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Ética y corrupción en la administración de justicia (página 21)




Enviado por yivanz64



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4.11.36 EL USO POLÍTICO DEL
TERRORISMO (CON LA PRENSA
COMPRADA)

Lo que sí continuó haciendo constantemente
el gobierno en los
años siguientes fue montar, a través de operaciones
psicosociales dirigidas por el SIN y realizadas gracias al
creciente control de
los medios de
comunicación —en especial los «diarios
chicha» y los canales de televisión
de señal abierta—, escenarios explotando el tema del
«terrorismo» y azuzando los miedos de la
población.

En un contexto signado por una media aprobación
de gestión
presidencial (baja para su acostumbrados altos estándares)
—que se mantuvo así entre 1997 y 1998—, el
inicio de la recesión económica por la
repercusión de las crisis
financieras internacional, la acumulación de denuncias
contra el SIN y Montesinos —elevadas a instancias
internacionales al no encontrar respuesta en los poderes
controlados—, la presión
internacional que señalaba, entre otras cosas, la falta de
independencia
de poderes,115 y las evidencias del
surgimiento de un movimiento de
oposición con mayor base social, esto sería
necesario.

Entre las maniobras desarrolladas, destacó la
recurrencia a la acusación o calificación de
terroristas, dada por miembros del gobierno a actividades
desarrolladas por la oposición o incluso a algunos de sus
propios miembros.

Desde 1998, ya con un mayor control de los medios de
comunicación masivos, sobre todo de los canales de
televisión, se aprovecharon una serie de
oportunidades. Será frecuente por ejemplo intentar
disuadir a los ciudadanos de participar de marchas de protesta
circulando rumores acerca de la presencia de elementos
senderistas infiltrados en ellas, organizando reparto supuestos
volantes «senderistas» para ello, entre
otros.

Utilizando los medios de
comunicación controlados como su principal
arma, el gobierno recreó la imagen de la
protesta social como rezago del «terrorismo» y
desorden. De esta manera, polarizaba el espectro político
entre el terrorismo, el desorden e inseguridad y
la posibilidad que el gobierno ofrecía —la eficacia de la
mano dura a cambio de
orden y seguridad—.

Las movilizaciones de protesta eran presentadas por
la
televisión adicta al régimen como hechos
«terroristas» y no como lo que eran, muestran de
oposición política al
régimen, que no dejaba otros canales de expresión.
Si bien esto se verá mucho más claramente durante
la «Marcha de los 4 suyos», había empezado
mucho antes, en un trabajo
psicosocial de menor escala o
proporciones, que incluyó la puesta en marcha de
más operaciones especiales de inteligencia
—incluyendo espionaje y sabotaje— contra miembros de
la oposición.

A diferencia de años anteriores en que las
operaciones se centraban sobre todo en personajes
públicos, en estos años llegarían a estar
destinadas a incluso a dirigentes estudiantiles. En 1998,
Montesinos intentará además jugar una de sus
últimas cartas para
mejorar su imagen, subir la popularidad del gobierno y refrendar
legitimidad del uso de la «mano dura», con la
dación de los decretos legislativos de «terrorismo
agravado»que copiaban —casi textualmente y a pesar de
las diferencias entre uno y otro fenómeno— el
modelo penal
utilizado para enfrentar la subversión después del
golpe.

Con ello buscaba hacer frente y resolver rápida y
drásticamente — como se supone el gobierno
había hecho con la subversión— uno de los
problemas
más sentidos por la población entonces: la
inseguridad ciudadana. En efecto, durante los primeros meses de
dicho año, el incremento de la ola delictiva, en especial
de una arremetida de secuestros al paso, fue recibido con alarma
por la ciudadanía.

En mayo, luego de que el presidente Fujimori anunciara
la próxima participación del SIN en la lucha contra
la delincuencia
común y pidiera para ello facultades legislativas, una
sucesión de hechos sangrientos en Lima, acompañados
de provocativas declaraciones del Presidente, no hicieron sino
multiplicar las suspicacias y sospechas sobre las verdaderas
intenciones del Ejecutivo. Varios de los crímenes, como el
asesinato a mansalva de cambistas, parecían una trama de
hechos montados finamente en una operación dirigida con la
finalidad de conmocionar y atemorizar a la opinión
pública 116.

El episodio culminó, una vez más, con la
publicación de una serie de decretos legislativos por
parte del Ejecutivo que, amparado en la facultad de legislar en
materia de
«seguridad nacional», concluyó legalizando la
participación del SIN en el combate a la delincuencia
organizada, un ámbito de acción
claramente policial. El DL 904, publicado en junio, creó
la Dirección Nacional de Inteligencia para la
Protección y Tranquilidad Social como órgano de
línea de la estructura del
SIN.

Además de volver a caer en la sobre
penalización, utilizando el concepto de
«terrorismo agravado» el resto de decretos
permitieron ampliar los márgenes de discrecionalidad de la
policía con la finalidad de simplificar el trabajo de
captura e investigación 117. Hoy no existe evidencia
de que el fenómeno haya sido controlado con estas medidas.
Al parecer, el impacto público importaba más que el
resultado real de las mismas.

Por otro lado, durante la campaña electoral y el
mismo día de elecciones municipales (13 de octubre de
1998), siguieron produciéndose una serie de
irregularidades, entre ellas la utilización del aparato
militar desplegado pretextando la contrasubversión. El
aparato estatal —apoyado todavía en gran medida en
los militares en las zonas de emergencia— se había
consolidado claramente como el principal medio de presencia
electoral del gobierno a lo largo del territorio nacional. Esta
vez, sin embargo, el trabajo de varios organismos de observación electoral lograría
confirmar y documentar pruebas de
irregularidades graves en algunas zonas del
país.

Dado lo que nos compete, es importante señalar
por ejemplo que gracias a un informe de
observación elaborado por la Defensoría del Pueblo
118, se declararon nulas las elecciones municipales en el
distrito de Vinchos, Ayacucho 119.

Entre otras cosas, se comprobó con filmaciones
que: El proceso se
inició a las 9:00 a.m. bajo la conducción de un
Oficial del ejército Peruano que impidió que los
personeros ingresaran a las mesas de sufragio hasta
dos horas después. Previamente el oficial tomó los
datos a todos
los personeros, quienes quedaron sorprendidos y atemorizados.
[…] Durante el acto electoral no se observaron cámaras
secretas […] en la mayoría de las aulas se
encontró soldados comiendo y charlando con los miembros de
mesas. […] Durante el proceso se observó la
participación en las funciones de
coordinador de la Oficina de
Procesos
Electorales de algunos miembros del Ejercito Peruano destacados
para ese día. […] Por otro lado, el movimiento Vamos
Vecino, distribuía entre la población que
concurría al sufragio un carné de identidad con
su símbolo.

Que les daba derecho al transporte,
alimentación y bebidas, y en caso necesario
alojamiento en Vinchos 120.

Este proceso cuestionado quedó, sin embargo, muy
disminuido frente a la cantidad de irregularidades cometidas
durante la campaña electoral para las elecciones
presidenciales del 2000. Entre otras cosas, en ésta,
abusando del control de los medios, Fujimori y otros
representantes del gobierno implementaron grandes y costosas
campañas de desprestigio contra los candidatos
opositores.

Para ello, se recurrió nuevamente a la
manipulación de la amenaza del «terrorismo»,
llegándose por ejemplo a explotar, con tal finalidad, la
noche de la primera vuelta utilizando la imagen de Alejandro
Toledo con una vincha, durante una manifestación
espontánea frente al Hotel Sheraton. Pero sería antes, en
1999, cuando observamos cómo una de las últimas
operaciones contrasubversivas se convertiría, en sí
misma, en parte de una operación psicosocial destinada a
levantar nuevamente la imagen del Presidente-candidato como gran
pacificador del país.

—————————————-

113 A partir de esto, la popularidad de Fujimori
llegó a sus niveles más bajos. Según una
encuesta de
IMASEN, publicada el 19 de julio, sólo el 19% aprobaba la
gestión de Fujimori, mientras que un 74.8% la
desaprobaba.

114 Sobre este tema ver: Fernando Rospigliosi.
Montesinos y las Fuerzas Armadas. Lima: IEP, 2000.;
Revista
CARETAS «Un chueco fin de año» Nº
1497, «El amiste, la cumbre» Nº 1513.

