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Ética y corrupción en la administración de justicia (página 15)




Enviado por yivanz64



Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

 

26 IDROVO, Franklin. Corrupción
y amnesia. Quito, 1997, p
40.

27 IDROVO, Franklin. Op. Cit. Pág. 113

 

"El juez sostiene que fue evidente la influencia
política
de la nieta del presidente, Enma Paredes Durán
Ballén, en la obtención del crédito
y que la concesión se produjo cuando la empresa
supuestamente beneficiara del crédito no había sido
constituida aún". 34

Ante el dictamen fiscal, el 14
de septiembre de 1994 Leonardo Stagg, horas antes de abandonar el
país rumbo a Miami, presenta su renuncia a la Gerencia de la
Corporación, cuyo directorio la acepta. Además de
los signos de
influencia política en la concesión del
crédito de parte la CFN, la interferencia en las
actividades de la justicia y de
la policía desde el Presidente de la República,
Arq. Sixto Durán Ballén, se hizo evidente cuando
aprovechando un viaje oficial se permitió la fuga de uno
de los sindicados, lo que llevó a que una comisión
de Diputados resuelva "pedir al Congreso Nacional que observe la
conducta del
Presidente de la República al haber permitido que en el
viaje presidencial, en el avión que se trasladaba la
delegación ecuatoriana a la Cumbre de las Américas,
viaje una persona que
tenía orden de prisión y consecuentemente estaba
imposibilitada de abandonar el país". 35

 

4.6.12 LA CORRUPCIÓN VIENE DESDE
ARRIBA

Estos casos muestran el nuevo carácter que asume la corrupción política en el
país. El problema se agudiza cuando parte desde la cabeza.
En las administraciones anteriores se presentan casos de
corrupción política; sin embargo, no
existían las suficientes pruebas de la
participación de las altas esferas del poder. A
partir de los casos denunciados en el período de Sixto
Durán, la percepción
de la ciudadanía se expresa en una creciente
desconfianza de la institucionalidad democrática. En este
período también cobra fuerza el tema
del salvataje financiero, con el caso del Banco
Continental, que analizaremos más adelante.

 

4.6.13 PERIODO ABDALÁ BUCARAM (1996-1997): LA
CORRUPCIÓN COMO SISTEMA DE
GOBIERNO.

El gobierno de Bucaram es percibido como un
período de hipercorrupción. Tres fenómenos
refuerzan esta visión: la corrupción parte desde la
propia presidencia, se expande a las más diversas esferas
de la gestión
pública y se acelera el ritmo de la corrupción.
La
administración de Abdalá convirtió a la
corrupción en norma de gobierno. No se trata de un
problema de locura personal. Bucaram
representa una forma de acumulación de capital ligada
al capital financiero-importador que, a pesar de participar en el
poder, no había podido asumir la conducción del
gobierno.

Requería del poder para acelerar la
acumulación en competencia con
el capital tradicional. Por ello, la corrupción adopta una
forma cínica y violenta. Los focos de corrupción se
centraron en los puntos de manejo de los dineros públicos:
gastos
reservados, aduanas,
política energética (hidrocarburos
y electricidad),
administración tributaria. Sin embargo, la
novedad estaba en la velocidad de
la acumulación y en el cinismo.

La corrupción cínica y el autoritarismo
merman la legitimidad del gobierno de Bucaram. Cuando estos
elementos se combinan con el paquete de ajustes neoliberales para
preparar el proyecto de
convertibilidad, se constituyen en el detonante del levantamiento
vico de
febrero.

Allí confluyen también los intereses de la
vieja clase
política que veía en Bucaram a un competidor al
interior del propio bloque dominante.

El Congreso Nacional pasó a constituirse en el
espacio de decisión de la sublevación cívica
de febrero. Legalizó la caída de Bucaram y aborda
un trabajo
inédito en la lucha contra la corrupción
política. Al mismo tiempo, el
Ejecutivo y el Legislativo constituyen la Comisión
Cívica Anticorrupción con representantes de la
sociedad
civil, la misma que desempeñará un papel
destacado en el enfrentamiento de este problema.

Para la lucha contra la corrupción, el Congreso
abrió un espacio institucional y normas legales
que no estaban definidos explícitamente. La
Comisión de Fiscalización quedó investida de
nuevas atribuciones para actuar ante la corrupción.
Amparada en disposiciones generales sobre el papel fiscalizador
del Parlamento, desarrolla una propuesta de diferenciación
de atribuciones: el Congreso investiga y decide sobre las
responsabilidades políticas de la
corrupción, la Contraloría General del Estado
investiga y decide sobre las responsabilidades
administrativas, y la Función
Judicial, sobre las responsabilidades civiles y
penales.

Esto permite que el Congreso pueda ampliar su capacidad
fiscalizadora y "castigar a los corruptos", en cuanto a sus
responsabilidades políticas.
Igualmente para la investigación de los gastos reservados y
las partidas de la Presidencia de la República se
amplió el marco legal: se levanta la reserva de estos
gastos y se abre el espacio para acceder a información más allá del
sigilo bancario. Esto permitió- la información
pública sobre este tema por parte de la Contraloría
Funcionaron seis subcomisiones en torno a los
principales focos

De corrupción detectados durante el Gobierno de
Bucaram: áreas estratégicas (hidrocarburos,
energía
eléctrica, telecomunicaciones), gastos reservados y cuentas de
inversión de la Presidencia de la
República, aduanas, sector financiero público
(BEDE, BEV, Banco de Fomento), caso "Mochila escolar" y
Teletón. En la primera fase, que va de las jornadas de
febrero hasta la Consulta Popular del 29 de mayo de 1997, se
forma una convergencia contra la corrupción en la que
confluyen la presión
ciudadana, la participación activa de la opinión
pública y los medios de
comunicación, y la acción
de los organismos de control. Se crean
las condiciones para atacar la corrupción política
del Gobierno de Bucaram.

El Ejecutivo crea la Comisión
Anticorrupción, con representantes de la sociedad
civil, de alta calidad ética. El
límite, sin embargo, está claramente marcado:
cuando la Comisión de Fiscalización intenta
investigar el período parlamentario anterior y el manejo
de los gastos reservados en la administración de Sixto Dahik, se levanta
un muro, pues surge el riesgo del
involucramiento de parlamentarios de otros bloques. Igualmente,
como ya señalamos, cuando la Comisión
Anticorrupción denuncia la corrupción del Gobierno
actual sufre un ataque frontal. La primera tarea en el Parlamento
es la autodepuración del Congreso. La acción
conjunta de la Comisión de Fiscalización, la
Comisión Anticorrupción, la Contraloría y la
opinión pública, permite develar las redes de corrupción
política dentro del Congreso. El resultado es la
descalificación de 17 legisladores La Comisión de
Fiscalización estableció informes
iniciales sorbe la corrupción en las aduanas de Guayaquil.
En cinco meses, de septiembre 96 a enero 97, el perjuicio
comprobado llegó a 217 mil millones de sucres. La tercera
parte correspondía a la corrupción de la red pública, que
partía desde la Presidencia de la República, y las
dos terceras a la evasión en favor de los comerciantes
privados. La corrupción es fuente de irracionalidad
económica.

En el caso Ecuapower se mostró documentadamente
la confabulación del poder público con la empresa privada,
en contra de las normas legales, para perjudicar al Estado: el
costo del kw/h se
ubica en torno a los 5 centavos de dólar; sin embargo en
nombre de la emergencia energética, creada
artificialmente, el costo de este contrato se
sitúa en torno a los 13 centavos de dólar por kw/h.
Se llega al absurdo de garantizar el pago de la energía
instalada, produzca o no produzca la empresa. A pesar de las
excitativas de la Fiscalía General, este caso no ha tenido
tratamiento en la función judicial.

Una situación similar se da en el caso Furness
Withy: un contrato de 1 billón 600 mil sucres por cuatro
años, crea un monopolio de
importación del GLP, con lo que se duplica
el costo del kilo de gas importado,
con graves costos para el
Estado y para la población, como veremos más
adelante.

———————————–

28 IDROVO, Franklin. Op. Cit. Pág. 114

29 Diario HOY, 2 de septiembre 1994, 1 A.

30 Revista Blanco
y Negro. Domingo 4 de septiembre de 1994. Nº 19.

31 "Cronología del caso Flores y Miel e
Irandina
". Diario HOY, 31 de agosto de 1994.

