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Ética y corrupción en la administración de justicia (página 17)




Enviado por yivanz64



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4.10.3 LOS PRIMEROS AÑOS DEL
GOBIERNO
APRISTA

LAS PROPUESTAS INICIALES DEL
PAP

El PAP consiguió el primer lugar en las
elecciones de abril de 1985, pero sin alcanzar la victoria en
primera vuelta. Sin embargo, no se produjo la segunda vuelta
electoral porque el candidato presidencial del frente de
Izquierda Unida renunció a participar en ella, en medio de
una coyuntura de crisis social
y económica agravada por el execrable atentado del PCP-SL
contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Domingo
García Rada.

Alan García asumió la presidencia el 28 de
julio de 1985, contando con la mayoría en las dos
cámaras del Congreso de la República. En su
discurso
inaugural anunció, entre otros puntos, su decisión
de emprender una nueva estrategia de
base socioeconómica para enfrentar a la amenaza de la
subversión armada y el terrorismo,
puesto que, como señalara un dirigente aprista
entrevistado por la CVR, existía «una creencia en el
sentido de que un gobierno que podría ir desarrollando una
reforma social desarmaría a la
insurgencia».8

En relación a la orientación dada a la
respuesta militar del Estado, el
Presidente señaló que el compromiso del gobierno
era:

[No tener] más consideraciones que aquélla
a las que nos obliga nuestro credo democrático y nuestra
fe cristiana. La ley
—añadió—, será aplicada con
severidad, también para quienes violen los derechos humanos
mediante la muerte, las
ejecuciones extrajudiciales y la tortura y por abuso de su
función, pues para luchar contra la
barbarie, no es preciso caer en la barbarie.9

Como medidas más concretas para la
pacificación del país, propuso la
despenalización para los inculpados por delitos
menores, anunció la creación de una comisión
de especialistas jurídicos para evaluar la
situación de los internos por terrorismo y proponer
alternativas que podrían incluir hasta la libertad para
quienes no hubiesen participado en casos de muerte y, por
último, planteó la reorganización de las
Fuerzas Policiales en el plazo de 90 días.10

Desde el comienzo del gobierno se hizo un balance de la
situación ratificándose la prioridad de las
políticas de desarrollo
para las zonas más deprimidas, fundamentalmente, las del
trapecio andino. Según declaraciones a la CVR del entonces
viceministro del interior, se trató de Una suerte de
división de tareas: «Nosotros nos hemos debatido en
que los uniformados y algunos civiles se encargan de la guerra
contrasubversiva y los demás trabajamos para que la pobreza
disminuya y, por lo tanto, la subversión también
disminuya, y los atacamos por ahí».11

Un mes y medio antes de que García asumiera la
presidencia, se había promulgado el DL 24150 que normaba
«los estados de excepción en que las Fuerzas Armadas
asumen el control del orden
interno», dejando todas las actividades referidas al
control de dicho orden interno en esas zonas bajo comandos
político-militares. El DL 24150 limitó en la
práctica el poder de las
autoridades civiles, a pesar de lo cual continuaron
realizándose elecciones y nombramientos de
autoridades.

Un problema de fondo enfrentado por el gobierno aprista
fue la historia de
difíciles relaciones entre el PAP y las fuerzas armadas
que había sido en parte superada a fines de los
años setenta, cuando Haya de la Torre presidió la
Asamblea Constituyente convocada por el gobierno militar. Aun
así, la desconfianza mutua y recíproca entre
apristas y militares venía de décadas de
antagonismos que parecían reverdecer a consecuencia del
conflicto
armado interno.

 La crítica
aprista al papel de las fuerzas armadas en la zona de emergencia
a partir de 1983 había sido dura, pero lucía
moderada al lado de la de las organizaciones de
izquierda. Una vez en el gobierno, sin embargo, el PAP
tenía que establecer una relación fluida con las
fuerzas armadas la cual, al lado «de la tarea
histórica» que el partido deseaba cumplir,
tenía que suplir la ausencia de una conducción
política
de la lucha contrasubversiva en la que los militares llevaban dos
años. Para el viceministro Mantilla:

[…] hubo una serie de
inconvenientes, las Fuerzas Armadas venían, de años
anteriores, de haber sido gobierno, venían de un gobierno
débil que las había ignorado políticamente
pero que les permitía hacer lo que creyeran conveniente,
no les ponía mayores trabas. Entonces encontramos un
panorama que no era fácil, psicológicamente ellos
estaban supuestamente, dispuestos a no dejarse avasallar, ni
apabullar ni a dirigir ni a comandar ni nada.12

El PAP no pudo establecer lineamientos propios a su
política contrasubversiva, con la misma claridad con la
que lo había hecho en el campo socioeconómico. No
contaba con una formulación de ese tipo ni con los cuadros
capacitados en esos temas de seguridad que
pudiesen articular iniciativas en ese terreno.

Un ex diputado aprista por Ayacucho señala que,
en la primera reunión de su célula
parlamentaria con el Presidente de la República hizo un
pedido para abordar el tema contrasubversivo,
específicamente sobre la posibilidad de incorporar a los
campesinos ayacuchanos al combate contra Sendero Luminoso. La
propuesta no fue discutida. En su opinión «el
partido no tenía una posición, no tenía una
tesis.
Nosotros hemos llegado ciegos frente al gobierno, frente al
fenómeno de la violencia…»13

Al respecto, el ex Presidente recuerda que aquel
diputado, Alberto Valencia, «resultó teniendo
razón» en sus tempranos reclamos porque se entregase
armas a las
comunidades para que se defendiesen de Sendero Luminoso, pero
considera que ésa era una idea inaceptable para muchos, no
sólo apristas, en 1985. En términos generales,
según él, aparte de la falta de atención a iniciativas específicas
hubo limitaciones más serias de su propia organización ya que «todo el mundo en
el Partido Aprista le corría al tema, seguía siendo
un problema militar, era la verdad, si los militares pueden
solucionar esto, la Policía, la DINCOTE que lo hagan,
nosotros no sabemos…»14

A pesar de las carencias estratégicas
señaladas, el descenso en el número 15 de
víctimas a causa de la guerra interna durante el primer
año de gobierno aprista dio la impresión de un
cambio mayor,
al que se sumó el anuncio de la tregua unilateral dada al
gobierno por el MRTA.16 En ese período también hay
una reducción en el número de atentados, aunque en
realidad las acciones
subversivas continuaron expandiéndose a nivel nacional, y
nuevas zonas comenzaron a aparecer en el mapa del conflicto
armado interno.

Así por ejemplo, en mayo de 1985, poco
después del triunfo electoral, fue asesinado el diputado
electo por Pasco, y alcalde aprista en ejercicio, Luis Aguilar
Cajahuamán. Su muerte marcó el inicio de una
campaña senderista de asesinatos contra diputados,
gobernadores, alcaldes y concejales apristas de todo el
país, que duraría varios años. En la
práctica, Sendero Luminoso declaraba la guerra al gobierno
aprista y respondía con muertes a la posibilidad de un
diálogo
para obtener la paz.17

—————————————–

3 DESCO. Resumen Semanal, 26 de agosto-1 de
septiembre de 1983, n.° 231, p. 2.

4 «Alan García: Pensando en el
83». Entrevista de Raúl González.
Quehacer, n.° 24, septiembre de 1983.

5 Ibid. 6 Ibid.

7 Fue, por ejemplo, la posición sostenida por
dirigentes históricos como Armando Villanueva (La
Prensa

29.09.83) y Fernando León de Vivero (Expreso
26.02.84) y hasta por el propio Alan García (La
República
06.11.84).

8 Entrevista con
Armando Villanueva realizada por la CVR, 30 de octubre de
2002.

9 Resumen Semanal, 26 de julio-1 de agosto de
1985, año VIII, n.° 327

10 El 6 de agosto la Cámara de Diputados
aprobó el proyecto que
facultaba al gobierno a promulgar la Ley Orgánica y la Ley
de Bases del Ministerio del Interior, las Leyes
Orgánicas de cada cuerpo de las Fuerzas Policiales y la
Ley Orgánica del Sistema de
Inteligencia
Nacional. Resumen Semanal, 26 de julio-1 de agosto de
1985, año VIII, n.° 327, p. 3.

