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Ética y corrupción en la administración de justicia (página 16)




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4.9 PERU: GOBIERNO DE
BELAÚNDE AP.

LOS ACTORES
POLÍTICOS E INSTITUCIONALES

EL GOBIERNO DE
ACCIÓN POPULAR

En las elecciones de 1980, que significaron la
restitución del sistema
democrático tras dos décadas de gobierno militar,
fue elegido Presidente de la República el arquitecto
Fernando Belaúnde Terry. Con el gobierno de Acción
Popular, regresaban los partidos
políticos al poder. El
nuevo gobierno debía poner en vigencia y aplicar la
Constitución de 1979, que el país se
había dado como paso previo a la restauración de la
institucionalidad democrática.

La expectativa nacional era que la recuperada democracia
condujera a la edificación de un país más
inclusivo y desarrollado. Tal era la meta prevista
en la nueva Constitución. Quedaba, entonces, en manos del
gobierno democrático, y de un Parlamento donde por primera
vez estaban representados todos los partidos, incluidos los de la
izquierda marxista incorporados a la legalidad, la
responsabilidad de ejecutar la transición
democrática en ese momento. El proyecto
planteado en la Constitución quedó, sin embargo,
rápidamente interferido y neutralizado por el inicio de la
violencia que
Sendero Luminoso desencadenó contra el Estado y la
sociedad
peruanos, sin que el gobierno ni los partidos políticos
atinaran a elaborar una respuesta rápida que cortara de
raíz la subversión armada.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación
ha registrado 7795 muertes y desapariciones ocurridas durante el
gobierno constitucional del arquitecto Fernando Belaúnde
Terry como resultado de ese proceso de
violencia iniciado por el Partido Comunista del Perú
– Sendero Luminoso. Esa cifra representa el 35% del total
de víctimas reportadas a la Comisión respecto de
todo el proceso de violencia. La Comisión ha encontrado,
asimismo, que de las 7795 víctimas reportadas para el
período 1980-1985, el 48% fueron responsabilidad de la
citada organización subversiva, mientras que el
45% son atribuibles a las acciones de
las fuerzas de seguridad del
Estado.1

Al concluir el periodo gubernamental del arquitecto
Belaúnde Terry, numerosas provincias se encontraban en
estado de emergencia 32 provincias, con las consiguientes
restricciones a las garantías de los derechos elementales de la
población. En ese lapso, la totalidad del
territorio nacional estuvo en estado de emergencia en seis
ocasiones. 1

Las cifras aquí señaladas se refieren a la
información reportada a la CVR. Una
percepción más completa de las
violaciones de derechos humanos
ocurridos en este y otros periodos debe tener en cuenta las
proyecciones de dichas cifras expuestas en el presente informe y en sus
anexos estadísticos.

El departamento de Ayacucho, donde el PCP-SL
inició la lucha armada en mayo de 1980, estuvo en estado
de emergencia de manera permanente, en forma parcial o total,
desde octubre de 1981. Desde enero de 1983, las fuerzas armadas
estuvieron encargadas de mantener el orden interno. Fue en ese
departamento donde, en el año 1984, se produjo la mayor
cantidad de víctimas de muerte y
desaparición registrada durante todo el proceso de
violencia, y donde la Comisión ha recibido, asimismo, la
mayor cantidad de reportes sobre otras violaciones de derechos
humanos como se expone en el presente informe.2

La Comisión ha comprobado que la violación
de derechos humanos fue masiva entre los años 1983 y 1985
y que la principal afectada fue la población rural de los
andes centrales. Ello fue resultado del incremento permanente de
acciones armadas de carácter terrorista por parte del PCP-SL
así como de la respuesta de las fuerzas armadas, en las
que el gobierno constitucional delegó amplias facultades
para la lucha contrasubversiva en diciembre de 1982.

En el presente capítulo, la Comisión
presenta los factores que hicieron posible la expansión de
la
organización subversiva PCP-SL y las numerosas
violaciones de derechos humanos cometidas en el periodo de
referencia.

———————————————

61 ALEMAN, José Luis, S.J., Problemática
actual de la relación entre economía y ética, en
Ética y economía, Op. cit. p 62.

 

4.9.1 EL CONTEXTO DEL INICIO DEL
CONFLICTO
ARMADO INTERNO

El arquitecto Fernando Belaúnde Terry fue elegido
por segunda vez Presidente Constitucional de la República
el 18 de mayo de 1980. Belaúnde Terry fue candidato del
Partido Acción Popular, el que obtuvo mayoría
simple en la Cámara de Senadores, con 26 representantes, y
mayoría absoluta, con 98 legisladores, en la Cámara
de Diputados del Congreso de la República.3

Es un dato significativo en la historia del proceso de
violencia bajo investigación que el día en que se
celebraron las elecciones con que se restablecía la
democracia en el Perú, el PCP-SL realizó
actividades de sabotaje que se consideran las primeras acciones
de su así denominada lucha armada. La
Comisión considera que para una comprensión de los
hechos en el inicio del conflicto, es relevante tomar en cuenta
los siguientes rasgos del proceso de transición política: 1. El
significativo crecimiento del Estado en los años del
gobierno de facto; 2. la debilidad de la organización
partidaria de Acción Popular; 3. la indefinición de
las áreas de competencia y
decisión de las fuerzas armadas en el nuevo régimen
democrático, 4. el clima de
agitación social prevaleciente durante la
transición política, y 5. la reticencia de las
organizaciones
políticas y sociales a respaldar y
comprometerse con la formulación de una política
contrasubversiva integral.

2 Véase sección cuarta de la Segunda Parte
de este informe: Crímenes y violaciones de derechos
humanos. 3 De acuerdo con la Constitución de 1979, el
Congreso de la República constaba de una Cámara de
Senadores, compuesta por 60 miembros, y una Cámara de
Diputados, integrada por 180 representantes. La mayoría
relativa obtenida por el partido de gobierno en la Cámara
de Senadores se hacía absoluta por la alianza establecida
con el Partido Popular Cristiano.

Durante el gobierno militar se puso en práctica
un modelo de
desarrollo
sustentado en la intervención del Estado en las distintas
áreas —financiera, productiva, distributiva,
comercial y de servicios— de la economía nacional,
con un énfasis en la redistribución del ingreso y
en políticas de participación social en las
empresas
privadas y públicas.

Como resultado de ese modelo, en 1980 el Estado peruano
era significativamente más grande que el de 1968,
año en que se interrumpió el orden constitucional,
principalmente en lo relativo a su participación en el
control de la
riqueza nacional y en las dimensiones de su aparato
burocrático.4 Debe señalarse, al mismo tiempo, que en
ese mismo lapso se produjo un proceso de reformas que
transformó ampliamente la sociedad peruana, mediante la
inclusión en el ámbito de la discusión y la
participación públicas a amplios sectores de la
población antes excluidos.

Al mismo tiempo, los partidos que conformaban el sistema
de representación política se encontraban
debilitados. Esa debilidad fue, en gran medida, una secuela del
docenio de gobierno militar. En primer lugar, a través de
restricciones de las libertades políticas y civiles,
así como por medio de deportaciones selectivas, la
dictadura
impuso una severa limitación a la vida política
partidaria en el Perú entre 1968 y 1980. En segundo lugar,
la transformación social antes mencionada ocasionó
que, al momento de restaurarse la democracia, la
organización, ideología y líneas
programáticas de los partidos políticos resultasen
necesitadas de una actualización para reflejar y responder
adecuadamente a las demandas de los nuevos sectores
sociales.

Esa actualización no se realizó con la
rapidez requerida. El partido de gobierno compartía esa
debilidad. Durante los años del régimen de facto su
actividad se vio notoriamente disminuida.5 No obstante, se debe
tener presente que Acción Popular se abstuvo de participar
en las elecciones para la Asamblea Constituyente de 1978 y
prefirió trabajar en el fortalecimiento de su
organización partidaria nacional; sin embargo, esa
opción privó a dicho partido político de
estar presente en el debate
constitucional, en el que sí participaron los otros
partidos que competirían en las elecciones generales de
1980.

Debe señalarse, también, que el nuevo
gobierno inició sus funciones sin que
se hubieran replanteado las relaciones entre el poder civil
constitucional y las fuerzas armadas de manera satisfactoria
según estándares democráticos.

La decisión del presidente Belaúnde de
mantener en sus cargos durante el primer año a los
comandantes generales de las fuerzas armadas
—Ejército, Marina y Aviación— fue
adoptada en un contexto institucional en el que: en primer lugar,
la institución militar mantenía un alto grado de
autonomía en la ejecución de sus tareas de defensa
y seguridad nacional; en segundo lugar, las fuerzas armadas
tuvieron predominio en los organismos del Sistema de Defensa
Nacional heredado del régimen de fuerza; en
tercer lugar, el gobierno civil no realizó cambios
significativos en el presupuesto
militar; en cuarto lugar, subsistían los ministerios de
Guerra, Marina
y Aeronáutica, que fueron mantenidos como tales durante
todo el periodo gubernamental.6

4 La población laboral empleada
en el sector
público pasó de 225,714 a 424,611 empleados
entre 1969 y 1978. Sobre el modelo económico de la
dictadura
militar y el crecimiento del Estado consúltese
FITZGERALD (1983: 65-93) y WISE (2003: 119-158) 5 Durante los
años del gobierno militar, Acción Popular
realizó dos congresos nacionales para elegir secretarios
generales.

