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Derecho a la intimidad (página 2)




Partes: 1, 2

CONSTITUTION OF ST. KITTS AND NEVIS, 1983

Fundamental rights and freedoms.

3.- Whereas every person in Saint Christopher and Nevis is entitled to the fundamental rights and freedoms, that is to say, the right, whatever his race, place of origin, birth, political opinions, colors, creed or sex, but subject to respect for the rights and freedoms of others and for the public interest, to each and all of the following, namely-

a) life, liberty, security of the person, equality before the law and the protection of the law;

b) freedom of conscience, of expression and of assembly and association; and

c) protection for his personal privacy, the privacy of his home and other property and from deprivation of property without compensation,

the provisions of this Chapter shall have effect for the purpose of affording protection to those rights and freedoms subject to such limitations of that protection as are contained in those provisions, being limitations designed to ensure that the enjoyment of those rights and freedoms by any person does not impair the rights and freedoms of others or the public interest.

Protection of freedom of expression.

12.- (1) Except with his own consent, a person shall not be hindered in the enjoyment of his freedom of expression, including freedom to hold opinions without interference, freedom to receive ideas and information without interference, freedom to communicate ideas and information without interference (whether the communication is to the public generally or to any person or class of persons) and freedom from interference with his correspondence.

(2) Nothing contained in or done under the authority of any law shall be held to be inconsistent with or in contravention of this section to the extent that the law in question makes provision-

a) that is reasonably required in the interests of defence, public safety, public order, public morality or public health;

b) that is reasonably required for the purpose of protecting the reputations, rights and freedoms of other persons of the private lives of persons concerned in legal proceedings, preventing the disclosure of information received in confidence, maintaining the authority and independence of the courts or regulating telephony, telegraphy, posts, wireless broadcasting or television; or

c) that imposes restrictions upon public officers that are reasonably required for the proper performance of their functions, and except so far as that provisions or, as the case may be, the things done under the authority thereof is shown not to be reasonably justifiable in a democratic society.

CONSTITUTION OF SURINAME WITH REFORMS OF 1992

Article 17

  1. Everyone has a right to respect of his privacy, his family life, his home and his honor and good name.

THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF TRINIDAD AND TOBAGO (1980)

Rights enshrined recognition and declaration of rights and freedoms

4.- It is hereby recognised and declared that in Trinidad and Tobago there have existed and shall continue to exist without discrimantion by reason of race, origin, colour, religion or sex, the following fundamental human rights and freedoms, namely:-

a. the right of the individual to life, liberty, security of the person and enjoyment of property and the right not to be deprived thereof except by due process of law;

b. the right of the individual to equality before the law and the protection of the law;

c. the right of the individual to respect for his private and family life;

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY DE 1967, CON REFORMAS HASTA 1996

Derechos, deberes y garantías

Artículo 7°.Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieron por razones de interés general.

Artículo 11. El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, solo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 1999

Artículo 60. Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación.

La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos.

ANEXO B

DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (ONU)

Convenio No. 000. RA/ 1948 de 10 de Diciembre de 1948.

Art. 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS.

Decreto Ejecutivo No. 37. RO/ 101 de 24 de Enero de 1969.

Art. 17.-

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas ingerencias o esos ataques.

PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA

Acuerdo Ministerial 202, Registro Oficial 801 de 6 de Agosto de 1984.

Art. 11.- Protección de la Honra y de la Dignidad

1. Toda persona tiene derecho al respecto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

2. Nadie puede ser objeto de ingerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas ingerencias o esos ataques.

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE

Aprobada por la IX Conferencia Interamericana, reunida en Bogotá del 30 de marzo al 2 de mayo de 1948.

Art, 5.- Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra os ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar.

CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES

Firmada en Roma el 4 de noviembre de 1950, entró en vigor el 3 de septiembre de 1953.

Art. 8.- 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar de su domicilio y de su correspondencia.

ANEXO C

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR

Art. 23. Inciso 8. El derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar. La ley protegerá el nombre, la imagen y la voz de la persona.

Art. 94 .- Toda persona tendrá derecho a acceder a los documentos, bancos de datos e informes que sobre si misma, o sobre sus bienes, consten en entidades publicas o privadas, así como a conocer el uso que se haga de ellos y su propósito. Podrá solicitar al funcionario respectivo, la actualización de los datos o su rectificación, eliminación o anulación, si fueren erróneos o afectaren ilegítimamente sus derechos. Si la falta de atención causare perjuicio, el afectado podrá demandar indemnización…

Código de Procedimiento Penal:

Art. 36, Ht. c.- Delitos de acción privada.- Son delitos de acción privada:

c) La injuria calumniosa y la no calumniosa grave (…)

Código Penal:

Art. 489.- La injuria es:

Calumniosa, cuando consiste en la falsa imputación de un delito; y,

No calumniosa, cuando consiste en toda otra expresión proferida en descrédito, deshonra o menosprecio de otra persona, o en cualquier acción ejecutada con el mismo objeto.

Art. 490.- Las injurias no calumniosas son graves o leves:

Son graves:

lo.- La imputación de un vicio o falta de moralidad cuyas consecuencias pueden perjudicar considerablemente la fama, crédito, o intereses del agraviado;

2o.- Las imputaciones que, por su naturaleza, ocasión o circunstancia, fueren tenidas en el concepto público por afrentosas;

3o.- Las imputaciones que racionalmente merezcan la calificación de graves, atendido el estado, dignidad y circunstancias del ofendido y del ofensor; y,

4o.- Las bofetadas, puntapiés, u otros ultrajes de obra.

Son leves las que consisten en atribuir a otro, hechos, apodos o defectos físicos o morales, que no comprometan la honra del injuriado.

Art. ... .- (Agregado a continuación del Art. 499, por el Art. 1 de la Ley 167, R.O. 771, 22-VI-84).- Constituye difamación la divulgación, por cualquier medio de comunicación social u otro de carácter público, excepto la autorizada por la ley, de los nombres y apellidos de los deudores ya sea para requerirles el pago o ya empleando cualquier forma que indique que la persona nombrada tiene aquella calidad. Los responsables serán sancionados con la pena de prisión de seis meses a dos años.

Código Penal de la Policía Civil Nacional:

Art. 301.- Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años el que, con amenaza de imputaciones contra el honor, o de violación de secretos, o de publicaciones que afecten a la honra o reputación, cometiere alguno de los actos expresados en los dos artículos precedentes.

Código de la Niñez y Adolescencia:

Art. 52.- Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen.- Se prohibe:

1. La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, mensajes publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en espectáculos cuyos contenidos sean inadecuados para su edad;

2. La utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o espectáculos de proselitismo político o religioso;

3. La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de vida o cualquiera otra expresión periodística con imagen o nombres propios de niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas de maltrato o abuso;

La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias escritas que permitan la identificación o individualización de un niño, niña o adolescente que ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción penal, y cualquier otra referencia al entorno en el que se desarrollan; y,

5. La publicación del nombre, así como de la imagen de los menores acusados o sentenciados por delitos o faltas.

Aun en los casos permitidos por la ley, no se podrá utilizar públicamente la imagen de un adolescente mayor de quince años, sin su autorización expresa; ni la de un niño, niña o adolescente menor de dicha edad, sin la autorización de su representante legal, quien sólo la dará si no lesiona los derechos de su representado.

