Monografias.com > Sin categoría
Descargar Imprimir Comentar Ver trabajos relacionados

Actividad económica del Estado (página 4)



Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

Las tendencias recientes se dirigen: a) hacia la
reducción de la importancia de las aranceles
aduaneros, bien por la disminución de la relación
entre comercio exterior
y renta nacional, en contraste con el aumento, casi general, de
la relación entre ingresos
tributario y renta nacional; bien por el recurso a controles
cuantitativos de comercio
exterior, que reducen la función de
los aranceles protectores; b) hacia la reducción,
cada vez más decidida, de la importancia de los impuestos sobre
los hechos jurídicos y sobre los documentos,
tributos
propios de períodos en los que la vida económica y
la vida del derecho tenían características muy
diferentes de las actuales; e) hacia el continuo desarrollo de
la imposición. sobre los intercambios, en vez de
los tipos de impuestos indirectos que cada vez pierden más
terreno.

Este tipo de imposición, introducido en principio
por las exigencias financieras de la primera guerra
mundial y la primera postguerra, ha terminado por convertirse
en una institución permanente de la hacienda de muchos
países, y en algunos casos (como en Italia en la
forma de impuesto general
sobre la renta) se ha convertido, además, en la fuente
más importante de los ingresos tributarios.

El éxito
de los impuestos sobre los intercambios se debe, en parte, a las
crecientes exigencias fiscales y a los límites
políticos y económicos a la expansión de los
impuestos directos y de los impuestos sobre el consumo de
tipo tradicional. Pero está ligado también, en
parte, a cambios cualitativos, y no solamente cuantitativos, de
la política
financiera.

El impuesto sobre la
renta (y en general, los impuestos directos) son el
instrumento típico de la hacienda neutral, entendida como
hacienda que pretende cubrir las necesidades de los organismos
públicos, evitando toda perturbación en la
actividad económica privada, fuera de aquellas que
están inevitablemente conectadas con la exacción de
tales necesidades. Ya se ha dicho que la hacienda neutral
está perdiendo terreno en favor de una hacienda entendida
como instrumento fundamental para regular el equilibrio
entre recursos a
disposición de la colectividad y empleo de los
mismos.

Esta función reguladora de la hacienda puede
hacer, en determinadas circunstancias, que no sea suficiente
contraer mediante la imposición los gastos globales
de los particulares, sino que sea necesario que la
imposición contraiga de modo particular determinados tipos
de gastos. En estos casos, la acción
indiscriminada de los impuestos directos sobre los gastos es
insuficiente y hacen necesarios (cuando no se quiera contar
únicamente con racionamientos, etc.), impuestos directos
que permitan discriminar entre consumos que se deban favorecer y
consumos que se deban comprimir.

A esta función se prestan muy bien los impuestos
sobre los intercambios con su aplicación general y con las
amplias posibilidades de maniobra respecto a los tipos y las
exenciones; un ejemplo típico se tiene en la hacienda
británica de la guerra y de la
postguerra, con la purchase-tax aplicada con tipos muy
altos para los productos que
concurrían con la producción bélica (o contra los
consumos interiores de productos de los cuales quisiera
estimularse las exportaciones).

No obstante su importancia, y tras una experiencia
suficientemente larga, los impuestos sobre los intercambios
están todavía bastante lejos de un orden estable y
plenamente satisfactorio.

La imposición sobre todos los intercambios de
bienes y
servicios
(incluí-da o no la venta al por
mayor), es objeto de críticas generalmente, aunque
presente la ventaja de la amplitud de su base, y por lo tanto, la
posibilidad de aplicar tipos moderados. Contra ella se oponen
,más que nada, consideraciones de índole
distributiva. Gravar todas esas transferencias quiere decir en la
práctica, afectar con tipos diferentes e imprecisos a los
productos finales, creando discriminaciones arbitrarias entre
productores y consumidores. También en Italia la estructura de
la imposición sobre la renta tiende a alejarse del tipo
inicial de imposición en forma de cascada o
pirámide, como se dice comúnmente, para formar
parte cada vez más, de formas de imposición
concentrada: imposición en un solo punto de la cadena que
conduce al consumo final.

La tasación en un solo punto puede tomar, a su
vez, diversas formas: puede afectar a la venta por parte del
productor; a la venta al detallista; a la venta al por
menor.

En la primera forma la simplicidad administrativa es
máxima; pero subsiste la posibilidad de duplicaciones,
porque el producto final
puede englobar componentes que provengan de otras fases de la
producción y que, por tanto, ya han absorbido el impuesto
a la salida de tales fases. En la última la base
imponible, es máxima, de la misma forma que lo son las
dificultades administrativas. La tasación del paso del
mayorista al detallista presenta dificultades administrativas
menores que la tasación de la venta al por menor y excluye
casi completamente la posibilidad de
duplicación.

Pero, en cualquier caso, la imposición sobre un
solo punto suscita perplejidades, porque parece probable que por
razones de rigidez, el impuesto tienda a quedar, por lo menos en
parte, sobre la fase elegida para la determinación del
impuesto y la recaudación. Se tendría así
una incidencia no equitativa y se renunciaría a la
tentativa de afectar los excedentes del productor y del consumidor,
diluidos en el sistema
económico.

Esto puede explicar el interés
que se manifiesta por la imposición de los intercambios
sobre la base del valor
añadido, que permitiría evitar la
duplicación y aseguraría una incidencia difusa.
Pero ni siquiera este sistema está ausente de objeciones;
en primer lugar, si hubiera de aplicarse a la generalidad de las
empresas
presentaría dificultades administrativas no menores que
cualquier otro tipo de impuesto sobre los intercambios; y
además haría muy difícil (en los casos de
empresas de productos múltiples) la exención o la
discriminación de determinados productos,
que pueden ser necesarios si se quieren asegurar al impuesto
características distributivas aceptables.

La solución practica podrá buscarse en la
imposición sobre el paso del mayorista al detallista,
siempre que no se quieran aplicar métodos
distintos a sectores diferentes o a diversas fases de la
producción.

En un análisis de los sistemas
tributarios actuales no se pueden olvidar los sistemas de
seguridad
social. Y esto, tanto por la importancia de la
tributación detraída a estos efectos (obligatoria
en gran medida y con un campo de aplicación que en la
mayoría de los países comprende a casi toda o a
toda la población), como porque las prestaciones
exceden muy a menudo a los tributos, y se financian en parte no
desdeñable mediante los ingresos generales de los
organismos públicos; y también porque la
extensión de los campos de seguridad social
ha relegado a segundo plano, en muchos países, a los
elementos de seguridad ya propios de tales sistemas y tiende a
hacer de su financiación un problema general de la
hacienda pública más bien que un problema limitado
(aunque sea con una cierta asistencia del Estado) a
categorías aseguradas restringidas.

