Factores condicionantes de la movilización étnica entre la población
inmigrante extracomunitaria
- 3.1. Cultura
política de los inmigrantes
marroquíes - 3.2. Cultura
política de los inmigrantes
peruanos
En este artículo se sistematizan algunos factores
que condicionan la movilización étnica, esto es, la
participación de los extranjeros extracomunitarios en
España
en asociaciones propias o movimientos más
espontáneos de expresión colectiva. Analizamos las
condiciones en que puede activarse la etnicidad como recurso
político en el contexto receptor de cara a la
obtención de beneficios —laborales,
sociopolíticos—, lucha contra el racismo y la
discriminación o mantenimiento
y afirmación de la identidad de
origen. Los factores referidos se agrupan en varios
epígrafes —de índole económica,
social, política y relacionados con la
configuración de las asociaciones—, aunque su efecto
sobre el objeto de estudio no se verifique independientemente del
resto.
Palabras clave: movilización
étnica, asociacionismo inmigrante, cultura
política (marroquí y peruana), segmentación étnica, capital
social, identidad pre-migratoria.
Key factors in third countries immigrant population
ethnic mobilisation In this article we systematize some
factors conditioning the ethnic mobilization, that is, the
extracomunitarian immigrants participation in their associations
or more spontaneous movements for collective expression. We
analyse the conditions under which ethnicity can be activated as
a political resource in receptor society for obteining material
benefits, fighting against racism and discrimination or
maintaining and affirming original identity. The mentioned
factors are grouped in various headlines —economic, social,
political and relatives to associations configuration—,
although their effect upon our study subject is not independent
of the rest of them.
Key words: ethnic mobilization, immigrant
associationism, political culture (Moroccan and Peruvian), ethnic
segmentation, social capital, pre-migratory identity
El objetivo de
este artículo es sistematizar algunos de los factores que
condicionan la movilización étnica1,
esto es, la disposición de la población extranjera
extracomunitaria en España a participar en asociaciones
cuyo principal eje de identificación es la nacionalidad
compartida (y/o su condición de inmigrante u otros
registros de
mayor o menor alcance relacionados, en todo caso, con su
condición de extranjeros), o en movimientos más
espontáneos y efímeros de expresión
colectiva articulados en torno a tales
registros2. En términos de Rex (2002),
examinamos las condiciones en que se puede activar la etnicidad
como recurso político en el contexto receptor, de cara a
la «inclusión en un sistema
institucionalizado de beneficios» (Melucci, 1994: 122)
—mejoras laborales, acceso a derechos
sociopolíticos—, a la lucha contra el racismo y la
discriminación o al mantenimiento y
afirmación de la identidad de origen en el
mismo.
El contexto socioeconómico en que tal
activación tendría lugar se caracteriza por la
situación irregular de parte considerable de la
población extracomunitaria3, por su
inserción laboral en
ocupaciones de baja cualificación y sectores de actividad
poco regulados y por el rechazo social de ciertos grupos sobre los
que pende en España un estigma social fuertemente
arraigado en el imaginario colectivo. En términos
generales, pues, la situación vital de estos inmigrantes
muestra
considerable grado de inestabilidad y de precariedad,
características ambas del primer estadio migratorio. Es
por eso que muchos de los condicionantes de la
movilización étnica aquí examinados tienen
que ver con la situación vital, fundamentalmente laboral,
de estas poblaciones y que tal movilización se
orientaría, precisamente, a la mejora de tal
situación y no tanto a su afirmación cultural
(propia de la segunda fase del proceso
migratorio4).
A nivel político, no se reconocen los derechos de
manifestación y reunión, sindicación y
huelga y
asociación (art. 7.1, 11.1. y 8 de la LO 4/2000 reformada
por la LO 8/2000) a los inmigrantes en situación irregular
ni el derecho a voto, siquiera a nivel local, para los ciudadanos
no comunitarios sin nacionalidad
española. En tal contexto, el recurso a la etnicidad como
vector de acción
colectiva podría interpretarse como acción racional
(Hechter, 2002), más aún si asumimos con Rex (2002:
272) que «a diferencia de las clases […] (las
etnias) comienzan como "etnias para sí mismas" y utilizan
su etnicidad como recurso en su organización y en su lucha por los derechos
sociales». Sin embargo, a mi juicio, la etnia no es
siempre etnia «para sí», en tanto grupo
consciente de su unidad de intereses y dispuesto a defenderlos
colectivamente: la «liberación cognitiva»
(McAdam, 1982: 49) que ello precisa no es un a priori,
sino resultado (como en la clase
trabajadora) de un proceso que puede o no darse en función de
ciertos factores. Así, entre la visión esencialista
y la situacional de la etnicidad, suscribo la situacional (Barth,
1969, en Rex, 2002: 265): las fronteras del grupo varían
con la situación e intereses de los individuos.
La etnia será etnia para sí sólo en
las circunstancias que la activen como recurso de
movilización social.
El paradigma de
análisis aquí utilizado es el de la
elección racional, que «considera que el comportamiento
individual es una función de la interacción de las limitaciones
estructurales con las preferencias soberanas de los individuos
» (Hechter, 2002: 238). Así, siendo la unidad de
análisis en última instancia el individuo, los
condicionantes (de su disposición a la
movilización) que exponemos a continuación son en
todo caso de índole estructural, ya que no sólo las
limitaciones, sino también las denominadas
preferencias resultan condicionadas por su entorno social
—de origen y/o receptor—. Este escrito está
estructurado en tres apartados: en el primero abordamos el examen
de los condicionantes de índole económica
—relacionados en su mayoría con la estructura de
oportunidades del entorno receptor; en el segundo examinamos los
condicionantes de índole social, vinculados algunos de
ellos (redes
relacionales, identidades pre-migratorias…) a las
denominadas preferencias, forjadas en ocasiones en la
estructura
social de origen de los inmigrantes; finalmente, en el tercer
apartado analizamos los condicionantes de índole
política, donde se incluyen también referencias a
las estructuras
sociopolíticas receptora y de origen.
En este último apartado profundizamos en el
concepto de
«cultura política » (preferencia
forjada en el entorno estructural de origen), y ello desde el
estudio de los casos marroquí y peruano.
1. Factores de índole
económica
Si la movilización étnica es inteligible
como «necesidad táctica» (Geertz, 1963, en
Rex, 2002: 265) para el grupo con intereses comunes, analizamos
ahora la posibilidad de dicha comunidad de
intereses, y ello desde la aplicación de las hipótesis y la metodología propias de la teoría
económica, ya sea en el análisis de las
dinámicas inherentes a los pequeños y grandes
grupos (Oslon, 1992) o del establecimiento de los procesos
constitucionales (Buchanan y Tullock, 1980), basados ambos en la
interpretación del comportamiento humano en
términos de maximización de utilidad
—acción racional—, no
sólo en el ámbito mercantil, sino también
político. Desde este enfoque se interpreta que, en vista
de sus objetivos y
los medios
alternativos disponibles para lograrlos, el individuo elige entre
éstos últimos los más rentables
relativamente: se adopta, pues, la perspectiva del individualismo
metodológico (toda acción colectiva está
compuesta de decisiones individuales). Este planteamiento implica
que toda acción racional se refiere siempre al logro de un
fin previamente aceptado y también que «todas las
propuestas para la acción colectiva pueden ser traducidas
en dimensiones conceptualmente cuantificables en términos
del valor y del
coste de los "bienes
públicos" que se espera que resulten» (Olson, 1992:
61).
Es preciso advertir que la definición de los
«bienes públicos» es estrictamente individual
y esto es especialmente relevante por lo que a nuestros efectos
importa. De ahí que resulte imprescindible conocer los
intereses de las poblaciones consideradas y en qué sentido
la acción colectiva, que implica costes seguros y
potenciales beneficios, puede incrementar la utilidad
individual.
Es necesario que la acción colectiva asegure
beneficios externos no accesibles desde la acción
estrictamente individual, pero también que tales
beneficios no superen a los «costes de independencia» (ibídem, p. 71) de
aquélla. Examinamos ahora algunos factores que condicionan
el alcance de los costes y beneficios asociados a la
acción colectiva para las poblaciones
inmigrantes5.
— El primero de los factores a considerar es el
nivel de precariedad vital del individuo. Tal
precariedad no deriva necesariamente de la falta de trabajo o de
la escasez de
salario, sino que
es producto
muchas veces de la obligación de satisfacer deudas
contraídas a partir del desplazamiento migratorio (deudas
que acaparan el salario del trabajador durante al menos su primer
año de estancia en España) y/o del compromiso de
periódicos envíos de remesas a la familia en
el país de origen, de modo que el trabajador aquí
se reserva de su salario lo imprescindible para su
subsistencia.
— En segundo lugar, el alcance del proyecto
migratorio del individuo. Es evidente que, en
función de sus motivaciones migratorias, el inmigrante
desarrollará estrategias
concretas en el país receptor (recuperamos aquí los
conceptos de proyecto y estrategia tal como son
analizados por Pérez Díaz (1971).