32 "Luna de Miel". En: Revista Blanco y Negro.
Domingo 4 de septiembre de 1994. Nº 19.

33 "La paradoja de los Chulqueros". HOY, domingo
4 de septiembre de 1994.

34 "Juez sindica a nieta de Sixto". Diario HOY.
9, septiembre 1994. Pág. 1 A.

35 "Perjudicados de Irandina piden observar a
Sixto
", Diario HOY, 22 diciembre, p 6 A.

 

4.6.14 CORRUPCIÓN EN LAS
ADUANAS

La Comisión de Fiscalización del Congreso
Nacional investigó las operaciones
aduaneras en el período comprendido entre septiembre de
1996 y enero de 1997 en el Primer Distrito de Aduana (Puerto
marítimo y Autoridad
Portuaria de Guayaquil), que representan aproximadamente el 72%
de la importaciones
totales del país. 36

En el período analizado ingresaron al país
27.419 contenedores, desglosados de la siguiente manera: 23.564
contenedores FCL (pertenecientes a un solo importador) y 3.855
contenedores LCL (pertenecientes a varios
importadores).

36 Los datos
están tomados del Informe de la
Comisión de Fiscalización, presentado por el Ing.
Luis Chiriboga Acosta, Presidente de la Subcomisión de
áreas estratégicas, puertos y aduanas, Quito, mayo
de 1997.

De los 23.564 contenedores FCL (de un solo importador),
fueron autorizados por Autoridad Portuaria únicamente
22.763, lo que significa que 801 contenedores egresaron por el
"túnel", denominado así, pues los contenedores
"desaparecen en la clandestinidad sin que ninguna autoridad o
empleado se dé cuenta del egreso de los gigantescos
armatostes". De los 2.732 contenedores FCL (de un solo
importador) autorizados por Autoridad Portuaria, fueron
autorizados por Aduana, es decir pagaron los tributos
correspondientes, única mente 1.233. Lo que significa que
1.499 contenedores evadieron el pago de tributos, "con la
complicidad de las autoridades aduaneras a quienes corresponde el
control en los departamentos de Comprobación y de la
puerta de salida (garita)". Así pues, 2.300 contenedores
FCL (801 que salieron por el "túnel" y 1.499 que salieron
por la "garita") evadieron el pago de tributos.

La versión del "túnel" fue corroborada
también por la denuncia realizada por el Diputado Juan
José Illingworth el 11 de octubre de 1996 sobre la
desaparición de 660 contenedores. "Días antes el
subsecretario de Aduanas, Carlos Hidalgo, denunció que
"cerca de 800 contenedores serán declarados en abandono
tácito. Un día después la administradora del
Primer Distrito de Aduanas, Patricia García Chong,
señaló que son más de 700 los contenedores
abandonados.

Sólo pasaron tres días cuando el 4 de
octubre la misma funcionaria declaró que "más de
200 contenedores serán declarados en abandono si los
propietarios no tramitan la desaduanización". Nadie supo
qué pasó con los 600 restantes que habrían
tenido un costo aproximado de 90 millones de
dólares,… que de haber tributado al Fisco hubiera
significado 18 millones de dólares" 37

37 Revista VISTAZO, Mayo 8 del 97, p 11.

B. Contenedores
LCL

En el caso de los contenedores LCL (de varios
importadores), de los 3.855 manifestados, únicamente
fueron autorizados por Autoridad Portuaria 3.398, lo que
significa que 457 contenedores, correspondientes a 752
conocimientos de embarque 38, salieron por el
"túnel".

Autoridad Portuaria autorizó 5.749 conocimientos
de embarque, correspondientes a 3.398 contenedores LCL. Aduanas
autorizó únicamente 3.497 conocimientos de
embarque; lo que significa que 2.252 conocimientos de embarque
salieron por la "garita", sin el pago de tributos. Así
pues, 3.004 conocimientos de embarque (752 por el "túnel"
y 2.252 por la "garita"), correspondientes a 751 contenedores LCL
(de varios propietarios) evadieron el pago de
tributos.

C. Carga sin
verificación en origen

Se trata del "valor evadido
en la carga que llegó sin certificado de
verificación y que se nacionalizó por valores
inferiores a USD 5.000. Son los contenedores consolidados,
los mismos que, de acuerdo a la Ley, no pagan
aranceles y,
por tanto, fueron objeto de reliquidación al momento de
aforo en el destino pues vinieron subvaluados.

En el período se realizaron 2.170
nacionalizaciones que corresponden a 543 DUIs (Documentos
Únicos de Importación). Los consolidados por
contenedor implican un valor de 15 mil dólares USA de
promedio. El valor real es de aproximadamente 30.000
dólares, lo que significa una subvaluación de
15.000 dólares. Esto significa que hay una evasión
de 4.800 dólares de evasión por cada
nacionalización.

38 Los Conocimientos de Embarque corresponden a "carga
suelta", ya que los contenedores LCL pertenecen a varios
propietarios, cada uno de los cuales procesa su documentación.

Entonces tenemos US$ 4.800 x 543 DUIs =
2’606.400 dólares de evasión, es
decir, 9.083’304.000 sucres.

—————————————-

A. Contenedores
FCL

 

4.6.15 VALORACIÓN DE LA
EVASIÓN TRIBUTARIA

Para el cálculo de
la evasión tributaria se establecieron las siguientes
premisas:

– El contrabando se
realiza con mercancías de arancel 15 y 20%, al cual se
suma el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) y, en
ciertos casos, el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE); lo
que fija un promedio tributario del 32% del valor CIF (Costo,
Seguro y
Flete) de la mercaderías;

– En base a un estudio estadístico de varias
mercancías que trae un contenedor, se estableció
como valor promedio estimado 60 mil dólares USA por
contenedor.

– El tipo de cambio
del dólar en el período analizado estaba en 3.485
sucres promedio.

– Para el cálculo de la carga suelta, se presume
que cada conocimiento
de embarque representa el 25% del total del valor de los
contenedores.

A. 2.300 Contenedores FCL x 60.000 dólares = 138
millones de dólares.

Arancel del 32 %: 44’160.000 dólares de
evasión,
es decir, 153.897’600.000
sucres

B. 3.004 conocimientos de embarque en los Contenedores
LCL x 15.000 dólares = 45’060.000
dólares.

Arancel del 32%: 14’419.200 dólares
de evasión, es decir, 50.250’912.000
sucres

C. Carga sin verificación: 2’606.400
dólares, es decir 9.083’304.000
sucres.

El total de la evasión tributaria asciende
a US$ 61’185.600,
equivalentes en ese tiempo a
213.231’816.000 sucres.

 

4.6.16 EL REPARTO EN LA RED DE
CORRUPCIÓN

La situación de la corrupción es
más visible si calculamos que "la tarifa promedio para la
salida ilícita de un contenedor se estima en 25 millones
de sucres. En el período salieron 3.051 contenedores. Lo
que significa que la red de corrupción de las Aduanas en
Guayaquil dispuso de 76.275’000.000 de sucres para el
reparto, es decir de 3.316’304.348 sucres semanales. El
resto, es decir 154.996’816.000 sucres, equivalentes a los
2/3 del perjuicio correspondió a los importadores privados
corruptos.

 

4.6.17 LA RED EN EL SISTEMA
INFORMÁTICO

"El perjuicio se vio facilitado por la alteración
del sistema informático, que consistió en la
modificación de la matriz de
aforo, que en lugar de asignar a la verificadora en forma
automática por el sistema, pasó a ser asignada en
forma manual por un
funcionario designado por la autoridad. El 27 de noviembre de
1996, la Subsecretaría de Aduanas, teniendo como titular a
Carlos Hidalgo Villacís, instruyó al Ing. Oscar
Armijos, Director Nacional de organizaciones y
sistemas de la
Dirección Nacional de Aduanas, cuyo titular
era Gustavo Flores Zapata, para que exija de IBM un cambio del
sistema para las importaciones, que consistía que, en el
Distrito de Guayaquil no se refrende el nombre de la verificadora
asignada, para realizar el aforo físico.