Cuando los sistemas de seguridad social se financian con
el método
tradicional de contribuciones a cargo de los trabajadores
protegidos y sus dadores de trabajo, se
estima que tales contribuciones se pueden asimilar a los
impuestos directos por la parte que grava a los obreros, y a los
impuestos indirectos, en la que afecta a los dadores de trabajo,
y que la opinión predominante estima transferida a los
consumidores (o tal vez inmediatamente sobre los trabajadores
mediante reducciones de los salarios).

La actividad de detracción y distribución para la seguridad social da
como resultado: a) una redistribución de la renta entre
los trabajadores ocupados, (especialmente por lo que respecta a
las asignaciones familiares que, en el sistema italiano,
representan una redistribución del importe total de los
salarios entre trabajadores de diferentes condiciones
familiares); b) una redistribución desde los
trabajadores ocupados (y el conjunto de consumidores y
contribuyentes) hacia los desocupados, inválidos,
ancianos, etcétera.

 

    5. La deuda
    pública
    .—Según la
    opinión generalmente aceptada, por lo menos hasta el final
    de la primera guerra mundial,
    el recurso a la deuda
    pública era perfectamente compatible con una sana
    conducta
    financiera: a) en la hacienda extraordinaria, como alternativa de
    los impuestos extraordinarios; b) en la hacienda ordinaria
    solamente en forma de bonos ordinarios
    del tesoro (con plazo inferior a un año) a fin de superar
    déficits transitorios de caja, para compensarse dentro del
    ejercicio financiero anual.

    La discusión sobre la conveniencia de recurrir al
    empréstito o al impuesto en la hacienda extraordinaria ha
    sido siempre muy viva. A favor del empréstito se sostiene
    la ventaja de detraer las disponibilidades donde éstas se
    encuentran en forma líquida, mientras que el impuesto
    afecta también a los contribuyentes que no tienen
    posibilidades de convertir en efectivo su patrimonio a
    no ser mediante ventas o
    estipulaciones de empréstitos privados en condiciones
    más onerosas que las del empréstito
    público.

    A favor del impuesto extraordinario se sostiene: a) que
    no transmite a ejercicios futuros una carga de intereses que,
    unida a la detracción de los impuestos ordinarios
    necesarios para afrontarlos, requiere una transferencia de
    riqueza de las categorías productoras a una
    categoría de rentiers y haría mayor la
    presión
    tributaria sobre las nuevas iniciativas productoras; b) la
    posibilidad de que el impuesto impulse, más que el
    empréstito, a los contribuyentes a contraer sus consumos,
    ya que el financiamiento
    mediante el impuesto se haría con menor daño
    para la formación neta de capital.
    Aquí está el núcleo de la tesis, tan
    difundida, según la cual el impuesto grava a la
    generación presente, mientras que el empréstito
    grava a las generaciones futuras.

    En términos reales, los gastos públicos no
    pueden cubrirse sino con los bienes existentes en el presente, es
    decir, con la renuncia, por parte de la generación
    presente, a destinar tales bienes a otros usos. Ciertamente en el
    caso de que todos los gastos extraordinarios se afrontasen con la
    contracción de los consumos corrientes, las generaciones
    futuras recibirían, a pesar de los gastos, una suma
    invariable de bienes capitales; y, al contrario, en el caso de
    que los gastos se afrontasen con una reducción de la
    formación de bienes capitales, las generaciones futuras
    serían más pobres por la cuantía total de
    los gastos.

    Pero no se puede hacer una distinción cualitativa
    sobre el impuesto y el empréstito suponiendo que el
    impuesto contraiga siempre y únicamente los consumos, y el
    empréstito siempre y solamente la formación de
    capital; solamente se puede suponer que la contracción de
    los consumos será mayor en el caso del impuesto y menor en
    el caso del empréstito.

    Desde el punto de vista de la distribución de la
    carga entre las clases de contribuyentes, se ha sostenido la
    indiferencia del recurso al impuesto extraordinario o al
    empréstito, pero la afirmación implica que los
    profesionales y los trabajadores están sujetos al impuesto
    extraordinario patrimonial, por el valor capital de su renta de
    trabajo.

    En concreto, sin
    embargo, el impuesto extraordinario sobre el patrimonio no afecta
    a los capitales personales. Por lo tanto, en el caso de que se
    recurra al impuesto extraordinario sobre el patrimonio, los
    perceptores de renta sobre el trabajo no
    contribuyen a cubrir los gastos extraordinarios, mientras que
    estarían afectados por el impuesto ordinario para el
    servicio del
    empréstito. Se explica pues, por qué en la realidad
    los trabajadores y, en general, los contribuyentes más
    pobres, prefieren el recurso al impuesto extraordinario,
    financiado en general por las clases capitalistas y
    empresariales, y, por lo tanto, los más ricos.

    La tentativa de confinar los empréstitos
    públicos al ámbito de la hacienda extraordinaria, y
    de excluirlos (con la excepción de los bonos ordinarios
    del Tesoro) de la hacienda ordinaria (que estaría regulada
    por el principio del equilibrio entre gastos e ingresos), choca
    con la dificultad señalada más atrás de
    distinguir los gastos ordinarios y los gastos extraordinarios
    sobre la base de su naturaleza:
    cualquier precepto basado en una distinción de este
    género,
    tiene una significado más bien escaso.

    En realidad no existe un tipo o un nivel de gastos para
    el que sea obligatoria la cobertura mediante el impuesto,
    independientemente de cualquier circunstancia, superado el cual
    sea legítimo el recurso al empréstito. Las
    conclusiones tradicionales pueden ser equivocadas en los dos
    sentidos.

    Así, por ejemplo, en la hacienda de la guerra
    moderna, que es en realidad una hacienda extraordinaria en todos
    los sentidos
    posibles del término, la entidad de las necesidades es
    totalmente desproporcionada respecto a la cantidad de bienes
    existentes y movilizables para la guerra, y solamente puede
    afrontarse por el flujo de la producción corriente. Pero
    entonces el financiamiento debe provenir sustancialmente de la
    renta corriente. Y en efecto, en la hacienda extraordinaria de
    los tiempos actuales se tiende a hacer una parte cada vez mayor a
    los impuestos; y los empréstitos, por su lado, tienen como
    función principal no la absorción de
    disponibilidades líquidas, sino la detracción de
    las rentas corrientes mediante un proceso de
    inflación.

    Por el contrario, en la hacienda de los tiempos
    ordinarios el empréstito puede ser un medio para movilizar
    los recursos que permanecerían inactivos, y para financiar
    los gastos públicos sin elevar los tipos de los impuestos
    a niveles insoportables para los contribuyentes que tienen hoy
    escasos márgenes de renta y que, por el desarrollo de la
    vida económica, pueden experimentar un incremento de renta
    que les permita contribuir con mayor facilidad a la
    liquidación de la deuda.