El alcance del proyecto migratorio incide no tanto en la
propensión al asociacionismo como en el tipo de
asociación elegida, sea cultural o política: la
movilización para la promoción colectiva o reivindicación
de derechos sociopolíticos sólo se da con
perspectivas de instalación permanente6,
mientras que si existe proyecto de retorno al país de
origen, la asociación suele ser sólo lugar de
expresión identitaria, de mantenimiento de la
cohesión grupal y las formas originales de
socialización7: el asociacionismo con marcada
referencia a la identidad
nacional (sin bilateralidad de referencias) y liderazgo
personalizado se relaciona con una fase concreta de la inmigración que se vincula a las
necesidades de la primera generación [integración funcional en la sociedad
receptora mientras se planifica un hipotético retorno al
país de origen (Hily y Poinard, 1987).
— El proyecto de retorno también tiene
implicaciones en cuanto a la selección
del grupo de referencia del inmigrante y al concepto de
privación relativa (Stark,
19938), íntimamente ligado a dicha
selección. Ambos factores pueden ser determinantes en la
propensión a participar en iniciativas de promoción
colectiva, ya que condicionan la autopercepción
individual: si proyecto mi persona y mi
identidad en el país de origen, puede que me sienta
privilegiado en razón de mi nivel de vida en el receptor y
que no vea la necesidad de luchar en él por mejorar mi
situación; por contra, si mis referencias se anclan en el
país receptor (existe un proyecto de asentamiento
definitivo), tal vez mi situación de desfavorecimiento
respecto al resto de la población me decida a intentar
modificarla vía acción colectiva: tras la
satisfacción individual de las necesidades primarias se
lucha colectivamente por la consecución de derechos
sociales y políticos en el nuevo entorno.
— Otro de los factores a considerar es la
situación legal del inmigrante en
España. Puesto que sólo para los inmigrantes en
situación regular se reconocen derechos políticos
(vide supra), la movilización pública puede
no ser deseable para inmigrantes en situación irregular
(de entrada o sobrevenida)9, ya que corren el riesgo de hacerse
demasiado «visibles». El inconveniente es mayor si se
trata de individuos huidos de su país por motivos
políticos (la visibilidad puede resultar en
expulsión), entre quienes, además, muchos sospechan
que el gobierno del
país de origen controla desde el Consulado sus actividades
y temen por la situación de sus familias
allí.
Ciertamente, la situación de irregularidad
alienta en ocasiones la acción colectiva y en este sentido
son interpretables los últimos encierros de inmigrantes
(marroquíes y subsaharianos), orientados a obtener de
la
Administración permiso de residencia y trabajo. Tales
gestos ejemplifican el recurso a la acción colectiva como
vía de consecución de beneficios privados: no son
proyectos de
carácter permanente que asuman la etnicidad
como recurso estratégico, sino manifestaciones
espontáneas y coyunturales de individuos vinculados por su
condición de inmigrantes extracomunitarios, conscientes de
que, por tal medio, en el peor de los casos no ganarán
nada.
— Por otra parte, la dureza de la vida cotidiana
del inmigrante condiciona también decisivamente la
asunción del compromiso asociativo. La falta de
tiempo
libre debida a la sobrecarga laboral —en muchos
casos autoinfringida, sobre todo si la migración
individual se inscribe en un proyecto de promoción
familiar— no posibilita la dedicación a este tipo de
proyectos10.
La realidad cotidiana que afronta el inmigrante a menudo
cercena sus aspiraciones y potencialidades: en cierto sentido se
opera un proceso de despersonalización y
«mutilación» del individuo en sus
dimensiones no directamente productivas, el inmigrante se olvida
de sí mismo. Si el asociacionismo, en tanto vía de
presentación pública del grupo y de intercambio
personal,
puede mitigar esta depreciación personal, es evidente que la
mayoría no contempla por ahora esta
opción.
— Además, la dispersión e
inestabilidad ocupacional y geográfica de los
inmigrantes puede obstaculizar de hecho la movilización
colectiva. Como se sabe, en Francia y
otros países europeos la concentración de los
trabajadores inmigrantes en el sector industrial favoreció
su socialización en las pautas de
expresión y negociación pública, en buena medida
gracias a la presencia de los sindicatos. En
España, los sectores de actividad con mayor presencia de
población extracomunitaria se caracterizan por un alto
grado de precariedad e inestabilidad, sobre todo la
construcción —sujeta a oscilaciones
parejas al trasiego de la coyuntura económica— y la
agricultura
—igualmente inestable y que obliga a una elevada movilidad
geográfica entre los trabajadores11.
— Paralelamente, la concentración de
la población trabajadora inmigrante en determinados nichos
laborales pudiera considerarse acicate para su
movilización colectiva. De hecho, tal como señala
Pedreño (2001), durante un tiempo el predominio en el
campo español de
los jornaleros marroquíes generó una
situación próxima al monopsodio (único grupo
ofertante frente a múltiples demandantes), de modo que
este grupo, en buena medida regularizado debido a su considerable
permanencia en España, se instaló en una
posición de fuerza
relativa que permitió leves mejoras en las condiciones de
trabajo: la etnicidad se activó como recurso de
negociación porque entonces era factible. Posteriormente,
a finales de la década de 1990, la llegada de nuevos
grupos de inmigrantes al campo —ecuatorianos,
polacas… —, en buena medida arbitrada desde políticas
de reclutamiento
administrativas y en todo caso facilitada por la política
española de extranjería (cuyo decisivo papel en la
generación de una bolsa de inmigrantes irregulares, esto
es, mano de obra vulnerable, flexible y dispuesta a todo, no
puede obviarse12), neutralizó la capacidad de
contestación de los marroquíes, que se han visto en
muchas zonas relegados a condición de ejército de
reserva de mano de obra en picos de campaña. En
definitiva, la segmentación étnica de la fuerza de
trabajo —«la etnificación del trabajo ha sido
claramente la estrategia
desplegada por las políticas de reclutamiento y gestión
empresarial de la mano de obra» (Pedreño, 2001:
193)— ha permitido en el campo español que su
dependencia del trabajo asalariado no haya «posibilitado a
los trabajadores agrícolas un mayor control sobre sus
condiciones de trabajo y de empleo, ni
ha[ya] generado un movimiento
organizativo de los mismos» (ibídem, p.
192).
— Así, la segmentación
étnica de la fuerza de trabajo inmigrante
neutraliza el efecto movilizador de la concentración de
determinado grupo en un nicho laboral, de modo que puede ahogar
la etnicidad como recurso político frente a la
mayoría (aquí empleadores) cuando hay exceso de
oferta de
trabajo. Sin embargo, si la segmentación étnica se
justifica también en términos étnicos y no
económicos, tal como está ocurriendo en el campo
español —«la atribución de actitudes
laborales a individuos en función de su etnia o
nacionalidad (tras 20 años en el campo español, los
empresarios empiezan a encontrar a los marroquíes
improductivos e indisciplinados…) son un tipo de
prácticas o discursos
(racistas) que responde a la necesidad de perpetuar continuamente
una bolsa de trabajo barato y vulnerable », según
Pedreño (2001: 195)13—, entonces
sí pudiera alentarse la movilización
«étnica», esto es, apoyada en registros de tal
índole y no de otra (clasista…).
— El efecto de la concentración en
determinados nichos laborales como activador de la movilidad
étnica puede verse también neutralizado por la
consideración de tal nicho como lugar de paso para el
trabajador: «los trabajadores temporales evitan implicarse
en disputas laborales prolongadas » (Bonacich, 2002: 210).
Así, el servicio
doméstico interno es ciertamente un nicho laboral de
población inmigrante, pero en tal caso la etnicidad no se
ha activado, creemos, porque hay pluralidad de ofertantes
(diversidad étnica) y por la condición de
«lugar de paso» del propio
sector.
Esta ocupación, donde el gasto de
automantenimiento del trabajador es mínimo, permite el
pago de las deudas contraídas y la regularización
de la propia situación legal, pasos previos al acceso al
régimen externo14.
En este mismo sentido, opera el carácter
complementario en la economía del hogar de
ciertos trabajos (por ejemplo, el servicio
doméstico por horas suele serlo).
— Finalmente, la eliminación de la
relación directa entre empleado y empleador
desincentiva también la movilización étnica,
y ello porque hace invisible a éste último: la
externalización de las funciones de
reclutamiento, administración, gestión, transporte y
disciplina en
el sector agrario (Pedreño, 2001) merced a la
sustitución del empleador por la figura del intermediario
o contratista —que ha permitido la proliferación de
«destajos unilateral e informalmente decididos»
(ibídem, p. 193)— y en los servicios no
cualificados mediante el recurso a las empresas de
trabajo temporal, ilustran claramente el
fenómeno.
