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Ética y corrupción en la administración de justicia (página 18)




Enviado por yivanz64



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4.11 LA DÉCADA
DE LOS NOVENTA Y LOS DOS GOBIERNOS DE ALBERTO FUJIMORI (CAMBIO 90,
PERU 2000,
VAMOS VECINO, SI CUMPLO)

LA RESPONSABILIDAD POLITICA Y PENAL

DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA ALBERTO
FUJIMORI

Se acusa al ex presidente Alberto Fujimori en las
Denuncias constitucionales N° 256 y N° 262, por la
presunta comisión de los delitos de
Peculado y Asociación ilícita para Delinquir,
tipificados y sancionados en los Arts. 387 Y 317° del
Código
Penal (CP), de conformidad con el Art. 100 de la Constitución Política y el inciso
f) del Art. 55° del reglamento del congreso, se
concederá el uso de la palabra al acusado Fujimori y, si
así lo solicita, a su abogado defensor, por un total de
veinte (20) minutos, en cada caso, para que haga uso de su
derecho de defensa. Es la notificación del Congreso de la
República en sus Subcomisiones Investigadoras. Lima, 25 de
enero de 2004. JOSÉ ELICE NAVARRO, Oficial Mayor del
Congreso de la República. La extradición esta
demorando 4 años, con 12 acusaciones al reo
contumaz.

La CVR ha estudiado los gobiernos de Fujimori (1990-1995
y 1995-2000) y lo acontecido durante la década de los
noventa desde un plano ético-legal que reconoce la enorme
popularidad que él y su discurso
alcanzaron. Pero señala clara y enfáticamente las
responsabilidades éticas y políticas
halladas en el régimen de Fujimori dentro del marco de la
Constitución Política de 1979 —vigente hasta
el golpe de Estado
de 1992— y de la de 1993.

A diferencia de lo ocurrido con los gobiernos de la
década de los ochenta, durante los dos períodos de
gobierno de
Alberto Fujimori, y particularmente desde el 5 de abril de 1992,
se encuentra una relación funcional entre poder
político y conducta
criminal. Desde el gobierno, intencional y progresivamente, se
organiza una estructura
estatal que controla los poderes del Estado,
así como otras dependencias claves, y utiliza procedimientos
formales/legales para asegurar impunidad para
actos violatorios de los derechos humanos,
primero, y de corrupción
después.

En sentido estricto, el nuevo gobierno no ideó
una nueva estrategia contrasubversiva. Más bien,
aceptó proseguir con la estrategia
«integral» de las Fuerzas Armadas (FFAA)
—aplicada unilateralmente desde 1989— aunque
ampliando los márgenes de autonomía y
discrecionalidad de las mismas y reduciendo, a la vez, las
posibilidades de control
democrático de sus actos.

Mientras que el gobierno ultimaba los detalles de
aquella estrategia para hacer viables políticamente los
cambios legales necesarios (es decir, asegurar un respaldo
mayoritario en la población), se dejó a los
policías de la Dirección Contra el Terrorismo
(DIRCOTE) continuar con su trabajo.
Incluso antes de haber iniciado formalmente su gobierno, Alberto
Fujimori, persuadido por Montesinos, asumió el Plan
Político-Militar elaborado por un sector de las fuerzas
armadas para la puesta en marcha de un sistema de
democracia
dirigida.

Sin embargo, alteró su diseño
original de acuerdo a los intereses inmediatos planteados por el
asesor presidencial. El cambio central consistió en
incrementar la importancia y poder efectivo que tendría el
Servicio de
Inteligencia
Nacional (SIN) dentro de la nueva estructura organizativa del
sistema de defensa nacional y del sistema de inteligencia
nacional. En efecto, Fujimori desborda a este sector de las
fuerzas armadas porque mantuvo como presidente un juego
político propio, no considerado en el Plan original (en el
que se esperaba una figura de fachada intercambiable). Fujimori
logra obtener un respaldo social y político personificado
que lo hace imprescindible, como se evidenció
después durante los diferentes comicios municipales en los
que sus candidatos no lograron capitalizar su
popularidad.

Con la dación de los decretos legislativos de
noviembre de 1991 y la revisión de los mismos por el
Congreso se inició la cuenta regresiva para la
justificación pública del autogolpe. En este
escenario, los partidos trataron de consensuar una
política contrasubversiva diferente. Sin embargo, Fujimori
solamente los distrajo con la posibilidad de concertación
(y engañó a quienes desde el gabinete la
dirigieron) pues ya tenía definido, con anterioridad, dar
el golpe de Estado que finalmente concretó el 5 de abril
de 1992 con respaldo institucional de las fuerzas
armadas.

En realidad, solamente buscaban hacer tiempo
mientras concretaban los últimos detalles del plan de
golpe y llegaban a buen puerto las negociaciones con organismos
financieros internacionales y, especialmente, con los EE.UU. para
asegurar el apoyo militar y económico condicionado a una
mejora en el respeto de los
derechos humanos
y las formas democráticas.

A partir del golpe, el escenario político
dará un brusco giro. Sin Congreso, se abrirá una
etapa de por lo menos 9 meses en el que el Ejecutivo
gobernará y producirá profundas transformaciones en
la estructura organizativa y legal del Estado a través de
Decretos Ley elaborados
desde el SIN, en coordinación con las FFAA. Especial
atención merecen los cambios radicales de
la legislación antiterrorista y las consecuencias que ello
implica: el giro hacia la preeminencia de otros tipos de
violaciones de los derechos humanos que no comprometen la vida
misma, pero que se practican sistemáticamente.

En esos nueve meses, sin ninguna instancia de control,
se perpetraron una serie de conocidos casos de violaciones de los
derechos humanos a manos de las fuerzas del orden y de un
grupo de
operaciones
especiales dirigido desde el SIN (el grupo «Colina»),
a consecuencia de los cuales varias personas perdieron la vida.
En medio de un momento especial de la guerra, en
el

Que aparecía como posible el triunfo del PCP-SL y
que la población empezaba a ver los primeros resultados de
las medidas económicas del gobierno, el golpe contó
con respaldo popular y la figura de Fujimori recibió el
voto de confianza por un cambio.

Para suerte del mismo, éste se produjo unos meses
después cuando los policías de la DINCOTE lograron
capturar a Guzmán, como producto de un
prolongado y paciente trabajo en el que el nuevo gobierno no
había influido de manera considerable. El gobierno se
apropió del éxito
policial, pasando a ser parte fundamental de su popularidad en
los años siguientes. El ciclo de las capturas realizadas
por la DIRCOTE/DINCOTE hasta fines de 1992 significaría
también la culminación práctica de las
iniciativas contrasubversivas de los ochenta.
Especialmente a partir de 1993, cuando se inicia el declive
notable de las acciones
subversivas, se empezará a consolidar la nueva estructura
estatal del régimen, centralizada desde el SIN.

Con éste como su principal aparato
político, el gobierno continuará con una serie de
cambios intencionales de la legislación que
supondrán la eliminación práctica de la
independencia
de poderes, con la finalidad básica de garantizar
impunidad para los agentes estatales implicados en violaciones de
los derechos humanos a lo largo del conflicto.

Este proceso de
afirmación intencional de la impunidad tendrá un
hito en 1995 con la aprobación de la Ley de
Amnistía por la mayoría oficialista del
CCD.

Lejos de revertirse, el proceso de corrupción normativa continuará el
resto de la década, esta vez con un objetivo
único: asegurar la perpetuación del régimen.
Para ello, el gobierno utilizará, con fines electorales y
de control político, la estructura militar desplegada con
pretexto de la contrasubversión, en un contexto en el que
la subversión se replegaba. Explotará en los medios de
comunicación, con fines de acumulación
política, las últimas acciones de gran impacto de
la guerra interna que concluyeron en éxitos, al tiempo que
manipulaba los miedos de la población con la amenaza del
«terrorismo».

Las operaciones contrasubversivas dejaron de ser un
medio para capturar líderes subversivos y terminar
finalmente con las acciones del PCP-SL y del MRTA, para
convertirse en un medio de propaganda
para el gobierno, en el mejor de los casos, y en una cortina de
humo, en el peor, tapando los excesos y los delitos que se
denunciaban cada vez con más frecuencia. Esto fue posible
en gran medida por el progresivo y casi total control de medios de
comunicación masivos, comprados con el dinero del
Estado.

Preocupado más por asegurar su continuidad, y aun
resaltando su imagen de mano
dura sin concesiones frente a la subversión, Fujimori
terminará descuidando en la práctica la
política contrasubversiva y no dará una
solución final al problema de la subversión,
focalizada desde hacía varios años en algunas zonas
marginales y poco accesibles del territorio en las que
coincidía con el narcotráfico.