Un último rasgo característico de la
coyuntura —en la que se agrupan la transición
política, el inicio de un nuevo gobierno y el comienzo de
la actividad armada del PCP-SL— es el clima de protesta
social de la época.

En 1980 se llevaron a cabo 739 huelgas que involucraron
a 481 mil trabajadores. En 1981, hubo 871 huelgas acatadas por
857 mil trabajadores. En 1982, el número de huelgas fue
809 y los trabajadores adheridos a ella fueron 572 mil. A estos
datos se
suman, para completar una adecuada comprensión del
periodo, las consecuencias del conflicto bélico con
Ecuador en
1981, las elevadas pérdidas económicas derivadas del
Fenómeno de El Niño en 1983 y, finalmente, la
crisis
internacional de la deuda externa que
afectó severamente la producción y las finanzas del
país.

 

4.9.2 PRIMERAS RESPUESTAS A LA SUBVERSIÓN

La Comisión ha encontrado que la
subversión armada de carácter terrorista iniciada
por el PCP-SL recibió del partido de gobierno,
Acción Popular, dos tipos de respuesta sucesivos en el
curso del periodo. La primera de ellas consistió en
enfrentar el problema mediante los cuerpos policiales —
Guardia Civil, Guardia Republicana y Policía de Investigaciones
del Perú— dirigidos por el Ministerio del Interior.7
En un segundo momento, se optó por dejar en manos de las
fuerzas armadas el combate a la subversión con muy escaso
grado de control por las autoridades políticas civiles. En
los dos momentos —aunque principalmente en el primero de
ellos— fueron gravitantes los serios errores de diagnóstico del fenómeno por parte
del gobierno.8

 

4.9.3 PRIMERAS ACCIONES Y DIAGNÓSTICOS

Las primeras acciones armadas del PCP-SL ocurrieron en
Ayacucho y Lima. La más conocida fue la quema de
ánforas el día de las elecciones generales del 17
de mayo de 1980 en la localidad de Chuschi, en el departamento de
Ayacucho. Esta acción es señalada por el PCP-SL
como aquella que da inicio a la lucha armada. El 13 de
junio del mismo año, militantes del Movimiento de
Obreros y Trabajadores Clasistas (MOTC), organismo de Sendero
Luminoso, lanzaron artefactos explosivos —conocidos como
bombas molotov— contra la sede municipal Distrital
de San Martín de Porres, en Lima.

El 15 de junio, otro artefacto explosivo fue detonado en
la tumba del general Juan Velasco Alvarado, primer presidente del
gobierno militar. Como resulta claro de las fechas mencionadas,
dichos atentados ocurrieron cuando todavía estaban las
fuerzas armadas en el poder, bajo la presidencia del general
Francisco Morales Bermúdez.9

6 Véase al respecto la Primera Parte,
sección segunda, capítulo 1.4 del presente informe:
Las fuerzas armadas. 7 Sobre los conflictos
entre dichos cuerpos que debió enfrentar el gobierno
entrante, véase la Primera Parte, sección segunda,
capítulo 1.2 del presente informe: Las fuerzas policiales.
8 La alternativa entre la opción policial y la
opción militar se presentó paralelamente a otra
disyuntiva más general en el gobierno de Acción
Popular. Se trata de la tensión entre dos corrientes
partidarias. Una de ellas, la liderada por el senador Javier Alva
Orlandini, procuraba incrementar la influencia del partido en el
manejo del gobierno mediante el control de prefecturas,
subprefecturas, gobernaciones y cargos burocráticos de
segundo orden, así como haciendo sentir su fuerza en el
Parlamento.

La otra corriente, encabezada por el presidente del
Consejo de Ministros y primer ministro de Economía, Manuel
Ulloa Elías, se inclinaba más a asegurar los
equilibrios macroeconómicos, favorecía un manejo
tecnocrático del gobierno y atendía
prioritariamente las pautas de los organismos económicos
multilaterales.

La Comisión considera que el primer problema para
un enfrentamiento eficaz de la subversión fue la poca
claridad en el diagnóstico del problema y en la
caracterización de la organización responsable de
los actos de terrorismo y
sabotaje. Se ha encontrado que en el gobierno existieron dos
grandes hipótesis, ninguno de las cuales se
derivaba de un examen directo de la organización
subversiva: 10

 

4.9.4 LA TESIS DEL
COMPLOT INTERNACIONAL

Algunos miembros del gobierno interpretaban la
aparición del PCP-SL como parte de la expansión del
comunismo
internacional. Esta interpretación, influida por el contexto de
Guerra Fría todavía vigente, veía el
comunismo como una extensa red mundial, muy bien
financiada y organizada, capaz de poner en práctica
estrategias
revolucionarias de alcance internacional.

Así, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier
Arias Stella, aseguró que aunque no había pruebas,
«hay evidencias
altamente sospechosas de que existe algún tipo de
intervención foránea en los actos de
sabotaje».11

El presidente Belaúnde, por su parte, afirmaba a
más de un año de iniciadas las acciones del PCP-SL,
que los atentados obedecían a un «plan dirigido,
organizado y financiado desde el exterior»; 12
posteriormente, reiteraría que «esta es una lucha
entre la democracia y el totalitarismo. Quieren desprestigiar y
anular la democracia y cuentan para ello con respaldo
internacional».13

Estas aseveraciones no fueron respaldadas por pruebas
convincentes. Incluso, según información obtenida
por la CVR, los propios miembros del gobierno reconocían
en privado lo poco fundado de sus afirmaciones.14

9 Existe un debate sobre si el gobierno de Morales
Bermúdez dejó archivos de
inteligencia
sobre el incipiente accionar de Sendero Luminoso. La
Comisión considera que ese dato no es decisivo para
comprender el proceso general, dado la escasa información
existente por entonces sobre la organización subversiva y
sus intenciones de iniciar una lucha armada.

Para mayor detalle, véase la Primera Parte,
sección segunda, capítulo 1.3 de este informe,
correspondiente a las fuerzas armadas. 10

Es relevante tener en cuenta como telón de fondo
de estas hipótesis que el arquitecto Belaúnde y su
partido enfrentaron en su primer gobierno (1963-1968) un brote
guerrillero en los andes, que fue derrotado en pocos meses por
las fuerzas armadas. Esto ocurrió en el año 1965.
En 1968 Fernando Belaúnde fue derrocado y deportado por el
golpe militar que dio lugar a la dictadura de doce años
mencionada en este capítulo.

——————————————

11 El Comercio,
15.Dic.80. Tomado de: DESCO (1989) Pg. 371. 12 El Comercio,
16.Set.1981. Tomado de: Desco (1989) Pg. 377. 13 El Comercio,
06.Set.1982. Tomado de: Desco (1989) Pg. 383. 14 «Another
widespread claim, both in official and media circles, is that
Peruvian terrorists are receiving support from foreign countries.
Cuba is most
prominently hinted at, but officials decline to be specific in
public, and in private admit that they have no convincing
evidence. In fact, Peru´s terrorists show few signs of
being particularly well-equipped». Documento desclasificado
de la CIA. Número 344. (20.Abr.82)

 

4.9.5 LA TESIS DE LA CONVERGENCIA
ENTRE MOVILIZACIÓN SOCIAL Y
SUBVERSIÓN

Otro sector del gobierno afirmaba que existía
cierta relación entre la ola de movilización
social, en las que las organizaciones de izquierda tenían
alta influencia, y los actos de violencia. A fines de la
década del setenta e inicios de los años ochenta,
se produjo, en efecto, una creciente movilización social,
no confinada a las manifestaciones de protesta de sindicatos
obreros, sino extendida también a la población
organizada de la periferia urbana.

Esta ola de manifestaciones populares era convergente
con los lineamientos de acción política de un
significativo sector de las organizaciones de izquierda que
había optado por participar en el sistema
democrático institucional y por promover la
movilización de masas como una vía a la
democracia social.15

Desde el gobierno, hubo quienes vincularon —sin
precisar la naturaleza del
vínculo— la protesta sindical con los atentados
terroristas. El ministro del Interior, José María
de la Jara, señaló que el nuevo jefe de Seguridad
del Estado, el general PIP Edgar Luque, tenía «la
misión
de deslindar si existe un nexo entre la toma de fábricas,
la violencia, la agitación laboral y el
terrorismo».16 El primer ministro Ulloa Elías
señalaba una coincidencia entre los actos
terroristas y los conflictos laborales.17 El senador Alva
Orlandini sostenía que había una campaña
contra el sistema democrático y que «a los actos de
terrorismo desatados en la sierra central se aúna la
agitación en los centros laborales y en el campo».18
Adicionalmente a las manifestaciones de las autoridades
políticas, el director superior de la Guardia Civil,
teniente general Jorge Balaguer, señaló a las
agrupaciones de izquierda como responsables de «alterar la
paz social con paros, huelgas y actos
subversivos».19

Una variante de esta segunda tesis fue la que
atribuía los primeros actos de sabotaje y terrorismo a la
actividad residual de los seguidores del general Juan Velasco
Alvarado quien, durante su periodo gubernamental (1968-1975)
había instaurado un sistema de movilización social
de carácter estatal como complemento de las reformas
sociales que se ponían en práctica.