 

4.10.4 LOS CAMBIOS EN EL MINISTERIO
DEL INTERIOR Y LAS FUERZAS POLICIALES

Las fuerzas policiales tenían una mala imagen en el
país cimentada por sus constantes escándalos de
corrupción
y las rivalidades interinstitucionales ventiladas en batallas
campales. Asimismo, el avance del conflicto armado interno a
inicios de la década de los ochenta les dejó una
imagen de ineficiencia al haber sido «reemplazados»
por las fuerzas armadas en la lucha contrasubversiva y de
violaciones de los derechos humanos por las
denuncias en su contra.

A fines del gobierno de AP, la seguridad
ciudadana había alcanzado un punto crítico ante
la comprobada participación de policías en
actividad en delitos de narcotráfico y secuestros.18

Por ello, cuando asume el gobierno el PAP tiene que
anunciar una reorganización de la policía para
terminar con la situación de corrupción existente 19 y la improductiva
división entre la Guardia Civil, la Policía de
Investigaciones y la Guardia Republicana que no
sólo no coordinaban entre sí sino que se
enfrentaban como adversarias. Al agregar a ello, la falta de
equipamiento básico y de recursos se
configuraba un panorama de emergencia, en el cual el conflicto
armado interno era solamente una variable, y no la más
importante.20

Al aprobarse la Ley de reorganización de las
fuerzas policiales, se puso en marcha una Comisión
presidida por el ministro del Interior, Abel Salinas, que entre
otras medidas dispuso la destitución y el pase al retiro
de un gran número de oficiales y subalternos de la
policía. Junto con oficiales de cuestionado comportamiento
durante su carrera, también fueron dados de baja otros muy
calificados y de conducta
intachable.

Al año siguiente se realizó el
equipamiento operativo a todo nivel, incluyendo,
vehículos, armamento, recursos informáticos, etc.
que mejoraron, también, la capacidad operativa del combate
estatal contra la subversión armada.

—————————————

11 Entrevista con Agustín Mantilla realizada por
la CVR, 24 de octubre de 2002.

12 Entrevista con Agustín Mantilla realizada por
la CVR, 24 de octubre de 2002.

13 Entrevista con Alberto Valencia realizada por la CVR,
11 de septiembre de 2002.

 

4.10.5 LAS ALTERNATIVAS FRENTE A LAS
VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS

En la segunda semana de septiembre de 1985 aparecieron
denuncias sobre hallazgos de fosas clandestinas correspondientes
a matanzas realizadas, semanas antes, por diferentes patrullas
del Ejército en las localidades de Pucayacu y Accomarca
dejando 7 y 69 muertos, respectivamente. El gobierno
inició inmediatamente una investigación y dispuso que los jefes de la
II región militar y del comando político militar de
la zona de emergencia informen sobre lo ocurrido.

Al constatarse que se habían producido las
matanzas, se solicitó la renuncia del presidente del
Comando Conjunto y, luego, se destituyó a los jefes de
región y de comando político militar.21 La
rápida respuesta de García marcó una
distancia con el comportamiento del gobierno anterior y tuvo un
impacto público favorable en el corto plazo. Un conocido
columnista, sin vinculaciones con el PAP, lo expresaba
escuetamente:

Del punto de vista institucional, el
país debe estar de plácemes. Ya era hora que los
gobiernos dejaran esclarecido que en el Perú, no existen
islas que escapan a su jurisdicción. El gobierno gobierna.
El Presidente ejerce sus atributos constitucionales. Y eso es lo
que el país anhelaba.22

Un efecto inesperado fue la eventual
«inhibición» de oficiales y efectivos de las
bases contrasubversivas a continuar con los patrullajes de las
zonas a su cargo. El presidente de la Comisión de derechos
humanos del Congreso, Javier Valle Riestra afirmó por
ejemplo que los responsables de la lucha antiterrorista
habrían de dar cuenta de las violaciones a los derechos
humanos, superando una «doctrina castrense que quiso ir a
una guerra ilegítima, para mantener legitimidad en un
Estado peruano que no era el Estado
nacional»23

Independientemente de los resultados posteriores de las
investigaciones realizadas para esclarecer ambos casos y del
curso legal de los mismos, quedó introducido en las
más altas instancias de poder el tema de la defensa de los
derechos humanos en el conflicto armado interno. 23

En esa línea, el gobierno creó, poco
después de las denuncias sobre los casos arriba
mencionados, una Comisión de Paz para introducir un
componente de pacificación en la política
contrasubversiva.

Estuvo integrada por el magistrado Mario Suárez
Castaneyra, el obispo Augusto Beuzeville, el médico
Fernando Cabieses, el abogado Diego García Sayán,
el psicoanalista César Rodríguez Rabanal, y el
científico Alberto Giesecke. 24 No obstante, no quedaron
completamente establecidas sus funciones fuera
de la asesoría al Presidente en materia de
derechos humanos y pacificación.

La Comisión trabajó sin un respaldo real
del Estado y de las fuerzas políticas. En diciembre, los
miembros de la Comisión presentaron su carta de
renuncia, manifestando haber recibido poco respaldo de las
instancias estatales y de la misma Presidencia 25. Como
señaló un comisionado, se crearon expectativas que
fueron difíciles de cumplir, porque las condiciones que
finalmente encontró la Comisión «estaban
dadas única y exclusivamente para actuar sobre ciertos
efectos o manifestaciones de la violencia, léase
detención-desaparición de personas, presos
injustamente acusados, propuestas en cuanto a normas legales,
que tienen que ver con el problema de la violencia,
etc.».26

El Presidente intentó sostener el proyecto a
comienzos de 1986, reorganizando la comisión con algunos
de sus anteriores miembros, aunque esta vez la iglesia
católica ya no intervino. En junio de ese mismo año
la Comisión de Paz tuvo una intervención puramente
formal y desairada durante los motines de los penales. Poco
después de la matanza, la Comisión de Paz
emitió un informe sobre su
actuación solicitando facilidades para la
investigación. El 11 de julio de 1986 sus miembros
pusieron sus cargos a disposición quedando desactivada. No
volvió a ser reconstituida durante el resto del gobierno
aprista.

———————————–

14 Entrevista a Alan García realizada por la CVR,
7 de mayo de 2003.

15 CVR Base de
Datos

16 Véase el capítulo sobre el
MRTA.

17 «Declaración de guerra de
Sendero». Caretas, 13 de mayo de 1985,
p.16.

18 Al respecto, véase extensamente el
capítulo sobre las FF.PP.

19 Según la Encuesta Anual
El Poder en el Perú de 1985 (Debate, 33 de julio de
1985), las FF.PP. aparecían como la segunda
institución

Que peor funcionaba en el país.

 

4.10.6 EL IMPACTO DE LA MATANZA DE
LOS PENALES

Hasta junio de 1986, a pesar de los permanentes
asesinatos senderistas, había posibilidades de imaginar
una solución no muy lejana del conflicto armado interno.
Se registraba un descenso en el número de muertos en las
zonas más castigadas años anteriores, el MRTA
había planteado una tregua significativa a pesar de que
representaba una amenaza menor en comparación al PCP-SL,
se había sancionado a miembros de las fuerzas del orden
por violaciones de los derechos humanos, se había iniciado
la reorganización de las fuerzas policiales y se
había puesto en marcha una iniciativa estatal de inversión social en las zonas
convulsionadas.