El descuido se evidenció también en la
política penitenciaria, por lo que entre algunos de los
legados para el
gobierno de transición se encontró una
situación descontrolada en las cárceles, que
evidenciaba que la severidad del régimen carcelario no era
ya tal. El régimen penitenciario drástico
establecido provocó, en el mediano plazo, la retoma de los
penales por parte de Sendero Luminoso y el MRTA y el colapso del
principio de autoridad.

Las contradicciones entre el discurso de mano dura y
realidad se mostraron más de una vez. Como colofón,
el gobierno que se preciaba de ser duro e infranqueable frente a
la subversión terminó apoyando (con una venta de armas) al grupo
subversivo de un país hermano, acusado precisamente en ese
momento de realizar actos terroristas y de estar vinculado con el
narcotráfico.

————————————-

54 Argumento descartado por dirigentes del MRTA
entrevistados por la CVR.

55 Lynch 1999

 

4.11.1 LAS FUERZAS ARMADAS Y EL NUEVO
GOBIERNO

El inicio de la década del noventa
encontró al país en una grave crisis
económica y social. El año 1988 había
terminado, de acuerdo a cifras del INEI, con una inflación
anual de 1,722% y el año 1989, con una de 2,775%. Hasta
fines de 1989, se había acumulado el 63.6% del total de
muertos y desaparecidos a causa del conflicto reportados a la
CVR. Por otro lado, hacia mediados de 1990, 65 provincias y un
distrito se encontraban bajo estado de emergencia.

A pesar del descrédito que tenía en ese
momento el gobierno aprista (representado por Alan García
Pérez), el candidato presidencial del PAP, Luis Alva
Castro, figuraba, a inicios de año, como fuerte aspirante
a ocupar el sillón presidencial en los comicios del 9 de
abril de 1990.

Por otro lado, pese a la división del bloque
izquierdista —en Izquierda Unida (IU) e Izquierda
Socialista (IS) —, el propio presidente García
consideraba posible «una alianza [con la izquierda] que
expresara una tendencia popular para enfrentar el
conservadurismo»1 representado, en su opinión, por
el Frente Democrático (FREDEMO), coalición de los
partidos Acción
Popular (AP), Partido Popular Cristiano (PPC) y el Movimiento
Libertad.
Contrariamente, dicho frente liderado por Mario Vargas
Llosa había conseguido renovar un discurso
político de derecha y, a la vez, crear un espejismo de
estabilidad al unir a gente disímil y enfrentada hasta
hacía poco. Básicamente, el Fredemo proponía
un shock económico y un programa
económico liberal, visto por muchos como la única
salida a la crisis. Los partidos apostaron entonces a la
polarización, enfrentando dos corrientes de opinión
pública —el «shock» y el
«no-shock»— en un contexto político que
daba señales
de pérdida de confianza en las representaciones
políticas para resolver los problemas
más sentidos del país 2 , sobre todo después
del descrédito que afectara a toda la clase
política. Este rechazo a la clase partidaria se
manifestó, finalmente, en el apoyo electoral a Alberto
Fujimori, personaje prácticamente desconocido,
independiente y sin pasado político hasta marzo de 1990;
pero también carente de programa de gobierno y de organización partidaria.

Su campaña simple, utilizando el eslogan
«un presidente como tú», logró reunir
los votos de quienes preferían una propuesta, diferente, o
en todo caso de centro, antes que uno de los extremos de la
polarización en curso. Luego de un ascenso inesperado y
progresivo en el tramo final de la campaña
—bautizado como «tsunami o fenómeno
Fujimori» por las encuestadoras— en la contienda
electoral Cambio 90 obtendría el 29% de los votos,
quedando en segundo lugar después del Fredemo (33%). En
una conferencia de
prensa
realizada el mismo día de los comicios, Fujimori expuso
por primera vez los lineamientos de su política de
gobierno. Expresó, a grandes rasgos, que su gobierno no
aplicaría el shock económico preconizado por
Vargas Llosa y que su gabinete ministerial estaría
conformado, esencialmente, por «técnicos».
Frente al problema de la guerra interna, señaló que
se trataría fundamentalmente de atacar el hambre y la
miseria en tanto constituían, en su opinión,
«caldo de cultivo» de la
subversión.*

————————————-

* El Comercio
9.4.90.

1 El Comercio, 17 de marzo de 1990.

2 El triunfo de Ricardo Belmont, un candidato
independiente, en las elecciones municipales de Lima
Metropolitana en 1989 fu una señal de alerta del
descrédito de la representación política de
los partidos.

3 Para un mayor desarrollo ver
capítulo sobre Fuerzas Armadas.

 

4.11.2 LA ESTRATEGIA
«INTEGRAL» DE LUCHA CONTRASUBVERSIVA Y EL PLAN
POLÍTICO-MILITAR 3

El replanteamiento de la estrategia de lucha
contrasubversiva que sectores de las fuerzas armadas
habían realizado a fines de los ochenta tuvo repercusiones
de diferente envergadura. Políticamente, implicó
que las FFAA se atribuyeran el derecho a definir las
políticas de Estado de acuerdo a las necesidades de la
guerra, concibiendo la «contrasubversión» como
un proyecto
político superior o prioritario al proceso
democrático en curso. La nueva estrategia
«integral», que enfatizaba las operaciones
psicosociales y, sobre todo, las de inteligencia y contemplaba la
comisión de violaciones a los derechos humanos menos
numerosas pero más premeditadas, requería un
acondicionamiento institucional-estatal funcional a sus
planes.

Ello tuvo como resultante que, durante 1989, a la par de
la puesta en funcionamiento de la nueva estrategia
contrasubversiva, un grupo de militares y civiles se dedicara a
preparar, clandestinamente, un plan de golpe de Estado para
introducir un sistema de «democracia dirigida» con el
cambio de gobierno de 1990.

Sobre la base de un diagnóstico que sostenía que
«Ninguna Organización Política dentro del
marco institucional existente está en capacidad de
combatir con éxito a Sendero, ni de corregir la
dimensión del Capitalismo
Burocrático».4 Este plan político-militar
—conocido después en los medios de
comunicación como el «Plan
Verde»— buscaba establecer un gobierno militar
secreto, de poder real o «dominio
estratégico» no susceptible de desgaste
político, que gobernara efectivamente el país
oculto tras el gobierno elegido. Contempla para ello la
creación de una serie de instancias de gobierno
especiales, de fachada y de poder real. Se establecía que
éste sería el remedio para los males que los
partidos
políticos habían traído al país,
especialmente la «experiencia
aprosubversiva».5

Como la nueva estrategia lo requería, el plan
contemplaba reformas estructurales del aparato del Estado, en
particular las necesarias para eliminar la hiperinflación —objetivo principal de
corto plazo— y restablecer el crédito
internacional. Sin nuevos préstamos, la lucha
contrasubversiva resultaba difícil de mantener. El plan
contenía por ello una versión radical del ajuste
estructural liberal de la economía,
línea promovida por los Estados Unidos,
la principal fuente potencial de ayuda militar y
económica. También se definieron una serie de
reformas para dar las condiciones políticas y legales
convenientes para las operaciones militares y de
inteligencia.

Dado el objetivo planteado, los autores del Plan
político-militar ocuparon los primeros meses del
año 1990 en realizar apreciaciones de inteligencia y
«Evaluar los escenarios nacionales próximo-futuros
para escoger el más adecuado y derrocar al Gobierno Civil,
disolver los Poderes Ejecutivo y Legislativo para que la Fuerza Armada
institucionalmente asuma la conducción del Estado, con el
fin de revertir la situación
política-social-económica, cuyo deterioro amenaza
destruir el sistema y las instituciones
tutelares de la República» (Plan, Tomo II:
3).

Habiendo establecido ya un escenario probable y los
pasos operativos a seguir para realizar un golpe de Estado
—de acuerdo con lo observado hasta el 20 de febrero—
dos procesos
relacionados con las elecciones generales obligaron a esos
sectores de las fuerzas armadas a cambiar sus planes. En primer
lugar, el ascenso inesperado del candidato Alberto Fujimori en
las encuestas,
hasta su ubicación en el segundo lugar. Y, más
adelante, la aparente coincidencia programática en
política económica de Fujimori con el PAP y las
izquierdas en la campaña hacia la segunda
vuelta.