Según altos dirigentes de Acción Popular,
algunos partidarios del extinto general Velasco Alvarado al no
obtener éxito
electoral habían optado por enfrentar el nuevo
régimen mediante actos de violencia. Francisco
Belaúnde, presidente de la Cámara de Diputados,
señaló que «frustrados ex funcionarios del
SINAMOS son los que promueven actos subversivos en el centro del
país al constatar su pobreza
electoral».20 También el primer ministro, Manuel
Ulloa Elías, divulgaba esa hipótesis y afirmaba que
los seguidores de los lineamientos de la primera fase de la
dictadura militar realizaban continuos viajes al
extranjero, a países vinculados con los movimientos
subversivos o que auspician la vía revolucionaria. Estas
afirmaciones se hacían, sin embargo, sin aportar pruebas
de su veracidad.21

En conclusión, la Comisión considera que
el inicio de la subversión sorprendió y
desconcertó al partido gobernante y lo llevó,
así, a una interpretación improvisada. Faltó
calma y disposición a convocar a especialistas que
estudiaran el fenómeno.

Este pasmo, oculto tras una retórica de
circunstancias, retrasó la elaboración de una
posición y una estrategia
consistentes para enfrentar la subversión
naciente.22

——————————————————————

15 Un panorama del pensamiento de
izquierda referido a la importancia de la movilización
social se encuentra en DESCO 1981.

16 El Comercio, 15.Set.1981. Tomado de: Desco (1989) Pg.
377.

17 La República, 22.Ago.1982. Tomado de: Desco
(1989) Pg. 382.

18 Expreso, 28.Nov.1982. Tomado de: Desco (1989) Pg.
387.

19 El Comercio, 6.Set.80. Tomado de: Desco (1989) Pg.
367.

20 El Diario, 16.Nov.80. Tomado de: Desco (1989) Pg.
370.

 

4. 9.6 DOS ENFOQUES EN
CONFLICTO

Además de diferencias de diagnóstico, se
presentaron en el gobierno de Acción Popular dos enfoques
generales distintos sobre la manera de enfrentar la
subversión. Uno de ellas ponía énfasis en
el trabajo
policial y se mostraba receloso de encargar la represión
de los actos terroristas a las fuerzas armadas. El otro
reclamaba, por el contrario, responder con fuerza a la
subversión, lo que se entendía como una
opción por la respuesta militar.

Ambas tendencias estuvieron en pugna, pero en
situación de equilibrio,
durante la segunda mitad del año 1980 para variar en la
segunda mitad del año 1981. Durante el año 1982,
según se incrementaban sin cesar las actividades
terroristas del PCP-SL, la posición del gobierno se
decantó progresivamente a favor de la opción
militar. Ésta fue adoptada definitivamente al final de
diciembre, cuando se decidió el ingreso de las fuerzas
armadas en Ayacucho.

Ya en octubre de 1980 se había manifestado la
propuesta de responder con dureza a la subversión. El
senador Alva Orlandini propuso el 20 de ese mes un proyecto de
ley que
declaraba traidores a la patria a los responsables de actos de
sabotaje y terrorismo. La iniciativa fue respaldada por el primer
ministro, Ulloa Elías, pero no fue aprobada en el
Congreso. El mismo senador Alva Orlandini —quien
asumió el Ministerio de Gobierno y Policía del
primer gobierno del arquitecto Belaúnde en el momento
final de las guerrillas de 1965— propuso el 17 de diciembre
la declaración de una zona de emergencia y la
participación de las fuerzas armadas. Esa propuesta
tampoco prosperó. Simultáneamente a estas
tendencias, se manifestaba una opción más moderada.
La encabezaba el ministro del Interior, José María
de la Jara.

El 5 de agosto de 1980, el ministro De la Jara
afirmó que no había «brote guerrillero»
y que Sendero Luminoso era «un grupo sin
fuerza».

En noviembre del mismo año, y a pesar del
incremento de las acciones armadas, consideraba que hablar de una
ola de terrorismo era exagerado.23

Es indispensable señalar que los otros actores
del escenario político de la época incurrieron en
equívocos análogos.

En junio del año siguiente, declaró que
los actos de terrorismo «disminuyeron notoriamente»
gracias a la labor policial.24 Coincidían con el ministro
del Interior otros líderes del partido de gobierno como el
alcalde Eduardo Orrego y el diputado Francisco Belaúnde
Terry. Este último afirmaba en noviembre de 1980 que era
«una exageración calificar de actos de terrorismo lo
que son cuestiones pueriles».25 El 17 de diciembre, cuando
el senador Alva propuso crear una zona de emergencia y enviar a
combatir a las fuerzas armadas, el ministro De la Jara se
manifestó en contra y sostuvo que se podía
controlar el terrorismo «sin llegar a suspender las
garantías constitucionales».

De acuerdo con el ministro del Interior, era suficiente
la labor de la Guardia Civil y de la Policía de
Investigaciones, 26 y en último caso se podría
requerir de la intervención de los Sinchis,
batallón especializado de la policía.

————————————————

21 «Top officials –most notable prime
minister Ulloa, second vice president Alva and war minister
Cisneros—recently suggested that former military officers
associated with the more radical «first phase» of the
1968-80 military government might be involved in terrorism. For
instance, Alva in early April asserted that figures from Sinamos
could be responsible. Although he specifically exempted the top
leadership (such as current PSR President Leonidas Rodriguez) and
admitted that he had no hard evidence. Interior Minister
Gagliardi said April 6 that he knew of no evidence at all for
such a claim». (Documento desclasificado de la CIA.
Número 344. (20.Abr.82) 22

 

4.9.7 TIPIFICACIÓN DEL TERRORISMO
Y SUS NORMAS
PROCESALES

Previamente a este debate, el gobierno había
dictado en marzo de 1981 el decreto legislativo 046 que
incluía la tipificación del delito de
terrorismo y establecía las normas procesales
correspondientes. Esta norma considera terrorista a aquel que:
[provoque o mantenga] un estado de zozobra, alarma o terror en la
población o un sector de ella, cometiere actos que
pudieren crear peligro para la vida, la salud o el patrimonio de
las personas o encaminados a la destrucción o deterioro de
edificios públicos o privados, vías y medios de
comunicación o transporte o
de conducción de fluidos o fuerzas motrices […]
ocasionar grave perturbación de la tranquilidad
pública o de afectar las relaciones
internacionales o la seguridad del Estado […] (Decreto
Legislativo 046 – Art.1).

La posición del ministro del Interior
empezó a variar ya en agosto de 1981, cuando se produjo un
atentado contra la embajada de los Estados Unidos.
Por primera vez, De la Jara admitió que, de agravarse la
situación, podría requerirse la declaración
de un estado de emergencia.27 Ese agravamiento se
produjo.

En octubre de ese año, según fuentes
documentales consultadas por la Comisión, se habían
producido ya 791 atentados desde mayo de 1980. De ellos, 140
—el 18 por ciento— se habían producido durante
el mes previo. El 11 de ese mes se produjo un asalto senderista
al puesto policial de Tambo, en Ayacucho. El 12 de octubre, tras
una reunión del Consejo de Ministros, el presidente
Belaúnde declaró en estado de emergencia cinco de
las siete provincias del departamento de Ayacucho.28 Reportes de
prensa de la
época informan que el ministro De la Jara y el
viceministro del Interior, Héctor López
Martínez, sostuvieron ante el Presidente la pertinencia de
la decisión.29 No obstante, un incidente en Cuzco en el
que perdió la vida un estudiante universitario que condujo
al ministro De la Jara a presentar su renuncia el 28 de octubre.
Así asumió la responsabilidad política por
ese hecho. 30

La Comisión considera que esa primera
declaración de estado de emergencia marca un punto de
inflexión en el tratamiento del problema por el gobierno
del arquitecto Belaúnde Terry. El año 1982 se
produjo un incremento sostenido de la violencia, con algunas
acciones armadas de especial repercusión del PCP-SL, que
desembocó en la decisión de fin de año de
encargar el control del orden interno de Ayacucho, una provincia
del departamento de Huancavelica y una provincia del departamento
de Apurímac a las fuerzas armadas.

Algunos hitos en ese lapso son: el asalto senderista al
centro penitenciario de Huamanga, Ayacucho, el 2 de marzo de
1982, en el que se sacó de prisión a sus miembros
capturados por los grupos
policiales; la destrucción del centro experimental
Allpachaca, perteneciente a la UNSCH, perpetrada el 3 de agosto;
el ataque al puesto policial de Vilcashuamán el 22 de
agosto; el ataque al puesto policial de Huanta el 4 de
octubre.

