Colectivo Ioé1
- 1. El cambio de
tendencia - 2. La España de la
última década - 3. El despegue y
consolidación de los flujos de
inmigración - 4. Política
migratoria: la pretensión de regular las entradas a
partir de una demanda con altos componentes de
irregularidad - 5. Principales
características de las poblaciones
inmigradas - 6. Menores,
escolarización y natalidad - 7. La distribución
territorial: concentración territorial y
composición diversa - 8. Inserción
laboral: ¿nichos o movilidad? - 9. ¿Qué
balance?: extranjeros, trabajadores, cotizantes, consumidores?
¿ciudadanos? - Notas
- Bibliografía
citada - Fuentes
estadísticas
Este artículo pretende abordar las
características de la inmigración extranjera y sus consecuencias
sobre la configuración de la sociedad española.
Este tipo de abordaje produce un recorte sobre el campo global en
el que se producen las migraciones, puesto que deja de lado las
circunstancias de las sociedades de
origen, la inserción de estas en el concierto mundial,
así como los crecientes vínculos que los migrantes
establecen entre distintos países, comportándose a
veces como verdaderas comunidades trasnacionales. Conscientes de
que dejamos en el tintero algunas claves de la cuestión,
intentemos ver qué es lo que ocurre dentro de las
fronteras españolas.
Desde mediados de la década de los ?80
España se inscribió como miembro de pleno derecho
de la Unión
Europea (entonces Comunidad
Económica Europea). Uno de los requisitos para formular su
ingreso como miembro pleno fue la promulgación de una
legislación que se ocupara de regular la entrada de
inmigrantes extranjeros; así nació ? en 1985- la
primera "ley de extranjería" en nuestro país. Esta
norma, y la incipiente estructura
administrativa que se fue desarrollando a continuación
¿respondían a la existencia de procesos
migratorios significativos? La respuesta a esta cuestión
podría ser un "sí, pero no". Sí,
porque desde los primeros años ?70 se estaba produciendo
la llegada de personas procedentes de Marruecos (muchas de ellas
retenidas en las fronteras pirenaicas debido a las restricciones
a la inmigración que pusieron en marcha varios
países del norte, afectados por la llamada primera
crisis del
petróleo) y de Portugal (hacia varias
provincias norteñas y Madrid);
posteriormente se añadieron distintos flujos originados en
los exilios de las dictaduras sudamericanas (Chile, Uruguay y
Argentina). No, porque por aquellas fechas el conjunto de
la población extranjera (incluyendo a
residentes regulares, nacionalizados e irregulares) no llegaba al
1% de la población del país. En realidad, la
"preocupación por la inmigración" no
respondía a las dinámicas sociales existentes en el
país, sino a las prioridades de los principales miembros
de la U.E., antiguos receptores de inmigración, inmersos
en la crisis de un de modelo de
crecimiento que estaba dejando de demandar grandes cantidades de
mano de obra para sus industrias. Desde
entonces, y por bastantes años, las declaraciones políticas
y los enfoques mediáticos en torno a la
inmigración se encargaron más de reproducir las
cuestiones suscitadas en otros países que de interrogarse
acerca de lo que estaba sucediendo en nuestro entorno
próximo.
Según las cifras oficiales, en 1985 había
algo menos de 250.000 extranjeros registrados en el país;
la mayor parte de ellos (59%) procedía de países de
la Comunidad Europea. Diez años más tarde, en 1995,
la cifra se había duplicado hasta alcanzar el medio
millón de residentes; además del aumento
cuantitativo se estaba produciendo un cambio en la
composición de esta población: por entonces los
europeos comunitarios ya eran menos de la mitad del total (47%).
En el ínterin las administraciones públicas,
principalmente la de rango estatal, fue desarrollando diversas
normas,
estructuras
administrativas y políticas. Sin embargo, el acento de las
actuaciones seguía puesto antes en la emigración
española fuera de nuestras fronteras que en la
inmigración de origen extranjero radicada en nuestras
ciudades y pueblos.
Podría decirse que las cifras aún daban
sentido a dicha opción: aunque en los ?70 se detuvo el
flujo emigratorio y en los primeros ?80 se registró el
retorno de cerca de medio millón de españoles
emigrados, la cifra de emigrados superaba ampliamente a la de
inmigrantes2. A mediados de los ?90 los
españoles emigrados triplicaban o cuatriplicaban el
número de extranjeros afincados en España. Sin
embargo, esa foto fija estaba ocultando las dinámicas en
marcha: la emigración se había detenido
hacía más de una década mientras que la
inmigración se incrementaba lenta pero continuamente. En
todo caso, pocos estaban preparados para prever lo que
sucedería en la década siguiente.
2. La España de la
última década
Como veremos, la última década,
especialmente a partir de 1997, registró un crecimiento
sin precedente de los flujos de inmigración. Para
contextualizar la magnitud y significación de este
proceso
conviene mencionar algunos rasgos clave de la situación
del país en este período.