4 Página 94. 5 Para un desarrollo sobre las
tensiones en la relación entre el gobierno aprista y las
FFAA, ver capítulo sobre el PAP y capítulo sobre
las FFAA:

Los golpistas se vieron obligados a recomponer su
diagnóstico y, con ello, sus planes operativos. Como se ha
indicado en el capítulo sobre FFAA, una nota de
inteligencia del Plan elaborada un día después de
las elecciones —9 de abril— sostenía que los
planes de golpe quedaban suspendidos porque «un
pronunciamiento después de la segunda vuelta electoral
constituye ir en contra de una esperanza de cambio ya configurada
de una fuerzas electoral no menor de 50% conformada por los
estratos de menores niveles económicos que verían
que la irrupción de las Fuerzas Armadas es a favor de los
ricos del Perú.»

En efecto, asumiendo la opción antishock,
Fujimori pronto logró congregar al electorado opositor al
Fredemo, fundamentalmente aprista e izquierdista. Por esos
días, dio a conocer a los miembros de su equipo
económico 6 que, dirigido por Santiago Roca,
elaboró un programa alternativo al liberal. Finalmente,
luego de sortear una dura campaña, en que diversos medios
de comunicación lo calificaron de senderista, pro aprista
y evangelista, que no hizo sino favorecerlo, Alberto Fujimori
resultó ganador en la segunda vuelta con 68% de los
votos.

 

4.11.3 EL INGRESO DE MONTESINOS AL
ENTORNO DE FUJIMORI

En medio de la campaña electoral hacia la segunda
vuelta, la emergencia de una acusación pública
contra Fujimori será el incidente que determinará
la entrada del ex capitán del Ejército Vladimiro
Montesinos al entorno del candidato presidencial. En mayo, en el
programa televisivo En Persona, el diputado Fernando
Olivera y los periodistas César Hildebrandt y
Nicolás Lúcar denunciaron al candidato de Cambio 90
de haber incurrido en delito de
defraudación y evasión tributaria. Teniendo base la
denuncia, Francisco Loayza, colaborador del SIN que
trabajó en la campaña de Fujimori y era viejo amigo
de Montesinos, presenta a este último a Fujimori,
recomendándolo como el abogado perfecto para resolver esos
problemas judiciales.

Para entonces, Montesinos ya había logrado
vincularse con el SIN en calidad de asesor
7. Además de aparecer como abogado eficaz luego de
resolver rápidamente el problema a través de sus
influencias en la Fiscalía 8, Montesinos se presentó
ante Fujimori como experto en inteligencia,
contrasubversión y asuntos militares. Ganando
rápidamente su confianza al convencerlo de su eficiencia,
continuó asesorándolo durante el resto de la
campaña, proporcionándole información sobre sus adversarios
políticos. Presentándose como asesor clave, se
convirtió también en el intermediario entre el
candidato y el SIN y las Fuerzas Armadas.

Observando lo acontecido desde la primera vuelta, los
golpistas encontraron en la indefinición política y
aparentes debilidades del presidente electo (falta de partido y
de programa de gobierno) un espacio propicio para instalar las
líneas políticas contempladas en el Plan
Político-Militar. Por ello, algunos altos oficiales, al
saber de la cercanía e influencia que Montesinos
había adquirido sobre Fujimori, le entregaron el Plan.
Más tarde, haciendo creer a Fujimori que se estaba
preparando un atentado contra su vida, lo trasladaron a una
instalación militar negando la entrada de civiles, excepto
a Montesinos. Así, antes de asumir el gobierno, Fujimori
pasó alojado varios días en una suite del
Círculo Militar. Allí fue iniciado por Vladimiro
Montesinos en los planes secretos de las FFAA.

El pronunciamiento militar previsto para el 27 de julio
por la última apreciación de inteligencia anexa al
Plan Político-Militar se volvió improcedente en el
momento en que Fujimori accedió a realizar sus metas. Con
ello, una de las consecuencias más inmediatas fue la
decisión de aplicar el shock y programa
económico liberal que Fujimori había prometido no
aplicar durante la campaña. En general, una nueva
versión del plan, modificada según los intereses de
Montesinos, empezaría a ser aplicada. Desde el inicio del
nuevo mandato, el gobierno en la sombra sí
existiría, pero su sede sería el SIN y sus funciones
pasarían a estar dirigidas, cada vez más, por
Vladimiro Montesinos, el ejecutor de la intervención
militar en el poder.

Esto produjo una situación de tensión en
las FFAA, no exenta de alianzas, intrigas y enfrentamientos, que
dividió a los militares entre, por un lado, quienes
estaban a favor del golpe y en contra de él y, por otro,
entre los que rechazaban la intromisión política de
las fuerzas armadas, y los «politizados», que se
plegaron a Montesinos y Fujimori (Rospigliosi
2000:86-87).

—————————————–

6 Entre otros de los calificados por la prensa como los
«siete samurai de Cambio 90» estuvieron Óscar
Ugarteche, Esteban Hnylicza, Fernando Villarán, Luisa
Galarza, Pedro Menéndez, Guillermo Runciman y Bruno
Seminario.

7 Para detalles sobre la trayectoria previa de
Montesinos ver, entre otros, Caretas Dossier Montesinos,
Zimmerman 1997, Rospigliosi 2000, Jochamowitz 2002.

8 El fiscal decidió pasar el caso a la SUNAT para
investigación en lugar de derivarlo
directamente al Poder Judicial,
con lo cual la candidatura de Fujimori hubiera quedado invalidada
(Entrevista a
Francisco Loayza en Caretas Dossier Montesinos).

 

4.11.4 CRISIS EXTREMA: EL CONFLICTO
ARMADO EXACERBADO

Durante el año electoral, las acciones
subversivas y contrasubversivas continuaron con mucha intensidad.
En realidad, la situación de violencia
debido al conflicto armado interno, se encontraba exacerbada y
seguiría en aumento por un tiempo más. El
año 1989 había sido clave para dar un nuevo giro a
la guerra. Básicamente, ello se debió a las
decisiones y acciones que tomaron dos de los actores
principales.

En primer lugar, en 1989, en su I Congreso, el PCP-SL
había definido como nuevo objetivo de su plan de guerra
popular que el «equilibrio» estratégico remeciera
todo el país. Para ello, planteó considerar como
nuevo eje principal de acción acentuar su ofensiva en las
zonas urbanas, especialmente en Lima. En el marco de su
«Gran plan de desarrollar bases en función de
la conquista del poder (Agosto 89-agosto92)»
incrementó notablemente sus niveles de violencia, forzando
su relación con la población en la sierra rural y
en la selva, por un lado, y movilizando sus bases urbanas hacia
la realización de ataques y atentados más
violentos, frecuentes y visibles, por otro. Con esta
decisión el inicio de un incremento de muertes a causa de
la guerra interna estuvo servido.

Paralelamente, como ya se ha explicado, desde 1989 las
FFAA empezarán a aplicar su nueva estrategia. Entre otras
cosas, la decisión de fomentar y apoyar la
conformación de Comités de Autodefensa en las zonas
rurales serranas donde la población empezaba a entrar en
conflicto con el control de PCP-SL, definió el inicio de
la etapa final del conflicto. Por otro lado, habiendo restringido
las FFAA a los departamentos de Junín y Pasco como el
«centro de gravedad» para sus operaciones
contrasubversivas a nivel nacional, la guerra se
desplazará notoriamente hacia el Frente Mantaro desde
dicho año.

En esta zona central se aplicó intensamente la
nueva estrategia de eliminación selectiva, especialmente
durante 1990, no sólo contra los comités populares
sino también contra los organismos alojados en
universidades y asentamientos humanos urbanos. Con el incremento
progresivo de la violencia al tiempo que la crisis
económica se volvía inmanejable, las FFAA empezaron
también a preocuparse por el futuro y gobernabilidad del
país. Una vez que Fujimori, elegido presidente, acepta
algunas ideas básicas del Plan Político-Militar a
través de la mediación de Montesinos, se
iniciará un período de incremento del
poderío militar sin control democrático en el
país.

Uno de los puntos de negociación o entendimiento básico
con las FFAA que Fujimori acepta es la continuación de la
estrategia contrasubversiva en curso y dirigida exclusivamente
desde las FFAA, asegurando amplios márgenes de
discrecionalidad sin control o fiscalización de sus
acciones, propiciando la impunidad para violaciones de derechos
humanos contempladas en la misma. Las decisiones de los dos
grandes actores del conflicto y la elección del nuevo
gobierno obligarán a los otros actores a tomar decisiones.
Por un lado, la Policía Nacional del Perú (PNP),
subordinada a los Comando Político Militares en las zonas
de emergencia, cumplirá las funciones asignadas a partir
de la nueva estrategia. Particularmente en el Frente Mantaro, los
policías tendrán una participación decisiva
en el proceso de desaparición forzada de cientos de
personas, destacando por ejemplo el rol asumido desde la Oficina Regional
de Inteligencia (ORI)9. De otro lado, en marzo de 1990, mientras
las elecciones generales estaban en su máximo punto de
confrontación, se formó el Grupo Especial de
Inteligencia (GEIN) en la Dirección Contra el Terrorismo
(DIRCOTE).