    La posibilidades de endeudamiento encuentran
    naturalmente límites; para aclarar la naturaleza de tales
    límites es preciso distinguir entre deudas exteriores y
    deudas interiores. En el caso de deudas exteriores, el servicio
    de los intereses y de la amortización implica una transferencia de
    medios de la
    economía
    del país deudor a la del país acreedor. Esto no
    crea un problema (más que eventualmente por la modalidad
    de la transferencia), cuando el país deudor emplee el
    empréstito exterior para aumentar su renta nacional en
    medida por lo menos igual al importe del empréstito. Pero
    si se tiene un empleo consuntivo, la posterior sustracción
    de riqueza a la economía nacional no encuentra
    contrapartida, y no puede impulsarse más allá de
    ciertos límites sin crear profundos
    desequilibrios.

    En el caso de deudas interiores, su realización
    supone transferencias solamente en el interior de la
    economía del país, que no es, por el hecho de la
    deuda, ni más rico ni más pobre. Aquí el
    límite no se da, como en el caso anterior, por lo efectos
    de una sustracción de riqueza a la economía
    considerada como un todo, sino por los inconvenientes de la
    redistribución de la renta nacional, mediante el pago de
    los intereses de la deuda pública y la detracción
    de los impuestos correspondientes.

    Como ya se ha dicho anteriormente, la detracción
    de tales impuestos implica un aumento de la presión
    tributaria a cargo de todas las categorías de
    contribuyentes, comprendidas las más activas (empresarios,
    trabajadores). Sin embargo, el pago de los intereses compensa la
    detracción de los impuestos (por lo menos crea un margen
    activo) solamente en el caso de los tenedores de la deuda publica,
    los cuales (aunque en los tiempos modernos, no se identifican,
    más que nada por el desarrollo del llamado ahorro
    institucional, con los ricos ociosos, como sucedía en el
    siglo xviii) no coinciden, en general, con las categorías
    económicas más activas.

    Por otro lado, aunque existiese, en grado elevado, una
    compensación entre los impuestos pagados y los intereses
    percibidos, quedarían siempre los costes administrativos
    de la transferencia, que no se pueden olvidar, sobre todo, en el
    caso de que la emisión de la deuda pública
    requiriese la detracción de impuestos muy elevados. En
    estos inconvenientes de las transferencias entre contribuyentes y
    rentiers está el límite real a la
    expansión de la deuda pública, límite que
    depende, naturalmente, de elementos como son la magnitud de la
    relación entre los intereses de la deuda y la renta
    nacional, la estructura del sistema
    tributario y la distribución de los títulos de
    la deuda pública.

    De hecho, la expansión de la deuda pública
    se da en todos los países, aunque en ocasiones las grandes
    devaluaciones monetarias provocan bruscas reducciones del valor
    real de la deuda. Por las dimensiones que ha alcanzado, la deuda
    pública tiene una función fundamental junto a la
    deuda privada, como la base de circulación monetaria; y
    por sus dimensiones, así como por la variedad de las
    formas que puede asumir (consolidada o amortizable
    a largo plazo; bonos del Tesoro y títulos
    análogos a plazo corto y a plazo medio) se presta a ser un
    importante instrumento de la política del
    interés (véase Crédito).

    6. Relaciones entre hacienda central y
    haciendas locales. La actividad financiera se
    desarrollé tanto por los gobiernos centrales, como por los
    entes de inferior grado (Estados, cantones, etc., en los Estados
    federales; provincias, municipios, etc., tanto en los estados
    federales como en los unitarios). Se presentan, por lo tanto,
    problemas de
    coordinación entre la actividad de los
    entes de categoría diferente. Estos problemas se pueden
    reagrupar en dos apartados:

    a) Coordinación entre la prestación del
    servicio y la distribución de la carga tributaria entre
    las diferentes zonas y localidades de un mismo Estado;

    b) Control del nivel conjunto de los gastos
    públicos y de la detracción tributaria, para evitar
    que la superposición de los diferentes sistemas
    tributarios conduzca a una excesiva presión tributaria y
    para evitar que la política financiera, de las entidades
    locales obstaculice a la política financiera del gobierno central.
    (Este último aspecto del problema ha tomado una
    importancia mayor en los últimos tiempos, al extenderse el
    campo de acción de la política financiera. Sobre
    todo, en la política de estabilización coyuntural
    se ha iniciado una’ fuerte tendencia de las entidades
    pública locales a actuar en contraste con la acción
    del gobierno central. Mientras que este último intenta
    desarrollar una acción anticíclica aumentando los
    gastos en períodos de depresión
    y contrayéndolos en períodos de expansión,
    los entes locales hacen lo contrario. El diverso comportamiento
    se explica, en gran parte, con la diferente posibilidad que cada
    uno tiene de recurrir al crédito (mucho mayor para el
    gobierno que para los otros entes).

    La acción de coordinación y control del
    gobierno central se desarrolla tanto por el lado de los gastos
    como por el de los ingresos. El volumen y la
    composición de los gastos se controlan, bien fijando
    determinados servicios cuya prestación es obligatoria por
    parte de las entidades locales, bien favoreciendo la
    prestación de otros servicios determinados, con subsidios
    específicos y otros análogos, bien limitando de
    diversa manera (por ejemplo, prescribiendo el presupuesto
    equilibrado, o imponiendo límites al déficit) la
    entidad de los gastos cuya ejecución se deja a facultad de
    los entes locales o, como veremos inmediatamente, limitando las
    facultades de los entes locales para detraer
    impuestos.

    Los ingresos de los entes locales están
    controlados por el gobierno central principalmente vinculando los
    tipos y la estructura de los impuestos a los cuales pueden
    recurrir (en los Estados federales y en las federaciones la
    situación es diferente, formalmente al menos; es decir, la
    potestad tributaria de los estados miembros es ilimitada y
    solamente tiene límites de carácter general, mientras que el gobierno
    federal solamente puede percibir los impuestos que determine
    expresamente la constitución). Menos importancia tienen los
    vínculos respecto a la gestión
    del patrimonio y, por lo tanto, respecto a la suma de los
    impuestos patrimoniales y las deudas
    contraídas.

    La coordinación tributaria entre el sistema del
    gobierno central y los sistemas de los entes locales se
    efectúa según dos modalidades
    principales:

    a) La separación de las fuentes:
    ciertas fuentes (por
    ejemplo, los impuestos reales sobre la tierra y
    sobre los edificios; los aranceles interiores de consumo) se
    dejan a los entes locales; los demás al gobierno
    central.

      b) la participación en los ingresos del
      gobierno central por los entes locales;
      la
      distribución de subsidios por el gobierno central,
      bien para mejorar la situación financiera de los entes
      locales, bien (subsidios específicos) para
      estimular a tales entes en la oferta de
      determinados servicios
      públicos (instrucción, carreteras,
      etc.).