De esta forma, el administrador de
aduanas que era Xavier Aguirre tenía la libertad de
asignar el aforo con absoluta discrecionalidad y, de esta manera,
poder extorsionar a los importadores honestos, dar libre salida a
los contrabandistas y ser único eje de control de la
salida de todas las mercaderías importadas." 39

La red parte desde el momento del embarque,
particularmente en el Puerto de Panamá. De
acuerdo a Vistazo, el sábado 27 de julio de 1996 se
reunieron el Presidente de Panamá, Ernesto Pérez
Balladares, y el Presidente electo de Ecuador,
Abdalá Bucaram. Este último se habría
comprometido a "ayudar a Panamá eliminando una norma
aduanera que obligaba a la verificación de la
mercancía antes de ser embarcada en la Zona Libre, pues
esto molestaba a los contrabandistas ecuatorianos y los
exportadores panameños, quienes vieron disminuidos sus
negocios con
uno de sus mejores clientes, el
Ecuador" 40

Una vez llegada la mercadería una red de "tramitadores" se
encargaba que toda la mercancía… se dirija
directamente a las bodegas de las compañías
privadas, y no a las de la zona de carga aérea para su
aforo y verificación". 41

En el caso del Puerto Marítimo de Guayaquil,
según un informe de Inteligencia
Militar, los contenedores eran almacenados sin ninguna secuencia
lógica
y los supervisores o encargados del aforo no tenían
horario fijo ni cumplían las 8 horas diarias de trabajo.
Aquí se ponían en juego diversos
hechos de corrupción: la alteración de documentos
para la declaración de la mercadería. Nombres
falsos, como en el caso, por ejemplo, de Sandra
Catalina

Curay Caiza. Ella declaró que en septiembre
acudió a una central del Partido Roldosista para afiliarse
y participar en el Plan de Vivienda
"Un solo toque" y que allí presentó su
cédula. Posteriormente, en octubre, su nombre fue
utilizado por los contrabandistas para la importación de
un contenedor. 42

En la alteración de certificados de identidad
estarían también involucrados altos funcionarios
del Registro
Civil.

"La mafia de las aduanas estaba manejada por Adolfo
Pulley, el cuñado del ex-presidente Bucaram", de acuerdo a
las declaraciones del representante de una de las verificadoras
.40

"Adolfo Pulley,… conocido como el ‘ministro
sin cartera’, era quien Presidía la ‘aduana
paralela’. Pulley era quien ordenaba por dónde
debían salir los contenedores. Y era él quien
hacía la repartición posterior. "Una parte era
entregado al ex Subsecretario de Aduanas, Carlos Hidalgo
Villacís, al Administrador de Aduanas, Xavier Aguirre, y
al Jefe de Carga, Víctor Miranda, autor de la
canción "la Fuerza de los Pobres", utilizada por Bucaram
durante su campaña" 43

El eje pasaba por la acción de integrantes de la
banda de los "Pepudos", formada en 1984 durante la
Alcaldía de Guayaquil de Abdalá Bucaram. Esta banda
estaba encabezada por Víctor Manuel Suárez. El 27
de agosto de 1996, a través del Decreto 82, el
ex-presidente nombró a Suárez director del servicio de
Vigilancia Aduanera. El Informe de Inteligencia Militar relaciona
a Suárez con el cobro de 20 a 35 millones de sucres por la
salida de cada contenedor: "Suárez chantajeaba
permanentemente a los importadores y ocasionó grandes
perjuicios al fisco".

Otro integrante era Alejandro Muñoz Pérez
(a) el Pepudo Alejo, quien fue detenido el 15 de febrero de 1997,
junto con su hermano José Muñoz, acusados del
secuestro de
Víctor Miranda, Jefe de Carga, y del intento de secuestro
de Carlos Hidalgo Villacís, Subsecretario de Aduanas. En
las declaraciones, Alejandro Muñoz señala que se
debió a que Miranda se negó a entregarle 25
millones de sucres que habían acordado le
correspondía por la desaduanización de 25 mil kilos
de mercancía. Además en el juicio penal 058-97
señaló que el ex-presidente Bucaram conocía
de la situación de las aduanas y que era beneficiario de
la misma. 44

El Informe de Inteligencia Militar confirma que
Abdalá Bucaram fue informado de esta situación y
también de la participación de su hijo Jacobo en la
corrupción de las aduanas. Según "Blanco y Negro",
de acuerdo a fuentes
militares, en octubre de 1996, el ex-presidente "le partió
un palo en la espalda a su hijo luego de saber que
depositó 180 millones de sucres en una cuenta de un
banco".

1996, el ex-presidente "le partió un palo en la
espalda a su hijo luego de saber que depositó 180 millones
de sucres en una cuenta de un banco".

————————————————————-

39 Informe de la Comisión de
Fiscalización, Op. cit.

 

4.6.18 CHANTAJE Y
CONCUSIÓN

El 18 de febrero de 1997, el diario norteamericano
Miami Herald acogió las denuncias del embajador
Leslie Alexander sobre la corrupción en las
aduanas… (Que) "se convirtieron en ‘gallina de los
huevos de oro
para los funcionarios corruptos, pues se calcula que se
perjudicaron 100 millones de dólares en la
administración Roldosista… Grandes
compañías como la Eveready, Bristol-Myers, Squibb,
Shell Oíl y Texaco fueron sometidas a chantaje debido a
las trabas aduaneras".

El problema en la administración bucaramista,
sobre todo en las aduanas, fue más de concusión que
de cohecho, es
decir, la presión que ejercen funcionarios públicos
para obligar a los ciudadanos a realizar pagos ilegales,
señala Marcelo Merlo, integrante de la Comisión
Anticorrupción.

Aunque efectivamente esta tendencia se presenta como la
principal, no podemos descartar también la
participación de los beneficiarios privados.

De acuerdo la Informe de la Comisión de
Fiscalización, los 2/3 del perjuicio al fisco irían
a favor de los importadores corruptos. Las redes de mafias que se
han conformado en las aduanas combinan la participación
tanto de funcionarios públicos como de comerciantes
privados inescrupulosos.

 

4.6.19 EL CASO DE LAS MOCHILAS: US$
40´000.000

El 13 de septiembre de 1996, el Señor Antonio
López, Presidente de la empresa Promotora S.A. de Colombia pone a
disposición del presidente de la República,
Abdalá Bucaram, una serie 45 de proyectos de
orden social, para financiar y proveer al Ecuador de un amplio
programa que
incluía: mochila escolar para todos los escolares de
primaria básica, 100 restaurantes para 75 escolares cada
uno, bancos de textos
para todas las escuelas públicas, multiplicado por el
número de libros que
necesitaba cada escolar, bibliotecas
escolares para todas las escuelas públicas, cinco unidades
móviles para consulta médica, suministro gratuito
de medicamentos para todas las escuelas, 50 centros de salud más
medicamentos y material quirúrgico y 500 viviendas en la
Provincia de Esmeraldas. La propuesta no adjuntaba costos
unitarios ni totales, pero se ofreció todo el paquete por
25 millones de dólares.* 45

Un mes después de recibir la carta de
Promotora de Intercambio S.A., el 15 de octubre de 1996, Bucaram
emite el decreto Nº 197, en el que para evitar la
licitación pública, se acogió a lo
estipulado en la letra a) del Artículo 6 de la Ley de
Contratación Pública (no se licitan los contratos que
sean necesarios para superar emergencias graves que provengan de
fuerza mayor o caso fortuito). Al día siguiente, Promotora
de Intercambio realizó una segunda propuesta, por un
paquete de cuatro programas (cuatro
menos que la propuesta original), pero que valía 40
millones de dólares (15 millones de dólares
más que la propuesta original).

Diez días más tarde la Ministra de
Educación,
Sandra Correa emite el Acuerdo 1337, donde, para no licitar el
programa de la mochila determina "la existencia de la causal
prevista en la letra g del Artículo 6 de la mencionada
Ley
(no se licitan los contratos cuyo proceso
precontractual establecido en esta ley fuere declarado desierto
después de la reapertura…)". Jamás hubo apertura
de sobres ni concurso, como para declararlo desierto.

El 30 de octubre, mediante otro Acuerdo, Correa
adjudicó el programa a Promotora de Intercambio. El 5 de
noviembre, el Procurador General del Estado, Dr. Leonidas Plaza
Verduga, emite informe favorable, pero señala diecinueve
recomendaciones al contenido de las cláusulas, las mismas
que no fueron recogidas al momento de la suscripción del
contrato.

En la misma fecha, el Informe reservado del Contralor,
Dr. Fernando Rosero, considera procedente el trámite, pero
se mantiene en un marco ambiguo, por cuanto "en su parte
sustancial sugiere que "debe procederse al trámite", pero
en su parte concluyente sostiene que "este informe de manera
alguna se lo debe considerar como una autorización de
procedimientos".