Mientras que los grupos operativos
«Delta» de la DIRCOTE continuaban abocados a la tarea
legal de investigación de atentados y acciones terroristas
en Lima, el GEIN se dedicó a trabajar exclusivamente en el
desarrollo de operaciones encubiertas de inteligencia
(seguimiento y vigilancia) para la captura de los principales
líderes subversivos.

Antes del cambio de gobierno, el 1 de junio, dio su
primer y gran golpe al allanar una casa donde hasta pocos
días antes se alojaba Guzmán y donde encontraron
información valiosa. Después de esta
operación, el PCP-SL se abre como una «caja de
Pandora»; la intervención fue «el principio
del fin de Sendero Luminoso.» (Jiménez 2000: 721). A
pesar de que la asunción del nuevo gobierno
significó para la PNP un revés grande en
términos de autonomía —el sector Interior
volvió a estar dirigido por militares— los
policías de la DIRCOTE y del GEIN pudieron continuar
tranquilos con su trabajo, avanzando a grandes pasos.

El cambio de administración no supuso nuevas directivas
ni cambios drásticos para ellos. Sin embargo, el gobierno
se apropió de los éxitos del mismo en reiteradas
oportunidades. Finalmente, ante la situación desatada y
como respuesta al trato dado por el Ejército durante el
enfrentamiento en Molinos-Junín en 1989 10, el MRTA
inició su mayor arremetida en términos de violencia
desde que se decidiera a tomar las armas en 1984.

En enero de 1990, durante el proceso electoral
realizó, en revancha, uno de sus actos más osados
al asesinar al ex Ministro de Defensa Enrique López
Albújar. Asimismo, el 9 de julio, a pocos días del
cambio de gobierno, el MRTA logra burlar al gobierno y hace que
47 emerretistas recluidos en el penal de alta seguridad de
Miguel Castro Castro fugaran, incluyendo a Víctor Polay
Campos y Alberto Gálvez Olaechea, dos de sus principales
líderes. Una vez libres, a partir de su evaluación
del peculiar proceso electoral y la situación del
país, dudarán y apostarán por la posibilidad
de entrar en negociaciones con el nuevo gobierno para dar por
concluida su participación en el conflicto.

Para ello, el mes de septiembre secuestraron, al
diputado oficialista Gerardo López y calificaron el hecho
como una «invitación para conversar». A pesar
de haber difundido públicamente durante la campaña
la posibilidad de dialogar con los subversivos, el presidente
Fujimori se negará a ello. Pronto, el MRTA
arremetería nuevamente. No obstante, 1990 no fue solamente
un año que recibió una ola de violencia creciente
como producto del conflicto armado interno. Casi tan o más
importante que la violencia, la crisis económica
había llegado a tal punto que realmente amenazaba la
subsistencia de miles de peruanos. El problema de la
inflación y los sucesivos paquetazos, sufrido desde 1988,
parecía incontrolable. La población demandaba una
solución urgente a estos problemas vitales y pronto
aceptaría que estos se resuelvan casi a cualquier costo. La
conjunción alarmante de violencia exacerbada e
inflación rampante configuraron un escenario nacional, con
variantes regionales, de crisis extrema y tiempo social
acelerado, que se prolongaría hasta 1992.

——————————-

9 Véase el caso de desaparición de
estudiantes de la Universidad del
Centro.

10 Ver capítulo sobre MRTA.

 

4.11.5 LAS PRIMERAS MEDIDAS EN EL
GOBIERNO, DEFINIENDO POSICIONES EN RELACIÓN A LAS
FF.AA.

Las tensiones desatadas por la negociación del
plan por un sector de oficiales con el nuevo presidente y su
asesor generaron, entre otras cosas, una serie de movilizaciones
inusuales en las FFAA durante los días previos a la
asunción de mando. Para entonces, Fujimori había
entablado ya conversaciones directas con el jefe del SIN, general
EP (r) Edwin Díaz, a través de la mediación
de Montesinos y Loayza.

Observando lo que acontecía, Díaz
advirtió la posibilidad de que se estuviese desarrollando
un complot contra el nuevo gobierno y sugirió la
destitución de los altos mandos de la Marina 11. Por ello,
la primera decisión del nuevo gobierno fue cambiar,
sorpresivamente, a los altos Mandos de la Marina, incluyendo al
vicealmirante Alfonso Panizo, comandante general y Presidente del
Comando Conjunto. El 28 de julio de 1990, el almirante Luis
Montes Lecaros fue nombrado nuevo presidente del Comando Conjunto
y, a su vez, comandante general de la Marina de
Guerra.

En la Fuerza Aérea, el nuevo comandante general
fue el general del aire Arnaldo
Velarde Ramírez,
nombrado en reemplazo del teniente general Germán Vucetich
Cevallos. Al frente de la comandancia general del Ejército
continuó el general Jorge Zegarra (La República
29.7.90). Como Ministro de Defensa Fujimori nombró al
general EP Jorge Torres Aciego y, para Interior, al general EP
Adolfo Alvarado Fournier. Anuladas las posibilidades de golpe
militar y reconstituidos los altos mandos militares, se
presentaba la oportunidad de realizar cambios en las fuerzas del
orden y replantear las relaciones de poder.

Estos cambios se produjeron pero sin conquistar consenso
institucional. Por el contrario, desde el inicio estuvieron
signados por la intervención de Montesinos quien
influyó —directamente desde el SIN luego del cambio
de mando— en la nueva correlación de fuerzas en los
institutos castrenses, favoreciendo una relación con el
Ejército. Fujimori, guiado por Montesinos, les estaba
robando el programa a los militares golpistas y los estaba
sometiendo a su liderazgo.
Para demostrar la efectividad con que su gobierno podía
dar pasos en esta dirección, se organizará, poco
después del 28 de julio, una gigantesca purga en la PNP,
que dio de baja a todos los oficiales cercanos al ex Ministro del
Interior Mantilla 12.

La falta de control de los oficiales de la PNP era un
punto débil admitido por las apreciaciones de inteligencia
del Plan Político-Militar. Las FFAA consideraban que las
fuerzas policiales se habían convertido en un
bastión gobiernista, una suerte de contrapeso al militar,
durante el gobierno aprista. Por ello, un paso anterior
importante había sido promover el retorno de los militares
al control del sector Interior, nombrando a un general del
Ejército en actividad como ministro.

Pronto se empezaría a denunciar la
militarización del sector y, consecuentemente, de la
policía. Pero no solamente porque la conducción
política del sector quedó a cargo, sucesivamente
hasta el año 2000, de generales del Ejército 13. A
ello se sumó que varios militares irán asumiendo
los altos cargos de dirección en el ministerio que, hasta
entonces, estuvieron en manos de policías o civiles. Los
militares llegarían así a controlar toda la
estructura del ministerio, especialmente los puestos de alta
dirección (Basombrío, entrevista CVR
21.3.03)14.

De otro lado, afirmando su preeminencia ni bien tomado
el ministerio del Interior, Montesinos se llevó el
personal, los
equipos y archivo de
informaciones de la DIGIMIN 15 al SIN (General PIP (r) Luque
12.8.02)16. No obstante, el acto decisivo para la
estabilización de Fujimori y Montesinos frente a las
FF.AA. fue el «fujischock».

11 Durante la campaña se había rumoreado
que la Marina era partidaria de Vargas Llosa. 12 Según
Rospigliosi (2000: 89), los cambios en la policía
habrían sido preparados desde el Servicio de Inteligencia
del Ejército (SIE) y el SIN. De acuerdo a la
versión proporcionada por policías entrevistados
por la CVR, el SIN seguiría decidiendo sobre cambios en la
PNP, incluso antes del golpe. Ver capítulo sobre FF.PP. 13
En total, el sector Interior contó con 7 ministros durante
los dos gobiernos de Fujimori. De ellos, 6 fueron generales del
Ejército –2 en retiro y 4 en actividad- y 1 el
primer policía que asumía la conducción del
sector en la historia del Perú,
aunque por menos de un mes. En todos estos años no se
contó con ningún civil en un puesto de
dirección política como éste. 14
«Bajando» en la estructura de cargos de
responsabilidad del ministerio, se podría encontrar
sí a algunos policías. (Ibid)

 

4.11.6 EL GIRO
ECONÓMICO

Después de las conversaciones en el
Círculo Militar un objetivo inmediato a cumplir para
posicionarse en su decisión de llevar adelante las
líneas principales del Plan Político-Militar, fue
que Fujimori se deshiciera de los asesores económicos
contrarios al ajuste que había enrolado durante la
campaña por la segunda vuelta. En julio de 1990,
aprovechando el apoyo proporcionado por el asesor Hernando de
Soto, Fujimori viajó a Washington buscando apoyo de la
comunidad
financiera internacional. En reuniones con Michel Camdessus,
director general del FMI, Enrique
Iglesias, presidente del BID, y Barber Conable, presidente del
Banco Mundial,
presentó un programa económico distinto al
preparado por el equipo dirigido por Santiago Roca.