115 A consecuencia de ello, en marzo de 1998 el
directorio del Banco Mundial
decide diferir la entrada en vigencia de préstamos por
22.5 millones de dólares que había otorgado al
Perú, hasta que exista un Consejo Nacional de la
Magistratura en plenas funciones, que demuestre tener la
capacidad suficiente para ejecutar parte del proyecto de
reforma del Poder
Judicial

116 Ver, por ejemplo, Caretas 1515, 7 de mayo de 1998 y
Caretas 1517, 21 de mayo de 1998. 117 Para mayores detalles ver
capítulo sobre FF.AA. También, Idéele.
Revista del Instituto de Defensa Legal
N° 107, mayo 1998
y N°109, julio 1998.

118 La denuncia a dicho órgano fue presentada por
los candidatos Walter Alejos (hoy congresista de Perú
Posible), José Urquizo (hoy vicepresidente del gobierno
regional por el APRA), Alberto Morote (Comisionado de la CVR),
Vilma Valenzuela y Enrique Moya, junto a la ONG Servicios
Educativos Rurales (SER). 119 Resolución N°
1163-98-JNE del 27 de noviembre de 1998.

 

4.11.37 LOS ÚLTIMOS HECHOS: LA
SEPARACIÓN DE DISCURSO Y
REALIDAD

Uno de los ejemplos más claros de
manipulación de información por parte del gobierno en el
ámbito de la lucha contrasubversiva fue la captura de
Óscar Ramírez
Durand, «Feliciano», fundador del PCP-SL, miembro de
su Comité Central y líder
de la facción «Sendero Rojo» desde que
Guzmán firmara el acuerdo de paz en 1993.

Si bien Fujimori y su entorno habían asegurado en
reiteradas oportunidades entre 1993 y 1998 que el terrorismo en
el Perú había sido derrotado, para mediados de 1999
se empezó a difundir información sobre las acciones de
las huestes de Feliciano en la zona oriental de la sierra
central, otorgándole mayor importancia y grado de
peligrosidad de la que realmente tenía Sendero en general
para la época.

El contexto en el cual se desenvuelven estos hechos nos
hace comprender la importancia que tuvo la captura del disminuido
Feliciano. En el ámbito interno, fue demasiado evidente la
intención propagandística de la realización
de la misma, con miras a las elecciones presidenciales del
año 2000.

La prueba más clara de esto es el incomprensible
protagonismo del mismo Alberto Fujimori en Junín, usando
ropas tradicionales de la zona, «dirigiendo» el cerco
de las tropas del Ejército, actos que se prestaban
más para la foto de la prensa que para el real
desenvolvimiento de las acciones. Ante la necesidad de una
captura grandiosa para mejorar la imagen del gobierno
«pacificador», se armó todo un
«show», como fue calificado en varios medios de
comunicación independientes.

En el ámbito internacional, el gobierno
fujimorista pasaba uno de los momentos más tensos de su
segundo periodo. En febrero de 1999 el informe del Departamento
de Estado de
EE.UU. sobre derechos humanos
en el Perú fue muy crítico. Sorprendentemente, el
gobierno invirtió más dinero en
Cancillería para que abogados y lobbys en EEUU defiendan
al Estado peruano en temas de derechos humanos.

Esto se debió principalmente al éxito
que habían logrado diferentes organizaciones de
derechos humanos y miembros de la oposición al recurrir a
instancias internacionales para la solución de casos que
el gobierno no estaba dispuesto a investigar y, menos aún,
sancionar —entre ellos, el caso del la destitución
de tres magistrados del Tribunal Constitucional y el del retiro
de la nacionalidad
peruana del empresario
Ivcher—.

El 31 de marzo la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos admitió nuevos casos que
comprometían al Estado peruano, como el de la matanza de
Barrios Altos. Asimismo, anuló la sentencia a los
emerretistas chilenos. Paulatinamente, el mismo Fujimori,
miembros del gobierno y medios de prensa de dudosa veracidad
empezaron a atacar a la CIDH con argumentos de alto impacto en
los sentidos
comunes de la opinión pública.

En ese escenario, la captura de Feliciano fue un
engranaje perfecto para demostrar que en Perú la estrategia
contrasubversiva era exitosa y que no violaba los derechos
humanos, como lo aseguró Fujimori: «Que ahora los
organismos de derechos humanos no vayan a decir que ["Feliciano"]
tiene heridas o rasguños. Y la Corte Interamericana no nos
va a enseñar cómo manejar nuestros asuntos de
derecho interno.»

Si bien Fujimori gozaba aún de un considerable
nivel de popularidad debido a la amplia base social de respaldo
con la que aún contaba, el malestar frente al
régimen autoritario era ya grande en varios sectores de la
población. Aunque hay varias versiones de lo ocurrido
—tres a saber, una de la Policía, otra del
gobierno-FFAA y otra de testigos presenciales—, es posible
reconstruir los hechos basándose en trabajos
periodísticos de investigación y testimonios
posteriores.

Óscar Ramírez Durand dirigió
acciones subversivas desde 1993 teniendo bajo su mando a un
reducido contingente senderista. Principalmente se movilizaba
dentro de la zona de ceja de selva del departamento de
Junín. Recién en junio de 1999, un equipo de
policías de la ex PIP empezó el trabajo de
Inteligencia para dar con el paradero de Feliciano 123. Cuando se
tuvieron datos certeros de su ubicación, el SIN
envió al general de Brigada EP Eduardo Fournier Coronado
para consumar los hechos, con lo que en la prensa local se
llamó la «Operación
Cerco»124

Luego de algunos días de persecuciones en la zona
de ceja de selva y de administración de información a la
prensa local y extranjera en Jauja, Fujimori anunció el 13
de julio que Feliciano ya estaba a punto de ser capturado. Sin
embargo, Ramírez Durand logró romper el cerco y
escapó de sus perseguidores 125. El 14 de julio,
Feliciano, acompañado de dos mujeres, fue capturado en el
poblado de Cochas, a 4 kilómetros de
Huánuco.

Las circunstancias en que se dio efectivamente su
captura se convirtieron en la parte más polémica de
la disputa pública. El gobierno perdió control
sobre la maniobra desplegada para mostrar cuáles eran sus
reales intenciones y métodos.
Feliciano fue capturado en un ómnibus interprovincial que
era manejado por un suboficial de la policía en servicio
civil, llamado Juan Alfonso Salazar, el cual alertó a un
grupo de
policías y militares de la presencia extraña de sus
únicos ocupantes. Fue llevado inmediatamente al puesto
policial de El Tambo, donde minutos después llegó
el General EP Carlos Indacochea, jefe del operativo, para llevar
a Ramírez Durand frente a Fujimori.126

Las incoherencias del discurso oficial fueron diversas y
para todos los gustos. Nos remitiremos sólo a las que
rodearon a la captura. El mismo 14 de julio Fujimori
declaró que Feliciano fue capturado por una patrulla del
Ejército Peruano mientras el subversivo escapaba
caminando, disfrazado de campesino.

Dicha información fue publicada en el
periódico oficial del Estado, El Peruano.127 Fujimori
no contaba con que el diario Correo de Huancayo ya había
realizado una entrevista a
Juan Salazar, que fue publicada el día siguiente, con la
versión real. Debido al descubrimiento del engaño,
el día 16 Fujimori se rectificó y relató en
conferencia de
prensa acompañado del ministro de Defensa General EP
Carlos Bergamino, del presidente del Comando Conjunto General EP
César Saucedo, del director general de la PNP Fernando
Dianderas y de Vladimiro Montesinos, que Feliciano fue capturado
en un ómnibus interprovincial, pero por personal del
Ejército en un control de la carretera 128.

El gobierno demostró así que bajo ninguna
circunstancia dejaría pasar la oportunidad de que los
laureles de la captura caigan en el Ejército y en los
servicios de Inteligencia. La capitalización
política no sería posible si Feliciano hubiera sido
capturado por casualidad, luego de haber roto el cerco, como
realmente sucedió. La mayoría de los medios de
comunicación, alineados detrás del gobierno,
simplemente repitieron la versión oficial tergiversando la
historia.