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor:

Art. 49.- Cobranza de Créditos.- En la cobranza de créditos, el consumidor no deberá ser expuesto al ridículo o a la difamación, ni a cualquier tipo de coacción ilícita ni amenaza de cualquier naturaleza, dirigida a su persona, por el proveedor o quien actúe en su nombre.

La obligación impuesta al proveedor, será exigible, sin perjuicio de las acciones penales a las que hubiere lugar.

ANEXO D

Resolución No. 186-2001-TP del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 423 del 1° de Octubre del 2001

Que, señala la demanda que la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la provincia de Galápagos adolece de inconstitucionalidad parcial en la forma y en el fondo al violentar expresas normas de la Constitución. Que él articulo 11, incisos 4 y 5, de la Ley Galápagos que determinan cuales son los recursos del Parque Nacional Galápagos y que los mismos no ingresarán a la Cuenta Única del Tesoro Nacional, ya que serán administrados directamente por la Dirección el Parque Nacional; por lo cual está en contradicción con el artículo 231, inciso 2 de la Carta Política, que dispone: "La entrega de recursos a los organismos del régimen seccional autónomo deberá ser predecible, directa, oportuna y automática. Estará bajo la responsabilidad del ministro del ramo, y se hará efectiva mediante la transferencia de las cuentas del tesoro nacional a las cuentes de las entidades correspondientes". Sin embargo, hay que puntualizar que el demandante omite señalar que el primer inciso del mismo precepto constitucional señala: "Los recursos que correspondan al régimen seccional autónomo dentro del Presupuesto General del Estado, se asignarán y distribuirán de conformidad con la ley, y la Ley de Galápagos, estipula las diferentes asignaciones que integran su presupuesto, precisamente por tener un tratamiento distinto del que tienen el común de los gobiernos seccionales dependientes y autónomos del país, y de manera puntual el artículo 239 de la Carta Fundamental dispone que la provincia de Galápagos tendrá un régimen especial, y que "El Instituto Nacional Galápagos o el que haga sus veces, realizará la planificación provincial, aprobará los presupuestos de las entidades del régimen seccional dependiente y autónomo y controlará su ejecución. Lo dirigirá un consejo integrado por el gobernador, quien lo presidirá; los alcaldes, el prefecto provincial, representantes de las áreas científicas y técnicas, y otras personas e instituciones que establezca la ley. La planificación provincial realizada por el Instituto Nacional Galápagos, que contará con asistencia técnica y científica y con la participación de las entidades del régimen seccional dependiente y autónomo, será única y obligatoria", por tanto, carece de sustento esta impugnación. En lo que atañe a los artículos 24, 25 y 31 de la Ley Galápagos, disponen en su orden, que toda persona que ingrese o permanezca en la provincia de Galápagos deberá legalizar su situación migratoria de conformidad con esta ley, establece tres categorías de residencia, y requisitos que deben reunir los turistas o transeúntes que viajen a Galápagos; disposiciones que a decir del demandante están en contradicción con él articulo 6, inciso 2 de la Constitución, que establece que los ecuatorianos lo son por nacimiento o naturalización, con él articulo 23 numeral 13 ibídem, que reconoce el derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia; y con los numerales 7 y 8 del artículo 23 ibídem, que se refieren al derecho a disponer de bienes y servicios públicos y privados de optima calidad, y a elegirlos con libertad, y el derecho a la honra, la buena reputación, y a la intimidad personal y familiar; al respecto, cabe señalar que el primer articulo invocado nada tiene que ver con el asunto materia de la demanda, en cuanto a los otros restantes hay que puntualizar que, él articulo 238 de la Carta Fundamental preceptúa: "Existirán regímenes especiales de administración territorial por consideraciones demográficas y ambientales. Para la protección de las áreas sujetas a régimen especial, podrán limitarse dentro de ellas los derechos de migración interna, trabajo o cualquier otra actividad que pueda afectar al medio ambiente. La ley formará cada régimen especial. Los residentes del área respectiva, afectados por la limitación de los derechos constitucionales, serán compensados mediante el acceso preferente al beneficio de los recursos naturales disponibles y a la conformación de asociaciones que aseguren el patrimonio y bienestar familiar. En lo demás, cada sector se regirá dé acuerdo con lo que establecen la Constitución y la ley";

Resolución No. 017-HD-01 -I.S. de la Primera Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 454 del 15 de noviembre del 2001

El 24 de mayo del 2001 se lleva a cabo la audiencia pública convocada por el Juez Primero de lo Civil de Pichincha, en donde el demandado manifiesta que la Contraloría General del Estado ejerce control sobre los bienes a cargo de las entidades de organismos públicos mediante auditorías o exámenes especiales, más no dirige el examen especial en contra de persona natural o jurídica alguna, por lo que la orden de trabajo y papeles que sustenta el examen especial contienen información relacionada con el análisis del proceso de contratación y de ejecución del contrato suscrito entre INECEL y el Consorcio ENERGYCORP y no informaciones o datos sobre bienes o actividades especificas del accionante, así también dice que no se ha afectado el derecho a la intimidad consagrado en el número 8 del articulo 23 de la Constitución, por lo que se torna improcedente el presente recurso ya que no se refiere a bancos de datos ni informes que digan relación con el derecho a la intimidad del consorcio ENERGYCORP como tal, ni con sus bienes de manera que el presente recurso carece de los requisitos contemplados en el artículo 94 de la Constitución. Por otra parte interviene el actor quien se ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho de su acción.

Resolución No. 013-2001-HD de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 453 del 14 de noviembre del 2001

TERCERO.- El Hábeas Data, tomó su denominación, como el hábeas corpus, de Latín Hábeas "traer", "conservar" o "guardar" y Dala: "información" o "dato", por ello, etimológicamente podrá significar traer o presentar la información, o guardar o conservar datos.- El Hábeas Data es una institución reciente, en relación a otras como el Hábeas Corpus que tiene muchas décadas de existencia, pero va generalizándose en el nuevo Derecho Constitucional Latinoamericano. Precisamente en este campo constitucional se dispone de ciertos mecanismos jurídicos que, de modo directo o mediato sirven para tutelar o garantizar derechos de las personas, como son: la inviolabilidad de la correspondencia y papeles privados, de propiedad, incluyendo los derechos a la propiedad intelectual; y, en términos generales, la intimidad, el derecho a la honra, al buen nombre, etc.