      En régimen de separación de fuentes, los
      entes locales pueden tener plena autonomía para determinar
      las tasas de las fuentes que les han sido reservadas; o bien,
      pueden estar supeditadas en la estructura de los impuestos que
      pueden aplicar y ,sobre todo, por lo que se refiere a su medida
      (a fin de evitar faltas de
      equidad
      demasiado fuertes en el nivel de impuestos de las entidades
      locales aisladas, así como para evitar el empleo de los
      impuestos locales con fines de proteccionismo
      interno).

      FORMAS DE REALIZACIÓN
      DEL RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN EN LOS
      IMPUESTOS

      El régimen de participación en los
      impuestos del gobierno central tiene dos formas principales de
      realización:

      a) Recargos a tales impuestos por los
      entes locales. Los entes locales aplican tipos propios (que se
      añaden a los que aplica el gobierno central) sobre las
      bases imponibles determinadas por la
      administración tributaria central, sin que desarrollen
      una actividad propia de comprobación. La facultad de
      recargar los impuestos debe mantenerse generalmente, dentro de
      los límites fijados por el gobierno central;

      b) Participación en los ingresos
      procedentes de los impuestos del gobierno central. La
      participación de los entes locales aislados puede
      efectuarse o en razón de la recaudación de
      impuestos en la circunscripción de cada ente, o
      según otros criterios (proporcionalmente a la
      población de cada ente; o según índices de
      necesidades: desarrollo de las carreteras, población
      escolar, etc.).

      El método de la separación de fuentes hace
      más amplio el margen de autonomía financiera de los
      entes locales y, por lo tanto, se encomiendan a los que dirijan
      la vida política local y al sentido de la responsabilidad de las administraciones
      locales.

      Pero esto tiene el inconveniente de que en las zonas
      más pobres los ingresos tributarios pueden ser
      insuficientes para prestar los servicios públicos
      fundamentales, mientras que en las zonas más ricas pueden
      permitirles a los entes públicos una actividad más
      amplia. Como cada vez se siente más la exigencia de una
      determinada uniformidad en la prestación de los servicios
      públicos en todo el territorio de un Estado, el
      método de la separación de fuentes ha perdido
      terreno. Actualmente, donde se aplica, lo es siempre en
      unión de otros procedimientos
      que tienden a corregir las injusticias a las cuales pueda dar
      origen.

      El mismo inconveniente del método de la
      separación de fuentes se encuentra en el método de
      la participación cuando se aplica según el sistema
      del recargo impositivo o según el sistema de la
      distribución con arreglo a la recaudación de las
      diferentes circunscripciones. También en este caso las
      zonas ricas tienen ingresos más fáciles; las zonas
      pobres tienen ingresos más restringidos. El inconveniente
      se evita, por lo menos en parte, distribuyendo según la
      población u otros índices similares; pero este
      método cuanto mejor lograr cubrir las necesidades de los
      entes locales aislados, tanto más atenúa la
      autonomía financiera y el sentido de responsabilidad. En
      efecto, esto asegura en todo caso, la cobertura de los gastos de
      determinados servicios, independientemente de la importancia que
      se dé a estos gastos en cada localidad y de la eficiencia y
      economicidad de las administraciones locales.

      Esta atenuación de la autonomía financiera
      local es un defecto común a los subsidios distribuidos por
      el gobierno central de forma diferente al reparto entre los entes
      locales de la recaudación de los impuestos
      centrales.

      Limitaciones de los sistemas
      financieros de entidades locales

      La dificultad de encontrar sistemas de
      financiación de las entidades locales que satisfagan las
      exigencias de perecuación y las de autonomía, es
      una de las razones por las cuales la importancia de la hacienda
      local declina respecto a la hacienda de los gobiernos centrales.
      Este ocaso ha sido general a partir del período entre las
      dos guerras, y
      tiene otros factores importantes, como el final del predominio
      político de los clanes, ligados a la tierra o a un
      círculo de intereses fuertemente localizados; la
      expansión de las intervenciones económicas del
      Estado, que acentúa la exigencia de una
      coordinación de la actividad financiera entre los entes de
      diferente categoría (exigencia resuelta hasta ahora
      según la vía de menor resistencia
      ofrecida por ana extensión relativa de la actividad del
      poder
      central); la mayor economicidad que puede tener en las
      condiciones actuales la prestación de los servicios
      públicos fundamentales si se confían a grandes
      unidades administrativas en lugar de a unidades más
      pequeñas que no podrían prescindir de una organización burocrática compleja;
      la exigencia, que se hace sentir más vivamente que en el
      pasado, de una mayor igualdad entre
      las diferentes zonas de un mismo país respecto a la
      presión tributaria y los beneficios de los servicios
      públicos (mayor igualdad que es difícilmente
      verificable en un régimen de amplia autonomía
      financiera de los entes locales, por lo menos donde existan zonas
      de profunda desigualdad de condiciones económicas y
      sociales); en fin, la evolución técnica de los sistemas
      tributarios modernos, que juega en el sentido de disminuir la
      esfera de la materia
      imponible afecta a la imposición local (desarrollo de los
      impuestos personales en menoscabo de los impuestos reales, y de
      los impuestos generales sobre el intercambio en menosprecio de
      los impuestos tradicionales sobre el consumo).

      Adaptado por el autor de: Sergio Steve en
      Economía Política por Claudio Napoleoni
      (1988)


      (2005) Sitio web del Servicio
      Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
      (SENIAT). Conectado a Internet haga clic
      aquí para mayor información y actualizaciones sobre el
      sistema tributario venezolano.

       

       

       

      CAPITULO VII

      RENTA
      NACIONAL

      CONCEPTO DE RENTA NACIONAL.

      Renta nacional es el conjunto de
      bienes y servicios producidos por una cierta colectividad
      en un período dado de tiempo,
      deducidos los bienes y servicios necesarios para la
      reposición del patrimonio existente al comenzar el
      intervalo considerado. Más brevemente, la renta nacional
      es el flujo neto de bienes y servicios producidos en determinado
      período de tiempo. La expresión neto indica que la
      renta no es igual a la suma de todos los bienes y servicios
      producidos, esto es, al valor de la producción bruta
      anual, sino que está dada por dicho valor deducidos los
      reempleos y la depreciación sufrida por el patrimonio en
      el período considerado.

      Esto enunciado, queda sin embargo por definir qué
      bienes y servicios se computan en la renta y qué debe
      entenderse por «reposición del
      patrimonio».

      En los análisis estadísticos se consideran
      generalmente todos los bienes materiales
      producidos y solamente aquellos servicios que son objeto de
      cambio,
      quedando, pues, excluidos todos los servicios prestados en el
      ámbito individual o familiar, así como la casi
      totalidad de los que provienen del uso de bienes duraderos de
      consumo.

