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Ética y corrupción en la administración de justicia (página 20)




Enviado por yivanz64



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4.11.23 LAS OPERACIONES
ESPECIALES DEL SIN
68

El asunto principal de la denuncia del general Robles no
fue que destacamentos de operaciones especiales del
Ejército estuvieran violando los derechos humanos,
sino que el SIN estaba usando personal militar
e impartiéndole órdenes al margen de la cadena de
mando oficial, de forma que esas operaciones ya no
respondían a los fines de la contrasubversión sino
a los de la camarilla presidencial-militar.

Estas operaciones encubiertas del SIN contaban con la
aprobación del Comando Conjunto, instancia que está
en la cadena de mando como Comando Operativo del Frente Interno
(COFI) y comanda directamente las operaciones en los frentes
contrasubversivos desde inicios de 1990. Con ese respaldo, el SIN
formaba sus propios destacamentos para misiones especiales,
usando personal del Servicio de
Inteligencia
del Ejército (SIE), y los insertaba en los teatros de
operaciones notificando apenas al jefe militar del frente o zona
para que diera garantías a la operación, lo que
quería decir en buena cuenta que no se inmiscuyera ni
hiciera preguntas y que diera paso al

Destacamento. Así sucedió con la
desaparición y asesinato de los estudiantes y el profesor de la
Universidad de La
Cantuta 69.

Las operaciones especiales de inteligencia forman parte
de las operaciones militares regulares y no pueden ser planeadas
ni ejecutadas a espaldas del jefe operativo ni del jefe de la
región militar o frente contrasubversivo donde tengan
lugar. Sin embargo, esto fue precisamente lo que Montesinos hizo
desde el SIN. Los jefes operativos fueron inducidos a dejar que
se efectúen en sus dependencias operaciones especiales
organizadas y dirigidas desde el SIN y el Comando Conjunto
(CC).

Los objetivos y
personal de esas operaciones especiales bajo control directo
del SIN o del CC con frecuencia no estaban claros para los jefes
operativos locales o les eran simplemente desconocidos. Esta
estructura
paralela permitió a Montesinos emplear agentes de
inteligencia y personal militar de operaciones especiales para
trabajos sucios como ajustes de cuentas con
narcotraficantes, represalias particulares —como lo
sucedido en la Santa, Ancash—, amenazas, chantajes,
sobornos y actos terroristas contra oficiales disidentes u
opositores políticos, o para operaciones psicosociales
especiales, destinadas a producir cambios de conducta en el
público en general, como la matanza de Barrios
Altos.

En vez de limitarse a analizar, autorizar y supervisar
los planes operativos y los resultados de los distintos servicios de
inteligencia del país, el SIN planeaba y ejecutaba
operativos por cuenta propia, echando mano de las capacidades
operativas de los institutos como si fueran personal a su
disposición. Tenía bajo su control directo agentes
de inteligencia, redes enteras de informantes
y escuadrones de operaciones especiales conjuntas. En otras
palabras, una misma oficina era la
que ejecutaba los operativos y la que los autorizaba y
supervisaba. Mejor dicho, una misma persona.
Además de contar a su favor con la ley del SINA,
esto fue facilitado por la directiva de enero de 1990 que
otorgaba al presidente del Comando Conjunto la función de
jefe operativo del Comando Unificado del Frente Interno
(COFI).

Gracias a ello, el general Hermoza Ríos
disponía de todo el personal militar de los institutos en
todo momento y para cualquier fin. Martín Rivas y
demás comandos del
«Grupo
Colina» no reconocían en la práctica a los
jefes operativos de las unidades de combate como sus superiores.
Antes bien, les impartían órdenes que venían
directamente de Montesinos. Estas órdenes contaban con el
aval de Hermoza Ríos, jefe único de todo el
personal militar, y del presidente Fujimori, que era según
la ley el único competente para supervisar al
SIN.

Estas operaciones tenían como meta producir un
efecto aterrorizante sobre todos los opositores al
régimen. Apoyar a su régimen elegido y garante de
ciertas condiciones mínimas de bienestar implicaba
entonces para los fujimorista participar del encubrimiento de
formas crueles e inhumanas de combatir a la subversión o
convalidarlas abiertamente, con el propósito de
descalificar desde los fundamentos a las personas o grupos
políticos que no compartieran esta actitud.

Eso les daba a los fujimoristas una identidad
política
excluyente, fundamentalista, que les permitía desacreditar
como «tontos útiles» o simplemente traidores a
todos los demás grupos políticos. Así fueron
usadas las Fuerzas Armadas por Fujimori para hacerse bases de
apoyo social compactas. Pero, para asegurar que todo esto
funcionara, debían garantizar la impunidad
mediante el control de instancias públicas clave para
bloquear posibles investigaciones,
como el Poder Judicial,
la Fiscalía o el Congreso. Como veremos, esto
sucedió claramente con el proceso de
investigación en torno al caso de
La Cantuta.

————————————————-

68 Para mayores detalles y especificaciones ver
capítulo sobre FFAA. CVR

69 El mayor Martín Rivas se presentó ante
el Gral. Luis Pérez Documet y le notificó que se
iba a realizar una operación especial de detención
de «delincuentes subversivos» en la residencia de la
universidad, para la cual requería que fuera destacado un
determinado teniente. A la pregunta del general sobre por
qué tenía que ser ese teniente y no otro, Rivas
contestó que ese teniente había estado
destacado hasta hacía poco en la base militar que
controlaba la universidad y podía identificar a los
delincuentes subversivos que estaban buscando.

El jefe operativo accedió, en el entendido de que
se trataba de una operación especial bajo responsabilidad directa del Comando Conjunto y el
SIN. Destacó al teniente y dispuso que se diera acceso al
grupo especial a la universidad en horas de la noche. El
camión de Martín Rivas ingresó al campus
llevando al grupo especial y salió horas después
sin que el jefe de la base militar examinara su carga ni supiera
a dónde se dirigía. Por su importancia el análisis del Grupo Colina figura como anexo
al final de este capítulo CVR. Por lo menos desde la
masacre de Barrios Altos, si no antes, la camarilla
presidencial-militar del gobierno
desarrolló una serie de actividades de violación
premeditada y sistemática de los derechos humanos con el
propósito de radicalizar a sus partidarios y obligarlos a
defender posturas que implicaran la ausencia total de control
democrático sobre la contrasubversión. Aún
una vez desactivado el grupo Colina como tal, dadas las
prerrogativas y facilidades con que el SIN contaba, las
operaciones especiales de inteligencia continuaron.

 

4.11.24 UN PRIMER PASO: HACIA LA
«LEY CANTUTA»

En junio de 1993, quedaba cerrado el caso de los
desaparecidos de La Cantuta en el CCD. La mayoría
oficialista rechazó el dictamen de la comisión
investigadora, que presumía responsabilidad penal para los
oficiales encargados de la base militar y para el propio general
Hermoza Ríos, y aprobó un informe en
minoría, que se abstuvo de señalar
responsabilidades penales alegando que los tribunales militares
estaban investigando el caso.

Sin embargo, el caso adquirió mayor
repercusión pública -y con ello la apuesta por
evitar las investigaciones y asegurar la impunidad- cuando el mes
siguiente se encontraron 4 fosas con restos humanos calcinados en
Cieneguilla (Lima), gracias a una denuncia presentada al
semanario Sí. Antes dar a conocer la denuncia, el director
de Sí, Ricardo Uceda, se contactó con la Secretaria
Ejecutiva de la CNDDHH. Juntos, aseguraron la presencia de
personal judicial, periodistas, familiares y activistas de
derechos humanos en el lugar, de forma que no se pudiese destruir
las evidencias
(Youngers 2003: 283-284). En agosto se logró identificar
que las llaves halladas en las fosas de Cieneguilla
pertenecían a los estudiantes desaparecidos de La
Cantuta.

La teoría
del «autosecuestro» sugerido por el gobierno,
quedó desbaratada y la presión
pública obligó a abrir una investigación en
torno a los hechos. No obstante, al mismo tiempo, las
FF.AA anunciaron que estaban iniciando una investigación
propia, planteándose una contienda de competencia
jurisdiccional. Ésta fue solucionada por el Congreso,
dirigido desde el SIN, con una ley con nombre propio. En una
medida sin precedentes, el 6 de febrero de 1994 la mayoría
oficialista aprobó la Ley 26291, conocida como «Ley
Cantuta». Ésta establecía que, de existir
problemas de
contienda de competencia sobre la jurisdicción civil o
militar en casos que no son de narcotráfico, éstos se
resolverían en la sala respectiva de la Corte Suprema por
mayoría simple, reduciendo el número de votos
requeridos. Fue una de las primeras leyes, dirigidas
desde el SIN y aprobadas por la mayoría oficialista del
Congreso, que violaban la Constitución recientemente aprobada
70.

Gracias a ella, los jueces gobiernistas de la Corte
Suprema pudieron aprobar el pase del caso al fuero militar.
Pasando unos días el tribunal militar emitió un
veredicto que otorgaba diversas penas a algunos de los militares
implicados en el caso La Cantuta. Entre los sentenciados se
encontraban Santiago Martín Rivas y Carlos Eliseo
Pichilingüe, ambos condenados a 20 años de
prisión.