Por último se había recuperado la economía y el
gobierno mantenía niveles muy altos de popularidad. Ese
panorama no contemplaba otros variables que
incidían en el conflicto armado interno, más
allá de los aspectos enumerados líneas arriba. El
PCP-SL había sufrido duros golpes en las zonas de
emergencia pero había incrementado su presencia a nivel
nacional a través de los denominados aniquilamientos
selectivos. Su posición frente al gobierno del PAP
podía resumirse en la decisión de atacar y provocar
directamente al PAP para «quitarle la cara
progresista» y obligarla a mostrar su «entraña
represiva», en palabras de Abimael Guzmán. Esta
posición se tradujo en un acuerdo de la dirección senderista para «inducir al
genocidio al APRA», sin importar las muertes que ello
podría causarle a su propia
organización.27

Bajo estos lineamientos golpeaban al PAP con asesinatos
de militantes y atentados terroristas contra objetivos del
partido y del Estado. Asimismo, intensificaron sus ataques contra
la Marina de Guerra buscando que también les responda con
un «genocidio». De esta manera, asesinaron al
contralmirante Carlos Ponce Canessa, miembro del Estado Mayor de
la Marina, en mayo de 1986. Ante el crimen, el ministro de Marina
hizo un pedido público por la reimplantación de la
pena de muerte
y el Comandante General de la institución fustigó a
las instituciones
seudo defensoras de los derechos humanos.28

Poco después, atentaron contra el secretario de
organización del PAP Alberto Kitasono, quien
resultó ileso pero fallecieron en la acción
tres militantes apristas y un transeúnte.

Otro escenario en el que el PCP-SL había empezado
a actuar con mucha fuerza eran
las cárceles, consideradas «luminosas trincheras de
combate», es decir, espacios de lucha en los que continuaba
desarrollándose su denominada guerra popular y por tanto
se seguía la consigna de «inducir al genocidio al
APRA». Por otro lado, existían precedentes de
motines que habían terminado con varios muertos, como el
de comunes del penal El Sexto en Lima en 1984 y sobre todo el del
llamado «pabellón británico» en Lima,
en Lurigancho, al que nos referimos luego. Los senderistas
sacaron ventaja además de los espacios que les brindaba la
situación de abandono estatal en que se encontraban los
penales del país, al punto que empezaron a controlar lo
que sucedía al interior de varias zonas de
ellos.

El gobierno de García recibió una
situación crítica en los penales que se
había agravado luego de que el 4 de octubre de 1985 un
amotinamiento de reclusos acusados por terrorismo en el penal de
Lurigancho fuese sofocado por la Guardia Republicana en un
violento incidente. Murieron 30 internos pero no hubo mayores
investigaciones ni asunción de responsabilidades por parte
del gobierno. En los meses siguientes, siguieron los problemas en
penales, insistiendo los reclusos senderistas en pedir
garantías para su vida.

27 Véase el capítulo sobre el PCP-SL. 28
La República, 7 de mayo de 1986; Hoy, 7 de
mayo de 1986.

En junio de 1986 elevaron recursos de amparo frente a
la amenaza a su seguridad y el dirigente senderista Antonio
Díaz Martínez, poco antes de comenzar su
interrogatorio del Quinto Tribunal Correccional, denunció
«el nuevo plan genocida que
prepara el gobierno en todo el país, para aplicarlo contra
los reclusos de las diferentes
cárceles».29

Es decir, los senderistas buscaban con sus acciones
«inducir al genocidio» al gobierno aprista y al,
mismo tiempo, lo
denunciaban por prepararlo. El motín senderista que dio
inicio a la matanza de penales se inició el 18 de junio en
los penales de Lurigancho, El Frontón y Santa
Bárbara con tomas de rehenes, mientras se celebraba en la
capital un
evento de la Internacional Socialista. Luego de intentar
controlar la situación a través de la
mediación de funcionarios del INPE, del Poder Judicial y
de la Comisión de Paz, el Consejo de Ministros
decidió «que era necesario restablecer el orden en
los penales con la máxima energía que permite la
Ley, preservando —en lo posible— la vida de los
rehenes y rescatando el principio de autoridad» encargándole la tarea al
Comando Conjunto de las FFAA. 30

Con la intervención de la Fuerza Aérea, se
recuperó rápidamente el orden en el penal de Santa
Bárbara, en el que murieron tres reclusas. En Lurigancho,
penal encargado al Ejército, pero en el que bajo su
supervisión, operó directamente la
guardia Republicana, luego de retomar el pabellón de los
senderistas amotinados, se produjo la ejecución
extrajudicial de todos los presos rendidos, 124 personas en
total.

En el caso de El Frontón, encargado a la Marina
de Guerra, las acciones se extendieron un día más y
fueron las más violentas porque fue el único lugar
donde los amotinados tenían tres armas de fuego modernas y
muchos proyectiles de fabricación artesanal. Allí
murieron tres efectivos de la Marina y un número muy
elevado de internos, 111, según las cifras
oficiales.

El Presidente, pocos días después,
reconoció parcialmente la matanza visitando el penal de
Lurigancho que, en ese momento, fue considerado el caso
más grave de responsabilidad para el gobierno. La CVR encuentra
que el diagnóstico inicial de los hechos que
señaló correctamente que se trataba de «una
provocación senderista», según acta del
Consejo de Ministros del 18 de junio, fue contradictoria con la
decisión de encargar la represión a las FFAA. Y
darles «el plazo más breve posible». Luego se
desinformó deliberadamente al país, dando información falsa en la mayoría de
los 6 comunicados oficiales que se propalaron.

La función disuasiva de la Comisión de Paz
sólo se cumplió para la imagen pues sus miembros no
están seguros que los
reclusos escuchasen un único pedido de desestimamiento
trasmitido por altavoz. Se impidió la acción de los
agentes judiciales y penitenciarios regulares, y luego empezaron
los operativos mortales. Las ejecuciones extrajudiciales
reconocidas entonces en Lurigancho, ocurrieron también en
el penal San Juan Bautista de El Frontón, según
indicios que hoy tiene la CVR. Nada de esto pudo investigarse sin
embargo, porque luego se desarrolló un operativo de
encubrimiento declarando a los penales «Zona militar
restringida". Con un decreto Supremo del día 19 de
junio.

Aunque el Gobierno no haya previsto el extremo de estas
consecuencias, tenía todos los elementos para haber
percibido la necesidad de prever y hasta ordenar que la
represión del motín, que no atentaba contra la
seguridad ni siquiera del conjunto de los 3 penales, no diese
lugar al asesinato de rendidos. Es en esos aspectos que se jugaba
precisamente la diferenciación entre el proceder del
Estado democrático y el de los grupos
subversivos y terroristas. Sin embargo, no lo hizo así y
al asumir como bueno lo realizado, y hasta felicitar al Comando
Conjunto, en la sesión del Consejo de Ministros del 19 de
julio, canceló con ese hecho, su búsqueda en curso
de una estrategia contrasubversiva democrática.

A partir de entonces la relación entre el
Gobierno y los mandos militares fue regresando progresivamente a
un estilo de prescindencia y ambigüedad en la toma de
decisiones y en la asunción de responsabilidades. A
pesar de la gravedad de los sucesos, y como dato significativo de
las reacciones de la opinión
pública en Lima, el presidente García mantuvo e
incluso incrementó su popularidad entre diversos sectores
que reclamaban mano dura frente al senderismo. Por otra parte
tuvo una ruptura radical con la mayoría de organizaciones
de izquierda que no le perdonaron el haber desarrollado una
experiencia de terror de Estado.

El Presidente por su parte se comprometió a
sancionar a los responsables, mediante la frase «o se van
ellos o me voy yo». Finalmente, para el PCP-SL lo ocurrido
sirvió para explotar la imagen de víctimas y
mártires, reclamando a sus militantes la
celebración del día de la heroicidad, en la fecha
de la masacre. Las explicaciones del Ejecutivo sobre los sucesos
de los penales fueron presentadas durante la interpelación
al gabinete por la cámara de diputados el mes de
septiembre.

Mientras tanto el congreso constituyó una
comisión investigadora, que quedó paralizada
durante un año, pues se nombró como su Presidente
al Senador de IU, Jorge Fernández Maldonado, general
retirado quien no aceptó el encargo. La Comisión
funcionaría sólo en 1987, cuando se nombró
como presidente de ella al Senador Rolando Ames, también
del opositor frente IU. El Informe de ésta se
dividió en dos, el de mayoría, suscrito por los
miembros apristas y aliados tuvo 7 votos, el de minoría,
encabezado por Ames, contó con 6 y el respaldo de toda la
oposición, obteniendo gran difusión. Durante la
interpelación de septiembre del 86, el Primer Ministro
Alva Castro defendió que el Ejecutivo buscó primero
la disuasión. Intentando una revisión
crítica de los antecedentes de la estrategia
contrasubversiva empleada por el estado, el Premier
señaló las equivocadas interpretaciones que hizo
del fenómeno subversivo el gobierno anterior, las cuales
llevaron a la militarización de la lucha contrainsurgente
y a la desinformación de lo que venía ocurriendo en
las zonas de emergencia.