Resolución No. 028 – 2001 del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 281, viernes 9 de marzo del 2001

Que, es una obligación constitucional tanto del Estado como de sus instituciones el asegurar la eficacia de las normas constitucionales, en especial de los derechos y garantías establecidas a favor de las personas, los cuales son plenamente aplicables e invocables ante cualquier Juez, Tribunal o autoridad; una de estas garantías es el hábeas data contenido en el articulo 94 de la Carta Política, y que ha sido concebido con gran amplitud, como el derecho a la información, pero también a guardar y preservar la intimidad, el honor y la honra del buen nombre, la buena reputación, la inviolabilidad de la correspondencia, papeles privados. derechos intelectuales;

Resolución No. 81-2001 de la PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, publicada en el RO No. 308 de abril del 2001

TERCERO.-El otro cargo en contra de la sentencia recurrida, apoyado igualmente en la causal primera del articulo 3 de la Ley de Casación, es el que transgrede los artículos 22, numeral 4 y 23 de la Constitución Política, el articulo 2258 del Código Civil y los artículos agregados a continuación de este mediante ley publicada en el RO. 779 de 4 de julio de 1984. El recurrente fundamenta este cargo en que el oficio No. 30280-DIRES, de fecha 24 de diciembre de 1996, mediante el cual se solicite se le imponga una multe de cincuenta mil sucres y destitución fue objeto de comentarios en medios de comunicación escritos y hablados locales de la región, lo cual le ha causado daño moral, lo que conlleva a responsabilidad de la Contraloría General del Estado, ya que no solo hay antijuridicidad en el acto para que se le imponga una sanción de cincuenta mil sucres sin sustento legal y destitución sino que se actuó con mala fe, con intención de causarle daño. - Al respecto se anote: El artículo 22, numeral 4 de la Constitución codificada, vigente al momento de la litis establecía como garantía de las personas el derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar.- A su vez, el artículo 23 de la anterior codificación de la Constitución disponía: "El Estado y más entidades del sector público estarán obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios que les irrogaren como consecuencia de los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios y empleados en el desempeño de sus cargos". En la actual Constitución estos preceptos se hallan contenidos en el articulo 23 numeral 8, y 20, respectivamente. El artículo 2258 del Código Civil, que guarda correspondencia con los preceptos constitucionales mencionados, dispone que las imputaciones injuriosas contra la honra o descrédito de una persona dan derecho a demandar indemnización pecuniaria, no solo si se prueba daño emergente o lucro cesante sino también perjuicio moral, y el artículo innumerado agregado, a continuación, preceptúa: "Dejando a salvo la pena impuesta en los casos de delito y cuasidelito, están especialmente obligados a esta reparación quienes en otros casos de los señalados en el articulo anterior, manchen la reputación ajena, mediante cualquier forma de difamación...".

Resolución No. 016-HD-01-IS de la Primera Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 393 del 20 de agosto del 2001

Se realiza la audiencia pública convocada por el Juez Segundo de lo Civil de Pichincha, en la que el recurrente se ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho de su demanda y además manifiesta que se ha violado expresos derechos constitucionales, constantes en el artículo 23 de la Constitución, como son el derecho a la honra a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar. Por su parte el demandado niega y rechaza el recurso planteado en contra suya, por considerar él no es el funcionario respectivo, ni tiene bajo su custodia documentos de naturaleza alguna que digan relación con el peticionario; que el pedido es ilegal e improcedente pues la entidad que posiblemente posea la documentación que pide el accionaste que se exhiba es la Policía Judicial, dependiente directa de la Dirección Nacional de la Policía Judicial, entidad autónoma administrativa y financieramente, con leyes y reglamentos propios y con responsables para cada caso, por lo cual alega falta de legítimo contradictor pasivo.

Además alega improcedencia de la acción en el fondo y en la forma, ya que las normas invocadas como base para la presente acción no son aplicables al caso; alega incompetencia del Juez, ya que se solicite la exhibición de documentos, y el accionaste bien sabe que podría acudir al Juzgado Octavo de lo Penal de esta judicatura dentro de la causa 261-2001-NP, para obtenerlos; por lo expuesto solicite que se rechace el improcedente pedido.

Resolución No. 161-2001-111 de la Tercera Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 380 del martes 31 de julio del 2001

A fojas 7-9 manifiesta el accionante que es legítimo Concejal principal del cantón Salinas. Que en una reunión de amigos concejales han tomado por asalto el Palacio Municipal y sus instalaciones, sin que existe sesión ordinaria o extraordinaria del Concejo, el 30 de mayo del 2000 han procedido a destituirle de manera ilegal e inconstitucional de las funciones de Concejal principal del cantón. Que las razones de destitución no le han hecho conocer motivada y documentadamente, no se le ha brindado la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, siendo víctima de graves ofensas que atentan a su honra, buena reputación y a su intimidad

personal y familiar, violando disposiciones establecidas en los artículos 23 numeral 8; 24 numeral 10 de la Constitución y en los ordinales 6 y 7 de la Ley de Régimen Municipal.

Reglamento del programa de protección y asistencia a víctimas, testigos y demás participantes en el proceso penal dictado por el Gustavo Noboa Bejarano PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA , publicada en el RO No. 671 en Quito el jueves 26 de septiembre del 2002

"Que el Código de Procedimiento Penal en su artículo 69, numeral sexto dispone que el ofendido tiene derecho "a que se proteja su persona y su intimidad, y a exigir que la Policía, el Fiscal, el Juez y el Tribunal adopten para ello los arbitrios necesarios; sin menoscabo de los derechos del imputado";"

Resolución No. 028-2002-HD de la Tercera Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 665 del 18 de septiembre del 2002

SEXTA.- Que, el objeto del hábeas date es permitir el acceso a cualquier información que necesite el requirente establecido tanto en la Constitución de la República cuanto en la Ley del Control Constitucional como garantía del derecho a la información y a la honra, es decir, bajo la concepción amplia de guardar y preservar la intimidad, él honor, la honra, el buen nombre, la buena reputación, la inviolabilidad de la correspondencias papeles privados, derechos intelectuales, entre otros. En el presente caso, no se verifica el indicado objeto, pues, la información requerida por el representante legal del Banco de Loja en nada le incumbe, ya, que -como se indicó ut supra- la única institución que debe supervigilar e indagar sobre tal destino es la Contraloría General del Estado al tratarse de recursos de dominio fiscal;

Resolución No. 035-2002-HD de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 686 del 18 de octubre del 2002

CUARTO.- El hábeas data es una garantía contenida en el Art. 94 de la Carta Política, y que ha sido concebida con gran amplitud, como el derecho a la información, pero también a guardar y preservar la intimidad, el honor, la honra, la buena reputación, la inviolabilidad de la correspondencia. La esencia del recurso de Hábeas Data es permitir a las personas acceder a documentos, bancos de datos e informes que sobre sí mismas o sobre sus bienes; obtener acceso directo a información, la que deberá ser proporcionada en forma completa, clara y verídica. Procede también el hábeas data, por mandato constitucional, para solicitar que el funcionario respectivo, actualice, rectifique, elimine o anule datos e información si ésta fuere errónea o afectare ilegítimamente sus derechos y la Ley del Control Constitucional en el literal c) establece que uno de los objetivos del hábeas data es: "Obtener de la persona que posee la información que la rectifique, elimine o no la divulgue a terceros".