Si los factores mencionados pueden asociarse a la
conducta
individual en tanto condicionantes «objetivos» de la
misma, los que a continuación presentamos tienen que ver
con la preferencia individual, que se forma «a
través tanto de mecanismos de selección como de
mecanismos de aprendizaje» (Hechter, 2002: 243). En cuanto
a los primeros, dado un fin determinado, el individuo suele
elegir el medio más adecuado, es decir, «las
preferencias adaptativas tenderán a ser más
seleccionadas que las inadaptativas» (ibídem, p.
243). Pero, además, «un factor determinante de la
distribución de estas preferencias es la
asociación diferencial […], que limita el conjunto
de los modelos
posibles o de personas cuyo comportamiento está disponible
para su observación» (ibídem, p. 243):
la socialización primaria —«mecanismos de
aprendizaje»— es crucial en la formación de
las preferencias. A tales «mecanismos de aprendizaje»
nos referimos en adelante, mecanismos ligados al contexto
sociopolítico de origen de los inmigrantes y
condicionantes de su propensión a la participación
pública.
Tal como subraya Inglehart (1991), el comportamiento
político individual debe interpretarse no sólo
desde el marco socioeconómico, sino también a
partir de elementos de índole cultural —mecanismos
de aprendizaje que conforman las preferencias
individuales15.
— En primer lugar, el grupo básico de
referencia del inmigrante suele ser el entramado de redes
primarias (o redes comunitarias) que le rodea,
fundamentalmente familiares, paisanos y amigos. En tanto red secundaria (o red
social), la asociación no forma parte del universo del
inmigrante medio, fuertemente vinculado a su familia por un
sistema de lealtades y fidelidades y que, además,
proporciona el apoyo material y emocional que
precisa16.
La densidad de tales
redes favorece el mantenimiento de la cohesión comunitaria
y la reproducción de las pautas de conducta y
valores de la
sociedad de origen, dificultando la asunción de otras
propias del nuevo contexto, entre ellas especialmente la
organización colectiva como vía de defensa y
promoción de los intereses del grupo (Rex y otros, 1987).
La enorme distancia entre el Estado y la
sociedad civil
en buena parte de los países de origen de los inmigrantes
extracomunitarios refuerza el recurso a dichas redes primarias
como estrategia de supervivencia en el país receptor. Sin
embargo, las necesidades cambian a medida que las poblaciones se
asientan y la experiencia en otros países europeos muestra
que, con el tiempo, se estimula el desarrollo de
las redes sociales o secundarias. En España, en
términos generales, la vía asociativa (laica) sirve
sobre todo a la satisfacción de intereses individuales
(acceso a servicios), y no a la promoción colectiva ni a
la expresión pública identitaria [aunque hay muchas
asociaciones latinoamericanas de carácter lúdico,
cultural, deportivo…, se configuran sobre lazos primarios
(paisanaje, etnia…) y son grupos cerrados sobre sí
mismos].
Es importante considerar también los posibles
efectos negativos del capital social17 que para el
inmigrante constituyen las redes primarias: si bien son fuente de
ayuda, también exigen contrapartidas a veces
desmesuradas18 consistentes en el establecimiento de
relaciones de patronaje al margen del Estado de
derecho19, modelo que
ampara cualquier iniciativa de movilización u
organización ciudadana.
— La falta de cohesión de la
población inmigrante puede considerarse
también obstáculo a la movilización
colectiva. Ciertamente, la situación de los inmigrantes
extracomunitarios difiere en cuanto a requisitos de
regularización legal, nichos laborales preferentes,
imagen entre
la población española… Además, la
segmentación étnica del mercado laboral
puede resultar en antagonismo étnico20.
Así, lo que separa a unos grupos de otros no es
sólo la diferencia de intereses, nacionalidad, etnia,
ideología política, nivel educativo
o clase social de origen. Es también importante considerar
el lado subjetivo de la cuestión y su influencia en la
posibilidad de que los inmigrantes extracomunitarios desarrollen
acciones
colectivas conjuntas: las poblaciones inmigrantes incorporan en
su imaginario un sistema jerárquico que ubica a los
diferentes grupos según su origen, y estas formas de
autoconciencia parecen estrechamente relacionadas con el
modo en que son tratados y se
perciben contemplados por la población
autóctona21. El discurso
igualitario —«todos somos inmigrantes»—
está más presente entre los marroquíes,
grupo más desfavorecido, mientras los demás se
perciben por encima ellos. Así, uno de los
obstáculos a la movilización conjunta de los
inmigrantes extracomunitarios es su resistencia a
considerarse como colectivo: autopercepción elitista de
ciertos grupos.
No sólo la comunidad de intereses resulta, pues,
definitiva para la movilización colectiva, también
es esencial la identidad compartida, el sentido de pertenencia al
grupo (Rex, 2002). Sin embargo, tampoco la nacionalidad
común garantiza la solidaridad
interpersonal: en muchos grupos inmigrantes las
«identidades pre-migratorias» (Rex, 2002: 267)
combinan la identidad étnica (que se superpone con
frecuencia a la zona de procedencia) con la identidad nacional,
mientras en el país receptor la primera dimensión
puede de hecho obstaculizar la adquisición de conciencia de
«clase para sí» en el grupo con igual
nacionalidad. Es éste otro de los efectos negativos del
capital social (en forma de redes primarias) del inmigrante o, si
se quiere, la contrapartida de sus efectos positivos: la exclusión
social de los no miembros del grupo (Portes, 1998).
Más allá de la nacionalidad, la cofradía
religiosa a que se pertenece (senegaleses: Suárez, 1998),
la etnia (marroquíes, senegaleses,
latinoamericanos…), el sexo, la zona
geográfica de procedencia (chinos: Beltrán,
2000)… son registros diferenciales importados de la
sociedad de origen, «focos organizativos» en
términos de Feld (1981), que muestran un doble efecto,
centrípeto (sobre los miembros del grupo) y
centrífugo (en relación a los no miembros): las
asociaciones y movimientos étnicos se constituyen a menudo
sobre estos registros diferenciales, que tienen efecto
desintegrador en el conjunto del grupo nacional. Así, la
diferenciación interna de clase reforzada y
reforzadora del componente étnico mantiene en el
exilio su potencial identitario y clasificador, actuando como uno
de los obstáculos más importantes para la
movilización de inmigrantes con nacionalidad
común.
Es, por tanto, muy difícil que en las actuales
condiciones la población inmigrante se constituya en
«colectivo» inmigrante, puesto que la
promoción grupal pierde fuerza como estrategia de
supervivencia allí donde la individual o familiar
demuestran utilidad. Como elementos potencialmente aglutinantes,
pueden actuar la vivencia compartida de rechazo por parte de la
población autóctona, la sensación de agravio
comparativo frente a otros grupos de
inmigrantes22…, todos ellos factores de orden
externo y que afectan sobre todo a la población
extracomunitaria y, en particular, a los grupos sin tratamiento
preferente en la LO 8/2000. Registros como «inmigrante
», «trabajador»,
«marginado»… pueden contrarrestar la
influencia segregacionista de las identidades
premigratorias.
Además, el peso de las identidades premigratorias
puede relativizarse en el contexto receptor, merced, en primer
lugar, a la «estructura multidimensional de las
identidades» (donde el referente puede ser la nación,
la religión,
la lengua, la
raza…) y al hecho de que el «difícil equilibrio de
esas identificaciones alternativas y/o complementarias debe ser
construido cotidianamente en función de los contextos de
acción, de las circunstancias, de las situaciones, de los
talantes, de los interlocutores» (Lamo de Espinosa, 1995:
26). Ciertamente, la migración modifica los referentes
individuales y sociales del inmigrante y, por tanto, su
autopercepción en el nuevo entorno.
En segundo lugar, «no hay una única
identidad étnica compartida por todos los miembros de una
minoría étnica inmigrante. […] están
acostumbrados a la idea de identidades múltiples incluso
antes de la migración y eligen las identidades de acuerdo
a la situación» (Rex, 2002: 266). En definitiva, es
posible que en el contexto receptor opere un proceso de
reconstrucción de la identidad (Veredas, 1999), proceso
que suscribe la perspectiva construccionista o social (frente a
la esencialista o culturalista) en el estudio de las relaciones
interétnicas y que implica definir la etnicidad como
construcción social: la adhesión e
identificación no es un a priori, se
produce.
Además, la opción identitaria del
individuo (como la elección del entorno de relaciones
personales) incluye una dimensión instrumental no
desdeñable, por cuanto la asunción de nuevos
patrones valorativos y de comportamiento puede estar motivada por
las previsiones acerca de su rendimiento individual en el nuevo
contexto (donde registros de más alcance
—nacionalidad o condición inmigrante— que la
etnia o la cofradía religiosa, por ejemplo, pueden
resultar más útiles).