Esto muestra que los
actores sabían que estaban realizando un acto al margen de
las disposiciones legales. Y, en tiempo récord para este
tipo de trámites y monto negociado, el 11 de noviembre de
1996, la entonces Ministra de Educación, Sandra Correa, a
nombre del Estado ecuatoriano, y Antonio López, por
Promotora de Intercambio, firman un contrato de compraventa. El
29 de noviembre, se suscribe el Convenio de Crédito de
Proveedor entre Promotora de Intercambio S.A. y la
República del Ecuador, cuyo objeto fue que la Promotora de
Intercambio S.A., en su condición de proveedor de la
República del Ecuador le concede un crédito por la
suma de CUARENTA MILLONES DE DÓLARES, para financiar la
adquisición de bienes.
Mediante Decreto Ejecutivo Nº 345 se autoriza el pago total
de US$ 40´000.000 y se encarga al economista Pablo Concha,
Ministro de Finanzas y
Crédito Público para que a nombre y en
representación del estado ecuatoriano en calidad de
préstamo suscriba con la firma Promotora de Intercambio
S.A. de Colombia como prestamista, un contrato de préstamo
por el monto de hasta US$ 40´000.000 destinados a financiar
el proyecto denominado mochila escolar gratuita, con plazo de 8
años incluidos 2.5 años de gracia y un interés a
tasa libre a 180 días más un margen del 4% anual
con una amortización de 11 cuotas semestrales
anuales y consecutivas; siendo el organismo ejecutor el
Ministerio de Educación y Cultura.

Endeudamiento externo que tiene la aprobación de
la Unidad Técnica y de endeudamiento de la
Procuraduría General del Estado, de la Junta Monetaria y
del Ministerio de Finanzas y Crédito Público. El
contrato de compraventa se firmó en la Notaria 14 del
Cantón Quito, en él se estipula el pago de un
anticipo de 12 millones de dólares pagaderos a Promotora
de Intercambio a través del Banco de Colombia, siempre y
cuando la comercializadora colombiana haya presentado un
certificado de cumplimiento otorgado por el Ministerio de
Educación de Ecuador.

En el mismo contrato se estableció que el Ecuador
debía depositar en el Departamento Internacional del Banco
de Colombia un juego de ocho pagarés (uno de 12 millones y
los siete restantes por cuatro millones de dólares)
"como garantía del crédito entregado por el
proveedor a la República del Ecuado
r". Sandra Correa
se comprometió en el contrato a que el Banco Central de
Ecuador avale estos pagarés, que serían endosables
y negociables en cualquier bolsa de
valores.

Un experto en contratación pública
calificó esta garantía como "una
barbarida
d". En el mercado
financiero todo el mundo sabe, dijo, que un pagaré
con un aval de un Banco Central de cualquier país puede
ser negociado inmediatamente. El Ecuador habría con ello
entregado por anticipado papeles negociables por 40 millones de
dólares. Entre el contrato de compraventa firmado por
Sandra Correa y el convenio de crédito, firmado por Pablo
Concha hay una contradicción de seis millones de
dólares (22.800 millones de sucres).

En el primero se establece en escritura
pública que el anticipo de pago que se entrega a Promotora
de Intercambio es de 12 millones de dólares, mientras que
en el Convenio se establece que será de 6 millones. En el
contrato de compraventa firmado por Sandra Correa, Promotora de
Intercambio debía, por ley, nombrar un representante legal
en Ecuador que se hiciera cargo de los compromisos de la firma en
el país y fijar domicilio, en el contrato consta
cumpliendo estas funciones, el
señor Pablo Molina Cordobés.

El Informe de la Comisión de Fiscalización
del Congreso establece una cadena de violaciones legales a lo
largo de todo el proceso de la contratación y la
participación de una red de funcionarios involucrados,
desde el Presidente de la República, hasta la Ministra de
Educación. Del estudio comparativo de precios
realizado por la Comisión "se desprende una
presunción de sobreprecio de 30.000 millones de sucres".
El caso pasó a manos de la justicia que llegó a
establecer responsabilidades penales de la ex-ministra de
Educación y a disponer la prisión de la misma. Sin
embargo, en una repetición de las historias conocidas de
impunidad,
ésta fugó del país.

———————————————

* La información está tomada del Informe
de la Comisión de Fiscalización presentada por la
Subcomisión sobre el caso "Mochila escolar gratuita",
presidida por el Diputado Oswaldo Riofrío; y del reportaje
de Juan Carlos Calderón.

En VISTAZO, "El atraco de las mochilas", marzo 20
de 1997.

Revista VISTAZO, 8 de mayo de 1997, p 11.

41 BLANCO Y NEGRO, domingo 9 de marzo de
1997.

42 Revista VISTAZO, Op. cit.

43 BLANCO Y NEGRO, Op. cit.

44 BLANCO Y NEGRO, Op. cit.

4.6.20 LA IMPUNIDAD A PESAR DE LAS
DENUNCIAS Y PRUEBAS

A pesar de las denuncias y las pruebas presentadas, la
Justicia no ha llegado a la conclusión de ningún
caso del período de Bucaram. Pasado el calor de la
presión ciudadana generada sobre todo en las jornadas de
febrero de 1997, los viejos fantasmas de
la impunidad siguen presentes en nuestro país.

 

4.7 PERIODO DE FABIÁN
ALARCÓN (1997-1998): INTERINAZGO POLÍTICO,
CONTINUIDAD DE LA CORRUPCIÓN

El Presidente de la Comisión Cívica
Anticorrupción, Jorge Vivanco, declaró el mes de
febrero que "el Gobierno de Fabián Alarcón
resultó más corrupto que el del propio Bucaram" y
censuró que, a pesar de ello, "no se ha castigado los
hechos de corrupción". 46

"En el (período) de Alarcón aumentaron los
casos, lo que pasa es que la corrupción adquirió
otro talante. La corrupción en el gobierno de
Alarcón fue tanta o más profunda que la de Bucaram.
Se han cometido cosas tremendas: de los 15 informes que hemos
presentado 13 son del gobierno de Alarcón: la danza de las
llamadas asignaciones extrapresupuestarias es un
ejemplo.

Pero, la denuncia se estancó en el Congreso y
hasta hoy nada pasa". Cuando el periodista le pregunta,
¿Usted conoce los motivos para que ello haya ocurrido y
que hasta ahora no haya sanciones?, el Presidente de la
Comisión responde: "Se dice que la Comisión de
Fiscalización del Congreso está penetrada por
alarconistas…

Hay un cuello de botella en otros organismos en el
sentido de que no todos los casos presentados tienen los
seguimientos necesarios como para esperar que los involucrados
sean sancionados… Pero el cuello de botella principal
está en las leyes: todo o
casi todo el ordenamiento jurídico del país es
permisivo, elástico, estimula y protege la
corrupción dentro de su propia
aplicación."

Esta percepción de la continuidad de la
corrupción en el Gobierno interino se repite
también en el sondeo de opinión realizado por
nuestra institución. En primer lugar, se va creando una
situación de impunidad respecto a las responsabilidades
del Gobierno de Bucaram.

El Presidente Interino fue un aliado de Bucaram hasta la
víspera de su caída. Los casos de corrupción
se suceden: el caso del "piponazgo" cuando ejercía la
Presidencia del Congreso es presentado por la actual diputada
Cecilia Calderón y llega a la Corte Suprema de
Justicia.

El caso de la "ropa usada" muestra como se utiliza a
fundaciones sin fines de lucro para desviar fondos de ayuda
internacional a los damnificados por el fenómeno de El
Niño, a favor de una red vinculada al Palacio de Gobierno.
Y por su pacto, los gastos reservados manejados por el Ministro
de Gobierno, César Verduga. 47

Los focos de la corrupción siguen en torno al
área energética: la renovación de contratos
de exportación del crudo se habría
realizado bajo condiciones de violación de las leyes y de
perjuicio para el Estado. En
la fase final se repite la historia de contratos para
arrendamiento de energía a través de barcazas, con
un costo de 10 centavos de dólar por kwh, repitiendo la
historia de ECUAPOWER. Hasta la actualidad, las barcazas no
entran en funcionamiento.