En cuanto a la dinámica poblacional, la situación
se ha caracterizado por una tendencia al estancamiento y
envejecimiento, que sólo en los últimos años
parecen experimentar alguna variación. Entre los
años 1950 y 1981 la población española se
incrementó al ritmo promedio del 1% anual. En cambio,
entre 1981 y 2001 la dinámica demográfica se
contrajo de forma rápida: desde entonces el incremento
anual medio se redujo al 0,4%. Así, en la década de
los ?60 y ?70 la población creció por encima de los
tres millones de personas, mientras que en los ?80 y ?90 los
aumentos se situaron alrededor del millón y medio de
habitantes. Es sabido que las variaciones poblacionales se deben
a dos grandes rubros: el crecimiento vegetativo (diferencia entre
nacimientos y defunciones) y el saldo migratorio (diferencia
entre población emigrada e inmigrada).
En la mayor parte del periodo el mayor impacto se
debió a un descenso continuo del crecimiento vegetativo,
originado en la caída de las tasas de natalidad. En 1975
el número medio de hijos por mujer era de 2,8;
desde entonces se ha producido un descenso continuo hasta
alcanzar la cifra de 1,2 hijos en 1994, fecha a partir de la cual
se ha mantenido casi sin variaciones. Por su parte, la tasa bruta
de natalidad (número de nacidos por cada 1.000 habitantes)
se redujo a la mitad entre 1975 y 1995 (de 18,8 a 9,3) y
sólo ha registrado una ligera recuperación entre
1996 y 2001. En síntesis,
a mediados de los ?90 la población española
crecía por debajo del nivel de reemplazo generacional
(establecido en 2,1 hijos por mujer), circunstancia que, unida a
la prolongación de la esperanza de vida, produjo un
continuo envejecimiento de la población (los mayores de 65
años eran el 13,8% en 1991 y el 17% en 2001).
En cambio, la situación económica durante
el periodo comprendido entre 1995 y 2004 se caracterizó
por un significativo crecimiento: en esta década el
Producto
Interior Bruto aumentó un 33% en términos reales,
con un incremento anual medio de 3,3%.
Este indicador, puramente "económico", adquiere
mayor significación si lo ponemos en relación con
la población del país: el PIB per
cápita experimentó un aumento mucho mayor (6,4% de
incremento medio anual), debido a la débil dinámica
demográfica. Este crecimiento, mayor que el experimentado
por la media de la Unión Europea, facilitó un
acortamiento del secular diferencial negativo que separa a
España de los países europeos más
prósperos. A finales de 2003 el PIB per cápita
expresado en paridad de poder
adquisitivo (adjudicando el valor 100 a la
media de la UE-25) se situó casi en la media comunitaria
(97,6), cifra que fue superada en siete comunidades
autónomas (Madrid, Navarra, País Vasco, Baleares,
Cataluña, La Rioja y Aragón). Desde el punto de
vista del empleo,
durante el mismo periodo se produjo un notable incremento: las
personas ocupadas pasaron de 12 a 15,9 millones, lo que supone un
crecimiento del 49%.
Por tanto, la última década ?la del
despegue de la inmigración- ha sido un período de
expansión económica y de aumento de las
oportunidades de empleo, en un contexto de baja natalidad y de
envejecimiento poblacional. Aunque esta caracterización
genérica encuentra importantes matices, en función de
las diferencias territoriales o sociales, nos será de
utilidad para
contextualizar el proceso de reciente
inmigración.
3. El despegue y
consolidación de los flujos de
inmigración
El concepto
inmigración se refiere a la población que ha
llegado a España procedente de otros países: se
trata de una condición social. En cambio, el hecho de ser
extranjero o español es
una cuestión de índole
administrativo-jurídico: se puede ser español
habiendo nacido en otro país (y se es inmigrante al
radicarse en España) o extranjero nacido en España
(sin haber emigrado nunca). Los registros
estadísticos oficiales no siempre permiten matizar estas
cuestiones, y obligan a veces a considerar ? de forma abusiva-
como sinónimos ambos términos (con frecuencia se
nos ofrece información respecto a los "extranjeros",
excluyendo a quienes han adoptado la nacionalidad
española tras emigrar, e incluyendo a los hijos de
inmigrantes que han nacido en este país y no acceden a la
nacionalidad).
Las cifras de la Tabla 1 intentan recoger, y aclarar, la
complejidad de la cuestión.
El volumen de
población total nos sirve de referencia para valorar la
magnitud relativa de la inmigración. El concepto
inmigrados es nuestra forma de designar a los residentes en
España (empadronados o censados) nacidos en otro
país. Los extranjeros, en cambio, son todos aquellos que
poseen una nacionalidad distinta a la española,
independientemente de cuál sea su experiencia migratoria.