— Finalmente, la estricta separación
de sexos característica de determinadas culturas
influye también en el arraigo del asociacionismo,
limitando seriamente la participación de las mujeres en
tales estructuras (por ejemplo, las mujeres marroquíes en
las asociaciones de carácter islámico), pero
fomentando también paralelamente el surgimiento de un
movimiento asociativo femenino orientado a la atención a la problemática de esta
población en el nuevo contexto —que a veces coincide
con la de los hombres (por ejemplo, aprendizaje del idioma) y
otras no (por ejemplo, empleo de medidas anticonceptivas)—
y a la oferta de un espacio de socialidad
específico.
3. Factores de índole
política
— La previa trayectoria de activismo
político y social en el país de origen es
un factor crucial respecto de la disposición personal a la
movilización pública en España, aunque no
opera siempre en el mismo sentido: algunos antiguos militantes
desean dejar atrás el tipo de actividad que, en ocasiones,
les obligó a exiliarse de su país; otros no
consiguen extirpar de sí el «veneno » de la
política y lo proyectan aquí en nuevas
causas.
— Política migratoria
española, tanto en lo relativo al control y a la
gestión de los flujos
migratorios, como al trato con las asociaciones de
inmigrantes: de la primera, resultan la fragmentación
étnica de la fuerza de trabajo y el mantenimiento de una
bolsa de irregulares; de la segunda, la cooptación de las
asociaciones de proyección política y su
transformación en diversas ONG. En ambos
casos, se desincentiva la movilización
étnica.
— Sin embargo, la relativa
desatención sindical de la defensa de los trabajadores
extracomunitarios en España puede alentar su
autoorganización en asociaciones propias de tinte sindical
(así ocurre entre los marroquíes).
La situación irregular de estos trabajadores
(economía sumergida) y/o su ubicación laboral en
nichos desrregulados (por ejemplo, servicio doméstico) les
mantiene fuera del alcance de las negociaciones
sindicales23. Además, se registran no pocos
conflictos en
el seno de los propios sindicatos, que se hacen eco de la
competencia
entre población autóctona e inmigrante y del
argumento del dumping social (Veredas, 2000). Finalmente,
hasta el momento, la actividad sindical (UGT y CC.OO.) orientada
a la población inmigrante se ha concretado en la
prestación de servicios financiados por el Estado, no
tanto en la defensa de sus intereses como población
trabajadora24.
— Además, la «oportunidad
política» (McAdam25, 1982) necesaria para
impulsar estas asociaciones viene dada por la necesidad,
por parte de la Administración, de interlocutores
frente a grupos en gran medida desestructurados [creación
de foros consultivos (locales, autonómicos y estatal)
donde se requiere la presencia de tales asociaciones] y por la
política de desmantelamiento del Estado de bienestar y la
transferencia de la prestación de servicios a
diversas organizaciones (entre ellas, asociaciones
de inmigrantes).
— Finalmente, hemos de considerar la cultura
política de la población inmigrante,
condicionante de su autopercepción como agente inmerso en
un sistema social cuya lógica
rige en buena medida los destinos de los ciudadanos: hablamos de
nuevo de las llamadas «preferencias» en la
teoría de la elección racional.
Una de las definiciones de «cultura
política» más operativas ha sido formulada
por Almond y Verba y se refiere a las «orientaciones
específicas políticas, posturas relativas al
sistema
político y sus diferentes elementos, así como
actitudes en relación al rol de uno mismo dentro de dicho
sistema» (Almond y Verba, 1970: 130). Subrayan los autores
la importancia de la socialización
política26 —de modo que la cultura
política de una sociedad o grupo social se forja en
concretas condiciones socioestructurales (Verba, 1965)—,
que tiene lugar en determinado sistema político pero
también en estructuras no políticas (familia,
escuela,
trabajo), que constituyen otros modelos —«instituciones
que potencian la asociación diferencial» (Hechter,
2002: 244)— de ordenamiento de los roles individuales y
experiencias con autoridad.
El modelo de análisis propuesto por Almond y
Verba (1970) define tres tipos ideales de cultura política
a partir del análisis cruzado de las cuatro dimensiones de
la orientación política —hacia el sistema
como objeto general, hacia los objetos políticos o
inputs (estructuras o roles, titulares y productos),
hacia los objetos administrativos u outputs y hacia uno
mismo como participante activo27— y de los modos
de dicha orientación, tal como son definidos por Parsons y
Shils (1951): orientación cognitiva, afectiva y
evaluativa. Del referido análisis resultan, como se ha
dicho, tres tipos ideales de cultura política: parroquial
(donde los individuos no tienen ningún tipo de
orientación política en ninguna de las dimensiones
consideradas: estructura política
tradicional)28, de súbdito (los individuos
suelen estar orientados hacia el sistema político como
objeto general y hacia sus outputs pero dicha orientación
se aproxima a 0 en lo relativo a los inputs y hacia uno mismo
como participante activo: estructura autoritaria centralizada) y
de participante (los individuos tienden a estar orientados hacia
el sistema como un todo y sus inputs y outputs y
hacia un rol personal políticamente activo: estructura
política democrática). El tránsito a esta
última orientación sucede tras el proceso de
«movilización cognitiva »29 que
Inglehart (1991) considera previo a la participación política de la
población y el arraigo de la democracia.
Almond y Verba completan la clasificación con
otros cuatro tipos de culturas políticas mixtas: cultura
parroquial-de súbdito, de súbdito-participante,
parroquial-participante y cultura cívica30, de
manera que reconocen la no-uniformidad de las culturas
políticas (todas las culturas políticas son
mixtas), pero además ofrecen una vía de
explicación del cambio
sociopolítico, puesto que tales culturas pueden o no ser
congruentes con las estructuras del sistema político
vigente, congruencia/incongruencia evaluada a partir de las
actitudes —positiva, negativa, indiferente—
observadas en la orientación cognitiva, afectiva y
valorativa de los individuos hacia los objetos
políticos.
Puesto que sobre el conjunto de la población
extracomunitaria nada puede decirse al respecto, hemos elegido
para ilustrarlo —a modo de estudios de caso— dos
grupos con considerable antigüedad migratoria y muy
diferentes entre sí: marroquíes y
peruanos.
3.1. Cultura política
de los inmigrantes marroquíes
Entre los inmigrantes marroquíes en España
cabe distinguir diferentes tipos de cultura política en
función de su origen geográfico y el nivel
educativo31, variables que
vienen a solaparse en sus efectos. Así, entre buena parte
de los trabajadores procedentes del Rif la cultura
política oscila entre la netamente parroquial y la
parroquial de súbdito. La primera es propia de sociedades
donde «no hay roles políticos especializados: el
liderazgo, la jefatura del clan o de la tribu, "el chamanismo",
constituyen roles difusos de tipo
político-económico- religioso y para los miembros
de estas sociedades las orientaciones políticas hacia
dichos roles no se hallan separadas de sus orientaciones
religiosas y sociales» (Almond y Verba, 1970: 34). En el
aislamiento geográfico, económico y educativo de
las aldeas bereberes rifeñas, la autoridad central apenas
se percibe fuera del cobro de los impuestos y
existe entre esta población una profunda desconfianza
hacia el poder y las
instituciones políticas centrales.
Gran parte de los rifeños no accede al sistema
educativo ni conoce otro agente de socialización
política que la familia, la tribu, donde el criterio de
autoridad deriva de su organización patriarcal, de modo
que la legitimación de la autoridad local se
asienta sobre pautas bien distintas a las que respaldan el poder
central del rey. De ahí la resistencia histórica en
el Rif a la autoridad del Majzen32 —sistema de
gobierno propio de Marruecos, que «asienta su poder sobre
la base de unas redes de clientelismo al tiempo que asimila las
técnicas del Estado burocrático
occidental heredadas del despotismo administrativo
colonial» (Desrues, 2000-2001: 176) —aunque su avance
se muestra en el cese de la reacción (favorecido por la
despoblación de la zona a partir de la expansión de
la migración) y la relativa estabilidad de la confusa
coexistencia de rasgos parroquiales y de lealtad a la autoridad
central: hay que recordar el potencial integrador de la
dimensión religiosa de la autoridad del
monarca.
El mapa político en el Rif se caracteriza por la
permanencia de las élites locales —sobre todo
hombres de negocios— tras la independencia,
élites alejadas de la Administración central
establecida en la zona del antiguo protectorado francés.
En cuanto a la tradición asociativa de esta
población, Pascon y Ennaji (1986) muestran que entre los
trabajadores asalariados del campo, unos obreros permanentes y
otros mano de obra ocasional, existen más elementos de
ruptura que de cohesión, dada su diferente
situación objetiva, de modo que se obstaculiza la
generación de sentimiento de pertenencia de
clase.
A esto coadyuva la práctica inexistencia de
sindicatos agrícolas.