Fue sin duda la utilización más clara de
la estrategia contrasubversiva para los fines políticos
del segundo gobierno fujimorista, pues no sólo se
infló la presencia de la subversión en la zona para
que la captura cobrara la mayor importancia posible, sino que se
cambiaron deliberada y sucesivamente los hechos. La
sanción por el operativo psicosocial dañado no se
hizo esperar. El suboficial Salazar desapareció al
día siguiente de la captura. Al aparecer, cambió la
versión que dio al diario Correo en un parte de su
puño y letra 129

Son obvias las razones o presiones por las cuales lo
hizo. Finalmente, el día de su presentación a la
prensa, Óscar Ramírez Durand no tuvo posibilidad de
responder los cuestionamientos de la prensa, pues se encontraba
en un ambiente
aislado y ensordecido por huaynos y yaravíes. Según
Caretas: «El oficial de la DINCOTE que
recapituló la historia ató cabos y presentó
la versión oficial de la caída de Ramírez
Durand, la misma que sostuviera al final el propio jefe de
Estado, por un lado, y la conductora de televisión, Laura
Bozzo, por el otro. ‘Feliciano cayó gracias a un
trabajo paciente del Servicio de Inteligencia y a la
cooperación combinada de las Fuerzas Armadas y Policiales,
cuyo trabajo fue supervisado personalmente por el presidente
Fujimori’.»130 131 Este es tal vez el mejor ejemplo
de cómo la ‘nueva’ estrategia de manejo de
medios de comunicación y de la información que
desarrolló el gobierno fujimorista a fines de los noventa
también tiñó a las operaciones
contrasubversivas.

Éstas dejaron de ser un medio para capturar
líderes subversivos y terminar finalmente con las acciones
del PCP-SL y del MRTA, para convertirse en un medio de propaganda
para el gobierno, en el mejor de los casos, y en una cortina de
humo, en el peor, tapando los excesos y los delitos que se
denunciaban cada vez con más frecuencia. La captura de
Feliciano nos muestra la
realidad de la lucha contrasubversiva a fines de los noventa,
llena de carencias y distorsiones al estar siendo manipulada
políticamente. Al respecto, en la edición
de Caretas del 10 de abril del 2003 se publicó una
entrevista realizada a Óscar Ramírez Durand, preso
en el penal de máxima seguridad de la Base Naval del
Callao.

Ante la pregunta « ¿Cómo fue su
captura en realidad?», Feliciano responde
«Sería largo de explicar. Basta con decir que a
mí me capturó la Policía y por
casualidad.»132. Si bien el senderista no entra en
detalles, es claro que testimonios de diversos orígenes
coinciden y se reafirman en señalar que el gobierno
usó una estrategia sucia de la información.
Tenía planeado hacer lo mismo meses después, pero
la suerte le falló todavía más. En octubre
de 1999 la facción Proseguir de SL, refugiada en el valle
del Ene, Satipo (Junín), dio un duro golpe al gobierno al
traicionarlo durante el proceso de negociaciones para su
rendición que sostenía luego de la caída de
Feliciano. El 2 de octubre de 1999, acudió a la zona una
comitiva con altos oficiales, liderada por el general EP Fournier
en representación del SIN, que fue engañada y
emboscada. A consecuencia de esto, murieron por lo menos 5
militares 133 y fue 129 derribado un helicóptero MI-17 de
fabricación rusa 134.

« ¿Y dónde está el
chofer?». Caretas Nº 1577 (22 de julio de 1999) 130
«Luces, cámaras, acción». Caretas
Nº 1577 (22 de julio de 1999) 131 El General EP (r) Eduardo
Fournier publicó el 2002 el libro titulado
Feliciano. Captura de un senderista rojo. Allí
expone su versión, o como prefiere llamarlo él
«la verdadera historia».

Es el único libro publicado por un militar sobre
una captura entre 1980 y 2000. Las afirmaciones del libro van
más allá aún de la versión oficial y
no tienen más fuentes que su
testimonio. 132 «Entrevista exclusiva con
"Feliciano"». Caretas Nº 1767 (10 de abril de 2003)
133 El 4 de octubre el mismo Presidente informó que el
incidente había provocado la muerte de 9
militares. Días después desmintió lo dicho
confirmando sólo la muerte de
cuatro oficiales y un suboficial. El CCFFAA no emitió
ningún comunicado aclarando los hechos. Poco
después, un reportaje de la unidad de investigación
de La República daría más detalles de los
hechos. Producido el inesperado y trágico evento, el
gobierno dio información confusa e incompleta en torno a los
hechos.

Una vez más, fue desmentido por reportajes de
periodismo de
investigación que dieron a conocer sus planes.
Según versiones recogidas en la zona, la visita de la
comitiva era parte de esperado montaje publicitario, planificado
con antelación (La República, 14.10.99). Fracasada
la operación, Fujimori trató de negar, a toda
costa, que su gobierno hubiese estado sosteniendo negociaciones
con la facción subversiva. Pronto, se encargó de
tapar el hecho publicitando la movilización de cientos de
militares por la zona.

En realidad, desde hacía años, confiado en
el repliegue de los rezagos del PCP-SL a algunas zonas
focalizadas, el gobierno había descuidado la iniciativa
contrasubversiva. Mientras tanto, Fujimori seguía
afirmando públicamente la imagen que vimos por muchos
años de un Presidente que se enorgullecía y
vanagloriaba de su «mano dura» con el terrorismo.
Debido a la inacción, una de las herencias que su gobierno
dejó fue una situación penitenciaria descontrolada,
gracias a la cual los reclusos del PCP-SL habían logrado
nuevamente el control de las cárceles como sus
«luminosas trincheras de combate».

El estricto régimen carcelario de los mismos en
los penales de máxima seguridad, incluyendo a la Base
Naval del Callao, no era tal para 1999. No hay régimen tan
rígido que pueda durar, más aún cuando se
trataba de una población penal aun más ideologizada
y muy organizada. Poco a poco emergieron motines penitenciarios y
disturbios que obligaron al gobierno a traslados masivos de
internos de un lugar a otro, lo que llevó a alejar a la
mayoría de la población de su lugar de origen.
Sucedieron los «traqueteos» (golpes contra las
paredes y rejas) permanentes que progresivamente hicieron
colapsar la infraestructura de aquellos penales que fueron mal
construidos.

Ese fue el caso de Yanamayo. En febrero del 2000 los
internos allí recluidos iniciaron un motín de
proporciones que provocó el colapso de todas las estructuras
internas del penal.

Algo similar había ocurrido ya en 1999 en Castro
Castro. En el primero, luego de unos cuantos días de
motín, los reclusos ganaron el control
interno del penal e impidieron el paso de persona alguna
que no contara con su autorización. En Castro Castro, los
internos ganaron los pasadizos y los patios, dejando a la
atemorizada policía únicamente con la custodia de
la denominada «tierra de
nadie». Similar situación ocurrió en otros
penales, como en Picsi (Chiclayo), Socabaya (Arequipa) y
Potracancha (Huanuco).

En marzo del 2000, la propia Policía informaba
que la situación penitenciaria era crítica
y que había que tomar medidas. Las opciones: aplicar la
fuerza para
encerrar a los internos o variar el régimen penitenciario
para hacerlo viable. Fujimori decidió no hacer nada.
Señalando el ocultamiento de la muerte de otros efectivos
de una patrulla que estuvo previamente en la zona, esperando la
llegada del helicóptero. (La República,
14.10.99) 134 Los senderistas se quedaron además con la
ametralladora del mismo, arma que utilizaron este año para
emboscar y asesinar a los 5 militares (mayor Carlos
Castañeda Chávez, oficial de mar Edgar Atauche
Pacheco y los suboficiales de segunda José Hinostroza
Provis, Julio García Caraza y Hugo Larico Pampa) y 2
ronderos (Uldarico Salazar y Dimisión Arancibia Quispe)
que cumplían funciones en las operaciones militares
desplegadas en la ceja de selva de Ayacucho para seguir a la
columna responsable del secuestro de
Techín. Cuando colapsa el régimen de Fujimori y
asume funciones el Gobierno de Transición
Democrática, encuentra un régimen legal
penitenciario inaplicable en todos sus extremos en los penales,
salvo el caso del penal de mujeres de Chorrillos. La diferencia
entre la ley y la realidad
era tan escandalosa que quedó al descubierto el doble
discurso de Fujimori y las autoridades penitenciarias respecto a
la supuesta aplicación de normas
rígidas a estos internos.