Las cifras de nacionalizados son la simple diferencia entre
"inmigrados" y "extranjeros" (todos los que nacieron en otro
país y no son extranjeros). En cambio, la categoría
de residentes se refiere a los extranjeros que se encuentran en
situación regular (con permiso de residencia o
similar).
La columna de irregulares contiene la cifra de
extranjeros que carecen de permiso de residencia.
Los datos consignados
se inician en 1971, aunque nuestro interés
específico se centra en el período 1997-2004. Entre
1971 y 1991 el volumen de inmigrados pasó de representar
el 1,1% al 2,2% de la población total. Sin embargo, los
extranjeros fueron apenas la mitad de ese flujo. En otras
palabras: en esos veinte años aumentaron muy 3
rápidamente los nacionalizados, debido a un doble proceso:
por un lado, el "retorno" de hijos de emigrantes españoles
nacidos en el extranjero; por otro, la adquisición de
nacionalidad de inmigrantes una vez cumplido el periodo de
residencia requerido por las leyes. Es
interesante señalar, siguiendo a Izquierdo y López
de Lera, que a lo largo de esas dos décadas el porcentaje
de "irregulares" (extranjeros sin permiso de residencia) se
mantuvo en torno al 20%. Agregando, por nuestra parte, que la
"alarma social" respecto al incremento de inmigración
irregular se produjo sólo a partir de la aplicación
de la primera "ley de extranjería" y se centraba
únicamente en los extranjeros de cierta procedencia (extra
comunitarios, preferentemente africanos) ignorando el
significativo volumen de europeos que residían de forma
irregular en el país.
Durante ese período se sentaron las bases de los
primeros núcleos inmigrantes, que hoy se encuentran
cercanos al período de jubilación y con hijos en
edad adulta. Sin embargo el gran crecimiento de la
inmigración se produjo con posterioridad: entre finales de
1997 y 2004 el número de extranjeros se
multiplicó por 4,8 (de 637.000 a cerca de 3,7
millones)3. En cambio, los residentes
(extranjeros "con papeles") aumentaron sólo 2,2 veces;
como consecuencia, las personas en situación
irregular experimentaron el mayor incremento (5,5).
Expresado en otros términos: el período 1997-2004
es el de mayor crecimiento de la inmigración extranjera en
España: en 1997, los extranjeros representaban el 1,6% de
la población mientras que a comienzos de 2005 son el 8,4%.
En estos siete años, de manera vertiginosa, España
se ha situado a la par de tradicionales países de
inmigración, como Francia o
Alemania. Pero
gran parte de estos nuevos flujos se han incorporado como
"irregulares": en enero de 2002 había casi tantos
residentes con papeles como irregulares; aunque en 2005 el
porcentaje de "sin papeles" ha descendido (desde el 50,3% al
46,4%) afecta a un número mayor de personas (más de
1,7 millones).
Esta constatación obliga a interrogarse acerca de
las causas de la situación. En cuanto al crecimiento de
los flujos inmigratorios podemos encontrar respuestas en el
incremento de las desigualdades internacionales, en las crisis
vividas en diversos países de origen, en las oportunidades
que ofrece la economía globalizada
y en el crecimiento
económico y del empleo registrados en España.
Pero respecto al altísimo índice de irregularidad
la respuesta no admite demasiados matices: frente a la variedad
de factores que estimulan los flujos inmigratorios, las
políticas oficiales se han caracterizado durante este
período por establecer dificultades crecientes para la
regularización de los inmigrantes.
4. Política migratoria:
la pretensión de regular las entradas a partir de una
demanda con
altos componentes de irregularidad
La política de inmigración española
se inauguró en 1985, desde entonces, la entrada regular de
trabajadores extra-comunitarios queda subordinada a la
"situación nacional de empleo". Según esta
fórmula, sólo se otorgarán permisos de
trabajo para
empleos que no puedan ser cubiertos por la mano de obra
autóctona o, en su defecto, por los extranjeros ya
radicados legalmente en el país. En resumen, las leyes
sólo contemplan la llegada de inmigrantes en la medida en
que sean necesarios para cubrir los "huecos" que deje la fuerza de
trabajo residente en el país; los ciudadanos de
países terceros son contemplados como un ejército
de reserva laboral,
movilizable sólo en la medida y en el momento que se lo
requiera. Sin embargo, una cosa son las pretensiones reguladoras
de la norma y otra, a veces muy distinta, los procesos sociales
reales.
Desde 1993, con la puesta en marcha de los contingentes
laborales anuales, se inició la pretensión de
contratar a los trabajadores directamente en los países de
origen, con el fin de desincentivar los desplazamientos
irregulares, e indicar que la única vía de acceso
al empleo regular (y a "los papeles") pasaba por realizar los
oportunos trámites ante los consulados españoles.
En la práctica la utilización de este método
como canalización de nuevos flujos
migratorios ha sido poco utilizada: el grueso de los
inmigrantes sigue llegando por su cuenta y riesgo.