Entre el resto de la población marroquí,
la cultura política más extendida se aproxima a la
del súbdito-participante. En este sentido, el Rey se ocupa
de evocar frecuentemente su condición alauita para
apuntalar la legitimidad de su mandato y también de orear
con cierta frecuencia la «patata caliente » de la
cuestión saharaui o la soberanía de Ceuta y Melilla para reforzar
el espíritu nacional y, de paso, su propia legitimidad
como cabeza de la nación.
El resultado es una gran frecuencia de orientaciones
hacia el sistema político diferenciado (monarquía) y sus outputs (medidas
políticas y elemento administrativo), pero un gran
desconocimiento del proceso de toma de
decisiones (inputs) y una relación pasiva con
el sistema. En cualquier caso, la orientación hacia el
sistema o sus outputs no implica la lealtad al mismo o
puede ocurrir también que tal sí exista pero que
aquéllos (outputs) provoquen reacciones negativas.
De hecho, los episodios periódicos de protesta popular en
Marruecos muestran una inestabilidad estructural que algunos
interpretan como resultante de la tensión entre la cultura
política de súbdito y la participante.
El ascenso al trono de Mohamed VI (1999) fue recibido
con gran expectativa por la población, puesto que el nuevo
monarca se había comprometido «a realizar cuantas
reformas sean necesarias para instaurar el Estado de
derecho, la cultura democrática, el liberalismo
económico y la solidaridad social» (Desrues,
2000-2001: 172). Actualmente, sin embargo, tales esperanzas se
han visto frustradas, por una parte debido al deterioro de la
situación económica33 y también
porque «la opción democrática cumple una
función de legitimación del rey pero todavía
se caracteriza por su sustancial falta de contenido»
(ibídem, p. 183): Mohamed VI mantiene sobre sí la
concentración de poderes que le convierte en el
único actor de cambio posible. En tales circunstancias, no
sorprende el ascenso islamista —el Partido de la Justicia y el
Desarrollo ha triplicado sus escaños— ni la
elevación del ya considerable nivel de abstención
en las últimas elecciones
legislativas34.
La debilidad de la sociedad civil es un hecho en
Marruecos, pero desde mediados de la década de 1980 se
asiste al surgimiento de una amplia gama de asociaciones
—regionales, de vocación económica y social y
de vocación política—, de modo que cabe
preguntarse si asistimos a la gestación de procesos de
estructuración de la sociedad civil o más bien a
una forma de clientelización de la misma que acaso pudiera
servir de punto de partida para nuevas formaciones
políticas (Santucci, 1991). Para Gateau y Denoeux (1995:
39), las debilidades inherentes al movimiento asociativo, junto
con la estrategia de control desarrollada por el Majzen
«permiten hablar de vida asociativa pero no de sociedad
civil» (la traducción es mía). Tampoco cree
Camau (1991) en la efectiva democratización de la sociedad
marroquí, al menos en un futuro próximo, dada la
falta de cultura democrática entre la población. En
todo caso, este desarrollo asociativo muestra que cierto sector
de población manifiesta orientaciones políticas
especializadas y se autopercibe como elemento activo del sistema
político. Las cárceles de Marruecos siguen
conociendo tales individuos.
En España, la población inmigrante
marroquí constituye un perfecto muestrario de las
diferentes culturas políticas presentes en Marruecos,
desde la participante —sobre todo entre jóvenes
urbanos universitarios— hasta la parroquial / de
súbdito35. La contrapartida es clara respecto a
la disposición pasiva o activa frente a las estructuras
asociativas (u otras iniciativas de movilización
colectiva), cuyas filas se nutren casi en exclusiva de individuos
con cultura política participante. Aún así,
la precariedad vital, su considerable antigüedad migratoria
(que implica cierto grado de asunción, aún
deficitario, de los parámetros participativos) y el
agravio comparativo que sufre frente a otros grupos inmigrantes,
hace de esta población la primera que se ha manifestado
como tal en diversos puntos de España pidiendo a las
autoridades un trato digno y justo. Que tales iniciativas superen
el carácter de manifestación espontánea y
lleguen a concretarse en organizaciones consistentes y
verdaderamente participativas, es harina de otro
costal.
3.2. Cultura política
de los inmigrantes peruanos
La situación antes descrita es asimilable a la
peruana, pero sólo en parte. Perú se ha visto
envuelto durante la mayor parte de su existencia como Estado
independiente en un trasiego de regímenes autoritarios y
elitistas que adoptaron la forma de república
aristocrática (1895-1919) o de populismo
nacionalista (1950-1980)36. La distancia entre costa,
sierra y selva es geográfica, económica y social:
las comunidades indígenas (selva) mantienen su forma de
organización comunitaria y permanecen aisladas del
conjunto nacional, mientras las campesinas (sierra) articulan
recursos
comunitarios (comunidades autogestionarias…) e
inserción en estructuras sindicales, a través de
las que se vinculan a alternativas de carácter
nacional37. Así, no es fácil hablar de
cultura política «en un país donde esta
práctica estaba desintegrada en numerosas subculturas, que
recién empiezan a realizar su unificación en los
últimos años, bajo el doble manto articulador del
encuentro del populismo nacionalista y de la democracia
representativa» (Lauer, 1990: 162)38.
El resquebrajamiento de la cultura patrimonial
tradicional iniciado en la década de 1950 junto a los
cambios en la estructura agraria y el desarrollo de las
migraciones internas —antes del desmantelamiento del orden
económico patrimonial a raíz de las reformas
acometidas por el gobierno del general Velasco (1969-75)— y
del Estado de derecho no implican la ruptura con la
tradición elitista y autoritaria. De hecho, la
institucionalidad establecida en 1979 (11ª Constitución en 150 años de historia republicana) no
logra consolidarse debido a la «penuria económica y
la pervivencia de prácticas autoritarias, clientelistas y
personalistas [que son] una rémora para la
democratización efectiva de la sociedad» (De
León Naveiro, 1995: 128) e impregnan todo el sistema
político39.
El empobrecimiento de la población y la ineptitud
de la oficialidad (gobierno, partidos
políticos y sindicatos) para canalizar y responder a
las demandas sociales han acentuado el divorcio entre
sociedad civil y Estado, de modo que éste último
termina por «emerger con claridad, ante cada vez más
amplios sectores de la población, como instrumento
particular ligado a los grupos que ejercían el poder
político» (Stein y Monge, 1988: 87). Así,
cuando en 1992 quiebra el orden
constitucional con el autogolpe de Fujimori, la respuesta social
es apática, y es que el desencuentro entre gobernantes y
pueblo es tal que desde la década de 1990 coexisten en
Perú dos institucionalidades, una construida desde abajo
—a veces desde la autoorganización de los actores
sociales y otras de la violencia
organizada en grupos revolucionarios— y otra oficial, que
no es vía de participación real de la
población (De León Naveiro, 1995). Tras la renuncia
de Fujimori (julio de 2000) y el ascenso al poder de Toledo
(elecciones de abril de 2001), la situación ha cambiado
poco: Toledo ha obtenido del Senado (como su antecesor) poderes
excepcionales en la lucha contra el terrorismo,
mientras su política
económica es ampliamente rechazada (paros contra las
privatizaciones, manifestaciones…) e
incluso hubo de afrontar la renuncia de su equipo de ministros
(julio de 2002).
Así pues, el arraigo del elitismo
—«que excede el ámbito de la cultura
política para convertirse en una de las
características culturales más notorias del
país» (De León Naveiro, 1995: 160)— y
del autoritarismo como ejes de ordenación de las
relaciones sociales y políticas40 y la elevada
valoración del liderazgo carismático entre la
población, junto a cierta penetración de las formas
participativas [sobre todo desde la apertura de cauces
institucionales de participación durante el velasquismo (a
través del Sistema Nacional de Apoyo a la
Movilización Social) y del desarrollo de movimientos
sociales en los medios rurales y suburbanos, enraizados en la
tradición comunitaria de las culturas nativas], permiten
hablar de un tipo de cultura política mixta que incluye
elementos de los tres «tipos ideales» definidos por
Almond y Verba: parroquial, de súbdito y participativa. De
este tipo de cultura política mixta resulta (y ella misma
resulta de) una inestabilidad estructural que impide el arraigo
en el conjunto de la población de una actitud
participante que la constituya «en un cuerpo competente de
ciudadanos» seguro y
experimentado y produce tendencias a la alienación en el
sector participativo (Almond y Verba, 1970: 42).
En consecuencia, en Perú coexisten sectores de
población con una cultura política participante
orientada hacia la elaboración de un proyecto
político alternativo y de alcance nacional (sobre todo
universitarios urbanitas), con otros (poblaciones rurales
aisladas económica, política y culturalmente) que
«carecen de mayor apego a una democracia sin significado
alguno para ellos» (Stein y Monge, 1988: 95). Entre ambos
extremos, el grueso de la población, orientada a su propia
supervivencia, en un «sálvese quien pueda» que
prima los comportamientos individualistas sobre estrategias de
promoción colectiva41.
