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Ética y corrupción en la administración de justicia (página 19)




Enviado por yivanz64



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4.11.13 LA CUENTA REGRESIVA: LOS
DECRETOS LEGISLATIVOS DE 1991

A pesar de todo el discurso y la
parafernalia pública, Fujimori y los que en realidad
gobernaban con él no buscaban lograr consensos sobre
cómo alcanzar metas comunes, como la pacificación.
Como se comprobó después, lo que sucedió en
noviembre de 1991 con la promulgación casi
simultánea de más de 120 decretos legislativos,
estuvo fina y premeditadamente montado con el propósito de
desbordar y desprestigiar al Congreso mientras se
resolvían los últimos detalles para el golpe. Los
acuerdos multipartidarios previos, alcanzados en el Acuerdo
Político Nacional, ni siquiera fueron contemplados o
considerados para la elaboración de tales
decretos.

La técnica de Fujimori para rebasar al
legislativo con iniciativas a favor de una
contrasubversión sin control
democrático fue producir en serie decretos legislativos
cuyo contenido era ilegal, inconstitucional o impropio de una
democracia. El
Ejecutivo esperó los últimos días del plazo
para dar a conocer los mismos, produciéndose el desembalse
legislativo hacia mediados de noviembre. Más de 120
decretos se publicaron en pocos días, de los cuales 35
correspondían al rubro de pacificación y
suponían transformaciones radicales de las instancias
estatales vinculadas de la estructura
pública de seguridad. Por un
lado, el decreto legislativo 743 —Ley de Sistema de
Defensa Nacional— creaba una nueva estructura de
defensa.

Entre los cambios más importantes,
disponía que los comandantes generales y el presidente del
Comando Conjunto fueran nombrados directamente por el Presidente
de la República y por el tiempo que
juzgara conveniente. Asimismo, creaba el Comando Operativo del
Frente Interno (COFI) bajo la jefatura del presidente del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas e integrado por un Estado Mayor,
conformado exclusivamente por miembros de las fuerzas armadas y
policiales, sin un responsable político (Artículo
26). El decreto legislativo 746 —Ley de Sistema de Inteligencia
Nacional— otorgaba al SIN amplios poderes y obligaba a
organismos públicos y privados a proporcionarle la
información que requiriese, bajo responsabilidad penal en caso de
incumplimiento. Creaba también órganos de
inteligencia en ministerios y
organismos públicos que responderían, directa y
exclusivamente, al SIN; y confería a su presupuesto el
carácter de secreto.

En tercer lugar, el decreto legislativo 749 ampliaba las
prerrogativas de los Comandos
Político Militares en las zonas de emergencia.
Establecía que dichos comandos, en su facultad para
conducir las acciones de
desarrollo en
la zona bajo su jurisdicción, contarían con los
recursos
económicos, financieros, bienes y
servicios, y
con personal
dispuestos por las autoridades políticas,
las de los organismos públicos, las de los gobiernos
regionales y locales. Reiteraba también la
subordinación de la PNP a los CPM, precisando con mayor
detalle el alcance de la misma y ampliando su competencia a
materia de
lucha contra el narcotráfico 32.

Ello aseguraría, de acuerdo con el decreto, la
erradicación del terrorismo y
del narcotráfico. Estos y otros decretos creaban el marco
legal adecuado para la estrategia
contrasubversiva encaminada desde 1989, ratificándola, y
se convertían en el punto culminante de un largo proceso de
abdicación de la autoridad
democrática a favor de la institución castrense. Se
aceptaba, de este modo, la incapacidad de la autoridad civil para
asumir la dirección de la lucha contrasubversiva. La
maniobra desplegada buscaba que el Congreso no tuviera tiempo de
analizar todos los decretos, que entrarían en vigencia
automáticamente a mediados de diciembre al vencerse el
plazo de 30 días para la revisión 32 La Ley 24150
de junio de 1985 establecía estaba dentro de las
atribuciones del CPM «Asumir el Comando de las Fuerzas
Armadas y Fuerzas Policiales que se encuentran en su
jurisdicción y/o las que le sean asignadas»
(Artículo 5°, inciso a).

El decreto legislativo 749, en cambio,
precisaba que sus atribuciones incluían «Tener bajo
su Comando a los miembros de la Policía Nacional del
Perú que presten servicios en las zonas de su respectiva
jurisdicción, quienes cumplirán las instrucciones y
disposiciones que en materia de lucha contra el terrorismo y el
narcotráfico emita el Comando Político
Militar».

Así, se forzó una polarización
política
entre, por un lado, la posición fujimorista a favor de una
guerra
contrasubversiva irrestricta y, por otro, la posición de
la mayoría opositora en el Congreso, favorable a
profundizar la contrasubversión sin abdicar del control
democrático del estado de
derecho. Mientras esto sucedía, la actividad
terrorista del PCP-SL acosaba al país, con atentados y
asesinatos en las ciudades y masacres en las zonas rurales 33. En
julio, la periodista Cecilia Valenzuela había presentado
en la
televisión un documento de las FFAA que indicaba el
uso de la estrategia de eliminación selectiva. El
documento fue negado por el Comando Conjunto en un comunicado.
Las denuncias de violaciones de derechos humanos
perpetradas por las fuerzas del orden proseguían y eran
difundidas por organismos internacionales sin que ello causara
efecto alguno sobre la marcha de las operaciones
contrasubversivas. Aparecían más denuncias de
asesinatos cometidos por supuestos paramilitares, que ahora
sabemos fueron oficiales en actividad organizados en pelotones de
operaciones especiales. Incluso, cuando la tensión por el
recibimiento de los decretos se iniciaba, sería ejecutada
la matanza de Barrios Altos por el «Grupo
Colina»34.

Pero el Congreso no claudicó ante el
desafío que le presentaron los decretos legislativos de
Fujimori y Montesinos. Prefirió ponerse en curso de
colisión con el ejecutivo, aunque ello fuera precisamente
lo que buscaban los golpistas para justificar una acción
de fuerza contra
el orden constitucional. El Congreso tenía 30 días
para revisar los decretos. Las cámaras de diputados y
senadores organizaron comisiones integradas por representantes de
todos los partidos
políticos, y se hicieron asesorar por especialistas.
En los pocos días que quedaban hasta el cierre de la
legislatura
ordinaria el 15 de diciembre, se derogaron 6 decretos: el 731 y
764, que postergaban la entrada en vigencia del código
procesal penal; el 736, 747 y 762, que penalizaban el blanqueo de
dinero, el
encubrimiento del narcotráfico y la revelación o
difusión de informaciones que obtiene o procesa el Sistema
de Defensa Nacional. Por la imprecisión de sus
términos, estos decretos se prestaban a ser mal usados en
desmedro de las libertades ciudadanas. Pero fue la derogatoria
del 746, la Ley del Sistema de Inteligencia Nacional, lo que
más escandalizó al Ejecutivo, porque se trataba
directamente de un instrumento central de la lucha
contrasubversiva y en los planes para incrementar unilateralmente
su poder. El
problema era que esta ley dejaba al SIN fuera de todo control
democrático.

En respuesta, el Presidente observó estas
derogatorias y no las promulgó. Adicionalmente, el
último día del año, Fujimori realizó
numerosas observaciones a la Ley General de Presupuesto para
1992, impidiendo su promulgación ya que el Congreso no
podía reunirse para resolver el impasse. Esto
paralizó las actividades del sector
público en los primeros días de 1992, pues no
había marco normativo para la ejecución de gasto
alguno.

Ante la situación y dado que la próxima
legislatura ordinaria se reiniciaba recién en abril, el
Congreso convocó a una legislatura extraordinaria para
examinar los proyectos de ley
observados por el presidente entre el 20 de enero y el 3 de
febrero de 1992. Aún así el tiempo resultó
corto para seguir revisando los decretos restantes —el
proceso se refería a los 120 y no sólo a los
referidos a la pacificación—, modificarlos o
derogarlos de acuerdo a lo que se estimara más
conveniente.

Sin embargo, logró modificar el 743, «Ley
del Sistema de Defensa Nacional», muy importante para el
gobierno. En
respuesta a estas acciones, a pocos días de haber sido
nombrado Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,
Nicolás de Bari Hermoza Ríos expresó
públicamente su respaldo a la estrategia de
pacificación plasmada en los decretos legislativos del
ejecutivo. Finalmente, Fujimori promulgó todos los
decretos modificados ese verano salvo éste,
reservándose el derecho a insistir en él más
adelante.