Además, desde el año 1997 quedó
prácticamente cerrada la posibilidad de obtener permisos
de trabajo a través del llamado "régimen general",
según el cual los inmigrantes irregulares con una oferta laboral
podían obtener un permiso de trabajo. Así, en la
práctica las vías de inmigración laboral
regular quedaron drásticamente limitadas; la consecuencia
fue que la continua llegada de nuevos flujos migratorios se
tradujera en un incremento sin precedentes de inmigrantes "sin
papeles".
Con la asunción del nuevo gobierno en 2004
se anunció una reorientación de la política
migratoria, apoyada en la consulta y el apoyo de una serie de
agentes sociales, entre ellos las cámaras empresariales y
los sindicatos
mayoritarios. ¿En qué consiste la novedad de esta
política? Más allá del método,
más abierto al diálogo
con interlocutores sociales, los contenidos básicos no se
modifican: permanece sin cambios la ley de extranjería de
2003 y el nuevo reglamento mantiene la "situación nacional
de empleo" como criterio básico de admisión de
nuevos trabajadores inmigrantes, para los que se diseñan
dos grandes líneas de actuación. Por una parte, la
gestión
de las nuevas entradas sigue encomendada a los contingentes
laborales y permisos de temporada, aunque se anuncia la
reapertura de la vía del régimen general. Por otra,
para los trabajadores en situación irregular que ya se
encuentran en España se ofrecen dos procedimientos,
uno coyuntural (la "normalización" laboral, realizada entre
febrero y mayo de 2005) y otro de carácter permanente (el arraigo
laboral4). De esta manera, las autoridades parecen
reconocer que no es posible canalizar enteramente los flujos de
inmigración laboral a través de mecanismos de
entrada regularizados, que continuarán existiendo flujos
irregulares y para éstos deben establecerse mecanismos de
regularización. Pero todo el edificio se construye a
partir de la existencia de puestos de trabajo formales: sin
contrato no
hay regularización. El problema es que buena parte de los
inmigrantes trabajan en empleos sumergidos que, por
definición, no permiten acceder a un contrato de
trabajo (instrumento imprescindible para la
regularización de los ya afincados en España) ni a
la formulación de una demanda de trabajo formal (que
pudiera ser canalizada a través de los contingentes
anuales).
En definitiva, entre 1997 y 2004 la política
migratoria impulsada por el gobierno del PP redujo las opciones
para contratar legalmente a inmigrantes mientras que en los
mercados de
empleo ha crecido la demanda, tanto para empleos regulares como
para otros en la economía sumergida. La "apertura"
anunciada en 2004, por el gobierno PSOE, mantiene importantes
restricciones, tomando como punto de partida una
concepción utilitarista: la inmigración reducida a
su papel de suministrador, más o menos eventual, de mano
de obra, en función de las "necesidades del mercado". En
estas circunstancias es previsible una reducción
importante de los índices de irregularidad (centrada en
los empleos que permanecían sumergidos debido a las trabas
administrativas existentes) pero no su erradicación (tanto
por la subsistencia de zonas de economía irregular, como
por las dificultades que encuentran para obtener los papeles los
subempleados, los trabajadores por cuenta propia, o los que se
encuentran, momentánea o duraderamente, parados o
"inactivos").
5. Principales
características de las poblaciones
inmigradas
Hecha esta primera observación de la dinámica global de
las migraciones de sus contextos sociales e institucionales,
intentemos aproximarnos a las principales características
de este nuevo segmento de población. Para ello
describiremos los principales rasgos de la población
extranjera residente en España, toda vez que el
estudio de los nacidos en otro país (inmigrantes) presenta
mayores problemas
respecto a las fuentes de
datos disponibles. En enero de 2005 había 3.691.547
extranjeros registrados en los padrones municipales. El 20,8%
procede de alguno de los restantes 24 miembros actuales de la
Unión Europea y alrededor del 2% de otras naciones
desarrolladas (América
del Norte, Japón).
Por tanto, casi el 80% (2,9 millones de personas) son originarios
del mundo "menos desarrollado". Estas cifras muestran un vuelco
total en la composición de la población extranjera
respecto a la existente diez años atrás, cuando
casi la mitad eran originarios de la Unión Europea
integrada entonces sólo por 12 naciones. El gran
crecimiento reciente de la inmigración procede de fuera de
la Unión Europea, especialmente de América
Latina y de la antigua Europa del
Este.
Aún así, entre las quince nacionalidades
más numerosas todavía figuran cinco comunitarias:
británicos (el 5º grupo),
alemanes e italianos5 (7º y 9º), franceses y
portugueses (13º y 14º) (ver Tabla 2). Pero los
primeros y destacados puestos los ocupan los originarios de
Ecuador y
Marruecos; cada uno suma casi medio millón de personas, y
juntos reúnen al 27% del total de extranjeros. Con
más de 300.000 efectivos siguen los procedentes de Rumania
y por encima de los 260.000 los de Colombia. Los
argentinos superan los 150.000; con algo menos de 100.000 figuran
los colectivos bolivianos, búlgaros, chinos y peruanos;
con más de 50.000 ucranianos y dominicanos.
