Es decir, la política defensiva fronteriza
exigía de las autoridades locales la movilización de
recursos que los colocaba en la compleja situación de
accionar por fuera de sus atribuciones específicas; por lo
tanto, dinamizaba articulaciones sociales que
incluía actores institucionales como demandantes e
intermediarios y actores sociales como oferentes no voluntarios
la mayoría de las veces y a la vez enlazaba espacios urbanos
y rurales de pertenencia regional y extra regional. Esta
constante que la hemos advertido para los dos decenios
precedentes a los años ’70 (Basconzuelo, 2003) se
reitera en el transcurso de ésta hasta la conclusión de
la frontera interior.
En cuanto a lo jueces, en razón de las
múltiples competencias asignadas, y no sólo las
estrictamente judiciales, no sólo se conocían y
complementaban en sus funciones específicas sino además
entraban en contacto con diversos actores sociales: conocían
a los propietarios a quienes cobraba los impuestos; a los
‘vagos’ y ‘malentretenidos’ a quienes
perseguían para lograr su conchabo, en este caso
interactuando con otros funcionarios de la justicia; a los comandantes a
quienes les entregaban los marginados sociales como reclutas para
el ejército de línea y con quienes colaboraban
haciéndoles llegar los recursos materiales para los fuertes y
fortines, y a los vecinos en general por ejercer tareas de
control social y, sobre todo, por tratarse de una comunidad
relativamente pequeña. Un punto de inflexión en
relación con esa amplitud de competencias se dio al crearse
las jefaturas políticas e imponerse con ellas el criterio de
una descentralización.
La constitución de 1870 había innovado
respecto de otra institución que resultó vital a la
hora de asegurar mecanismos de control políticas, las
jefaturas políticas. En dos aspectos, ella introducía
innovaciones para la administración de la
campaña. En primer lugar, como ya se dijo, servía al
propósito gubernamental de contar con un instrumento de
control político, contribuyendo por otra parte a fortalecer
la predominancia del Estado provincial frente a los departamentos
y más aún teniendo en cuenta que desde 1883 varios de
ellos experimentarán fragmentaciones, dando lugar a nuevas
unidades jurisdiccionales. Particularmente este proceso será
notorio en el sur provincial. En segundo término, esta
institución redefiniría las relaciones
inter-institucionales en la campaña y gestaría a su
alrededor nexos y vínculos con actores sociales, en este
caso de acuerdo con lo observado en el departamento Río
Cuarto pero que puede ser proyectado al resto conforme algunos
indicios advertidos en las fuentes bibliográficas e
inéditas consultadas.
En efecto, por un lado entonces los jefes políticos
vinieron a acentuar la gravitación del ejecutivo provincial
y esta característica contó con un amplio marco de
legitimidad, dado por la vía constitucional primero y luego
por una la ley especial que fijó
competencias y responsabilidades (12-8-1871). Precisamente, en el
proceso de delegación de facultades es donde puede
advertirse la intención original de articular bajo una
lógica de fuerte subordinación los departamentos al
Estado provincial y a su vez las restantes autoridades de cada
jurisdicción a las respectivas jefaturas, siendo revisada y
matizada luego dicha pretensión por no contarse con un
consenso suficiente. De todos modos, las funciones adjudicadas
fueron muy diversas, pues de su encargo eran la conservación
del orden público, la protección de bienes y personas, el control
de la ejecución de las leyes y reglamentos de justicia;
igualmente otras abrían un abanico de posibilidades para el
accionar político al hacerlos depositarios de la facultad de
ejecutar «los servicios especiales que se
les encarguen y demas disposiciones de la
autoridad».
En consecuencia, las jefaturas políticas
modificarían las relaciones inter-institucionales al
interior de la campaña, y este es el segundo aspecto que
pretendemos destacar. Por una parte, con las autoridades
militares y policiales, desplazando al referente militar de
cada jurisdicción departamental en un caso y a los
comisarios de campaña en el otro, a la vez que disponiendo
de una policía de seguridad de alcance departamental y con
ella un importante instrumento de coerción. Los cambios en
la relación de fuerzas se advertía, por otra parte, con
las municipalidades que según ya se dijo
cederían en beneficio de las jefaturas su antiguo dominio administrativo y así
estas quedaron localizadas jurisdiccionalmente en los distintos
departamentos.