Los decretos sobre los que el Congreso no se
pronunció quedaron firmes al cumplirse los 30 días
del plazo de revisión. Ante esta situación de
aparente entrampamiento, el Ejecutivo apeló una vez
más a estrategias
paralelas. Formalmente, propuso un diálogo
—de las fuerzas armadas, por un lado, con los partidos
políticos representados en el Parlamento y la sociedad civil,
por otro— para llegar a acuerdos en materia
contrasubversiva que permitieran salir del enfrentamiento de
poderes. Uno de los gestores del diálogo fue el presidente
del Consejo de Ministros, Alfonso de los Heros, quien
buscó conciliar con los sectores del Congreso más
abiertos al intercambio.

Entre los puntos de discrepancia entre oficialismo y
oposición se encontraban las inmensas atribuciones
asignadas al Presidente y la modificación de los decretos
sobre pacificación, sobre todo alrededor de las excesivas
facultades militares y la incompleta observancia al respeto de los
derechos humanos.
Durante los meses restantes del verano de 1992, se trabajó
en la redacción de decretos que satisficieran
aceptablemente los requerimientos del Ejecutivo y del
Legislativo, y que contaran con el consenso de las instituciones
castrenses.

Se llegó a acuerdos que recibieron incluso la
aprobación presidencial. Aparentemente, de acuerdo con De
los Heros 35, el trabajo
había sido exitoso y se preveía promulgar los
decretos consensuados al reanudarse la legislatura, alrededor del
7 de abril. Los acuerdos tomados expresaban la vocación de
los partidos políticos de oposición por elaborar un
nuevo marco legal que reorientara la lucha contrasubversiva, pero
dentro de los límites
constitucionales y con facultades fiscalizadoras viables en la
práctica. No había pretexto alguno para el
rompimiento del régimen democrático que, a
título del conflicto de
poderes sobre materia contrasubversiva, se
realizó.

En realidad, la propuesta consensual coordinada por De
los Heros no hubiese permitido al Ejecutivo desplegar el poder
deseado. Por ello, argumentando el rechazo de la clase
política –que venía siendo desprestigiada por
él mismo- a la «propuesta contrasubversiva del
gobierno» y, contando con el apoyo institucional de las
Fuerzas Armadas, el 5 de abril de 1992 Fujimori anunció al
país la disolución de los poderes legislativo y
judicial y la instalación del gobierno de
«emergencia y reconstrucción
nacional».

Como se demostró entonces, Fujimori y los
militares tenían ya otros planes y utilizaron a De Los
Heros 36, sin su conocimiento,
para entretener a los parlamentarios haciéndoles creer que
el gobierno estaba dispuesto a llegar a fórmulas de
consenso en materia de pacificación (Rospigliosi 2000:
112)37. En realidad, estaban ganando tiempo para planificar los
últimos detalles para la operación del golpe. La
revisión de decretos debió haber continuado durante
la legislatura ordinaria iniciada el 1º de abril, pero el
golpe acabó con ese proceso. El Ejecutivo demostraba
así que los discursos y
las coordinaciones con otras fuerzas políticas no fueron
más que un escenario postizo mientras tomaba forma, en el
seno del poder paralelo en el gobierno, la opción del
protagonismo militar.

———————————-

30 Al respecto, véase el capítulo sobre
Narcotráfico y capítulo sobre FFAA. 31 Hasta
entonces, el SIN no tenía jurisdicción directa
sobre el campo o dominio de
Inteligencia militar.

33 Ver punto 7. 34 Ver estudio de caso.

35 De los Heros, entrevista a
la CVR 08.11.02.

4.11.14 EL
GOLPE DEL 5 DE ABRIL: MEDIDAS E IMPLICANCIAS

El 5 de abril, a las 10:30 de la noche, el Presidente
Constitucional de la República Alberto Fujimori
anunció la disolución del Parlamento Nacional, y la
reorganización total (intervención) del Poder Judicial,
del Consejo Nacional de la Magistratura, del Tribunal de
Garantías Constitucionales y del Ministerio
Público.

Simultáneamente, las tropas del Ejército,
la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y de la
Policía Nacional, toman el control de la capital y de
las principales ciudades del interior. Ocupan el Congreso, el
Palacio de Justicia,
medios de
comunicación y locales públicos. Minutos
después se da a conocer un comunicado de los Jefes del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía
Nacional, expresando su absoluto respaldo a estas
medidas.

Con un gran despliegue de efectivos militares, se detuvo
a políticos, periodistas y algunos jefes policiales
vinculados al PAP. Entre ellos, el ex ministro del Interior
Agustín Mantilla, el ex ministro de Agricultura
Remigio Morales Bermúdez, el senador Abel Salinas, el
Teniente General PNP Reyes Roca y el periodista Gustavo
Gorriti.

El ex presidente Alan García, logra esconderse de
la intervención militar que lo buscó en su
residencia. El presidente del Senado, Felipe Osterling, y el
presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Ramírez
del Villar, fueron arrestados en sus respectivos domicilios. Se
trató, pues, de un amplio operativo militar, de la misma
naturaleza y
dimensiones que el operativo previsto en el Plan
Político-Militar que, entre otras cosas, preveía la
posibilidad de resistencia
armada de apristas e izquierdistas. Incluyó incluso el uso
de instalaciones militares como centros de
reclusión.

El 6 de abril, juramentó el nuevo gabinete bajo
la Presidencia de Oscar de la Puente Raygada. Ese mismo
día, De la Puente dio lectura al
texto del
primer Decreto Ley del régimen, «Ley de Bases del
Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional»,
que instituyó, entre otras cosas, la elaboración de
una nueva constitución.

 

4.11.15 LA OPOSICIÓN: DEBILIDAD DEL FRENTE INTERNO Y EL
IMPACTO INTERNACIONAL

El Parlamento destituido, ciñéndose a la
legalidad
constitucional, declaró la vacancia presidencial por
incapacidad moral el 6 de
abril. El pronunciamiento emitido por parlamentarios de distintos
sectores políticos —incluido de Cambio 90—
invocaba al senador y primer vicepresidente electo Máximo
San Román a asumir la Presidencia de la Nación.
En breve, San Román rindió juramento como
Presidente Constitucional, pero sin contar con el respaldo
ciudadano.

Perdida en su desprestigio, la oposición se fue
difuminando y buscó remediar su desamparo político
apelando a la presión
internacional. En efecto, el régimen no había
calculado que el golpe de Estado
pudiera abrir la posibilidad de una sanción internacional.
La primera respuesta de la
Organización de Estados Americanos (OEA)
consistió en deplorar la interrupción del sistema
constitucional. La Comunidad Europea
condenó el golpe de Estado e instó a Fujimori a
restablecer las instituciones democráticas «cuanto
antes».

El gobierno de los EE.UU. condenó el golpe y
demandó la restauración pronta de la democracia.
Las organizaciones
internacionales de derechos humanos y de prensa —de
acuerdo con la posición del Departamento de Estado de los
EE.UU. — enfatizaron su preocupación por la
situación de los derechos humanos en ese contexto. Sin
embargo, no existió una posición unívoca a
nivel internacional en el plano financiero.

El apoyo económico y la asistencia militar de
EE.UU. en la lucha contra el narcotráfico y la
subversión se interrumpieron a causa del golpe de Estado
del 5 de abril de 1992. En mayo de ese año, el Secretario
de Estado Adjunto para asuntos interamericanos, Bernard Aronson,
se entrevistó con Fujimori y respaldó los criterios
adoptados por la OEA. A Fujimori no le impresionó mucho
con la advertencia, pues los montos de la ayuda en
cuestión no eran determinantes para sus planes. En marzo
de 1992 viajó en visita oficial al Japón,
donde comprometió ayuda por 127 millones de
dólares. Por otro lado, el año 1991 estuvo lleno de
éxitos en lo referente a la obtención de ayuda no
reembolsable y créditos de desarrollo. Ya había
acuerdo con el FMI y un amplio
plan de privatizaciones.