——————————————

46 Diarios HOY y El Comercio, 3 de
febrero de 1999.

 

4.7.1 CASO DEL "PIPONAZGO" 2.098
CONTRATADOS ILEGALES QUE NO CUMPLIERON SUS FUNCIONES EN EL
CONGRESO.

El caso conocido como "piponazgo" fue denunciado ante la
Corte Suprema de Justicia por Cecilia Calderón de Castro
(ex coidearia de Alarcón) y su denuncia abarca los
períodos agosto de 1994-95, cuando era titular del
Congreso Heinz Moeller y agosto de 1995-febrero de 1997, cuando
era Presidente del Congreso Fabián
Alarcón.

Un exceso de 2.089 empleados fue contratado en el
Congreso, al amparo de
disposiciones legales abusivas y contrarias a la ética, a
la moral y a
la honradez, fue la conclusión a la que arribó la
Comisión Anticorrupción, luego de investigar las
denuncias presentadas por Cecilia Calderón de Castro,
sobre el "piponazgo" en el Congreso. La contratación de
esos 2.089 nuevos funcionarios significó erogaciones
superiores a los 32.000 millones de sucres. 48

La Comisión analizó el período
legislativo comprendido entre el 10 de agosto de 1995 y el 28 de
febrero de 1998, que estuvo presidido por el ex-presidente de la
República, Fabián Alarcón. Según la
Comisión las 2.089 personas contratadas ilegalmente no
cumplieron sus funciones, pero sí cobraron sus salarios, hecho
conocido en Ecuador como "piponazgo". Según las investigaciones
de la Comisión Anticorrupción, entre los contratos.
48

Las informaciones están tomadas del Informe de la
Comisión Anticorrupción, 9 abril 1998

Ilegales figuran cantantes, futbolistas, estibadores,
obreros, analfabetos y varios parientes de los diputados.
49

Los Comisionados aseguran que, durante la
investigación, no encontraron ninguna evidencia de los
resultados del trabajo de esos funcionarios ni de los productos
obtenidos de su gestión. No existe ninguna constancia del
proceso de selección
del personal idóneo, que verifique el cumplimiento de
mínimos requisitos académicos y que de cuenta de la
experiencia de los nuevos empleados para desarrollar la
función asignada. Estas contrataciones estuvieron
amparadas por una reglamentación especial, creada en el
mismo período que, en lugar de disminuir el número
de contratados, dio el espacio para la aplicación de
criterios personales para las contrataciones. "Se crearon
unidades administrativas y funciones para el personal contratado,
temporales e innecesarios, sin que se puedan demostrar los
resultados y productos obtenidos con su trabajo o gestión"
50

La Comisión Anticorrupción considera
incomprensible que los investigadores de la Contraloría
hayan excluido información importante del borrador del
informe definitivo sobre piponazgo. Más aún,
advierte que los funcionarios de la Contraloría que
intervinieron en su revisión pudieron haber intentado
encubrir esta información. El informe final de la
Contraloría exime de toda responsabilidad al Presidente Fabián
Alarcón.

El problema quedaría reducido a un mero desliz
administrativo. Con ello se diluirían pruebas presentadas
por la economista Cecilia Calderón, que muestran como
entre los contratados consta una larga lista de dirigentes
nacionales y provinciales del Frente Radical Alfarista. Ante esta
situación, la Comisión Anticorrupción
decidió remitir las pruebas al Presidente de la Corte
Suprema de Justicia, para que las considere e incorpore al
proceso sobre este caso. Además, solicita al presidente
del Congreso Nacional, la reconsideración del Reglamento
para la contratación de personal legislativo, que lesiona
los intereses económicos del país.

Esta situación abrió un fuerte
enfrentamiento entre el Presidente de la República y la
Comisión Anticorrupción. "La Comisión
Anticorrupción enfrentó serios inconvenientes con
el Ejecutivo por haber investigado y tramitado la denuncia de la
economista Cecilia Calderón relacionada con exceso de
personal y asesores en el Congreso Nacional, durante la
última Presidencia del doctor Fabián Alarcón
Rivera, hasta el punto que se cuestionó la legalidad de
este organismo que se debe al pueblo ecuatoriano y no a los
gobiernos de turno" 52

La Comisión insistió el 16 de abril de
1998 53, en que se contrataron 2.089 personas en exceso. El
mandatario, por su parte, aseguró que actuó de
acuerdo con la Ley, que no se le permitió el derecho a la
defensa y que la Comisión se arroga funciones que no le
corresponden al cuestionar un informe de la Contraloría.
Alarcón descartó la eliminación de la
Comisión Anticorrupción, conformada por el mismo
Presidente, pero advirtió que se defenderá con
todos los mecanismos legales para hacer respetar su
honor.

Dijo que acudirá a la Procuraduría General
del Estado y a todos los organismos legales competentes para que
determinen si las acciones de la
Comisión están dentro del marco legal y
constitucional, de lo contrario se abriría la posibilidad
de eliminarla. Advirtió que iniciará acciones
penales para determinar bajo qué mecanismos se obtuvo el
informe borrador de la Contraloría que sirvió de
base para la elaboración del informe de la Comisión
que posteriormente fue enviado a la Corte Suprema de
Justicia.

Los comisionados, de su parte, lamentaron que el
Ejecutivo los amenace cuando ellos investigan actos y conductas
que pudieran afectar a personeros de este régimen.
Aseguraron que no existen las condiciones adecuadas para
continuar su lucha contra la corrupción, por las amenazas
del Ejecutivo, la falta de colaboración de la
Contraloría y la actitud de
minimizarlos que tiene el Ministro de Gobierno, Edgar
Rivadeneyra. Lamentaron que el informe de la Comisión no
coincida con el de la Contraloría.

Según la Comisión existe una serie de
disposiciones legales que se prestan para cometer actos de
corrupción y por ello exigen reformas urgentes. "Es
incomprensible que el Primer Mandatario se ampare en la
permisividad de las leyes para justificar, también
moralmente, diversas actuaciones y cuestionar el informe de la
Comisión" Reconocen que la figura del "piponazgo", no
existe en la Ley, pero advierten que "contratar, a sabiendas,
personal que reside y trabaja en otros lares del país a
petición de parientes, amigos y coidearios de los
legisladores, amerita una investigación profunda por la
sanidad moral del
país y sus instituciones". Dijeron que el informe entregado a
la Corte Suprema de Justicia no será modificado, pues se
hizo sobre la base de documentos públicos. Además,
advirtieron que no tienen ninguna influencia ante la Corte
Suprema de Justicia, pero que sí pueden vigilar la marcha
del proceso penal.

El informe de la Comisión contradice del
definitivo, presentado por el contralor Benjamín
Terán el 18 de diciembre de 1997. Ante esta
situación, el Presidente de la Corte Suprema pidió
un nuevo informe juramentado al Contralor. Este lo entregó
el 11 de mayo. En el documento están incorporadas todas
las pruebas de descargo que presentaron los funcionarios del
Congreso, involucrados en el borrador del examen de la
Contraloría, que luego no aparecieron en el informe final.
El informe del Contralor le resta validez jurídica a la
investigación realizada en este caso por la
Comisión Anticorrupción. En el informe definitivo
de la Contraloría, se suprimieron aspectos de
consideración como los nombres de asesores parlamentarios
vinculados con el Frente Radical Alfarista (FRA), partido de
Alarcón. 54

El nuevo Presidente de la Comisión
Anticorrupción, designada por el Presidente Jamil Mahuad,
el periodista Jorge Vivanco, vuelve a ratificar el caso: "se
establece inclusive con números, cantidades y sobre todo
sistemas.

En ese tiempo cada diputado tenía derecho a ocho
empleados que casi nadie respetaba o no respetaban los diputados
de mayor influencia. Santiago Bucaram llegó a tener
ochenta empleados. Entonces con ese sistema aquellos que llegaron
se quedaron. Luego viene otro diputado trae a los suyos que
también quedan. Esto aumenta en proporción
geométrica la planta burocrática con un gasto
inconmensurable.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia
ordenó la detención preventiva del ex-Presidente
Interino Fabián Alarcón, el 16 de marzo. Se
cumplió la orden a las 16:30 horas. "La providencia fue
emitida después de agregar… un escrito de la Fiscal
Mariana Yépez, el informe del Diputado René
Yandún Pozo, las declaraciones en Panamá de Eduardo
Sierra,… y sobre todo, los peritajes realizados por Carlos
Delgado y Leonidas Molina a los cheques
girados en el Congreso Nacional en los años en que
Fabián Alarcón fungió de presidente de este
organismo" 55

El juicio se encuentra en la etapa sumarial. El
ex-presidente ha argumentado que no hay pruebas en su contra,
pues el informe de la Contraloría le exime de
responsabilidades. La orden de prisión no tiene
posibilidades de fianza, pues de acuerdo a la nueva Constitución se elimina esta
disposición legal para los delitos de
peculado, como fue calificado este caso en la instalación
del proceso por el presidente de la Corte Suprema de ese tiempo,
Carlos Solórzano Constantino.