Resolución No. 039-2002-HD de la Primera Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 703 del 13 de noviembre del 2002

Que además de lo señalado, el hábeas data es una acción constitucional cuya finalidad es la de proteger el derecho constitucional de las personas al honor y la buena reputación, así como a la intimidad personal y familiar. De manera que, los datos que se solicitan o la información a la que se requiere acceder, deben ser de tal naturaleza que su divulgación pueda afectar el derecho antes mencionado, por tratarse de información equivocada o que tiene que ser rectificada o actualizada;

Resolución No. 010-02-HD de la Primera Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 584 del martes 28 de mayo del 2002

Que, el hábeas data no se encuentra previsto en la Constitución como un mecanismo que reemplace procedimientos y atribuciones establecidos en el ordenamiento jurídico; por otra parte, el accionante no ha justificado de qué forma puede tener que ver la información solicitada con su persona o con sus bienes y, de la lectura de la demanda, se concluye que los documentos solicitados no tienen que ver con el objeto del hábeas data- que es una garantía constitucional que protege los derechos de los ciudadanos a la honra y la buena reputación así como el derecho a la intimidad personal;

Resolución No. 003-2002-HD de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 568 del 3 de mayo del 2002.

TERCERO.- El hábeas date tiene por objeto el permitir el acceso a los documentos, banco de datos, informes, etc., que estando en poder de terceros, pueda afectar a las personas en su honor, su buen nombre o su intimidad: así como requerir los datos acerca de sus bienes, permitiendo al mismo tiempo solicitar las medidas necesarias para la protección de la información, su rectificación o eliminación. En breves términos, son éstos los objetivos principales del hábeas date.

Resolución No. 070-2001-HD de la Tercera Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 591 del jueves 06 de junio del 2002

Que, la naturaleza del hábeas data es absolutamente distinta a la de las instituciones procesales civiles, pues se orienta a la protección del honor, la buena reputación, la intimidad personal y familiar que pueden ser afectadas por el uso arbitrario de la información que sobre la persona o sus bienes pudieren hacer instituciones públicas o personas privadas naturales o jurídicas que manejan tales datos, ante lo cual si procede la rectificación, eliminación o la no divulgación;

Resolución No. 025-2001-HD de la Tercera Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 522 del 26 de febrero del 2002

La naturaleza del hábeas data es absolutamente distinta a la de las instituciones procesales civiles, pues se orienta a la protección del honor, la buena reputación, la intimidad personal y familiar que pueden ser afectadas por el uso arbitrario de la información que sobre la persona o sus bienes pudieren hacer instituciones públicas o personas privadas naturales o jurídicas que manejan tales datos que son de carácter personal, ante lo cual si procede la rectificación. Así define al hábeas data la Enciclopedia Jurídica OMEBA "... es un proceso constitucional con fines diversos. Literalmente apunta a traer los datos y su objetivo principal es contener ciertos excesos del llamado poder informático".

Resolución No. 068-2001-HD de la Tercera Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 520 del 22 de febrero del 2002

Que, por otra parte, cabe señalar lo que establece el artículo 41 de la Ley del Control Constitucional, que al referirse a datos que deban ser eliminados, rectificados o no divulgados, en su segundo inciso establece: "El juez ordenará tales medidas, salvo cuando claramente se establezca que la información no puede afectar el honor, la buena reputación, la intimidad o irrogar daño moral al solicitante"

Resolución No. 034-2002-HD del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 734 del 30 de diciembre del 2002

Que, consiguientemente al conocimiento de la información, el hábeas data tiene por finalidad obtener del poseedor de la información que la elimine, la rectifique o no la divulgue a terceros, lo cual debe ser ordenado por el Juez si considera que no tomar tales medidas afectaría el honor, la reputación, la intimidad o le irrogase un daño moral al solicitante;

Resolución No.029-2002-HD de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 732 del 26 de diciembre del 2002

TERCERO.- El hábeas data es una garantía contenida en el Art. 94 de la Carta Política, y que ha sido concebida con gran amplitud, como el derecho a la información, pero también a guardar y preservar la intimidad, el honor, la honra, la buena reputación, la inviolabilidad de la correspondencia. La esencia del recurso de hábeas data es permitir a las personas acceder a documentos, bancos de datos e informes que sobre sí mismas o sobre sus bienes; obtener acceso directo a información, la que deberá ser proporcionada en forma completa, clara y verídica. Procede también el hábeas data, por mandato constitucional, para solicitar que el funcionario respectivo, actualice, rectifique, elimine o anule datos e información si ésta fuere errónea o afectare ilegítimamente sus derechos; y la Ley del Control Constitucional en su Art. 35, literal c) establece que uno de los objetivos del hábeas data es:

"Obtener de la persona que posee la información que la rectifique, elimine o no la divulgue a terceros

Resolución No. 023-2002-HD de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 648 del 26 de agosto del 2002

TERCERO.- El Hábeas Data, tomó su denominación, como el hábeas corpus, del Latín (Hábeas "traer", "conservar" o "guardar" y Data: "información" o "dato"), por ello, etimológicamente podrá significar traer o presentar la información, o guardar o conservar datos.- El Hábeas Data es una institución reciente, en relación a otras como el Hábeas Corpus que tiene muchas décadas de existencia, pero va generalizándose en el nuevo Derecho Constitucional Latinoamericano. Precisamente en este campo constitucional se dispone de un arsenal tradicional de derechos que, de modo directo o mediato sirven para tutelar o garantizar esos derechos inalienables y universales, como son los derechos de trabajar y ejercer el comercio, la inviolabilidad de la correspondencia y papeles privados, de propiedad (incluyendo los derechos a la propiedad intelectual y, en términos generales, los derechos intelectuales), intimidad, el derecho a la honra, buen nombre, etc.

Resolución No. 53-2003 de la PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, publicada en el RO No. 66 del martes 22 de abril del 2003

TERCERA.- En la otra acusación que formula el recurrente, relaciona el numeral octavo del artículo 23 de la Constitución con el artículo 2258 del Código Civil. La norma constitucional citada dice: "Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes: 8. El derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar. La ley protegerá el nombre, la imagen y la voz de la persona". Por su parte el artículo 2258 señala que: "Las imputaciones injuriosas contra la honra o el crédito de una persona dan derecho para demandar indemnización pecuniaria, no sólo si se prueba daño emergente o lucro cesante, sino también perjuicio moral". Es evidente que la norma del Código Civil permite el ejercicio del derecho constitucional, al establecer un mecanismo legal para la reparación de las ofensas que se hubieren cometido contra la honra de una persona. De esta manera, si estuviere probado que una persona realizó imputaciones injuriosas en contra de otra que le causaron daño emergente, lucro cesante o daño moral, el Juez deberá disponer que el injuriador indemnice al injuriado.

Resolución No. 0027-2003-HD de la Tercera Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 152 del 21 de agosto del 2003.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo señalado en el considerando precedente, el hábeas data es un proceso de protección del derecho de acceso a la información fundamentalmente sensible, cuyo contenido puede afectar otros derechos subjetivos constitucionales como la manera, la buena reputación y a la intimidad por lo que no se encuentra previsto en la Constitución como un mecanismo para remplazar procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico;

Resolución No. 020-2003-HD del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 230 del 11 de diciembre del 2003.