Después del golpe quedó claro que las
instituciones financieras internacionales privilegiaban la
reforma económica en marcha en detrimento a la
institucionalidad democrática. Durante 1992, el Banco
Interamericano de Desarrollo desembolsó préstamos
al Perú, el Banco Mundial
continuó apoyando al gobierno y el Fondo Monetario
Internacional consideró que el gobierno peruano, al estar
cumpliendo con la carta de
intención de 1991, era merecedor de fondos adicionales.
Por otra parte, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) no
interrumpió su colaboración con el SIN en materia
antiterrorista. En mayo de 1992 Fujimori viajó a la
asamblea de cancilleres de la OEA (Barbados) y anunció
elecciones para un nuevo Congreso Constituyente. Los acuerdos
tomados en las Bahamas exigían que se realizaran pronto y
que en el calendario se incluyera también a las
municipales, pendientes, y un referéndum para aprobar la
nueva Constitución. Asimismo, establecieron que estos
comicios debían basarse en un acuerdo entre el gobierno y
la oposición. Sin embargo, como señalamos, la
oposición se encontraba débil y
fragmentada.

Apoyado en la opinión
pública, Fujimori soslayó el diálogo e
impuso sus condiciones y su propio cronograma. El 1º de
junio, convocó a elecciones para el Congreso Constituyente
Democrático (CCD) que se llevarían a cabo el 18 de
octubre. Posteriormente, la fecha fue cambiada por el 22 de
noviembre.

La oposición — carente de espacio
político— solicitó un plebiscito para
consultar sobre la continuidad del régimen, pero este
requerimiento no fue aceptado por el gobierno. Como parte de los
acuerdos de las Bahamas, el gobierno convocó oficialmente
a todos los partidos políticos a participar un
«diálogo nacional» que se inició el 30
de junio. La oposición se negó a participar, al
considerarlo una «farsa para engañar al
pueblo». Insistiendo en la inconstitucionalidad del
gobierno pero sin capacidad real para negociar con él, la
oposición abandonó el escenario político. En
casos como el de AP y el PAP, ese abandonó se
prolongaría hasta 1995, pues se abstuvieron de participar
en el CCD, en el que el oficialismo obtuvo la mayoría
absoluta. Sin oposición real al frente, el régimen
tuvo un periodo de casi nueve meses —desde abril 1992 hasta
diciembre de 1992— para gobernar sólo con sus
propias reglas: por decreto y sin contrapeso de
poderes.

———————————–

36 Éste renunció el 5 de abril. 37 Los
decretos de noviembre de 1991 no fueron preparados ni discutidos
nunca por el gabinete ministerial ni por ninguna instancia
designada por éste —el Ejecutivo propiamente
dicho—. El gabinete —con contadas excepciones—
se había limitado a refrendarlos (Ibid).

 

4.11.16 GOBERNAR POR DECRETO LEY: DEL
92 AL 93 (CONSTITUCION VIOLADA)

Todo lo que Fujimori no obtuvo mediante los decretos que
elaboró con las facultades especiales que le dio el
Congreso, incluso los decretos derogados por éste, lo
obtuvo durante el período en que gobernó mediante
decretos ley hasta la instalación del CCD en enero de
1993. Desde el mismo 5 de abril de 1992 el gobierno de Fujimori
emprendió la promulgación de una serie de decretos
ley que modificaron sustancialmente la legislación
antiterrorista, violando en varios casos la Constitución
de 1979, cuya vigencia quedó suspendida.

Se retomó también la promulgación
unilateral de los decretos legislativos sobre pacificación
de noviembre de 1991 que habían sido modificados o
derogados por el Congreso. Así por ejemplo, en julio, el
decreto ley 25365 repuso, con algunas modificaciones, la Ley del
Sistema Nacional de Inteligencia, que otorgaba amplias
prerrogativas al SIN. En segundo lugar, se promulgaron, entre
otros, decretos ley que ampliaban el control policial de los
penales, extendían el apoyo a las rondas campesinas,
permitían la intervención de las FFAA en las
universidades, intensificaban las operaciones de rastrillaje 38 y
la acción cívica.

En materia de legislación antiterrorista
—marco legal para la detención y juzgamiento—
se realizaron cambios radicales que no contemplaron una serie de
principios
fundamentales y constitucionales —para asegurar las
garantías del debido proceso— requisitos
indispensables para que un juicio sea considerado
mínimamente justo.

El decreto ley 25475 (6 de mayo de 1992)
establecía la cadena perpetua para algunos casos de
terrorismo y ampliaba las penas para otros casos, a la vez que
instauraba el procedimiento de
jueces sin rostro. El decreto ley 25499 (16 de mayo de 1992)
modificaba el decreto legislativo 748, a través del cual
se establecía la ley de arrepentimiento de subversivos
rendidos.

El decreto ley 25564 (20 de junio de 1992)
reducía la edad de los exentos de responsabilidad penal de
18 a 15 años para los que cometían delitos de
terrorismo. El decreto ley 25659 (13 de agosto de 1992)
estableció la figura penal de traición a la patria
para delitos antes tipificados como de terrorismo.
Permitía además, en un claro acto inconstitucional,
a tribunales militares juzgar a civiles acusados de terrorismo.
Asimismo, reducía los plazos para el proceso, limitando
con ello severamente la capacidad de defensa de los inculpados
39. Con este mismo grupo de decretos se confirmaron las altas
prerrogativas militares, así como la extensión de
su poder en las zonas de emergencia y en la actividad
contrasubversiva.

El decreto ley 25626 (22 de julio de 1992)
establecía que todas las dependencias vinculadas a la
lucha contra la subversión y el narcotráfico
debían adecuar sus normas y procedimientos a
las directivas del Comando Operativo del Frente Interno (COFI),
dirigido por el presidente del Comando Conjunto de las FF.AA. El
decreto ley 25708 (10 de septiembre de 1992) estableció
los procedimientos para juzgar los delitos de traición a
la patria permitiendo la aplicación del procedimiento
sumario del Código de Justicia Militar para los juicios en
el teatro de
operaciones. Finalmente, el decreto ley 25728 (18 de septiembre
de 1992) facultaba a condenar en ausencia a los responsables del
delito de
terrorismo.

Con estas modificaciones radicales de la
legislación contrasubversiva el gobierno construyó
un drástico aparato legal, adecuado para las operaciones
militares, y exento de control fiscal y/o
judicial. Como veremos, las capturas de los principales jefes
subversivos, incluido Abimael Guzmán, fueron presentadas
como el fruto de tales reformas, distorsionando con ello la
realidad para favorecerse políticamente. Si bien es cierto
que, dada la situación de violencia en
el país y la ineficacia del sistema de administración de justicia, se
requerían medidas concretas y una adecuación del
sistema al contexto de crisis, esto
no justificaba hacerlo a costa de las garantías ciudadanas
básicas.

Se pasó, innecesariamente, al otro extremo. Los
cambios en la legislación antiterrorista facilitaron
condenas largas para los subversivos y sospechosos, con procesos de
investigación y judiciales sin
«obstáculos» legales, un viejo pedido de las
fuerzas del orden para agilizar la lucha contrasubversiva.
Mientras que algunos tipos de violaciones a los derechos humanos
(ejecuciones y desapariciones) se redujeron considerablemente
desde 1993 40, se inauguraría, sobre todo, una nueva etapa
en las violaciones al debido proceso. Con ello, el país
mejoraba según los estándares requeridos en las
negociaciones con los EE.UU.

Para apoyo económico y militar (disminuir el
número de muertos y desaparecidos, mantener un registro de
detenidos y dejar que la Cruz Roja ingrese a los centros de
reclusión), pautas destinadas sobre todo a garantizar la
vida de los detenidos, antes que a evaluar si se estaban
siguiendo las normas básicas del debido proceso o
no.

——————————————

38 Operación militar o policial que registra a
poblaciones urbanas.

39 Para mayores detalles ver capítulo sobre
Legislación antiterrorista y capítulo sobre Sistema
de administración de justicia.

40 En parte como consecuencia de que el número de
acciones subversivas empezó a descender ese mismo
año, debido al gran impacto que tuvieron las capturas
policiales, sobre todo de los máximos dirigentes
subversivos (en especial, ver en el capítulo sobre el
PCP-SL las repercusiones que tuvo la captura de Guzmán y
su posterior llamado a un acuerdo de paz), en las organizaciones
subversivas.

