Monografias.com > Sin categoría
Descargar Imprimir Comentar Ver trabajos relacionados

Ética y corrupción en la administración de justicia (página 14)




Enviado por yivanz64



Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

 

4.5.3 CRISIS
ECONÓMICA Y SOCIAL

El 1º de enero de 1994 es una fecha clave en la
historia actual
de México.
Ese día entró en vigencia el Tratado de Libre
Comercio (TLC) que
integraba a México en un acuerdo económico con
Estados Unidos
y Canadá. Este Tratado era el símbolo de la
incorporación de México al Primer Mundo,
había sido aprobado el 17 de noviembre de 1993 por el
Congreso de los Estados Unidos. El gobierno de
Salinas lo presentó como la culminación de la
utopía del cambio
propuesto por "el camino mexicano de la transformación
económica". 53

El TLC tuvo un efecto simbólico para ratificar la
certidumbre del camino elegido.

Sin embargo, en esa misma fecha irrumpe el denominado
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, movimiento
guerrillero que toma el nombre del legendario campesino
Emiliano Zapata de comienzos del siglo XX. Surge en el Sur, en
el Estado de
Chiapas, con
una población mayoritariamente indígena
y con niveles de pobreza y
marginación alarmantes. Se destapa la visión del
Norte próspero y el mísero Sur y golpea la certeza
del modelo
económico y político.

"Al llegar 1994, la guerra
indígena-campesina de Chiapas se convirtió en el
episodio extraordinario más importante del país en
varias décadas…Fue un catalizador de todas las
críticas al salinismo, al modelo económico, al
empobrecimiento creciente de amplios sectores mexicanos y a la
falta de una reforma política de fondo".
54

El problema de Chiapas no es social sino
político. La aparición de la guerrilla, por
efímera que pueda resultar, significa que existen
mexicanos que no creen en la vía electoral para canalizar
sus demandas. Ya se sabía: encuesta tras
encuesta indican que más de la mitad de los votantes no
creen en la limpieza de los procesos
electorales.

Aquí reside el problema central de la corrupción
política en México: se instituye un régimen
basado en el fraude y el
autoritarismo. Salinas realiza algunas reformas parciales del
sistema electoral
y abre un espacio a la oposición, pero bajo el objetivo de
mantenerle controlada. Luis Donaldo Colosio intentará un
acuerdo con la oposición política para profundizar
las reformas del sistema
político; pero este proceso se
trunca por su asesinato en marzo de ese año.

El sexenio de Salinas se ubica en medio de una crisis de
transición desde un modelo autoritario de control del
poder por el
PRI, que se agota, hacia una apertura democrática. La
corrupción y la violencia
política forman parte de esa crisis, como herencia del
pasado y como proyección.

87 En la crisis se
combina el fracaso económico con la corrupción. Se
articulan varios procesos, internos y externos, que desembocan en
el dominio de un
capital
financiero especulativo. Finalmente en diciembre del 94 estalla
la burbuja financiera. Esa es otra historia.

El estallido de la crisis económica en diciembre
de 1994, y el caso de encarcelamiento del hermano mayor de Carlos
Salinas, junto con el escándalo de corrupción que
se empezó a descubrir poco a poco, así como las
condiciones en que el ex-presidente salió del país,
fijaron en la opinión
pública -y en el sentido popular una imagen
completamente negativa del sexenio y del presidente… Se
puede afirmar que el repudio en contra de Salinas fue peor que el
que tuvieron Echeverría y López Portillo".
55

——————————————-

52 BALLEN Rafael, Corrupción
polític
a, Editorial Acrópolis, Bogotá,
1994.

53 Título del libro
publicado por Pedro ASPE, Fondo de cultura
económica, México, 1993.

54 AZIZ, Nassiff, Op. cit. p. 62

 

4.5.4 EPÍLOGO: LA SENTENCIA
CONTRA SALINAS

Dos factores permiten dar continuidad a las investigaciones
sobre la red Salinas.
La participación de una fuerza
política de oposición, el PRD que inicia el
proceso. Y el interés
del gobierno norteamericano por contener el narcotráfico desde México. El 20 de
enero de 1999, el Juez Ricardo Ojeda Bohórquez, impuso una
sentencia de 50 años contra Raúl Salinas de
Gortari, como autor intelectual del homicidio de
José Francisco Ruiz Massieu. Raúl Salinas purga su
condena en la cárcel de máxima seguridad de
Almoloya de Juárez.

 

4.5.5 NICARAGUA: LA CORRUPCION DE
ARNOLDO ALEMÁN

La figura mítica (hecho real) de la
corrupción en Nicaragua: Arnoldo Alemán un
derechista que gobernó a Nicaragua durante los años
1997 al 2002, tras suceder en el poder a Violeta Chamorro (1990
-1997) la misma que ganó las elecciones a la victoriosa
Revolución
Sandinista en su gobierno de 1979 – 1989, que redujo el
analfabetismo,
la tasa de la mortalidad infantil.

Cuando apresaron a Alemán en diciembre de 2002,
11 meses después de que terminó su mando
presidencial, los fiscales calcularon que había robado
millones de dólares. También lo acusaron de haber
desviado ilegalmente US$ 100 millones de en fondos
públicos hacia la campaña electoral de su partido,
lo sentenciaron a 20 años de cárcel por fraude y
desfalco, entre otros cargos. Anastasio Somoza otro corrupto de
derecha y dictador en Nicaragua, fue abatido en Asunción,
Paraguay por
un Comando emboscado Sandinista, en septiembre de 1980. La
dinastía (familia) Somoza
gobernó Nicaragua desde 1956 a 1963, de 1967 a 1972,
reelegido con fraude en 1974 fueron derrocados en 1979 por la
Revolución Sandinista.*

 

4.6 ECUADOR Y SU
CORRUPCIÓN: ABDALÁ BUCARAM Y LAS JORNADAS DE
FEBRERO DEL 97

El ascenso al poder

Abdalá Bucaram logra combinar el apoyo de los
poderosos sectores importadores con el apoyo de los sectores
marginales urbanos y rurales.

Con un estilo político enraizado en la
tradición populista costeña y un discurso que
maneja con audacia y sin limitaciones y que transforma en
imágenes asequibles a las masas, sus
creencias, tradiciones y aficiones, Abdalá Bucaram
asciende al poder, gracias al voto de sectores sociales ahogados
en la pobreza que
han ido sufriendo frustraciones y engaños sucesivos, y
esperan un salvador.

Logra manejar la cultura política de la Costa y
abre puentes hacia los sectores marginados de la Sierra. Se suman
quienes consideran que no se puede votar por Jaime Nebot,
candidato social cristiano, pues no se habían olvidado de
la represión, autoritarismo y corrupción del
gobierno de León Febres Cordero, algunos más votan
con amargura, sobre la convicción de que el gobierno de
Bucaram llevaría al país, al fondo de la crisis,
con la inevitable consecuencia de que una vez allí, solo
cabía que "o nos salvamos o nos rejodemos", como se
rumoreaba en todos los corrillos y se acabó por convertir
en consigna en las paredes de las ciudades. El discurso
político de Bucaram, había mantenido siempre como
su núcleo básico, la oposición
pueblo-oligarquía, sin embargo, a medida que se
desarrollaba la campaña, fue sugiriendo una
radicalización adoptando una retórica que guardaba
similitudes con las ideologías de izquierda.

Este discurso se modifica cuando es gobierno, la
coalición de poder que lo acompaña procura
definirse como un gobierno de concertación, sobre la base
del PRE, de dos pequeños partidos el APRE y el LN y un
movimiento liderado por Rosalía Arteaga, el MIRA, a los
que se habían agregado acuerdos con sectores populares,
que luego fueron rotos con rapidez y sin consideraciones. De una
campaña electoral plagada de promesas exageradas y
sugestivas ofertas de contrariar las políticas
neoliberales, Bucaram pasa a la ejecución de todo lo
contrario, marcha hacia una política de ajuste basada en
la reducción y privatización del Estado y en la
intención de acelerados procesos de
desestructuración de sectores sociales, principalmente
sindicales. En lo económico, su bandera es la
convertibilidad económica.

Se rodea de un círculo íntimo de poder,
formado por sus familiares más cercanos y una
cúpula de empresarios cuyas fortunas de dudosos
orígenes, les otorga una cohesión con más
características de complicidad, caracterizada por la
ausencia absoluta de escrúpulos. Busca el respaldo
internacional de figuras como el argentino, Domingo Cavallo,
ex-ministro de economía, acusado de
procesos de fraude sobre todo en la formación de aduanas paralelas
en su país, pero con un fuerte discurso de
modernización, basada en la implantación del
sistema de convertibilidad.