———————————————————–

La Contraloría fijó el reintegro de los
865 51 millones de sucres que estableció como pagados de
más en el caso denominado "piponazgo en el Congreso". El
17 de diciembre se exhibió el informe final, en el que se
fijó 46 casos de incumplimiento de las estipulaciones
contractuales y nueve de ejercicio de doble cargo público.
En el borrador inicial se establecía un mayor
número de involucrados, cerca de 700. No obstante, en
aplicación del artículo 296 de la Ley
Orgánica de Administración Financiera y Control
-LOAFYC-, tenían el derecho de presentar pruebas de
descargo. En cinco días, llegaron decenas de
justificativos.

47 Este caso es analizado in extenso en el
capítulo siguiente.

49 Diario HOY, 14 abril 1998.

50 COMISION ANTICORRUPCION, Informe de Actividades II,
período agosto 1 de 1997 a julio 31 de 1998, pp.
55-59.

51 Diario EL COMERCIO, 7 de enero de 1998.

 

4.7.2 LAS CIRCUNSTANCIAS: SIN CONTROL
INTERNO, NI AUDITORIA

La Comisión de Tránsito del Guayas
atraviesa una crisis
general. La corrupción afecta a los diversos niveles de la
Institución. Por ello se ha deteriorado de modo cada vez
más notorio, la credibilidad por parte de la
ciudadanía. El personal civil y uniformado se encuentra
desmoralizado. De acuerdo a la documentación y a los
testimonios, este problema no es nuevo, viene desde hace mucho
tiempo atrás. Durante el gobierno de Bucaram y antes de
él. Sin embargo, la crisis se agudiza y estalla durante el
gobierno actual. La corrupción progresivamente se fue
generalizando. Las formas principales son:

• Nombramientos bajo control
político.

• Prefabricación de facturas, para
justificar sobreprecios en las adquisiciones.

• Contratos con empresas
fantasmas.

• Contratación de talleres automotrices, a
pesar de que la CTG cuenta con sus propios talleres. Sobreprecios
de alrededor del 30%, de acuerdo a los análisis de la nueva Dirección
Administrativa, en los contratos con talleres
automotrices.

• Entrega de patrulleros, vehículos y de
bienes de la CTG para otros usos.

• Cobro de coimas. Caso de la Garita 3.

Negociación de licencias y
premisos.

Uno de los factores que favorece la corrupción es
la carencia de controles internos. La CTG no cuenta con un
sistema de auditoría; y al mismo tiempo la
acción de la Contraloría General del Estado no ha
sido efectiva. Otro factor es la baja remuneración del
Cuerpo de Vigilantes y la falta de cumplimiento en obligaciones
laborales como el Fondo de cesantía, lo que genera un
clima de
insatisfacción en el personal.

La crisis se generaliza en una institución cuando
viene desde arriba. Los diversos casos de corrupción
analizados muestran que había una participación que
venía desde la cabeza. Las máximas autoridades, el
Presidente, el Director Ejecutivo, el Comandante del Cuerpo de
Vigilantes, Jefe de Tránsito, que debieran haber sido las
primeras en vigilar el funcionamiento de la institución,
en muchos casos impulsaron los hechos de corrupción. Una
de las causas que lleva a esta crisis general es la
partidarización de los nombramientos y de la
gestión de la CTG.

—————————————

52 COMISION ANTICORRUPCION, Op. cit.

53 Diario EL UNIVERSO, 16
abril 1998.

54 Diario el UNIVERSO, 12 de
mayo de 1998.

55 Diario HOY, Quito, 18 de marzo de 1999, p 6
A.

 

4.7.3 EL PROBLEMA QUE AMERITA UNA
INTERVENCIÓN

• El Dr. Franklin Verduga Vélez, posesiona y
toma la promesa de ley al Presidente Alterno de la CTG. El H.
Verduga acepta expresamente que procedió por
delegación del Ministro de Gobierno, a través del
Subsecretario. El Subsecretario de Gobierno, Dr. Sebastián
Valdiviezo Cueva, en oficio Nº 005 de 12 de febrero, pide al
H. Franklin Verduga "solemnizar con su presencia" el acto
de posesión del Presidente Alterno de la CTG.

El ámbito dentro del cual puede operar la
delegación en este caso es de la Función Ejecutiva,
que comprende los órganos y personas jurídicas que
señala el Art. 2 del Estatuto. El inciso final de este
artículo dice expresamente: La organización, funcionamiento y
procedimientos de las otras administraciones públicas: de
las funciones Legislativa, Judicial y Electoral; y, en general de
aquellas entidades y órganos que no comprende la
Función Ejecutiva se regulan por sus leyes y reglamentos
especiale
s. En el caso que nos ocupa no pudo haberse dado
delegación de un funcionario a un dignatario que no es su
subordinado jerárquico. Sin embargo, el oficio del
Subsecretario Valdiviezo no habla de delegación. Quien
asume haber obrado por delegación es el H. Verduga. Si
Valdiviezo le pidió "solemnizar con su presencia" y
Verduga juramentó, y posesionó, hay un
quebrantamiento legal y constitucional.

El Ministro de Gobierno no ha sido delegado por el
Presidente de la República para nombrar Gobernadores, en
consecuencia no puede delegar a su vez al Subsecretario, pues la
designación del delegado del Gobernador que actúa
como Presidente Alterno de la Comisión de Tránsito
del Guayas corresponde, en consecuencia, a ese funcionario. A
falta del Gobernador, esa designación puede hacerla la
autoridad nominadora del mismo, en aplicación, entre
otros, del principio de la avocación consagrado en
el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de
la Función Ejecutiva (Decreto 1634, R.O. 411, Segundo
Suplemento, de 31 de marzo de 1994) en cuyo glosario se lee:
"AVOCACION: Acto por el cual el órgano superior puede
ejercer una competencia atribuida al Inferior". La facultad de
nombrar a los Gobernadores es privativa del Presidente de la
República.

• En la sesión extraordinaria de la CTG de
13 de febrero, la misma fecha de posesión del nuevo
Presidente Alterno, ocurre algunos hechos irregulares con la
presencia e intervención del H. Verduga Vélez,
quien, al inicio de la sesión habla de "obviar
formalidades". Llama la atención que en el transcurso de una hora
se designan 10 funcionarios provenientes de sendas ternas. Los 10
designados están providencialmente presentes y se
posesionan. En la actuación del H. Verduga en dicha
sesión, hay un abuso del poder político.

• Los miembros del cuerpo colegiado denominado
Directorio de la CTG, que intervienen en la sesión
extraordinaria del 13 de febrero de 1997, aceptan la
participación del Ab. Wilson Morán, como
representante del Ministerio de Obras Públicas, en
violación del Art. 30 de la Ley de Tránsito lit.
d), y realizan nombramientos nulos mocionados por dicho abogado
Morán, que luego son ratificados en sesión del 27
del mismo mes, sin la participación del indicado Ab.
Morán.

• Se han producido exacciones en la Garita 03,
ilícitos en los que según las investigaciones
realizadas y las declaraciones de los deponentes se desprenden
evidencias de
responsabilidad de funcionarios así como presunciones de
participación de personal de oficiales, subalternos y
tropa, así como también del Diputado Franklin
Verduga como probable beneficiario.

Sobre este asunto entre los documentos de descargo
presentados por el H. Franklin Verduga, en expediente constan
declaraciones juramentadas, realizadas con fecha 27 de junio de
1997, por el Señor Nilo Frías Borja, ante el
Notario 1º del Cantón Guayaquil, Gonzalo Alfonso Vela
Polanco, ante el Notario 12º del Cantón Guayaquil, en
fecha 1 de julio de 1997; Guillermo Erasmo Araujo, ante el
Notario 12º del Cantón Guayaquil, en fecha 3 de julio
de 1997, así mismo reconocimiento de firma y
rúbrica en documento suscrito por el Cabo Héctor
Solís, ante Notario 12º, con fecha 27 de junio de
1997, en las que desvirtúan sus declaraciones rendidas
ente la Dirección de Asuntos Internos de la CTG e
Inteligencia Militar. Esta documentación debe remitirse a
la Corte Suprema de Justicia para que en la investigación
judicial se determine la infracción y los responsables.
• Se han utilizado bienes y equipos de propiedad de
la Institución en beneficio de particulares.