———————————

70 Ver infra. CVR

 

4.11.25 LA NUEVA CONSTITUCIÓN
DEL REFERÉNDUM 1993 *

La existencia de una mayoría de representantes
oficialistas en el CCD permitió la utilización de
diversos voceros para salir al frente a las denuncias defendiendo
lo indefendible, legal y éticamente. Pero a los factores
que influyeron en la baja de popularidad también se
sumó la campaña iniciada por fuerzas plurales de la
oposición aglutinadas en el «Comando de
Campaña por el No», durante la etapa previa a la
realización del referéndum para la
aprobación del proyecto de nueva
Constitución. En efecto, paralelamente al proceso de
investigación del caso La Cantuta por miembros de la
minoría opositora del Congreso y organizaciones de
derechos humanos, se procedió a la elaboración y
debate de la
nueva Constitución.

El proyecto final no incluyó mayores
modificaciones de los capítulos referentes al
régimen de excepción y sobre defensa y orden
interno, en comparación con la Constitución de
1979. Pero, sí incluyó novedades riesgosas, entre
ellas, la reelección presidencial inmediata —una
sola vez— y la ampliación de la pena de muerte
a los casos de traición a la patria o terrorismo.

El tema de la pena muerte,
promovido en algún momento por el propio Fujimori y
apoyado luego por la mayoría oficialista, despertó
la oposición de organizaciones de derechos humanos que,
desde la CNDDHH, llevaron adelante la campaña «Por
la vida, contra la pena de muerte». La campaña
desplegada incluyó la presión en el terreno
internacional, en particular a la OEA. La CNDDHH
buscó un fallo sobre el punto, consiguiendo que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos emitiera una opinión
consultiva coincidiendo con que la ratificación de la pena
de muerte era incompatible con la Convención. Incluyendo
la pena de muerte, el proyecto oficialista de ley de
Constitución fue ratificado en el referéndum del 31
de octubre de 1993 con un margen muy estrecho – el 52% contra el
48% que votó por el NO 71.

A pesar de ello, como hemos referido, no tardaría
mucho para que los propios principios
consagrados por la nueva Constitución, empezaran a ser
violados por el propio gobierno.

* Aunque, como veremos, el capítulo de impunidad
aún no había terminado, la actitud encubridora del
gobierno con respecto a las investigaciones en torno al caso de
La Cantuta mereció una amplia desaprobación
ciudadana a lo largo de 1993 y 1994 (Tanaka 2001: 84).
Efectivamente, en todo este proceso el gobierno de Fujimori no
asumió responsabilidades, optando más bien por la
descalificación de la legitimidad de los denunciantes y su
permanente hostigamiento, en lo que sería una constante a
través del resto de la década

——————————————-

71 A través de sus contactos en la OEA, la CNDDHH
siguió ejerciendo presión sobre el gobierno peruano
para que no implementase la cláusula. Finalmente, el
gobierno peruano no tomó ninguna acción
inmediata, incluso no se llegó a normar los procedimientos a
seguir.

Antes de continuar, consideramos necesario recalcar
también que la nueva Constitución incluyó
dos puntos nuevos interesantes, para las posibilidades de
democratización, por un lado, y la defensa de derechos
constitucionales y fundamentales, por otro. En primer lugar,
aunque constituyó inicialmente parte de la campaña
deslegitimadora de Fujimori contra los partidos
políticos tradicionales y luego fueran mermadas por
otras vías extra legales sus posibilidades de
aplicación (en el caso del referéndum), la
inclusión de un capítulo sobre mecanismos de
participación ciudadana directa. Y, en
segundo, lugar, la creación de una Defensoría del
Pueblo (DP) como respuesta a una campaña de cabildeo
realizada por la Comisión Andina de Juristas y otros
grupos de derechos humanos. Pasarían, eso sí,
varios años antes de que el Ejecutivo y, por tanto, la
mayoría del Congreso aceptasen elaborar una ley
orgánica que la implemente y eligieran al Defensor. La
negativa a culminar el proceso de instalación de la DP
cedería en 1996 debido, en gran medida y una vez
más, a la presión internacional.

 

4.11.26 NUEVO CAMBIO DE
ESTRATEGIA: EL
OPERATIVO «ARIES»

En estos años se empezaron a sentir las
consecuencias del ingreso de las FFAA —y del SIN— en
la persecución del narcotráfico 72. Como
consecuencia de un proceso progresivo de implicación en el
negocio local del narcotráfico —prestación de
servicios de seguridad y cobro
de cupos sobre todo—, hacia fines de 1993 – luego del
cierre de la pista de Campanilla, la caída del precio de la
hoja de coca y del predominio de las operaciones planeadas y
dirigidas desde Lima por el SIN o desde la base policial apoyada
por la DEA en Santa Lucía – las bases militares
contrasubversivas del Huallaga estaban hundidas en la
inacción y la falta de recursos.

Las operaciones especiales, fueran para reprimir a
narcotraficantes aliados con el PCP-SL o para favorecer a algunas
firmas del narcotráfico, concentraban la acción y
el dinero en
manos de grupos de comandos aerotransportados que
respondían a órdenes directas del SIE, la DINTE, el
Comando Conjunto y, en último término, el SIN. Esto
determinó un nuevo estancamiento de la
contrasubversión, pues las extensas zonas de producción de hoja de coca controladas por
el PCP-SL en Huánuco permanecían imbatibles y se
consolidaban.

Así se crearon las condiciones para una nueva
ofensiva del Ejército que dejó de lado la
estrategia contrasubversiva de 1989, centrada en la
restricción del uso de la fuerza. Las
operaciones de esta última campaña implicaron fuego
masivo, arrasamiento de bases subversivas que eran
caseríos cocaleros, e incluso bombardeo con rockets desde
helicópteros. Como se recordará, la estrategia de
1989 priorizaba la eliminación de la
organización política administrativa del PCP-SL
en cada localidad. A ello debía seguir la captación
del apoyo de una minoría activa, para pasar después
a la organización de la autodefensa
campesina.

Esa estrategia había llegado a un punto muerto en
el alto Huallaga a fines de 1993.*. La estrategia provenía
ahora de la oficina de un asesor del SIN designado para este
cargo por un presidente que usaba a las Fuerzas Armadas para
hacer su propio juego. Otra
causa importante de que la estrategia de 1989 caducara a fines de
1993 fue, sin duda, el carácter propio de las bases cocaleras del
PCP-SL en el alto Huallaga, endurecidas en su activismo
económico y militar, ajeno a las líneas políticas
y organizativas del PCP-SL histórico.

Así se llegó a la ofensiva frontal de las
Fuerzas Armadas, llamada «operación Aries»,
contra los bolsones «Cuchara» y
«Primavera» en la provincia de Leoncio Prado
(Huánuco), desde abril hasta julio de 1994.

En esta zona las tácticas psicosociales de la
estrategia anterior, especialmente el
«arrepentimiento», no dieron resultado. La población estaba reducida a la servidumbre
por los miembros del PCP-SL, quienes la mantenían aislada,
amenazada y bajo control ideológico. Quienes intentaron
huir fueron abaleados por los elementos armados del PCP-SL en los
embarcaderos y bocas de los ríos, únicos puntos de
salida de los bolsones. Para esta operación, el
Ejército preparó compañías
contrasubversivas con participación de expertos israelíes.

El resultado de esta nueva estrategia, en especial de la
aplicación de su segunda fase 73, fue una mortandad
más grande que todas las anteriores. A pesar de que fue
difícil documentar expedientes completos debido a lo
remoto de la zona, las organizaciones de derechos humanos
iniciaron esfuerzos por llamar la atención nacional e internacional hacia la
situación de la región, en general, y,
específicamente, sobre la Operación
Aries.

Los primeros informes sobre
las violaciones a los derechos humanos a consecuencia de la
operación fueron alcanzados por grupos religiosos locales
o por la prensa local.
Luego de un viaje de miembros de la CNDDHH y un grupo de
periodistas, se formó una comisión investigadora
del Congreso, a la que cerca de cincuenta personas presentaron su
testimonio a pesar de que soldados la escoltaron a lo largo de su
visita (Youngers 2003: 286- 288). En dos pueblos donde el
ejército permitió el ingreso de la comisión
—Moyuna y Moyuna de Anda— se encontraron algunos
cuerpos.

Ello dio lugar a que incluso el congresista oficialista
Gilberto Siura comentara: «esta vez sí se les ha
pasado la mano 74.» En respuesta, el Ejército
cerró la zona e impidió el acceso a las zonas
más remotas donde se había concentrado el
operativo. Asimismo, se impidió al Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) el acceso a la zona por
varios meses.

Además de la cantidad de violaciones a los
derechos humanos cometidas a consecuencia del despliegue militar,
la concentración de todas las capacidades militares y de
inteligencia en este esfuerzo por tomar el Alto Huallaga a
cualquier precio tuvo un alto costo indirecto.
A lo largo de 1994 se produjo el grave descuido de la frontera
norte, que dio lugar al conflicto del
Cenepa 76.

——————————————–

72 Al respecto, ver capítulo sobre FFAA. (CVR)
trabajo de
inteligencia hecho de pueblo en pueblo con enlaces directos a las
unidades militares contrasubversivas. Montesinos había
desalentado y desorganizado esa forma de hacer inteligencia al
darle prioridad a una estructura paralela de operaciones
especiales dependiente directamente de él y desvinculada
de los demás eventos en los
teatros de operaciones de los frentes. *Estrategia de 1989
había también elementos de la concepción de
la «guerra
política» desarrollada en Taiwán,
según la cual son los oficiales de un gran ejército
quienes dirigen todas las áreas de la actividad
estratégica e ideológica. También eso fue
desmontado por el gobierno de Fujimori y Montesinos, quienes
habían logrado imponer a las Fuerzas Armadas condiciones
políticas provenientes de las elecciones y de la
opinión de las mayorías.