En la política ecuatoriana, habían
dominado los grupos
oligárquicos con estrechas vinculaciones entre sí,
con restricciones para el acceso de nuevos ricos ajenos a su
clase. La
opción populista que significa el PRE involucra
entusiastamente a grupos monopólicos financieros que se
han consolidado en medio del avance del capital especulativo,
sectores monopólicos emergentes provenientes del comercio de
importación, los que mediante el contrabando y
otras artes, han logrado acumular importantes fortunas y desean
establecer un nexo fluido entre sus intereses privados y los
intereses públicos.

Usarían sin intermediarios el poder
político como palanca de acumulación de capital. La
"Fuerza de los pobres" llega al poder representando la
articulación de grupos económicos con sectores
populares animados por las ofertas demagógicas. Este
carácter de fuerza que no ha podido acceder
directamente a la conducción del Estado, le llevará
a tratar de utilizar la
administración pública para acelerar la
concentración y reacumulación de riqueza en manos
de su grupo, con
formas extremas de corrupción y autoritarismo.

——————————–

*Tomás Eloy Martínez "Sombras de la
Revolución en Nicaragua" La República Perú,
domingo 6 de junio de 2004, Pág. 26, Diccionario

Larousse Ilustrado, 1983 Argentina, Pág.
1586.

 

4.6.1 LA ESTRATEGIA DE LA
CORRUPCIÓN (DE LOS CORRUPTOS)

La corrupción cobra un nuevo carácter
cuando es asumida desde la cabeza del gobierno cuando los grupos
de poder la ejercen directamente, sin intermediación de
"funcionarios profesionales". Este tiempo se abre
con más claridad en nuestro país a partir del
gobierno de Sixto Durán Ballén. Como en muchas
otras realidades latinoamericanas de corrupción, el
esquema es el mismo. El gobernante es el eje alrededor del cual
se realizan los actos corruptos. Se teje una red que agrupa a
familiares y representantes de grupos
económicos.

La familia Bucaram se instala en el poder, conformando
la plana básica de un equipo en el cual constan los
representantes de los grupos económicos emergentes, que
veían llegada su hora. Los negocios del
Estado verdaderamente rentables deben pasar a manos privadas, es
toda la capacidad económica estatal puesta al alcance. En
estas áreas son colocados los empresarios, del grupo de
socios de Bucaram.

La estrategia es situar a los hombres de absoluta
confianza en los cargos claves relacionados con las privatizaciones, a ellos se les otorga una
"encomienda" sin más límites
que el reparto "adecuado" de beneficios, la lógica
del gobierno fue la de entregar las grandes empresas a los
grupos económicos y monopólicos que le apoyaron:
Isaías, Álvaro Noboa, Adum, Peñafiel y
Bucaram-Salem. Alfredo Adum Ziadé, dueño de una
fortuna considerable surgida a propósito del contrabando,
es encargado de la administración del petróleo y la energía
eléctrica. A su familia encarga la
organización de entes paralelos de control y administración de las áreas de
rentabilidad
inmediata, así es como fue público y notorio que el
hijo del Presidente, Jacobo Bucaram, se encargaba de administrar
el negocio aduanero para lo cual estableció una red
paralela a la oficial, con tan pingüe resultados que poco
antes de la caída de su padre festejaba por todo lo alto,
su primer millón de dólares.

Desde el inicio de su vida política, cuando
ejerce la Intendencia de Policía del Guayas, Abdalá
Bucaram, hace gala de una actitud
moralista. En 1979 publica "Los dieciséis mandamientos de
Abdalá", mesiánicamente propone un código
moral, en el
que condena el alcoholismo,
prohibe orinarse en público, llevar minifalda, entre otros
temas inconexos como el control de precios y el
respeto y
exaltación a la madre y a la Virgen
María. Ya entonces y luego en todo momento, este
seudo moralismo se contradice con la acción.

Cuando gobernante no solamente que hay
contradicción, sino aprovechamiento en beneficio de su
círculo. Mientras se invoca la moral a su
amparo se
realizan jugosos negocios privados que la contradecían. Es
así como a algunos de sus íntimos, les otorga
beneficios circunstanciales pero lo suficientemente jugosos, con
el inocente arbitrio de realizar gestos públicos
moralistas que conocidos a tiempo por los cómplices, son
aprovechados, como en el caso de la propuesta en diciembre de la
elevación del ICE (Impuesto a los
consumos especiales) entre los cuales el impuesto a la cerveza nacional
al 300%, cuando su amigo Eduardo Azar ya había realizado
cuantiosas importaciones de
cerveza en cantidad más que suficiente para inundar el
mercado.

Las tácticas quedaban en manos de los
"encomenderos". Así por ejemplo el Ministro de
Energía Adum, quien hacía gala de prepotencia y
abuso de poder, aparte de patanería y amoralidad,
esbozó una táctica de desestructuración de
las organizaciones
sindicales y en una típica maniobra trató de
convertirse en el adalid de una lucha seudomoralizante en la que
los dirigentes sindicales eran perseguidos por supuestas
inmoralidades: el pícaro audaz que se adelanta en la
jugada y ataca al contrario acusándolo de realizar aquello
que constituyen sus propias debilidades.

Aunque es interesante observar la capacidad para
legitimar a posteriori estos actos, en un difícil jugo de
relaciones de poder. En el más alto nivel del poder, se
busca mantener los asuntos de fondo en la oscuridad, aprovechando
para ello sus habilidades histriónicas y recurriendo al
espectáculo y la representación como medio
vinculante con las masas que por otro lado, también
servía como distractivo de sus verdaderos
propósitos y su accionar real, con la novedad de que el
populismo de
Abdalá "tiene que ganarse la audiencia con el sudor de su
frente. No hay sustento social permanente" como acertadamente
señala Javier Ponce, en "Crónica de un Sarcasmo en
trece sábados". A la convertibilidad económica se
le da el carácter de arma de lucha contra la
oligarquía, mientras que con la farándula
antagoniza con la cultura ilustrada.

La administración de Abdalá
convirtió a la corrupción en norma de gobierno. No
se trata de un problema de locura personal. Bucaram
representa una forma de acumulación de capital ligada al
capital financiero-importador que, a pesar de participar en el
poder, no había podido asumir la conducción del
Gobierno. Requería del poder para acelerar la
acumulación en competencia con
el capital tradicional. Por ello, la corrupción adopta una
forma cínica y violenta. Los focos de corrupción se
centraron en los puntos de manejo de los dineros públicos:
gastos
reservados, aduanas, política energética (hidrocarburos
y electricidad),
administración tributaria. Sin embargo, la novedad estaba
en la velocidad de
la acumulación y en el cinismo.

Un hecho gráfica esta actitud: la Teletón
navideña en diciembre del 96, en donde se combina la
utilización del discurso de la pobreza con la presión
desde el poder para las donaciones y el manejo sin control de los
fondos recaudados. La corrupción cínica y el
autoritarismo merman la legitimidad del Gobierno de Bucaram.
Cuando se combinan con el paquete de ajustes para preparar el
proyecto de
convertibilidad, se constituyen en el detonante del levantamiento
vico de
febrero. Allí confluyen también los intereses de la
vieja clase política que veía en Bucaram a un
competidor al interior del propio bloque dominante.

————————–

55 AZIZ, Nassiff, Op. cit. p. 61

 

4.6.2 LAS JORNADAS DE
MOVILIZACIÓN DE FEBRERO

La crisis política presente en el Ecuador a lo
largo de los años 90, llega a su punto culminante en 1997:
"se produce un quiebre del sistema (político), que
evidencia no solamente las fallas estructurales de su ensamblaje
jurídico, sino algo más: su incapacidad para mediar
en los conflictos y
reducir la complejidad de una economía y una sociedad cuyos
problemas
tendían a agudizarse crecientemente". 56

Esta incapacidad del sistema político desplaza el
espacio de resolución hacia la participación de la
sociedad
civil. El 5 y 6 de febrero de 1997 se movilizaron alrededor
de 3 millones de ciudadanos (1 de cada 4 ecuatorianos), para
demandar la salida del presidente Bucaram. La movilización
tuvo un alto componente cívico, con participación
de todos los sectores ciudadanos y sociales. Bucaram es depuesto
por la movilización cívica; pero la
resolución de la crisis es asumida por la
institucionalidad, a través del Congreso. Hay que
distinguir tres momentos:

1. La movilización de los actores sociales, que
sirve de preparación a las jornadas de febrero. El
desgaste del Gobierno de Bucaram.

2. La movilización cívica: 5y 6 de
febrero.

3. El desenlace: las negociaciones lideradas por el
Congreso y los partidos
políticos y la posesión de Alarcón: 7 –
11 de febrero.