Al regresar a Lima, Fujimori dio a conocer
públicamente que no podía cumplir con sus promesas
electorales e hizo hincapié sobre la necesidad de un
ajuste económico drástico*. Los asesores
heterodoxos que todavía quedaban en el equipo de Fujimori
renunciaron. Mientras tanto, el ingreso de otros economistas,
partidarios del modelo de
libre mercado
confirmó el giro que se estaba realizando. Jorge
Chávez fue nombrado como nuevo miembro del equipo y se
anunció a Juan Carlos Hurtado Miller como primer ministro
del gabinete, quien aseguró que sí se
aplicará un programa de ajuste para cerrar
brechas.

En su primer mensaje presidencial, Fujimori fue muy
impreciso sobre las medidas de ajuste que se tomarían pero
quedó claro el abandono al rechazo a la política de
ajuste de libre mercado. En agosto, incumpliendo sus promesas
electorales, el gobierno del presidente Fujimori aplicó un
duro ajuste económico sin activar previamente programas
sociales de emergencia para los sectores económicos menos
favorecidos. El ministro de Economía Hurtado Miller
concluyó su mensaje a la nación
con frase «que Dios nos ayude». Luego de esto, se
produjo un cierra puertas en casi todos los mercados y
establecimientos comerciales.

Algunas ciudades, como Lima, se pusieron bajo severa
vigilancia a cargo de las FFAA y la PNP para prevenir desmanes y
saqueos. En una encuesta
realizada el día siguiente del bautizado
«fujischock», el 49% de los limeños dio a
conocer su aprobación al programa económico puesto
en marcha. Durante el resto de 1990 y buena parte de 1991, las
principales medidas del nuevo gobierno se concentraron en el
plano económico: continuar con el ajuste para lograr la
estabilización económica, iniciar la
liberalización de la economía y la reforma
estructural del aparato estatal y conseguir la reinserción
del país en el sistema
financiero internacional.

A partir de las gestiones efectuadas, durante 1991 el
país logró su reinserción con el
otorgamiento de nuevos créditos e incluso donaciones no
reembolsables.

—————————-

*DESCO. Resumen Semanal, n.° 577, 6-12 julio
de 1990

15 Incluía información sobre organizaciones de
narcotraficantes, entre otras la de «Vaticano». 16
Para mayores detalles ver capítulo sobre FF.PP.

 

4.11.7 LA ESTRUCTURACIÓN REAL
DEL GOBIERNO

Durante los primeros meses de su gestión, el nuevo gobierno logró que
diversos y destacados profesionales, políticos e intelectuales
de diferentes tendencias —sabiendo que Fujimori no contaba
con organización política ni técnica de
respaldo para gobernar— se acercaran a ofrecer su
colaboración.

Después de la segunda vuelta el primer
vicepresidente electo, Máximo San Román,
había anunciado un plan de concertación del futuro
gobierno en áreas específicas: pacificación,
economía, desarrollo agrario y pequeña industria (El
Peruano 19.06.90). Pronto, la composición del primer
gabinete, políticamente plural, en el que confluyeron
personalidades tan divergentes como Juan Carlos Hurtado Miller en
la dirección de Economía y Finanzas,
Gloria Helfer en Educación, Carlos
Vidal Layseca en Salud, Carlos Amat y
León en Agricultura y
Fernando Sánchez Albavera en Energía y Minas,
pareció haber logrado su cometido y confirmar la supuesta
voluntad concertadora del nuevo gobierno. Habiendo logrado este
respaldo, Fujimori adoptó públicamente una
posición concertadora que anunciaba la búsqueda de
un gran pacto nacional.

En realidad, – siguiendo un razonamiento que se ajuste o
respete las normas
establecidas dentro de un sistema democrático- para que en
una situación tal de crisis un presidente
políticamente inexperto y sin mayoría en el
Congreso pudiese gobernar adecuadamente, una concertación
mínima aparecía como indispensable.

A diferencia de los gobiernos democráticos
anteriores (1980-1990), el presidido por Alberto Fujimori no
contó con una mayoría parlamentaria. En el Congreso
bicameral que se inició en 1990, Cambio 90 solo obtuvo 32
diputados y 14 senadores, es decir, el 23% y 18% del total de
miembros de cada cámara, respectivamente. De esta manera,
aparecía en el hemiciclo como la tercera fuerza
política después del FREDEMO (62 diputados y 21
senadores) y del PAP (53 diputados y 17 senadores). Esta
situación inédita en los últimos
años, era un desafío para el gobierno y lo
obligó a establecer una política de alianzas con
los denominados «partidos tradicionales»,
precisamente aquellos que Fujimori había atacado en la
campaña electoral.

Durante los primeros años, el gobierno impuso una
práctica de alianzas pragmáticas sobre asuntos muy
puntuales – en los que encontrase coincidencias con las
principales fuerzas políticas -, en oposición a una
de alianzas estables o programáticas. De esa manera, el
Ejecutivo podía dar viabilidad a algunas de las medidas
que finalmente puso en práctica. Por ejemplo, el gobierno
se apoyó en la bancada del FREDEMO para dar sanción
legislativa a su programa económico 17 e hizo otro tanto
con los parlamentarios del PAP para legislar sobre asuntos
más políticos 18. Además, cuando en octubre
de 1990 se discutió la aprobación de un
crédito suplementario solicitado por el Ejecutivo,
aplicable al último trimestre del gobierno aprista, las
bancadas de Cambio 90 y del PAP coordinaron acciones para lograr
su aprobación.

En ese mismo mes, se votó también una
moción de censura al presidente de la Cámara de
Diputados, Víctor Paredes, que fue rechazada con los votos
del PAP y de Cambio 90. En otra oportunidad, en noviembre de ese
mismo año, los votos de los diputados oficialistas y
apristas impidieron la acusación constitucional al ex
presidente García por su presunta responsabilidad penal en
la matanza de presos en los penales en junio de 1986, logrando
que la Cámara de Diputados declare improcedente la
acusación.

Como sostiene Tanaka, la táctica inicial de
Fujimori consistió en evitar la formación de un
bloque opositor en el Parlamento Para ello, «en algunos
momentos se apoyó en el bloque de derecha, otros en el
APRA, y tenía relativamente controlada a la
oposición de izquierda, varios de cuyos miembros estaban
dentro del gabinete» (Tanaka 1998: 211). Esta
práctica política, sin embargo, mostraba
limitaciones pues demandaba largas y tediosas negociaciones que
el Ejecutivo no estaba en la disposición de
realizar.

En efecto, aunque esto sólo se advertiría
luego, el pluralismo y vocación concertadora del nuevo
gobierno fueron artificiales, o utilitarios, mientras se ganaba
tiempo para consolidar las bases y sentar el poder real del nuevo
gobierno. Y es que Fujimori nunca tuvo ni mostró una
intención de construir un partido o frente
democrático con el cual gobernar. Siendo una persona
pragmática, desideologizada, prefirió optar por
soluciones
más rápidas y aparentemente eficaces, aunque fueran
ilegales. Pronto, se iría haciendo evidente su
opción real de construir un camino paralelo, de gobierno
oculto, apoyado en operadores políticos en la sombra y en
alianza con sectores militares. La idea que había aceptado
gustosamente poco antes de iniciar su mandato.

Paralelamente al gabinete formal, existía ya un
equipo informal, una suerte de gabinete en la sombra. Como
sostuviera Carlos Amat y León, entonces Ministro de
Agricultura, se trato de «un sistema secreto personal de
líneas de mando basadas en lealtades, supongo que para
tener un sistema de reporte personal paralelo a sus ministros
(Bowen 2000: 45).»

De esta manera, el gobierno alentaba la
desinstitucionalización del proceso de toma de
decisiones y gestaba, al margen de la estructura
pública formal, un núcleo de operadores
responsables en la práctica de las políticas de
Estado, por lo menos en varios sectores o campos de interés.
Vladimiro Montesinos, quien había ingresado al gobierno
como especialista en temas de seguridad y defensa, sería
una de las cabezas más visibles de este grupo alterno, en
el que también participaron otros «asesores»
del gobierno, como Santiago Fujimori (hermano del presidente),
Augusto Antonioli (introducido al entorno presidencial por el
general Edwin Díaz) y Absalón Vásquez
(catedrático de la Universidad Nacional Agraria de La
Molina). Los dos equipos de gobierno no solían reunirse y
rara vez se cruzaban.