El gobierno de Belaúnde había desconocido
el carácter político y de largo plazo
de la subversión senderista. Había considerado a
Sendero Luminoso como un movimiento
regional y esto lo llevó a sostener la visión de
una represión focalizada y demarcada por el estado de
emergencia y la instalación del comando político
militar. De ese modo el gobierno anterior «renunció
a la conducción política de la lucha
antisubversiva», sin «alertar al país acerca
de la amenaza que se cernía sobre la
República.»31

El PCP-SL siguió con su campaña de
asesinatos selectivos. En octubre de 1986, un comando senderista
hirió mortalmente al vicealmirante Gerónimo
Cafferata, ex Comandante General de la Marina. Luego asesinaron a
dos dirigentes apristas en los asentamientos de Huaycán y
Horacio Zevallos, en Lima. Desde el gobierno y el PAP hubo
reacciones importantes como el retorno del senador Armando
Villanueva a la secretaría general del partido para
organizar un «plan antiterrorista». De otro lado, el
gobierno propuso un proyecto de ley para la creación de
tribunales especiales que se encargaran de los casos de
terrorismo y otro proyecto que excluía de los delitos de
función los «excesos» que cometiesen las
fuerzas del orden en contra de los derechos humanos, intentando
dar mayor crédito
a la voluntad del gobierno por prevenir estos delitos.

El 15 de enero de 1987 se produjo una asonada de
atentados terroristas que causaron un extendido estado de alarma
en la capital. Varios locales del Partido Aprista sufrieron
atentados una semana después, cuando asumía la
alcaldía de Lima, el abogado aprista Jorge Del Castillo.32
La ola de atentados a dependencias privadas y públicas
concluyó con el asesinato del doctor César
López Silva, responsable de la Secretaría de
Asuntos Profesionales del Partido Aprista, en enero de 1987. En
esas circunstancias el Presidente expresó, según
recuerda un general de la policía presente en esa
reunión, que «el problema más grande del
país y también mío es la lucha
antiterrorista»33 Consecuentemente a esta decisión,
en los meses siguientes se realizaron agresivas acciones de
intervención en las principales universidades
públicas de Lima, así como constantes batidas en
zonas populares de la capital. La apremiante situación
también presionó sobre las reformas que
venían realizándose en la Dirección General
de Inteligencia del Ministerio del Interior. Paralelamente, el
Ejecutivo propuso la ampliación de las penas por delitos
de terrorismo y el control del uso de medios
lícitos, como la prensa, para fines subversivos con un
proyecto de ley contra la apología del terrorismo.34 Una
encuesta de marzo de 1987 señaló que un 75% de la
población de Lima pensaba que la
subversión aumentaría sus acciones o las
mantendría igual los próximos seis
meses.35

En ese contexto se discutió la creación
del Ministerio de Defensa que incluía la
representación de las fuerzas armadas por un ministro
designado por el Presidente, lo que suponía una reforma en
el organigrama del
sistema de defensa.

La propuesta generó las resistencias
de diversos sectores políticos y de las fuerzas armadas
que desconfiaban de la utilización que el PAP
podría hacer del mismo para influir en las fuerzas
armadas. Esta últimas se manifestaron públicamente
contra su creación, debido a la pérdida
significativa de influencia en el nivel más alto de las
decisiones.

Finalmente, el proyecto de creación del
ministerio se aprobó en marzo de 1987. No obstante, su
creación tuvo pocos efectos prácticos en la
conducción de la lucha contrasubversiva. El Gobierno
parecía ya no tener la energía ni la
convicción para llevar a delante una reforma de esta
naturaleza. En
octubre de 1987 el general (r) EP Enrique López
Albújar se convirtió en el primer ministro de
Defensa.

—————————–

20 Véase la entrevista
con Agustín Mantilla (1ª fecha). 21 Véanse los
casos Pucayacu y Accomarca entre los investigados por la CVR en
el tomo VII. 22 Manuel D´Ornellas en el diario
Expreso del 17 de septiembre de 1985. En: DESCO.
Resumen Semanal, 13-19 de septiembre de 1985, año
VIII, n.° 334, p. 2.

23 El Comercio, 19 de septiembre de 1985. En
DESCO. Resumen semanal, 13-19 de septiembre de 1985,
año VIII, n.° 334, p.3. 24 «Las dificultades de
la paz». Entrevista a Diego García Sayán por
Alberto Adrianzén. En El Zorro de Abajo, n.° 4,
marzo de 1986. 25 Para más detalles sobre las dificultades
y limitaciones véase: «Las dificultades de la
paz». Entrevista a Diego García Sayán por
Alberto Adrianzén. En El Zorro de Abajo, n.° 4,
marzo de 1986, p. 24. 26

29 DESCO. Resumen Semanal, n.° 371,
año IX, 13-20 de junio de 1986. 30 Informe de la
Comisión Ames, p. 245.

 

4.10.7 EL
PAP ANTE EL DESPLIEGUE NACIONAL DEL CONFLICTO

Los atentados y la violencia arreciaron en el segundo
trimestre de 1987. En mayo siete departamentos quedaron sin
luz, en Puno
las tomas de tierras radicalizaban los conflictos
locales y en Lima las batidas policiales se intensificaron. En
este período 1987-88, esta síntesis
muestra
algunos rasgos de este proceso, los
cambios políticos más importantes y los vaivenes
del Gobierno en su enfrentamiento a la subversión. A fines
de junio, se produjeron cambios ministeriales.

Abel Salinas dejó la cartera del Interior y la
asumió el médico José Barsallo, continuando
como viceministro, Agustín Mantilla. Hacia la mitad del
año, el gobierno reconoció públicamente que
se había llegado a un límite con el programa
económico realizado hasta ese momento y en el mensaje del
28 de julio de 1987 el Presidente anunció la
estatización del sistema bancario y financiero. A partir
de allí, la oposición del empresariado, de los
banqueros y del PPC y AP, fue muy fuerte.

Sin embargo al comienzo García levantó
temporalmente su popularidad. Estas medidas fueron
acompañadas con el anuncio del fin del toque de queda en
Lima y se habló de un levantamiento del estado de
emergencia en Ayacucho, intentando así amainar el temor
colectivo frente a la multiplicación de las acciones
subversivas de los meses anteriores.

El intento de «nacionalización del sistema
financiero» no prosperó y distanció a la
derecha empresarial del gobierno. Surgió un movimiento
político que reuniría a partidos como AP y el PPC
en un frente político, con miras a las elecciones del 90.
Mario Vargas
Llosa se convirtió en la figura nueva y más
atrayente de la política peruana. El debate sobre
el proyecto de estatización de la Banca comenzaba a
desarrollarse cuando ocurrió el asesinato de Rodrigo
Franco, joven dirigente aprista y presidente de ENCI.

La muerte de Franco pareció endurecer las
posiciones del gobierno y del partido y reforzó la
opinión partidaria a favor de una guerra que comprometiera
a toda la población contra la subversión. Un mes
más tarde otro dirigente, el subsecretario nacional de
organización del PAP, Nelson Pozo, fue también
abatido por Sendero Luminoso. En este contexto, el gobierno
procuró mejorar sus relaciones con las Fuerzas Armadas,
afectadas tras la creación del Ministerio de Defensa. Sin
embargo, las Fuerzas Armadas evaluaban con preocupación la
situación política y optaron por empezar su propia
redefinición de la estrategia que desarrollaban en el
conflicto armado interno.

Uno de los recursos más importantes que
controlaba el PAP era el Ministerio del Interior. Con la llegada
del ministro Barsallo, empezaron fuertes críticas por la
utilización partidaria del Ministerio y también por
el inicio de acciones irregulares y paramilitares contra las
organizaciones subversivas (como el frustrado atentado con
explosivos contra el local de El Diario, atribuidas a
personal
vinculado al sector).