¿Hasta qué punto este marco de relaciones
podría alterar la intersección entre un movimiento
tendiente a conciliar la autarquía municipal con estas
renovadas expresiones de una subordinación a la lógica
política provincial? Para evitar un desequilibrio a favor de
la segunda ecuación se estipularon los límites de su
accionar departamental, el cual sería hasta la órbita
de influencia del municipio pues los jefes políticos no
podían tener injerencia en el gobierno comunal y con
respecto a los magistrados judiciales debían colaborar con
ellos con «todo el auxilio y proteccion que les fuera
requerido». A fin de evitar su intromisión en
cuestiones electorales se fijó expresamente tal impedimento.
Además, se buscó incorporar el atributo de la
representatividad para la nueva autoridad, y así entre las
condiciones para ser jefe político figuraba la de ser
"vecino del departamento"; aspecto que se acordó
exigir después de un interesante debate que reivindicaba
esta identidad tradicional para un
funcionario de los nuevos tiempos políticos. (ALPC.
1869/1870. Sesión del 3-9-1870). Pero, el ejercicio de esa
representación quedaba sujeto a un criterio censatario, y
por lo tanto restrictivo. No se trataba simplemente de un vecino
residente, sino de quien reuniese las mismas condiciones que para
ser senador provincial, es decir, la edad de 30 años y
disfrutar de una renta anual de 1.000 pesos fuertes o de una
remuneración equivalente.
Pero, aún con todo ello y precisamente por ese
rasgo de la representatividad ¿podría suponerse que las
jefaturas a la par de revitalizar tanto en la relación con
el poder ejecutivo como en la
interacción con el resto
de las instituciones del departamento y la Villa, la
dimensión jerarquizada y verticalista del poder, que los
estudiosos de casos provinciales subrayan, o podían influir
de otro modo receptando demandas ciudadanas y actuando como
intermediarios de un proceso ascendente de construcción de
la política? ¿Y en tal caso con cuál grado de
profundidad? Un análisis de las directivas impartidas a los
actuantes en el departamento Río Cuarto así como los
informes por ellos elevados a la gobernación, volcados ambos
en un copioso epistolario existente hoy en el Archivo Histórico de la
Provincia como también en el Archivo Histórico
Municipal permite aclarar este interrogante. Esas directivas
permiten ampliar nuestro conocimiento de las
atribuciones no explícitas por la normativa hasta ahora
indicada. (Basconzuelo, 2002).
En síntesis, las competencias cuentan primariamente
al momento de explicar cuáles variables habilitan el
despliegue de relaciones sociales, pero por sí mismas no
bastan para explicar una trama articulada alrededor de lo
institucional y movilizada por la interacción de los sujetos
sociales. Cuando nos preguntamos quiénes ejercían la
titularidad de las funciones en las comandancias, los juzgados,
los cargos municipales, policiales y en las jefaturas
políticas emergen las vinculaciones entre el servicio en la
función pública y la recurrente presencia en él de
los sectores económicamente más dinámicos de la
elite local. En ese entramado de relaciones se revela lo
político no sólo porque atraviesa lo institucional sino
también porque se articulan dimensiones de esas relaciones
enmarcadas en el espacio que ofrece el departamento y a su vez en
el que presenta el nexo con la provincia y con la nación. A
su vez lo político emerge desde lo cotidiano, y en este
sentido el marco que ofrecen los recursos productivos de la
región con su eje primordialmente en las estancias ganaderas
facilita la constitución de enlaces y vínculos
alrededor de ellas. Aparte de este entramado de relaciones
sociales el desenvolvimiento institucional nos muestra cómo
las propias magistraturas funcionan como campo donde se disputa
el poder por los intereses en juego, por la dimensión
conflictiva que presentan y porque la variable política se
introduce, a través de las jefaturas políticas, en el
espacio departamental; un espacio pensado originariamente en
clave administrativa.