El 19 de agosto se produjo un apagón total en
Lima y el gobierno declaró en emergencia a Lima
metropolitana y El Callao por sesenta días. En noviembre,
se prorrogó el estado de emergencia en Ayacucho y
Apurímac. Finalmente, el 29 de diciembre de 1982 el
presidente Belaúnde firmó el decreto supremo
068-92-IN por el que declaró en estado de emergencia las
provincias de Huanta, La Mar, Cangallo, Víctor Fajardo y
Huamanga, además de una provincia del departamento de
Huancavelica y una del departamento de Apurímac, y
encargó el control del orden interno a las fuerzas
armadas.

De ese modo, el gobierno constitucional optó por
la respuesta militar al conflicto. El desarrollo de éste
lo hacía inevitable; sin embargo, la Comisión
considera que ello no debió significar una transferencia
de las responsabilidades políticas ni la omisión de
los deberes de control al modo como se ejercía la
represión de la subversión armada. Ésta
omisión fue, obviamente, un grave error.

————————————-

23 El Peruano, 25.Nov.80. Tomado de: Desco (1989) Pg.
370. 24 El Comercio, 21.Jun.81. Tomado de: Desco (1989) Pg. 374
25 El Diario, 11.Nov.80. Tomado de: Desco (1989) Pg. 368. 26 La
Prensa, 17.Dic.80. Tomado de: Desco (1989) Pg. 371. 27 El
Comercio, 24.Ago.81. Tomado de: Desco (1989) Pg. 376. 28
Huamanga, Huanta, Cangallo, La Mar y Víctor Fajardo.
29

 

4.9.8 LA MILITARIZACIÓN DEL
CONFLICTO 69,289 VICTIMAS (20 AÑOS)

Con el ingreso de las fuerzas armadas en Ayacucho se
inició el periodo de mayor violencia en el proceso de
veinte años estudiado por la Comisión.

30 Fue nombrado ministro del Interior el general en
retiro José Gagliardi, quien mantuvo a grandes rasgos la
política de De la Jara de reivindicación del
trabajo
policial contra la subversión. En septiembre de 1982, el
ministro Gagliardi planteó, sin obtener eco en el
gobierno, la posibilidad de un diálogo
con el PCP-SL. Gagliardi dejó el ministerio al final de
1982.

PERÚ 1980-2000: EL Nº DE MUERTOS Y
DESAPARECIDOS A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO
REPORTADOS A LA CVR, 69,289 VICTIMAS DE LA
VIOLENCIA.

Las cifras de muertos y desaparecidos alcanzaron en esos
años una magnitud que no se volvería a registrar en
el resto del periodo de violencia.

 

4.9.9 EL MINISTERIO DEL INTERIOR SIN
POLITICA CONTRASUBVERSIVA EN MANO CIVIL
CONSTITUCIONAL.

Un efecto directo del encargo efectuado a las fuerzas
armadas fue la pérdida ostensible de control del
Ministerio del Interior sobre la política
contrasubversiva.31 En lo que quedaba del periodo gubernamental
(1983-1985) tres ministros ocuparon el cargo: Fernando
Rincón Bazo, Luis Pércovich Roca y Óscar
Brush Noel. El primero de ellos concentró su gestión
en la reorganización ministerial. Renunció en abril
de 1983 después de las masacres de Lucanamarca y
Huancasancos perpetradas por el PCP-SL.32 El segundo de ellos,
Luis Percóvich, era favorable a la participación de
las fuerzas armadas en Ayacucho: «…personalmente pienso
que las Fuerzas Armadas intervengan en forma más efectiva
para controlar esos actos de violencia».33 Durante el
año y medio que estuvo en el Ministerio mantuvo esa
posición:

[…] el Ministerio del Interior no tiene
participación en las decisiones que se adoptan en la
estrategia antisubversiva en la zona […]. Yo creo que es lo
correcto, porque habiendo un mando político militar, si
hubiera una intervención de parte del Ministerio del
Interior estaría restando autoridad a
este comando político militar y creando una
situación de confusión en las decisiones que se
tienen que adoptar.34

Así, se mantuvo ajeno a la lucha
contrasubversiva, consideró la acción policial como
complementaria de la militar y concentró sus esfuerzos en
afrontar la agitación social del momento. Finalmente, lo
sucedió en el Ministerio un militar, el general
Óscar Brush Noel, quien venía de dirigir el
Ministerio de Guerra.

31 Se debe tener presente, sin embargo, que durante los
primeros tiempos de la intervención de las fuerzas
armadas, la policía siguió realizando la mayor
parte de las acciones armadas en la zona bajo emergencia.
Véase el capítulo 1.2 de la sección segunda
de la Primera Parte del presente informe. 32.

En síntesis,
la CVR ha encontrado que tras el ingreso de las fuerzas armadas
en el combate a la subversión, los sucesivos ministros del
Interior —Fernando Rincón Bazo, Luis
Pércovich y Óscar Brush Noel— no se
interesaron en la elaboración de una política
contrasubversiva en manos de la autoridad civil y no
establecieron formas de coordinación y supervisión adecuadas respecto de lo que
ocurría en la zona de emergencia.

Esta actitud
significó también una renuncia de la autoridad
civil constitucional a obtener un conocimiento
adecuado de la naturaleza, estrategias y tácticas de la
organización subversiva. Se instauraba una notoria
autonomía de las fuerzas armadas en el teatro de
operaciones
ayacuchano, lo que debió suscitar en el gobierno civil
electo una atención mayor sobre el respeto de los
derechos humanos en la región.35

———————————————————————-

33 La Crónica, 25.Abr.83. 34 Caretas, 9 de Mayo
de 1984.

 

4.9.10 LOS COMANDOS
POLÍTICO-MILITARES

Desde el primer día de enero de 1983 hasta el
final del gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry,
las fuerzas armadas tuvieron a su cargo la lucha contrasubversiva
en la zona de emergencia declarada en los andes centrales. Esto
ocurrió bajo un marco legal poco definido en lo que se
refiere a la acotación de las facultades de los jefes
militares en la zona y sin que las autoridades políticas
pusieran en práctica mecanismos adecuados de
protección de los derechos humanos de la población
que quedaba bajo control militar. La actividad de los comandos
político-militares, según ha constatado la
Comisión, si bien golpeó duramente a la
organización subversiva PCP-SL, no llegó a reprimir
sus actos terroristas ni a erradicarla, y en cambio
acarreó prácticas generalizadas de violación
de los derechos humanos de la población civil de Ayacucho,
Apurímac y Huancavelica en ciertos periodos y lugares
específicos.

El decreto supremo 068-82-IN, que estableció el
estado de emergencia por sesenta días en algunas
provincias de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, no
precisó las funciones adscritas al comando
político-militar. Señalaba que «las Fuerzas
Armadas asumirán el control del orden interno» en
las provincias en cuestión para lograr el
«restablecimiento del orden público». La orden
dada por el presidente Belaúnde, si bien amplia, no
incluyó previsiones sobre el complemento de la
acción del gobierno civil constitucional a las actividades
militares.

El equipo de gobierno, en un contexto de agresiones
criminales del PCP-SL a las autoridades civiles locales, y
también en consonancia con el diagnóstico
incipiente del problema ante reseñado, optó por
dejar el problema en manos del sector militar sin diseñar
una estrategia propia de defensa o restauración de la
autoridad civil.36

35 Sobre las diferencias entre la lógica
de actuación militar y la lógica de
actuación policial, consúltense las primeras
páginas de la Primera Parte, sección segunda,
capítulo 1.3 de este informe: Las fuerzas armadas. 36
Véase el análisis sobre el necesario complemento de
las estrategias civil y militar en la Primera Parte,
sección segunda, capítulo 1.3 de este informe: Las
fuerzas armadas.

Hasta el final del periodo gubernamental, hubo tres
jefes militares en la zona en emergencia. Jefes del comando
político militar de la zona de emergencia

Cuadro No 1

Jefe del Comando Político Militar de la Zona
de Emergencia Periodo

General EP Roberto Clemente Noel 31.Dic.1982-
31.Dic.1983

General EP Adrián Huamán
31.Dic.1983-28.Ago.1984

General EP Wilfredo Mori 37
28.Ago.1984-18.Set.1985

———————————-

Fuente: elaboración CVR.

 

4.9.11 EL PRIMER AÑO: GENERAL ROBERTO
NOEL

El primer jefe del comando político-militar de la
zona de emergencia fue el general del Ejército Peruano
Roberto Clemente Noel. Tomó posesión del cargo el
31 de diciembre de 1982 y de inmediato dos mil soldados del
ejército asumieron el control de las provincias declaradas
en emergencia. El general Noel consideraba todavía el
fenómeno subversivo como un brote guerrillero focalizado,
que, en su evaluación, podría ser erradicado en
dos meses.38 Al asumir el cargo, el general Noel aseguró
que desde el 29 de diciembre de 1982 se había constituido
un tribunal militar para tratar los casos de presuntos excesos
policiales y militares.39

La gestión del general Noel estuvo signada por un
incremento de la actividad del PCP-SL, como respuesta previsible
al ingreso de las fuerzas armadas en el escenario del conflicto.
También en este periodo se inicia el rechazo violento de
un sector del campesinado ayacuchano a la presencia del PCP-SL y
las feroces represalias de éste a esas
reacciones.