Que, el hábeas data es una garantía constitucional que tiene por objeto proteger el acceso a la información personal, así como el derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar; y, en consecuencia, el artículo 94 de la Constitución Política del Estado da derecho a toda persona a acceder a los documentos, bancos de datos e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, así como a conocer el uso que se haga de ellos y su propósito, y a solicitar la actualización de los datos o su rectificación, eliminación o anulación, si fueren erróneos o afectaren ilegítimamente sus derechos.

Resolución No. 0520-2003-RA de la Tercera Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 236 del 19 de diciembre del 2003.

SEXTO.- En el caso, no es pertinente la enumeración de preceptos constitucionales que al parecer han sido violados, como aquellos que contienen: el derecho a la honra, la buena reputación, la intimidad personal, la libertad de empresa, el derecho al trabajo, el derecho a guardar reserva sobre convicciones políticas, religiosas o sexuales, que nada tienen que ver con el asunto materia de este amparo.

Resolución No. 062-2003-HD de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 239 del 24 de diciembre del 2003.

SEXTO: El accionante, solicita por medio del hábeas data documentación que se encuentra en la Municipalidad del Cantón Sucúa y que tiene que ver con las funciones propias de ese órgano; estos documentos no tienen relación alguna con la persona o los bienes del recurrente y tampoco se advierte que de alguna manera pueda afectar su derecho a la honra, buena reputación e intimidad personal y familiar, que es el bien jurídico que protege el hábeas data, tornando la acción en improcedente;

Resolución No. 451-2002-RA de la Tercera Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 18 del 10 de febrero del 2003.

Que, la resolución del H. Consejo Superior de la Policía Nacional y la Orden General No. 124 del Comando General de la Policía Nacional constituyen un acto ilegítimo, les coloca en la desocupación y vulnera los derechos constitucionales referentes a la honra, a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, al de igualdad ante la ley, la libertad del trabajo, la libertad y seguridad personales que garantiza que nadie puede ser reprimido por un acto u omisión que en el momento de cometerse no estuviere tipificado ni reprimido como infracción penal ni podrá aplicarse una pena no prevista en la ley y las otras garantías constitucionales que menciona en el libelo de demanda.

Resolución No. 049-2002-HD de la Primera Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 20 del 12 de febrero del 2003.

Que, en la especie, el accionante solicita se le "... entregue toda la documentación relacionada con las denuncias presentadas por el Dr. Alejandro Ponce Villacís, incluyendo entre otros: a) Las razones y fundamentos legales que amparen la información recopilada; b) La fecha desde la cual tienen esa información; c) el uso dado y el que se pretenderá dar a ella; d) Las personas o entidades a quienes se les haya suministrado los referidos datos, la fecha del suministro y las razones para hacerlo; e) El tipo de tecnología que utiliza para almacenar la información; y .De Las medidas de seguridad aplicadas para precautelar dicha información", lo cual determina que, no existe relación entre la información solicitada y el derecho a la honra y buena reputación así como a la intimidad personal y familiar.- El propio accionante indica en su acción que el Dr. Alejandro Ponce Villacís les ha advertido que ha presentado una nueva denuncia anta la CCCC; es decir, que se trata de una supuesta denuncia, y que necesita copia para iniciar acciones legales, lo cual no corresponde al hábeas data;

Resolución No. 058-2002-HD de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 122 del 10 de julio del 2003.

Que la acción de habeas data prevista en el artículo 94 de la Constitución y 34 y siguientes de la Ley del Control Constitucional de manera sustancial tutela el derecho que tienen las personas naturales y jurídicas de acceder a los documentos, banco de datos e informes que sobre si mismas o sus bienes se encuentran en poder de personas públicas o privadas y conocer el uso que se esté dando, que se dio o que se va a dar a tal información; así como a que se rectifiquen, se eliminen o no se divulguen los datos requeridos si con ello se afecta el honor, la buena reputación, la intimidad o irroga daño moral al solicitante;

Resolución No. 0010-HD-2003 de la Primera Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 47 del 25 de marzo del 2003

Que ese derecho de acceso a la información mencionada, contenido en la garantía constitucional del hábeas data, se ha establecido en nuestra legislación, como en varias legislaciones del mundo, para proteger el derecho a la honra y buena reputación y a la intimidad personal y familiar, también garantizado por la Carta Magna; de manera, que, la difusión de la información a la que se solícita acceder en un primer momento, para posteriormente determinar si debe ser rectificada, eliminada o no divulgada, debe tener íntima relación con la honra, la buena reputación y la intimidad personal y familiar del peticionario;

Resolución No. 79-2003 de la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, publicada en el RO No. 87 del 22 de mayo del 2003

Que esta violación de sus derechos subjetivos, que integran su personalidad jurídica, ha producido una afección de dolor, sufrimiento, padecimiento y angustia que ha tenido que soportar por los actos relatados, lo cual ha conllevado a una lesión de sus derechos extrapatrimoniales y de su personalidad misma, consecuencia de ello, le ha ocasionado un daño tanto directo como reflejado, pues su honor, su nombre, su libertad de acción, su autoridad paterna, su relación conyugal y familiar y hasta su honestidad han sido atropellados, todo lo cual constituyen los aspectos subjetivos de la personalidad impactada por los actos humanos de los demandados y de los organismos profesionales a quienes también demanda. Que, independientemente de aquello y como si esto fuera insuficiente, por el ejercicio legítimo de sus derechos se le ha amenazado de muerte, inclusive tales amenazas han llegado hasta su cónyuge e hijos, lo cual produce una afección en su convivencia y parentesco, una inseguridad de su integridad física y su intimidad.-

Resolución Nro. 041-2002-HD del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 219 del 26 de noviembre del 2003

(…) El 31 de julio de 2002, el Juez Noveno de lo Civil de Guayaquil, resolvió declarar sin lugar la acción de hábeas date presentada, por considerar que lo solicitado no tiene relación alguna con el derecho que protege esta garantía constitucional, que es la honra y buena reputación así como la intimidad personal y familiar; y que lo solicitado se debe canalizar por la justicia ordinaria (…)

(…) Que, además de lo señalado, el hábeas date es una acción constitucional cuya finalidad es la de proteger el derecho constitucional de las personas al honor y la buena reputación, así como a la intimidad personal y familiar. De manera que, los datos que se solicitan o la información a la que se requiere acceder, deben ser de tal naturaleza que su divulgación pueda afectar el derecho antes mencionado, por tratarse de información equivocada o que tiene que ser rectificada o actualizada.(…)

Resolución No. 0044-2003-HD de la Tercera Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 220 del 27 de noviembre del 2003

Que el ingeniero Hernán Isauro Hidalgo Tandazo procedió a recoger las firmas de respaldo para un documento en el que existen términos que atentan a su imagen, honor, dignidad e intimidad personal, consagrados en el Art. 23, numerales 5, 8, 9 y 24 de la Constitución Política de la República.