El Gobierno de Bucaram se mueve en dos ejes: acelerar la
acumulación en torno al capital
financiero-importador y legitimar el modelo de convertibilidad,
como forma de vinculación con el mercado mundial. Esta
doble dinámica se asienta en la actuación
al margen de la normatividad, que irá tomando la forma de
actos de corrupción cada vez más abiertos y de una
política autoritaria sobre todo frente a los actores
sociales, mientras busca transar con el Partido Social Cristiano.
Inicialmente los movimientos sociales buscan negociar con el
gobierno de Bucaram. Sin embargo, éste demanda
compensaciones políticas que afectan el desarrollo del
proyecto político de los actores sociales, sobre todo en
torno al Movimiento Pachakutik Nuevo País. -56

El autoritarismo y la corrupción empiezan a
encontrar resistencia en la
acción de los movimientos sociales y en el reclamo de
algunos medios de
comunicación. El país empieza a demostrar
signos de
malestar. Ya en los últimos meses de 1996 se producen
manifestaciones esporádicas de irritación social.
La situación inmediata anterior de corrupción
gubernamental protagonizada por Sixto Durán Ballén
y su familia, había dejado la secuela de una gran abulia y
quemeimportismo.

Por otra parte conocidas las características de
desenfreno, megalomanía y arbitrariedad de Bucaram, no son
pocos los que mantienen distintos grados de temor y miedo, que
por otra parte, resultaban justificados si recordamos las
actitudes de
su hombre clave,
el Ministro Adum, que se gana el sobrenombre de "Cromagnon", por
los ataques contra los empleados públicos, las mujeres y
los periodistas. El 1º de diciembre, Abdalá Bucaram
presenta al país el programa de
convertibilidad, acompañado del ex-ministro de
economía de Argentina, Domingo Cavallo. Empieza a perder
fuerza el impacto de la tarima y el espectáculo. Las
clases altas, empiezan a demostrarse ofendidas por los modales y
groserías del gobernante y sus áulicos, su cultura
y buena educación no pueden
soportar que alguien de tal vulgaridad gobierne el
país.

La corrupción, como una realidad ejecutada desde
el más alto nivel del poder, en la que se demostraban
comprometidas su familia y sus principales colaboradores, crearon
un clima de profunda
indignación en la ciudadanía. Bucaram no se inmutó
ante las críticas que denunciaban los abusos de sus
familiares y financistas de campaña, que actuaban bajo el
convencimiento de que las altas funciones que
ocupaban no eran diferentes de las empresas privadas que
habían administrado hasta entonces y que los métodos
inmorales a los que estaban acostumbrados para incrementar sus
patrimonios habían encontrado la oportunidad
propicia.

La situación va in crescendo. Los
escándalos de inmoralidades manifiestas se suceden, la
Ministra de Educación, Sandra Correa, es acusada de plagio
intelectual y apropiamiento indebido del título de doctora
en jurisprudencia
y se la involucra en el caso de la "mochila escolar".

El caso de la "Teletón navideña" muestra el
cinismo y el autoritarismo de Bucaram y su grupo. El equipo
económico, conformado por hombres que solo se mueven por
el dinero,
había preparado un esquema económico que ni los
más recalcitrantes y fanáticos neoliberales lo
hubieran propuesto. El 8 de enero, Bucaram toma las medidas
económicas sugeridas: elimina los subsidios a los servicios
básicos, transporte,
electricidad, telefonía, eleva el precio del
gas de uso
doméstico, reduce el incremento de remuneraciones,
se pronuncia radicalmente por las privatizaciones.

Ello conduce a que las movilizaciones estudiantiles sean
cada vez más frecuentes y que la resistencia de los
trabajadores públicos, sobre todo energéticos,
empiece a encontrar eco en otros sectores sociales. El 16 y 17 de
enero, los indígenas derrotan el esfuerzo desintegrador y
divisionista del gobierno en la CONAIE.

El 18 de enero, se constituye el Frente
Patriótico con la participación de la Coordinadora
de Movimientos Sociales, el Frente de Nacionalidades
Indígenas y organizaciones campesinas, la Coordinadora
Política de Mujeres, el Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos, el Frente
Unitario de Trabajadores y el Frente Popular. Se decide una
movilización general para el 29 de enero y un paro
cívico para el 5 de Febrero. La popularidad de Bucaram
desciende a niveles bajos en extremo. Había empezado con
el respaldo más alto que ha registrado un presidente al
iniciar su período (69%); pero para enero del 97, el
índice desciende al 15%. 57

La Embajada norteamericana se enfrenta a un agudo
dilema. Se había pronunciado oportunamente en defensa del
"mejor" programa económico del Continente, pero percibe el
creciente descontento social y el concomitante desgaste de
Bucaram. Ha llegado el momento de denunciar la corrupción
del bucaramato: el 29 de Enero en la ciudad de Cuenca, el
Embajador norteamericano hace pública su posición
denunciando las presiones que se ejercen sobre empresarios
interesados en contratos
millonarios de dólares. Con estas denuncias, se alinean
rápidamente las cámaras de la producción, el empresariado y los partidos
políticos que los representan. El anuncio de un paquete de
medidas de ajuste provoca una reacción generalizada y
enciende la preparación de un paro nacional para demandar
la "rectificación de las medidas".

A pesar de que se mueve todavía en el plano de la
exigencia al gobierno y no en el de su destitución; a
partir de ese momento la lucha pasa de las demandas sectoriales y
empieza a proyectarse en el ámbito nacional. Al mismo
tiempo, la aceleración de la concentración de la
riqueza en manos del sector financiero-importador desde la
acción del gobierno, choca con el control mantenido desde
el sector financiero exportador, representado por el Partido
Social Cristiano.

Estos dos procesos empiezan a confluir. En este sentido
puede hablarse de un acuerdo, una concertación en la
oposición al gobierno entre los actores sociales
organizados y las élites partidarias, encabezadas por el
Partido Social Cristiano, y la Democracia
Popular Frente
Nacional. Sin embargo, en ningún momento se realiza
una concertación en positivo, en torno a las salidas de la
crisis. Durante los dos primeros momentos la iniciativa
está en el campo popular, estructurado en torno al Frente
Patriótico.

Desde allí se busca una concertación
amplia para la destitución de Bucaram. El punto culminante
de la fase preparatoria es la reunión convocada por la
Coordinadora de Movimientos Sociales el 3 de febrero, 58 a la que
acuden los representantes de todos los sectores políticos
y que concluye con un respaldo a la convocatoria al paro nacional
del 5 de febrero. Se intenta conformar una comisión con la
participación de cinco representantes de los movimientos
sociales y cinco representantes de los bloques parlamentarios
encargada de las decisiones después de la salida de
Bucaram.

El fracaso de este intento llevará a que el
desenlace se desplace hacia el Congreso Nacional, bajo una
mayoría controlada por el Partido Social Cristiano y la
Democracia Popular. El acuerdo, por tanto, se expresa en torno al
rechazo a las formas extremas del gobierno de Bucaram: la
corrupción y el autoritarismo; pero no hay una confluencia
en cuanto a la propuesta del Mandato presentado por el Frente
Patriótico ante el Congreso, el 5 de febrero.

La lucha contra la corrupción se ha convertido en
América
Latina en el marco para un reordenamiento del bloque
gobernante: la participación ciudadana puede ser contenida
en el límite de los intentos de avanzar hacia la
estructuración de un nuevo marco jurídico, la
participación en la elaboración de nuevas normas. La
resolución se da en una especie de enroque que bloquea las
posibilidades de un cambio: Cardoso por Collor de Melo en
Brasil;
Alarcón por Bucaram en Ecuador. La confluencia se va
ampliando. Con la toma de la Catedral de Quito por la
Coordinadora de Movimientos Sociales, el 29 de enero, se inicia
un viraje en el carácter del paro: pasa de la exigencia de
derogatoria de las medidas a exigencia de la salida de Bucaram.
Las fuerzas políticas entran a respaldar abiertamente el
paro, el 3 de febrero. El 5 de febrero se inicia la
movilización y el Frente Patriótico presenta el
Mandato y exige la convocatoria a un Congreso extraordinario para
legalizar la salida de Bucaram. 58

Alarcón se suma a la convocatoria a Congreso
extraordinario el 5 de febrero en la tarde, pues hasta
allí había venido actuando como aliado y soporte
del régimen, con lo cual se conforma una mayoría
parlamentaria controlada por el eje PSC- DP-FRA 59.

——————————–

ECHEVERRIA, Julio, "La democracia bloqueada. Teoría
y crisis del sistema político ecuatorian
o", Letras
Editores, Quito, 1997.

57 CEDATOS, Ecuador Debate,
Nº 416, abril de 1999

58 Para un seguimiento de los acontecimientos ver:
NARVAEZ, Iván y otros "5 de febrero: la
revolución de las conciencias
", FETRAPEC,

Quito, 1997.

 

4.6.3 UN DESENLACE CONTROLADO

Así pues, en los dos primeros momentos de
protagonismo social, las fuerzas políticas orientan su
acción a empujar la movilización cívica y a
respaldar la actuación de los movimientos sociales. Pero
inmediatamente buscan controlar el proceso desde la acción
parlamentaria.