 

4.11.27 SELLANDO LA IMPUNIDAD: LA LEY
DE AMNISTÍA

Este proceso de afirmación de la impunidad, que
se respaldaba en la intervención y control de tres pilares
fundamentales de toda democracia
—el Poder
Judicial, la Fiscalía y el Congreso— tuvo un hito
con la aprobación, en junio de 1995, de una amplia ley de
amnistía.

Esto sucedió poco más de un mes
después de que la fiscal provincial en lo penal, Ana
Cecilia Magallanes, denunciara ante el Poder Judicial al Jefe del
SIN y a otros 4 militares por el asesinato a 15 personas en el
caso Barrios Altos (abril de 1995). Gracias a la denuncia, el
Presidente del Comando Conjunto, el jefe del SIN general Julio
Salazar Monroe y el asesor Vladimiro Montesinos fueron citados
por la titular del 11 juzgado de Instrucción de Lima,
Antonia Saquicuray, para rendir testimonio en relación al
crimen múltiple en cuestión.

En este contexto de tensión, el proyecto de ley
de amnistía fue presentado, sin previo aviso, por
congresistas oficialistas la noche del 13 de junio y aprobado en
horas de la madrugada del 14 de junio con 47 votos a favor y 11
en contra. La Ley de Amnistía General (26479) beneficiaba
a los sentenciados por comisión de violaciones a los
derechos humanos durante la lucha contra el terrorismo, y
también con el ánimo de encubrir lo anterior, a los
involucrados en el intento de golpe del 13 de noviembre de 1992,
e incluía también a los que supuestamente
habían cometido.

Actos de infidencia y ultraje a la nación
y a las FFAA durante el conflicto fronterizo. Ese mismo
día el Presidente Fujimori refrendó la ley.
Enseguida, el Presidente de la Corte Suprema, Moisés
Pantoja, declaró que el Poder Judicial acataría la
Ley de Amnistía.

En un acto de protesta ante la inconstitucionalidad de
esta ley, la jueza Antonia Saquicuray, que investigaba el Caso
Barrios Altos, se pronunció en contra. Como respuesta,
la Fiscal de la Nación
cierra el caso y advierte que si la jueza Saquicuray intentaba
reabrirlo estaría incurriendo en
«prevaricato». Enseguida, subvirtiendo el equilibrio de
poderes, el Congreso aprueba una segunda ley declarando que el
Poder Judicial no tenía ningún poder para revisar
la ley de amnistía, mandando poner fin a las
investigaciones en curso.

Cerrando con broche de oro el
proceso, en julio el presidente Fujimori promulga esta ley
(26492), que establecía como obligatoria la
aplicación de la controvertida Ley de Amnistía. Con
ello, la resolución de la jueza Saquicuray sobre la
inaplicabilidad del beneficio de la amnistía para los
involucrados en el caso Barrios Altos quedaba sin
sustento.

Ese mismo mes, refrendando el sentido de este proceso de
amparo legal de
la impunidad, la Undécima Sala Penal de la Corte Superior
resolvió que la Ley de Amnistía era constitucional
y dispuso la anulación inmediata de los antecedentes
judiciales contra los militares beneficiados por esa ley. Lo
sucedido en relación a la aprobación de la Ley de
Amnistía, que permitió la libertad de
los asesinos de La Cantuta bajo el pretexto de favorecer una mal
concebida «reconciliación», llenó de
vergüenza a las mayorías nacionales. Nombres de
congresistas como Chu Meris, Francisco Tudela, Martha
Chávez, Gilberto Siura, Rafael Rey, entre otros, fueron
firmemente criticados por la opinión
pública.

A pesar de su victoria electoral en las elecciones
presidenciales de 1995, la resistencia
frente a la ley de amnistía fue el primer golpe a su
popularidad, que bajó en 10 puntos en menos de 20
días (Youngers 2003: 330). A consecuencia de la misma, por
primera vez en muchos años, los estudiantes
saldrían a protestar a las calles por la medida. Encuestas
posteriores mostraron que cerca del 75% de la población se
oponía a la ley de amnistía y la mayoría de
ellos pensaba que debía ser revocada 77. Dentro del
escenario polarizado de estos días, cediendo una vez
más ante la presión internacional, el 13 de julio
el pleno del Congreso aprobó -con 43 votos a favor y uno
en contra- el proyecto de ley orgánica que creaba la
Defensoría del Pueblo. No obstante, previendo la
posibilidad de nuevas investigaciones, en el texto se
excluyó de las funciones del
Defensor la posibilidad de ingresar a los cuarteles y recintos de
las Fuerzas Armadas.

—————————————–

73 Ver capítulo sobre FFAA para el desarrollo de
este punto.

74 Citado en Idéele Nº 63, mayo 1994:
10

La Fiscal de la Nación, Blanca Nélida
Colán, se desplazó hacia allá. Luego de
sobrevolar la zona y de escuchar la conferencia de
prensa del general Rodríguez, dijo públicamente que
las denuncias de violaciones eran falsas. Para dar apariencia de
investigación nombró un fiscal Ad hoc para el caso,
Carlos González, que resultó ser un capitán
del Ejército en retiro

75 (Ibid: 288- 289). Ante las evidencias, en lugar de
iniciar un proceso de investigación, el gobierno
lanzaría una campaña contra los denunciantes,
especialmente contra la Coordinadora. A través de los
medios,
oficiales acusaron a los grupos de derechos humanos de impedir la
ofensiva final contra la subversión y presionaron a los
congresistas para que tomaran medidas en su contra. A
consecuencia de ello, el 28 de abril de 1994, la mayoría
del CCD aprobaría moción de condena a la CNDDHH por
haber divulgado «versiones negativas» —las
denuncias de los pobladores de Leoncio Prado— sobre la
«actuación de las FFAA en los últimos
reductos de Sendero». Finalmente, la Comisión de
Derechos Humanos del Congreso encarpetó su
investigación

75 Valenzuela, Cecilia, «Destapando al
Fiscal», Caretas, 19 de mayo de 1994; p. 44. 76
Véase el capítulo sobre FFAA.

 

4.11.28 LAS CONSECUENCIAS DEL MARCO
LEGAL POST GOLPE, LA LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA Y LOS
INOCENTES EN PRISIÓN.

La ineficiencia o inoperancia del sistema judicial
en la represión del fenómeno del terrorismo durante
los años ochenta fue un problema mayor. Y, sin embargo, se
dejó pasar y agravar la situación durante varios
años.

Entre los indicadores
más alarmantes y que más ofuscaban a las fuerzas
del orden se encontraba la constatación de una
desproporción grande entre el número de detenidos y
el número de procesados; y entre éstos y el
número de condenados. Sin contar el grave problema del
número alto de condenados que eran liberados por
beneficios penitenciarios 78. El «coladero»
sería una de las expresiones acuñadas para dar
cuenta, gráficamente, de las continuas liberaciones por el
Poder Judicial de senderistas y emerretistas que habían
logrado ser capturados por las FFPP (De la Jara 2001:
40).

Efectivamente, como se comprobaría años
después, muchos dirigentes de importancia, tanto de SL
como del MRTA, fueron capturados por las fuerzas policiales y
posteriormente liberados por el Poder Judicial.

Baste señalar, entre otros, los casos de Laura
Zambrano, Margie Clavo Peralta, Hugo Deodato Juárez
Cruzatt, Edmundo Cox y Víctor Zavala Cataño de SL.
Hacia 1992, esta situación era, realmente, insostenible.
Cierto era que frente a la alarmante ineficiencia del sistema de
administración de justicia
resultaba imperativo tomar medidas concretas, considerando la
situación de excepcionalidad que la guerra interna
planteaba. Se pudo, y era indispensable, adecuar (flexibilizar)
las normas y
procedimientos legales a la situación excepcional para
combatir eficazmente el terrorismo, sin que ello significara ir
en contra de las garantías esenciales del debido proceso y
el respeto de
principios jurídicos generales y penales.

Es decir, sí había otra alternativa, una
alternativa intermedia a la que finalmente fue adoptada luego del
golpe, y fue falsa la polarización entonces exhibida
públicamente por el gobierno en la que se presentaban
sólo dos vías como posibles en medio de la violencia
creciente: por un lado, la aplicación de una perspectiva
utilitarista —la adoptada—, que no consideraba
ningún tipo de límites
jurídicos o de mecanismos de control con la premisa de que
el fin justificaba los medios (es decir, todo está
permitido) y, por otro, la de una perspectiva que supuestamente
sólo defendía los derechos humanos, con total
indiferencia jurídica frente a lo que era un
situación excepcional y la gravedad de la crisis en la
que nos encontrábamos a causa de la acción del
conflicto*.

En la práctica, la radicalidad de los
dispositivos legales adoptados después del golpe
—que ampliaron el margen de discrecionalidad de las FFAA y
la PNP, otorgándoles facultades excesivas en la
investigación de casos de terrorismo, sin ofrecer
garantías mínimas del debido proceso a los
detenidos 79 — estableció condiciones propicias para
la repetición y exacerbación de ciertos actos
violatorios a los derechos humanos, creando un fenómeno
hasta entonces no visto: el de los inocentes en
prisión.