Barsallo reveló en una entrevista con la CVR, la
desconfianza en la que vivía el gobierno y su
tensión con las Fuerzas Armadas. « […] yo
sabía donde estaban todos los generales y comandantes
generales del Ejército, de la Marina, Aviación. Lo
sabía perfectamente porque era mi función, yo no
iba a permitir que dieran un golpe de Estado.
¡Qué buena gracia!». La actuación del
presidente en un evento partidario contribuyó a estas
especulaciones.

Buscando ganar la moral de
sus jóvenes partidarios – enfrentados con las dirigencias
intermedias -, García idealizó los rasgos de la
militancia senderista para justificar la importancia del
compromiso con el partido. En el discurso que dio al inaugurarse
el VII Congreso Nacional de la Juventud
Aprista, mayo del 88 —y que se filtró a la
prensa—, el Presidente dijo: Y
debemos reconocer cómo Sendero Luminoso tiene
militantes activos,
entregados, sacrificados. Debemos
reconocer algo que ellos tienen y nosotros no tenemos como
partido […] equivocado o no, criminal o no, el senderista
tiene lo que nosotros no tenemos: mística y entrega […]. Esa es gente que merece nuestro respeto y mi
personal admiración porque son, quiérase o no,
militantes. Fanáticos les dicen. Yo creo que tienen
mística y es parte de nuestra autocrítica,
compañeros, saber reconocer que quien, subordinado o no,
se entrega a la muerte, entrega la
vida, tiene mística.36

———————————–

31 18 de septiembre de 1986. 32 DESCO. Resumen
Semana
l, 16-22 de enero de 1987, año X, n.° 402,
p. 1. 33 Entrevista con el General PNP (r) Teófilo Aliaga
realizada por la CVR. 34 DESCO. Resumen Semanal, 27 de
febrero-5 de marzo de 1987, año X, n.° 408, p. 1. 35
Informe de Opinión Pública, Apoyo, marzo de
1987.

 

4.10.8 LA TOMA DE JUANJUI (SAN
MARTIN) DEL MRTA

Aunque había anunciado en 1986 el fin de su
«tregua» al gobierno y al PAP, la aparición de
columnas guerrilleras del MRTA en San Martín en noviembre
del año siguiente sorprendió a la policía.
La Dirección de Operaciones
Especiales de la policía se había creado
recién tres meses antes y no estaba lista para entrar en
acción. Después de conocida la toma de la ciudad de
Juanjui, el 6 de noviembre de 1987, la prensa cubrió
ampliamente los sucesos.

El presidente García pidió a los medios de
comunicación «asumir una gran responsabilidad,
porque si se le va a conceder la importancia que los terroristas
buscan, entonces serán sus primeros colaboradores
—para señalar luego que— la guerra será
severa y va a durar buen tiempo». El Ministro del Interior,
José Barsallo, minimizó la incursión al
considerarla un «show montado por el MRTA»,
posición que recordaba a las declaraciones de sus
antecesores a inicios de la década.37

El 10 de noviembre se declaró en Estado de
Emergencia el departamento de San Martín y se envió
al Ejército a la zona. San Martín era un
departamento con fuerte presencia de la izquierda legal y mucha
agitación social de los campesinos.

El 17 y 18 de noviembre el Frente de Defensa de los
Intereses de San Martín convocó a un paro
departamental en contra del Estado de Emergencia. En el contexto
de un nuevo frente de guerra, y en la emergente coyuntura de la
regionalización, la sociedad
sanmartinense quiso aprovechar el momento para levantar sus
propias reivindicaciones económicas y sociales, en tensa
disputa con los poderes fácticos que la
acechaban.

Por su parte, el gobierno envió al Premier Larco
Cox y al Ministro de Defensa, López Albújar, ambos
se entrevistaron con los alcaldes provinciales y autoridades
locales, demandando un apoyo decidido a la intervención
militar, tal como señalaba el Premier:»He venido a
prestar mi respaldo irrestricto al Ejército que
está actuando en la zona por mandato de la Constitución. De allí que no apoyo
actitudes a
medias tintas, bajo el pretexto de denunciar supuestas
violaciones de los derechos humanos.»38

Las acciones del MRTA en el departamento de San
Martín afectaron al gobierno que, en un contexto en el que
recibía fuertes críticas a consecuencia del intento
de la estatización de la banca, tuvo que militarizar una
región del país que no había sido escenario
central del conflicto en años anteriores. A mediados de
mayo de 1988 se produjo una incursión punitiva del
Ejército en la localidad de Cayara, luego de una emboscada
senderista a una patrulla militar.

Al comienzo la Presidencia del Consejo de Ministros
expresó en un comunicado oficial «la falsedad de una
supuesta masacre de campesinos». Ante la aparición
de campesinos que atestiguaban la veracidad de los hechos, una
comisión de ministros, funcionarios del Ministerio
Público y congresistas visitaron la zona. Luego fue el
mismo Presidente de la República y las autoridades
comenzaron a revisar sus versiones iniciales. Un mes
después una Comisión Investigadora del Senado,
presidida por el Dr. Carlos Enrique Melgar, se dirigió a
la zona, donde ya la fiscalía había acudido e iniciado
sus propias averiguaciones. Hubo declaraciones encontradas entre
ambas instancias. Entre tanto, varios testigos eran desaparecidos
o asesinados.

Al cabo de un tiempo, el fiscal Escobar a cargo de la
investigación fiscal, presentó sus conclusiones
preliminares confirmando que había ocurrido una matanza y
fue retirado del caso. Un nuevo fiscal apoyó las tesis del
senador Melgar, quien en su informe al congreso desconoció
la masacre. Sin embargo, un informe en minoría de la misma
comisión del senador Melgar, mucho mejor sustentado,
encontró pruebas de que
en Cayara, efectivamente, hubo asesinatos de campesinos
indefensos poco después de la emboscada al convoy militar,
y señaló al comandante político militar de
la zona, el general EP José Valdivia Dueñas, como
responsable de esos hechos. Finalmente, el caso fue
sobreseído en 1990. 39

En ese mismo tiempo Armando Villanueva asumió la
Presidencia del Consejo y anunció la creación de
una comisión interministerial presidida por él
mismo, la cual asumiría la dirección y la
responsabilidad política de esa lucha contrasubversiva,
contando además con la participación de los
Ministros del Interior y de Defensa. La «Comisión
coordinadora de lucha antisubversiva» se instaló el
3 de julio, sumándose el Ministro de Justicia al
grupo
inicial.

La comisión coordinadora aparecía como un
ente sustituto del Consejo de Defensa Nacional (que había
sido disuelto luego de la reforma del Sistema de Defensa Nacional
tras la creación del Ministerio de Defensa). Sin embargo,
esta comisión tuvo escasos resultados prácticos,
apareciendo el Ejecutivo debilitado ante las fuerzas armadas en
tanto conductor de la lucha contra-subversiva.40

El presidente García en su discurso del 28 de
julio de 1988, hizo un llamado a la unidad nacional, denunciando
el manejo inescrupuloso de información que ponía en
riesgo la
seguridad de jueces y fiscales, y propuso devolverle a la
policía la responsabilidad de investigar los casos de
terrorismo, capacitando al personal policial para así
evitar obstáculos judiciales que habían terminado
favoreciendo a los detenidos por terrorismo, como ya había
ocurrido con, por ejemplo, la sentencia absolutoria al conocido
dirigente senderista Osmán Morote.41

También propuso un proyecto de ley para sancionar
«la asociación ilícita con fines terroristas
y a quienes distribuyen volantes, fraguan documentos o
propaganda a
favor del terrorismo».42 Y otro para la sanción del
uso ilegal de armas y explosivos. Estos proyectos dieron
lugar a la promulgación de la Ley 24953, de diciembre de
1988, que estableció que los autores o instigadores
intelectuales,
coautores y cómplices de actos de terrorismo
recibirían la misma pena que el autor.