      Se comprende fácilmente que estas exclusiones
      revisten no poca importancia y son de tal entidad que quitan a
      las valoraciones de la renta nacional, y a las comparaciones
      espaciales o intertemporales que se realizan sobre dicha base,
      todo significado no sólo como índices del
      «bienestar económico» de una cierta
      colectividad, sino, además, como índices de la
      potencialidad productiva total de bienes y servicios.

      En definitiva, las valoraciones de la renta nacional,
      tal y como se hacen generalmente, dependen del tipo de
      organización económica de la colectividad
      considerada, y las comparaciones que se quisiesen hacer sobre esa
      base serían válidas solamente dentro de los
      límites según los que pueda considerarse inmutable
      ese tipo de organización económica. Análogas
      dificultades, y algunas más, surgen cuando se trate de
      definir qué deba entenderse por
      «reposición» del patrimonio existente al
      comienzo del intervalo estudiado.

      Si se incluyen en el patrimonio no sólo los
      bienes materiales e inmateriales externos al hombre, sino
      los llamados capitales personales, seria necesario deducir
      también de la renta cuanto es preciso para compensar el
      desgaste de la fuerza
      laboral, es
      decir, el mínimo de subsistencia de la población y
      los servicios necesarios (instrucción, etc.) para el
      mantenimiento
      de las capacidades personales.

      En un sentido todavía más amplio, puesto
      que es la capacidad de crear rentas futuras la que determina
      económicamente el valor del patrimonio en un momento dado,
      sería preciso considerar dicho elemento (comprensivo de
      todos los bienes materiales e inmateriales, de los capitales
      personales y de la
      organización económica de la producción)
      para valorar el patrimonio existente al principio y al final del
      intervalo, para poder deducir de la renta bruta la cuota ideal
      necesaria para mantener inmutable el patrimonio.

      VALORACIÓN
      ESTADÍSTICA

      En seguida se observa que aunque es posible expresar la
      definición en forma conceptualmente correcta, no es, sin
      embargo, posible intentar, ni aproximadamente, la
      valoración estadística correspondiente. Las
      estimaciones estadísticas relativas a la
      «reposición» del patrimonio se limitan, por
      consiguiente, a considerar la inmutabilidad de éste en una
      acepción muy limitada.

      En primer lugar, el patrimonio se considera
      refiriéndolo únicamente a los bienes materiales,
      quedando excluidos no sólo los llamados capitales
      personales, sino, por la dificultad de su análisis,
      también los bienes
      inmateriales.

      En segundo lugar, la inmutabilidad del patrimonio
      de los bienes materiales no se toma en sentido absoluto, sino
      solamente como reintegración de la depreciación
      sufrida por aquellos en el proceso productivo,
      excluyéndose, pues, las eventuales variaciones del
      patrimonio debidas a causas de fuerza mayor y guerra y,
      además, las que provienen de motivos económicos de
      orden general (obsolescencia, etc.).

      Hay que subrayar que adoptando la condición del
      mantenimiento del capital como reposición de la
      depreciación normal por desgaste o vejez, llega a
      identificarse la renta nacional con la «producción
      neta», mientras que la condición básica de la
      inmutabilidad del capital a fines de la determinación de
      la renta llevaría lógicamente a tener en cuenta no
      sólo las variaciones derivadas de la
      producción, sino, además, muchas otras variaciones
      que no tienen nada que ver con la producción y que pueden,
      sin embargo, influir de forma importante en la continuidad del
      flujo de bienes y servicios que es el fundamento del concepto de
      renta.

      Como ya se ha dicho, las dificultades que supone las
      investigación estadística concreta
      han llevado en la práctica a usar, en orden a la
      valoración de la renta nacional, un concepto al que debe
      llamarse más propiamente de «producción
      nacional neta» y que coincide, en la práctica y con
      una cierta aproximación, con aquélla sólo en
      períodos normales.

      La eventual consideración de los capitales
      personales y del desgaste de las fuerzas del trabajo exige otros
      razonamientos. Hemos dicho que el flujo de la renta es neto
      porque se estima descontando los reempleos, esto es, los bienes y
      servicios consumidos en el proceso productivo. Desde este punto
      de vista se plantea entonces el problema de fijar la frontera entre
      los consumos directos y los productivos.

      Con la inclusión de los capitales personales se
      llegaría a considerar como consumos productivos todos los
      consumos necesarios para mantener la eficiencia de la
      población productiva, de la misma forma en que se
      consideran productivos (y se detraen, por lo tanto) los consumos
      de bienes y servicios para el mantenimiento del capital fijo.
      Independientemente de la dificultad de trazar un límite
      entre los consumos necesarios y otras categorías de
      consumo, por este camino se llegaría a no tomar como
      consumos directos y finales gran parte de los consumos humanos
      que se incluyen en el concepto normal de consumo.

      Parece mejor, por consiguiente, considerar consumo y,
      por lo tanto, renta, toda utilidad
      absorbida por el hombre con
      la sola exclusión de aquellos consumos estrictamente
      dependientes de la actividad productiva a los que en el lenguaje
      corriente (incluso a fines fiscales) se toma como gastos
      productivos.

      La renta, en cuanto flujo neto de bienes y servicios, es
      renta real formada por el conjunto de cosas consumidas más
      o menos la inversión o desinversión real. Se
      expresa en términos monetarios sobre la base de los
      precios
      corrientes para las diversas categorías de bienes y
      servicios únicamente por la necesidad de usar una medida
      común que permita totalizar magnitudes
      heterogéneas.

      Con ello se introducen relaciones de equivalencia entre
      los diferentes bienes, relaciones constituidas por las
      proporciones existentes entre sus precios en un período
      determinado. Y al variar en el tiempo las proporciones entre los
      precios, se modifican las relaciones de equivalencia entre los
      distintos bienes, sin que pueda hallarse un principio aceptable
      sobre el cual establecer qué relaciones de equivalencia se
      consideran más significativas para expresar el flujo real
      de bienes y servicios en una unidad de medida que permita las
      comparaciones espaciales y temporales capaces de determinar en
      forma unívoca las variaciones de la renta real.

      En rigor, con referencia a un tiempo base t0
      y al t1, sólo podrá decirse que cuando
      las cantidades físicas de cada uno de los bienes y
      servicios sean todas en t, mayores que en t0, la renta
      real habrá aumentado ciertamente, al menos en la magnitud
      del menor (y como máximo del mayor) de los porcentajes de
      aumento físico de cada uno de los bienes y servicios.
      Cualquier otra afirmación basada en la utilización
      de números índices globales o compuestos requiere
      un convenio que comporta siempre un grado de arbitrariedad de
      imposible eliminación.

      LOS COMPONENTES DE LA RENTA
      NACIONAL.