El régimen penitenciario drástico
establecido provocó, en el mediano plazo, la retoma de los
penales por parte de Sendero Luminoso y el MRTA y el colapso del
principio de autoridad. Los
últimos meses del gobierno estuvieron dedicados,
más bien, a proseguir con los intereses primordiales de la
cúpula que lo regía, desplegando para ello
operaciones especiales de inteligencia, operaciones psicosociales
y manipulando información. Sólo exponemos dos
ejemplos significativos.

Por un lado, con la finalidad de legitimar su irregular
re reelección, Fujimori no dudó en montar desde el
SIN un gran operativo destinado a hacer fracasar la Marcha 4
suyos y estigmatizar a sus organizadores como terroristas 135,
aunque ello supusiera sacrificar la vida de personas. Por otro
lado, la desfachatez de Montesinos, confiado en la ausencia total
de control de sus negocios,
llegó al punto de involucrarse en una red internacional que
traficaba armas hacia las
Fuerzas Revolucionarias de Colombia
(FARC) 136. Una
muestra más de las contradicciones endógenas del
régimen. Un gobierno que se preciaba de ser duro e
infranqueable frente a la subversión terminaba apoyando al
grupo subversivo de un país hermano, acusado precisamente
en ese momento de realizar actos terroristas y de estar vinculado
con el narcotráfico.

Varios de estos hechos, no vinculados directamente con
nuestro mandato, vienen siendo investigados por autoridades
competentes y sus autores procesados. Está bajo su
responsabilidad seguir los procesos
correspondientes y dar a conocer al país el resultado de
los mismos. 135 El 29 de julio, en un discurso dado durante el
almuerzo que ofreció a los altos mandos militares de las
Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y del Servicio de
Inteligencia Nacional (SIN), en Palacio de Gobierno, el
presidente Alberto Fujimori acusó a la oposición de
querer incendiar el Congreso de la República para impedir
su juramentación, y de sembrar caos y destrucción
en el centro de Lima.

Criticó con dureza a un sector de la
oposición, a la que llamó
«recalcitrante» y comparó sus planes con los
del Movimiento Revolucionario Túpac Amarú (MRTA).
«Con el objeto de impedir a cualquier costo la
instalación del nuevo gobierno, un sector recalcitrante de
esa oposición tenía entre sus planes uno comparable
al del MRTA, una acción totalmente delirante: incendiar el
edificio del Congreso de la República para que el
presidente electo no pudiera juramentar», dijo el
mandatario. En tono enfático afirmó que la
oposición «ha fracasado» en su objetivo de
impedir por la fuerza la inauguración de su nueva
gestión.

Fujimori enfatizó que el Perú «no
merece volver a ser castigado con episodios de salvajismo que
enlutan hogares peruanos y destruyen la propiedad
pública y privada». «Como si los peruanos no
tuviéramos memoria, estos
agitadores se han paseado por las calles de la capital con
banderas rojas, comunistas, con la hoz y el martillo, con
cartelones donde figuraba la efigie del Che
Guevara», dijo el mandatario. Fujimori rechazó
las insinuaciones que responsabilizan de las muertes al gobierno
y a las Fuerzas Armadas y aseveró que ese es «el
saldo sangriento de una irresponsable y criminal agitación
que ha provenido de quienes vienen reclamando, aquí y en
el extranjero, diálogo
democrático». Fujimori afirmó que fueron
«agitadores profesionales» los que provocaron las
muertes y añadió que estos fueron convocados
«irresponsablemente por los organizadores de las
movilizaciones».* 136 Para tapar el próximo
escándalo ya advertido por las autoridades de EE.UU.,
Fujimori apareció en una conferencia de prensa en agosto
del 2000, presentando en una farsa los detalles y resultados de
la supuesta operación «Siberia», presumiendo
de una capacidad extraordinaria para derrotar a los enemigos del
país mediante operaciones especiales de
inteligencia.

——————————————-

120 Defensoría del Pueblo, Transparencia,
Responsabilidad y Buen Gobierno. Segundo Informe del Defensor del
Pueblo al Congreso de la República 1998-1999,
Per
ú, Lima, 1999, pp. 295-297.

121 Los ataques a la CIDH no fueron gratuitos, el
gobierno había decidido ya separarse del ámbito de
la Corte el 5 de julio. Para ello, tomó como pretexto la
anulación de la sentencia de los emerretistas chilenos,
aduciendo que ello significaría su liberación.
El chongo de Feliciano. Caretas nº 1576. (15 de julio
de 1999)

122. Esto ocurrió días antes de la
‘Operación Cerco’. Este nuevo
«logro» distrajo la atención de la opinión
pública y atenuaría el impacto de la
decisión del retiro. Sin embargo, la manipulación
de los medios de prensa y de la información sobre la
captura de Feliciano no bastó para que no se llegara a
saber lo que realmente sucedió el 14 de julio y los
días anteriores. Lo que la Corte solicitó, en
realidad, fue un nuevo proceso. Es de resaltar que fue el propio
gobierno el que accedió a realizar un nuevo proceso contra
la estadounidense Lori Berenson a fin de reducir tensiones con el
gobierno de EE.UU. tras las elecciones generales del
2000.

123 SOL BLANCO. http://es.geocities.com/solblanco2000/cap_feliciano.htm
(6 de agosto de 2003)

124 Los números 1576 y 1577 de la revista
Caretas ahondan más sobre la operación
cerc
o.

125 «El chongo de Feliciano». Caretas
nº 1576. (15 de julio de 1999)

126 Este recuento de los hechos se basó en los
números 1576 y 1577 de la revista Caretas, en
Resumen Semanal nº 1027 y en [PERU21] 127 DESCO. Resumen
Semana
l, nº 1027. p. 2 128 Ibid. p. 6

 

4.11.38 APÉNDICE: EL
DESTACAMENTO COLINA, LAS RESPONSABILIDADES DE LA CUPULA DEL
GOBIERNO

Se incluye a continuación el caso del
destacamento Colina por su carácter significativo en lo que se refiere
a las responsabilidades de la cúpula del gobierno de
Alberto Fujimori. Según el análisis y los testimonios recogidos por la
CVR, el llamado Grupo Colina no actuó al margen de la
institución militar, sino que fue un destacamento
orgánico y funcional ubicado durante este gobierno en la
estructura del Ejército en la medida que utilizaba los
recursos
humanos y logísticos de la Dirección de
Inteligencia del Ejército (DINTE), del Servicio de
Inteligencia del Ejército (SIE) y del Servicio de
Inteligencia Nacional (SIN). Por lo tanto, para su constitución y funcionamiento debía
de contar con una partida secreta que cubriera los requerimientos
de un contingente militar dedicado en exclusividad a una
actividad ilícita que implicó graves violaciones a
los derechos humanos.(Caso: Cantuta, Barrios Altos entre
otros)

 

4.11.39 ANTECEDENTES: LA ESTRATEGIA
CONTRASUBVERSIVA

El concepto de guerra interna
fue introducido en la segunda mitad del siglo XX a partir de la
experiencia francesa en Argelia (1955-1957). La
utilización posterior de la Doctrina de la Seguridad
Nacional (1965) en los países ubicados en área de
influencia de Estados Unidos,
se origina en el marco de la Guerra
Fría, la cual supone la intervención de la
Fuerzas Armadas en la vida política, asumiendo el papel de
garantes del orden constitucional y convirtiéndose en
árbitros que toman decisiones sobre todo en aspectos de
política interna y en la represión de movimientos
populares. La doctrina de la Seguridad Nacional privilegia el
concepto de guerra interna, diferente de guerra civil, que
estaría asentado sobre la ideología marxista leninista del enemigo
subversivo.

En la identificación del perfil del enemigo
interno son incluidos subjetivamente no sólo los
militantes de izquierda sino también cualquier movimiento
con algún componente reivindicativo: universitario,
investigador social, periodista. De acuerdo a esta doctrina, el
grave peligro que significa la subversión para el Estado
justifica cualquier método
represivo: actuación de paramilitares o parapoliciales,
secuestros, torturas, asesinatos, desaparición de
personas, etc. Es decir, violación sistemática de
derechos humanos y terrorismo de Estado.