Esta ley también volvió a tipificar como
acto de terrorismo la asociación, incitación y la
apología del mismo.43 Más adelante, en junio de
1989, la promulgación de la Ley 25031 modificará la
Ley 24700, poniendo a cargo de la policía la
investigación prejudicial, mientras los Tribunales
Correccionales Especiales se hicieron cargo de la
instrucción y el juzgamiento de los acusados de
terrorismo.

Las Comisiones investigadoras del Congreso fueron vistas
inicialmente como una consecuencia lógica
de lo que había demandado el PAP como oposición
parlamentaria a la mayoría del período 1980-1985.
Al agudizarse el conflicto armado interno, la mayoría
aprista perdió el entusiasmo inicial y, asumió una
posición de defensa cerrada del gobierno y del partido que
terminó desvirtuando los fines para los que fueron creadas
las comisiones.

De esta manera, se produjo una situación peculiar
por la que se creaban comisiones investigadoras que, de alguna
manera, implicaban un reconocimiento del problema por parte del
Estado, pero a la hora de emitir las conclusiones o las
recomendaciones se preparaban dictámenes en mayoría
que dejaban casi sin razón de ser a las comisiones mismas,
favoreciendo situaciones de impunidad. Un
caso singular fue la Comisión especial del Senado para
investigar las causas de la violencia y formular alternativas de
pacificación para el país. Su creación en
abril de 1988 ocurrió en un contexto de violencia
creciente y de crisis económica.

La Comisión confirmó que si bien el
gobierno había contado con «lineamientos de
política contrainsurgente», no había
desarrollado «una estrategia integral y de conjunto».
Además, señaló que los recursos militares se
hallaban supeditados a manuales
doctrinarios desactualizados e insuficientes para el combate de
la subversión peruana.

La comisión presentó al Senado 18
recomendaciones para una estrategia de pacificación
integral: Como elementos básicos señalaron la
participación de la ciudadanía, un acuerdo nacional para la
pacificación del país, políticas sectoriales
complementarias que actuaran como sustento de la
pacificación, vincular la Defensa Nacional con el
bienestar y el desarrollo, no aceptar las concepciones que no
respondieran a las realidades nacionales, crear la
Defensoría del Pueblo y finalmente de reforzar el Servicio
Nacional de Inteligencia.

El Senado aprobó el informe pero no
impulsó la concreción de las propuestas de la
Comisión. El senador Bernales, que presidió la
Comisión, comentó en un estudio posterior: El
gobierno por su parte entendió que esas recomendaciones no
lo obligaban a variar de conducta y a propiciar una
revisión completa de lo hecho en materia de
política contrasubversiva. Grave error de ambos, el Senado
debió demandar el cumplimiento de las recomendaciones que
aprobó y el gobierno debió aceptar que era el
momento de convocar a la participación de la sociedad,
procurando un compromiso nacional por la
pacificación.44

———————————

36 DESCO. Resumen Semanal, 1-7 de julio de 1988,
año XI, n.° 475, p. 1.

37 Véase capítulo del MRTA.

38 DESCO. Resumen Semanal, 20-26 de noviembre de
1987, año X, n.° 446, p. 2. 39 Véase Caso
ilustrativo Cayara.

 

4.10.9 EL PAP FRENTE A LA
CRISIS

En septiembre de 1988 el gobierno presentó un
paquete de medidas de ajuste gradual de la economía, que
marcó el fin de las iniciativas de cambio
económicas propuestas por el régimen aprista. La
falta de recursos del gobierno en materia contrainsurgente fue
evidente en momentos en que se había producido una
expansión del conflicto en distintas áreas del
país que obligaba a un despliegue mayor de las fuerzas del
orden.

En esas condiciones, era ya imposible pensar en que se
mantendría el componente socioeconómico de la lucha
contrasubversiva. Por otro lado, recordemos que la
agudización de la crisis económica y la
pérdida de control sobre la inflación erosionaron
significativamente la popularidad del gobierno y, en especial, la
del Presidente de la República. Así pues, al
comenzar 1989, el país se precipitaba en una grave crisis
económica de amplias repercusiones, con amenazas de golpe
militar y pedidos de adelanto de elecciones.

El líder
del Movimiento Libertad, Mario Vargas Llosa, acusó al
Presidente de haber «claudicado en su deber de gobernar.
Parece haber levantado los brazos ante la violencia y la crisis
económica; guarda frente a ello total inacción, lo
que hace sospechar que acaso sea el primer interesado en una
quiebra del orden
constitucional»45 y le exigió «un respaldo
político resuelto a las Fuerzas Armadas en la lucha contra
el terrorismo y que encabece una movilización de la
sociedad civil
de apoyo a la acción militar contra la subversión y
la delincuencia».46 Un ejemplo de la respuesta
de García es la siguiente». El balance de nueve
años transcurridos nos dice que todos de alguna y de otra
manera hemos sido complacientes por sentirnos ajenos al peligro
inmediato.

Todos decimos que el Perú está en guerra
contra el terrorismo, pero todos queremos seguir viviendo
igual».47

Lo más importante en este momento fue que las
fuerzas armadas habían venido sistematizando su pasada
experiencia contrainsurgente, reelaboraron las orientaciones y
los manuales empleados hasta entonces, aprovechando mejor la
información que habían obtenido en esa lucha. El
resultado fue la elaboración de una nueva estrategia
contrasubversiva, de carácter integral «que otorgaba
a las fuerzas armadas un rol fundamental no sólo en la
conducción de la lucha contra la violencia terrorista
sino, también, en la gestación de una nueva
correlación política en el
país».48

En la práctica, la nueva estrategia
contrasubversiva fue definida sin la participación directa
en el proceso del gobierno y del congreso. Las fuerzas armadas
reorientaron su actuación a partir de un balance propio,
mientras que al interior de las fuerzas policiales se gestaba,
también autónomamente, el trabajo
especializado de inteligencia contra el terrorismo. De este modo
el Ejecutivo no logró constituir una instancia alternativa
al Consejo de Defensa Nacional mientras que el congreso no
transformó en leyes las recomendaciones de su propia
comisión especial sobre el tema. En marzo de 1989, se
produjeron nuevos cambios ministeriales.

El Presidente afirmó ya que «ningún
problema es mayor que la violencia; ella nos costó miles
de vidas de gente humilde, de autoridades que tenían el
rango sagrado del sufragio, de
soldados y policías».49

A mediados de 1989, había ocho departamentos en
estado de emergencia: Lima, Apurímac (salvo la provincia
de Andahuaylas), Huancavelica, San Martín, Junín,
Pasco, Ayacucho, Huánuco y la provincia constitucional del
Callao, que representaban el 33% del territorio nacional.
Además, el 36% de los 1770 distritos del país se
encontraban en zonas de emergencia, por lo que las
representaciones municipales y las autoridades locales
corrían un alto riesgo, atendiendo a la campaña de
terror y asesinatos senderistas en su contra. Entre 1987 y 1989
hubo un abandono creciente de los cargos municipales.

La «vacancia municipal» por abandono de
cargo —situación inexistente en la ley—, fue
un fenómeno que se extendió en los departamentos
afectados por la subversión o declarados en estado de
emergencia, especialmente en los departamentos de Junín,
Lima, Ayacucho, Huánuco, Apurímac, Ancash,
Huancavelica, Pasco, La Libertad, Puno y San
Martín.

Cargos municipales «vacantes» en
1989

Departamento Total de provincias en el Nro. De
Provincias con cargos

Nro. De distritos en provincias

Nro. De Concejos Distritales

Nro. De cargos vacantes

Nro. De cargos vacantes.

Dpto. vacantes afectadas afectados distrital
provincial

Junín 8 6 108 55 201 5

Huánuco 9 9 74 38 53 8

Lima* 9 5 88 31 67 15

Ayacucho 11 8 81 13 20 10

Apurímac 7 4 45 18 37 12

Ancash 18 9 96 20 44 1

Huancavelica 8 4 57 12 15 —

Pasco 3 3 29 9 14 —

La Libertad 9 2 21 7 6 15

Puno 11 3 36 3 7 —

San Martín 9 7 57 12 19 9

Total 74 60 692 218 483 75*

*Exceptuando los distritos de Lima metropolitana (42),
el resto de provincias sumaba 128 distritos.