 

4.11.17 LA APROBACIÓN DEL
GOLPE Y LA IMAGEN DE SENDERO
GANADOR

Mientras que las Fuerzas Armadas fueron el soporte
fáctico del golpe del 5 de abril, la opinión
pública convalidó la ruptura democrática y
constitucional, asignando al gobierno un respaldo popular que
había decrecido considerablemente desde su elección
41. El 71% de la población aprobó la
disolución del Congreso y el 89% la
reestructuración del poder judicial. Sin embargo, la
ciudadanía no interpretaba estas medidas
como el inicio de un régimen autoritario.

Por el contrario, para la mayoría de la
población (51%), el régimen que se iniciaba el 5 de
abril era considerado como democrático, y sólo el
21% creía que se debía declarar la vacancia
presidencial 42. En tanto la misma persona elegida
en 1990 continuara al frente del gobierno, la ruptura no era
interpretada como un golpe. Este respaldo popular confirmaba la
tendencia presidencialista en la historia política
peruana y adoptaba para el imaginario nacional la
asociación entre clase política e ingobernabilidad.
En un contexto de crisis creciente, la demanda por
eficacia a
costa de pasar por alto consideraciones éticas o legales
demasiado «elevadas» pegó con el sentir de
buena parte de la población, desesperada por no ver
solución a sus problemas.

El programa de
estabilización había golpeado duramente a varios
sectores que, además de ver seriamente mermados sus
ingresos,
tuvieron que hacer frente a la expansión de la epidemia
del cólera,
que hacia el mes de agosto de 1991, según lo informado por
el Ministro de Salud, ya había
cobrado 2,345 muertos. Mientras que estos graves problemas
sacudían al país, que se conmocionaba viendo a
vírgenes que «derramaban lágrimas», la
imagen de los partidos políticos se fue desprestigiando
cada vez más.

Más allá de que la prédica de
Fujimori en contra de los mismos –a partir de la cual
aparecían como bloqueando soluciones
los empezó a afectar, después de la
polarización tan marcada en la campaña electoral
estos siguieron en buena parte del año 1991 con sus
disputas y enfrentamientos políticos, que fueron cubiertos
por la prensa y televisión
43. Los propios errores de los gobiernos anteriores,
sobredimensionados y expuestos convenientemente por Fujimori,
hizo extensiva la ineficiencia de dichos gobiernos al sistema
democrático, haciéndolo aparecer como uno de los
factores que determinaron la hiperinflación y la agudización del
conflicto. Punto que estaba claramente contemplado en el diagnóstico de los militares que elaboraron
el Plan Político-Militar. Su continuidad, por lo tanto, no
tenía mayor sentido.

Al tiempo que todo esto sucedía, desde 1989 las
ciudades —especialmente Huancayo, Huamanga y Lima—
vivían en el peor momento de la guerra 44.
Sumándose a las operaciones contrasubversivas, el PCP-SL
incrementaba su ofensiva de terror sobre las zonas urbanas,
especialmente en Lima, centro del poder económico y
político del país. Considerando que con la segunda
campaña del Plan «Desarrollar bases en función de
la conquista del poder» habían llegado a
«plasmar» el equilibrio
estratégico, empezaron a desarrollar la tercera,
«Rematar el plan de impulsar apuntando contra el Gobierno
de Fujimori (febrero 1991-enero 1992)», que, en su evaluación, les permitiría concretar
el equilibrio estratégico (Jiménez 2000:
221).

En los barrios de conos en expansión de Lima, el
PCP-SL incrementa sus acciones de propaganda y
ataque de lugares públicos, al tiempo que desarrolla una
fuerte presión sobre las dirigencias barriales buscando
coparlas. Dentro de esta campaña senderista, el 15 de
febrero de 1992 la dirigente de la Federación Popular de
Mujeres de Villa el Salvador y teniente alcaldesa del distrito
María Elena Moyano, fue asesinada brutalmente.

Este hecho conmocionó a la opinión
pública, marcando un hito en lo que hasta entonces
había sido la resistencia al avance y hostigamiento de SL
en el «campo popular»45. Fue una situación
límite que reveló no sólo la vesania
senderista sino también la fragilidad de las
organizaciones sociales y políticas al
enfrentársele. Por otro lado, en los barrios comerciales y
de clases medias y altas, donde SL no pretendía alcanzar
ningún objetivo
político captando adhesiones, la relación que se
mantuvo con la población fue la violencia y, el
único objetivo, el terror.

En estas zonas de Lima el lenguaje
desplegado por SL fue el de los comandos de aniquilamiento, los
coches bomba y los paros armados. Al tiempo que este problema se
expandía y sentía cada vez más como
agobiante, el Estado
—en especial algunas de las instituciones
«heredadas»— aparecían como
débiles e ineficientes. Un Estado colapsado, con un
sistema de administración de justicia que brillaba por su
ineficiencia. Según datos hechos
públicos por la Procuraduría General de la
República en septiembre de 1991, en once años de
violencia política armada, tan solo 497 terroristas
habían sido sentenciados con penas que iban desde los dos
hasta los 25 años, mientras que 4395 acusados
habían obtenido su libertad por
«falta de pruebas»
o «fallas en la redacción de los informes
policiales».

No obstante, fuera de lo que la repercusión
mediática de estos hechos, muchas veces magnificados, hizo
suponer, SL se encontraba en un proceso de repliegue debido al
cerco que la aplicación de la estrategia de las FFAA desde
1989 que —apoyada en la población rural organizada
en Comités de Autodefensa— estaba logrando 46 .
Paralelamente, el trabajo
policial en Lima del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) y de
la Brigada Especial de Detectives (BREDET) de la DIRCOTE
había dado ya grandes logros en su proceso de
acumulación de información y seguimiento de
sospechosos, llegando incluso a capturar a diversos dirigentes de
importancia de ambos grupos
subversivos 47

En septiembre de 1990, una operación del GEIN
finalizó con la captura del 80% de los integrantes del
aparato de propaganda, incluyendo a su responsable, Hugo Deodato
Juárez Cruzatt, miembro del Comité Central del
PCP-SL considerado por Guzmán como su
«delfín», encargado de sucederlo si algo le
pasaba. En enero de 1991, el GEIN había intervenido una
casa ubicada en la calle Buenavista en Chacarilla del
Estanque-San Borja, donde había estado funcionado el
Departamento Central de SL. Allí recogieron
información valiosa 48, incluyendo el conocido video en que
aparecía Guzmán en una reunión social
bailando ‘Zorba el Griego’, acompañado de
importantes miembros del partido, y que confirmó que
estaba vivo.

Fragmentos de este video fueron presentados a la
opinión pública por Fujimori en un mensaje a la
nación
dado en febrero, al tiempo que señalaba que como producto
«de la nueva política contrasubversiva, los
Servicios de Inteligencia Nacional, en coordinación con las Fuerzas Armadas y
Policiales lograrán capturar a cabecillas
terroristas».

A fines de junio de 1991 el GEIN logró detener a
la abogada Yovanka Pardavé Trujillo, «Rebeca»,
a su conviviente Tito Valle Travesaño,
«Eustaquio» y al profesor
Víctor Zavala Cataño, «Rolando»,
miembros del Comité Central de SL y responsables de la
dirección de Socorro Popular. Un duro golpe a SL. Por otro
lado, pocos días después del golpe, el 14 de abril,
la BREDET capturó a Péter Cárdenas Schulte,
líder
del MRTA. Poco menos de dos meses después, el 9 de junio,
volvió a capturar al máximo dirigente del MRTA
Víctor Polay Campos. Sin embargo, la presentación
mediática del terror ocasionado por SL impedía
observar estos avances.

En efecto, como sostiene Peralta, desde fines de la
década del ochenta en distintos medios se
empezó a concebir y especular sobre las posibilidades de
que SL llegase al poder, haciendo que la imagen de su
imbatibilidad se generalizara (Peralta 2000:131). Al incrementar
su ofensiva en zonas urbanas, en especial en Lima, esta percepción
parecería consolidarse y justificarse cada vez más.
Luego del exitoso paro armado
del 23 y 24 de julio de 1992, convocado por el PCP-SL, entre
otros el diario El Comercio
49 empezó a plantearse alternativas posibles a un
imaginario gobierno de Sendero Luminoso. El temor se
expandía entre todos los peruanos, pero también en
el extranjero.