Resolución No. 0023-03-HD de la Segunda SALA del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 187 del 9 de octubre del 2003

Que, el hábeas data es una garantía constitucional que tiene por objeto proteger el acceso a la información personal, así como el derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar; y, en consecuencia, el Art. 94 de la Constitución Política del Estado da derecho a toda persona a acceder a los documentos, bancos de datos e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, así como a conocer el uso que se haga de ellos y su propósito, y a solicitar la actualización de los datos o su rectificación, eliminación o anulación, si fueren erróneos o afectaren ilegítimamente sus derechos;

Resolución No. 0029-2003-HD de la Tercera Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 195 del 22 de octubre del 2003

SEXTO.- Que, de conformidad con lo señalado en el considerando precedente, el hábeas data es un proceso de protección del derecho de acceso a la información, fundamentalmente sensible, cuyo contenido puede afectar otros derechos subjetivos constitucionales como la honra, la buena reputación y a la intimidad por lo que no se encuentra previsto en la Constitución como un mecanismo para remplazar procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico;

Resolución No. 0045-2003-HD de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 197 del 24 de octubre del 2003

Que el hábeas data es una garantía constitucional que tiene por objeto proteger el acceso a la información personal, así como el derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar; y, en consecuencia, el Art. 94 de la Constitución Política del Estado da derecho a toda persona a acceder a los documentos, bancos de datos e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, así como a conocer el uso que se haga con ellos y su propósito, y a solicitar la actualización de los datos o su rectificación, eliminación o anulación, si fueren erróneos o afectaren ilegítimamente sus derechos.

Resolución No. 0034-03-HD de la Primera Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 165 del 9 de septiembre del 2003

En tal virtud el recurso de hábeas data interpuesto, es improcedente.- Señala además que, el objetivo básico del hábeas data, es el de evitar que el uso incorrecto de la información que se encuentra en instituciones públicas y privadas, pueda lesionar la intimidad de las personas como consecuencia de la difusión de esos datos erróneos, incompletos o inexactos. Esto puede acarrear una confusión entre este recurso constitucional y extraordinario, con la EXHIBICIÓN de documentos; por estas consideraciones, solicita que se deseche el hábeas data interpuesto.

Resolución No. 0022-2003-HD de la Tercera Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 170 del 16 de septiembre del 2003

TERCERO.- Constituye una obligación constitucional tanto del Estado como de sus instituciones el asegurar la eficacia de las normas constitucionales, en especial de los derechos y garantías establecidas a favor de las personas, las cuales son plenamente aplicables e invocables ante cualquier Juez, Tribunal o autoridad. Precisamente en el campo constitucional se dispone de ciertos mecanismos jurídicos que, de modo directo o mediato sirven para tutelar o garantizar derechos de las personas, tales como: la inviolabilidad de la correspondencia y papeles privados, incluyendo los derechos a la propiedad intelectual, y en términos generales, la intimidad, el derecho a la honra, al buen nombre, etc.; este mecanismo de protección y garantía de los derechos de las personas es el hábeas data; se trata de una institución reciente, en relación a otras como el hábeas corpus que tiene muchas décadas de existencia, pero va generalizándose en el nuevo Derecho Constitucional Latinoamericano, y que de acuerdo a precisiones de orden terminológico proviene del latín: el primer vocablo con el significado de "conserva o guarda tu" y el segundo con el de "fecha" o "dato". El hábeas data a decir de Miguel Ángel Ekmekdjian Calogero, constituye "Una garantía básica para cualquier comunidad de ciudadanos libres e iguales". El hábeas data permite a toda persona acceder a registros públicos o privados, en los cuales están incluidos sus datos personales o de su familia, para requerir su rectificación o la supresión de aquellos datos inexactos que de algún modo le pudiesen perjudicar en su honra, buena reputación e intimidad. El derecho a la protección de datos implica, a su vez, el derecho a conocer la existencia de ficheros o de información almacenada y el propósito o la finalidad que se persigue con ellos; el derecho a acceder, que permite a los afectados averiguar el contenido de la información registrada, o participar de la información que sobre la imagen o concepto de ellos se tenga; y el derecho a rectificar, que es la posibilidad del titular afectado de que los datos sobre su persona al ser incorrectos, inexactos u obsoletos sean rectificados en la medida en que, al ser ajenos a la realidad, le pueden causar perjuicio.

Resolución N0 0004-2003-HD de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 175 del 23 de septiembre del 2003

Se debe recordar al abogado del peticionario que para la protección de los derechos constitucionales y consagrados en instrumentos internacionales vigentes, que no tienen relación con bancos de datos o información personal o sobre los bienes de las personas cuya divulgación pueda afectar el derecho a la honra, buena reputación e intimidad personal y familiar, la Constitución establece la garantía del amparo; por otra parte, el hábeas data no es una acción que reemplace procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico sino que se trata de una garantía constitucional que protege un derecho determinado, y que sirve para obtener información sobre determinados datos, con la finalidad de proteger el derecho antes especificado.

Resolución No. 0008-2004-HD de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 315 del 16 de abril del 2004

Que en noviembre de 2003, por medio del Ministerio de Salud, los fisioterapistas del Hospital "Rafael Rodríguez Zambrano" fueron convocados para que presenten su documentación a efectos de la correspondiente calificación y asenso, pero no se tomó en cuenta a la recurrente, pese a ser una candidata firme para el asenso por sus años de servicio y méritos, y se calificó a otras personas que reunían lo mínimo elemental, de modo que se perjudicaron los derechos económicos y profesionales de la recurrente y se configuró una violación al derecho, a la intimidad, privacidad, igualdad, honor, petición, etc.;

CUARTO.- El hábeas data constituye una garantía constitucional especializada que tutela un grupo específico de derechos constitucionales, como son el acceso a la información personal, el honor, la intimidad y la buena reputación, en cuanto estos últimos puedan ser afectados por datos o informaciones que consten en archivos o bases de datos públicos o privados. En el presente caso, la recurrente pretende conocer las calificaciones y documentos originales de terceros, busca la certificación de los mismos, intenta la rectificación de la autenticidad de dichos documentos y solicita conocer sus puntajes. Esta concreta pretensión procesal, es ajena a los propósitos del hábeas data que, se reitera, se refiere a información personal. Por los considerandos expuestos, y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, la Segunda Sala del Tribunal Constitucional,

Resolución No. 0064-04-HD de la Primera Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 403 del 20 de agosto del 2004

CUARTA.- Que, además de lo señalado, el hábeas data es una acción constitucional, cuya finalidad es la de proteger el derecho constitucional de las personas al honor y la buena reputación, así como a la intimidad personal y familiar, de manera que, los datos que se solicitan o la información a la que se requiere acceder, deben ser de tal naturaleza que su divulgación pueda afectar el derecho antes mencionado, por tratarse de información equivocada o que tiene que ser rectificada o actualizada;

Resolución N° 0071-04-HD de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 410 del 31 de agosto del 2004

TERCERA.- Que la acción de Habeas Data prevista en el Art. 94 de la Constitución Política de la República y, el Art. 34 y siguientes de la Ley del Control Constitucional de manera sustancial tutelan el derecho que tienen las personas naturales y jurídicas de acceder a los documentos, banco de datos e informes que sobre sí mismas o sobre sus bienes se encuentren en poder de personas públicas o privadas y / conocer el uso que se esté dando, que se dio o que se vaya a dar a tal información, así como a que se rectifiquen, se eliminen o no se divulguen los datos requeridos si con ello se afecta el honor, la buena reputación, la intimidad o irroga daño moral al solicitante.