En resumen, se configuran tres grandes grupos
extra-comunitarios en función de la zona de origen: por un
lado los latinoamericanos, por otro los llegados de la Europa del
Este y por último los marroquíes; más
allá, en solitario la inmigración china. Durante
el periodo reciente se produjo un significativo crecimiento de
los dos primeros flujos, mucho mayor que el experimentado por el
procedente de la orilla sur del
Mediterráneo6.
Y esta circunstancia ha marcado un cambio de la
configuración de la población inmigrante: hace una
década estaba dominada por la presencia de europeos
comunitarios y marroquíes, acompañados por algunos
latinoamericanos (dominicanos y peruanos). A partir de 1997 las
mayores entradas fueron las de ecuatorianos, colombianos,
bolivianos, argentinos, rumanos, búlgaros y ucranianos,
acompañados por los chinos.
Comparando las cifras de empadronados en enero de 2005
con las de quienes tenían permiso de residencia a finales
de 2004, el índice de irregularidad total sería del
46,4% (1.714.000 personas). Pero estas cifras son ampliamente
superadas en algunos colectivos nacionales: el 88% de los
bolivianos, el 74% de los rumanos, más del 60% de
argentinos, búlgaros o brasileños, más del
50% de ecuatorianos y ucranianos y más del 40% de
británicos y alemanes. Con toda seguridad, el
proceso de "normalización" actualmente en marcha
reducirá algunos de estos porcentajes, aunque no los
eliminará completamente. Mientras tanto, importantes
franjas de los grupos migrantes se encuentran abocados a una
situación de máxima precariedad jurídica y,
debido a ello, con importantes trabas para acceder a una integración "normalizada" en la sociedad
española7.
En cuanto a la composición por sexo existe un
relativo equilibrio con
un moderado predominio masculino: el 53% de los extranjeros son
hombres (1,97 millones y 1,7 millones de mujeres). Sin embargo,
tras estos valores
medios,
referidos al conjunto de los extranjeros, existen situaciones
diversas en función de la nacionalidad.
Entre las más numerosas algunas presentan un
claro predominio masculino, especialmente los marroquíes,
pero también italianos, portugueses, búlgaros,
rumanos y chinos. En cambio, la migración
es más femenina en el caso de colombianas, bolivianas,
peruanas y, especialmente, dominicanas. El resto de los
colectivos mencionados en la Tabla 2 muestran un mayor equilibrio
entre sexos. Las explicaciones a estas pautas diferenciadas son
diversas: tienen que ver con los sistemas de
relaciones familiares y las oportunidades económicas en
los países de origen, con el tipo de redes migratorias
establecidas entre aquéllos y España y con las
demandas/oportunidades de inserción en este país.
En todo caso, los datos muestran que una parte significativa de
la migración femenina no sólo no viaja
"detrás" de un hombre sino
que son las impulsoras, cuando no las únicas agentes, del
proceso migratorio. Por otra parte, junto a la presencia de
grupos familiares completos, nos encontramos con importantes
segmentos de personas solas (sean solteras o casadas con la
pareja en el país de origen). Estas situaciones generan,
en un caso, un importante desgaste por las dificultades de
reunificar o formar un núcleo familiar en España y,
en otros, abren la oportunidad para el establecimiento de
vínculos personales con personas de otras nacionalidades,
españoles o migrantes de otras procedencias.
Si atendemos a la edad de los extranjeros encontramos
también grupos diferenciados. Por una lado, hay 516.500
menores de 15 años, es decir, población en edad
escolar que no puede ingresar al mercado de trabajo. Este 14% de
los extranjeros es un indicador de la presencia significativa de
familias, lo que supone una intención de asentamiento a
medio o largo plazo puesto que traen a sus hijos o deciden
tenerlos en España. Por otra parte, esta población
genera demandas específicas a los sistemas educativo y
asistencial del país: se necesitan plazas escolares,
cobertura sanitaria, recursos para las
familias en situación precaria, etc. Los mayores
porcentajes de población infantojuvenil corresponden a los
grupos procedentes de Marruecos, Ecuador, China y R. Dominicana.