En unos meses, se pasó de un extremo a otro: de
la permanente irregular liberación de senderistas y
emerretistas, a la detención y encarcelamiento de cientos
de inocentes.** En efecto, la legislación fue tan radical
y anticonstitucional en algunos de sus puntos que el mismo CCD,
de mayoría oficialista, se vio en la obligación de
realizar modificaciones en algunos de los decretos leyes
promulgados por el ejecutivo después del golpe.

Uno se percataba de la gravedad del problema al
constatar, además, la procedencia social y
económica de los inocentes: nuevamente, los más
pobres —campesinos, pobladores de asentamientos humanos,
ambulantes, estudiantes hijos de campesinos u obreros, migrantes
y desplazados, entre otros—80.

El problema de los inocentes en prisión
motivaría una campaña especial puesta en marcha por
la CNDDHH. Como producto de la
misma y de la importante intervención del sacerdote Hubert
Lanssiers, se pudo llegar a un proceso de negociación con el Ejecutivo para resolver
el problema. Este proceso dio por resultado la
conformación, en 1996, de una Comisión Ad Hoc,
compuesta por tres miembros —el ministro de justicia, el
defensor del pueblo y un delegado personal del presidente, el
sacerdote Hubert Lanssiers— encargada de revisar los casos
individuales y de hacer recomendaciones al presidente para
otorgar el indulto en cualquier caso donde la culpabilidad
hubiera estado basada en evidencias fabricadas, coercitivas o
insuficientes. Los tres miembros de la Comisión
debían recomendar el indulto por consenso quedando, en
última instancia, a discreción del Presidente que
se otorgara.

Para cuando el mandato de la Comisión
expiró en 1999, la Comisión de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia asumió la tarea de revisar los
casos pendientes. En total, Fujimori indultó a 513
inocentes —481 a través de la Comisión Ad Hoc
y a 32 personas— luego de que el mandato de ésta
expirara, de enero a octubre del 2000. Varios cientos más
de procesados fueron declarados inocentes por los tribunales 81,
en la medida que la creación de la Comisión Ad Hoc
generó un ambiente
más propicio para que los jueces absolvieran a las
personas acusadas de terrorismo 82.

Así, sólo entre agosto de 1996 y diciembre
de 1999 se produjeron en total 1087 liberaciones de inocentes
injustamente encarcelados, ya sea por indulto o por absoluciones
83.

————————————

77 Recién en sentencia del 14 de marzo del 2001,
la Corte Interamericana falló por unanimidad que las leyes
de amnistía 26479 y 26492 eran incompatibles con la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en
consecuencia, carecían de efectos
jurídicos.

78 Por ejemplo, en marzo de 1992 el Instituto de Defensa
Legal (IDL) dio cuenta de 30 liberaciones indebidas a
través de beneficios de semilibertad (Idéele
Nº 35 marzo de 1992: 33). 79 Para un desarrollo al respecto,
ver capítulo sobre Legislación antiterrorista y
Debido proceso.

(Para ello, en noviembre 1993, publicaron la ley 26248,
cuyas principales modificaciones se referían a la
restitución del habeas corpus para los encausados
por delito de
terrorismo, la supresión de la condena en ausencia y la
posibilidad de que el Consejo Supremo de Justicia Militar
revisase las resoluciones). Sin embargo, ello no solucionaba el
problema real que la aplicación de la legislación
traería. Solamente el establecimiento de un sistema de
arrepentimiento de otorgamiento de beneficios a cambio de
información, pero sin ningún tipo de
garantía, regla o límite, y debido a que durante
más de dos años se aplicó compulsivamente,
provocó: que muchos inocentes terminaran
acogiéndose a dicha ley engañados y/o torturados
por las fuerzas del orden; que se generaran muchas acusaciones
falsas, inexactas o exageradas; y que la sola sindicación
bastara para que la persona involucrada fuera detenida, procesada
y muchas veces condenada (Ibid: 59).

*De la Jara 2001: 78-85

**De la Jara. Op cit: 37

 

4.11.29 EL RÉGIMEN ESPECIAL
PENITENCIARIO EN CASOS DE TERRORISMO Y TRAICIÓN A LA
PATRIA

Como consecuencia de la aplicación del nuevo
marco legislativo antiterrorista, para 1999 alrededor de 2,700
personas permanecían en establecimientos penitenciarios
procesadas o sentenciadas por los delitos de
terrorismo y traición a la patria, cifra bastante menor a
la que existía en 1996, cuando se iniciaron las funciones
de la Comisión Ad hoc de indultos.

La reclusión de tal cantidad de personas
planteó diversos dilemas a la política
penitenciaria del gobierno. Estos fueron resueltos mediante la
construcción de nuevos penales o la
remodelación de los ya existentes para albergar una
cantidad que llegó a representar al 15% del total de los
internos del país, así como la adopción
de regímenes penitenciarios especiales para esta
población. Numéricamente, el delito de terrorismo
se convirtió en el tercero en orden de importancia en el
sistema penitenciario, precedido sólo por los delitos
contra el patrimonio y
el tráfico ilícito de drogas. Los
nuevos establecimientos penitenciarios fueron construidos sin
tener en cuenta ningún otro criterio que no fuera la
seguridad y el aislamiento más extremo.

Los penales de Yanamayo y Challapalca, por ejemplo,
fueron diseñados de tal manera que los internos no
tenían espacios comunes o áreas de trabajo. Se
desdeñó expresamente cualquier otro criterio, como
el de la
educación y el trabajo.
Teniendo en cuenta que a esta población penitenciaria se
le había prohibido cualquier beneficio penitenciario, no
tenía sentido invertir para otra cosa que no fuera para
castigar. Progresivamente otros penales ya existentes (Miguel
Castro Castro y Chorrillos en Lima, y Picsi en Chiclayo) fueron
remodelados como enormes «celdas de
castigo».

Las normas especiales dictadas desde 1992, fueron
aplicadas en todos sus aspectos, lo que incluía el
aislamiento absoluto del interno durante el primer año y
luego el acceso a patio sólo durante media hora al
día. Las visitas se restringieron a extremos nunca antes
vistos y las pocas que se efectuaban eran sometidas muchas veces
a tratos inhumanos y degradantes.

Desde su fundación, la Defensoría del
Pueblo trabajó intensamente para aliviar esta
situación y presionó al gobierno para atenuar
ciertas condiciones de reclusión. De acuerdo a algunos
testimonios recogidos, Fujimori tenía pensado modificar
este régimen pero la decisión fue postergada
indefinidamente luego de la toma de rehenes en la Embajada de
Japón
84.

————————————-

80 Para mayores detalles sobre el punto ver, entre
otros, De la Jara, Op cit y Dargent, Eduardo, «Hijos de un
Dios menor: cifras, súbitos e inocentes», en La
batalla de los días primero
s, Dargent y Vergara, Lima,
El Virrey, 2000: 115-176.

81 Hasta diciembre de 1999 se contabilizaron 606 casos
de personas absueltas por el Poder Judicial.

82 Durante el gobierno de transición, el nuevo
ministro de justicia Diego García Sayán
estableció una nueva Comisión de Indultos dentro
del Ministerio. Así, otros 163 inocentes fueron indultados
y, el 2 de junio del 2002, otros 75 detenidos fueron liberados
por el gobierno de Toledo. En total, en todo este proceso, 751
peruanos fueron indultados (Youngers 2003: 344).

 

4.11.30 CONTRASUBVERSIÓN SIN
SUBVERSIÓN: SOBRE EL ACUERDO DE PAZ Y LAS NEGOCIACIONES
EN LA BASE NAVAL DEL CALLAO, CON SL.

En octubre de 1993, el manejo público de las
cartas que
Abimael Guzmán dirigiera a Fujimori proponiendo negociar
un acuerdo de paz estuvo sometido a las conveniencias
coyunturales del gobierno. Desde su prisión en la base
naval del Callao, la alta dirigencia del PCP-SL propuso un
Acuerdo Nacional al Estado que no se concretó pero
sirvió para efectos propagandísticos al
régimen de Fujimori en vísperas del
referéndum para aprobar la Constitución de 1993.
Con esta finalidad, el gobierno permitió y
organizó, desde el SIN, el traslado de dirigentes
senderistas de distintos penales del país para permitir la
reunión de 17 miembros del Comité Central de
Sendero Luminoso en la Base naval del Callao para que
Guzmán los persuadiera de la conveniencia de la nueva
línea política que él
proponía.85

Las reuniones sostenidas por los mismos desde el 8 de
octubre tuvieron éxito.
El 28 de octubre, a tres días del referéndum (31),
el gobierno dio a conocer una carta suscrita
por Osmán Morote, Martha Huatay, Rosa Angélica
Salas y María Pantoja, que respaldaba la iniciativa
asumida por Guzmán e Iparraguirre, solicitándole a
Fujimori «conversaciones para llegar a un Acuerdo de Paz,
cuya aplicación conduzca a concluir la guerra que por
más de trece años vive el país,
petición que hacemos nuestra y reiteramos
86.»

De ahí en adelante, la nueva posición del
jefe senderista fue convirtiéndose en mayoritaria, por
encima de las fracciones disidentes que planteaban proseguir la
guerra popular, pero el gobierno de Fujimori no buscó una
salida definitiva de paz ni respondió a las propuestas de
Guzmán. En la práctica se produjo una
división de Sendero Luminoso. Pero, más allá
del referéndum mismo, la captura de Guzmán y las
cartas que éste y la cúpula senderista enviaran a
Fujimori para negociar un acuerdo de paz fueron dos hechos en
torno a los cuales se aprovechó para construir la imagen del
gobierno y, sobre todo, del Presidente victorioso frente al
terrorismo.