Entre tanto, la preparación militarizada que
comenzó a impartirse a las fuerzas policiales no tuvo un
impacto favorable en la opinión pública, pues
muchos actores políticos y sociales encontraban en ese
cambio la voluntad del Partido Aprista por controlar el aparato
de seguridad estatal, pensando algunos que se deseaba crear un
ejército paralelo. Tampoco los cambios en el sistema de
Defensa Nacional contribuyeron a proponer un manejo distinto del
problema subversivo, la coordinación y centralización de la estrategia
contrasubversiva no mejoró. Cada ministerio, recuerda
Mantilla, «manejaba lo suyo»:

[…] el Ministerio del Interior en ese momento y
durante bastante tiempo en nuestro gobierno, no tenía un
trato directo con los ministerios de
las Fuerzas Armadas, porque en ese entonces había
todavía tres ministerios. Era muy difícil la
relación, muy complicada, y además complicada
todavía en el campo de las acciones, sobre todo en las
zonas rurales. La Fuerza Armada recurrió al argumento de
que tenía sus propias órdenes, sus propios mandos
[…] 50

El 27 de marzo de 1989, Sendero Luminoso atacó el
puesto policial de Uchiza, en el departamento de San
Martín, matando a diez guardias civiles y saqueando
locales públicos y privados. Fue una acción que
mostró serias descoordinaciones en la respuesta del Estado
que la CVR estudia como un caso aparte en su Informe
final.

Mientras tanto, rondas campesinas del valle del
río Apurímac habían derrotado a senderistas;
se trataría de: «42 comunidades en el valle de
Sachabamba en Huamanga y 58 caseríos en el río
Apurímac», según el diputado aprista por
Ayacucho, Alberto Valencia, quien las apoyó aún en
contra de la opinión de altos oficiales del
Ejército y de dirigentes de su partido. También se
presentó públicamente al jefe de las rondas
ayacuchanas, el llamado comandante «Huayhuaco»,
dirigente de los Comités de Defensa Civil
del valle del río Apurímac.

En aquella oportunidad el comandante Huayhuaco
afirmó que «si el gobierno a mí me diera,
fiscalizándome con un grupo de oficiales conscientes, nada
más que unos cien fusiles, cien FAL, hasta noviembre o
diciembre devuelvo la paz al departamento de
Ayacucho».51

El 28 de abril una columna del MRTA que viajaba en dos
camiones para tomar la ciudad de Tarma tuvo un enfrentamiento con
fuerzas del Ejército en Molinos, cerca de Jauja. El
presidente García viajó inmediatamente a la zona e
hizo un recorrido observando los cadáveres de los miembros
del MRTA y, entre ellos, los de algunos pobladores. Las imágenes
de la visita fueron difundidas por los medios, ignorándose
en ese momento que se había producido una ejecución
extrajudicial («repase») de heridos y rendidos luego
del enfrentamiento.52

El mes de mayo fue el más violento del año
1989. El día 6 fue asesinado en Lima el diputado aprista
Pablo Li Ormeño, produciéndose la renuncia del
gabinete. El nuevo Primer Ministro designado fue esta vez el
dirigente histórico Luis Alberto Sánchez y
Agustín Mantilla asumió el Ministerio del Interior.
El 10 de mayo Sendero Luminoso llamó a un «paro
armado» en los departamentos de Junín,
Huánuco y Pasco.

El Presidente visitó Huancayo, desafiando el
extendido temor de la ciudad que estaba bajo control militar.
Días después, se realizó con éxito
otro «paro armado» en Huancavelica. Luego, en los
primeros días de junio, hubo nuevas medidas de este tipo
promovidas en las provincias que rodean a Lima. El 6 de junio, en
la presentación del nuevo gabinete ministerial, el
Ministro de Defensa, general Velázquez Giacarini, expuso
las acciones que preparaba el gobierno para enfrentar a la
subversión, describiendo la distribución espacial y numérica de
los grupos subversivos en el país. Anunció el
reforzamiento del servicio de inteligencia, la
organización de autodefensas campesinas, la
preparación especializada de las fuerzas militares y
policiales; la ofensiva contra los grupos de apoyo en el
extranjero y, finalmente, la creación de un fondo de
financiamiento
para la lucha contrasubversiva.

—————————————

40 Obando, p. 381. En Stern, 1999. Véase el
capítulo sobre las FFAA.

41 Reyna, p. 159. Con la nueva legislación,
Morote fue finalmente condenado a quince años de
prisión.

42 DESCO. Resumen Semanal, 22 de julio-4 de
agosto de 1988, año XI, n.° 478-479, p. 2.

43 IDL, 2001, p. 127.

44 Bernales, 1990, p. 179.

45 DESCO. Resumen Semanal, 06-12 de enero de
1989, año XII, N.° 502, p. 2.

46 Ibid, p. 1.

47 IDL, p. 104.

48 Tapia, p. 55

49 DESCO. Resumen Semanal, 25 de febrero-3 de
marzo de 1989, año XII, n.° 508, p. 1.

* Fuente: Pareja, 1990, pp. 8-16.

50 Entrevista con Agustín Mantilla realizada por
la CVR, 24 de octubre de 2002.

51 Ibid. Véase el capítulo sobre los
Comités de Autodefensa.

52 Véase en detalle el caso investigado por la
CVR sobre Molinos, así como la historia representativa en
el tomo V

 

4.10.10 EL «COMANDO RODRIGO
FRANCO», SU VINCULACIÓN CON AGUSTIN MANTILLA Y EL
APRA

El 28 de julio de 1988, horas antes del mensaje
presidencial de Fiestas Patrias, fue asesinado en Lima el abogado
Manuel Febres Flores, presidente de la Asociación de
Abogados Democráticos y defensor del dirigente senderista
Osmán Morote. La autoría del crimen fue
reivindicada por un autodenominado «Comando Rodrigo
Franco» (CRF), que utilizaba el nombre del dirigente
aprista asesinado por Sendero Luminoso el año
anterior.

A partir de esa fecha se asoció en diversas
fuentes al
«Comando Rodrigo Franco» con el Partido Aprista, con
el Ministerio del Interior y con los puntos del país.
Sorprendentemente, el día elegido para la primera
acción pública del «Comando Rodrigo
Franco» era el menos indicado para favorecer al PAP porque
correspondía al primer mensaje presidencial después
del anuncio de la estatización y el nombre de la
organización era en sí mismo una tácita
asunción de responsabilidades.

Meses después, a raíz de los asesinatos de
los diputados de IU y del PAP, el Congreso creó una
comisión investigadora del mencionado grupo
paramilitar.

En el proceso, fueron esgrimidos diversos argumentos
como las gestiones del gobierno para armar a las fuerzas
policiales, denuncias de negociado de armas, el radicalismo de la
militancia joven o el descontento partidario por la
campaña de asesinatos senderistas contra militantes del
interior. El 31 de mayo de 1990, durante la última
legislatura de
la Cámara de Diputados del gobierno del Presidente
García, la comisión investigadora encargada de
probar la existencia del «Comando Rodrigo Franco»,
presentó finalmente dos dictámenes a la
asamblea.

El dictamen en minoría afirmó la
existencia de este grupo paramilitar, señalando
además su posible vinculación con el Ministro del
Interior Agustín Mantilla. Por su parte el dictamen en
mayoría, firmado por el Presidente de la Comisión,
el diputado aprista César Limo, afirmó que no
había evidencias que
probaran su existencia, y más bien acusó de
asociación con el terrorismo a tres diputados de IU. El
pleno de la Cámara aprobó el informe en
mayoría, aunque excluyó la parte de la
denuncia.

Con este acto, uno de los últimos del Congreso
durante el gobierno del Presidente García, se rechazaba al
igual que en varios otros casos anteriores, denuncias de
crímenes cometidos por agentes del Estado. El alto
número de acciones atribuidas al «Comando Rodrigo
Franco» y la diversidad de lugares en que se habrían
registrado las mismas hacen difícil sostener que la
autoría corresponda a una sola organización. Se
piensa que podría tratarse, más bien, de una
especie de franquicia
informal por la que actores diversos, no necesariamente
articulados entre ellos, terminaron utilizando un mismo membrete
para sus actividades.