Desde fines de los años 60 los países de
América
del Sur implementaron esta doctrina que pasó a ser
orientadora de la política interior de cada país.
En ese contexto se firman diversos convenios para potenciar la
lucha contrasubversiva y especialmente la eficacia de los
órganos de inteligencia a través de su entrenamiento
especial, su educación, las
estrategias
psicológicas por medio de la acción cívica.
Como parte de esta doctrina, los planes y materiales de
estudios de los oficiales se nutren del concepto de enemigo
interno.

En nuestro país, las fuerzas armadas elaboraron
guías de procedimientos
como el Manual de Guerra
No Convencional Contrasubversiva 137 que divide el territorio
nacional en zonas de acción todas ellas al mando de un
comando militar de operaciones contrasubversivas: «zona
roja», donde el enemigo subversivo controla a la
población desarrollando guerra de guerrillas; «zona
rosada», donde se realizan algunas acciones de guerrillas y
presenta cierta organización de la población, y
«zona blanca», que presenta cierto riesgo pero
todavía no está afectada por la subversión.
La actuación militar según estas diferencias en la
influencia de los grupos
subversivos varía:

[…] la intervención en la zona roja, habla
de objetivos
inmediatos que son destruir a las unidades armadas,
instalación de las fuerzas para el control y la seguridad
de la población y destruir a la
Organización Política Administrativa (OPA)
138.

Esta destrucción de la organización
política administrativa significaría la
eliminación física de la
cúpula subversiva considerada como gente
«perdida» o irrecuperable para el sistema. El
Manual establece la eliminación de mandos y líderes
subversivos incluyendo a los ideólogos. Eliminar es matar.
Si usted lo encuentra lo mata… Aun cuando esté
desarmado. Pero nadie sabe que lo está»
139.

Una de las tácticas contrasubversivas es la
ejecución de acciones empleando una fuerza de
intervención rápida, luego del trabajo de
inteligencia en la localización del enemigo, sea
éste guerrilla, base de apoyo, líderes,
ideólogos, etc. La intervención rápida se
orienta a la destrucción del sistema medular subversivo
mediante la eliminación de sus dirigentes. Uno de los
objetivos tácticos contrasubversivos es, sin atenuantes,
eliminar mandos y líderes incluyendo ideólogos. En
palabras de un general retirado:

Por eso puede implicar cuando dice eliminación,
muerte. Cuando dice cumplir la misión,
muerte. En términos militares es así… nunca sale
(la orden): «Usted va a matar a fulano de tal, Usted me los
elimina, Usted los captura». Entre eliminación y
captura hay diferencia, hay que agarrarlos, pero en otro momento;
de acuerdo al momento y… a la situación, el
término puede valer igual 140

Cuando el escenario de la guerra se trasladó a
las ciudades, se pensó que esta misma estrategia con las
variaciones necesarias podía seguir utilizándose.
Al parecer esta concepción fue la base de la
conformación de diversos grupos o destacamentos de
operaciones especiales dentro del esquema de las fuerzas de
intervención rápida y de eliminación del
enemigo interno, lo que degeneró en violaciones de
derechos humanos.

137 Manual del Ejército Nº 41-7. Ministerio
de Defensa. Lima, junio 1989. Aprobado por Resolución
Ministerial firmada por el General EP Julio Velásquez
Giacarini. Se ha aludido ya a este Manual, largamente, en el
capítulo sobre las fuerzas armadas. 138 Luis Pérez
Documet, entrevista ante los miembros de la CVR el 14 de marzo
del 2003. 139 Pérez Documet, Luis. Entrevista… 140
Pérez Documet.

————————————–

  1. DESCO, Resumen Semanal N° 1081, 26 julio –
    1° agosto del 2000.

 

4.11.40 GRUPO O DESTACAMENTO EN AREAS
DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA

La existencia y funcionamiento de los destacamentos o
grupos de operaciones especiales se encuentran claramente
normados 141, así como también los métodos y
procedimientos que se

Utilizan en las áreas de inteligencia y
contrainteligencia, sea estratégica u operativa. En el
caso específico de Colina, se definiría como una
red de
inteligencia de control directo que emplea personal, instrumentos
y otros recursos para
objetivos determinados, estructurada para facilitar el control de
las operaciones, con el compartimentaje y seguridad necesarios,
con un conjunto de agentes organizados en equipos móviles.
Pero en esencia como lo señalara el General EP Rodolfo
Robles: Aquí, el verdadero problema es la existencia de un
«Escuadrón de la Muerte» y que, para ocultar
esta realidad, se está utilizando y manipulando al
Ejército bajo el pretexto de la lucha contrasubversiva
142.

En la documentación encontrada por el Juzgado
Penal Especial no se habla de un grupo sino de un destacamento
ubicado en la estructura del Ejército en la medida que
utilizaba los recursos humanos y logísticos de la
Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), del
Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y del Servicio
de Inteligencia Nacional (SIN). Colina se conformó como un
grupo excepcional: se trataba de un destacamento de operaciones
especiales del SIE, y por lo tanto para su constitución y
funcionamiento debía contar con una partida secreta que
cubriera los requerimientos de un contingente militar dedicado en
exclusividad al trabajo del grupo. El jefe del SIE durante 1992,
el Coronel EP Alberto Pinto Cárdenas, cuando habló
con Agenciaperú.com, al aclarar su participación
sostuvo: Todos los destacamentos son oficiales porque
están dentro de estructura y reglamento de nuestro
Ejército, como el Destacamento Colina. El nombre
Destacamento Colina, así como el Destacamento Leoncio
Prado. Aquel que diga que no lo conocía es falso porque
todo el mundo lo conocía. Acá están los
documentos
143.

Colina, por lo tanto, no fue un grupo clandestino sino
un destacamento que administrativa y funcionalmente
dependía del Servicio de Inteligencia del Ejército
(SIE) y de la Dirección de Inteligencia del
Ejército (DINTE), pero por la preponderancia que
adquirió el SIN terminó como brazo ejecutor de
Montesinos o de Hermoza Ríos. Lo secreto o clandestino era
la verdadera naturaleza de
sus actividades.

 

4.11.41 ANTECEDENTES LEGALES:
MODIFICACIONES NORMATIVAS

Desde el 5 de abril de 1992 se realizó una serie
de modificaciones normativas vinculadas a la estructura y
función
de los cuerpos de inteligencia, fundamentalmente del Servicio de
Inteligencia Nacional (SIN), que luego facilitaron en gran medida
la actuación de estas instituciones
al margen de la ley. Así, el decreto ley 25635, Ley del
Sistema de Inteligencia Nacional, intensificó la
utilización de la figura del secreto respecto de los
aspectos administrativos y presupuestales del SIN.

La citada norma estableció que el nombramiento de
los jefes de inteligencia de las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional debía contar con la aprobación del jefe
del SIN. Con ello se garantizaba su injerencia en el control de
los puestos claves de los distintos sectores de inteligencia.
Dentro de este esquema los cargos claves en el SIN fueron
desempeñados por el General de División EP Julio
Rolando Salazar Monroe, Jefe formal, el Coronel EP Enrique
Oswaldo Oliveros Pérez, Jefe de la Dirección
Nacional de Informaciones y el Mayor EP Roberto Huamán
Azcurra; Jefe de la Dirección de Informaciones
Electrónicas.

En el Ejército, se desempeñaron: el
General de Brigada EP Juan Nolberto Rivero Lazo como jefe de la
Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) del
1 de enero al 13 de noviembre 92, el Coronel EP Víctor
Raúl Silva Mendoza como Jefe del Servicio de Inteligencia
del Ejército (SIE) durante el año 1991 y
Subdirector Ejecutivo de la DINTE en el año 1992, el
Coronel EP Alberto Segundo Pinto Cárdenas como Jefe del
SIE en 1992 y el Teniente Coronel EP Luis Alberto Cubas Portal
como Jefe del Departamento Administrativo- SIE 5 de quien
dependía el área de logística.