17 Hacia fines de 1990, el Ejecutivo obtuvo la
delegación de facultades para legislar en materia
tributaria gracias a la votación de miembros del FREDEMO.
18 La alianza Cambio 90-PAP se puso en práctica, por
primera vez, para permitir elegir mesas directivas de ambas
cámaras integradas exclusivamente por miembros del partido
oficialista.

 

4.11.8 LOS
COSTOS DE LA
ESTRATEGIA INTEGRAL

Las ambigüedades del discurso oficial sobre la
defensa de los derechos humanos

Desde la campaña electoral, Fujimori
adoptó un discurso «políticamente
correcto» sobre el respeto por los derechos humanos. El 3
de mayo de 1990, tras la visita del secretario general de
Amnistía Internacional, Ian Martín, advirtió
que «Cualquier inmoralidad dentro de la administración
pública en el gobierno de Cambio 90 será
sancionada […] en un eventual gobierno de su agrupación
no se permitirán transgresiones a la ley [en materia de
derechos humanos]» (El Comercio, 4.05.90). Ya elegido
presidente, reiteró su defensa de los derechos
fundamentales anunciando en su primer discurso a la Nación
que su gobierno «combatirá la subversión
implacablemente, pero siempre con la Constitución y la ley
y respetando los derechos humanos en toda su
expresión» (El Comercio, 29.07.90).

En este periodo, Fujimori incluso contemplaba la
posibilidad de un diálogo
con el PCP – Sendero Luminoso. Esto lo anunció desde
Tokio, durante la gira que realizó por países
asiáticos antes de asumir la presidencia (El Comercio,
5.07.90). Refrendando esta posición, en su Mensaje a la
Nación del 28 de julio de 1990 propuso el diálogo
con estas fuerzas subversivas «no como signo de debilidad,
sino con el propósito de encontrar el camino de la
pacificación en el país» (El Comercio,
29.07.90).

A pesar de ello, a los pocos meses, Fujimori
descartó la posibilidad del diálogo. Como hemos
mencionado, incluso se negó a hacerlo con el MRTA. Este
cambio generó las primeras contradicciones en el gobierno
e hizo visible una política paralela a la oficial. Una vez
hecha pública la posición de Fujimori de no
dialogar con los grupos alzados en armas, el segundo
vicepresidente, Carlos García García,
expresó que el jefe de Estado había abandonado los
planteamientos originales que lo llevaron a la primera
magistratura, prescindiendo de la opinión de sus
correligionarios. Por ello, añadió, «este
gobierno no es de Cambio 90 y quienes gobiernan no son de Cambio
90», enfatizó García (El Comercio,
6.10.90).

Las incoherencias entre el discurso oficial y la
práctica contrasubversiva real continuaron apareciendo en
los primeros meses del gobierno. Cuatro meses después de
la asunción de mando, la Fiscalía de la
Nación siguió recibiendo denuncias de
desaparecidos. A principios de
octubre de 1990, se halló una fosa común en
Chilcahuaico —paraje ubicado a 50 Km. al noroeste de la
ciudad de Huamanga (Ayacucho) — con 17 cadáveres y
otra con 18 en Chumbivilcas (Cusco). Este último caso
motivó la creación de una comisión de
investigación en el Congreso.

En las primeras semanas de noviembre se descubrió
en Chonta Punta (Ancash) un cementerio clandestino aparentemente
utilizado por grupos de la Policía Nacional,
pertenecientes a la Dirección de Operaciones Especiales
(DESCO, Resumen Semanal N.596, 16-22 de noviembre de 1990). El 8
de enero de 1991, el senador Raúl Ferrero, presidente de
la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos, reveló que sólo en los primeros 5
meses del gobierno habían desaparecido alrededor de 200
personas en el departamento de Huancavelica. Finalmente, durante
1990 y 1991, varias decenas de estudiantes de la Universidad
Nacional del Centro (Huancayo) fueron desapareciendo
progresivamente. Sin embargo, en ninguno de los casos se
ahondó en investigaciones
ni en asunción de responsabilidades.

 

4.11.9 EL DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA
CONTRASUBVERSIVA Y DE LA IMPUNIDAD

Sucedió que la estrategia integral de las FFAA
continuó aplicándose tal como había sido
concebida desde 1989, aunque con mayores márgenes o
libertad de acción, al tener como pacto fundante del nuevo
gobierno la garantía de la impunidad y un respaldo
político total. A inicios de 1990, las FFAA elaboraron el
«Plan de Campaña para la Contrasubversión
– Período 1990-1995» que, además de
repetir gran parte del contenido de la Directiva Nº 017 del
Comando Conjunto de las FFAA 19, especificaba un cronograma de la
acción contrasubversiva. En éste se planteaba un
segundo momento entre el 1º de agosto de 1990 y 31 de julio
de 1992 en el cual se dedicarían a la
«Recuperación de las áreas
críticas». Así, en 1990 las operaciones
contrasubversivas que hasta entonces estuvieran centradas
básicamente en el Frente Mantaro, ampliaron su radio de
acción:

  1. Hacia el oeste, en Lima; en asentamientos humanos,
    principalmente de la carretera central como Huaycán y
    Raucana, y universidades nacionales, principalmente La Cantuta
    y San Marcos.

2. Hacia el oriente de Junín hasta el río
Ene, donde se liberaron a cientos de nativos asháninkas
recluidos por el PCP-SL en un campo de trabajo
forzado.

3. Hacia el nororiente, a las zonas cocaleras de
Huánuco, San Martín y Ucayali. Como estaba
contemplado, el despliegue contrasubversivo incluyó
procedimientos de eliminación selectiva así como
otro tipo de violaciones a los derechos humanos menos
premeditadas pero por ello no menos terribles.

En este contexto de reiteradas denuncias realizadas por
organismos derechos humanos nacionales e internacionales,
así como por algunos políticos de oposición,
la voluntad de las FFAA —alentada por el propio
gobierno— de eliminar casi todo control democrático
sobre la política de seguridad y defensa fue lo que puso a
Fujimori en el camino del golpe de Estado del 5 de abril de 1992.
Aproximadamente desde octubre de 1990, Fujimori no perdió
ocasión para desacreditar a los poderes Legislativo y
Judicial, tildándolos de corruptos e irresponsables 20.
Asimismo, como se ha referido, empezó a dar muestras de un
doble discurso o política de respeto a los derechos
humanos.

19 Para información sobre su contenido e
implicancias, ver capítulo de FFAA. 20 Por ejemplo, el 8
de octubre, en medio de un debate
público que denunciaba la interferencia de poderes,
desatado por su iniciativa de promulgar el DS 017-90-JUS que
otorgaba el indulto a los procesados por el Poder Judicial,
Fujimori calificó de «canallas» y
«chacales»a algunos jueces y fiscales,
acusándolos de abusar de sus cargos. (La mayoría de
los diarios 9.10.90)

Y es que el gobierno nunca tuvo la intención de
desplegar una política contrasubversiva compatible con el
sistema democrático. Aunque incipientemente, un sistema de
impunidad estaba en marcha. El 23 de diciembre de 1990, el
gobierno expidió el Decreto Supremo 171-90-PCM 21, firmado
por el mismo Fujimori, que precisaba que las acciones de los
miembros de las FFAA y de la PNP en las zonas declaradas en
estado de excepción estarían comprendidas en el
fuero militar. En los considerandos del documento se explicaba
que las fuerzas del orden se encontraban al servicio las 24 horas
del día en las zonas de emergencia y que, por tanto, las
acciones y actividades de sus efectivos se realizaban en acto de
servicio o con ocasión de él. Además de
esto, miembros de las FFAA de polémica imagen
profesional y envueltos en casos de violaciones a los
derechos humanos, resultaban beneficiados de distinta
manera.

El 6 de diciembre de 1990, los generales de brigada del
Ejército Peruano Jorge Rabanal Portilla y José
Rolando Valdivia Dueñas, vinculados con la matanza de
reclusos en centros penitenciarios en 1986 y con el asesinato
colectivo de una comunidad
andina en Cayara, respectivamente, lograron que el Senado
ratifique sus ascensos a la clase inmediata superior (El
Comercio, 7.12.90). En ese contexto, Alan García es
librado de una acusación constitucional en el Congreso por
las masacres de Lurigancho y El Frontón gracias a que los
votos de la bancada fujimorista se sumaron a los del PAP, al
considerar que no existían indicios suficientes para
establecer su responsabilidad.