Este control está dirigido no sólo frente
a la movilización ciudadana, sino también ante las
presiones de las Fuerzas Armadas y la Embajada Americana por
orientar el desenlace en favor de la Vicepresidenta
Rosalía Arteaga. Este paso desde la movilización
ciudadana a la resolución institucional, marca el
límite de la posibilidad de
concertación.

En nuestro país se ha ido acumulando una "cultura
del conflicto
(que) determina el comportamiento
de los diferentes actores políticos, (con lo que) se torna
difícil, y a veces imposible, la búsqueda y el
encuentro de consensos indispensables en el ejercicio del poder
democrático". 60

La participación ciudadana de febrero es vista
como un peligro, que tiene que ser encausado hacia la
resolución institucional. El desenlace muestra el
carácter de las jornadas de febrero: más que una
sublevación popular, es un signo de la crisis
política del sistema.

A pesar de la movilización masiva, no
existió un programa y una cabeza que oriente el proceso en
su conjunto. La fuerza inicial liderada por los actores sociales
organizados es rápidamente absorbida por la
institucionalidad y el sistema de partidos.

La distancia que media entre las jornadas del 5 y 6 de
febrero y el desenlace del 11 de febrero, con la posesión
de Fabián Alarcón en la Presidencia, marca la
distancia entre el funcionamiento de una democracia formal que, a
pesar de su desgaste logra la recomposición de la
gobernabilidad y la apertura de una democracia material,
participativa, para sentar nuevas bases normativas. Muestra el
paso desde el acuerdo cívico general a un encauzamiento
institucional que será controlado progresivamente por los
partidos políticos. En este distanciamiento juegan
también los demás actores poderosos: las Fuerzas
Armadas mantienen el orden y evitan un enfrentamiento con las
movilizaciones cívicas; lo que permitirá una salida
institucional. Sin embargo, en alianza con la Embajada Americana,
buscan la entrega de la Presidencia a favor de Rosalía
Arteaga. Esto provoca un ínterin entre la
movilización y el desenlace, que es aprovechado por los
partidos políticos para un desenlace
controlado.

 

4.6.4 DE LA LEGITIMIDAD A LA
GOBERNABILIDAD

La resolución del Congreso muestra la
combinación de intereses: recoge el mandato general de la
destitución de Bucaram, contenido fundamental de la
movilización de febrero. Impone la nominación de
Alarcón como Presidente Interino, sobre la base de la
alianza PSC-DP-Frente Radical Alfarista. Admite el enunciado del
Mandato presentado por el Frente Patriótico: castigo a la
corrupción, reposición de los derechos sindicales
afectados por el bucaramismo, defensa de las áreas
estratégicas de la economía, convocatoria a una
Asamblea Nacional Constituyente.

A pesar de los esfuerzos del Parlamento, la
resolución de la crisis política se da fuera del
marco constitucional "normal". Se opera una interpretación forzada del Artículo
100 de la Constitución, para descalificar a Bucaram
por incapacidad mental. Por ello, el Gobierno interino nace con
dos flancos de debilidad en su legitimidad: la
expropiación del mandato cívico que empujó
la salida de Bucaram, pero no impulsó la entrada de
Alarcón; y la endeblez del fundamento legal.

A raíz de la movilización de febrero se
abre un período de acuerdos entre las funciones del Estado
y las voces de la ciudadanía y los actores sociales
organizados. Se avanza en la lucha contra la corrupción
política: se logra en parte la autodepuración del
Congreso, con la descalificación de 17 diputados
involucrados en actos de corrupción y se inician los
procesos judiciales en contra de Bucaram. En esta lucha se opera
una nueva concertación en la que participan los
movimientos sociales, los medios de
comunicación y las fuerzas políticas. La lucha
contra la corrupción es una lucha contra el poder: y en
este período aún funciona el acuerdo para desmontar
la fuerza del bucaramismo. Es posible un acuerdo para luchar
contra la corrupción del "otro". Como parte de este
acuerdo el Ejecutivo y el Legislativo crean la Comisión
Anticorrupción, con representantes de diferentes sectores
de la sociedad civil.

El 5 y 6 de febrero de 1997 no fueron tanto el signo de
una sublevación ciudadana, sino el signo de una crisis de
hegemonía del bloque dominante. Fracasa el tercer intento
de legitimación de un modelo neoliberal
integral y de una democracia autoritaria en nuestro país.
El primero fue en 1986, con Febres Cordero; desembocó en
el Taurazo. El segundo, con Dahik, en 1995, desembocó en
el triunfo del NO en el plebiscito y la fuga a Costa Rica. Sin
embargo, la clase política no percibió la
profundidad de esta crisis. Levantó el fantasma de
Bucaram, para exorcizar el mal del sistema. La profundidad de la
corrupción política es uno de los componentes
fundamentales de esa crisis de hegemonía. No es un hecho
privativo del Gobierno de Bucaram; sino que se prolonga y
perfecciona durante el Gobierno de Alarcón.

Este desarrolla un doble discurso: ataca la
corrupción de Bucaram, encubre su propia
corrupción. Un signo es el comportamiento del
régimen ante la Comisión Anticorrupción: la
crea y la aplaude mientras investiga la corrupción del
otro, de Bucaram; la ataca y busca suprimirla cuando denuncia la
corrupción propia, en los casos del "piponazgo" en el
Congreso Nacional y de la "ropa usada".

Un desenlace controlado desde arriba restablece los
cauces del poder con el nombramiento de Fabián
Alarcón como Presidente Interino y, por tanto, recorta los
alcances de la lucha contra la corrupción. Esta es
todavía una tarea inconclusa.

—————————————-

58 Para un seguimiento de los acontecimientos ver:
NARVAEZ, Iván y otros "5 de febrero: la
revolución de las conciencias
", FETRAPEC,

Quito, 1997.

59 Cronología de los hechos: Diarios Hoy y El
Comercio de Quito, enero febrero 1997

60 Hurtado, Oswaldo, et al., "Ecuador: un problema de
gobernabilidad",
CORDES, Quito, 1996.

 

4.6.5 CORRUPCIÓN
POLÍTICA, DEMOCRACIA Y TRANSPARENCIA

Dos procesos coinciden al fin del milenio: la
ampliación de la democracia y la presencia virulenta de la
corrupción, sobre todo bajo su forma política,
hasta convertirse en "el gran problema social de fin de siglo" 1.
Puede, entonces, surgir una pregunta: ¿el régimen
democrático de derecho agudiza la corrupción? La
corrupción cobra una nueva dimensión, cuando en el
marco democrático la acción de la sociedad civil y
de una incipiente opinión pública permiten
transparentar la corrupción en las más altas
esferas de los gobiernos.

Progresivamente se va avanzando a una percepción
más integral de este problema. Al comienzo se destacaba la
corrupción como un problema de los funcionarios
públicos. Posteriormente se empieza a reconocer que la
corrupción se da también en el sector privado,
nacional y transnacional. Ahora se comprueba que la fuente de la
corrupción está en el poder económico y
político, público y privado, cuando no tiene
control. Y se empieza a ver que la lucha contra la
corrupción debe basarse en la promoción de una nueva ética
vencerista.

"Un conjunto de actos de corrupción en la
gestión
de los recursos
públicos cuya frecuencia se acrecentó en los
últimos años, venía conmocionando la
conciencia
cívica de los ecuatorianos. La percepción cada vez
más generalizada de que la administración del
Estado, las formas de captarla y las de ejercerla, responden a
una lógica de aprovechamiento personal o de grupo ha ido
generalizándose y la percepción de la validez y
utilidad de
tal lógica, por otro lado, ha penetrado nuestras instituciones
públicas, ha menoscabado su credibilidad y eficiencia y,
aún más, ha determinado el tipo de relación
entre el ciudadano y el Estado, condicionando las
prácticas políticas, los procesos de gestión
estatal, el desempeño de muchos servidores
públicos y los mecanismos de acceso a los bienes,
recursos y servicios
públicos" 2

Una encuesta realizada por CEDATOS en la segunda semana
de marzo de 1997, a raíz de la caída de Bucaram,
revela que la corrupción se colocó a la cabeza de
los problemas, luego de quince años en que la
inflación y el desempleo eran
considerados los problemas más graves. 3

Esta información es corroborada por una encuesta
de MARKET, realizada en marzo de 1997: la corrupción se
coloca en el primer puesto de los problemas, con el 31,63%,
desplazando a un segundo lugar al desempleo y la inflación
que habían sido los problemas más destacados
anteriormente. 4

El tema de la corrupción, según CEDATOS,
empieza a tomar protagonismo a partir de 1995, durante el
Gobierno de Sixto Durán Ballén; en ese año
se coloca en el cuarto puesto. Posteriormente va subiendo, hasta
colocarse en el primer puesto en 1997. La ciudadanía
percibe que hay más corrupción en el sector
público (44%); aunque también el sector privado
tuvo una considerable mención del 30%. El 26% vio la
corrupción como un problema global, como un mal
común tanto en el sector público, como en el
privado.