Episodios emblemáticos de esta dinámica son los sucesos ocurridos en la
comunidad de
Uchuraccay el 26 de enero de 1983, que involucraron la muerte de
ocho periodistas y que desencadenaron la muerte de decenas de
comuneros uchuraccaínos en los meses siguientes, y la
masacre perpetrada por el PCP- Sendero Luminoso en las
comunidades de Lucanamarca y Huancasancos en abril de 1983.
40

Adicionalmente a lo señalado, se produjeron
durante el año 1983 graves casos de violaciones de
derechos humanos por agentes del Estado como las ejecuciones
extrajudiciales de ciudadanos de las localidades de Totos y de
Chuschi, y, en gran número, en el cuartel «Los
Cabitos», así como la matanza de campesinos en el
distrito de Soccos, a dieciocho kilómetros de la ciudad de
Huamanga.

37 Era coronel EP en el momento de su nombramiento como
jefe del comando político–militar. 38 El Comercio,
1.Ene.83. En una entrevista
ofrecida a la CVR, el General en retiro Noel Moral
negó dichas afirmaciones:

«Yo nunca he dicho optimistamente que iba a
terminar en dos meses o tres meses
(con la
subversión), lo que pasa es que habían periodos
de calma.»
*

En entrevistas
con la CVR, el general Noel afirma que desde el comienzo de su
gestión contó con el respaldo explícito del
arquitecto Belaúnde. Según sus recuerdos
reconstruye el siguiente diálogo:

Señor presidente [Fernando Belaúnde],
perdón, quiero hacerle una pregunta: usted me ha cambiado
la misión; ¿voy o no voy a combatir?» El
presidente Belaúnde me dice: «General, usted combata
con toda energía y tiene el apoyo del Gobierno
Constitucional». «Gracias».41

El general Noel afirma también que informaba de
sus actividades periódicamente:

Yo normalmente venía cada dos meses, tres meses y
coordinaba con el presidente del Comando Conjunto; yo iba a
Palacio porque iba al acuerdo (sic) de guerra con el Ministro de
Guerra y con el comandante general del Ejército. Y de
ahí […] en el Consejo de Defensa Nacional donde el
Presidente impartía órdenes con cosas con las que
se le informaba.42 Otros testimonios, procedentes de
colaboradores cercanos del arquitecto Belaúnde en aquel
periodo, han negado la veracidad de las declaraciones citadas.
Durante el desempeño del general Noel se produjeron
críticas y denuncias de sectores políticos y de la
prensa sobre las violaciones de derechos humanos que se estaban
produciendo. Éstas fueron interpretadas por el gobierno
como una estrategia de oposición y no como una advertencia
seria sobre la situación de violencia que crecía en
el país.

—————————————-

* Entrevista a CVR, 18.Mar.03) 39 El Comercio,
17.Ene.83. Tomado de: Desco (1989) Pg. 571. 40

El 1º de julio de 1983 el diputado de izquierda
Javier Diez Canseco denunció al general Noel ante el
Ministerio Público por delitos de
asesinato, secuestro,
detenciones ilegales, abuso de autoridad, denuncia que no
prosperó.

 

4.9.12 EL SEGUNDO AÑO: GENERAL ADRIÁN
HUAMÁN

El 31 de diciembre de 1983, asumió la jefatura
del comando político-militar el general Adrián
Huamán, quien propuso un enfoque diferente para la lucha
contrasubversiva: prohibió el consumo de
licor a los soldados para prevenir atropellos, dispuso que los
casos de detenidos no habidos sean investigados por la PIP y en
un comunicado conjunto con el fiscal
superior decano de Ayacucho, Jorge Zegarra, se convocó a
las personas que creían haber sufrido atropellos a que
formulasen sus denuncias para tomar medidas correctivas. Parte
del nuevo enfoque era reclamar medidas para mejorar la
situación económica y social de la
población. Esto suponía, entre otras cosas, una
demanda de
mayores recursos
económicos:

[…] en la zona de emergencia hay un vacío
no sólo político, sino también en lo que a
abastecimiento se refiere. El Ejército está
desplazando a Sendero en cuanto a distribución 41 Entrevista ofrecida a la
CVR, 28.Ago.02 42 Entrevista ofrecida a la CVR, 18.Mar.03 de
víveres y otros bienes en la
población, pero no hay partidas presupuestales suficientes
para ejecutar satisfactoriamente ese plan.43

 Las demandas de mayor inversión en Ayacucho no fueron acogidas
favorablemente por el gobierno. Paulatinamente, las propuestas de
Huamán Centeno se tradujeron en un reclamo de mayores
prerrogativas oficiales sobre las autoridades y funcionarios
civiles.

En agosto de 1984, afirmó: La solución no
es militar, porque si fuera militar yo la resuelvo en minutos
[…] si se tratara de matar, Ayacucho no existiría en
media hora y Huancavelica tampoco […] lo que pasa es que
estamos hablando de seres humanos, de pueblos olvidados que han
reclamado ciento sesenta años y nadie les ha hecho caso y
ahora estamos cosechando ese resultado […] la solución
para mi es corregir la situación que existe, por decir,
que la cárcel no esté llena de inocentes sin
juicio, que los jueces no cobren coimas […]. Lima quiere ser el
Perú […]. Si estamos con las mismas personas que dieron
lugar a la subversión… ¿Acaso no están las
mismas personas que abusaron, los mismos jueces, o sea los mismos
que dieron lugar a todo esto? […] La Fuerza Armada no
está a cargo de la situación política.
Solamente de la militar. Situación política
significa que usted encuentra una injusticia y puede cambiar de
inmediato a las autoridades.44

El nuevo enfoque preconizado por Huamán Centeno
consistía en esencia en una mayor autonomía
política para los mandos militares, pero no supuso
ningún cambio respecto de la intensidad de la violencia.
Por el contrario, 1984 es el año en que se han registrado
la mayor cantidad de muertos y desaparecidos entre 1980 y 2000.
Se incrementó notoriamente la actividad terrorista del
PCP-SL. El siguiente cuadro, si bien muestra datos
acumulados a escala nacional,
concuerda con el incremento de la actividad subversiva en la zona
de emergencia en los andes. Cuadro 2

Atentados del PCP-SL por años y meses

En respuesta, el Presidente de la República y el
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitieron el 7 de julio
un comunicado oficial en el que se informaba haber impartido
instrucciones «para erradicar el narcoterrorismo, con la
participación de las Fuerzas Armadas». Se
descartó la posibilidad de implantar el estado de sitio,
pero se prorrogó por 30 días más el estado
de emergencia en todo el país.45

43 Desco, Resumen Semanal, 19.Mar.84. 44 La
República. 27. Ago.84. 45 El Peruano, 8.Jul.84.

Junto con el incremento de los atentados y
crímenes del PCP-SL, las fuerzas del Estado acentuaron sus
actividades represivas, pero, lamentablemente, también se
produjeron numerosas violaciones de derechos humanos. En 1984 se
produjo el 20% de las desapariciones perpetradas durante los
veinte años de violencia.46

En agosto de 1984 salieron a la luz denuncias
sucesivas de violaciones de derechos humanos: el asesinato a
evangelistas en Callqui-Nisperocniyoc, la desaparición del
periodista Jaime Ayala, la aparición del cadáver
del dirigente campesino
Jesús Oropesa (Puquio) 47 y el hallazgo de fosas comunes
en Pucayacu. Durante la jefatura político-militar del
general Huamán Centeno se siguieron produciendo
también las numerosas violaciones de derechos humanos en
el cuartel «Los Cabitos» ya mencionadas, y que se
exponen en detalle en otra sección del presente
informe.48

La Comisión considera que estos hechos,
mencionados aquí a manera de ejemplo entre muchos otros
posibles, ameritaban un serio replanteo de la estrategia
contrasubversiva por parte del gobierno, lo que no se produjo. El
28 de agosto de 1984 se anunció en un comunicado el relevo
del general de brigada Adrián Huamán
Centeno:

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hace de
conocimiento público que por convenir al servicio y de
acuerdo a las normas vigentes, el Ejército en la fecha ha
designado como Comandante General Accidental de la Segunda
División de Infantería al señor Coronel EP
Wilfredo Mori Orzo el que asumirá el mando
político militar de la zona de emergencia.49

La Comisión no ha encontrado evidencias de que el
relevo de Huamán Centeno haya sido motivado por las
violaciones de derechos humanos cometidas en la zona a su cargo.
Durante la jefatura del comando político-militar por el
general Mori Orzo se mantuvo la tendencia de crímenes y
violaciones de derechos humanos a gran escala iniciada en
1983.