A su vez, la mencionada norma otorgó rango de
Ministro al jefe del SIN, con dependencia directa del Presidente
de la República. Con ello la actuación de este
organismo quedó fuera del control político, pues su
Jefe estrictamente no era ministro de Estado. Asimismo, este
decreto tampoco estableció los mecanismos de control
político, funcional y presupuestal que toda
institución de inteligencia debe tener en el marco de un
Estado democrático.

—————————————–

141 Manual Militar de Operaciones Especiales.
Actualizado en abril de 1991 siendo Comandante General del
Ejército el General de Ejército Pedro Villanueva
Valdivia. 142 General EP (R) Robles Espinoza, Rodolfo. El
«Grupo Colina» y el Poder. Crimen e impunidad.
Asociación pro Derechos Humanos- APRODEH, Lima, 1996. (p.
64) 143

http://www.agenciaperu.com/investigacion/2002/junio/colina.htm.
16 de junio del 2002.

 

4.11.42 GRUPO ESCORPIO: SECUESTROS Y
EJECUCIONES POR DINERO

Por lo menos desde 1988, el mayor Santiago Martín
Rivas venía trabajando en el SIE 1 Departamento
Búsqueda de Información Sección
Subversión. En esta época estaba ensayando el
proyecto de formar un grupo de inteligencia operativa, que se
concretó al año siguiente cuando lideró un
grupo denominado «Escorpio».

Que operó fundamentalmente en el Alto Huallaga…
igual que el Colina, pero sin tanta publicidad porque
los muertos eran provincianos que vivían y morían
en la zona del narcotráfico 144.

Son varios los casos que se comentaban dentro de la
comunidad de
inteligencia, donde el capitán EP Martín Rivas
respondiendo a intereses personales y/o coludido con sus Comandos de
turno, a la sombra de la impunidad que le otorgaba su pertenencia
al sistema y la guerra contrasubversiva, participó y
dirigió una serie de hechos delictivos y crímenes
de lesa humanidad 145.

Entre los hechos que se le atribuyen al grupo Escorpio
figuran varios secuestros y ejecuciones a cambio de dinero y el
cobro de cupos relacionados con narcotraficantes y comerciantes
como:

1. Ejecuciones sumarias de narcotraficantes en el Alto
Huallaga (rivalidades entre firmas) 1989.

2. Secuestros de narcotraficantes en el Alto Huallaga en
1989.

3. Asesinato de periodista radial en Tingo María,
abril 1989.

4. Secuestro y asesinato del narcotraficante Carusso,
marzo-abril 1989.

5. Operaciones de aniquilamiento, robos y asaltos de
casas comerciales en Ayacucho entre 1984-85, mediados del 90
146.

Varios componentes de este grupo fueron reclutados
después por Martín Rivas para conformar el
destacamento Colina. Un testigo corrobora esta afirmación
sosteniendo que cuando se encontraba detenido en el Fuerte
Rímac (1990), conjuntamente con Suppo y Coral, ex
integrantes del grupo Escorpio, lo recomendaron ante
Martín Rivas, quien fue a buscarlo indicándole que
había visto su legajo personal y que lo iba a tener en
consideración. En aquella época Suppo y Coral
comentaban: Que habían hecho operaciones en la selva donde
habían tumbado gente, el declarante no formó parte
de ese grupo, pero sí Sosa, Coral, Sauñi, Caballero
Bayón, Ramos Álvarez, Julio, alias
Giovanni.147

El conocimiento y
difusión a la opinión pública de algunas de
estas actividades por el periodismo de investigación,
durante los primeros meses de 1990, obligó a que
Martín Rivas fuera destacado a Colombia a seguir un curso
de técnicas de interrogatorio, en
mérito a una Resolución Suprema. El Coronel EP (r)
Rafael Córdova, Jefe del SIE en 1990, refiere entre otras
cosas: «Cuando yo era jefe del SIE, Martín Rivas
estaba ahí. Se va a Colombia a seguir un curso de
interrogatorio con Lanceros. Cuando salgo, él
regresa» 148.

Cuando retornó al país fue asignado al SIE
2 (Departamento de Contrainteligencia): «El comando del
servicio me asignó con un grupo de oficiales para realizar
una labor de coordinación en el Servicio de Inteligencia
Nacional» 149.

4.11.43 EL «GRUPO DE
ANÁLISIS»

Dentro de la estrategia de lucha contrasubversiva y para
afianzar el poder de Montesinos se planteó la necesidad de
la formación de un grupo operativo especial cuya
misión sería ubicar a los integrantes de la
cúpula de Sendero Luminoso y eliminarlos. A fines de enero
de 1991, el General PNP, Héctor Jhon Caro, Jefe de la
DINCOTE, y los jefes del GEIN fueron citados por la nueva
administración del SIN. Luego de escuchar e
informar sobre sus acciones y la lista de sus grandes necesidades
y pocos recursos, Salazar Monroe les ofreció apoyo. Este
se concretaría eventualmente en dos autos
Volkswagen, cámaras fotográficas y un modesto
aporte económico mensual 150. Como contraparte
implícita a esa ayuda, Salazar Monroe les pidió
permitir «que entre un grupo de analistas, para examinar la
información capturada»151.

Los nombres les fueron transmitidos en febrero del 1991:
los tenientes coroneles EP Fernando Rodríguez Zabalbeascoa
y Roberto Páucar Carbajal, los capitanes EP Santiago
Martín Rivas, Carlos Pichilingüe Guevara y Ronald
Robles Córdova, el teniente primero AP Antonio Ríos
Rodríguez y el técnico EP Marco Flores
Alván. Rodríguez. Martín Rivas,
Pichilingüe y Flores Alván provenían del SIE y
habían sido designados intencionalmente.

Las relaciones entre policías y militares,
siempre tensas, entraron en crisis a los pocos meses, en junio de
1991. Benedicto Jiménez, quien había descubierto un
documento en el que el grupo solicitaba felicitaciones
presidenciales por sus actividades y reconocía avances en
la penetración del GEIN, sostuvo una ruidosa
conversación con el coronel Rodríguez Zabalbeascoa,
que concluyó cuando les pidió el abandono del
local. El grupo tuvo que hacerlo pero poco después
Miyashiro y Jiménez, junto con Jhon Caro, fueron
perentoriamente convocados al SIN donde fueron recibidos por
Salazar Monroe y un silencioso Montesinos. El primero
amonestó severamente a Jiménez por no cooperar con
el grupo del SIN, pero no insistió en que volvieran al
GEIN. En cambio pidió la devolución del equipo
prestado.

El ahora procesado Salazar Monroe ha precisado ante el
Juzgado Especial que el Grupo de Análisis terminó
sus funciones cuando, conforme con lo ordenado por su despacho,
el Teniente Coronel Rodríguez Zabalbeascoa realizó
la exposición de un manual contrasubversivo el
18 de noviembre del año 91.

Agrega que dicho documento le fue entregado completo
después de dicha fecha. Cuando el Juzgado le
preguntó si fue la elaboración del Manual lo que
ameritó la felicitación presidencial para el grupo
en ese año, Salazar Monroe respondió
afirmativamente agregando que inclusive se dio antes de su
conclusión y que entre los reconocidos se incluyó a
todos los que integraban el grupo además de otros
oficiales: el Mayor EP Huamán Azcurra y los Tenientes
Coroneles EP Pinto Cárdenas y Cubas Portal, porque de
acuerdo a la información del jefe de grupo ellos
habían prestado su colaboración de una u otra
forma.

En una diligencia de confrontación entre
Rodríguez Zabalbeascoa y Marco Flores Albán se
registró la siguiente versión proporcionada por el
primero de ellos:

Por orden del Director de Inteligencia, General Rivero
Lazo, tuvo a su cargo una exposición frente al alto mando
del Ejército y por decisión del declarante quien
tuvo a su cargo la exposición de la situación de
Sendero Luminoso en el país; que fue precisamente esa
intervención lo que motivó que fueran felicitados
por el Presidente de la República; que su equipo de
analistas estaba compuesto por cuatro miembros del SIE, el
declarante, Martín Rivas, Pichilingüe Guevara y su
confrontado Flores Albán, así mismo los dos
oficiales del SIN, Ronald Robles y Páucar Carvajal y
finalmente por el teniente Armada Peruana, Antonio
Ríos.152

——————————————-

144 Cecilia Valenzuela, Agenciaperu.com 27 de mayo del
2001. 145 Gustavo Gorriti, Colina y Montesinos,
investigación efectuada para la CVR, p. 11. 146 Gustavo
Gorriti, Colina y Montesinos, investigación efectuada para
la CVR, Pág. 11.