El papel de los medios de
comunicación es decisivo en la denuncia de
la corrupción. De acuerdo a MARKET, "el 48.13% de los
encuestados piensa que la prensa es la
principal denunciante de casos de corrupción". Entre el 25
de febrero y el 9 de mayo de 1997, los tres diarios principales
del país dedicaron 61 editoriales sobre el tema (Universo 7, Hoy
26, Comercio 28), lo que significa un promedio de 0.86
editoriales por día. Además se registraron 216
artículos periodísticos sobre los diferentes casos
de corrupción (Universo 93, Hoy 62, Comercio 61), con un
promedio de 3 artículos diarios. "La prensa
desempeña, por lo tanto, una función
determinante para hacer de la corrupción un tema
prioritario de la agenda política y ejerce un control
crítico muy importante sobre los órganos de
los tres
poderes" 5

Los indicadores
señalados corresponden al período posterior a la
caída de Bucaram, en que se elevó la sensibilidad
ciudadana ante el tema. Sin embargo, pasado este tiempo
extraordinario, la lucha contra la corrupción pierde
fuerza: y regresa la impunidad
sobre todo en las redes de una justicia
debilitada. De acuerdo al sondeo de opinión realizada por
la Fundación de Investigación Social "José Peralta",
en marzo de 1999, dos años después de la
caída de Bucaram, la corrupción sigue ocupando el
primer lugar de las preocupaciones ciudadanas, con un
27.2%.

Los problemas
sociales ocupan un lugar destacado: desempleo en segundo
puesto con 17.3% y educación en tercero, con 16%. Luego
vienen los temas seguridad
ciudadana (12%). La democracia juega un papel decisivo en la
transparencia del problema de la corrupción. En este
sentido hay que interpretar la respuesta de la ciudadanía
sobre el tipo de régimen en que ha habido más
corrupción: el 44% responde en los gobiernos
democráticos, el 30% en los militares y el 26% que es
similar en ambos regímenes. 6

 

4.6.6 LA IMPUNIDAD Y LOS ORGANISMOS
DE CONTROL

La democracia, sin embargo, no ha logrado resultados
satisfactorios en la lucha contra la impunidad. Un indicador es
que de 96 órdenes de prisión emitidas por la
justicia ecuatoriana en casos de delitos
políticos, se han efectivizado menos del 7%. La tendencia
es a la fuga de los implicados, a la espera del cambio de las
condiciones políticas: Dahik en Costa Rica, César
Verduga en México y Bucaram en Ecuador.

El fracaso de la extradición de César
Verduga desde México confirma esta tendencia. (Un caso
especial es el apresamiento del ex Presidente de la
República, Fabián Alarcón, involucrado en el
caso de "piponazgo" cuando ejercía la Presidencia del
Congreso Nacional). Por ello, hay un alto nivel de desconfianza
en la institucionalidad para castigar la corrupción.
Según CEDATOS, el 50% de los encuestados no confía
en que el sistema de Justicia o el Congreso Nacional castiguen a
los culpables de la corrupción. Estamos enredados en un
círculo de numerosas denuncias y pocos resultados. En esta
misma dirección apuntan los informes sobre
el papel de la Contraloría.

En un "examen especial a la emisión y cobro de
los títulos de crédito
a base de las resoluciones ejecutoriadas por glosas confirmadas y
las responsabilidades administrativas establecidas por la
Contraloría General del Estado entre el 1º de enero
de 1989 y el 31 de diciembre de 1992, en la Jefatura Provincial
de Pichincha" se llega a las siguiente conclusión: "de las
resoluciones expedidas por S/ 1.750 millones y US$
8’089.000 sólo se recaudó el 0.8% y de los
títulos emitidos, cerca del 97% se mantienen archivados
sin posibilidad de cobro" 7

El trámite, en la Contraloría, sobre cada
caso dura alrededor de dos años, pero al final no se
castiga a los culpables .8

Los resultados son sumamente bajos: según el
propio Contralor General del Estado, en 1998 apenas se
logró cobrar del 1% al 2% de los 23.886 millones de sucres
que fueron glosados, es decir sólo 477 millones de sucres.
Según el Ministerio de Finanzas,
apenas se cobró el 0.3% de las glosas que pesaban sobre
esta institución.

Miles de millones de sucres, contabilizados como glosas
confirmadas, son ficticios. Por décadas el Servicio de
Rentas Interno emitió cientos de miles de títulos
de crédito, sin tomar en cuenta el artículo 150 del
Código Tributario, según el cual la persona glosada
puede iniciar un juicio contencioso ante el Tribunal Fiscal, de
modo que el Estado no puede cobrar la cuenta pendiente, hasta que
se dirima el problema. En la mayoría de los casos las
glosas se desvanecen. En el caso del Municipio de Quito, por
ejemplo, la Contraloría glosó a la
institución por 7.621 millones de sucres, debido a la
construcción del Trolebús; pero
posteriormente la glosa se desvirtuó. La
manipulación de las leyes, sobre todo
de la LOAFYC y del Código Tributario, permite que los
afectados evadan las responsabilidades o que dilaten el proceso,
hasta que expiren los casos, de acuerdo a la ley, en 10
años o aún en 5 años, si no hay reclamos y
trámites posteriores. El problema no es sólo la
corrupción, sino la impunidad.

El eslabón clave está en el papel de los
organismos de control. "La Contraloría General, la
Superintendencia de Bancos, la
Superintendencia de Compañías, La Superintendencia
de Telecomunicaciones son organismos que
constitucionalmente deben vigilar que las entidades y los
funcionarios que laboran en éstas cumplan en forma legal,
eficiente y eficaz las funciones que les competen. Sin embargo,
políticos sin escrúpulos… intervienen en la
designación de estas autoridades y, por tanto, limitan su
objetividad e independencia,
a tal punto que estos organismos han servido para combatir a los
enemigos políticos y dar la absolución a sus
benefactores. Salvo excepciones, el Superintendente de
Compañías es nombrado por las empresas, el
Superintendente de Bancos está bajo la influencia de los
bancos y las financieras. En consecuencia, ¿quién
controla a quién y cómo se controla, con
imparcialidad y objetividad?" 9

Del estudio de los casos presentados en el Ecuador,
podemos ver que hay un proceso que va de más a menos: el
Congreso, al ser más sensible a la presión de la
opinión pública y a la exigencia ciudadana, se ha
visto obligado a investigar casos importantes de
corrupción política durante el período
posterior a la caída de Bucaram. Sin embargo, este papel
queda limitado por los cálculos de estrategia
política, por lo cual, una vez pasada la presión
ciudadana y de la opinión pública, los casos no
tienen seguimiento. Y en general, esta situación se repite
en otros períodos.

Por ejemplo, en el tratamiento del caso de gastos
reservados de Dahik: el bloque mayoritario acelera los hechos
hasta lograr la salida de su adversario, el vicepresidente de la
República, y luego silencia las investigaciones sobre los
destinos de los fondos, pues, de acuerdo a las declaraciones de
Dahik, habrían estado destinados a algunos bloques
parlamentarios, por lo cual el problema podría afectar a
algunos diputados del bloque mayoritario.

Más que un tratamiento institucional del
problema, se observa una fuerte influencia del papel asumido por
los representantes individuales, como sucede, por ejemplo, con la
acción de la Comisión de Fiscalización y
Control Político, que tiene un fuerte protagonismo a
raíz de la caída de Bucaram, entre marzo y agosto
de 1977, para luego diluir el trabajo, a
partir del cambio de la integración de dicha comisión. El
ordenamiento jurídico diferencia las atribuciones de los
organismos de control. Después de la vigilancia
política del Congreso, los procesos pasan a responsabilidad de la Contraloría y, cuando
hay suficientes indicios, a cargo de la justicia. Los resultados
son cada vez más reducidos. Aún más, en los
casos analizados, como por ejemplo, en el tratamiento de los
gastos reservados, podemos observar que los Contralores, en lugar
de actuar como jueces han tendido a cubrir las actuaciones del
Ejecutivo.