      La evolución de los estudios e investigaciones
      estadísticas sobre la renta nacional ha comportado una
      creciente precisión del contenido y significado de dichas
      investigaciones que, con el título genérico de
      «estadísticas sobre la renta nacional»,
      incluyen hoy numerosos agregados cada uno de los cuales tiene un
      significado específico y, por consiguiente, también
      una específica utilización.

      Siguiendo la terminología anglosajona usada
      generalmente en la literatura internacional,
      exponemos a continuación el significado y contenido de las
      magnitudes globales de uso más frecuente.

      Según una primera acepción, de percepción
      inmediata, la renta nacional es la suma de todas las rentas
      personales obtenidas por las personas que forman parte de una
      cierta colectividad. Será, por consiguiente, la suma de
      los sueldos y
      salarios, beneficios, intereses, dividendos y rentas y
      cualquiera otra suma percibida por cualquier concepto como las
      pensiones, subsidios de paro y
      cantidades obtenidas adicionalmente sobre los sueldos y salarios
      a título de seguros o
      asistencia social.

      Si al total de rentas personales se suman también
      los beneficios no distribuidos por las sociedades, se
      obtiene el total de rentas «privadas».

      Hay que señalar que el total de rentas privadas
      no coincide con el total de rentas provenientes de la
      producción de bienes y servicios, ya que incluye las
      «transferencias de renta», a las que más
      propiamente podría llamarse «transferencias de poder
      adquisitivo»; son éstas las transferencias
      efectuadas por el Estado o
      los entes públicos a favor de determinadas clases y
      están constituidas por pagos de pensiones u otras formas
      de seguridad o asistencia social.

      Restando a las rentas privadas todas las transferencias
      de renta se obtiene el total de rentas percibidas por el sector
      privado por la producción de bienes y servicios, esto es,
      todas las rentas que han afluido a los factores de la
      producción empleados en el período considerado,
      como remuneración por sus servicios.

      Sumando a este conjunto de rentas las rentas eventuales
      derivadas dc los bienes propiedad del
      Estado o de otros organismos públicos se obtiene la
      llamada renta nacional neta al costo de los
      factores, es decir, la renta nacional valorada según el
      costo de los factores que han intervenido en forma directa en la
      producción. La renta nacional al costo de los factores se
      valora, por lo tanto, incluyendo los impuestos directos que
      gravan las rentas, pero deduciendo los impuestos indirectos,
      impuestos que están incluidos en el precio pagado
      por los consumidores, pero no en el ingreso de los productores, y
      que no son, por lo tanto, remuneración de los factores de
      la producción utilizados en un determinado sector de
      actividad.

      Si se quiere valorar la renta nacional no al costo de
      los factores, sino a los precios de mercado, es
      decir, si se quiere estimar a los precios de mercado el valor del
      flujo neto de bienes y servicios producidos, es preciso
      añadir al total anterior la cuantía de los
      impuestos indirectos. Al existir también
      «subsidios» del Estado a las empresas, subsidios que
      hacen la remuneración de los factores de la
      producción mayor de la que hubiera resultado sobre la base
      de las cantidades pagadas por los consumidores, será
      también preciso detraer estos subsidios.

      Más brevemente: para obtener la renta nacional a
      precios de mercado es necesario añadir a la renta nacional
      al costo de los factores la magnitud de los impuestos indirectos
      deduciendo los subsidios.

      Si a la renta neta a los precios de mercado así
      determinada se añade la amortización, los bienes y
      servicios utilizados para mantener intacto el patrimonio ya
      existente, se llega a un total más general definido como
      «renta nacional bruta» o «producto nacional
      bruto».

      Hasta ahora, para no alargar la exposición, no se han mencionado
      todavía las relaciones económicas con el exterior;
      pero se sobreentiende que todos los totales mencionados han de
      incluir también la renta neta del exterior, el saldo
      (positivo o negativo) por intereses, dividendos y otros tipos de
      ingresos (como las remesas de los emigrantes) provenientes del
      exterior.

      Pero las relaciones con el exterior intervienen
      también en otro sentido en las estadísticas sobre
      la renta nacional, en cuanto el total de bienes y servicios
      producidos en el interior —el «producto nacional
      bruto»— no corresponde al de los bienes y servicios
      utilizados dentro del país, puesto que, para ello, es
      preciso tener también en cuenta los bienes y servicios
      importados y los exportados.

      Añadiendo al producto nacional bruto la magnitud
      de los bienes y servicios importados, se tiene el total de
      recursos disponibles tanto para el interior del país como
      para la exportación. Restando, en fin, las
      exportaciones de bienes y servicios, se obtendrá el total
      de recursos disponibles en el interior. En otras palabras: el
      total de recursos disponibles en el interior es igual al producto
      nacional bruto, más o menos el déficit o el
      superávit de las partidas corrientes de la balanza de
      pagos.

      Obsérvese que si bien las relaciones
      económicas internacionales modifican la cuantía de
      los recursos disponibles en el interior durante el período
      considerado, no tienen, sin embargo, evidentemente, la menor
      influencia sobre el producto nacional bruto, porque al eventual
      exceso o déficit de los recursos disponibles respecto a
      los bienes y servicios producidos en el interior se opone una
      correlativa posición deudora o acreedora hacia el exterior
      en las partidas de la balanza de pagos relativas a los
      movimientos de capital.

      Hay que señalar, además, que las rentas
      netas provenientes del exterior y ya incluidas eventualmente en
      el producto nacional bruto, concurren en la cobertura del
      déficit de la balanza corriente de pagos y, por lo tanto,
      si se dispone del producto nacional bruto comprensivo ya de tales
      partidas, será preciso añadir, para llegar al total
      de recursos disponibles, no la totalidad del déficit de la
      balanza de las partidas corrientes, sino este mismo
      déficit deduciendo de él las rentas netas del
      exterior, ya incluidas con anterioridad.

      Cuanto hemos expuesto hasta ahora puede resumirse
      esquemáticamente en la forma que se presenta en la tabla
      VII-1:

      TABLA
      VII-1

      COMPONENTES DE LA
      RENTA NACIONAL

      Rentas personales.

      + Beneficios no distribuidos.

      Rentas privadas.

      — Transferencias de
      rentas.

      + Rentas del Estado y de otros
      organismos públicos.

      Producto nacional neto al costó
      de los factores.

      + Impuestos indirectos (deducidos los
      subsidios).

      Producto nacional neto a los precios de
      mercado.

      + Amortización.

      Producto nacional bruto (a los precios
      de mercado).

      + Rentas netas del exterior.

      Renta nacional bruta (a los precios de
      mercado).

      + Importación de bienes y
      servicios.

      — Exportación de bienes y
      servicios.

      Total de recursos disponibles en el
      interior.

      La precedente exposición tiene como objetivo
      fundamental poner en evidencia los nexos existentes entre los
      principales agregados relativos a la renta nacional, y se ha
      efectuado adoptando como punto de partida aquel total que se ha
      considerado de más inmediata percepción, el total
      de las rentas personales.