 

4.9.13 LA RESPONSABILIDAD DEL
GOBIERNO

Es claro que el gobierno del arquitecto Fernando
Belaúnde Terry respaldó la actuación de los
comandos político-militares entre 1983 y 1985 a pesar de
las denuncias sobre las grandes violaciones de derechos humanos
de la población civil que se estaban cometiendo y del
conocimiento que obviamente debió tener sobre esos hechos.
El ingreso de las fuerzas armadas en la zona de emergencia para
combatir a la subversión fue dispuesto sin tomar las
previsiones necesarias para proteger los derechos de la ciudadanía. Por el contrario, la autoridad
civil delegó en las autoridades militares amplias
facultades y renunció a ejercer sus potestades para
impedir o sancionar graves atropellos contra la
población.

 

4.9.14 DEBILITAMIENTO DEL ESTADO DE
DERECHO

El artículo 231 de la Constitución
Política de 1979, vigente hasta 1993, admitía el
estado de emergencia «en caso de perturbación de la
paz o del orden interno, de catástrofe o de graves
circunstancias que afecten la vida de la Nación». El plazo de esta medida no
podía exceder los sesenta días y cualquier
prórroga requeriría de un nuevo decreto.

Además, de acuerdo con este mismo
artículo, en caso de declararse el estado de emergencia,
quedaban suspendidas las garantías constitucionales
relativas a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de
reunión y de tránsito en el territorio. De esta
manera, quedaban en suspenso algunos derechos ciudadanos como la
inviolabilidad del domicilio (Art.2, inciso 7), la
elección libre del lugar de residencia (Art.2, inciso 9),
la reunión pacífica sin armas (Art.2,
inciso10), y la imposibilidad de ser detenido sino por
mandamiento escrito y motivado del Juez o por las autoridades
policiales en flagrante delito (Art.2, inciso 20g).

Desde el 12 de octubre de 1981 el gobierno de
Acción Popular optó por el estado de emergencia, y
desde el 1º de enero de 1983 ese régimen de
excepción fue acompañado del encargo a las fuerzas
armadas de mantener el orden interno. Esta medida de
carácter provisional y excepcional se volvió
permanente, primero en Ayacucho, después en otros
departamentos (incluyendo la capital de la
República) y luego en todo el país.

El 25 de mayo de 1983, las ciudades de Lima y Callao
fueron declaradas en emergencia a causa de una huelga
policial. El 30 de mayo de 1983 todo el territorio nacional se
encontraba en estado de emergencia por primera vez,
situación que se repitió seis veces más
durante el gobierno del arquitecto Belaúnde. Sin una clara
disposición de las funciones y atribuciones que implicaba
el control militar y con una restricción casi permanente
de las garantías constitucionales de los derechos
suspendidos, la lucha contrasubversiva se desenvolvió en
un contexto de vulnerabilidad de los derechos fundamentales de la
población.

—————————————–

46 CVR. Procesamiento de la Información Sobre
Violencia Política 1980-2000. Mayo, 2003. 47 Este hecho
ocurrió fuera de la zona de emergencia. 48 Véase
Primera Parte, sección cuarta, capítulo 2: Los
casos investigados por la CVR. 49 El Peruano,
29.Ago.84.

 

4.9.15 IMPUNIDAD ANTE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS
HUMANOS

La estrategia contrasubversiva que se puso en
práctica con las fuerzas armadas en el escenario de la
violencia resultó ser muy costosa en vidas humanas. Para
cierto sector de las fuerzas armadas eso era inevitable, e
incluso se hizo público ese punto de vista. El general
Luis Cisneros Vizquerra, quien fue ministro de Guerra, afirmaba
en septiembre de 1984:

[…] no podemos entender cómo en una zona de
guerra, una zona prácticamente extraterritorial,
pretendamos mantener el estado de
derecho. Le encargamos a la fuerza armada que elimine a
Sendero y cuando va a apretar el gatillo aparece el Fiscal de la
Nación
para ver si al hombre lo
vamos a matar de frente, y se presenta el abogado, el periodista
[…] Hay una inclinación a criticar todo lo que la fuerza
armada hace en Ayacucho […] da la impresión que se
piensa que quienes deben ser eliminadas son las fuerzas del orden
[…] hablamos de derechos humanos de manera unilateral. En la
guerra no hay derechos humanos.50

Las múltiples violaciones de derechos humanos
fueron conocidas por denuncias diversas. El gobierno de
Acción Popular trató esas denuncias como elementos
de la pugna política de la oposición. La prensa
favorable al gobierno alentaba ese enfoque. Por ejemplo, el
comentarista político Manuel D´Ornellas
consideró el descubrimiento de fosas comunes como un
«verdadero regalo político para la extrema
izquierda» y añadía que «la guerra que
quisiéramos limpia, pero que es obviamente sucia, la
declaró oficialmente el grupo que comanda
Guzmán».51

De acuerdo con Javier Alva Orlandini, 52 el arquitecto
Belaúnde era consciente de la gravedad de los hechos y
compartía con el ministro José María de La
Jara las dudas sobre la conveniencia de establecer estado de
emergencia y de ordenar la intervención militar. Sin
embargo, la Comisión encuentra que a partir del
establecimiento del Comando Político Militar en Ayacucho,
y ante el crecimiento de los crímenes del PCP-SL y de
agentes de seguridad del Estado, el presidente Belaúnde no
desarrolló una política decidida de
protección de los derechos humanos. Por el contrario,
optó por no atender las denuncias a ese respecto que se
hacían.

En agosto de 1983, la organización
Amnistía Internacional envío una carta al
presidente Belaúnde en la que señalaba que las
fuerzas de seguridad del Estado habían ejecutado
sumariamente a centenares de pobladores en la región
andina en operaciones contrainsurgentes. El Presidente
desatendió el informe: «Las cartas de
Amnistía Internacional van al tacho de basura […]
yo no las acepto».53

La indiferencia del gobierno de Acción Popular
ante estos crímenes no se confinó al Poder
Ejecutivo, sino que se extendió también al
Legislativo. La Comisión ha encontrado que el Congreso, en
el que Acción Popular tenía mayoría, no
instituyó ninguna comisión investigadora sobre
desapariciones forzadas de personas a pesar de las denuncias
existentes.

En términos generales, el Legislativo
incumplió su deber de fiscalización en materia de
derechos humanos, lo que, aunado a la actitud del Poder
Ejecutivo, estableció un ambiente de
impunidad que
la Comisión considera deplorable por las pérdidas
de miles de vidas humanas a que ello dio lugar.

 

4.9.16 EL
ORDEN CONSTITUCIONAL

La Comisión considera importante resaltar que
durante el gobierno del presidente Belaúnde Terry se
propició el avance de las instituciones
democráticas, recuperadas después de doce
años de dictadura militar. El gobierno de Acción
Popular reinstauró la libertad de prensa en el
país, la que se mantuvo sin restricciones a lo largo de
todo el periodo gubernamental; asimismo, realizó
elecciones libres para la designación de las autoridades
municipales y mantuvo un claro respeto de la separación de
poderes.

El mantenimiento
del orden constitucional a estos respectos constituyó, en
sí mismo, una resistencia
valiosa contra el proyecto insurreccional del PCP-SL, que
buscaba, precisamente, la «destrucción del viejo
Estado». Ello culminó, finalmente, en una
transferencia del poder tras elecciones limpias y según
los canales previstos en la Constitución de 1979. El orden
constitucional, sin embargo, resultó mellado en un aspecto
esencial, como es el respeto de los derechos fundamentales en la
medida que el gobierno del presidente Belaúnde no fue
exitoso en detener el avance de la subversión ni se
interesó en prevenir o castigar las violaciones de
derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad a las
que había encargado la lucha contrasubversiva con amplias
facultades.

Uno de las últimas decisiones de política
contrasubversiva del arquitecto Belaúnde Terry fue la
promulgación de la ley 24150. En esta ley, se
establecieron por primera vez las atribuciones del Comando
Político Militar, que gozaba así de la facultad de
La Comisión considera que esta norma y las amplias
atribuciones que otorgaba a los comandos
político-militares constituyó un aval concluyente
del gobierno saliente a una estrategia militar que había
resultado en masivas violaciones de derechos
humanos.54

[…] coordinar la participación del sector
público y no público ubicados en la zona de
emergencia, coordinar y supervisar las acciones de los sectores,
organismos públicos, corporaciones departamentales y
demás instituciones del sector público, solicitar
el nombramiento o traslado de las autoridades políticas y
administrativas de su jurisdicción en caso de negligencia,
abandono, vacancia o impedimento para cumplir sus funciones
[…].

——————————————

50 Caretas 817, septiembre 1984. Tomado de: Desco (1989)
Pg. 378. 51 Expreso. 25. Ago.84. 52 Entrevista realizada el 16 de
agosto de 2002, CVR. 53 Desco, Resumen Semanal del
19.Ago.83.