111 En el
período de Sixto Durán, el Contralor Juan Carlos
Faidutti busca retener las pruebas y
termina acusado por el Congreso. Una situación similar se
da en el caso de los gastos reservados de César Verduga
con el Contralor Benjamín Terán Varea. No se ha
dado un solo caso en que el Contralor, como juez de los gastos
reservados, haya ejercido un control severo y haya denunciado los
perjuicios realizados en contra del Estado. El tratamiento de los
casos se diluye en manos de la justicia, una vez que ha pasado el
interés de la opinión pública. Esta
tendencia "ocurre con la justicia: conoce, tramita pero (pero
luego todo queda), igualmente, en una suerte de limbo, donde
nadie dice nada" 10

Un análisis especial merece la
situación de la justicia en el Ecuador: "…la
impunidad de quienes han violado la ley y se han apropiado de
recursos públicos se ha visto favorecida por jueces,
calificados por muchos medios de comunicación y por la
propia ciudadanía como parcializados al momento de emitir
sus fallos. La forma de designación, con evidentes
compromisos políticos, han sido igualmente factores que
han determinado su conducta poco
ética para agradecer el favor de la designación"
11

El tema de la politización de la justicia es uno
de los puntos clave en la construcción de una justicia
más eficaz. En esta dirección, a raíz de las
movilizaciones cívicas del 5 y 6 de febrero del 97, se
inicia un proceso de reforma de la integración de la
justicia en el país. La atención se centra en la designación
de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, como punto de
partida de la despolitización.

Para buscar una mayor autonomía, el Congreso da
paso a la designación de jueces prácticamente
vitalicios, que pueden ser removidos únicamente por causas
probadas de corrupción; y se establecen nuevas exigencias
de calificación profesional y ética para la
designación. Se apunta a la autonomía a
través de la creación de un Consejo de Judicatura
que dirija el funcionamiento de la administración de la
Función Jurisdiccional.

Sin embargo, la disputa se focaliza en la forma de
designación de esta nueva Corte Suprema. Se enfrentaron
básicamente dos posiciones: una, levantada por la sociedad
civil y los movimientos sociales, con el apoyo de los bloques
parlamentarios de oposición, encabezados por
Pachakutik-Nuevo País, que señalaba que la
designación debía realizarla la sociedad civil a
través de un conjunto de colegios electorales
representantes de los principales sectores ciudadanos y sociales,
sobre la base de un concurso público de merecimientos y de
la calificación profesional y ética de los
candidatos. Y dos, la tesis de la
clase política, encabezada por la alianza Partido Social
Cristiano Democracia Popular Gobierno, que señalaba que,
de acuerdo a la disposición constitucional, debía
ser el Congreso quien designe a los Ministros jueces, aunque en
esta oportunidad debía realizarse una calificación
pública y recibir las candidaturas propuestas por la
sociedad civil.

El debate fue largo y concluyó en una salida
intermedia: se designaron colegios electorales de los principales
sectores de la sociedad civil (ex-presidentes de la
República, Iglesia,
medios de comunicación, universidades y facultades de
Jurisprudencia, movimientos sociales, organismos de derechos humanos,
cámaras de la producción, Federaciones de Abogados
y Funcionarios de la Función Judicial), encargados
inicialmente de presentar las candidaturas y posteriormente, por
la presión de la opinión pública y el
respaldo de algunos bloques parlamentarios, también de la
calificación de una lista de candidatos, de la cual el
Congreso debería designar 24 de los 31 miembros de la
Corte.

La mayoría parlamentaria se reservó
además de la decisión final, la puerta de la
calificación de una lista paralela de candidatos para los
otros 7 integrantes, en modo de ampliar su espacio de maniobra.
La designación quedó en manos del Congreso. Sin
embargo, la presencia de la sociedad civil hasta el momento de la
calificación de gran parte de los candidatos
permitió, en esta ocasión, elevar el nivel de los
integrantes de la Corte.

El poder final del Parlamento marcó
todavía fuertes signos de politización en la
designación de los ministros jueces, por lo cual se
reprodujeron niveles de compromiso político que llevaron a
que se refleje la correlación de fuerzas parlamentaria en
la integración del máximo organismo de la justicia.
Los bloques mayoritarios del Partido Social Cristiano y de la
Democracia Popular obtuvieron un control mayoritario de la Corte;
aunque se abrió espacio también a la
representación de otros sectores de minoría. Ello
condujo también a exclusiones y vetos de acuerdo a
intereses políticos, como sucedió, por ejemplo, con
la candidatura del Dr. Ramiro Larrea Santos por parte del Partido
Social Cristiano.

Este proceso prueba, una vez más, la necesidad de
una actuación fuerte de la sociedad civil y de la
opinión pública, para reformar el funcionamiento de
la justicia y para controlar la corrupción. La
desafiliación y moralización de la justicia es
todavía una tarea inconclusa. La eficacia en esta
lucha depende de la movilización cívica: los
organismos institucionales responden al nivel de exigencia de la
acción ciudadana y de la opinión pública. La
lucha contra la corrupción puede partir de un poder
diferente, aunque para su resolución necesita de la
voluntad política de la institucionalidad.

——————————————-

1 KLITGAARD, Robert, Controlando la
corrupción, una indagación práctica para el
gran problema social de fin de sigl
o, Editorial

Sudamericana, Buenos Aires,
1994

2 LARREA Santos, Ramiro, Discurso en la I Conferencia
Nacional Anticorrupción, Quito – Guayaquil, julio
1999.

3 CEDATOS, "Corrupción, el nuevo enemigo"
DIARIO HOY, 24 marzo 1997, p 3 A.

4 MARKET, Revista
ICONOS, Nº 2, Quito, mayo julio 1997, p 9.

5 MARKET, Op. cit. p 12-13

6 CEDATOS, Op. cit.

7 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Informe de la
Dirección de Programación y Evaluación
de Auditorí
a, presentado por

Bolívar Álvarez Reyes, Director encargado,
Quito, 1993.

8 Los datos
están tomados del suplemento BLANCO Y NEGRO del Diario
HOY, Quito, 7 febrero 1999.

 

4.6.7 EL PEZ EMPIEZA A PUDRIRSE POR
LA CABEZA

En el caso de Ecuador, la corrupción
política empieza a mostrarse como un problema que afecta a
la democracia sobre todo a partir del Gobierno de Sixto
Durán Ballén. La corrupción llega hasta el
Palacio Presidencial. En el sondeo de opinión realizado
por nuestra institución sobre la calificación de la
corrupción en los gobiernos, a partir del retorno
constitucional, los resultados muestran que hay una visión
de que el problema se agrava progresivamente.

En una calificación sobre 10 tenemos las
siguientes cifras: 12

Fabián Alarcón (1997-1998) 9,10

Abdalá Bucaram (1996-1997) 9,10

Sixto Durán Ballén (1992-1996)
7,66

León Febres Cordero (1984-1988) 6,56

Rodrigo Borja (1988-1992) 6,52

Oswaldo Hurtado (1981-1984) 4,75

Jaime Roldós (1979-1981) 4,15

La calificación de la corrupción parte de
un nivel de 4,15 en el Gobierno de Jaime Roldós, y va
creciendo en cada Gobierno, hasta llegar a niveles de
hipercorrupción. Abdalá Bucaram y Fabián
Alarcón comparten el primer lugar: se percibe que en estos
dos Gobiernos se dio una corrupción generalizada. Pero el
problema se percibe como grave a partir de Sixto Durán
Ballén. Hay una alteración del orden
cronológico únicamente en el caso de León
Febres, cuyo período es percibido con niveles levemente
mayores de corrupción que el de Rodrigo Borja. La encuesta
realizada por CEDATOS en marzo de 1997 (13), presenta una
tendencia similar, en cuanto a ubicación de los Gobiernos
según el grado de corrupción más detectado o
más percibido por la población:

Abdalá Bucaram 40% de menciones

Sixto Durán Ballén 21%

León Febres Cordero 13%

Rodrigo Borja 11%

Oswaldo Hurtado 11%

Jaime Roldós 4%

5 Igualmente
según MARKET, el Gobierno de Abdalá Bucaram es
percibido por el 65% de los encuestados como el más
corrupto en los últimos años. 14

Nueve meses después de la caída de
Bucaram, el 70.3% de la población en Quito y el 65.8% en
Guayaquil percibe que la corrupción ha aumentado durante
el Gobierno de Alarcón. El 24.5% en Quito y el 25.8% en
Guayaquil señala que sigue igual. El 4.8% en Quito y el
8.3% en Guayaquil estiman que ha disminuido. 15

El problema de la corrupción empieza mostrarse
como una cuestión que afecta a la democracia y a la
economía, cuando afecta a la cabeza. Transparencia
Internacional en el informe sobre el
Índice de Percepción de la Corrupción de
1998, en 84 países, coloca al Ecuador entre los diez
países con mayores niveles de corrupción (puesto
77, con un índice de 2,3) 16.