Entre abril de 1989 y diciembre de 1992 se produjeron en
Lima 907 ataques y atentados, el 47% de los ocurridos en el
país. 1992 fue un año clave en esto pues es el
período en que Lima registra la mayor cantidad de
víctimas de la guerra interna.

———————————-

41 En agosto de 1990, el gobierno de Alberto Fujimori
tenía el 46% de aprobación presidencial. Si bien es
cierto que en diciembre de 1990, este porcentaje llegó al
60%, hacia finales de 1991 superaba ligeramente el 30% (Apoyo,
Opinión y Mercado. Informes
de Opinión 1990 y 1991). 42 Apoyo, Opinión y
Mercado. Encuesta
realizada el 7 de abril de 1992. 43 El desprestigio de los
partidos aumentaba a la par que se hacían públicas
graves denuncias de corrupción
que involucraban a altos funcionarios del gobierno aprista, como
el escándalo del BCCI y el dólar muc entre otros.
En el Congreso, durante 1991 los partidos dedicarían buena
parte su tiempo a investigar o defenderse de estas
denuncias.

44 Para detalles sobre el proceso de cada región
y las zonas urbanas ver capítulos sobre Historias
Regionales.

45 Ver capítulos sobre Historia Regional de Lima
y sobre Partidos de Izquierda.

46 Ver capítulos sobre FFAA y sobre
CADs.

 

4.11.18 PERÚ 1980-2000: CANTIDAD DE MUERTOS Y
DESAPARECIDOS EN ÁREAS URBANAS REPORTADOS *

Lima 1980-2000: Número de muertos producto de
la guerra interna según año de ocurrencia de los
Hechos **

Efectivamente, ya en marzo de 1992 —poco
después de que el gobierno norteamericano hubiese decidido
levantar la suspensión del desembolso de parte de la ayuda
económica al país con la condición de que
mejorase su récord en materia de respeto a los derechos
humanos y, en el contexto de la búsqueda del Perú
un mayor financiamiento
internacional—, en Washington, el Secretario de Estado
Adjunto para Asuntos Interamericanos de los EE.UU., Bernard
Aronson, declaraba que la falta de ayuda internacional para el
gobierno peruano podría facilitar a SL la toma del
poder.

Abonando esta tesis, ese
mismo año, el Congreso Norteamericano realizó unas
audiencias públicas en las que debatió qué
posición debían adoptar los EE.UU. en caso de que
SL llegase a tomar el poder. Especulando sobre una posible
intervención militar estadounidense a partir de este tipo
de señales, para el análisis maoísta de SL esto
configuraba el escenario de confrontación ideal que
había estado buscando para liderar una guerra de
«liberación nacional», tal como hiciera Mao
Tse Tung en China. A
partir de ello, en julio de 1992, SL prepara los documentos para
la realización de un III Pleno del I Congreso del
Comité Central que buscaba delinear los ajustes del VI
Plan Militar, «en la perspectiva de que la guerra campesina
se convertiría en una guerra nacional y
patriótica».

Al tiempo, desarrollaría una feroz arremetida de
terror sobre la ciudad de Lima, dando más sustento a la
posición que creía firmemente en sus posibilidades
de triunfo. Así, el 5 de junio hicieron que un
«camión bomba» explotara frente al Canal 2,
destruyendo sus instalaciones y matando a tres
personas.

Poco más de un mes después, el 16 de
julio, la explosión de un coche bomba en pleno centro de
Miraflores, en la calle Tarata, dejó un saldo de 20
muertos y 132 heridos. El impacto del atentado de la calle Tarata
en los medios de
comunicación contagió en la opinión
pública el pánico
y la sensación de inseguridad.
Y, con ello, el mito de
«Sendero ganador» se afianzó, especialmente en
la clase media y alta limeña (Peralta 2000: 210), que
hasta ese momento había asistido indiferente al
desenvolvimiento del conflicto armado interno.

El mismo 16, se produjeron una serie de atentados en
otros sectores de la ciudad. SL atacó la comisaría
de Ventanilla, puso un coche bomba en la de Bellavista y
atacó con explosivos un puesto policial en Huachipa-Ate
Vitarte; asimismo, detonó explosivos en una agencia
bancaria y en un grifo ubicados en La Victoria. En la madrugada
del 17, luego de un ataque con armas de fuego,
senderistas detonaron un coche bomba junto a los locales
—contiguos— de la Municipalidad de Villa El Salvador
y la Comisaría del distrito.

Durante esta misma semana, se producirían varios
atentados más en distintas zonas de Lima, incluyendo una
convocatoria a «paro armado» en la capital y la
disposición de 9 coches bomba, 4 de los cuales pudieron
ser desactivados a tiempo, y de una carretilla bomba que
explotó junto a tres colegios. El «paro
armado» de Sendero Luminoso en Lima el 22 y 23 de julio
dejaría el trágico saldo de 8 muertos, 38 heridos,
5 coches bomba, 13 vehículos de transporte
urbano incendiados y 23 artefactos explosivos.*

El respaldo al golpe de Fujimori a la par que el rechazo
a las posiciones principistas de las fuerzas políticas de
oposición debe leerse dentro de este contexto de crisis
extrema, en el que era comprensible que la población
estuviese a favor de soluciones drásticas. Este escenario
tremendo hizo aceptable en la opinión pública la
idea de una «mano dura» eficaz como necesaria,
incluso por encima del Estado de derecho y del respeto a los
derechos ciudadanos elementales. Fujimori había conseguido
banalizar la violencia. La mayoría de la población
no estaba dispuesta a arriesgar en defensa de principios
éticos y legales el poco bienestar particular que le
quedaba en medio de la crisis. A ello hay que añadir la
recuperación económica que se empezó a
sentir desde fines de 1991 y que, en los primeros meses de 1992
antes del golpe, ya era evidente 50.

La aprobación presidencial, desgastada hasta poco
antes, empezaría a aumentar desde septiembre de 1991,
dando un gran salto hacia arriba a propósito del golpe. La
imagen de eficacia se empezaría a fortalecer y el
régimen recogería una importante base social de
respaldo.

———————————-

* Fuente: Base de datos
CVR. Lima, 13 de junio del 2003. Elaboración: SI-CVR
(VICTIMAS REPORTADOS A LA CVR SEGÚN AÑO EN EL QUE
OCURRIERON LOS HECHOS. **Fuente: DESCO, Elaboración:
CVR

47 Ver capítulo sobre FFPP. 48 Entre otros: Los
nombres, objetivos,
fechas y evaluaciones de las diferentes campañas militares
realizadas por SL así como instrucciones de diverso tipo
para sus Comités Zonales y Locales. Documentos con
referencia a estrategia e instrucciones para organismos generados
y de apoyo. Un abundante listado de «enemigos»,
potenciales blancos de sus asesinatos selectivos. Cartas de
sujeción. (Ideele, n.° 23, marzo de 1991). 49 Ver por
ejemplo la editorial del 22 de julio de 1992.

 

4.11.19 CAPTURA DE GUZMÁN Y LA
APROPIACIÓN DEL ÉXITO POLICIAL

Jamás van a perdonar [los militares] que hayamos
sido policías 51 En medio de esta ola de terror desplegada
en Lima, una noticia sorprendería a la opinión
pública nacional e internacional. El 12 de septiembre de
1992, tras una exitosa operación policial y en lo que
sería calificado por la prensa como «la captura del
siglo», el GEIN – ya rebautizado como DIVICOTE-1
logró aprehender a Abimael Guzmán Reinoso
—líder máximo del PCP-SL, junto a 3 miembros
de la dirección del Comité Central: Elena
Iparraguirre, Laura Zambrano y María
Pantoja—.

Con ello, se marcó un hito en el dedicado y
prolongado trabajo policial de la DIRCOTE (por entonces ya
llamada DINCOTE). En efecto, en contra de lo afirmado entonces
por el gobierno, la captura de Guzmán, así como las
capturas de importantes líderes subversivos realizadas
previamente por los distintos grupos especiales de inteligencia
de la DINCOTE (GEIN, BREDET y, posteriormente, DIVICOTES), fueron
resultado de un dedicado trabajo exclusivamente policial y de la
experiencia e información acumulada en la
materia.