 

4.9.17 CONCLUSIONES (1980 –
1985)

1. El gobierno del presidente Fernando Belaúnde
Terry (1980-1985) enfrentó una situación
política y social que establecía serias
dificultades para el fortalecimiento del sistema
democrático restituido. La transición a la
democracia se produjo en un contexto de agudas protestas sociales
y de acentuado antagonismo político. Al asumir el
gobierno, Acción Popular contaba con una
organización política debilitada por el docenio de
dictadura, al igual que el resto de partidos
políticos.

Al mismo tiempo, dentro del partido de gobierno
coexistían dos grandes corrientes, una interesada
principalmente en la disciplina
fiscal y atenta a los lineamientos de los organismos
económicos multilaterales, y la otra orientada a atender
demandas sociales para asegurar el respaldo popular al partido.
Esto creó en el gobierno una estructura de
toma de
decisiones compleja, situación que se hizo más
problemática por la crisis económica. En esas
condiciones el nuevo gobierno tuvo que enfrentar el inicio de la
subversión.

2. El gobierno fue sorprendido por el inicio de la
subversión, al igual que el resto del sistema
político y la sociedad en general. No elaboró
tempranamente un diagnóstico del fenómeno
sustentado en un análisis directo de la
organización subversiva. La aparición de
ésta fue interpretada según dos grandes
hipótesis: como un movimiento originado o respaldado desde
el extranjero, o como una extensión radical de la ola de
protestas y movimientos sociales existente desde fines de la
década del setenta.

3. La falta de una interpretación coherente y
unívoca del fenómeno subversivo impidió
definir oportunamente una estrategia sólida para hacer
frente al PCP-SL. En dicho contexto se promulgó el decreto
legislativo 046 (12 de marzo de 1981), primer instrumento legal
de la lucha contrasubversiva.

4. En el primer año y medio desde el inicio de la
subversión hubo dos posiciones contrapuestas en el
gobierno. Una propugnaba que el combate contra la
subversión estuviera en manos de los cuerpos policiales.
La otra proponía desde temprano la participación de
las fuerzas armadas. El crecimiento de la actividad subversiva,
que incluyó algunas acciones de gran repercusión
como un asalto al centro penal de Huamanga y ataques a puestos
policiales, terminó por fortalecer y hacer prevalecer esta
última posición.

5. Desde enero de 1983 hasta el final del periodo
gubernamental la lucha contrasubversiva quedó en manos de
las fuerzas armadas en las zonas declaradas en emergencia. Tomada
esta decisión, las autoridades civiles – y entre
ellas, el Ministerio del Interior – descuidaron el diseño
de la estrategia contrasubversiva. Paralelamente, la actividad de
las fuerzas armadas seguía una lógica propia, ajena
a control o supervisión adecuada por el gobierno central.
Esto ocurrió en un contexto en el que el comando
político-militar había recibido autoridad en la
zona de emergencia sin que se precisen estrictamente sus
funciones y atribuciones, lo cual dejaba en situación de
vulnerabilidad los derechos fundamentales de la
ciudadanía.

5. La delegación de capacidades políticas
en los militares en lo relativo a la lucha contrasubversiva
debilitó la incipiente institucionalidad
democrática. La declaración de estados de
emergencia era una posibilidad considerada en la
Constitución de 1979 como medida excepcional. No obstante,
ella se convirtió en situación permanente y fue
acompañada innecesariamente de una renuncia a las
atribuciones de gobierno por parte de la autoridad civil. De este
modo, el despliegue de la guerra sucia en el país
terminó vulnerando el Estado de Derecho y justificando una
represión militar indiscriminada.

6. En este contexto, la resistencia del presidente
Belaúnde Terry a ordenar que se investiguen las denuncias
sobre violaciones de derechos humanos —ejemplo de lo cual
fue su decisión de desechar los informes
enviados al respecto por la organización Amnistía
Internacional—, antes que emitir una señal de
gobernabilidad y firmeza, dio legitimidad política al modo
de actuación militar en la zona de emergencia.

7. La crisis económica y la pugna entre gobierno
y oposición establecieron un escenario de conflicto en el
que fueron imposibles pactos, negociaciones o acuerdos como los
que se necesitaban para combatir la subversión. A pesar
del crecimiento de la subversión, ésta no
llegó a ser considerada en este periodo como un problema
nacional de alta prioridad para la clase
dirigente del país. En el razonamiento de los gobernantes
y la clase política, la crisis económica y las
estrategias para llegar al poder en las elecciones de 1985
recibieron más atención que las muertes causadas
por el conflicto armado interno. 8. En síntesis, elegido
para hacer de la democracia un proyecto nacional en
ejecución, se puede considerar que el gobierno del
arquitecto Fernando Belaúnde Terry fue la primera
víctima política de la violencia criminal del
PCP-SL. Hacia el final de su gobierno Belaúnde
consideró un éxito que «un gobierno elegido
democráticamente entregue el poder a otro elegido
democráticamente». En las circunstancias del grave
desafío planteado al Estado y la sociedad, ello fue
así. Pero, por desgracia, el gobierno saliente dejó
tras de sí una legislación antiterrorista —la
ley 24150— que fortaleció las facultades de los
comandos político-militares a pesar de las numerosas
denuncias de violaciones de derechos humanos, y que en la
práctica significó una renuncia de la autoridad
civil en el terreno de la lucha antisubversiva

———————————————-

54 Véase un extenso análisis de la ley
24150 en la Primera Parte, sección segunda,
capítulo 2.6 de este informe: El Poder
Legislativo.

 

4.10 EL GOBIERNO DEL PARTIDO APRISTA
PERUANO (PAP) Y ALAN GARCÍA

El PAP había sido la primera fuerza de
oposición en el país durante el período
1980-1985 y, en tanto tal, formuló severas críticas
a las respuestas que dio el Estado al proceso de violencia
desarrollado por el PCP-SL. El PAP se opuso a varias de las
normas legales propuestas por el Gobierno de Acción
Popular para enfrentar aquella amenaza y formuló denuncias
por violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del
orden.

Una vez en el gobierno, el PAP se propuso variar la
estrategia en curso, con la idea de que el desarrollo
económico y social impediría la
expansión de la subversión armada. Durante el
primer año, tomó importantes medidas de control
sobre violaciones de los derechos humanos mientras diferenciaba
más su política económica de la del gobierno
anterior, sobre todo, en el tratamiento de la deuda externa y el
crédito
agrario. Luego de la represión violenta del amotinamiento
en tres penales de Lima, en 1986 —decisión reactiva
y profundamente equivocada del Gobierno a juicio de la CVR, que
creó las condiciones para el alto número de muertos
e incluso los indicios de ejecuciones extrajudiciales y otros
excesos que no se investigaron de modo independiente sino hasta
un año después— el Gobierno regresó a
la permisividad frente a los términos en que se
venía dando la respuesta estatal.

El conflicto armado y el terror se extendieron por casi
todo el territorio. Fue, más bien, el propio aprendizaje de
las fuerzas del orden el que hizo progresivamente más
selectiva y mejor orientada la acción militar, aunque las
violaciones deliberadas de la vida y de los derechos humanos se
siguieron permitiendo y ocultando. Al final, un Gobierno
desbordado, en un país con varias crisis sobrepuestas,
había abandonado por completo la voluntad de innovación que lo caracterizó al
comienzo.

El gobierno de Alan García no contaba al comenzar
con una estrategia contrasubversiva alternativa. Intentó
algunas reformas del aparato estatal que tuvieron influencia
positiva parcial sobre la respuesta a la ofensiva terrorista; la
unificación de la policía es un ejemplo.

Por otro lado, la relación entre el gobierno y
las fuerzas armadas atravesó por momentos de
tensión, sobre todo cuando en el primer año, el
Ejecutivo buscó imponer la autoridad civil mediante la
destitución de militares o el rediseño del sistema
de defensa. Sin embargo, el PAP buscó, en líneas
generales, una mayor cercanía a la policía evitando
inmiscuirse en temas estrictamente castrenses. Así pues,
las fuerzas armadas fueron redefiniendo por su parte, es decir,
independientemente de la dirección política y por la propia
experiencia del conflicto, una nueva estrategia contrasubversiva
hacia el fin del período la que logró mejorar en
parte la anterior.

La CVR ha registrado 8173 muertes y desapariciones
durante el gobierno del PAP. De ellas, el 58% corresponden a las
organizaciones subversivas y el 30% a las fuerzas de seguridad
del Estado. Aunque el número de víctimas
descendió el primer año en comparación con
el pico alcanzado en los años 1983 y 1984, en 1989 se
elevaron las víctimas y se produjo el mayor número
de muertes de funcionarios públicos y autoridades
estatales de todo el conflicto por obra principalmente del
PCP-SL. Con la considerable expansión de la guerra interna
en diversas partes del territorio nacional, se multiplicaron los
comandos político-militares y las restricciones que ellos
suponían para la población civil, la
institucionalidad democrática y la investigación
judicial independiente.