En el otro extremo de la pirámide de edades nos
encontramos con 270.000 personas (el 7,3% del total) que tienen
60 o más años, por tanto, se encuentran fuera del
mercado laboral o a punto de retirarse y más expuestos a
ser demandantes frecuentes de servicios
sanitarios. Los colectivos más envejecidos proceden del
Reino Unido y Alemania (la mitad de los empadronados supera los
50 años), seguidos a distancia por las otras
nacionalidades comunitarias. Más de la mitad de la
población extranjera (52%) tiene entre 20 y 39
años, la mayor parte ya ha completado su formación
y muchos cuentan con experiencia ocupacional; se trata de una
población volcada a la actividad laboral y escasamente
demandante de prestaciones
sociales (salvo el desempleo, al que
de momento no tienen mucho acceso debido al tipo de empleos
desempeñados). La mayor concentración de personas
en este segmento de edad se registra entre rumanos, bolivianos y
brasileños (en torno a dos tercios de cada nacionalidad),
seguidos por ecuatorianos, marroquíes, búlgaros,
peruanos y colombianos. En resumen, el grueso de la
inmigración es en estos momentos joven, más que la
población autóctona, aunque en su seno existen
situaciones diferenciadas. En algunos casos encontramos una
generación de abuelos (aunque sin hijos ni nietos
residentes en España), en otros predominan los
jóvenes solteros y en un tercer grupo encontramos familias
completas en las que conviven dos generaciones, con hijos en edad
escolar.
6. Menores,
escolarización y natalidad
La recesión demográfica española se
constata al observar la evolución descendente de la
matrícula de alumnado autóctono en el sistema
educativo no universitario. Entre el curso 1991-1992 y el
2003-2004 el número de alumnos se redujo en 1,7 millones.
En cambio, las plazas ocupadas por chicos y chicas de origen
extranjero se incrementaron en 350.000. Estamos, pues, ante
tendencias inversas pero de muy diferente orden de magnitud: la
llegada de hijos de inmigrantes está lejos de
contrarrestar la caída demográfica del alumnado
español. El proceso contiene dos dimensiones
significativas: por un lado, hay un incremento constante del
porcentaje de alumnado extranjero; por otro, el sistema acoge
cada curso un número menor de alumnos. En síntesis,
hay mayor diversidad pero menos población con la que
trabajar.
Por tanto, recursos ociosos para dedicar a una tarea
más compleja.
Hasta 1996-1997 se incorporaban cada año en torno
a unos 5.000 alumnos
extranjeros al conjunto del sistema. En los dos cursos
siguientes fueron algo menos de 10.000, en los dos posteriores
más de 20.000 y a partir de 2001-02 se superan los 70.000
en cada año (el mayor incremento se registró en
2003-04 con 95.000 incorporaciones). Por tanto, aunque hay
antecedentes desde hace tres lustros, el crecimiento más
fuerte se concentra a comienzos del siglo: en 2000-01 el alumnado
extranjero representaba el 1,9% del total, mientras que en
2003-04 alcanzaba ya el 5,7%8. Esta última
cifra era claramente superada en Madrid y Baleares (10%), La
Rioja, Navarra, Murcia, la Comunidad Valenciana y Cataluña
(entre 7,5% y 8%). En cambio, en Extremadura y Galicia no se
llegaba al 2% de la matrícula total. La mitad de este
alumnado (50,5%) es hijo de padres procedentes de países
de América Latina (por tanto, de países
castellanohablantes), el 25% de alguna nación
europea y el 19% de África.
)
¿Qué proporción de esta "segunda
generación" es migrante (ha nacido en otro país y
es trasladado a España por su familia) y
cuántos han nacido aquí (por tanto, son hijos de
extranjeros pero no migrantes)? No es posible responder con
exactitud a la cuestión, aunque sí afirmar que por
el momento la mayoría procede de la
inmigración.
Durante los seis años comprendidos entre 1998 y
2003 nacieron en España 190.000 niños
de madre extranjera. Casi 100.000 lo hicieron en los dos
últimos años, por tanto no están aún
en edad escolar (a partir de los tres años). No conocemos
con precisión el volumen de nacimientos producidos antes
de 1998, pero teniendo en cuenta la evolución de las
cifras conocidas es seguro que entre
1990 y 1997 el total no superará los 50.000. Por tanto, de
los casi 400.000 hijos de extranjeros matriculados en el sistema
educativo en 2003-2004 puede que alrededor de la cuarta parte
haya nacido en España y el resto proceda de la
inmigración. Puesto que estamos ante una estimación
de trazos gruesos habrá que considerarla con muchas
precauciones, pero al menos nos ofrece una primera
aproximación al asunto. El hecho es que tenemos hijos de
inmigrantes venidos de fuera y otros nacidos en España.
Ambos grupos son un indicador de la voluntad de sus padres por
afincarse, al menos a medio plazo, en este país.
Más, si cabe, los del segundo caso, puesto que las madres
deciden tener descendencia ya instaladas en el contexto de la
migración.
Mucho se ha hablado, casi siempre fuera de los medios
académicos, del impacto positivo de la inmigración
sobre el impulso a los alicaídos índices de
natalidad autóctonos. ¿Qué hay de cierto en
ello? En primer lugar, la creciente presencia de jóvenes
mujeres inmigrantes ha supuesto un incremento del número
de nacimientos en el país, de forma que su
aportación pasó de ser el 4,2% en 1998 hasta el
12,1% en 2003.