Asociando estos hechos, el régimen autoritario
continuaba legitimándose ante la opinión
pública como la única vía para garantizar el
orden y la pacificación del país.

La versión oficial sobre la pacificación
otorgaba, intencionalmente, gran importante a una supuesta labor
del SIN, que dirigido de cerca por el Presidente, se presentaba o
resaltaba como la base o centro de la eficiencia del
régimen, que había privilegiado la Inteligencia
para vencer el terror. Al respecto, Benedicto Jiménez
(2003) refiere que el SIN llegó a circular una
versión en medios policiales y militares en la que se
atribuía un rol importante la caída de
Guzmán, señalando incluso que desde sus oficinas se
planificó la captura. Ninguna de estas cosas es cierta. Si
esto resultaba completamente falso para el caso de la captura,
éxito policial apropiado por el gobierno y el SIN,
sí tenía sustento en el caso de las negociaciones
por el acuerdo, aunque no bajo la ficción que vendieran
del «agente 002», Rafael Merino, dirigiendo las
conversaciones 87. En realidad, fue Vladimiro Montesinos quien
tuvo a su cargo la conducción personal de las
conversaciones y tratos con Guzmán e Iparraguirre y
demás dirigentes senderistas, en tanto «interlocutor
académico», las cuales estuvieron enmarcadas por
intereses políticos coyunturales del gobierno,
administrados por el asesor y que se disiparon hacia
1995.

En efecto, entre una más de sus múltiples
preocupaciones y actividades de «gobierno»,
Montesinos dedicó parte de su tiempo estas negociaciones,
llegando a monopolizar la relación y usufructuarla
según sus intereses. En cambio, debe recalcarse que ni
Fujimori, ni el General Hermoza Ríos (entonces la figura
de mayor poder en las fuerzas armadas) se reunieron con los jefes
senderistas. Tampoco se promovió reunión alguna con
miembros de la DINCOTE o militares expertos de inteligencia que
trabajaban en el SIN, como Eduardo Fournier.

El gobierno no tomaba el tema tan en serio como
parecía o pregonaba. No se consideró si quiera que
los mejores especialistas en lucha contrasubversiva se reunieran
con los reclusos para aprovechar información valiosa,
replantear a las nuevas circunstancias la lucha contrasubversiva
y acabar con los rezagos.

En términos estrictos, la política de
pacificación consistió en mantener en
prisión a la mayor cantidad posible de subversivos bajo
condiciones extremas en penales de máxima seguridad y en
reducir al aislamiento a los núcleos armados. La propuesta
de acuerdo de paz hecha por Guzmán y la dirigencia
senderista brindó réditos políticos a
Fujimori y rebajó la tensión en los penales, pero
no liquidó a la organización.

En definitiva, aunque no lograra la firma de un acuerdo
con el gobierno, el PCP-SL sí logró dos objetivos
importantes: primero, que no se matara a Guzmán (pena de
muerte), su mayor preocupación, y, segundo, reconstruir el
«Partido» y difundir la nueva línea
política y directivas gracias a las reuniones de
cúpula que Montesinos organizó 88 . En efecto,
Guzmán salvó una estructura organizativa que tiene
como base las prisiones. Adicionalmente, Guzmán e
Iparraguirre señalan como resultados de las negociaciones
desarrolladas durante esos meses que se introdujeron algunos
cambios en el régimen carcelario de los senderistas,
«y cierto margen para que se reunieran en los demás
penales».

A ellos, el «interlocutor», es decir
Montesinos, les llevaba periódicos y revistas cuando iba a
verlos y los dejaba ver noticieros de la
televisión. Asimismo, se les permitió reunirse
para «trabajar juntos unas horas durante el
día» una historia del PCP-SL, para lo
que se les otorgó acceso al archivo de
documentos
partidarios que les había incautado la DINCOTE y a textos
marxistas de su biblioteca.
Mientras que esto sucedía, el trato a los reclusos del
MRTA, quienes se negaron a montar una farsa pública que
favoreciera el gobierno, reciban durísimas condiciones de
encarcelamiento en la misma Base Naval 89.

Como refirió el emerretista Peter Cárdenas
a la CVR, Lo grave de esto, lo particular… un elemento
importante es el tratamiento de la Marina y del Servicio de
Inteligencia, del mismo Montesinos que venía acá a
dar órdenes, era el tratamiento diferenciado que se
empieza a hacer de Sendero y del MRTA. […]Y nos sacaban al
patio diez minutos, ocho minutos […]. Era el plan, un
hostigamiento. Pero a los otros señores los empiezan a
reunir, una cosa totalmente discriminatoria y totalmente odiosa,
totalmente odiosa 90.

El régimen diferenciado proporcionado a
Guzmán e Iparraguirre fue suspendido el 94 y retomado el
95. A partir de 1997 dispusieron de un radio y las
revistas Le Monde y Newsweek. Posiblemente Montesinos optó
por mantener estos privilegios como una manera de evitar que
Guzmán rompiera el statu quo, lo cual fue conseguido
91.

—————————————–

83 Para un desarrollo sobre el tema ver capítulo
sobre Cárceles. CVR

84 Sobre el evento, ver infra CVR

85 Fujimori dio a conocer a la opinión
pública, previamente, dos cartas de Guzmán
proponiendo un acuerdo de paz, el 1º y 8 de octubre, a pocos
días del referéndum.

86 Todos los diarios. Lima, 29 de octubre de
1993.

87 Merino tuvo escasos contactos con los líderes
de SL.

88 Al respecto, ver capítulo sobre el PCP-SL. 89
Ver capítulo sobre el MRTA. Estábamos encerrados
completamente, sin hablar con nadie, sin ver a nadie, sin
ventanas, sin leer nada, por lo menos al comienzo.

 

4.11.31 CONTRASUBVERSIÓN SIN
SUBVERSIÓN: EL APROVECHAMIENTO POLITICO

Como se esperaba, Fujimori aprovechó la
inclusión de la posibilidad de reelección inmediata
en la nueva Constitución para presentarse nuevamente a
elecciones. En esta nueva campaña dejó entrever ya
el objetivo real
de la camarilla presidencial-militar que con él gobernaba
y que se confirmó en los siguientes años:
perpetuarse en el poder, extender lo más posible el
régimen –garantía de impunidad 92. Es
importante e interesa señalar el aprovechamiento
político que el gobierno hiciera en estos años de
la estructura contrasubversiva desplegada a nivel
nacional.

A pesar del evidente declive en las acciones
subversivas, resaltado por la misma propaganda
oficial 93, el régimen no disminuyó el
número de zonas de emergencia sino que mantuvo un esquema
de contrasubversión sin subversión.

En efecto, hacia mediados de 1995 se contabilizaba un
aproximado de 68 provincias y 3 distritos del país que
aún se encontraban bajo estado de excepción. La
extensión de los estados de emergencia —que en
muchos casos se convirtió en garantía de
tranquilidad para los pobladores, temerosos de nuevas incursiones
senderistas— suponía también la
prolongación de la autoridad
militar por sobre la civil con los Comandos Político
Militares 94.

En varias de las zonas rurales más afectadas por
la guerra interna, los militares representaron y
«encarnaron», por muchos años, al Estado
mismo, en un contexto de repliegue de su aparato civil a causa de
la violencia. Conforme las acciones subversivas fueron
declinando, aunque no tan rígida como en medio de la
guerra, la autoridad militar se mantuvo.

Vigente el estado de
excepción, los militares debían autorizar la
realización de eventos públicos, reuniones y estar
al tanto de quién (es) circulaban por la zona. Cuando fue
posible que empezaran a trabajar funcionarios públicos de
programas
económicos y sociales, los militares actuaron con
frecuencia como mediadores para los contactos con la
población.

Con miras a asegurar su reelección, Fujimori no
dudó en utilizar la estructura militar desplegada a lo
largo del país a favor de su campaña como
Presidente-candidato. Ni tampoco a utilizar los recursos
económicos a su disposición, que se habían
incrementado notablemente gracias a las privatizaciones y préstamos obtenidos. Por
ello, entre 1993 y 1995, Fujimori se concentró en asignar
recursos a un gasto social focalizado y en viajar constantemente
dentro del país para inaugurar obras y obtener los
máximos beneficios políticos personales
posibles.

Ese gasto fue, además, distribuido directamente
por el Ministerio de la Presidencia, sobre el que Fujimori
ejercía un control firme (Crabtree 1999 95: 63-64).
Lograría consolidar, poco a poco, una base social de
respaldo. Especial consideración merece, al respecto, el
paquete de programas de emergencia social que el gobierno lanza
en julio de 1994 a través del Fondo Nacional de
Compensación Social y Desarrollo (FONCODES).

A propósito, en 1995 Caretas señalaba que
la estrategia de Fujimori consistió en realizar obras en
todos los departamentos, pero sobre todo en aquellos que
había perdido en el referéndum (Caretas 1358,
12.04.95).96 Esto sería confirmado más adelante por
algunas investigaciones académicas. Por ejemplo, en una
investigación dada a conocer en agosto de 1999, el
investigador del Banco Mundial
Norbert Schady concluía que existió un gran efecto
de las elecciones en el cronograma y distribución de los gastos de
FONCODES, para lo cual se utilizaron criterios técnicos
y políticos. Comprobó que los gastos se
incrementaron antes de las elecciones nacionales y que los
proyectos
comunitarios fueron canalizados a provincias donde se esperaba un
gran retorno político 97.