A partir de la matanza de los penales, especialmente en
el caso de El Frontón, se eludió
señalamientos directos de responsabilidades que pudiesen
involucrar a efectivos militares. Con ello, se toleraron muchos
casos de impunidad; los de Cayara, Molinos, y el mismo de los
Penales, son un ejemplo. Luego del fallido intento de
estatización de la banca lanzado en
julio de 1987, el PAP enfrentó una fuerte oposición
política y mediática que incluyó un
incremento de denuncias en su contra en temas de violaciones de
los derechos humanos que comprometieron tanto al gobierno como al
partido. Independientemente de la exactitud de las denuncias
formuladas, fue evidente la mayor atención prestada a
estos temas por medios adversarios luego de aquel conflicto
político.

A esa ofensiva se sumó la campaña del
PCP-SL de aniquilamientos selectivos de cuadros apristas que
convirtió al PAP en el partido político
individualmente más golpeado del conflicto interno. La
respuesta aprista, sin embargo, consistió en un rebrote,
sino del sectarismo, sí del encierro partidario, que hizo
más difícil las alianzas políticas, lo cual
se constituyó en un punto de debilidad particularmente
notorio en el Congreso. Allí terminaron apoyando medidas
de alto costo
político para desvirtuar investigaciones de las
violaciones de derechos humanos cometidas, como las de los casos
de Cayara o paramilitares que no ponían en serio riesgo ni al
gobierno ni al partido.

Al final de su Gobierno, el Partido Aprista, como lo han
reconocido sus dirigentes, se batía con varios frentes
críticos a la vez, el principal de los cuales era la
crisis económica. En ese contexto, según ellos
mismos señalan, les fue más difícil
aún pretender imponer la autoridad democrática. Es
conocido que el país terminó en 1990 en una
situación de crisis extrema. El Partido Aprista Peruano
(PAP) ha sido el actor político que ha recibido mayor
escrutinio público en torno a casos de
violaciones de los derechos humanos ocurridas durante su
período de gobierno (1985-1990), debido a diversas
investigaciones judiciales y parlamentarias realizadas durante su
gobierno y luego a lo largo de más de quince
años.

 

 

4.10.1 EL PARTIDO APRISTA PERUANO EN
LA OPOSICIÓN AL GOBIERNO DE ACCIÓN POPULAR
(1980-1985) EL PAP FRENTE AL INICIO DEL CONFLICTO ARMADO
INTERNO

Los primeros meses de las acciones armadas del PCP-SL
coincidieron con el inicio de la reorganización partidaria
y de la reubicación del PAP como fuerza de
oposición al gobierno de Acción Popular. Durante la
transición política iniciada en 1978 con la
Asamblea Constituyente, el PAP fue la primera fuerza
política del país y uno de los factores de
estabilidad del proceso político de esos años. Tras
la muerte de Víctor Raúl Haya de la Torre en agosto
de 1979, el PAP enfrentó una serie de disputas internas
que influyeron en sus derrotas electorales de abril y noviembre
de 1980.

Ante las primeras propuestas de congresistas de
Acción Popular para declarar traidores a la patria a los
autores de actos de sabotaje y terrorismo, varios parlamentarios
apristas se sumaron a las numerosas voces, incluyendo algunas del
propio partido de gobierno, que consideraban extrema la medida.
No hubo tampoco respaldo aprista a la promulgación del
Decreto Legislativo 046 de marzo de 1981 que tipificó el
delito de terrorismo y estableció las normas procesales
del caso.

Al agravarse la situación por el incremento de
las acciones terroristas en la sierra y los atentados en Lima, el
gobierno acciopopulista recurrió a la declaratoria del
estado de emergencia en el departamento de Ayacucho en octubre
del mismo año luego del atentado contra el puesto policial
de la localidad ayacuchana de Tambo.

Las críticas de la oposición aprista e
izquierdista, contra el ministro del interior José
María de la Jara y Ureta, fueron muy duras hasta que
éste renunció voluntariamente al producirse la
muerte del estudiante aprista Antonio Ayerbe Flores durante una
manifestación en Cuzco, sin vínculos con la
subversión armada. A lo largo de 1982, el impacto de
acciones senderistas como el asalto al penal de Huamanga, el
apagón total de Lima y el ataque al puesto policial de
Vilcashuamán, influyeron para que la oposición en
la Cámara de Diputados consiguiese una
interpelación al gabinete ministerial acciopopulista.1
Dicha interpelación coincidió con una opinión
pública descontenta con las explicaciones que daba el
gobierno acerca de la violencia subversiva y los atentados
terroristas que se vivían en el país.

El diputado aprista Javier Valle Riestra, presidente de
la Comisión de Derechos Humanos de su cámara, se
encargó de sustentar con dureza el pliego de preguntas al
gabinete en el que se exigió explicaciones sobre lo que
estaba ocurriendo en el país.

 

4.10.2 EL PAP FRENTE A LA MILITARIZACIÓN DEL
CONFLICTO

El diputado Alan García Pérez fue elegido
secretario general del PAP a fines de 1982 y, desde entonces, fue
el conductor de su organización, precisamente en momentos
en los que se decretaba el ingreso de las fuerzas armadas a la
lucha contrasubversiva en Ayacucho.

Al producirse la matanza de los periodistas en
Uchuraccay, el Partido Aprista, junto a las fuerzas de izquierda,
criticó duramente al gobierno por los hechos (el senador
Luis Alberto Sánchez llamó al ministro del
Interior, Fernando Rincón, «el responsable
político de Uchuraccay»)2 y al jefe del comando
político-militar de la zona, el general Roberto Clemente
Noel Moral. Si bien las críticas del Partido Aprista no
tuvieron el marcado sesgo antimilitarista de las formuladas por
los partidos de izquierda, 1 Las acciones del 19 de agosto
motivaron que el Gobierno declarara el estado de emergencia en
Lima y Callao.

En Ayacucho, luego del ataque a Vilcashuamán,
renunció el Prefecto Mariano Cavero; días
después, le siguieron dos alcaldes y seis gobernadores de
la provincia de Huamanga. 2 Expreso, 4 de febrero de
1983.

Sí fue evidente en ellas la demanda por una
reorientación de la acción contrasubversiva del
Estado hacia fórmulas que contemplasen factores sociales y
respetasen los derechos humanos. En agosto de 1983, García
visitó Huamanga interesándose por la
situación de la región y recibió numerosos
testimonios de los atropellos de las fuerzas del orden en pleno
conflicto interno.

Ante ello, hizo una denuncia pública y
exigió al gobierno que rectifique su política en la
zona: «el gobierno no puede confundir sanción y
castigo con represión generalizada […] en nombre de la
ley no podemos convertir en sospechosos a todos los
ayacuchanos».3 Pero como ya había ocurrido con un
reclamo análogo de los representantes izquierdistas, el
gobierno de Belaúnde continuó con su
política en la zona.

Para García el PCP-SL practicaba un terrorismo
incomprensible que teñía de complicidad a
aquéllos que pudieran hallarle alguna
justificación. Sin embargo, él buscaba encontrar
«razones histórico sociales, psicológicas y
regionales» que lo explicaran. Se trataba de un
fenómeno que acontecía allí en lugares donde
«el sistema político y los partidos no han llegado y
donde sí llegó Sendero Luminoso, donde Sendero se
presentó como una alternativa y donde no hay nadie que les
diga a esos peruanos que ésa es una alternativa ciega,
equivocada y peligrosa para el país», un asunto
marginal de la sociedad peruana, donde la violencia ha logrado
incluso independizarse de sus causas, «se ideologiza y se
convierte en algo autónomo».4

Según García, la subversión contaba
con «componentes ideológicos, un grupo directriz que
son los agentes medulares del terrorismo; tiene además un
contorno de militantes a presión
por su medio social o por coacción
directa».

Estaba claro que «lo que sucede en Ayacucho no es
un problema de frente de batalla, es de inteligencia y de
desarrollo», y se trataba entonces de aplicar acciones que
permitieran «desarticular esa médula con servicios
de inteligencia bien capacitados».5

«La violencia es una onda de larga
duración» añadió, sugiriendo que una
perspectiva de combate de largo plazo debía contemplarse
al lado de una estrategia de gobierno. Frente a la violencia
«hay que crear aparatos de inteligencia adecuados, sistemas
penitenciarios que permitan que quienes vayan a ellos se
rehabiliten y, lo principal, dar cuerpo a un gran proyecto
histórico nacional que permita comprometer a todo el
país con la no violencia».6

En los últimos años del gobierno de
Acción Popular, el PAP desarrolló un claro papel
opositor que incluyó críticas a la situación
de violencia vivida por el país, condenando las acciones
terroristas del PCP-SL, pero manteniendo abierta la posibilidad
de obtener la paz a través de un diálogo con esta
organización.7 El PAP mantuvo su perfil crítico
frente a las violaciones de los derechos humanos cometidas por
las fuerzas armadas, pero sin la radicalidad del cuestionamiento
que se hiciese a Noel. Así, por ejemplo, voceros apristas
defendieron al general Huamán en el momento de su
destitución por el gobierno de AP. El objetivo
principal del PAP era asegurar la victoria electoral en 1985,
criticando el curso del conflicto interno desde la izquierda,
pero sin llegar a pedidos de amnistía como los de algunos
representantes de IU.

 

 

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