Como hemos visto en el capítulo sobre fuerzas
policiales, el desempeño —logros— de la labor
policial realizada por la DIRCOTE (y después por la
DINCOTE), fue consecuencia de las decisiones que, sucesivamente,
tomaron los jefes de los distintos grupos operativos y especiales
con la que esta unidad ha contado a lo largo de su existencia,
más que el resultado de un plan diseñado al detalle
previamente 52. Concentrado en la ampliación del
ámbito del poder militar y en el establecimiento de
condiciones propicias para el despliegue de la estrategia
contrasubversiva de las FF.AA. a otros escenarios, el nuevo
gobierno no modificó el trabajo policial en curso ni antes
ni después del golpe. Esto, sin embargo, no le
había impedido aprovechar los logros policiales previos
para acumular políticamente a su favor,
presentándolos como resultado de una supuesta nueva
estrategia de su gobierno 53. Por lo menos poco después de
la captura, esto era percibido claramente por la opinión
pública.

En un Informe de
Opinión elaborado por APOYO S.A. en el mes de septiembre
de 1992 — después de la captura— se consignaba
que el 43% de las personas entrevistadas creía que la
captura de Guzmán se debió fundamentalmente al
desempeño de la DINCOTE, el 38% lo atribuía
principalmente a un soplo (una llamada/dato) o golpe de suerte, y
sólo el 9% de los entrevistados la consideraba,
fundamentalmente, como resultado de la estrategia
contrasubversiva de Fujimori.

Por otro lado, dos de cada tres entrevistados (el 66%)
consideraba que el golpe de Fujimori no tuvo nada que ver con el
éxito
obtenido contra la subversión 54.

A estas percepciones se suma lo afirmado,
indistintamente, por los diferentes policías entrevistados
que trabajaron en la unidad. Todos ellos 55, concuerdan que la
captura de Guzmán fue resultado del trabajo policial y que
más bien el gobierno, y el SIN, se apropiaron luego de los
réditos de dicho logro. Efectivamente, como
señalaba el semanario Sí el 15 de septiembre de
1992 a propósito de la captura, hasta entonces el jefe de
Estado había dado repetidas muestras de que su base
principal de poder eran los militares y, en especial, el
Ejército (Sí 15.09.92). Asimismo, de la
militarización de la estrategia contrasubversiva con la
entrega del mando casi absoluto del conflicto al Comando Conjunto
y los decretos que traspasaron gran parte de las funciones
policiales al Ejército. Por ello, la captura de
Guzmán sorprendió a las altas esferas del gobierno,
que no se encontraban al tanto de la ejecución de la
operación.

La puesta en ejecución de la operación
«Cap. PNP Carlos Verau Asmat» no fue consultada ni
informada al Presidente de la República, al ministro del
Interior o coordinada con el Servicio de
Inteligencia Nacional (SIN). Todas estas instancias continuaban
sus actividades regulares previstas para dicho día.
Incluso, Fujimori 56 volvió a Lima el día 13 y no
ofreció declaraciones a los periodistas hasta las 11:30 de
la noche en que dirigió un mensaje a la nación y
presentó las primeras imágenes
de Guzmán. No obstante, el día anterior, la DINCOTE
se había encargado ya de propalar la noticia del
éxito policial sin esperar el aval o autorización
del gobierno. A pesar de ello, el sorprendente éxito fue
presentado como resultado de una nueva estrategia del gobierno
57.

La certidumbre de que la captura de Guzmán (y
otras anteriores como la de Polay) fue un éxito policial
no vinculado a una nueva estrategia contrasubversiva y
aprovechado por el gobierno, fue expresada en esos días en
los editoriales de varios medios y en algunas columnas de
opinión.

La captura de Guzmán generó envidia y
celos, tanto en unidades de la misma policía como en los
institutos armados y sus servicios de inteligencia.
Especialmente, la osadía de «golpear» sin
previa consulta y propalar la noticia por cuenta propia no
sería perdonado por el gobierno a estos policías.
Por ello, meses después de estos publicitados logros,
diversos miembros de la DINCOTE serán reasignados a otras
unidades y labores de acuerdo a los nuevos intereses del
gobierno. En efecto, en 1993 el gobierno desarticuló
varios de los grupos especiales de la DINCOTE, destacando a sus
efectivos a otras unidades.

Dentro de un marco autoritario (aún sin
Congreso), el manejo contrasubversivo centralizado en el SIN se
consolidó con la dación de un nuevo paquetes de
decretos para la «pacificación nacional». A
través del decreto ley 25635, publicada el 23 de julio de
1992, se otorgó plenos poderes al SIN alegando la
necesidad de centralizar la inteligencia para combatir a la
subversión.

Dicho decreto creó, formalmente, el Sistema
Nacional de Inteligencia (SINA) y colocó al SIN como su
órgano rector. Esta norma proporcionaba amplias
atribuciones al SIN y lo ponía bajo la responsabilidad
directa del Presidente de la República, sin dar lugar a
algún tipo de control ministerial, judicial o
parlamentario. Asimismo, le otorgaba facultades para establecer
su propio presupuesto y sus planes de operaciones, manteniendo
todo esto clasificado como secreto. Las nuevas atribuciones del
SIN no excluían claramente que, además de coordinar
y controlar a los servicios de inteligencia militares, efectuara
sus propias operaciones encubiertas de seguridad contra agentes
encubiertos del enemigo; es decir, operaciones de
contrainteligencia.

En los meses siguientes las correlaciones de poder se
inclinarían con más fuerza hacia el SIN. En
especial, el poder de Montesinos —y, por tanto, del
SIN— se consolidaría luego del intento de golpe
militar contra Fujimori encabezado por el general en
situación de retiro Salinas Sedó, llevado a cabo el
13 de noviembre —faltando 9 días para los comicios
del CCD—. Las acciones previstas por los golpistas fueron
rápidamente debeladas antes de consumarse y todos los
oficiales involucrados fueron detenidos.

Montesinos tuvo así una oportunidad ideal para
demostrar a Fujimori la eficacia del SIN y de convencerlo la
necesidad real ampliar su poder y recursos (en personal y
financieros). Montesinos se convirtió en un elemento
aparentemente indispensable para evitar la repetición de
otro levantamiento militar en contra de Fujimori y/o reprimir las
disidencias (Rospigliosi 2000: 35). Es así como desde
fines de 1992, se empezaron a transferir nuevos recursos al SIN.
Como hemos relatado, una de las consecuencias prácticas de
esto será la decisión de cambiar a algunos de los
mejores policías de la DINCOTE para asegurar la centralización del trabajo,
información y, por tanto, poder en el SIN.60 Todo esto,
arguyendo que el SIN jugaría un rol esencial en la lucha
contrasubversiva. Entre otros, en 1993 Benedicto Jiménez
fue destacado al SIN como Director de Pacificación para
seguir el tema de los arrepentidos, una de las nuevas
responsabilidades del SIN en materia contrasubversiva
61.

58 EQ.EC-PNP/CVR, Entrevista CVR 18.2.03. 59
Técnico de Primera PNP, ex integrante del GEIN, Entrevista
CVR 26.2.03. 60 El DL 25635 establecía
también que «El Servicio de Inteligencia Nacional,
en tanto no disponga del personal necesario, en cantidad y
calidad, para
el cumplimiento de su misión,
recibirá el apoyo de personal calificado de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional del Perú y
organismos del Sector Público.

El personal militar y policial en situación de
actividad al Servicio de Inteligencia Nacional será
considerado como si prestara servicios en unidades operativas en
sus respectivas instituciones». Jiménez fue
acompañado por algunos policías que trabajaban con
él en el GEIN 62. Durante 1993 Montesinos creó
también en el SIN un departamento especial de lucha
antidrogas. Un punto más a su favor que le permitió
apuntalar su primacía en el gobierno y en relación
con las FF.AA. fue la estrecha relación que
consolidó con representantes de la CIA. Potenciado, el SIN
se encargó también de la construcción y difusión
pública de una versión oficial 63 sobre la
«pacificación», una de las banderas del
gobierno para la reelección de Fujimori en 1995. Para
ello, un montaje preciso se daría con la publicidad dada
al «Acuerdo de Paz»64. Efectivamente, Montesinos se
encargó también, personalmente, de llevar las
conversaciones —y negociaciones— con Guzmán en
la Base Naval del Callao.