La responsabilidad de las autoridades de la CTG,
Presidente, Director Ejecutivo y correspondientes Directores
departamentales, quienes han autorizado el uso de patrulleros
para servicio de miembros del Directorio, Directores
departamentales y personas particulares, así como
también el Comandante del Cuerpo de Vigilantes quien ha
ordenado la asignación de personal de vigilantes al
servicio y a las ordenes de funcionarios o particulares,
así como en el caso del Dr. Franklin Verduga V., hay
constancia de uso de vehículos, equipos de radio y personal
a sus órdenes.

Así mismo, en la documentación presentada
consta un documento de la Dirección General de Seguridad
Pública de Nº 97-384-DGSP, de fecha febrero 14 de
1997, que solicita el servicio de protección personal al
Diputado; una certificación relativa a que no se le ha
proporcionado equipos de comunicación mediante el oficio Nº
125-TRANS-CTG, de fecha junio 26 de 1997. Debe ser la
Contraloría General del Estado, en estricto ejercicio de
sus atribuciones y competencia la que establezca las
responsabilidades administrativas que correspondan.

• Se han contratado bienes y servicios con
la violación de la Ley de Contratación
Pública, con sobreprecios, con concurso de ofertas
amañados, presentando ofertas de empresas fantasmas, cuya
responsabilidad debe determinar la Contraloría General del
Estado en estricto ejercicio de sus atribuciones y competencia.
La crisis global de la institución amerita una
intervención urgente de la Contraloría para una
auditoría general y establecer los correctivos
emergentes.

 

4.7.4 RESOLUCIÓN DE
DESCALIFICACIÓN

La Comisión de Fiscalización llegó
a la siguiente resolución: Que, habiendo el Honorable
Franklin Verduga Vélez, ejercido atribuciones
correspondientes a funciones que no son de su competencia como
legislador ha violado la Constitución Política del
Estado en sus Arts. 74, numeral 3: "Todo Órgano de Poder
Público es responsable y no puede ejercer otras
atribuciones que las consignadas en ésta
Constitución y en la Ley" y 84, numeral 1: "Los miembros
del Congreso Nacional actuarán con sentido Nacional. No
podrán desempeñar ningún cargo
público…", en consecuencia RECOMIENDA al H.
Congreso Nacional en Pleno, su DESCALIFICACION. Así mismo,
resolvió remitir la documentación a la justicia
para que continúe el proceso correspondiente.

 

4.7.5 EL DESENLACE: LA ORDEN DE
DETENCION Y EL RECURSO DE APELACION

Ante la evidencias presentadas, la mayoría
parlamentaria realiza un juego hábil: horas antes de la
presentación del informe de la Comisión de
Fiscalización, el Diputado Franklin Verduga presenta la
renuncia a su carácter de diputado. La renuncia es
aceptada en base a una moción previa al conocimiento del
Informe.

Por tanto, cuando se presenta la recomendación de
la descalificación, propuesta por la Comisión, se
argumenta que Franklin Verduga ya no es diputado. Con ello, sobre
todo se busca parar los efectos posteriores a la
descalificación. El Informe de la Contraloría
General repite la historia de diluir las responsabilidades.
Reduce el problema a un "error administrativo, debido a que el
señor Gobernador de la Provincia aún no estaba en
ejercicio de sus funciones" y determina que "en cuanto a la
intervención de los señores: Diputado Dr. Franklin
Verduga Vélez y Dr. Sebastián Valdivieso Cueva,
Subsecretario de Gobierno, en el transcurso de este examen, no se
evidencian actuaciones que ameriten el establecimiento de
responsabilidad
civil o presunción de responsabilidad penal en su
contra" 57

A pesar de ello, el juicio penal sobre este caso
siguió adelante y la justicia ha establecido
responsabilidades tanto en contra del personal y directivos de la
CTG, como del ex-diputado. De su lado, la Comisión
Anticorrupción llegó a conclusiones similares a las
de la Comisión de Fiscalización del Congreso:
"Entre los actos ilegales, consta la designación del
Presidente Alterno de la Comisión de Tránsito del
Guayas (CTG), quien fue nombrado mediante Acuerdo Ministerial por
el Subsecretario de Gobierno, sin esperar el nombramiento y
posesión del Gobernador del Guayas de quien es su delegado
personal". "El presidente alterno de la CTG se posesionó
ante el entonces Diputado Franklin Verduga Vélez, en
virtud de presidir una Comisión Especial del Congreso
Nacional, supuestamente delegado por el Subsecretario de Gobierno
conforme un facsímile recibido con fecha 17 de junio de
1997, no siendo el Diputado Verduga la autoridad nominadora". "El
abuso de poder político del doctor Verduga se
manifestó también en el uso indiscriminado de los
recursos
humanos y materiales de
la Comisión de Tránsito del Guayas, hecho que para
la Comisión Anticorrupción fue plenamente
demostrado, así como con el nombramiento de su hijo como
Asesor de la Presidencia de la CTG".

Con relación al tema de la Garita # 3 del
Terminal Terrestre, las versiones coherentes y concordantes de
los vigilantes y oficiales que denunciaron e investigaron tales
actos de corrupción, así como los documentos a los
que la Comisión Anticorrupción accedió
demostraron con absoluta certeza de que tal ubicación en
el Terminal Terrestre era una fuente de corrupción y de
exacciones delictivas cuyo monto diario era de 4 millones de
sucres aproximadamente, en dos turnos.

Estos recursos estaban
destinados a varias personas". "La vinculación en este
tema del Mayor Matamoros, del Crnel. Líder
Intriago, del Director Ejecutivo, Ing. Enrique Pine, de los
capitanes Reascos y Navarro, entre otros, resultó
indiscutible".

"Según las afirmaciones que realizaron los cabos
Nilo Frías Borja, Guillermo Araujo Sáenz y el
suboficial Marcos Castro Arias, en la ilícita consigna que
se daba para el personal asignado a la garita 3 se encontraba
incluido un señor diputado. El cabo Frías y
Guillermo Araujo afirmaron en sus declaraciones que el "abogado
Verduga" estaba comprometido". 58

La orden de detención emitida por la Corte
Suprema no fue ejecutada, pues al momento hay un recurso de
apelación del ex-diputado Franklin Verduga.

———————————–

57 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Informe
COMISIÓN DE TRANSITO DEL GUAYAS. Examen Parcial.
Nombramiento y

Posesión del Presidente de la Comisión de
Tránsito de la Provincia de Guayas. Período agosto
11/96 a junio 16/97. Dirección Regional I.

58 COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN, Informe de
Actividades II, Op. cit.

59 Nos basamos en el Informe de la Comisión
Anticorrupción y en el Reportaje de BLANCO Y NEGRO,
Mafia en donativos, Domingo, 11

De enero de 1999.

 

4.7.6 CASO "ROPA USADA": DESVÍO
DE DONACIONES POR EL FENÓMENO DE EL NIÑO

El Fenómeno de El Niño afectó al
país a partir de mediados del 97. Las pérdidas
finales fueron calculadas por los organismos internacionales en
torno a los 2 mil millones de dólares. Por ello, se hizo
presente la ayuda internacional, tanto bajo la forma de
préstamos, como de donaciones de los gobiernos y de
entidades humanitarias. 59

Para enfrentar este problema el gobierno decretó
el estado de emergencia y creó un organismo especial, la
Unidad Coordinadora para la Prevención del Fenómeno
de El Niño (COPEFEN), dependiente de la Presidencia de la
República. Allí empezaron los problemas,
pues se actuó al margen de las disposiciones legales, que
encomiendan a la Defensa Civil
la atención de las situaciones de desastres.

Se va formando una red que gira en torno a la figura de
Eduardo Sierra Casals, director de la Fundación
Recuperemos Guayaquil y ex-coordinador de donaciones de la
COPEFEN. En esta participan diversas fundaciones, que
actúan como intermediarias de las donaciones. Aunque
posteriormente todos, incluido el Presidente Alarcón,
negaron que habían conocido al señor Sierra,
éste fue nombrado "coordinador ‘Ad honorem’ de
donativos", según declaraciones de Luis Carrera de la
Torre, coordinador de COPEFEN; aunque añade que
después fue cancelado. Sierra, en papel membreteado de la
Presidencia de la República se dirigió a diversas
empresas contratistas del Estado, para que donen 40 mil
dólares que supuestamente debían ser utilizados
para comprar ropa usada en Miami.