En otros términos: en la actualidad más
del 10% de los nacimientos son de madres extranjeras. Pero, en
segundo lugar, este continuo incremento no va parejo con el de
mujeres migrantes en edad fértil; por el contrario, la
proporción nacimientos/mujeres no deja de bajar desde el
año 2000. La explicación parece evidente: el gran
número de inmigrantes recentísimas contribuye a
moderar las tasas de nacimientos, puesto que en la primera etapa
sus prioridades se centran en procurar su inserción
laboral y social.
Habrá que esperar un tiempo para
confirmar si su presencia supone un nuevo impulso a la natalidad,
si con la "integración" en la sociedad española se
modera su aportación, o si se establecen diferentes
combinaciones entre estas posibilidades. Por el momento,
está claro que entre las mujeres comprendidas entre los 15
y los 49 años, la tasa de nacimientos de las extranjeras
es mayor que la de las españolas, aunque la diferencia ha
disminuido de 2,4 veces en 2000 a 1,6 en 2003.
La procedencia nacional de las madres ha cambiado
paralelamente a la incorporación de nuevos flujos
migratorios. En 1998, las mujeres marroquíes aportaban el
26% de los nacimientos de las extranjeras, seguidas a muy larga
distancia por francesas, portuguesas, alemanas, dominicanas y
peruanas (entre 3-4% cada grupo). A partir de entonces se reduce
la importancia relativa (no la absoluta) de las madres
marroquíes que en 2003 siguen siendo mayoritarias pero
aportan sólo el 19,7% de los nacimientos. En cambio, las
ecuatorianas aparecen en 1999 con el 4,9% y muestran un
crecimiento vertiginoso que en cinco años las sitúa
casi a la par que las marroquíes (19,5%). Además,
en la actualidad destacan también las madres colombianas
(9%) y las rumanas (6,6%), seguidas por chinas y argentinas
(3%).
En la Tabla 4 se recoge el número total de
nacimientos en función de la nacionalidad materna. Podemos
constatar que de madres marroquíes y ecuatorianas nacieron
algo más de 10.000 niños a lo largo de 2003; casi
5.000 de colombianas, más de 3.000 de rumanas y por encima
de 1.000 de argentinas, chinas, británicas, o peruanas.
Más allá del volumen total de nacidos, resulta de
interés comparar estas cifras con el conjunto de mujeres
en edad fértil (entre 15 y 49 años); al hacerlo
obtenemos una tasa de fecundidad especial9, que nos
indica el porcentaje de nacimientos por cada cien mujeres en edad
de procrear. El resultado obtenido se recoge en la última
columna de la Tabla 4. Comprobamos que los volúmenes
más elevados de fecundidad corresponden a las mujeres
marroquíes (que duplican la media de todas las
extranjeras) y a las chinas.
Apenas por encima de la media se sitúan las
ecuatorianas. En el extremo contrario, las tasas más bajas
corresponden a alemanas y búlgaras. Esta es sólo
una de las posibles indicaciones que nos muestran como el
concepto "extranjeras" incluye una amplia diversidad de
comportamientos sociales.
Estas aportaciones de la inmigración al
crecimiento vegetativo de la sociedad española tienen
incidencia desigual desde el punto de vista espacial. Como
veremos a continuación, existe una fuerte pauta de
concentración de los migrantes en determinadas zonas de la
geografía
española. Además, en cada una de ellas difiere la
composición por sexo, edades y orígenes nacionales.
Por tanto, la incidencia de la natalidad es también
diversificada. Desde el punto de vista de la cantidad de
alumbramientos destacan las regiones que acogen más
número de personas inmigradas: casi la mitad se registra
en Madrid y Cataluña (el 23% en cada una), seguidas a gran
distancia por la Comunidad Valenciana (12%) y Andalucía
(10%). Pero si comparamos el volumen de nacimientos de las
inmigrantes con el de las madres españolas obtenemos una
visión más clara del aporte demográfico de
las primeras en cada región. El impacto más fuerte
se registra en Melilla (en 48 de cada 100 alumbramientos la madre
era extranjera) y Ceuta (27,5%); a continuación aparecen
Baleares, Madrid, Murcia, Cataluña y La Rioja (17 a
20,5%). En Aragón, la Comunidad Valenciana y Navarra se
supera por poco la media nacional (12%). En cambio, en
Extremadura y Galicia las madres extranjeras aportan menos del 5%
de los nacimientos y en Asturias, País Vasco y Cantabria
apenas se supera esa cifra.
Conviene, además, tener en cuenta que existe otro
aporte a la natalidad que no hemos considerado por falta de
mayores datos, pero que es importante consignar.