———————————————

(DESCO. Resumen Semanal, n.° 680 24 julio – 4
agosto 1992)

50 La tasa de inflación mensual empezó a
descender notablemente desde octubre de 1991. Según las
cifras del INEI, la anual de 7,649.6%

En 1990, a 139.2% en 1991 y a 56.7% en 1992.

51 Técnico de Primera PNP, ex integrante del
GEIN, Entrevista CVR 26.2.03.

52 Para mayor información, ver capítulo
sobre FFPP.

53 Como hemos explicado, Fujimori nunca tuvo una
propuesta propia durante la campaña ni tampoco se
preocupó por elaborar una al llegar

Al gobierno. Lo que hizo fue asumir,
íntegramente, la estrategia que las FF.AA. venían
aplicando desde 1989.

54 Para mayores detalles ver APOYO, 1992.

55 Palacios, Reyes, Jhon Caro, Vidal, Jiménez,
Miyashiro, entre otros, incluyendo también a los miembros
del EQ.EC-PNP/ CVR.

56 Sí informaba que éste se encontraba
pescando cerca de Colombia. Otros
medios refieren que se encontraba en Iquitos, cumpliendo
actividades programadas de ayuda social a comunidades nativas de
la amazonía (DESCO. Resumen Semanal, N.° 686
9-15 de septiembre de 1992).

57 En efecto, en su mensaje a la nación del 13 de
septiembre, Fujimori sostuvo lo siguiente: «Tenemos que
estar convencidos que con esta nueva estrategia y con nuestra
firme voluntad de vencer, vamos a derrotar a un enemigo que ahora
se hace cada vez más visible.» (DESCO. Resumen
Semana
l, n.° 686 9-15 de septiembre de 1992.) En especial
«desaparecen»

58 el GEIN (DIVICOTE-1), que en el momento de la captura
de Guzmán contaba con 80 efectivos. A raíz de
ésta los empiezan a «dispersar por todos
lados»

59. Pero el ciclo de las capturas realizadas por la
DIRCOTE/DINCOTE hasta fines de 1992, significará
también la culminación práctica de las
iniciativas contrasubversivas de los ochenta.

 

4.11.20 CASOS DE VIOLACIÓN A
LOS DERECHOS HUMANOS POST GOLPE

Añadiendo a los decretos legislativos de
noviembre de 1991 aprobados algunos de los decretos ley
promulgados durante la dictadura, el
gobierno pronto consigue extender, sin tropiezos, operaciones
contrasubversivas —contempladas en la estrategia
integral— a algunos espacios en los que aún
existían ciertas restricciones con miras a salvaguardar
garantías ciudadanas básicas.

En este esquema, las cárceles y universidades
públicas fueron dos espacios prioritarios, considerados
por las FFAA como «reductos» subversivos. En efecto,
era cierto que los grupos subversivos consiguieron que estos
espacios destinados a la educación o a la
reclusión-rehabilitación se convirtieran en
reductos de adoctrinamiento ante la mirada pasiva, y prolongada,
del Estado y las autoridades de cada sector.

En especial las cárceles se transformaron, poco
después del inicio del conflicto, en espacios casi
liberados donde el control de las autoridades del INPE era nulo.
La falta de recursos y la corrupción de funcionarios llevaron a que
estos espacios, destinados a la readaptación social,
funcionaron como escuelas subversivas donde se reforzaba el
discurso violentista.

Así, las cárceles cumplieron una
misión inversa a la otorgada sin que ninguna autoridad
hiciese algo concreto por
remediarlo. Hacia inicios de los noventa, esto era más que
evidente: el problema arrastrado por años requería
una pronta solución. Diversos medios de comunicación advertían sobre la
preocupante situación de los penales de máxima
seguridad, especialmente del penal Miguel Castro Castro, ubicado
en Canto Grande (Lima), en el que fotografías y
vídeos documentaban el grado de control que los
subversivos desplegaban a su interior.

Entre las primeras medidas tomadas por el gobierno, el
decreto legislativo 734, del paquete de noviembre de 1991,
autorizó el ingreso de las FFAA a los penales,
otorgándoles poderes discrecionales 65.
Respaldándose en éste, el 7 de abril de 1992 tropas
del Ejército y personal de la Policía Nacional
tomaron el mando en los dos presidios más grandes del
país, Miguel Castro Castro y San Pedro, y comenzaron a
ejecutar una serie de reformas radicales para reordenar a la
población penal, especialmente a los acusados de
terrorismo.

El 8 de abril, mediante la publicación del
decreto ley 25421, el gobierno declaró en
reorganización el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Asimismo, encargó al Ministerio del Interior —a
través de la PNP— la seguridad interna y externa
así como la
administración de los establecimientos penitenciarios
de todo el país y dependencias conexas, limitando las
funciones del INPE. En este contexto, un mes después del
golpe, con instituciones de control como la Fiscalía y el
Poder Judicial intervenidas y sin Congreso, una
intervención policial al penal de Castro Castro,
presentada por el gobierno como un intento por recuperar el
régimen de autoridad perdido en el centro de
reclusión, terminó convirtiéndose en un
medio o pretexto ideal para eliminar a la cúpula del
PCP-SL allí recluida. El 6 de mayo se inició la
operación policial denominada «Mudanza Uno» en
los pabellones senderistas del penal de Miguel Castro Castro,
Canto Grande, con motivo de trasladar a más de 100 mujeres
hacia la cárcel de Santa Mónica, Chorrillos. Dada
la negativa de los reclusos del PCP-SL a permitir que las mujeres
sean trasladadas a otro penal y la resistencia emprendida, la
intervención se prolongó por cuatro días
concluyendo con un saldo elevado de reclusos
fallecidos.

Durante la misma, no se permitió la
mediación de un alto funcionario de la Comisión
Interamericana de Derecho Humanos, presente en Lima por esa
fecha, ni de la Cruz Roja Internacional, representantes de la
Iglesia
Católica o de la Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos. En un comunicado oficial del 12 de mayo, el Ministerio
del Interior informó que 35 reclusos acusados por
terrorismo resultaron muertos.

En los días siguientes no se permite el ingreso
de ningún observador calificado ni de ningún
familiar. En total hubo 41 muertos (Evento CVR 10151401). Entre
estos estuvieron Hugo Deodato Juárez Cruzatt, integrante
del Buró Político de Sendero Luminoso y otros
miembros del Comité Central, como Yovanka Pardavé
Trujillo, Elvia Nila Sanabria Pacheco y Tito Valle
Travesaño. Sin embargo, esta matanza no llegó nunca
a ser tan conocida o recordada como la producida en 1986 porque
ocurrió en medio de la ofensiva de los coches bomba y
luego del golpe, sin Parlamento.

La matanza de mayo de 1992 presenta un carácter
selectivo al golpearse, principalmente, a altos dirigentes
senderistas, mediante un uso exagerado de la fuerza que pudo ser
evitado. Luego de esto, en una conferencia de
prensa, Fujimori cuestionó la democracia
«pusilánime» que dejó sin
protección a 22 millones de peruanos «para favorecer
a los terroristas» y anunció que iban a restablecer
el orden, el respeto y el principio de autoridad en los
penales.*

———————————-

61 Entrevista realizada a Jiménez por Miguel
Gutiérrez R. (La República 23.6.00); EQ.EC-PNP/CVR,
Entrevista CVR 18.2.03; Técnico de

Primera PNP, integrante del ex GEIN. Op. cit.

62 Varios policías, incluyendo a algunos del ex
GEIN, continuarían trabajando en el SIN hasta finales de
la década del noventa. Aunque

Algunos de ellos, pidieron su cambio más de una
vez, éste no fue aceptado por sus superiores
(Técnico de Primera PNP, ex integrante del

GEIN. Op. Cit). Después de Jiménez
tuvieron al mando de dicha unidad a un coronel del
Ejército. Hasta entonces, controlaron los casos

De arrepentimiento contando para ello con todo un
archivo
especializado.

63 Jiménez (2003) refiere que el General de
División EP Nicolás Hermoza Ríos
sostenía que cuando él se hizo cargo del Comando
Conjunto

De las FFAA a fines de 1991, empezó recién
a trasladarse la nueva estrategia a la policía, que luego
conduciría a la captura de Guzmán y

Los principales dirigentes de SL y el MRTA.