Importante es pues destacar la significación de
estos vínculos que se anudaban, por una parte, con la
policía en razón de que había sido colocada bajo
su órbita, lo mismo con los jefes y comandantes de la
guardia nacional y por la otra, con la justicia ya que los
oficios dan cuenta de algunos jefes políticos quienes sin
previo acuerdo de la gobernación designaban jueces y
comisarios de campaña.
Los vínculos con los vecinos del departamento no
fueron menos importantes y en este aspecto vuelve a revelarse
conjuntamente el papel de la intermediación, pues en
razón de las tareas desempeñadas, los jefes
políticos tenían conocimiento directo de las
problemáticas que afectaban al departamento. El detalle que
se expone de algunas de ellas nos permiten inferir bien que
habían agudizado su análisis o bien que los vecinos les
acercaban sus inquietudes y ellos las transmitían al poder
ejecutivo. La funcionalidad de esa intermediación que es a
la vez institucional y social tuvo su expresión
recíproca cuando cuestionado el primer jefe político
que tuvo Río Cuarto, Justo Hernández, e iniciado un
proceso judicial en su contra por supuesto mal desempeño en sus
funciones, un grupo de vecinos revelaron su
presencia y la fuerza de sus argumentos de defensa frente a la
opinión pública de la capital y ante el poder
político, poniéndose así en evidencia cuánto
esta realidad se alejaba de las concepciones que las elites
capitalinas sostenían respecto del papel más apropiado
que debían jugar los vecinos de la campaña.
Pero, si se advirtiera sólo en esta faz de la
dinámica institucional las relaciones interinstitucionales y
sociales sin presumir la hipótesis de una articulación
a su vez con notables de la ciudad capital, presentaríamos
un cuadro de las jefaturas respondiendo únicamente a una
dimensión muy circunscripta de sus nexos. Por el contrario,
en una ocasión se alude a la decisión de J.
Hernández de nombrando un apoderado en Córdoba,
Cipriano Soria, para que en su representación pudiera
gestionar el envío de dinero y así solucionar
problemas de recursos de la
jefatura y de la policía, contraviniendo la costumbre de que
fuese el receptor de campaña el encargado de realizar dicho
trámite.
Así, se ha desarrollado por un lado el papel de las
autoridades actuantes en el departamento Río Cuarto y por el
otro se ha intentado reconstruir al menos en sus trazos más
generales los nexos recíprocos, con los notables locales y
con los vecinos, dicho análisis —es necesario
subrayar— se inscribe en un espacio rural. Pero, el sur
cordobés no es un espacio rural más. Es una zona de
frontera. Por eso, nos hemos situado frente al tránsito por
un proceso que en su dinámica interna supuso cambios pero
también continuidades y permanencias. Transformaciones las
hubo en el plano de la territorialidad con la expansión de
la frontera, la fragmentación departamental y el
consiguiente efecto de una descentralización administrativa
en detrimento de Río Cuarto. La extensión de la
red comunicativa que tenía
al ferrocarril y al telégrafo como innovaciones
finiseculares permitió al sur cordobés posicionarse
mejor en el marco de las relaciones interregionales cuyos efectos
no podrían medirse únicamente mediante variables
económicas y culturales, también
político-electorales en la medida que una y otra clave del
progreso ponían en contacto personas e informaciones. Como
efecto de esos cambios la otrora aldea de frontera vio elevado su
estatus a ciudad. Pero, las permanencias no fueron menos
significativas, pues los recursos productivos siguieron
respondiendo al predominio de la ganadería y de la estancia
como unidad productiva y el componente inmigratorio no tuvo en
esta región los impactos demográficos que se
registraron en el sureste provincial.