En el sondeo de opinión realizado por nuestra
institución, la percepción sobre lo que
pasará en el Gobierno de Mahuad muestra más bien
desconfianza: el 61% señala que la corrupción no se
resolverá. Progresivamente los signos de desconfianza han
ido creciendo. Cornelio Marchán, uno de los miembros de la
Comisión Cívica de Control de la Corrupción,
designado por el Presidente Jamil Mahuad, presentó la
renuncia a su cargo, señalando que no hay respaldo
político ni en el Ejecutivo, ni en el Congreso, para
recoger las recomendaciones de la Comisión, como
sucedió en la necesidad de castigar a los culpables de la
crisis bancaria. Esta falta de voluntad política se
evidencia en el poco apoyo para aprobar la Ley Orgánica de
la Comisión, lo que la resta fuerza para poder actuar
aprobar la Ley Orgánica de la Comisión, lo que la
resta fuerza para poder actuar. (17)

———————————-

9 LARREA Santos, Ramiro, Op. cit.

10 ASPIAZU, Roberto, La corrupción y los
medios de comunicació
n, I Conferencia Nacional
Anticorrupción, Quito- Guayaquil, julio,

1998.

11 LARREASantos, Ramiro, Op. cit.

12 Sondeo sobre "Ética y corrupción en el
Ecuador", entrevistas y
conversaciones dirigidas a 30 generadores de opinión,
marzo 1999.

13 Diario HOY. Op. cit.

 

4.6.8 LOS COSTOS DE LA
CORRUPCIÓN

Es difícil establecer un costo global del
perjuicio económico que causa la corrupción.
Recojamos algunos informes: – "Tomando como base un estudio del
CAAP 18 como primera aproximación cuantitativa al problema
de la corrupción estatal, en el año 93 cerca de US$
160 millones de dólares, casi el 7% del Presupuesto
General del Estado (1,1%) del PIB, se
filtraron de los gastos originalmente planeados; la
evasión tributaria que es otra forma de corrupción
identificada con el sector privado, había llegado en el
mismo año a la cifra de US$ 900 millones, equivalente al
39% del presupuesto del Estado y 6,4% del PIB".

Si globalizamos estas cifras, podemos señalar que
la corrupción representaba alrededor del 33% del
Presupuesto General del Estado para 1993. – El Informe de la
Comisión de Fiscalización del Congreso sobre el
caso Peñaranda, en el que estaban involucrados diputados
del Parlamento, señala que el perjuicio llegaría al
60% de las partidas empleadas. Este dato es confirmado por el
informe de la Contraloría sobre este caso.

– El Informe de la Comisión de
Fiscalización del Congreso Nacional sobre la
corrupción en las aduanas durante la administración
Bucaram (período septiembre 1996- febrero 1997) en el
Puerto de Guayaquil señala que el perjuicio
llegaría a los 215 mil millones de sucres, de los cuales
una tercera parte fue en beneficio de la red pública de
corrupción, que habría sido controlada desde la
Presidencia de la República, y los dos tercios a favor de
los contrabandistas particulares que han logrado montar redes
permanentes de evasión arancelaria.

  • El Informe de la Comisión de
    Fiscalización del Congreso Nacional sobre el caso
    ECUAPOWER establece una diferencia de precios del Kw. /h de
    energía térmica, de cinco centavos de
    dólar como promedio en América Latina, a 12,6 centavos de
    dólar en el caso de este contrato. Es
    decir, que habría una duplicación del precio
    promedio.
  • La Comisión Anticorrupción
    señala que "se ha establecido el soborno como parte de
    los presupuestos
    de las empresas proveedoras de bienes y servicios, porcentajes
    que van desde el 10 al 30% como medio para lograr la
    concesión del contrato" 19

– La Comisión Anticorrupción señala
que, en la Comisión de Tránsito del Guayas por
alteración de recibos del impuesto del 1% a la
matriculación de vehículos usados para el Fondo de
Riego de Loja, en un solo mes el perjuicio llegaba a 80 millones
de sucres. Este impuesto está vigente desde 1992.
20

Si lo proyectamos al período, solo en el caso de
la CTG tendríamos un perjuicio de alrededor de 500
millones de sucres. Pero este problema se extiende a nivel
nacional; por lo cual, la cifra del perjuicio se
duplicaría. – Para 1997 la exoneración de impuestos a las
importaciones habría alcanzado la suma de US$ 1.500
millones de dólares, que representa el 36% de las
importaciones totales y habrían generado una
subestimación de ingresos
arancelarios del orden de más de US$ 120 millones de
dólares. 21

– "Durante el ejercicio impositivo de 1997, se llega a
establecer que el monto de exenciones por todo concepto asciende
a la cifra de 2.7 billones de sucres; si sobre este monto se
aplicara tan solo el impuesto único del 8%, el fisco se
hubiese beneficiado con más de 220 mil millones de sucres,
y si estos ingresos se sumaran a la renta global, el impuesto
ascendería a 675 mil millones de sucres" 22 Esta cifra
corresponde a la "elusión", es decir, a la
utilización de escudos tributarios para no aportar al
fisco.

Si a esto sumamos la "evasión" más
allá de las disposiciones legales, la cifra se
duplica:

"se calcula que los ecuatorianos dejan de pagar – legal
o ilegalmente- unos mil millones de dólares anuales en
tributos" 23 –
La Comisión Anticorrupción señala: "las
estimaciones que se realizan acerca del costo de la
corrupción, aun someras por las dificultades que implican,
arrojan cifras alarmantes. Sólo en evasión
tributaria, contrabando y comisiones obtenidas en
contratación pública, ésta podría
estar en el orden de, por lo menos, US$ 2.000 millones de
dólares anuales" 24

Si recogemos estas tendencias, podemos señalar
que el costo anual de la corrupción en el Ecuador puede
ubicarse en la década del 90, alrededor del 10% del PIB,
lo que representa más de 40% del Presupuesto General del
Estado. Además de los aspectos señalados,
sería necesario realizar un análisis especial sobre
los montos involucrados en el problema de narcotráfico,
particularmente en referencia a "lavado de
dólares".

En la Comisión Especial Parlamentaria de Lucha
Contra el Narcotráfico se llegó a establecer cifras
en torno a los 600 y 700 millones de dólares anuales, en
base sobre todo a la comparación de la circulación
de divisas bajo las
diversas formas de ingresos y egresos y el monto requerido por la
economía. Una cifra similar es manejada por organismos
especializados en el tema, como la OEA. Sin
embargo, estas cifras no han sido confirmadas oficialmente. Los
bancos privados argumentan que no es posible llegar a una cifra
tan alta. Hay momentos en que la corrupción puede llegar a
niveles más altos en algunos períodos, como se dio
en el período de Bucaram, sobre todo en algunas
áreas, como aduanas y sector energético. Para
establecer estos incrementos y focalizaciones hay que observar
las ligazones a intereses sectoriales económicos: el
gobierno de Bucaram responde sobre todo a la lógica de
acumulación del capital financiero-importador.

En la administración actual de Jamil Mahuad
sería necesario analizar sobre todo el manejo de la
política financiera y el Salvataje de la banca.
¿Cómo calificar la entrega de fondos sin respaldo a
bancos que manejaron ineficientemente los ahorros internos?
Comparemos dos cifras: el Gobierno, de acuerdo a informaciones de
los medios de comunicación, habría entregado al
Filanbanco 740 millones de dólares.

El banco, bajo
control de la Agencia General de Depósitos, y una vez
saneado, ha sido valorado en alrededor de 140 millones de
dólares. ¿Dónde están los 600
millones de dólares de diferencia? ¿Por qué
no se intervienen los bienes de los dueños de los bancos
quebrados? En el período posterior, será necesario
vigilar los procesos de privatización, en donde
estarían en juego
más de 50 mil millones de dólares.

—————————————-

14 ICONOS, Op. cit.

15 INFORME CONFIDENCIAL, Encuesta Quito – Guayaquil, 8
de noviembre de 1997.

16 TRANSPARENCIA INTERNACIONAL, 22 de septiembre de
1998.

17 Diario HOY, 31 de marzo de 1999, p. 10 A.

18 MAYA, Milton, "La corrupción, parte vital de
la economía", en Revista ECUADOR DEBATE, Nº 33,
Centro Andino de Acción Popular

-CAAP- diciembre de 1994, pp. 90-91.