En España, la implicación del grueso de
peruanos y marroquíes42 en «sus»
asociaciones [y la de la mayoría de la población
extracomunitaria en asociaciones propias de proyección
político-asistencial] es prácticamente nula, siendo
observadas desde una perspectiva exclusivamente instrumental,
mientras la proyección política está
prácticamente ausente de su vida. En todo caso, en terreno
español, estas poblaciones pueden soportar la
politización de las cúpulas asociativas —a
pesar del temor o del escepticismo respecto de «lo
político »— si su esfuerzo les reporta
beneficio43. Se evidencia así la
relación entre cultura política y propensión
individual a la participación pública y cómo
la socialización política en el país de
origen mantiene su peso en el receptor44.
En tales condiciones, el proceso de
«secularización política»
(Almond y Powell, 1966)45 precisará el aprendizaje
(facilitado por el cambio de contexto tras la migración)
de un talante abierto y negociador en el marco de un conjunto de
reglas específicamente políticas y
universalistas.
4. Causas relacionadas con la
configuración de las asociaciones
Tal como venimos afirmando, la relación entre
inmigrantes y asociaciones se caracteriza por la
instrumentalización de las mismas, sobre
todo si tales desarrollan (entre otras) labores
asistenciales46. ¿En qué medida la
dinámica interna de las propias
asociaciones coadyuva a tal fenómeno? — El
carácter inconcluso del proceso de modernización
política entre los responsables asociativos se verifica en
el predominio de la «cultura política
ideológica» (Almond y Powell, 1966), estilo
ideológico en que el individuo ha asumido determinada
orientación política pero no es capaz de adoptar
las actitudes negociadoras y abiertas propias de la
secularización total47.
Este desencuentro entre ideología
(democrática) y comportamiento real deriva, según
creo, de la contradicción entre la asimilación
meramente intelectual de criterios democráticos y las
formas autoritarias de organización familiar y
sociopolítica en que se ha crecido; es decir, del
contraste entre lo que Almond y Powell denominan
«socialización política manifiesta»
—que suele tener lugar en la universidad o en
partidos políticos— y «socialización
política latente» —transmisión de
contenidos no manifiestamente políticos pero con
repercusiones en cuanto a la percepción
de roles y funciones análogos en el sistema
político. Dicha contradicción se manifiesta en el
autoritarismo de algunos representantes y en la mentalidad
«conspiradora» desde la que intuyen intrigas contra
la propia asociación por parte de otras organizaciones,
sindicatos, administración… Se percibe en otros
casos una clara propensión al elitismo entre los
responsables (que se autoperciben como élite con especial
clarividencia respecto a asuntos sociopolíticos), cuya
actitud refleja bien la máxima «todo para el pueblo
pero sin el pueblo», y a veces también
comportamientos caciquiles (patrimonialización de los
recursos públicos obtenidos mediante
subvenciones).
Siempre hay excepciones, pero creo que lo dicho responde
a la norma. Por otra parte, tales comportamientos se dan
también entre la clase política española, de
modo que no ha de entenderse esta reflexión como relato de
diferencias respecto de un «ideal» ejemplificado en
las estructuras políticas españolas.
— Así, la escasa participación de
los inmigrantes en las asociaciones de proyección
sociopolítica deriva de varios factores: por una parte,
del elitismo/ personalismo y/o caciquismo de sus
responsables y también a veces de la conversión de
la asociación en mera entidad prestadora de servicios
(resultado del proceso de cooptación por parte de la
administración), que puede impedir el desarrollo
de la socialidad inmigrante en su seno; en segundo lugar, de su
eventual rol como lugar de promoción personal de los
responsables (sospecha ampliamente difundida entre la
población inmigrante).
Todo ello, junto a los factores de índole
económica, social y política antedichos,
condiciona, según creemos, la posibilidad de
movilización étnica entre la población
extracomunitaria.
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1. Este artículo incluye parte de las
conclusiones de mi tesis doctoral
Las asociaciones de inmigrantes marroquíes y peruanos
en la Comunidad de Madrid (febrero de 1999) y del informe elaborado
para la Comisión Europea en el marco del proyecto
internacional Combating Social Exclusion: Minority Organisations
in Civil Dialogue. A European Project (programa
Preparatory Actions to Combat and Prevent Social Exclusion:
Support for Cooperation between Charitable Associations) en que
participé (diciembre de 1999-diciembre de 2000) como
investigadora en España.
2. La información en que se basa este estudio
incluye fuentes
primarias —entrevistas a
responsables asociativos, inmigrantes «de la calle»,
responsables administrativos (MTAS y áreas de servicios
sociales de varios municipios de Madrid), observación
participante y no participante en asociaciones, encuestas
estructuradas a una muestra de 110 peruanos en Madrid
(Pérez y Veredas, 1998)— y secundarias
—documentos de las
asociaciones, discurso público de sus representantes y de
gestores administrativos… 3. En algunos grupos nacionales,
se estima cercano al 50% del total. Ver VV.AA. (2003),
Migración colombiana en España.
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y
Naciones
Unidas.
4. Kepel (1992) interpreta el crecimiento exponencial de
mezquitas y asociaciones islámicas en Francia como
resultado de un proceso colectivo de asentamiento aleatorio, del
convencimiento entre los inmigrantes de que su vida y la de sus
hijos transcurrirá en lo sucesivo definitivamente en el
país receptor.
5. He considerado la posibilidad de completar la
explicación del tema con la aplicación de la
teoría de
juegos. Habiendo estudiado sus premisas, considero, sin
embargo, que no es aplicable a este caso, porque el actor
—aquí, el inmigrante extracomunitario— no
conoce perfectamente las reglas del juego
político ni orienta su actuación desde las
expectativas acerca del comportamiento de los demás
sujetos. La suya no es, pues, una acción
estratégica —en términos de Olson—,
sino meramente racional, manifiesta en la
instrumentalización evidente de las asociaciones por parte
de los inmigrantes. Al hablar de acción estratégica
no quiero indicar que responda a un razonamiento explícito
y claramente fundado por el actor; pero sí implica un
conocimiento
bastante certero de las reglas del juego de la negociación
política. Por eso creo interesante el trabajo de
Solé (1995), que aplica la teoría de juegos al
análisis de la interacción entre empresarios,
trabajadores autóctonos, trabajadores inmigrantes y
sindicatos, pero no demasiado ajustado a la realidad, por cuanto
en ella los supuestos de la teoría no siempre se
dan.
6. Por otra parte, el problema del free rider es
consustancial a este tipo de estructuras, de ahí la
necesidad de arbitrar incentivos
selectivos para los efectivamente participantes (Olson,
1992).
7. Paradójicamente, observa Layton-Henry (1990),
ocurre que muchas de estas estructuras, creadas para preservar la
identidad y la cultura de sus miembros, desempeñan un
papel fundamental en su integración en la sociedad
receptora, al contribuir al asentamiento adecuado de los mismos y
alentar su participación activa en el nuevo entorno.
Muchas de estas asociaciones acaban contactando con las
instituciones y autoridades del país receptor y mediando
entre ellas y los inmigrantes para la mejora de sus condiciones
vitales. A su vez, Granovetter (1973) subraya el potencial
integrador de los vínculos débiles
característicos de las estructuras formales, en contraste
con el riesgo de aislamiento social del grupo inherente al
enclaustramiento individual en la red de vínculos fuertes
(parentesco, paisanaje…).
8. El concepto fue enunciado por primera vez por
Stouffer, Suchman, Devinney, Star y Williams (1949) y recogido
por Merton (1949) en su reflexión sobre la teoría
del grupo de referencia.
9. Ambrosini (1998: 122) refiere entre los inmigrantes
una «predisposición a renunciar a la
inclusión regular en nómina
por una retribución mayor», y ello en la
intención de maximizar envíos de remesas al lugar
de origen o en función de la incertidumbre sobre el empleo
de los servicios de la Seguridad
Social, el desarraigo social o el deseo de trabajar por
cuenta propia…, todo ello circunstancias que sitúan
a esta población en «una posición sensible a
las ventajas de la incorporación a la economía
irregular».
10. En su reflexión sobre la participación
en los partidos políticos, Michels refiere la
«incompetencia perpetua de las masas» (1972: 194) y
la existencia de constricciones vitales (sobre todo falta de
tiempo libre) para la mayoría como límites a
su participación y que resultan en la «ley de hierro de la
oligarquía».
11. Según el colectivo IOÉ (1998: 161), el
alto grado de rotación de la mano de obra en el sector de
la construcción se constata en la reducida antigüedad
en el puesto entre los trabajadores polacos y, sobre todo,
marroquíes (42% menos de 7 meses), y ello aunque la
mayoría de estos últimos entrevistados llegó
a España antes de 1991, mientras más de la mitad de
los polacos llegó tras 1994 (1998: 222). La
situación es similar en el sector de la hostelería
(IOÉ, 1999: 141), donde la antigüedad en el puesto es
menor a un 1 año entre buena parte de los latinoamericanos
y, en menor grado, de los marroquíes.