Al abordar el rol de los actores institucionales
actuantes en la frontera sur y en el departamento Río
Cuarto, se advirtió su papel como articuladores de las
relaciones sociales, signadas por el contacto y la conflictividad
y ello no sólo porque entraba en escena el componente
indígena. Por el otro lado, se indagó la trama
de relaciones sociales desde las bases de construcción las
cuales se encuentran, por una parte, en las características
propias que presenta el espacio en estudio y los cambios por
él experimentados. Si de la frontera interior se trata
encontramos interactuando a cristianos y ranqueles bajo una
dinámica de contacto y conflicto. Si del fin de esa frontera
y la consiguiente ampliación del territorial estatal se
trata, nos hallamos con nuevos actores e intereses en torno a la adquisición de
tierras fiscales, pero no afines con la procedencia cordobesa
sino bonaerense y santafesina y que dieron lugar a no pocos
conflictos por los límites de esa territorialidad difusa de
los Estados provinciales. Por otra parte, si la clave del
problema estaba en la limitación de los recursos
presupuestarios se advierten situaciones diversas según los
actores en juego. Si el requerimiento era la búsqueda de
haciendas para el abastecimiento del ejército porque no
resultaba suficiente el aporte nacional o provincial se
potenciaron relaciones económicas y por ende sociales entre
comandantes, jueces, hacendados y jefes políticos dentro de
la propia región pero también alcanzando otros
departamentos e inclusive provincias vecinas. Si la jefatura
política requería una asistencia presupuestaria los
contactos se extendían a sus apoderados de la capital y sus
nexos con el gobierno. Pero, si además de este enfoque a
partir del cual se desciende al marco del departamento elevamos
el análisis a la articulación con la nación
situaremos en escena a los militares que como Roca ejemplificaba
muy bien la contribución de las redes sociales, parentales y amicales ya no
sólo para asegurar el triunfo electoral de una facción
sino para la construcción de una política con base
operativa en la provincia y proyección nacional.
Con el objeto de desarrollar esa trama relacionante que
supone vínculos, enlaces de todo tipo y que atraviesan la
región para articular como si fuera un diagrama de anillos
concéntricos espacios territoriales más amplios, se
tuvieron en cuenta sus bases de construcción. Ese entramado
por un lado supone contactos se han visto potenciados por las
competencias que tenían las autoridades, las
características demográficas que presenta el espacio en
cuestión, la presencia de esa frontera cercana que supone a
la vez de contacto, conflicto. Ello moviliza a autoridades y
compromete a vecinos. De esa trama de vinculaciones se vieron
resignificadas relaciones e identidades. Ahora bien,
¿cómo esos vínculos sociales tenían una
funcionalidad política en tiempos electorales?
¿Cómo los actores institucionales apartados de las
complicaciones electorales por definición de la normativa en
sus prácticas de gestión, terminaban siendo componentes
de redes de esta naturaleza? ¿Cómo
funcionaba la dinámica de estas relaciones en una
lógica que interconectaba campaña, provincia y
nación, nos resultan interrogantes clave que invitan a una
indagación sobre las prácticas electorales en su
despliegue sobre la región sur cordobesa.
- Trabajo presentado como ponencia en el X: Congreso
Interclaustros de Historia, 2005, Facultad de Humanidades de
Rosario. Este trabajo forma parte de la Tesis de Maestría
"Prácticas electorales en la campaña sur de
Córdoba, 1870-1890". CEA, UNC. Es parte del Proyecto de
Investigación "Estrategias partidarias y actores
sociales en el sur cordobés, 1870-1890", perteneciente a
Carrera de Investigador del CONICET. - Mensaje del gobernador Antonio del Viso.
14-5-1880. - Mensaje del gobernador Juan Antonio Alvarez.
(4-5-1873). - Mensaje del gobernador Miguel Juárez Celman.
(15-5-1881). - Son ilustrativos los relatos de Mansilla en su
encuentro con los ranqueles (1969: 210-293) o los de
Fotheringham (1999: 7).
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En: Secuencia, 53 (mayo-agosto), Instituto Mora, México: 163-196.
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políticas en el escenario departamental. En: Revista de
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(comp.) La vida política en la Argentina del siglo XIX.
Armas, votos y voces.
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Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Filosofía y
Letras, Inédito.
Celia Basconzuelo (*)
(*) Departamento de Historia, UNRC.