147 Declaración prestada ante el Ministerio
Público por un testigo que se acogió al beneficio
de colaboración eficaz.

148 Gorriti. Ibid

149 Declaración Instructiva de Santiago
Martín Rivas, 21 de noviembre del 2002, ante el 5º
Juzgado Penal Especial, Fojas 16229.

150 Entrevista con el coronel PNP Benedicto
Jiménez. Abril, 2003.

151 Gorriti. Ibid.

 

4.11.44 LAS FELICITACIONES Y ASCENSOS
A MARTIN RIVAS, PICHILINGUE Y OTROS

El 20 de junio de 1991, Julio Salazar Monroe
dirigió el oficio 028-SIN-01 a Fujimori,
solicitándole que hiciera «llegar su
reconocimiento» a un grupo de oficiales que venía
trabajando abnegadamente en tareas relacionadas con la lucha
contrasubversiva.

En la lista de diez personas figuraban los comandantes
Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, Roberto Páucar
Carvajal y Luis Cubas Portal, los capitanes Santiago
Martín Rivas, Carlos Pichilingüe Guevara y Ronald
Robles Córdova, el teniente primero AP Antonio Ríos
Rodríguez y el técnico EP Marco Flores
Albán. La revista Caretas, en su edición del 23 de
abril de 1993, publicó uno de los primeros documentos
acerca del denominado grupo Colina. Es el memorando que Fujimori
le dirigió al Ministro de Defensa, disponiendo que se
recompensara a un grupo de jefes y oficiales del ejército
peruano. En el memorando, que tiene fecha 25 de junio de 1991,
Fujimori pide una recompensa adecuada para dichos militares por
haber prestado: «eficientes servicios en materia de
Seguridad Nacional y defensa de altos valores de la
democracia,
trabajos que son de gran utilidad para el
Sistema de Inteligencia Nacional (SINA)»153

Un segundo documento fue publicado por la revista Oiga
cuyo registro en la
oficina de trámite documentario del Ministerio de Defensa
era el número 7244 (30 de julio de 1991), dirigido por el
Presidente de la República Alberto Fujimori al Ministro de
Defensa 154; también se refiere al reconocimiento por
trabajos especiales. Textualmente:

Con fecha 25 de junio de 1991 le dirigí un
Memorando en el que disponía que se consigne el
reconocimiento respectivo por trabajos especiales en materia de
Seguridad Nacional efectuados durante los años 1990 y lo
que va del presente año, a un grupo de señores
oficiales Superiores, Subalternos y Técnicos de las FF.AA
y cuya relación nominal se detallaba.

A manera de estímulo y en uso de las atribuciones
que me confiere la Constitución de la República, en
mi condición de Jefe Supremo de la las Fuerzas Armadas,
dispongo que de conformidad con el Reglamento del Decreto Ley
21148 (Ley de Asensos para Oficiales) artículo 45 Tabla de
Puntaje Nº 4.F.(2) «por trabajos individuales»
se considere dicho Reconocimiento por Trabajos especiales, para
el proceso de ascensos del presente año, a los
señores Oficiales que se indica; toda vez que dichos
miembros de las FFAA han participado en exitosas Operaciones
Especiales de Inteligencia, que han posibilitado significativos
avances en la lucha contrasubversiva.

A. Oficiales superiores Ejército
Peruano

Tnte. Coronel Cab. RODRÍGUEZ ZABALBEASCOA,
Fernando

Tnte. Coronel Ing. PAUCAR CARVAJAL, Alberto

Tnte. Coronel Ing. CUBAS PORTAL, Luis

Tnte. Coronel Art. PINTO CARDENAS, Alberto

May. Com. HUAMAN AZCURRA, Roberto.

B. Oficiales subalternos. Ejército
Peruano
.

Cap. Ing. MARTÍN RIVAS, Santiago

Cap. Ing. PICHILINGÜE GUEVARA, Carlos

Cap. DICYT ROBLES CÓRDOVA, Ronald

(Fdo.) Sello y firma del Presidente de la
República»

En el artículo titulado «Matanza
premiada» la revista Oiga
señalaba:

Cada día que pasa surgen nuevos elementos acerca
de las actividades del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) que
llevan al convencimiento de que efectivamente tiene en su seno un
cuerpo especializado en el secuestro y eliminación de
presuntos terroristas, que opera principalmente en las
universidades del país… Los medios de prensa
independientes han comenzado a recibir documentos oficiales
reservados que prueban que esos operativos son del conocimiento
de la cúpula del ejército y de su propio Jefe
Supremo, el Presidente de la República, ingeniero Alberto
Fujimori Fujimori 155.

La importancia del asunto la señala el mismo
documento al puntualizar en dos ocasiones que por razones de
seguridad no se realizará la publicación de la OGE
(OGE es Orden General del Ejército). A renglón
seguido la revista se preguntaba: « ¿Qué
hechos vinculados a las universidades ocurrieron hasta el 21 de
junio del 91 fecha en que Fujimori pidió premios para los
protagonistas del SIN?»

La revista se respondía que los archivos de las
organizaciones defensoras de los Derechos Humanos
contenían una escalofriante relación de casos
ocurridos tanto en Huancayo como en Lima donde siempre aparecen
como víctimas estudiantes universitarios.

En un Informe Especial sobre la Situación de los
Derechos Humanos en el Perú, del 12 de marzo de 1993
(OEA/Ser.L/V
/II.83), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
señaló que especialmente durante el primer
año del gobierno de ex Presidente Alberto Fujimori se
habían denunciado 375 desapariciones forzadas de personas,
de las que quedaban 236 sin resolver y que, de ellas, 184
habían ocurrido en el período 1 de enero al 28 de
julio de 1991 156.

—————————————

152 Confrontación entre Marco Flores Albán
y Rodríguez Zabalbeascoa. 153 Revista Caretas, 23 de abril
de 1991.

154 Revista OIGA, Semanario de Actualidad, Nº 639
del 14 de junio de 1993, p. 26 y 27. 155 Revista Oiga Nº 639
del 14 de junio de 1993. p.27

4.11.45 EL PLAN CIPANGO: EL
INICIO DEL GRUPO COLINA

En el mes de agosto de 1991 Santiago Martín Rivas
y Carlos Pichilingüe Guevara elaboraron el Plan de
operaciones denominado Cipango, cuyo objetivo en el papel era
normar la participación de la Inteligencia del
Ejército mediante las técnicas operativas:
«Busca la identificación, captura y posterior puesta
a disposición de las autoridades pertinentes, a los
delincuentes subversivos pertenecientes a las bandas terroristas
que operan en las diferentes zonas».157

Este plan se concibe y aprueba en la época en que
los testimonios señalan como el inicio de las actividades
del grupo Colina y todo hace pensar que constituye la fachada de
sus actividades.

Así lo demuestra la coincidencia de los actores y
del área de operaciones. El área de acción
señalada en el plan Cipango era Lima, Huacho y Huaral y
coincide con los escenarios donde se realizaron varios asesinatos
perpetrados por Colina (Barrios Altos, La Cantuta, el periodista
Pedro Yauri, los campesinos de la Santa). Su misión era la
sistemática infiltración de agentes de inteligencia
en estas ciudades con la finalidad de detectar, ubicar e
identificar a los miembros del Comité Central y
Dirección Nacional del PCP-SL y MRTA, respectivamente, en
apoyo de las operaciones militares y de inteligencia.

Este plan tenía tres etapas:

•La primera etapa comprendía la selección
y reentrenamiento de veinticinco agentes a quienes había
que dotar de equipamiento adecuado: armamento, visores nocturnos,
vehículos, cámaras fotográficas, equipos de
comunicación, etc. Asimismo, se debía ubicar los
locales para centros de operaciones y contacto de los componentes
y se establecerían las cubiertas necesarias.