12. Es sabido que, a través del régimen
general regulado por las sucesivas LO de Derechos y Libertades de
los Extranjeros en España, no se tramitan desde
años PRT (al margen de las situaciones especiales:
reagrupación familiar, nacionales de países como
Chile y Perú —por ejemplo— con convenios
previos a la ley de extranjería…). Así, la
regularidad legal de la mayoría de los inmigrantes
extracomunitarios pasa por su acogida a un contingente anual
(de facto procesos de regularización hasta el
pasado año) o a regularizaciones extraordinarias
arbitradas por la Administración, que, en este tema, hace
de la discrecionalidad total norma de
actuación.
13. La dinámica descrita por Pedreño es
muy similar a la referida por Bourgois sobre la migración
india a las
plantaciones de plátanos (1910-20) en la costa
caribeña de América central: en un contexto de
sucesivas olas de inmigrantes muy diversos étnicamente,
«l’idéologie raciste a joué un
rôle décisif dans l’organisation sociale des
plantations. Sous l’euphémisme de "liste d’or"
et "liste d’argent", la compagnie avait institué un
système de ségrégation comparable à
celui du canal de Panamá» (Bourgois, 1993: 55).
Situación similar se dio en Bocas de Toro (Panamá),
donde los indios Guaymi (años 50) hacían siempre el
trabajo sucio, reparto justificado en términos
étnico-raciales que disfrazaban la explotación
propiamente económica: «la diversité ethnique
et les systèmes de représentation qui fondent la
discrimination et la marginalisation sur la plantation
s’imbriquent avec l’encadrement et la qualité
de la production. Ces représentations sont
reafirmées dans la réalité même du
processus de production et soustendent la division
hiérarchique du travail» (ibídem, p.
59).
14. El estudio del colectivo IOÉ sobre las
mujeres extracomunitarias trabajadoras revela que no es tan
fácil la promoción ocupacional: «Sobre la
base de un punto de partida en exceso dependiente del servicio
doméstico, del que resulta difícil dar el salto
hacia otras ocupaciones, la movilidad ocupacional de las mujeres
inmigrantes se dirige lentamente desde las ocupaciones con menos
estatus (servicio doméstico, limpieza y hostelería)
hacia las de más categoría laboral (oficina y cuenta
propia)» (2001: 738). Pero sí es cierto que la
antigüedad migratoria propicia el abandono de las posiciones
laborales menos deseables y el acceso a otras preferibles (por
ejemplo, entre las mujeres marroquíes se verifica el
progresivo abandono del servicio doméstico interno y el
paso al régimen de externas o por horas) (ibídem,
p. 739).
15. Así pues, no sólo de las denominadas
«limitaciones» cabe afirmar su carácter
estructural, sino también de las
«preferencias» individuales.
16. Tilly y Brown (1967) muestran la menor
participación organizativa, relaciones de vecindad e
información sobre la sociedad receptora entre individuos
que emigraron bajo la protección de parientes o amigos
(referencia en Gurak y Caces, 1992).
17. Asumo la definición de «capital
social» de Coleman (1990: 300): «These social
relationships which come into existence when individuals attempt
to make best use of their resources need not only be seen as
components of social structures. They may also be seen as
resources for the individual: social capital».
18. Tal como señala Portes (1998: 16),
«group or community closure may, under certain
circumstances, prevent the success of business initiatives by
their members». Las normas de
solidaridad y reciprocidad en el seno de las redes primarias
pueden de hecho obstaculizar la promoción social del
inmigrante.
19. «[…] la economía irregular se
cimenta en redes de relaciones informales, integradas por
elementos que van más allá de las relaciones
amistosas, familiares y comunitarias que se revelan como
indispensables para transmitir las informaciones necesarias y
garantizar la complicidad de cuantos están involucrados,
previniendo comportamientos que quebrantan las reglas del
juego» (Ambrosini, 1998: 122).
20. «El antagonismo étnico germina,
inicialmente, en un mercado laboral segmentado a lo largo de
fronteras étnicas. Para estar segmentado, un mercado
laboral debe contener al menos dos grupos de trabajadores cuyo
precio de mano
de obra por el mismo trabajo sea distinto o lo fuese si
desempeñasen el mismo trabajo» (Bonacich, 2002:
208). Así, «los empleadores intentan pagar lo menos
posible por el trabajo, independientemente de la etnicidad y
adaptándose a los recursos y a los motivos de los grupos
de trabajadores. En la medida en que éstos varían a
menudo según la etnicidad, es habitual encontrar mercados de
trabajo étnicamente segmentados» (ibídem, p.
212). El precio del trabajo incluye, según Bonacich, el
coste del mismo [determinado por el nivel de vida de la mano de
obra, la información sobre el contexto receptor (ligada a
su antigüedad migratoria) y los recursos políticos
disponibles (grado de organización del grupo)] más
el coste de los conflictos.
21. Este fenómeno limita seriamente la
posibilidad de coalición intergrupos a partir de
identidades étnicas previas —por ejemplo, el
indigenismo— o posteriormente (tras la migración)
construidas —por ejemplo, la negritud—. Ciertamente,
tales procesos de reconstrucción identitaria operan a
nivel individual (ver Veredas, 1999), pero su activación a
nivel colectivo como mecanismo movilizador choca con el recurso
al desmarcamiento como estrategia de salvaguardia de la propia
autoestima
(ver Goffman,1970), aunque podría verse favorecido si el
«otro» —aquí, el español—
activase tales registros como estigmatizantes.
22. Considera Rex (1987) que el potencial efecto
disuasor sobre la organización colectiva que pueden tener
tales condicionantes culturales y también la
extensión del individualismo y de los valores
consumistas, puede verse superado si las condiciones de vida en
el país receptor se dificultan de forma extrema, ya que
tal situación actúa de hecho como unificador de
voluntades. Esto ocurrió en Alemania
cuando el gobierno (1981) promulgó un decreto que
prohibía la entrada de hijos mayores de quince años
de inmigrantes extracomunitarios: los turcos —separados por
su origen rural/urbano, pertenencia a las escuelas
islámicas Sunni y Alevi…— protagonizaron
amplias demostraciones de protesta y se pronunciaron como una
sola voz por primera vez ante un tema que concernía al
gobierno alemán.
23. Según el colectivo IOÉ, en el sector
de la construcción «el 88% de los marroquíes
y el 99% de los polacos se encuentra privado de la
protección que pudiera obtener de la acción de los
sindicatos de trabajadores en la propia empresa»
(IOÉ, 1998: 164). Entre los trabajadores y trabajadoras en
servicio doméstico «la pertenencia a sindicatos
obreros es minoritaria y los colectivos con mayor
afiliación son autóctonos (4,4%) y peruanos
(3,7%)» (IOÉ, 2001: 341).
24. Actualmente, sin embargo, los responsables de CC.OO.
afirman que la organización pretende en lo sucesivo y
sobre todo «hacer de sindicato, es
decir, atender por encima de otras prioridades a la
situación laboral de los trabajadores y trabajadoras y
dejar a otras organizaciones de la sociedad civil otros
ámbitos de actuación […] interviniendo cada
cual en su ámbito natural» (López, 2003:
201).
25. La teoría del Proceso Político
(McAdam, 1982) concibe el surgimiento del movimiento social como
producto de factores de orden interno (examinados previamente) y
externo, los arriba analizados.
26. En tanto «todo tipo de aprendizaje
político, formal o informal, deliberado o no, en todos los
estadios del ciclo vital, incluyendo no solo el aprendizaje
político explícito sino también el
nominalmente no político que afecta, sin embargo, al
comportamiento político» (Greenstein, 1997: 21, en
Benedicto, 1995: 231).
27. «Los objetos "input" incluirían los
medios de comunicación, los grupos de intereses,
partidos políticos, poderes legislativos y el ejecutivo en
su aspecto político. Y los objetos "output" podrían
ser clasificados de muy diferentes maneras. Subcategorías
obvias incluirían el ejército, la policía y
las numerosas variedades funcionales de los roles civiles, como
las autoridades fiscales, de beneficencia, de educación y otras
parecidas» (Almond y Verba, 1970: 54). Para Dowse y Hughes
(1982: 285), el término input se refiere «a
la corriente de demandas de las sociedades al sistema
político», mientras el output consiste en
«las conversiones de esas demandas en el seno del sistema
político en declaraciones de autoridad».
28. Según Dowse y Hughes, en este sistema
(denominado por ellos «cultura localista») «el
ciudadano que no se relaciona con objetos nacionales puede, no
obstante, estar intensamente implicado en la política
local, tribal o del pueblo» (1982: 286).