      Pero hay que añadir en seguida que la renta
      nacional puede interpretarse directamente de tres formas
      diferentes, cada una de las cuales corresponde a uno de los
      distintos aspectos bajo los que puede ser considerada. Esta puede
      interpretarse:

      • Como suma de rentas netas añadidas
        por las distintas formas de actividad productiva más la
        renta neta derivada de las relaciones con el
        exterior.
      • Como suma de rentas obtenidas por los diversos
        factores productivos: salarios y sueldos, intereses,
        beneficios, rentas.
      • Como gasto nacional neto, es decir, corno suma de los
        consumos finales de bienes servicios por parte de los
        consumidores privados y los organismos públicos,
        más la formación neta de capital en el interior y
        el movimiento
        patrimonial en las relaciones exteriores.

      Con el método a), al que podemos llamar de
      lvalor añadido (comúnmente conocido como
      método del valor agregado) llega en forma directa a
      la valoración de la renta nacional al costo de los
      factores; con el método b), llamado de las «clases
      de renta», se valora directamente el total de las rentas
      personales o el total de las rentas producidas; con el
      método c), llamado del «producto final», se
      consigue la valoración directa del producto nacional bruto
      a precios de mercado. Pero siempre es posible introducir en uno
      cualquiera de los totales las variaciones conceptuales necesarias
      para transformarlo en aquel otro total que se quiera
      eventualmente considerar.

      La renta nacional, interpretada como suma de las rentas
      netas de las diversas formas de actividad productiva, se
      articulará, por ejemplo, como suma de rentas productivas
      por las siguientes actividades: agricultura,
      industrias
      extractivas, servicios públicos, industrias
      manufactureras, construcción, transportes y comunicaciones, comercio, banca y seguros,
      servicios del Gobierno, otros servicios, y rentas netas del
      exterior.

      La renta nacional como gasto nacional en consumo
      final se estructura, por el contrario, de la siguiente
      forma:

      1) Gastos de los consumidores en bienes y
      servicios.

      2) Gastos corrientes del Gobierno por los mismos
      conceptos.

      3) Formación bruta de capital en el
      interior.

      • Inversiones privadas.
      • Inversiones
        públicas.

      4) Inversión o desinversión en
      relación con el exterior

      El total de estas partidas proporcionará
      directamente el producto nacional bruto ( o producto interno
      bruto) a los precios de mercado; de este total, corno ya
      hemos visto, se obtiene, sustrayendo la amortización y los
      impuestos indirectos (deducidos los subsidios), la renta nacional
      al costo de los factores.

      Más recientemente el desarrollo de la contabilidad
      nacional ha permitido considerar desde otros punto de vista los
      elementos constitutivos de la renta nacional. Sin anticipar lo
      que después diremos sobre este punto, consideramos
      oportuno una breve ilustración que permitirá aclarar el
      contenido de las valoraciones de la renta nacional
      italiana.

      Se adopta como punto de partida el ingreso bruto de
      una empresa
      productiva, consistente en la magnitud de los precios de mercado
      pagados por los consumidores, multiplicada por los bienes y
      servicios vendidos por ella. De este ingreso bruto es preciso de
      traer después el costo de los bienes y servicios a otras
      empresas, y la diferencia podrá ser distribuida entre los
      diversos factores que han concurrido a la
      producción.

      Estado de ganancias y pérdidas (resultados) de
      una empresa
      cualquiera (suponiendo para simplificar, que no se ha producido
      en el intervalo considerado ninguna variación en los
      stocks) puede resumirse como se muestra en la
      tabla VII-2.

      TABLA
      VII-2

      EMPRESA
      A

      ESTADO DE GANANCIAS Y
      PERDIDAS

      DEL 1º DE ENERO
      31 DE DICIEMBRE DEL 200X

       

      INGRESOS

       

      COSTOS
      YGASTOS

       

      Venta de bienes y servicios.

       

      • Bienes y servicios
        adquiridos del exterior (incluidas las cargas por
        intereses).

       

       

       

      • Sueldos y salarios.

       

       

       

      • Amortización.

       

       

       

      • Impuestos y tasas (excluidos los
        impuestos directos sobre la renta).

       

       

       

      • Impuestos directos sobre la
        renta.

       

       

       

      • Renta neta del
        ejercicio.

      NOTA: Adaptado de Napoleón. Diccionario de
      Economía
      política. 1988

      En este ejemplo, si del total de ingresos brutos
      deducimos el costo de los bienes y servicios comprados (incluimos
      los intereses), obtenemos lo que se define como «valor
      añadido» por la empresa A al valor de los bienes y
      servicios adquiridos del exterior.

      Si pasamos ahora a considerar todas las empresas
      productivas de la nación
      como una sola empresa, la cuenta consolidada de esta empresa
      («consolidada» en el sentido de que se han eliminado
      todas las duplicaciones derivadas de los bienes y servicios que
      cada empresa aislada compra de las demás), a la que puede
      llamarse «sector productivo privados, se presentará
      como se muestra en la tabla VII-3.

      TABLA
      VII-3

      SECTOR PRODUCTIVO
      PRIVADO

      RESUMEN DE INGRESOS Y
      COSTOS

      DESDE EL 1º ENERO
      HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 200X

      INGRESOS

      COSTOS
      YGASTOS

       

      Venta de bienes y servicios: para uso final, a
      la administración
      pública.

       

      Sueldos y salarios.

       

       

      Amortización.

       

       

      Impuestos y tasas (excluidos los impuestos
      directos sobre la renta).

       

       

       

      Impuestos directos sobre la renta.

       

       

       

      Renta neta del ejercicio.

      NOTA: Adaptado de Napoleoni. Diccionario
      de Economía política. 1988

      En definitiva, del lado de los ingresos quedan solamente
      las ventas efectuadas fuera del sector productivo (uso final y
      administración pública), ya que
      todas las que se verifiquen a otras empresas productivas
      constituyen, para estas últimas, los costos de los
      bienes. y servicios adquiridos, costos que forman el ingreso
      bruto, esto es, la magnitud de las ventas de los bienes y
      servicios de dichas empresas.

      Así, por ejemplo, en la hipótesis de que existen solamente dos
      empresas, una de las cuales produzca hilados de lana y la otra el
      tejido, las cuentas
      individuales y la cuenta conjunta consolidada serían como
      se muestra en las tablas VII-4, VII-5 y VII-6i:

      TABLA
      VII-4

      EMPRESA
      A

      RESUMEN DE INGRESOS Y
      COSTOS

      DESDE EL 1º ENERO
      HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 200X

      (En millones de US
      $)

      INGRESOS

      $

      COSTOS
      YGASTOS

      $

      Venta de empresa B.