Sumándose a eso, en 1995 empezó la
inauguración de colegios construidos por el INFES. Durante
el año electoral, en zonas de emergencia todo esto fue
acompañado con el despliegue de una serie acciones de
propaganda, conducidas por militares, que favorecían a
Fujimori.

Como muestra
más alarmante de este proceso, en septiembre de 1994, el
jefe de la Primera Región Militar, general Howard
Rodríguez Málaga, fue sorprendido por un reportaje
gráfico de La República repartiendo almanaques con
el rostro de Fujimori. Lo acompañaban numerosos oficiales
y personal de tropa, en una especie de operativo militar de
acción cívica en apoyo a la campaña de
Fujimori. Aunque el general logró confiscar la
cámara y el rollo fotográfico, el hecho
generó un debate sobre la participación de las
fuerzas armadas y su posible utilización en el proceso
electoral. Ese mismo mes, miembros del SIE fueron sorprendidos y
filmados cuando ellos, a su vez, filmaban a los asistentes a una
reunión opositora pertenecientes al Movimiento
vico N-13 98,
liderado por el general Salinas Sedó. La inquietud y
temores de otros participantes en la contienda se incrementaron
cuando, en noviembre, se hallaron libretas electorales en manos
de militares.

Todos estos antecedentes llevaron a que, en diciembre,
seis candidatos a la presidencia suscribieran el «Pacto de
San Marcos» —un conjunto de principios éticos
que aceptan para sus respectivas campañas—,
promovido por Transparencia. Cambio 90 no aceptó el
compromiso. En estas condiciones, fue innegable el efecto que el
conflicto con el Ecuador,
desatado en enero de 1995, tuvo sobre los resultados
presidenciales. Al ser imperioso mantener unida la voluntad
nacional, el candidato opositor, Pérez de Cuellar se
abstuvo de polarizar más la elección.

Mientras tanto, Fujimori lució sin
escrúpulos su prestigio de líder
militar e impulsó su campaña final con esa bandera.
Finalmente, aunque las dudas sobre la limpieza del proceso
electoral continuaron respaldadas por nuevos hechos —como
la desaparición de 37 mil actas electorales en la ciudad
de Huánuco, hecho reconocido por el Jurado Especial de
dicho departamento— Fujimori ganó en primera vuelta
con el 67% de respaldo. La campaña por las elecciones
generales mostró una serie de elementos que se
repetirían en los siguientes años.

————————————————

No corresponde al mandato de la CVR analizar el largo
proceso político que esto supuso ni intentar una
caracterización del tipo de régimen político
que se implantó, el origen de su legitimidad y respaldo ni
tampoco cuáles fueron los factores que, finalmente,
generaron su caída intempestiva en el año
2000

90 Peter Cárdenas, entrevista CVR
en Base Naval 17.09.02.

91 PCP SL, «Giro Estratégico. Luchar por un
Acuerdo de Paz y Solución Política a los Problemas
Derivados de la Guerra». Lima, abril de 2003.

92 La ley de amnistía sería promulgada
poco más de dos meses después de las elecciones
presidenciales, sellando este proceso. Ver sección
Afirmación de la impunidad.

93 En agosto de 1994, por ejemplo, cuando Pérez
de Cuellar iniciaba su campaña electoral al frente de UPP,
el Presidente del Comando Conjunto de las FF.AA. Nicolás
Hermoza Ríos aseguraba que el terrorismo estaba vencido en
un 95% y que sólo faltaba capturar a algunos cabecillas
sin base de apoyo.

95 Crabtree, John, «Neopopulismo y el
fenómeno Fujimori». En El Perú de
Fujimor
i, Crabtree y Thomas (ed.), Lima, Universidad del
Pacífico/IEP, 1999: 45-69. 96 Por ejemplo, en Puno el
SÍ alcanzó apenas el 20% y el NO casi 80%. 97
Schady comentaba que FONCODES fue, a la vez, un efectivo programa para
aliviar la pobreza y un
osado intento por comprar votos. Los resultados de la
investigación fueron difundidos por El Comercio
(15.10.99). Para acceso al texto ir a www.bancomundial.org
(sección Investigaciones).

 

4.11.32 SENTANDO LAS BASES DE UN PODER
ESTATAL EXTRALEGAL

Poco después de la asunción de mando,
habiendo aprobado a fines del período anterior la ley de
amnistía, el régimen empezó a preparar el
camino para poder perpetuarse —incluso después del
2000— y hacerlo sin ninguna traba o cualquier posibilidad
de control y fiscalización a sus actos.

Para ello, dio varios pasos importantes. En primer
lugar, a nivel legislativo, la existencia de una mayoría
sumisa les dejó el terreno libre. En repetidas muestras a
lo largo de estos años, diversos congresistas de la
mayoría evidenciarían su renuncia anticipada a
ejercer parte de sus funciones constitucionales: la
fiscalización.

Se dedicó además, como se comprobó
luego, a aprobar una serie de leyes inconstitucionales, varios de
cuyos proyectos fueron redactados directamente desde el SIN. Ya
la bancada oficialista anterior había dado varios pasos en
este sentido, consagrando el proceso de afianzamiento legal de la
impunidad en materia de
violación a los derechos humanos.

La mayoría del nuevo Congreso continuó
actuando, o dejando de actuar, sobre una serie de temas que
incluyeron restricciones a derechos y libertades básicas
de cualquier sociedad
moderna, como la libertad de
expresión, el derecho al respeto de la intimidad y a
la privacidad de las comunicaciones, así como el respeto a la
propiedad
privada.

En segundo lugar, planteando la
«reorganización» del Poder Judicial, el
Ejecutivo terminó de someterlo a su control, eliminando de
hecho y completamente la autonomía de dicho órgano.
La Comisión Ejecutiva que creó 99, integrada por
magistrados supremos favorables al régimen, fue
sólo una careta para seguir los designios del Ejecutivo y
del SIN, bajo una apariencia democrática

98 Quienes reivindicaban el intento de golpe del 13 de
noviembre de 1992. 99 Ley 26546, del 16 de noviembre de
1995.

Como lo mostraron luego los videos, los magistrados que
las integraban recibían órdenes directamente del
SIN. Además, se siguió utilizando la
situación de provisionalidad de una gran cantidad de
magistrados para afianzar el control del órgano. Con ello,
el régimen consiguió no solamente garantizar
impunidad a los actos de sus miembros -evitar
fiscalización penal y política- sino también
utilizar la judicatura como arma política, al someter a
control a quienes se opusieran a sus intereses.

Se puede afirmar que ya aproximadamente para 1997, la
reforma carecía de todo el supuesto elemento modernizador
o técnico que en un principio había promovido y
había pasado a ser un instrumento más para la
manipulación política que permitió controlar
una serie de procesos
judiciales, incluyendo denuncias de violación a los
derechos humanos. Salvando algunas mejoras administrativas, de
infraestructura y equipamiento que fueron posibles, la
«reforma» puesta en marcha lo que hizo fue potenciar
tendencias ya existentes en la
administración de justicia, como la
subordinación al poder política y el clientelismo
como forma de ascenso de los magistrados.

La supervisión por parte de Salas de
magistrados supremos vinculados a Montesinos de las
jurisdicciones especializadas en derecho
público (proceso de garantía constitucional),
tributario y aduanero, y tráfico ilícito de drogas,
permitió un control absoluto de aquellas decisiones
fundamentales que pasaban por el Poder Judicial.

La urgencia planteada en el presente año por
emprender una reforma radical del Poder Judicial es muestra clara
de que no hubo cambios en la administración de justicia a pesar de las
millonarias sumas invertidas en el proceso.

Lo mismo vale para el caso del Ministerio
Público, cuyo control fue planteado desde temprano para
asegurar que no se desarrollasen investigaciones en temas o casos
en que estuvieran envueltos los intereses del régimen. Un
paso clave para ello fue el nombramiento de Blanca Nélida
Colán, sumisa a Montesinos, en la Fiscalía de la
Nación después del golpe.

En 1996, para evitar su salida del órgano y con
el pretexto de la creación del Consejo de Coordinación Judicial, se creó una
Comisión Ejecutiva del Ministerio Público 100 que
Colán presidiría, a la cual se le otorgó
más poder real que al Fiscal de la Nación, quedando
éste como una figura meramente decorativa. Es importante
recalcar que todas estas normas que permitieron intervenir al
Poder Judicial y el Ministerio Público fueron aprobadas
por la mayoría oficialista del Congreso, por
sumisión, ignorancia y/o complicidad con el Poder
Ejecutivo y el SIN.

 

4.11.33 EL APARATO POLÍTICO
DEL RÉGIMEN

Como referimos, desde 1993 el poder de Montesinos y del
SIN se fue incrementando notablemente. Entre otras cosas, esto se
tradujo en la influencia que llegó a tener y desplegar,
sobre todo después de 1995, hasta convertirse a todas
luces en el aparato político del régimen

100 Ley 26623 del 15 de junio de 1996.

Entre las funciones que, ilegalmente,
desempañó de facto, controlado por Montesinos
estuvieron: dirigir las campañas electorales, espiar
(interceptación telefónica) y sabotear a la
oposición política, vigilar y controlar a los
medios de
comunicación (especialmente a la TV.) para que cumplan
con su propia agenda, producir leyes para que el Congreso las
apruebe y elaborar fallos del Poder Judicial (y después
también del Jurado Nacional de Elecciones).