 

4.6.9 PERIODO SIXTO DURÁN
(1992-1996): LA CORRUPCIÓN VIENE DESDE ARRIBA

Los casos más destacados en este período
son: gastos reservados del vicepresidente Alberto Dahik, (25)
Flores y Miel, el préstamo subordinado de 485 mil millones
de sucres al Banco Continental, el contrato de ampliación
de la Refinería Esmeraldas celebrado (25) Este caso
analizamos in extenso en el capítulo siguiente con
la empresa
española Técnicas
Reunidas, el aeropuerto Los Perales y la "Invasión al
Guasmo", en lo cuales se encontrarían involucradas las
más altas esferas del poder. "Si no hubiera tenido
uñas más largas, el gobierno del "beduino
enamorado" habría quedado como simple ameba en
comparación al saqueo del cuatrieño de Sixto
Durán Ballén." 26

 

4.6.10 CASO LOS PERALES: EL BENEFICIO DE
INTERESES DE LOS ACCIONISTAS

"Los que ganan y acumulan fortunas, saben que las
reglas claras y la transparencia son obstáculos para sus
logros". (Domingo Paredes Castillo, en Revista
Economía, julio 1994). Esta frase parece haber sido bien
conocida por el honrado socialcristiano Sixto Durán
Ballén y su séquito…" 27

En el contexto de la "Guerra del Cenepa", como parte del
enfrentamiento histórico de nuestro país con el
Perú por el problema limítrofe y como tal de la
necesaria declaratoria de estado de emergencia nacional, de
acuerdo a las denuncias presentadas por los medios de
comunicación, se realizó una inversión para la realización de una
obra, obviando ciertos trámites legales necesarios en un
trámite regular, pero sobre todo obras que
permitirían beneficios claramente
identificados:

"…con toda intencionalidad, por el hecho de ser
copropietario del 23% de las acciones de un
terreno sito en las cercanías de algún lado, se
utiliza FONDOS DE EMERGENCIA NACIONAL para realizar una obra,
cuyo beneficio es evidente, incontestable, a los intereses de
tales accionistas… "También el asunto se vuelve
serio porque, al mirar el mapa de nuestra República,
advertimos que la obra declarada como de prioridad
estratégica se halla distante, muy distante de la zona del
conflicto…

Se utilizó 15 mil millones de sucres para
realizar obras de ampliación del aeropuerto "Los Perales"
de San Vicente, supuestamente porque el honrado socialcristiano
tenía pensado construir un complejo turístico en un
terreno que compartía con el secretario general de la
Administración y con el ministro de obras
públicas." 28

 

4.6.11 CASO FLORES Y MIEL E IRANDINA: UN
PRESTAMO A LA ILEGALIDAD

En diciembre de 1993, Enma Paredes Durán
Ballén, nieta del Presidente, a nombre de la empresa Flores y
Miel, solicita a la Corporación Financiera Nacional,
organismo público de crédito, un préstamo
por 900.000 dólares para la ampliación de dicha
empresa. Lo particular de tal solicitud, desde donde se inician
las "irregularidades", está en que la referida empresa no
estaba constituida legalmente, y la solicitante no
desempeñaba ningún puesto de responsabilidad en la
empresa en formación. Recién en junio de 1994, es
inscrita legalmente la empresa Flores y Miel.

Sin embargo, en enero del 1994, la CFN aprueba el
crédito por 829.600 dólares, préstamo que es
entregado a Galo Anda y Elba Carreño, padres
políticos de la nieta del presidente, y que se presentan
como propietarios de la empresa.

Las irregularidades en los trámites del
préstamo, se confirman porque en febrero de 1994,
"…la compañía CONVINCO, que proporciona
información para uso de los bancos, notificó que
la familia
Anda Carreño se había convertido en cliente moroso en
una de las instituciones financieras del país, con varias
cuentas
cerradas.

"Esto quiere decir que la Corporación Financiera
Nacional debió haber conocido de la situación
financiera de los Anda Carreño con anterioridad al primer
desembolso que fue hecho el 21 de marzo… Una de las claves
del debate sobre el tema ha sido la diligencia y
corrección de la CFN al haber otorgado el crédito a
Flores y Miel, de allí surge la sospecha de tráfico
de influencias que el gerente de la
CFN ha negado reiteradamente." 29 La serie de irregularidades
presentadas en el trámite, "…levanta la sospecha de
que el palanqueo, aprovechando la cercanía al poder, es la
mejor explicación de la concesión de un
crédito…" 30

El cuadro se completa con la denuncia realizada sobre la
"…existencia de una financiera fantasma (IRANDINA), cuya
gerente de comercialización es la nieta del presidente
de la República.

——————————————————————————–

19 LARREA Santos, Ramiro, Op. cit.

20 ASPIAZU, Roberto, Op. cit.

21 CENTRO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS, Boletín
Nº 51, Quito, 1998.

22 VELASCO Garcés, Carlos, Los escudos
fiscales y su incidencia en las recaudacione
s, I Conferencia
Nacional Anticorrupción, Quito –

Guayaquil, julio, 1998.

23 Revista Vistazo, Nº 737, mayo 7 de
1998.

24 COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN, Hacia una
agenda nacional anticorrupció
n, Quito, junio 1998, p
7.

 

Se acusa a IRANDINA de la estafa a cerca de 200
personas, por un monto de 2.500 millones de sucres".
31

"IRANDINA no es una financiera fantasma. Es una
empresa comercial debidamente registrada en la
Superintendencia de Compañías como Importadora
Anda Vallejo
. Según Fabián Anda (hijo) a
través de ella se importaban los productos para
los almacenes Lord
Nelson" 32. Obviamente, la primera pregunta que afloraba era,
¿cómo una empresa
comercial se dedicaba a actividades financieras?

Los propietarios de Flores y Miel son los mismos de
IRANDINA. En las oficinas de la financiera "…se encuentra
el señor Galo Fabián Anda, su esposa Elba y Enma
Paredes Durán Ballén." 33 El mismo Gerente de la
Corporación Financiera Nacional, Leonardo Stagg, cuando
explicaba y fundamentaba las bases legales y de confianza para
haber concedido el préstamo en la Comisión que se
conformó en el Congreso Nacional para realizar las
investigaciones correspondientes, señaló que "entre
las referencias de buena conducta que solicitó la
Corporación habían incluso unas que hablaban bien
de IRANDINA".

En medio de las denuncias de las irregularidades se
encuentra que las cuentas de la financiera se habían
cerrado y que sus propietarios y acciones habían viajado
-"fugados"- a los Estados Unidos. El 18 de junio Enma Paredes y
Fabián viajaron a EE.UU. junto al padre de él y el
20 de junio viaja la suegra de Enma Paredes.

El 30 de agosto, el abogado de la financiera, ofrece a
los perjudicados la empresa Flores y Miel como respaldo de las
deudas. Igualmente, Leonardo Stagg Gerente de la CFN se
reúne con los perjudicados para ofrecerles la
administración de Flores y Miel, a fin de que recuperen el
dinero perdido
en manos del matrimonio Anda
Carreño. Pero estos no aceptan la propuesta. E incluso la
prensa señala que el referido abogado "había
ofrecido cubrir los cheques con el
crédito de la CFN". En septiembre de 1994, la
Fiscalía General de la Nación
presenta un informe, en la misma que solicita la prisión
preventiva para el matrimonio Anda Carreño con el
consiguiente pedido de extradición así como la
sindicación del ex-gerente de la Corporación
Financiera Nacional, Leonardo Stagg, en el proceso de "Flores y
Miel".

El informe establece que hubo la intervención de
la nieta del presidente de la República, Enma Paredes
Durán Ballén, como peticionaria del crédito
de 830 mil dólares para la fábrica de chocolates
"Flores y Miel", pero no recomienda al juez su sindicación
y tampoco pide la prisión preventiva, por cuanto –
según dijo el Fiscal, Fernando Casares- el informe se
refiere

Únicamente a los trámites realizados por
los personeros de la CFN con relación al otorgamiento del
préstamo. De esta manera, el Fiscal determinó que
el ex-gerente de la CFN, Leonardo Stagg, junto a varios
funcionarios de los departamentos donde fue tramitado el
crédito, cometieron el delito de
peculado y abuso de los fondos de la entidad, toda vez que
pasaron por alto – entre otros- varios requisitos como son: falta
de informe de asesoría jurídica, falta de documentos de
respaldo del dominio de las propiedades ofrecidas en
garantía, falta de títulos de propiedad de
las maquinarias prendadas, de las que tampoco existen los
certificados de desaduanización.

En base a la excitativa fiscal, el juez de la causa
sindica a los responsables: "La nieta del presidente de la
República y sus suegros fueron sindicados sin orden de
prisión por el bullado caso de Flores y Miel por el Juez
quinto de lo penal de Pichincha". El juez, Bolívar
Peñafiel, en la apertura del auto cabeza de proceso,
establece que se han observado indicios de irregularidades en la
solicitud del crédito ante la Corporación, en su
aprobación y en el destino que se les dio a los
fondos.

 

———————————-

Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
 Página anterior Volver al principio del trabajoPágina siguiente 

Nota al lector: es posible que esta página no contenga todos los componentes del trabajo original (pies de página, avanzadas formulas matemáticas, esquemas o tablas complejas, etc.). Recuerde que para ver el trabajo en su versión original completa, puede descargarlo desde el menú superior.

Todos los documentos disponibles en este sitio expresan los puntos de vista de sus respectivos autores y no de Monografias.com. El objetivo de Monografias.com es poner el conocimiento a disposición de toda su comunidad. Queda bajo la responsabilidad de cada lector el eventual uso que se le de a esta información. Asimismo, es obligatoria la cita del autor del contenido y de Monografias.com como fuentes de información.

Categorias
Newsletter