29. Proceso de «difusión de las aptitudes
necesarias para poder hacerse con una comunidad política
extensa», que comienza con la alfabetización
generalizada de la población de cara a la
integración en organizaciones modernas y en extensas redes
de comunicación (Inglehart, 1991: 379).
30. En este tipo, «los individuos se convierten en
participantes en el proceso político pero no abandonan sus
orientaciones como súbditos ni como parroquiales»
(Almond y Verba, 1970: 49). La cultura cívica es una
«cultura leal de participación»
(ibídem) en que el individuo tiene ante sí
oportunidades de compromiso con instituciones apolíticas y
localistas que fomentan el sentido de la competencia y eficacia personal
y la confianza en los demás. El ciudadano
«cívico»
puede asociarse si el gobierno actúa contra sus intereses
pero muestra poco interés en
general en «la política» y es más
propenso al asociacionismo extrapolítico.
31. Almond y Verba (1970) encuentran una estrecha
relación positiva entre el nivel educativo, el sentimiento
de competencia individual a nivel político y la
pertenencia a organizaciones voluntarias.
32. El comportamiento electoral en el Rif oriental
—provincias de Nador y Alhucemas— desde la
independencia hasta 1977 muestra el porcentaje mayor de
abstención en todo Marruecos (De Mas, 1991). Sin embargo,
cabría interpretar el hecho como postura totalmente
politizada, porque existe en Marruecos la percepción casi
generalizada de que son procesos amañados por un Majzen
poco dispuesto a modificar su política.
33. «Marruecos ha duplicado el número de
personas que viven en la indigencia en los últimos 10
años, que han pasado de 3,4 millones de personas en 1991 a
6 millones en la actualidad » (El Mundo,
4.VIII.2002).
34. Ya las elecciones legislativas de 1997 registraron
alta tasa de abstención (42%) y más de 1
millón de votos nulos o en blanco, que reflejan «una
desafección de la política e incluso un rechazo de
las reglas actuales del juego político (Daoud, 1997, en
Desrues, 2000-2001: 175)».
Si «hasta la fecha el modo de escrutinio y el
control del Ministerio del Interior sobre las elecciones,
así como la cultura política dominante marcada por
el clientelismo y el populismo, desvirtuaron la naturaleza
democrática de los comicios» (Desrues, 2000-2001:
175), parece que poco ha cambiado tras la entronización de
Mohamed VI, pues las últimas elecciones legislativas
(IX.2002) registraron, según fuentes oficiales, una
abstención cercana al 50%, mientras fuentes extraoficiales
referían porcentajes de participación entre el 20 y
el 30% en las provincias de Casablanca, Kenitra, Larache, Taunat
y Tánger. Diversas voces denunciaron también en
esta ocasión «la violación de todas las
directivas y [la práctica del] pucherazo». La
Razón, 29-IX-2002.
35. El arraigo del despotismo patriarcal en Marruecos
dificulta la asunción de parámetros
democráticos entre los inmigrantes en España,
dificultad manifiesta a veces en el respeto exagerado
de las figuras de autoridad y en los problemas en
el trato a los menores no acompañados: sin coerción
no hay respeto.
36. Populismo como «articulación
política precaria entre ciertos sectores de la
burguesía urbano- industrial, de los sectores medios
técnico-profesionales, y de las clases dominadas»
(Quijano, 1971: 31). Los regímenes populistas utilizan las
demandas populares de tipo económico atendidas en
pequeña escala para crear
ilusiones de participación política efectiva
(aunque a veces hubo alianza real con organizaciones
—partidos, sindicatos…— representantes de las
clases dominadas).
37. Así, en Perú «lo político
no se concibe de la misma manera desde una comunidad
andina, una cooperativa
agraria, desde una planta industrial o desde una barriada de la
periferia de la capital y la modernización inconclusa de
la sociedad ha venido a complicar aun más el proceso
» (De León Naveiro, 1995: 119).
38. El actual populismo, «en sus vertientes del
primer belaúndismo, el velasquismo civil, el aprismo o la
Izquierda Unida, parte de la necesidad de legitimar a las
diversas audiencias clasistas y culturales del país, en
cuanto se ve a sí mismo como mediador y unificador de
todas ellas […] Esa es su inteligencia
política: el reconocimiento de la eficacia política
de que en el Perú existe, o si se prefiere de que
Perú es, una realidad diversa que necesita ser
articulada» (Lauer, 1990: 165-166).
39. «Para poder tener políticos modernos,
primero hay que tener una apreciación moderna de la
política. Los peruanos no la tenemos, porque carecemos de
una visión moderna de nosotros mismos. El siglo XVIII vive
aún porque no nos queremos y no estamos reconciliados con
nuestras diferencias étnicas, sociales, culturales,
históricas, raciales y geográficas (Ugarteche,
1998).
40. «Hay una cultura autoritaria que se instala en
el Perú desde las relaciones familiares, en los sistemas ahora
superados del gamonalismo, latifundismo y oligarquías
regionales; en las relaciones obrero-patronales; en la
atención discriminatoria del Estado en razón de los
atributos diferenciados de prestigio social, capacidad
económica y cultura que reconoce en cada uno de los
individuos que gestionan ante él; también en el
machismo y otras expresiones de la conducta social oficiosa y a
veces oficialmente aceptada. Todos estos elementos del
autoritarismo tienen repercusión en el sistema
político de participación y
representación» (Comisión especial del Senado
sobre las causas de la violencia y alternativas de
pacificación en el Perú: Violencia y
pacificación. Lima, 1989: 33).
41. «El discurso dominante se ha llegado a adoptar
con la convicción de que todo está definido y no
puede ser modificado. La única lucha posible es para
obtener el "éxito
individual" […] el tejido social se ha debilitado y el
individualismo extremo ha emergido derivando en agresividad
[…] La mediación del Estado en los conflictos entre
la sociedad, se ha reducido.
La interacción entre el Estado y la sociedad ha
sido reemplazada por la concepción del mercado
político, donde los actores sociales derivan
individualmente en clientes
[…] Todo lo señalado excluye la posibilidad de la
institucionalización de una democracia real en el
Perú» (Ugarteche, 1998).
42. La estrecha vinculación en el imaginario
marroquí entre cualquier asociación y un partido
político responde a los esfuerzos del régimen
alauita por feudalizar a las asociaciones para eliminar su
potencial «subversivo»: «los marroquíes
son conscientes de que la "sociedad civil" no ha conseguido nunca
autonomía real en relación con el Makhzen y dudan
que esto pueda producirse» (Gateau y Denoeux, 1995: 39, la
traducción es mía).
43. Reconociendo el efecto negativo de la
politización de las asociaciones en su potencial de
«captación» (tantas veces se me ha expresado
en el entorno inmigrante), me inclino a relativizar el peso de
esta explicación, dado que la participación en
asociaciones estrictamente culturales no es mayor y que,
además, la «politización» de las
primeras se ha atenuado en algunos casos tras su
transformación en ONG.
44. Suscribo la reflexión de Almond (1966) sobre
la relación bidireccional entre cultura y estructura
políticas, de modo que el contacto con el modelo
político de la sociedad receptora puede operar como nuevo
agente de socialización que favorezca actitudes más
participativas.
45. Definida por los autores como el surgimiento de una
orientación pragmática empírica respecto a
la política (de modo que pase a considerarse como un
proceso de «toma y daca» donde los interlocutores
negocian para conseguir objetivos limitados), junto al paso de
las orientaciones difusas —propias de la cultura
política parroquial— a las específicas, es
decir, la adquisición de conciencia del sistema
político como institución especializada, que asume
roles concretos desde sus diferentes instancias, y de uno mismo
como individuo susceptible de influir en aquél a
través de canales determinados (estructura de insumo del
sistema político).
46. Ocasionalmente, la población inmigrante
(marroquí y subsahariana sobre todo) puede utilizar tales
estructuras como plataformas de expresión pública
—se han registrado en los últimos años varias
manifestaciones públicas de protesta a causa de la
precariedad legal y laboral, del abuso policial y de agresiones
racistas—, pero tales iniciativas no significan, a mi
juicio, tanto una identificación con los objetivos de la
organización convocante como el aprovechamiento de la
ocasión de mostrar el descontento acumulado.
47. El hecho de que la mayoría de las
asociaciones más antiguas esté presidida
—sobre el papel o de facto— en la actualidad
por las mismas personas que han detentado el cargo desde su
fundación (en ocasiones hace más de una
década) responde a su incapacidad para delegar funciones
que, supuestamente, ostentan a su vez por delegación pero
que vinculan inexorablemente a su persona, que termina por
identificarse con la asociación. También responde,
sin embargo, a la falta de personal dispuesto al
reemplazo.
El artículo publicado en /Papers/, revista de
Sociología, vol. 72, pp.87-111. Ed. Universidad
Autónoma de Barcelona, 2004.
ISSN: 0210-2862.
Sonia Veredas Muñoz*
*Universidad Carlos III de Madrid