•La segunda etapa comprendía la
infiltración de 15 agentes en las empresas de cada
zona, conformándose una red al mando de un oficial de
caso. La central de operaciones se encontraría en la
capital y estaría bajo el mando del oficial de control. En
forma simultánea en Lima debía instalarse una red
principal que tendría como misión la
identificación de los miembros más importantes de
las cúpulas terroristas. Esta red principal podría
desplazarse en apoyo de las redes del Norte
Chico.

•Tercera etapa, para el análisis de la
información se debía instalar un local en el SIN
donde debía funcionar la central de operaciones que
estaría a cargo del Oficial de Control pero bajo el
directo comando del Jefe de Operación.

Este análisis de información debía
convertirse en inteligencia operativa que serviría para
que los comandos tomen «las decisiones más adecuadas
en lo que a lucha contrasubversiva se refiere».158 Una vez
en marcha el operativo, la central (SIN) debía consolidar
la información para su utilización.

En la asignación de responsabilidades, la
Dirección de la Operación estaba a cargo de la
DINTE y dependía directamente del Comandante General del
Ejército mientras que la
comunicación con las redes se debía realizar a
través del Oficial de Control. La DINTE tenía que
coordinar también con el comando del SIN y el SIE se
encargaba de proporcionar: personal, armamento, munición y
equipo. También debía proporcionar las
instalaciones y, en general, todos los recursos tanto humanos
como materiales necesarios para la operación.

Distribuido el comando, la DINTE quedó a cargo de
la jefatura de la operación y los oficiales tanto de caso
como de control pertenecerían al SIE.

————————————–

156 Documento impreso «Responsabilidad de Fujimori
en los casos La Cantuta y Barrios Altos». 157 Plan de
Operaciones «CIPANGO». DINTE. MONTERRICO. AGO
91.

 

Designación de personal

La primera etapa se implementa con la
movilización de personal fundamentalmente del SIE que
aparentemente debían ser distribuidos en las tres
redes:

•Red 1 (Lima) Diez (10) agentes.

•Red 2 (Huaral) Ocho (08) agentes.

•Red 3 (Huacho) Siete (07) agentes.

158 Plan Cipango. DINTE. Agosto 1991.

Como oficiales de caso fueron nominados:

•Red 1 TC Cab. Fernando Rodríguez
Zabalbeascoa.

•Red 2 Cap. Ing. Carlos Pichilingüe
Guevara.

•Red 3 Cap. Ing. Santiago Martín
Rivas.

El oficial de control fue: TC Cab. Fernando
Rodríguez Zabalbeascoa.

Jefe de Operación: Gral. Brig. EP Juan Rivero
Lazo.

Armamento

El armamento que se solicitó para la
implementación del plan estaba compuesto por:

•Quince pistolas y treinta cacerinas para pistola
HK – P7.

•Diez pistolas y veinte cacerinas para pistola HK
–P5.

•Dos pistolas ametralladoras y cuatro cacerinas
para pistola UZI.

•Tres FAL y seis cacerinas.

La munición solicitada
comprendía:

•Cinco mil cartuchos calibre 9mm
parabellum

•Dos mil cartuchos de 7.62 mm.

•Doscientas granadas AP.

•Cincuenta granadas instalaza.

•Doce cohetes RPG.

•Diez cajas de dinamita comercial.

•Un rollo de mecha lenta.

•Un rollo de cordón detonante.

•Mil fulminantes no eléctricos

•Quince chalecos antibalas.

Equipo:

a) Vehículos

– Un automóvil TOYOTA

– Una camioneta JEEP CHEROKEE

b) Material fotográfico

  • Dos cámaras fotográficas
    PENTAX

Financiamiento

Sueldos de agentes: En relación con el personal
de agentes el plan considera dos posibilidades: Sueldos
provenientes del SIE los que deberían ser abonados a los
familiares del agente y sueldos cubiertos por los dueños
de las empresas en donde se encontraran infiltrados.

Sueldos de oficiales Estarían cubiertos de
acuerdo a la planilla mensual correspondiente a sus haberes
reglamentarios.

Gastos de Operación: Estaban a cargo de
Tesorería de la DINTE y comprendía: gastos por
viajes,
llamadas de larga distancia, útiles de escritorio,
alquiler de locales, etc.

Gastos administrativos

  • A cargo de Tesorería de la DINTE,
    comprendía: Gasolina, repuestos, reparaciones y
    otros.

 

4.11.46 COLINA 1991: EN MEMORIA DEL
CAPITAN COLINA

Si se analiza la misión planteada para el plan
Cipango es posible determinar que aparentemente corresponde a la
tarea normal de inteligencia. Es decir, recoger
información que permita ubicar a los cabecillas de las
organizaciones subversivas. Pero existe una clara diferencia
entre los que analizan la información
sistematizándola para su uso en las sedes establecidas
(inteligencia estratégica) y quienes salen a las calles y
se insertan en las organizaciones en busca de información
(inteligencia operativa). Es posible determinar que estos
agentes, por los riesgos que
acarrea su permanencia en lugares como una fábrica o una
universidad,
deben pasar desapercibidos. No precisan, por lo tanto, de un
equipamiento especial. Por eso, no existe correspondencia entre
la finalidad del supuesto plan Cipango y el armamento,
municiones, explosivos y otros equipos que se solicitaron, los
que sí eran necesarios para los operativos
«especiales» del destacamento Colina.

Desde el mes de agosto cuando llegó el primer
grupo de agentes del SIE, compuesto por diez de los más
antiguos, también trajeron al garaje armamento de guerra
consistente en fusiles HK con silenciador 159 . El procesado
Flores Albán, detalla que al garaje fue llegando material
de guerra procedente del SIE: 10 fusiles FAL, 2 FAP, pistolas HK,
con silenciador en número de 10 aproximadamente, granadas
de guerra, fulminantes para dinamita, 10 pistolas Taurus y
fulminante para cordón detonante. Asimismo, sostiene que
el material fue llevado por indicación del Capitán
Pichilingüe; también recibieron cámaras
fotográficas, bolsas de dormir, 4 ó 5 pares de
zapatos tipo botines, un celular y una cámara filmadora.
La entrega del armamento y otros materiales para el Destacamento
Colina, a tenor del Plan Cipango, queda corroborada
también por órdenes escritas del comando de la
DINTE. Así, el día lunes 25 de agosto de 1991
debía entregarse en el local de las Palmas, armamento y
municiones como pistolas HKP-5, HKP-7, cacerinas, cartuchos y
granadas, mobiliario y equipo diverso como, por ejemplo,
marrocas, apreciándose al final del documento la orden de
ejecución inmediata.160

4.11.47 CEREMONIA DE
INAUGURACIÓN: VENCER SIEMPRE VENCER

Existe información acerca de una ceremonia de
inauguración que se habría llevado a cabo en agosto
de 1991 en el taller de mantenimiento
del SIE, al que asistieron los oficiales del Ejército
generales Julio Salazar Monroe, jefe del Servicio de Inteligencia
Nacional, Juan Rivero Lazo, director de inteligencia del
Ejército, el teniente coronel Fernando Rodríguez
Zabalbeascoa, los capitanes Santiago Martín Rivas y Carlos
Pichilingüe Guevara y los agentes de inteligencia
seleccionados hasta ese momento.

  • Lazo al coronel jefe del SIE.

En dicha ceremonia habrían hecho uso de la
palabra RIVERO LAZO y MARTÍN RIVAS y fue presentado un
escudo que tenía tres divisiones: en la parte superior
izquierda, el ATOQ (zorro estilizado), símbolo de
inteligencia; en la parte superior derecha, el ESCORPIÓN,
símbolo de otro grupo que había funcionado en el
SIE al que habían pertenecido algunos integrantes del
nuevo grupo; y en la parte inferior una lámpara; fuera del
escudo, en la parte inferior había una cinta en la que
estaba inscrito el lema VENCER, SIEMPRE VENCER, y a los costados
2 banderas, del Perú y del Ejército,
respectivamente 161.

La denominación del Destacamento como
«Colina» fue adoptada en memoria del Capitán
EP Colina Gaige, oficial especializado en inteligencia, fallecido
en la lucha contra el terrorismo.162

—————————————–

159 Confrontación Marco Flores
Albán-Rodríguez Zabalbeascoa. 160 Memorando Nº
5775B-4.A/DINTE de fecha 22 de agosto de 1991 dirigido por el
director de inteligencia Juan Rivero

 

Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
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