Con el SIN como núcleo central del poder real, la
colocación de representantes leales o comprados por el
régimen y los cambios legales e institucionales
introducidos poco a poco, la división de poderes y
autonomía de los mismos pasó a ser una
ficción en el país. Aunque el régimen
trató siempre de mantener las apariencias, especialmente
para evitar las posibles presiones internacionales, ello se
evidenció cada vez más y se escondería
menos.

Con el Poder Judicial y el Ministerio Público
intervenidos y controlados desde el SIN y un Legislativo dirigido
por una mayoría que también atacaba ciegamente sus
disposiciones, en los siguientes años se sucedieron una
serie de escándalos que significaron graves reveses para
el Estado de
Derecho. Por no ser parte, directamente, de nuestro mandato,
no nos explayaremos al respecto, pero sí cabe
señalar que las libertades básicas carecían
de garantías en un Estado en el que todos los
órganos estaban, de una u otra manera, controlados por el
Ejecutivo y su brazo político (el SIN). Entre otras cosas,
el incremento de poder del SIN se tradujo en un crecimiento
desmedido del mismo, tanto en términos de los recursos
económicos que lograba agenciarse, como del personal que
llegó a acumular.

Como refiere Rospigliosi, Montesinos transforma al SIN,
de un pequeño organismo burocrático que en empleaba
sólo a algunas decenas de personas, a una inmensa
organización que llegaría a tener entre 1,200 y
1,500 empleados. Asimismo, llegaría a tener un presupuesto 50 o
60 veces más grande que en 1990 y a extender su poder a
unos 13,500 agentes de servicios de las fuerzas armadas y
policía (Rospigliosi 2000: 197 y 201).

El presupuesto aumentaba, con la anuencia del
Presidente, con el claro objetivo de incrementar su control
político. Solamente el número de efectivos
desplegados desempeñando funciones de seguridad del asesor
presidencial fue increíble, algo hasta entonces nunca
visto y, además, dentro de un contexto en el cual las
calles se quedaban sin protección, entre otras cosas, por
la insuficiencia de personal policial. Se estima que las Unidades
Especiales de Seguridad (UES) Júpiter —destinada a
la seguridad de Montesinos— y Alfil —destinada a la
de Fujimori— estaban conformados por más de 300
hombres seleccionados de la Policía Nacional y el
Ejército 101.

Así, aun cuando el «grupo Colina»
como tal fuera desactivado 102, dadas las prerrogativas y
facilidades con que legalmente el SIN contaba (incluyendo la
posibilidad de contar con presupuesto secreto y con un continuo
desvío de fondos 103), las operaciones especiales de
inteligencia continuaron.

Estas operaciones, algunas de las cuales podrían
ser clasificadas como operaciones especiales del tercer tipo
—terrorismo 104 —, tenían como meta producir
un efecto aterrorizante sobre todos los opositores al
régimen (no especialmente sobre presuntos subversivos) y
un efecto unificador y fijador de las bases y escaños
fujimoristas.

En efecto, conforme las acciones subversivas fueron en
declive, las operaciones especiales empezaron a dirigirse cada
vez más hacia blancos políticos: opositores del
régimen; llámense políticos, periodistas
independientes e incluso miembros de las FFAA contrarios a la
politización de las mismas y disidentes que filtraban
información. El rango de operaciones desplegado fue desde
el espionaje, las amenazas, hostigamiento hasta el uso de fuerza
o violencia directa para amedrentar.

A todo esto se suma el papel clave que jugó
Montesinos en tanto rector, y el SIN también como centro
de gestión, de la organización
progresiva de un sistema de corrupción
a gran escala,
aprovechando para ello la ausencia de fiscalización a sus
acciones y las amplias prerrogativas otorgadas por ley
(presupuesto secreto).

Entre algunos de los negociados más grandes en
que el SIN y Montesinos estuvieron involucrados y que hoy, entre
otros múltiples casos, viene siendo investigado por las
autoridades competentes, estuvo el aprovechamiento de la
ocasión que les dio el conflicto con el Ecuador para
emprender nuevas compras de
armamento y, de paso, realizar desfalcos y desvíos de
dinero
público —a través de las comisiones—
hacia actividades ilícitas.

Debido a la disidencia interna (filtración de
información) y la labor que algunos programas o
periodistas de investigación desarrollaron, las denuncias
contra Montesinos y el SIN se fueron acumulando en estos
años. A pesar de ello, sus acciones no se detuvieron. Los
operativos se disimularon cada vez menos y las amenazas fueron en
aumento.

Además de la protección de los poderes
controlados con que Montesinos gozó, jugó a su
favor el papel desempeñado en tanto enlace con la CIA y
representante del gobierno ante los Estados Unidos
para la política antidroga. Como sostuvo Karen De Young, a
lo largo de la década «en discusiones dentro de la
embajada de EE.UU. en Lima, entre la Embajada y Washington y en
por lo menos dos reuniones ínter agencias dedicadas a
revisar el tema, la CIA defendió a Montesinos y
descartó como no probados e irrelevantes los informes de
que él orquestó abusos de derechos humanos como
parte de las operaciones contra el terrorismo bajo el
régimen de Fujimori durante la primera parte de los
90».105 Durante el resto de la década, la CIA
defendió vigorosamente a Montesinos en las reuniones
ínter agencias, llegando al punto de caracterizar como
«invalorable» su ayuda en la guerra contra las
drogas.

Los fondos del SIN fueron la fuente de dinero que
Montesinos utilizó para mantener a Fujimori en el poder
por medio de actos de corrupción. 104 Al respecto, ver
capítulo sobre FFAA. 105 «The Doctor Divided U.S.
Officials». De Young, 2000.

Hasta el año 2000, la CIA logró
prevalecer. «Hubo diplomáticos a los que la
estación de la CIA en Lima presionó para que no se
quejaran de Montesinos».106 Sin embargo, no se trató
simplemente de un apoyo tras bambalinas que una agencia
hacía a pesar de las múltiples denuncias que en su
contra se iban acumulando.

A través de su «zar antidrogas», el
general Barry Mac Caffrey, los EE.UU. otorgaron reiteradamente al
Perú buenas calificaciones en la lucha antidrogas y le
renovaron la ayuda económica por dicho concepto, en
medio de denuncias que involucraban al mismo Montesinos en los
negocios por
el traslado de la droga fuera
del país.

El caso extremo llegó cuando, en 1999, Mac
Caffrey vuelve a saludar en público la política
antidrogas peruana y en particular al SIN como uno de sus
gestores. Con el camino libre, el despilfarro y la
intervención premeditada en la vida política a
través de operaciones especiales de inteligencia y
montajes psicosociales llegarían a niveles
impredecibles.

———————————–

101 Para mayor información sobre las UES de
Montesinos ver por ejemplo Caretas Nº 1520, 1998.

102 Para mayor información sobre el «grupo
Colina» ver capítulo de Casos Ilustrativos.
CVR

103 Los desvíos de fondos al SIN, pretextando la
supuesta finalidad de hacerlo un órgano más
operativo en la lucha contra la subversión, se realizaron
de dos formas. En primer lugar, a través de envíos
periódicos desde las direcciones de inteligencia militares
y policial. Y, segundo, a través de la firma de
resoluciones supremas secretas, autorizando gastos de operaciones
«secretas». Estos fondos fueron utilizados para
realizar actividades de interceptación telefónica,
vigilancia de opositores al régimen, pago a los
propietarios de los medios de
comunicación para garantizar su apoyo al
régimen, operaciones de sabotaje a la oposición,
entre otros delitos.

 

4.11.34 EL JUEGO REAL Y LA VERDADERA
AGENDA: LA RE REELECCIÓN

Debido entre otras cosas a la presión
internacional, el gobierno siguió desarrollando una serie
de iniciativas «correctoras» de su imagen, en su
intento por aparecer como un gobierno democrático. Entre
otras medidas, estos pasos mínimos contemplaron la
elección del Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan de
Noriega, en abril de 1996, y, poco después, en agosto del
mismo año, la conformación de la Comisión Ad
Hoc para resolver los casos de inocentes en prisión
107.

Sin embargo, 1996 sería también el
año en que ya preparados, habiendo ocupado posiciones en
instancias clave del aparato estatal, la puesta en juego de la
agenda real del gobierno se hizo pública con la
aprobación por la mayoría oficialista del Congreso
de la Ley 26657, «Ley de interpretación auténtica del
artículo 112 de la Constitución
Política» (23.08.96). La respuesta a esta
interpretación inconstitucional, que obedecía a
claros objetivos políticos (preparar anticipadamente el
camino para la perpetuación en el poder), no se hizo
esperar.

Un grupo de congresistas de oposición
presentó ante el Tribunal Constitucional una acción
de inconstitucionalidad contra dicha ley, abriendo otro flanco
donde el régimen intervino meses después.
Paralelamente, el Foro Democrático
convocó a sectores de oposición a iniciar una
campaña destinada a exigir la convocatoria de un
referéndum sobre la ley.

Al tiempo que la polarización política se
desataba, durante el juicio que se le seguía, en agosto el
narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera
(«Vaticano») reveló que operó su
negocio en el Huallaga durante 1991 y 1992 con el apoyo del SIN,
específicamente con el de Montesinos. A la denuncia
siguió una interpelación al gabinete sobre el tema
solicitada por la oposición, en la que los ministros se
explayan resaltando la labor de Montesinos. Y también
algunos casos de interés
público.