      50

      Bienes y servicios compra dos del
      exterior

      20

       

       

      Valor agregado

      30

       

      50

       

      50

      NOTA: Adaptado de
      Napoleoni. Diccionario de Economía política.
      1988

      TABLA
      VII-5

      EMPRESA
      B

      RESUMEN DE INGRESOS Y
      COSTOS

      DESDE EL 1º ENERO
      HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 200X

      (En millones de US
      $)

      INGRESOS

      $

      COSTOS
      YGASTOS

      $

      Venta a los consumidores

      110

      Compras a la
      empresa A|

      50

       

       

      Valor agregado

      60

       

      110

       

      110

      NOTA: Adaptado de
      Napoleoni. Diccionario de Economía política.
      1988

       

      TABLA
      VII-6

      EMPRESA A +
      B

      RESUMEN DE INGRESOS Y
      COSTOS CONSOLIDADO

      DESDE EL 1º ENERO
      HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 200X

      (En millones de US
      $)

      INGRESOS

       

      COSTOS
      YGASTOS

       

      Ventas a los consumidores

      110

      Bienes y servicios compra dos del
      exterior

      20

       

       

      Valor agregado por la empresa A

      30

       

       

      Valor agregado por la empresa B

      60

       

      110

       

      110

      NOTA: Adaptado de Napoleoni. Diccionario
      de Economía política. 1988

      En el ejemplo expuesto, figura aun en el sector de los
      costos la partida bienes y servicios adquiridos del exterior,
      pero se entiende que, incluyendo a la totalidad de las empresas
      productivas, todos los costos se configuran como «valores
      añadidos» y su suma es igual al valor de los bienes
      y servicios vendidos en el exterior del sistema productivo
      privado.

      Con referencia a la valoración de la renta
      nacional italiana para el año 1952, el «valor
      añadido» por el sector productivo privado, obtenido
      como suma de los valores
      añadidos de las grandes ramas de actividad productiva
      (agricultura, industria,
      comercio, etc.), ha resultado igual a 8.081 miles de millones.
      Obsérvese que en la presentación de los datos parciales
      que forman este total, existe en las estadísticas italiana
      una partida denominada «diferencia por duplicaciones»
      (206 miles de millones) que se debe a la circunstancia de que en
      el valor agregado de cada sector de actividad productiva
      están incluidas también las cargas por intereses
      sobre los capitales tomados a préstamo, cargas que
      constituyen una duplicación cuando al considerar la
      totalidad del sistema productivo privado se incluye
      también el «valor añadido» de los
      servicios prestados por el sistema bancario. (En rigor, las
      cargas por intereses, al representar también el costo de
      un servicio adquirido por la empresa, deben excluirse desde el
      primer momento del valor añadido, pero puesto que es
      difícil cifrarlas estadísticamente, sector por
      sector, se elimina la duplicación sobre el total
      global).

      La administración pública se estudia de la
      misma forma que el sector productivo privado en el sentido de que
      también ella proporciona bienes y servicios, los compra
      del exterior y con su actividad origina la formación de un
      valor añadido. Sólo que al faltar un precio de
      mercado los bienes y servicios se valoran al costo.

      La contabilidad de la administración
      pública puede ilustrarse como sigue (tabla
      VII-7):

      TABLA
      VII-7

      ADMINISTRACION
      PUBLICA

      COSTOS
      YGASTOS

       

      INGRESOS

      Compra de bienes y servicios al sector productivo
      privado.

       

      Bienes y servicios prestados valorados a su costo
      (gastos de la administración
      pública).

      Valor agregado

       

      NOTA: Adaptado de Napoleoni. Diccionario
      de Economía política. 1988

      El producto neto se define como el valor
      agregado
      deducidas las amortizaciones. Es, por lo tanto,
      igual a los ingresos brutos menos el valor de los bienes y
      servicios comprados del exterior y menos las amortizaciones. Es,
      asimismo, igual al total de las partidas indicadas con los
      números 2, 4, 5 y 6 en la tabla VII-2.

      Sobre la base del análisis italiano para el
      año 1952, los datos relativos al sector productivo privado
      y a la administración pública pueden exponerse en
      la siguiente forma siguiendo el esquema que se exhibe en la tabla
      VII-8.

      TABLA
      VII-8

      SECTOR PRODUCTIVO
      PRIVADO

      DESDE EL 1º ENERO
      HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 200X

      (En millones de US
      $)

      INGRESOS

       

      COSTOS Y
      GASTOS

       

      Ventas:

      Usos finales

      7.580

      Valor de los bienes y servicios recibidos de la
      administración pública.

      419

      A la administración
      pública

      977

      Producto privado neto a los precios de
      mercado.

      8.138

       

      8.557

       

      8.557

      NOTA: Adaptado de Napoleoni. Diccionario
      de Economía política. 1988

      En cuanto se refiere a la administración
      pública, el valor de los bienes y servicios prestados por
      ella se diversifica en bienes y servicios para usos finales y
      bienes y servicios proporcionados al sector productivo privado
      (se trata de los servicios de la administración
      pública, que se consideran directamente útiles para
      la producción y cuya utilidad queda incorporada al valor
      de los bienes y servicios proporcionados por el sector productivo
      privado a los precios de mercado).

      TABLA
      VII-9

      ADMINISTRACION
      PUBLICA

      DESDE EL 1º ENERO
      HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 200X

      (En millones de US
      $)

      COSTOS

       

       

      INGRESOS

       

      Compra de bienes y servicios al sector
      productivo privado.

      977

       

      Bienes y servicios prestados:

      A los consumidores finales

      1.443

      Producto neto

      885

       

      Al sector productivo privado

      419

       

      1.862

       

       

      1.862

      NOTA: Adaptado de Napoleoni. Diccionario
      de Economía política. 1988

      Se entiende que, para obtener el producto nacional neto
      a los precios de mercado, será necesario sumar, por una
      parte, el producto neto del sector privado y el de la
      administración pública, y por otra, el valor de
      todos los bienes destinados a usos finales (en la
      expresión «usos finales» se incluyen tanto los
      consumos finales como las inversiones netas).

      Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
       Página anterior Volver al principio del trabajoPágina siguiente 

      Nota al lector: es posible que esta página no contenga todos los componentes del trabajo original (pies de página, avanzadas formulas matemáticas, esquemas o tablas complejas, etc.). Recuerde que para ver el trabajo en su versión original completa, puede descargarlo desde el menú superior.

      Todos los documentos disponibles en este sitio expresan los puntos de vista de sus respectivos autores y no de Monografias.com. El objetivo de Monografias.com es poner el conocimiento a disposición de toda su comunidad. Queda bajo la responsabilidad de cada lector el eventual uso que se le de a esta información. Asimismo, es obligatoria la cita del autor del contenido y de Monografias.com como fuentes de información.

      Categorias
      Newsletter