"Un informe parcial de todas las donaciones del
exterior, tramitadas por varias fundaciones en el período
julio 1997 al 23 de enero de 1998, permitió establecer
… que se realizaron 35 importaciones, aunque en las
Autoridades Portuarias de Guayaquil y Manta sólo se
registraron 20; mientras en la Administración de Aduanas
(se registraron) 30. Se determinó que cinco contenedores
no disponían de ninguna documentación sobre su
origen, tipo de mercadería, precio y
valor, determinándose que sus destinatarios fueron: cuatro
para la Fundación Recuperemos Guayaquil y el sobrante para
la Fundación Nacional Islas Galápagos" La
Comisión determinó que los DUIs (Documentos
Únicos de Importación) de cuatro contenedores para
la Fundación Recuperemos Guayaquil no disponían del
Acuerdo de Liberación del Derecho Arancelario, a pesar de
que la base imponible supera los 63 millones de sucres. "Del
total de 35 contenedores importados al país por diversas
fundaciones, a partir del 1º de julio de 1997 hasta el 23 de
enero de 1998, 20 importaciones, con 22 contenedores en total,
habrían ingresado en forma irregular, por no sujetarse a
la Ley Orgánica de Aduanas y su
Reglamento…

La mercancía evadió impuestos
arancelarios de alrededor de100 millones de sucres por cada
contenedor, dependiendo del tipo de mercancía" Aún
más, las autoridades de Defensa Civil, la
Gobernación del Guayas y la COPEFEN informaron que
jamás recibieron ninguna donación supuestamente
importada en los 22 contenedores. "La Comisión
advirtió que el nivel de fraude por parte
de quienes desviaron las donaciones llegadas bajo el
justificativo de ayuda a los damnificados de El Niño,
habría sido gigantesco"

La apertura de un solo contenedor llegado a nombre de la
Fundación Recuperemos Guayaquil, permitió
establecer que se trataba de 540 bultos, cada uno de los cuales
contiene 500 prendas de vestir, lo que representaría
alrededor de 162 millones de sucres por contenedor. Igualmente a
nombre de la Fundación Para el Desarrollo
Integral y Turístico del Cantón Eloy Alfaro,
ingresaron 450 bultos de ropa usada, con un costo de 135 millones
de sucres. Además estarían involucrados personeros
de otras fundaciones: Fundación Ecológica Bosques
de Daucay, La Dolorosa, Fundación Nacional Islas
Galápagos, Ríos de Aguas Vivas.

El modo de actuación era el siguiente: La empresa
Cedars Enterprise se encarga de recoger y exportar la ropa usada
desde Miami. Para poder introducir los contenedores se utiliza la
calificación de donaciones en favor de fundaciones,
particularmente de la Fundación "Recuperemos a Guayaquil",
organizada por Eduardo Sierra. En algunos casos, como en el de la
Fundación Bosques del Daucay, parecería que se
tomaron el nombre. Los trámites se realizan en el
Consulado de Miami, que no está obligado a comprobar el
contenido de los contenedores; aunque tampoco se comprobó
la calidad de las fundaciones. Con este permiso la
mercancía llega al Ecuador. Para la desaduanización
los funcionarios se protegen en una instrucción escrita de
Danilo Baquero, Subsecretario de Finanzas.

Algunos agentes afianzados, como Milton Villavicencio,
serían los encargados de acelerar los trámites. La
ropa luego es vendida en el país, a pesar de que existen
prohibiciones legales. Por disposición del Juez Fiscal de
Aduanas de Guayaquil se ha iniciado el proceso legal
correspondiente. En este caso se repite la historia del
encubrimiento. Al final ningún funcionario conocía
a Sierra. A pesar de ello, las sombras de la duda llegaron hasta
las oficinas del propio Presidente de la
República.

 

4.8 EL GOBIERNO DE JAMIL MAHUAD: LA
CORRUPCION AUMENTARA

En el sondeo de opinión realizado en marzo de
1999, por nuestra institución, la percepción sobre
que pasará en el Gobierno de Mahuad muestra más
bien desconfianza: El 34,5% opina que la corrupción
aumentará y el 26,5% que seguirá igual; es decir el
61% señala que la corrupción no se
resolverá. La primera preocupación giró en
torno a la impunidad de los gobiernos anteriores. No hay castigo
a los responsables de los diferentes casos
denunciados.

El Presidente de la Comisión Cívica
Anticorrupción criticó en términos duros,
como una "conducta antiética" la utilización de 11
mil millones de sucres en cinco meses de gestión para
propaganda del
Gobierno, cuando el país se debate en una
profunda crisis fiscal. Los "gastos reservados" habrían
sido ahora sustituidos por los gastos de publicidad. Sin
embargo, posteriormente la Comisión señaló
que no habría responsabilidades legales del Presidente en
este tema.

Ante los organismos de control, se han presentado
denuncias sobre algunos casos en materia
petrolera, particularmente en el cambio de modalidades de
contratación con las empresas extranjeras y la entrega de
campos compartidos, como en el caso de las negociaciones con
OCCIDENTAL sobre el Bloque 15 y los campos Limoncocha y
Edén Yuturi, en donde habría indicios de perjuicio
al Estado. 60

Sin embargo, las preocupaciones mayores están en
el manejo del sector financiero, sobre todo en el salvataje del
Banco de Préstamos, del Filanbanco y del Banco del
Progreso. Santiago Jervis, editorialista del Diario El Comercio,
llega a afirmar que "manejos bancarios fraudulentos como los
registrados recientemente en el Continental y al de
Préstamos y ahora en el Filanbanco, bastarían para
enviar a sus gerentes a la cárcel en los Estados
Unidos…

La causa (de los problemas de Filanbanco) está en
el uso indebido de los dineros del público en malos
negocios particulares del propietario, vía
préstamos vinculantes" a los propios dueños del
banco y a sus empresas allegadas.

El Gobierno entregó 740 millones de
dólares en sucesivos préstamos al Filanbanco,
precipitando la inestabilidad económica del país.
El centro de la actual crisis económica es la crisis del
sistema
financiero. Las presiones de los poderosos grupos
financieros han creado un sistema de salvataje de los bancos
quebrados, a través de la Agencia de Garantía de
Depósito -AGD- que traslada los costos al Estado y a la
sociedad. Para salvar a los bancos quebrados, el régimen,
en alianza con el Partido Social Cristiano desarrolla una serie
de medidas: préstamos del Banco Central, leyes con
dedicatoria. -60

Estos casos los estudiamos en el capítulo
siguiente.

El clímax llega el 8 de marzo, cuando el gobierno
ordena un feriado bancario que es ampliado el 11 de marzo; y
posteriormente dispone la incautación de los
depósitos en sucres y dólares de los
cuentahorristas, cuentacorrentistas y depósitos a plazos,
a fin de salvar a la banca y reducir
las presiones especulativas sobre la divisa.

Se estima en 3 mil millones de dólares el monto
incautado. El tema de la ética y la corrupción ya
no se queda en el análisis de casos. Se proyecta hacia las
preguntas sobre la relación entre ética y economía,
ética y política: "cuando no se puede confiar en la
garantía estatal, porque un determinado grupo ha
ocupado las posiciones del Estado a favor de sus intereses
particulares, lo que ocurre no es sólo una
corrupción gubernamental, sino corrupción del
mercado mismo. Entonces las relaciones mercantiles pierden su
carácter abstracto para hacerse concretas por la
vinculación a los que detentan el poder" 61

Un asunto que hay que reflexionar es el control oficial
que busca el Ejecutivo de la lucha contra la corrupción;
lo que afecta a la autonomía y la eficacia de los
organismos de control. El peligro es que la lucha contra la
corrupción se vuelva un instrumento de promoción de la imagen del
gobierno. El rechazo ciudadano al régimen ha llegado a
niveles altos: el índice de aceptación al
presidente está en el 14%, según MARKET. La
ligazón a los intereses de "un grupo" poderoso, afecta la
legitimidad del régimen y pone en peligro la estabilidad
de la democracia.

 

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