Resolución N0 0059-2003-HD de la Tercera Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 245 del 6 de enero del 2004

TERCERO.- Que, el hábeas data es una garantía constitucional que protege el derecho a la información personal y el derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar; en consecuencia, toda persona puede accionaria con el fin de tener acceso a documentos, bancos de datos e informes que sobre sí misma o sobre sus bienes están en poder de otra, con el objeto de que este la proporcione en forma completa, clara y verídica, así como a conocer el uso y finalidad que se le haya dado o se le esté por dar, y que sea rectificada, eliminada o no divulgada a terceros si tal información afecta ilegítimamente sus derechos.

Resolución No. 0054-2003-HD de la Tercera Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 250 del 13 de enero del 2004

3) Que se muestre el soporte contable que registra la forma como se contabilizó ese desembolso de dinero a su favor. Solícita que, en caso de no demostrarse la provisión de fondos expresada en el documento, se disponga su eliminación de los registros de títulos valores de la accionada, por carecer de sustento legal, así como la eliminación de los registros contables de esa deuda ficticia, además de la devolución del documento, lo que pide en salvaguarda de su honor, buena reputación e intimidad por el daño que puede sufrir por su uso indebido por parte de la accionada.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo señalado en el considerando precedente, el hábeas data es un proceso de protección del derecho de acceso a la información, fundamentalmente sensible, cuyo contenido puede afectar otros derechos subjetivos constitucionales como la honra, la buena reputación y a la intimidad por lo que no se encuentra previsto en la Constitución como un mecanismo para remplazar procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico. En la especie, no se demuestra que el documento requerido contenga información que afecte a los derechos que invoca la accionante, o a otros, por lo que el hábeas data propuesto deviene en improcedente;

Resolución No. 0065-2003-HD de la Tercera Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 250 del 13 de enero del 2004

Que, el Art. 41 inciso primero de la Ley del Control Constitucional dice: "Si de la información obtenida el interesado considera que uno o más datos deben ser eliminados, rectificados, o no darse a conocer a terceros, pedirá al juez que ordene al poseedor de la información que así proceda"; sin embargo, el inciso segundo del mismo artículo dice: "El juez ordenará tales medidas, salvo cuando claramente se establezca que la información no puede afectar el honor, ¡a buena reputación, la intimidad o irrogar daño moral al solicitante";

Que, en el presente caso, es claro que la información que pretende el accionante de ninguna manera puede afectar lo que se considera el segundo momento del hábeas data, es decir, la protección del honor, buena reputación, la intimidad o irrogarle daño moral; por lo que solamente procede en su primera parte que es el acceso a la información en los términos ya señalados;

Resolución No. 057-2003-HD del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 268 del 6 de febrero del 2004

Que, de conformidad con lo que determinan los artículos 94 de la Constitución de la República y 34 de la Ley del Control Constitucional, el derecho al hábeas data sólo puede ser ejercido por el particular afectado con un agravio a su dignidad, honra o intimidad, por lo cual se protege lo relacionado con la vida privada del individuo y su familia; y, en el presente caso, lo que solicita el accionante, es que se le otorguen derechos, a tos que puede acceder por medio de la justicia ordinaria; es decir, libros contables, balances, endosos de documentos, etc., mas no por medio del hábeas

Resolución No. 061-2003-HD de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 271 del 11 de febrero del 2004

TERCERO.- El hábeas data ha sido instituido en el ordenamiento jurídico ecuatoriano como una garantía especializada de determinados derechos constitucionales. El artículo 94 de la Constitución de la República establece que "Toda persona tendrá derecho a acceder a los documentos, bancos de datos e informes que sobre sí misma o sobre sus bienes, consten en entidades públicas, así como a conocer el uso que se haga de ellos y su propósito". Para ello, se puede "[...] solicitar la actualización de los datos o su rectificación, eliminación o anulación, si fueren erróneos o afectaren ilegítimamente sus derechos". Por su parte, la Ley del Control Constitucional precisa aun más el alcance del hábeas data, y del examen de su normativa se puede concluir que el propósito de la institución es permitir el debido acceso a la información para la tutela del derecho al honor, a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, a la integridad moral de la persona, o de derechos que tengan íntima relación con estos bienes jurídicos tutelados por la Constitución o por los instrumentos internacionales vigentes

Resolución Nro. 057-2003-HD del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 277 del 19 de febrero del 2004

Que, de conformidad con lo que determinan los artículos 94 de la Constitución de la República y 34 de la Ley del Control Constitucional, el derecho al hábeas data sólo puede ser ejercido por el particular afectado con un agravio a su dignidad, honra o intimidad, por lo cual se protege lo relacionado con la vida privada del individuo y su familia; y, en el presente caso, lo que solicita el accionante, es que se le otorguen derechos, a los que puede acceder por medio de la justicia ordinaria; es decir, libros contables, balances, endosos de documentos, etc., mas no por medio del hábeas data;

Resolución No 041-2004-HD de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 370 del 5 de julio del 2004

CUARTO.- El hábeas data ha sido instituido en el ordenamiento jurídico ecuatoriano como una garantía especializada de determinados derechos constitucionales. El artículo 94 de la Constitución de la República establece que "Toda persona tendrá derecho a acceder a los documentos, bancos de datos e informes que sobre sí misma o sobre sus bienes, consten en entidades públicas, así como a conocer el uso que se haga de ellos y su propósito". Para ello, se puede: "... solicitar la actualización de los datos o su rectificación, eliminación o anulación, si fueren erróneos o afectaren ilegítimamente sus derechos".

Por su parte, la Ley del Control Constitucional precisa aun más el alcance del hábeas data; del examen de su normativa se puede concluir que el propósito de la institución es permitir el debido acceso a la información para tutelar aquellos derechos que tienen que ver con la parte sensible de las personas, esto es, el derecho al honor, a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, a la integridad moral de la persona, o de derechos que tengan íntima relación con estos bienes jurídicos

La naturaleza del recurso de hábeas data es muy distinta de las instituciones procesales civiles, su esencia radica en que su uso está destinado para la rectificación, eliminación o la no divulgación de datos de las personas, es decir, se accede a la información, se impide que se difunda si es errada y afecta el honor y la intimidad

Resolución No 0020-2004-HD de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 370 del 5 de julio del 2004

CUARTO.- De las respectivas normas de la Constitución de la República y de la Ley del Control Constitucional, se puede observar que el babeas data ha sido concebido como una garantía especializada que tutela específicos derechos constitucionales, a saber, la intimidad personal y familiar, el honor, la buena reputación y la integridad moral, cuando existen documentos, bancos de datos o informes que contengan información que puedan afectar a dichos derechos. El ámbito de acción del babeas data, como se evidencia de las normas transcritas en el considerando anterior, se relaciona con un delimitado tipo de información, que es la que tiene que ver de modo directo con la persona o con sus bienes, a la cual se permite el debido acceso para lograr la eliminación, rectificación o no divulgación de los datos que se consideran falsos, incorrectos o atentatorios.