El primer suceso de varios que seguirían
imputados a los servicios de inteligencia militares, dirigidos
desde el SIN, fue un atentado contra la filial de Red Global en
Puno.

Ante lo sucedido, el 21 de noviembre el General Rodolfo
Robles denunció que el atentado fue llevado a cabo por
miembros del ejército vinculados al SIE. Como respuesta,
el 26, agentes del SIE emboscaron y arrestaron a Robles,
simulando un secuestro.

El acto fue denunciado por diversos sectores sociales y
políticos. Ante la presión pública, el 7 de
diciembre Fujimori amnistía a Robles. Por otro lado, en
diciembre, una investigación del periodista Edmundo Cruz
108 reveló que el atentado había sido producto del
«Plan Narval 96», ejecutado por el SIE bajo
orientación del SIN y refirió la existencia de
otro, el «Plan Bermuda», destinado a atentar contra
el periodista César Hildebrandt.

Pronto, la popularidad presidencial empezó a
descender (según APOYO, sólo entre noviembre y
diciembre ésta descendió de 52 a 45 %) y la de la
oposición a aumentar, entre otras causas, debido a las
denuncias que involucraban a Montesinos. Esto configuró un
escenario político sumamente desfavorable al
régimen, en el que las últimas acciones de gran
impacto de la guerra interna que concluyeron exitosamente fueron
notable y políticamente explotadas por el
gobierno.

———————————

106 Ibid.

107 Sobre este tema ver sección «Las
consecuencias del marco legal post golpe».

 

4.11.35 EL DESPLIEGUE DE LA
OPERACIÓN «CHAVÍN DE HUÁNTAR» LA
EJECUCION EXTRAJUDICIAL DE LOS SOBREVIVIENTES.

Un suceso inesperado, propiciado en parte por
negligencia (falta de prevención) del SIN —y no
sólo de la policía—, se presentó el
mismo mes de diciembre, en medio de la agitada coyuntura
política. El 17, un comando del MRTA asaltó la
residencia del embajador japonés en Lima, durante la
realización de una gran recepción, generando gran
alarma y repercusión mundial. Dos horas después de
la toma, los emerretistas permiten salir a las mujeres y ancianos
pero mantienen a más de 400 personas como rehenes por
varios días.

Progresivamente, reduce el número de los mismos
hasta 72. Durante los casi cuatro meses que la residencia se
encontró bajo control de los emerretistas, los
escándalos y la polarización política
prosiguieron y también el descenso de la popularidad
presidencial. La toma finalizo con la entrada de un comando
militar por un túnel, la ejecución extrajudicial de
sus sobrevivientes y el rescate de los rehenes.

En enero, el Tribunal Constitucional dio un fallo
controvertido, estableciendo la inaplicabilidad de la ley de
interpretación auténtica para el caso del
Presidente Fujimori. En marzo, la congresista oficialista Martha
Chávez interpuso una acción de amparo contra la
decisión. El 19, presumiblemente en un acto de
amedrentamiento atribuido a los servicios de inteligencia, el
vehículo del congresista de oposición Javier Diez
Canseco fue asaltado e incendiado cuando su chofer se
dirigía al aeropuerto. Ese mismo mes, la policía
halló el tórax y miembros superiores e inferiores
del cuerpo de la ex agente del SIE Mariella Barreto, desaparecida
desde hacía unos días. Se atribuyó la
responsabilidad del crimen al grupo Colina, dado que, al parecer,
ella habría entregado información a medios sobre
las actividades del mismo.

Pero, la opinión pública se
remecería más cuando en abril el programa
Contrapunto de canal 2 dio a conocer el estado en que la ex
agente del SIE, Leonor La Rosa, había quedado luego de que
habría sido torturada por sus propios compañeros,
que la acusaban de haber filtrado información a sobre los
planes publicados por La República y otros
medios.

El cuadro de denuncias que apuntaban reiteradamente a la
mano del asesor presidencial se completó cuando el 13 de
abril el programa periodístico Contrapunto emitió
otro reportaje en el que mostraba documentos de la SUNAT que
acreditaban que Montesinos tuvo excepcionales ingresos a partir
de 1994 y que sólo en 1995 facturó por
1’600’000 nuevos soles, siendo un funcionario
público a tiempo completo con un salario menor
cinco mil nuevos soles mensuales.

En una encuesta de
APOYO, publicada el 21 de abril, se dio a conocer que la
desaprobación de Fujimori bordeaba el 47%, mientras que la
aprobación llegaba a 38%109. Adicionalmente, el 70% de los
encuestados pedía que Montesinos renunciara. Al día
siguiente, el 22, el gobierno ejecutó la operación
de rescate «Chavín de Huántar».
Considerada como una operación militar exitosa luego del
revés militar sufrido en el conflicto del Cenepa a inicios
de 1995, el gobierno convirtió los festejos por la exitosa
liberación de rehenes en una epopeya militar, aprovechando
la extensa cobertura mediática. La realización de
esta operación supuso un riesgo muy
alto.

Pero esto no impidió un inmediato aprovechamiento
en el alza de popularidad del gobierno, que pasó al 67%,
según encuesta de APOYO publicada el 24 de abril.
Según la misma, el 84% de los encuestados se
declaró a favor de la salida militar.

En ese contexto político tan complejo, el
principal uso que el gobierno dio a la exitosa operación
fue servir de pantalla para desviar la atención de la
población lejos de las denuncias que comprometían a
su más cercano colaborador y su entorno. En efecto, el
éxito de la operación provocó un ascenso
vertiginoso y logró ocultar una serie de denuncias. Sin
embargo, solamente pudo postergar la caída en picota que
siguió en unos meses.

El gobierno no pudo mantener el rédito
político obtenido a partir de la operación debido a
varios factores. En primer lugar, las denuncias continuaron 110.
El gobierno aprovechó el alza de popularidad para sostener
algo más su imagen mientras cometía una serie de
atropellos contra la Constitución como parte del plan
re-reeleccionista. Entre ellos, destacan dos casos
inauditos.

Por un lado, en la madrugada del 29 de mayo, la
mayoría fujimorista del Congreso destituyó a tres
magistrados del Tribunal Constitucional por haber fallado en
contra de la ley de interpretación auténtica,
aunque el cargo formal fue haberse excedido en sus funciones al
realizar una «aclaración» a su fallo.111 Por
otro lado, a partir de una inusual interferencia de las FFAA 112,
el gobierno retiró la nacionalidad
peruana al empresario
televisivo Baruch Ivcher el 13 de julio y, con ello,
consiguió el traspaso de la administración del
canal a los accionistas minoritarios Winter, que en adelante le
serían plenamente leales 113 .

De otro lado, la repercusión pública de la
operación suscitó un enfrentamiento no esperado por
el gobierno entre Fujimori y Montesinos, por un lado, y Hermoza,
por otro, por la autoría intelectual del plan de rescate.
Los primeros buscando aumentar sus réditos
políticos y, el segundo, buscando reforzar su imagen de
«general victorioso». La historia de este
enfrentamiento es muy conocida y excede los límites de
esta investigación 114.

Finalmente, el recurso a una acción militar para
resolver la crisis, fuese o no inevitable, tuvo como consecuencia
también que los aspectos discutibles del operativo
llevasen a una serie de debates públicos sobre el papel de
las FF.AA. Aunque esto no mellara necesariamente su legitimidad
ante la opinión pública, la oposición fue
planteando gradualmente la duda sobre si todos los emerretistas
murieron en combate o si algunos fueron ejecutados cuando ya
estaban inermes.

Las imágenes
de la operación «Chavín de
Huántar» serían propaladas en medios de
prensa durante la campaña política del 2000 como
parte de los logros de la gestión de Fujimori, reforzando
su imagen de «pacificador» del Perú y
comandante de la estrategia contrasubversiva. Desde agosto de
1998, Hermoza dejó, finalmente, de detentar el puesto de
Comandante General de las FFAA, en parte por las fricciones
ocasionadas a partir de la operación, pero también
por discrepancias sobre el problema limítrofe con
Ecuador.

Desde entonces, las pocas oportunidades que hubo en los
años siguientes de aprovechar políticamente las
operaciones contrasubversivas fueron monopolizadas por la figura
presidencial.

————————————————-

108 La República 9.12.96.

109 Una encuesta anterior realizada por DATUM y
publicada el 3 de febrero, indicaba que la desaprobación
de Fujimori llegaba al 50%, mientras que a aprobación era
de 43%.

110 Por ejemplo, en junio, Contrapunto reveló la
existencia de 197 casos de intervención telefónica
efectuada por los servicios de inteligencia.

111 Tal vez el acto más osado hasta entonces, que
tuvo una grave repercusión para el gobierno, tanto a nivel
nacional como internacional. Después de esto, la
aprobación de Fujimori descendió a 34% y su
desaprobación aumentó hasta el 60% (APOYO, encuesta
publicada el 16 de junio). Este hecho marcó además
el inicio de una serie de movilizaciones de protesta
protagonizadas sobre todo por estudiantes universitarios, y a las
que poco a poco se sumaron otros sectores.

112 Ver capítulo sobre FFAA.

Estos hechos, acompañados de denuncias y pedidos
de investigación, fueron lapidarios para su popularidad,
que sólo se recuperaría en 1999, en medio de la
campaña electoral y del control abusivo y descarado de las
instituciones
estatales y los medios de comunicación.

 

Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
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