64 Ver infla.

4.11.21 LA INTERVENCION MILITAR EN LA
UNIVERSIDADES: SIN AUTONOMIA UNIVERSITARIA, EL CASO
CANTUTA

Anunciaba así el inicio de una nueva
política penitenciaria llevada hacia el otro extremo. Por
otro lado, la situación de las universidades se
complicó. La ley universitaria vigente a inicios del
gobierno de Alberto Fujimori (Ley 23733) permitía el
ingreso de la Policía Nacional al campo universitario por
mandato judicial y a petición expresa del rector, pero la
eximía de esos requisitos en caso «…de flagrante
delito o peligro inminente de su
perpetración».

A través del decreto legislativo 726 del paquete
de noviembre de 1991, el gobierno dispuso el ingreso de las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a los locales
universitarios sólo con la autorización del
Ministerio de Defensa, del Interior o de los Comandos
Político Militares.

Habiéndose modificado el decreto durante la
legislatura extraordinaria enero – febrero de 1992,
después del golpe Fujimori se encargó de ratificar
su contenido original. A través de un nuevo decreto ley,
el gobierno extendió la intervención de las fuerzas
armadas en las universidades, iniciándose un largo proceso
de presencia militar en las mismas y la paulatina pérdida
de la autonomía universitaria 66.

Fue en este contexto que el 18 de julio de 1992 se
produjo una incursión militar en la residencia estudiantil
de la Universidad
Enrique Guzmán y Valle que terminó con el secuestro y la
desaparición de nueve alumnos y un profesor. Como se
conoció luego, esta operación fue diferente de lo
que hasta entonces venía ocurriendo en la Universidad del
Centro, donde la práctica de eliminación selectiva
aplicada por la estrategia integral de las FF.AA., dirigida desde
el Comando Político Militar, había dado por
resultado la desaparición de decenas de estudiantes. La
operación de la Universidad de La Cantuta fue realizada en
cambio por un grupo de agentes del SIE no destacados en zona y
dirigidos desde el SIN.

Pero ésta no había sido la primera ni
sería la única. Hasta entonces se venían
sucediendo una serie de violaciones a derechos humanos –
ejecuciones y desapariciones- aparentemente inconexas en Lima
Metropolitana y zonas aledañas. No tardaría mucho
en conocerse la relación entre ellas: la existencia de un
grupo perpetrador común. Si bien éste había
dado la primera muestra
pública de sus acciones unos meses atrás con la
matanza de Barrios Altos, el escenario post golpe, sin Congreso
ni ningún otro tipo de control democrático, fue el
escenario ideal para la actuación del «Grupo
Colina». Además de la masacre de Barrios Altos y la
desaparición de los estudiantes y el profesor de la
Universidad de La Cantuta, hoy por lo menos se tiene alta
probabilidad
de su participación como responsable de las violaciones a
los derechos humanos relacionadas con los casos de la
desaparición de 9 campesinos, dirigentes de los
asentamientos humanos La Dacha, San Carlos y Javier Heraud de El
Santa (2 de mayo de 1992), y la desaparición del
periodista Pedro Yauri en Huaura, Lima (24 de junio de
1992).

Entre los casos atribuidos al mismo grupo pero en los
que aún no se ha logrado identificar con claridad al
responsable, se encuentra el del asesinato de Pedro Huilca,
secretario general de la CGTP, el 18 de diciembre de 1992.
67

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65 El parlamento abogó por una propuesta
consensual que otorgaba al Ministerio de Justicia la
responsabilidad política de solicitar la
intervención de las FF.AA. «cuando el personal
encargado de la custodia interna y externa de los
establecimientos penales haya sido rebasado en su capacidad de
control». Sin embargo, esta propuesta fue
descartada.

*El Comercio, 9.05.92.

 

4.11.22 AFIRMANDO LA IMPUNIDAD,
EL MALESTAR DENTRO DE LAS
FF.AA.

La disidencia de un sector institucionalista de las
FF.AA., evidenciada en el intento de golpe del 13 de noviembre de
1992, no tardó en tomar otras manifestaciones
públicas. El malestar frente al crecimiento de poder de la
camarilla integrada por Fujimori, Montesinos y Hermoza
Ríos, quienes dirigían un claro proceso de
politización y desprofesionalización de las FF.AA.,
iba en aumento. Por ello, a inicios de 1993, empezó a
filtrarse información desde las filas del Ejército
con relación a lo sucedido en la Universidad Enrique
Guzmán y Valle, La Cantuta.

El 3 de abril, un grupo autodenominado
‘León Dormido’, compuesto por oficiales de
nivel medio en el servicio activo, enviaron un documento al
congresista de oposición Henry Pease indicándole
que las 10 víctimas habían sido secuestradas,
asesinadas y enterradas en forma secreta por un escuadrón
de la muerte
militar, el grupo «Colina», que operaba con la
aprobación y el apoyo de los más altos niveles del
ejército y del SIN (Youngers 2003: 257-258). A raíz
de la denuncia presentada por Pease, el Congreso nombró
una comisión investigadora, aún cuando se
cuestionaba la credibilidad de un documento «por no tener
ni sello, ni firma».

Las reacciones no se harían esperar. Poco
después de que el congresista oficialista Siura sostuviera
que la denuncia no era más que una forma en que la
oposición tenía para desprestigiar al gobierno y
destruir el sistema, el Presidente del Comando Conjunto de las
FF.AA, general Nicolás Hermoza Ríos, acusó
públicamente a la oposición del Congreso de montar
una campaña para desprestigiar a las Fuerzas Armadas,
señalando que incluso algunos de ellos parecían
estar «coludidos con el terrorismo». El 21 de abril,
en una intimidante demostración de uso de fuerza que
incluyó el desplazamiento de tanques por las calles, el
alto mando del Ejército se constituyó ante el
general Hermoza Ríos para expresar respaldo a sus
declaraciones.

Este hecho se produjo 24 horas antes de que el jefe del
Comando Conjunto asistiera a la sede del Congreso, convocado por
la subcomisión de Derechos Humanos que investigaba las
desapariciones de La Cantuta. Desde Cuzco, Fujimori dio su
respaldo al Ejército y a las FF.AA en su postura ante los
congresistas de la oposición.

El 23, el ministro de defensa Víctor Malca
Villanueva concurrió al Congreso y aseguró que no
existe fricción alguna entre las FF.AA y el Legislativo.
Sobre las declaraciones de Hermoza Ríos, explicó
que fueron simples «hipótesis de trabajo» pues nunca
afirmó que algunos congresistas estaban relacionados con
el terrorismo, sino que «al parecer» estaban
coludidos. Finalmente, en mayo, el Congreso abdica de su
función fiscalizadora al aceptar las cortapisas militares
a la investigación en el caso: la mayoría
fujimorista del CCD aprobó una moción para impedir
la comparecencia ante las comisiones parlamentarias de
investigación de oficiales implicados en presuntas
violaciones a los derechos humanos una vez que se hubiera
iniciado proceso en el fuero militar.

La disidencia alcanzará un punto crucial ese
mismo mes cuando el general de división EP Rodolfo Robles,
uno de los hombres más destacados del Ejército,
denunció la violación sistemática de los
derechos humanos por parte de escuadrones de operaciones
encubiertas del SIN. Su denuncia involucraba al mismo general
Hermoza Ríos, quien era señalado por Robles como
gestor y encubridor de prácticas criminales contrarias a
la ética
militar. El Comando Conjunto emitió un comunicado
desmintiendo las acusaciones y el ministro de Defensa, general
Malca Villanueva, asistió al Congreso con el mismo
propósito.

El propio Fujimori se pronunció rechanzando lo
afirmado por Robles y reafirmando su confianza en las Fuerzas
Armadas. Enseguida, el general Robles fue dado de baja por medida
disciplinaria y fue procesado por el Consejo Supremo de Justicia
Militar. Días después Fujimori firmó el
indulto a favor de 11 oficiales implicados en el intento de golpe
del 13, buscando apaciguar la tensión en los cuarteles y
al movimiento
disidente que continuaba agitándose en las filas de las
FF.AA. Mientras que todo esto sucedía, delegaciones de
derechos humanos de la ONU y la OEA
visitaban Lima.

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66 Para un desarrollo sobre el punto ver capítulo
sobre universidades. CVR

67 Para un desarrollo sobre todos estos casos, ver
capítulo sobre Casos Ilustrativos. CVR

Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
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