Resolución No 0052-04-HD de la Primera Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 377 del 14 de julio del 2004

QUINTO.- Que, además de lo señalado, el hábeas data es una acción constitucional, cuya finalidad es la de proteger el derecho constitucional de las personas al honor y la buena reputación, así como a la intimidad personal y familiar. De manera que, los datos que se solicitan o la información a la que se requiere acceder, deben ser de tal naturaleza que su divulgación pueda afectar el derecho antes mencionado, por tratarse de información equivocada o que tiene que ser rectificada o actualizada

Resolución No 016-2004-HD de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 377 del 14 de julio del 2004

TERCERA.- El hábeas data es una garantía constitucional que tiene por objeto proteger el acceso a la información personal, así como el derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar; y, en consecuencia, el Art. 94 de la Constitución Política del procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico con unas finalidades específicas, ni mucho menos para intentar reformar una resolución del Tribunal Constitucional o desvirtuar sus efectos

Resolución No 0019-2004-HD de la Tercera Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 378 del 15 de julio del 2004

SÉPTIMO.- Que, de conformidad con lo señalado en los considerandos precedente, el hábeas data es un proceso de protección del derecho de acceso a la información, fundamentalmente sensible, cuyo contenido puede afectar otros derechos subjetivos constitucionales como la honra, la buena reputación y a la intimidad por lo que no se encuentra previsto en la Constitución como un mecanismo para remplazar procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico;

Resolución No. JB-2004-675 de la Junta Bancaria, publicada en el RO No. 359 del 18 de junio del 2004

Que la prestación del servicio de referencias crediticias debe respetar los principios constitucionales y legales que amparan derechos civiles y garantías ciudadanas que dicen relación a la honra y a la buena reputación de las personas y al ámbito de su intimidad personal y familiar, así como de sus convicciones religiosas y políticas;

ARTÍCULO 3.- Los burós no podrán contener en sus bases de datos ni difundir en sus reportes de crédito, información referida a las características físicas, morales o emocionales de una persona natural, o a hechos o circunstancias de su vida afectiva o familiar, tales como los hábitos personales, su ideología y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual u otros aspectos que formen parte de su intimidad personal y familiar, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la República.

Resolución No. 0071-2004-RA de la Tercera Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 330 del 7 de mayo del 2004

Los derechos que <protege la acción de amparo constitucional son todos aquellos establecidos en la Constitución Política de la República y en los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, con excepción del derecho a la información personal, y el derecho a la honra, buena reputación y a la intimidad personal y familiar que son protegidos por la garantía especial del babeas data; y del derecho a la libertad personal que es protegida por la garantía constitucional del hábeas corpus;

Resolución No. 0084-2004-HD de la Tercera Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 458 del 10 de noviembre del 2004

QUINTO.- Que, la Constitución es un todo orgánico y el sentido de sus normas debe ser determinado e interpretado de tal manera que exista entre ellas la debida correspondencia y armonía, debiendo excluirse, definitivamente, cualquier interpretación que conduzca a anular o privar de eficacia a algunos de sus preceptos. En este sentido, el hábeas data es un proceso de protección del derecho de acceso a la información, fundamentalmente sensible, cuyo contenido puede afectar otros derechos subjetivos constitucionales como la honra, la buena reputación y a la intimidad por lo que no se encuentra previsto en la Constitución como un mecanismo para remplazar procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico;

Resolución No. 0100-2004-HD de la Primera Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 509 del 21 de enero del 2005

TERCERA: Que, el hábeas data es una garantía constitucional que tiene por objeto proteger el acceso a la información personal, así corto el derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar; y, en consecuencia, el Art. 94 de la Constitución Política del Estado da derecho a toda persona a acceder a los documentos, bancos de datos e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, así como a conocer el uso que se haga de ellos y su propósito, y a solicitar la actualización de los datos o su rectificación, eliminación o anulación, si fueren erróneos o afectaren ilegítimamente sus derechos

Resolución No. 0107-04-HD de la Tercera Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 524 del 15 de febrero del 2005

TERCERO.- Que, el hábeas data es una garantía constitucional que tiene por objeto proteger el acceso a la información personal, así como el derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar; y, en consecuencia, el Art. 94 de la Constitución Política del Estado da derecho a toda persona a acceder a los documentos, bancos de datos e informes que sobre si misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, así como a conocer el uso que se haga de ellos y su propósito, y a solicitar la actualización de los datos o su rectificación, eliminación o anulación, si fueren erróneos o afectaren ilegítimamente sus derechos;

Resolución No. 0096-2004-HD de la Tercera Sala del Tribunal Constitucional, publicada en el RO No. 520 del 9 de febrero del 2005

TERCERO.- Constituye una obligación constitucional tanto del Estado como de sus instituciones el asegurar la eficacia de las normas constitucionales, en especial de los derechos y garantías establecidas a favor de las personas, las cuales son plenamente aplicables e invocables ante cualquier Juez, Tribunal o autoridad. Precisamente en el campo constitucional se dispone de ciertos mecanismos jurídicos que, de modo directo o mediato sirven para tutelar o garantizar derechos de las personas, tales como: la inviolabilidad de la correspondencia y papeles privados, incluyendo los derechos a la propiedad intelectual, y en términos generales, la intimidad, el derecho a la honra, al buen nombre, etc.; este mecanismo de protección y garantía de los derechos de las personas es el hábeas data; se trata de una institución reciente, en relación a otras como el hábeas corpus que tiene muchas décadas de existencia, pero va generalizándose en el nuevo Derecho Constitucional Latinoamericano. El hábeas data permite a toda persona acceder a registros públicos o privados, en los cuales están incluidos sus datos personales o de su familia, para requerir su rectificación o la supresión de aquellos datos inexactos que de algún modo le pudiesen perjudicar en su honra, buena reputación e intimidad. El derecho a la protección de datos implica, a su vez, el derecho a conocer la existencia de ficheros o de información almacenada y el propósito o la finalidad que se persigue con ellos; el derecho a acceder, que permite a los afectados averiguar el contenido de la información registrada, o participar de la información que sobre la imagen o concepto de ellos se tenga; y el derecho a rectificar, que es la posibilidad del titular afectado de que los datos sobre su persona al ser incorrectos, inexactos u obsoletos sean rectificados en la medida en que, al ser ajenos a la realidad, le pueden causar perjuicio.

Resolución No. CNA-001-2005 del Consejo Nacional de Archivos, publicada en el RO No. 67 del 25 de julio del 2005

2. Las autoridades responsables de los archivos públicos y privados garantizarán el derecho a la intimidad personal y familiar, honra y buen nombre de las personas y demás derechos consagrados en la Constitución y las leyes.

Rafaela Baroja Crespo

Estudiante de Jurisprudencia en la Universidad de Los Hemisferios

Quito - Ecuador

15 de febrero de 2006

Categoría: derechos humanos o derechos fundamentales

Partes: 1, 2


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