 

4.11.10 LA PRESIÓN
INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS

El discurso oficial y público en materia
contrasubversiva —respeto escrupuloso a los derechos
humanos y eliminación de la pobreza por
considerarla «caldo de cultivo» de la
violencia— buscaba, principalmente, el impacto
público, sobre todo a nivel internacional. Como hemos
referido, dentro de las consideraciones principales del Plan
Político-Militar y, en general, de las FFAA frente al
problema subversivo, se encontraba la imperativa necesidad de
lograr la reinserción del gobierno peruano para poder
obtener ayuda militar y económica para la lucha
contrasubversiva 22.

Para cuando Fujimori asumió el mando del nuevo
gobierno, las organizaciones de derechos humanas peruanas,
agrupadas en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
(CNDDHH), habían logrado extender y consolidar sus
contactos con organizaciones internacionales y dependencias
gubernamentales, alertando sobre la situación que nuestro
país vivía en la materia. En este contexto, la
victoria de los demócratas al conseguir la mayoría
parlamentaria implicó un renovado interés del
Congreso de los EE.UU. en observar y atender las recomendaciones
de los informes sobre
violaciones a los derechos humanos en el Perú,
especialmente de aquéllas perpetradas en los Frente
Mantaro y Huallaga.

21 Derogado por el congreso el 18 de abril de 1991. 22
El gobierno de Estado Unidos, en ese momento quizás el
único gobierno con posibilidades reales de proporcionar
ayuda militar (en entrenamiento y
capacitación) y económico a las FFAA
peruanas para la lucha contrasubversiva, tenía vigente una
ley que prohibía otorgarla a quienes no cumplían
sus compromisos internacionales de pago de deuda.

Consciente, aunque no plenamente, de los problemas que
esto les podría acarrear, Fujimori continuó
avalando la estrategia de las FFAA y manteniendo, al mismo
tiempo, un discurso público de aparente respeto a los
derechos humanos. Paralelamente, inició un proceso de
negociación para un acuerdo bilateral de lucha contra el
narcotráfico, tema de especial interés para los
EE.UU. Después de haber avanzado en las relaciones con
organismos de la comunidad financiera internacional, a inicios de
1991 el gobierno retomó negociaciones con los EE.UU. para
conseguir ayuda económica para luchar contra el
narcotráfico y la subversión.

En respuesta a las primeras consultas, el gobierno
norteamericano hizo notar que la ayuda internacional por este
concepto
estaba regulada por la norma llamada INCA (International
Narcotics Control Act, 1990) y que, desde que se iniciara el
nuevo gobierno, encontraban escasos progresos reales en materia
de derechos humanos.* La norma era tan explícita en lo
relativo a las violaciones de los derechos humanos, que el
gobierno de Fujimori se vio obligado a inventar una agenda de
acciones para mejorar el respeto de los mismos durante la lucha
contrasubversiva.

Esta agenda iba a contracorriente de la actitud que
impulsaba su cooperación con las Fuerzas Armadas y su
polarización política contra los partidos que
tenían la mayoría en el Legislativo. Sin embargo,
Fujimori dio una serie de pasos, algunos reales y otros
simulados, para acceder a las exigencias norteamericanas, que
tuvieron algunos correlatos o implicancias en el escenario
político, en especial en sus relaciones con el Legislativo
23. Este proceso duró todo el año 1991 y parte de
1992. Luego de que el Perú recibió las primeras
promesas de desembolso, fue interrumpido abruptamente por el
golpe.

La gestión peruana incluyó una visita de
Fujimori en octubre de 1991 al presidente George Bush para dar
testimonio de su buena disposición a cumplir con los
criterios de la ayuda norteamericana. Ello no modificó en
absoluto la posición del Congreso norteamericano 24. No se
equivocaban. Ese mismo mes, en discursos
pronunciados en ceremonias militares, Fujimori calificó de
«tontos útiles» a los defensores de los
derechos humanos y señaló la existencia de
«terroristas infiltrados en seudo organizaciones
humanitarias y defensoras de los derechos humanos». Pero el
doble discurso continuó.

En esos días se fundó, con apoyo del
gobierno, el Consejo por la Paz 25, usado también para
apaciguar las críticas internacionales. También
llegó a Lima ese mes, por invitación del gobierno
peruano, una delegación de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos para informarse sobre los
casos denunciados. Recién el 17 de enero de 1992, el
Departamento de Estado aceptó, «reluctante»,
las condiciones impuestas por el Congreso, con tal de no omitir
ningún esfuerzo por reducir el flujo de narcóticos
hacia los EE.UU. Comunicaron a las autoridades peruanas las
condiciones, haciendo énfasis en la necesidad de llevar un
registro de
detenidos, y que la ayuda no incluiría los 10 millones
para entrenar tres batallones contrasubversivos del
Ejército.

—————————————–

Al respecto, un cable de la embajada de marzo de 1991
dirigido a la Secretaría de Estado en Washington
sostenía: Although the new government has committed itself
to ending human right abuses, there has been little discernible
progress in improving human rights observance in Peru».
(Documento desclasificado 91LIMA03900 «INCA
certification», 26.Mar.91)

23 Ver infra.

24 Para entonces existían una serie de
diferencias de apreciación de la situación peruana
entre el Congreso norteamericano, de mayoría
demócrata y la
administración Bush en el Departamento de Estado. Para
un desarrollo ver capítulo sobre Fuerzas
Armadas.

4.11.11 CAMINO HACIA EL GOLPE: LOS
DECRETOS LEGISLATIVOS DE NOVIEMBRE DE 1991

El acuerdo entre partidos y gobierno sobre
contrasubversión

Como parte de este proceso de negociación con
EE.UU., mientras que aseguraban un respaldo financiero
internacional mínimo, el gobierno de Fujimori
intentó dar algunas muestras de su supuesto
comprometimiento con la concertación y el respeto de los
derechos humanos en el plano de su relación con el
Legislativo.

Para ello, en mayo de 1991 dio a conocer una propuesta
pública de pacificación en la que sostenía
que para instaurar la paz era importante una estricta observancia
de las normas constitucionales y el respeto escrupuloso de los
derechos humanos. «La violación masiva e
inmisericorde de los derechos humanos por parte de los grupos
subversivos no justifica la comisión de abusos por parte
de agentes estatales», sostenía el documento en que
se plasmó la propuesta.

Este documento fue presentado por el gobierno en la
primera reunión de coordinación de representantes
de los partidos políticos, bautizada como «Mesa de
Paz», convocada por el premier, Carlos Torres y Torres
Lara. Proponía además orientar la acción
estatal hacia alternativas que no se basaran exclusiva o
prioritariamente en la confrontación militar y en la
represión penal (El Peruano, 12.05.91). En el marco de
estas negociaciones, a inicios de junio el Congreso otorgó
facultades al Ejecutivo para que, en 150 días, legislara
sobre pacificación, reorganización del Estado,
inversión privada y promoción del empleo (ley
25327).

La ley aprobada, que entregó facultades amplias
para un plazo relativamente extenso, mostraba el espíritu
de colaboración de los diversos grupos parlamentarios,
conscientes de que por la gravedad de la crisis se
requería medidas urgentes.

25 El decreto legislativo 652, publicado el 31.07.91,
aprobaba la ley de Consejo por la Paz, un órgano compuesto
por representantes de la sociedad civil
que, «Independientemente de las atribuciones del Estado
para planificar y conducir las acciones de
pacificación», debía «elaborar y
presentar al Poder
Ejecutivo un Plan Nacional de Pacificación y
contribuir a su ejecución; apoyar los esfuerzos nacionales
y regionales para fortalecer la conciencia
ciudadana sobre los derechos humanos; presentar al Ministerio
Público su constante apoyo en la defensa de los derechos
ciudadanos; y realizar todo tipo de acciones destinadas a lograr
la paz en el país.»

Luego de la tercera reunión de las fuerzas
políticas realizada a fines de junio, Torres y Torres Lara
anunció que se había constituido una
comisión especial integrada por cuatro representantes de
partidos políticos para la consolidación de los
principales acuerdos en la materia —entre estos, Carlos
Tapia (IS), Luis Alberto Sánchez (PAP), Enrique
Elías (PPC)—.