 

4.10.11 EL PROCESO ELECTORAL Y DE
AMENAZA SUBVERSIVA A LOS ASESINATOS.

Si 1984 fue el año con mayor número de
muertes en la población por causa de la guerra interna,
1989 es el año con mayor mortandad de autoridades y
representantes electos. En 1989 se cuentan la mayor cantidad de
autoridades políticas (68%) y municipales (71%) asesinadas
en toda la década. Según datos
preliminares, sólo ese año se asesinó
aproximadamente al 33% (53) de todos los alcaldes provinciales y
distritales muertos por la guerra entre 1980 y 1995. El 45% de
ellos eran alcaldes del Partido Aprista.

Aproximadamente fueron asesinadas unas quinientas
autoridades municipales y políticas, sin contar a las
autoridades comunales y otras tradicionales que cumplen un papel
fundamental dentro de las colectividades étnicas
más apartadas de la sociedad nacional. La mayor mortandad
se produjo entre los alcaldes distritales y los tenientes
gobernadores, en ambos casos fue el año 1989 el que
presentó la mayor frecuencia. El número de
autoridades municipales del PAP asesinadas mientras fue gobierno,
es el que se detalla a continuación:

 

El impacto de las amenazas, atentados y asesinatos
precipitaron el abandono de los cargos ediles en decenas de
distritos y provincias del país. Antes de las elecciones
de noviembre de 1989 se había verificado el abandono del
cargo de 576 autoridades locales, el 75% (431) de ellas
pertenecían al Partido Aprista, y un 14% (80)
representaban a Izquierda Unida. Lima provincias, Huánuco
y Junín fueron los departamentos con mayor número
de situaciones de vacancia.

Autoridades municipales del PAP que dejaron
«vacante» su cargo entre 1987 y noviembre de
1989

Alcaldes 164

Regidores 199

Teniente Alcaldes 68

Total 431

En Pareja y Gatti, 1990. Fuentes: Ministerio del
Interior – Dirección de Autoridades Políticas,
JNE.

Ese mismo año, en un 15.37% de los distritos de
la República no se presentaron candidatos. En 1989
murieron asesinados 17 jueces de paz, aproximadamente el 40% de
todos los que murieron entre 1982 y 1995. La mayoría
vivían en zonas rurales, donde la falta de
protección fue muy grande y a menudo fueron asesinados al
lado de sus familias o pobladores cercanos. El avance de esta
ofensiva de asesinatos selectivos no fue resaltado
suficientemente por la clase
política peruana, especialmente la asentada en
Lima.

Por otra parte, el ausentismo en las elecciones
generales de 1990, fue el más alto de los que había
habido en los diez años de democracia. En
los departamentos de Ayacucho y Huancavelica llegó a
superar el 40%; mientras que en los departamentos de
Huánuco y Junín fue alrededor del 50%. La
estrategia del Ministerio del Interior y las fuerzas policiales y
militares, para ofrecer mayores seguridades a las autoridades
civiles y a los ciudadanos, no dio resultados.

 

4.10.12 LA FASE FINAL DEL GOBIERNO
APRISTA

Para septiembre de 1989, ya la opinión
pública pensaba que el gobierno aprista no
resolvería el problema de la subversión y que
éste iría para peor.53 En diciembre, el presidente
entregó rifles a los ronderos de la comunidad de
Rinconada Baja, en Ayacucho, mostrando como el gobierno se
había decidido a armar a las rondas civiles. Un fuerte
debate se había impuesto sobre
este punto, con opiniones críticas de altos mandos
castrenses.

Simultáneamente, la población de las
ciudades de Huancayo y Huamanga, por iniciativa de las
organizaciones civiles y políticas locales, respondieron
con marchas a la amenaza senderista de los «paros
armados». En noviembre de 1989, poco antes de las
elecciones municipales, Sendero Luminoso convocó a un
«paro armado» en Lima que fue respondido con una gran
marcha de decenas de miles de personas en el centro de la
capital. Como pocas veces antes, la respuesta ciudadana fue muy
amplia.

El candidato de la IU, Henry Pease, convocó a la
marcha y la iniciativa fue apoyada por todos sus rivales, desde
los otros sectores de izquierda, el APRA y el FREDEMO, hasta por
diversas organizaciones civiles, eclesiales etc. que en conjunto,
hicieron fracasar al paro senderista.

En el último año del gobierno aprista se
creó dentro de la DIRCOTE el Grupo Especial de
Inteligencia (GEIN) que, dos años después
capturaría a Abimael Guzmán Reinoso. El teniente
general PNP Reyes Roca, entonces Director Superior de la
Policía Técnica (ex PIP), obtuvo los recursos
básicos para que iniciara su trabajo el nuevo
grupo.

El 1 de junio de 1990, el GEIN allanó una casa
cercana al cuartel general del Ejército, donde hasta pocos
días antes se había alojado Guzmán. En ella
funcionaba el Departamento de Apoyo Organizativo (DAO) del
PCP-SL, que, además de organizar el congreso partidario y
las sesiones del comité central, servía de correa
de transmisión entre la Dirección Central y los
demás organismos. Asimismo, el DAO llevaba un archivo central
de documentación de la organización.
Simultáneamente, el GEIN golpeó al Grupo de Apoyo
Partidario (GAP), que se ocupaba de la distribución
nacional de la propaganda senderista, tal acción fue
importante porque ese grupo coordinaba una red de casas de
seguridad y poseía una lista para contactar a miembros de
diversos organismos de dirección senderistas. El GEIN que
fue reforzado por el Ministro Mantilla demostró su
eficacia,
operando con un presupuesto
ínfimo en comparación al de otras unidades
policiales. 53 Informe de Opinión, Apoyo, septiembre –
octubre de 1989.

Sin embargo, la alegría duró poco tiempo
al producirse el 9 de julio la fuga de un grupo de 47 presos del
MRTA (que incluía, entre otros, a Polay, Gálvez y
Rincón) a través de un túnel construido
desde el exterior del penal de máxima seguridad de Miguel
Castro Castro. La fuga de los miembros del MRTA reveló la
precariedad de las prisiones de máxima seguridad del
país y demostró las limitaciones de inteligencia
todavía existentes ya que el túnel de más de
300 metros había sido cavado sin tropiezos por varios
meses.

Asimismo, al haber fugado importantes líderes
presos, el MRTA logró reunir a toda su dirección en
libertad después de mucho tiempo, lo que agravó la
situación de seguridad interna del país. Por
último, el gobierno recibió fuertes críticas
de opositores que lo responsabilizaron de haber facilitado la
fuga, aludiendo a la antigua militancia aprista de Víctor
Polay, jefe del MRTA.54

En conclusión, la agudización del
conflicto armado interno en el quinquenio aprista se revela mejor
con estas cifras: En 1985, el 6.04% de la población
nacional y el 7.25% del territorio estaban bajo el régimen
de estado de emergencia o de un comando político militar,
mientras que en 1990 lo eran el 45.18% de la población y
el 29.62% del territorio.55

El Gobierno aprista fracasó en esta lucha. Su
cambiante accionar expresa que finalmente no supo romper con la
tendencia no sólo a militarizar el conflicto, sino a
dejarlo luego fuera del control democrático. Sus intentos
de hacer algo distinto, no tuvieron coherencia y fuerza. Es claro
que los sectores sociales más afectados por esa estrategia
no tenían la capacidad de hacer sentir la magnitud de su
maltrato en la escena nacional y que la sociedad urbana, sobre
todo sus sectores más influyentes, preferían no
involucrarse en un problema tan duro y finalmente lejano
aún de sus hogares. Ese contexto, no afecta el juicio
crítico de la Comisión sobre las graves
responsabilidades éticas y políticas del Gobierno,
pues era precisamente su principal obligación defender la
vida de sus ciudadanos. Otras implicancias de esta
responsabilidad dependen del análisis de casos particulares de
violaciones de derechos humanos que son materia de otra
sección del Informe.

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