Enseguida, Raúl Ferrero calificó de
provechosa la reunión y señaló que el
documento para el Acuerdo Nacional descansaba sobre cuatro ideas
fundamentales: vigencia del sistema democrático y defensa
de los derechos humanos, responsabilidad conjunta de las fuerzas
políticas frente a la subversión, una lucha
principalmente política y además militar y
conducción a cargo del gobierno. En julio, el gobierno y
los principales partidos políticos suscribían un
Acuerdo Político Nacional para lograr la
pacificación del país, que contemplaba «el
diseño de una estrategia contrasubversiva
democrática e integral». El documento sentaba las
bases sobre las cuales los partidos políticos
podrían adoptar acuerdos específicos de
colaboración con el Ejecutivo, con el objetivo de acabar
con la subversión e instaurar la paz, sin descuidar la
vigencia irrestricta de los derechos humanos 26.

A la par que las reuniones daban sus primeros frutos, se
fueron evidenciando cada vez más una serie de tensiones
entre el poder Ejecutivo y Legislativo. Éstas se
intensificaron cuando la representación de Cambio 90
perdió la presidencia de ambas cámaras. Ya en mayo
de 1991, cinco parlamentarios

 de la bancada oficialista habían
sido expulsados de su agrupación por mantener
autonomía con respecto con el Ejecutivo.

A partir de julio, cuando la presidencia de las
cámaras del Legislativo fue asumida por dos destacadas
figuras del PPC, Felipe Osterling y Roberto Ramírez del
Villar, Fujimori acentúa su estrategia de desprestigiar al
Parlamento ante la opinión pública, cuestionando
sus funciones y sugiriendo su inoperancia.

La etapa de cooperación pragmática que
hasta entonces había resultado terminó para dar
paso a una de confrontación bilateral, que Fujimori
aprovechó para acumular políticamente. Mientras
políticos de diferentes partidos, incluyendo a
representantes del gabinete oficialista, continuaban haciendo
esfuerzos por lograr acuerdos mínimos en materia
contrasubversiva y las denuncias de violaciones a derechos
humanos así como las negociaciones con los EE.UU.
proseguían, el núcleo del poder real del gobierno
—con sede en el SIN— preparaba la propuesta de base
legal no negociable para una política contrasubversiva sin
controles democráticos.

 

4.11.12 LOS VERDADEROS GESTORES: DESDE EL SIN A LAS
FF.AA.

Dada su imposibilidad de ingresar en la estructura
militar de poder 27, Montesinos se propuso ampliar su poder desde
el SIN, instancia que le ofrecía una serie de ventajas.
Además de la ausencia de fiscalización sobre su
actuación por el carácter reservado de su trabajo, el SIN
constituía una instancia ideal para extender su influencia
y poder hacia las FF.AA. Si bien legalmente dependía de la
Presidencia de la República, era, de hecho, una instancia
militar. Montesinos se convirtió muy pronto en el jefe
real del SIN y, con el total apoyo de Fujimori, empezó a
producir cambios en las FF.AA. Como paso fundamental para ello se
encargó de sacar del camino a dos personas que
podrían obstaculizar sus planes.

En primer lugar, a poco tiempo de haber asumido el nuevo
gobierno, mediante una treta planificada Montesinos
traicionó a su viejo amigo Francisco Loayza y logró
alejarlo definitivamente del entorno presidencial. En segundo
lugar, se encargó de destituir al jefe del SIN 28, general
EP Edwin Díaz 29 y convenció a Fujimori de poner en
su lugar al general Julio Salazar Monroe, militar dispuesto a
aceptar sus condiciones. Se deshizo así de las dos
personas que podían, eventualmente, disputarle la
relación entre Fujimori de un lado, y el SIN y las FF.AA
del otro. Desde ese momento, Montesinos tuvo el monopolio
absoluto de la esfera gubernamental vinculada con las FF.AA y los
servicios de
Inteligencia, incluyendo al sector Interior. Ocupó un
lugar clave y se hizo indispensable para Fujimori (Rospigliosi
2000: 25-26). Su posición de representante del presidente
electo le permitió abrir puertas y tener un grado de
influencia que antes no hubiera tenido:

Para fines de 1990, Montesinos había consolidado
su posición. Se sentaba como representante personal de
Fujimori en las reuniones con el ministro de Defensa y el Comando
Conjunto. Los generales de alto rango descubrieron
rápidamente que no tenían acceso directo al
Presidente: debían dejar el mensaje con Montesinos, pronto
reverentemente llamado «el doctor», quien se los
transmitiría. (Bowen 2000: 66)

Además, desde un inicio, Montesinos fungió
como el nexo entre las FFAA y la Embajada de EE.UU., en calidad
de asesor del Presidente en temas de seguridad interna y defensa.
Montesinos estuvo presente desde la primera reunión
sostenida con representantes de la Embajada el 17 de junio,
realizada para tratar detalles del viaje de Fujimori a Washington
(Documento desclasificado 1990LIMA09075, 18JUN1990). Dada la
importancia que para las FF.AA. tenían conseguir el apoyo
militar y económico, esto incrementó más su
poder. Siendo ya el único asesor del presidente en asuntos
militares y de inteligencia, Montesinos pudo hacer cambios
decisivos en el Ejército hasta el 5 de abril de 1992.
Siempre tuvo argumentos o ideó situaciones para convencer
a Fujimori de la necesidad de destituir a algún oficial o
promover a otro.

27 Montesinos era considerado hasta 1990 «persona
no confiable» por el Ejército Peruano a tal punto de
estar prohibido su ingreso a cualquier instalación
militar. Ello se debía a que, durante el gobierno militar
de Velasco Alvarado, fue acusado de vender información
clasificada a servicios de inteligencia extranjeros (EE.UU.),
cargo por el que tuvo que cumplir condena. 28 Filtró a la
prensa información que lo perjudicaba y luego
convenció a Fujimori de la necesidad de cambiarlo. 29
Díaz no le permitió ser nombrado subdirector del
SIN (Entrevista CVR General EP (r) Edwin Díaz).

Se las agenció así para pasar al retiro o
enviar a puestos burocráticos a los oficiales
institucionalistas más destacados, llamados a comandar las
instituciones, y poner en su lugar a oficiales manejables
(Rospigliosi 2000: 201). Paralelamente, empezó a montar
una red propia de
espionaje en el Ejército que tuvo un efecto
disuasivo.

En esa primera etapa empezó también a
extender su influencia en dos dominios que, por su trayectoria
previa, conocía a la perfección: el Poder Judicial
y la Fiscalía. Al parecer, también desde el
comienzo incursionó en el negocio del narcotráfico,
organizando la corrupción militar 30. Oficiales
corrompidos eran lo ideal para sus planes pues así eran
fácilmente chantajeables (Ibid: 30-33).

Desde junio de 1991 cuando el Congreso aprobó las
facultades legislativas al Ejecutivo, Montesinos se
encargó de preparar, desde el SIN y en coordinación
con un sector de las FF.AA, los decretos legislativos sobre
pacificación que serían publicados por el gabinete
en noviembre. Estos fueron preparados de acuerdo a algunas
necesidades de la estrategia contrasubversiva de las FF.AA.
(incremento de poder y discrecionalidad para actuar de las FF.AA)
pero, sobre todo, de acuerdo a sus intereses
personales.

Según Rospigliosi, existía un
interés específico de Montesinos y su equipo en el
SIN de llevar a cabo el golpe pero sin llegar a un gobierno
institucional de las FF.AA. Por ello, modificaron el plan
original (Rospigliosi 2000: 186). Entre otras cosas, Montesinos
convenció a Fujimori de que una eficiente estrategia
contrasubversiva requería un aparato de Inteligencia que
le permitiera llegar a los lugares más remotos. Por ello,
parte de su propuesta, no contemplada como tal en el Plan
Político-Militar, consistió en elevar la
categoría e importancia del SIN dentro de la comunidad de
Inteligencia, de tal manera que se le permitiese centralizar y
controlar las actividades y presupuesto de
los servicios de inteligencia militares y policiales 31. Y, con
ello, como resulta evidente, incrementar su poder. En diciembre
de 1991, en medio de la polarización política entre
el Ejecutivo y el Legislativo, daría un golpe decisivo al
promover a la Comandancia General del Ejército al general
EP Nicolás Hermoza, quien aceptó cabalmente sus
condiciones, incluyendo el golpe que tenía planificado
para el siguiente año.

———————————————

26 La suscripción del «Acuerdo
político nacional para la pacificación» se
llevó a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores
durante la cuarta reunión de los voceros políticos
participantes en la «mesa por la paz» convocada por
el Presidente del Consejo de Ministros, Carlos Torres y Torres
Lara. Firmaron el documento el PAP, AP, PPC, Movimiento Libertad,
IS, SODE, Cambio 90, FIM, Unión Cívica
Independiente, FRENATRACA, Frente Democrático de Unidad
Nacional (La mayoría de los diarios, 17.07.91).

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