Tomando como referencia las cifras de 2003 vemos que un
9% de los nacimientos fueron de madre extranjera unida a un padre
también extranjero; otro 3% de madre inmigrante con padre
español, pero existe un tercer grupo que aporta otro 2%
(9.300 nacimientos): son madres españolas unidas a padres
extranjeros. Por tanto, los progenitores inmigrantes de ambos
sexos aportaron un 14% de los nacimientos: el 9% fueron parejas
extranjeras y el 5% parejas mixtas (entre autóctonos y
extranjeros de ambos sexos). He aquí otro signo de
diversidad social: la procedencia extranjera no implica
necesariamente que la convivencia y la reproducción se realice en un medio
familiar constituido sólo por inmigrantes.
7. La distribución territorial:
concentración territorial y composición
diversa
Cuatro de las provincias españolas (Madrid,
Barcelona, Alicante y Valencia) acogen al 50% de la
población extranjera; en esos mismos territorios reside
sólo el 35% de la población total del país.
Incluyendo las siguientes siete provincias con mayor volumen de
extranjeros (Málaga, Murcia, Baleares, Tenerife, Las
Palmas, Girona y Almería) nos encontramos con el 75% de
los extranjeros y el 50% de la población total del
país. Por tanto, los inmigrantes están
especialmente concentrados en algunas zonas, concretamente
Madrid, los dos archipiélagos y varias provincias del arco
mediterráneo, desde Girona a Málaga. Esta pauta de
concentración se ve fomentada por la existencia de tres
tipos diferenciados de polos de atracción: las grandes
ciudades de servicios (Madrid, Barcelona, Valencia), las comarcas
con agricultura
intensiva de regadío (Murcia y Almería) y algunas
zonas costeras con gran oferta turística y auge de la
construcción.
El conjunto de los extranjeros suponía a
comienzos de 2005 el 8,4% de la población total. Pero este
valor promedio esconde situaciones muy diversas. En un extremo,
la mayor proporción de extranjeros se encuentra en
Alicante (18,5% de su población), Baleares, Almería
y Girona (más del 15%) que doblan ?o casi- la media
nacional. Les siguen Madrid, Málaga, Murcia,
Castellón, Tarragona y Tenerife y (en torno al 12%). Cabe
señalar que estos altos índices de "densidad
migratoria" tienen composiciones diferenciadas: por ejemplo, en
Alicante, Tenerife y Málaga algo más de la mitad de
los extranjeros proceden del Espacio Económico Europeo o
de Norteamérica10, en Baleares son el 43% y en
Las Palmas más de la tercera parte de los empadronados. En
cambio, en Madrid, Murcia o Barcelona la gran mayoría (en
torno al 90%) es originaria de países no comunitarios. Por
tanto, el primer grupo se caracteriza por una fuerte presencia de
"residentes privilegiados" (por su estatuto jurídico, en
tanto nacionales comunitarios, como por la posición
económica de la mayoría: rentistas, propietarios de
negocios o
profesionales liberales) y el último por un claro
predominio de los "inmigrantes económicos". Queda claro
que la inmigración tiene diferente importancia y rostros
distintos según la zona del mapa en la que focalicemos
nuestra atención.
Si ponemos nuestra atención no en el conjunto de la
población extranjera sino en las principales
nacionalidades encontramos pautas de asentamiento diversificadas,
en función de cuáles son las provincias donde se
ubican preferentemente. Las cinco más significativas, que
presentan variaciones específicas según el
colectivo nacional, son las siguientes: Pauta costera: Reino
Unido: Alicante (35%) y Málaga (19%); resto de
provincias (46%).
- Alemania: Alicante (22%), Baleares (17%) y
Tenerife (13%); resto (48%). - Pauta grandes ciudades y costa:
- Francia: Barcelona (18%), Madrid (13%),
Alicante (10%); resto (59%). - Italia11: Barcelona (22%), Madrid
(13%), Tenerife (10%) y Baleares (9%); resto (46%). - Argentina: Barcelona (18%), Madrid (14%),
Málaga (10%), Baleares y Alicante (8%); resto
(50%). - Grandes ciudades:
- China: Barcelona (28%), Madrid (27%); resto
(45%). - Grandes ciudades y zonas rurales:
- Marruecos: Barcelona (22%), seguida por Madrid
(13%), más Murcia (9%), Girona y Almería (6% cada
una). - Predominio de Madrid:
- Ecuador: 34%, más Barcelona (16%) y
Murcia (11%); resto (39%). - R. Dominicana: 41%, más
Barcelona (22%); resto (37%) Perú: 46%,
más Barcelona (30%); resto (24%). - Colombia: 27%, y Barcelona (11%); resto
(62%). - Rumania: 30%, más Castellón (9%)
y Valencia (6%); resto (55%). - Bulgaria: 24%, más Valencia (14%) y
Alicante (7%); resto (55%).
8. Inserción laboral:
¿nichos o movilidad?
El empleo es uno de los objetivos
principales de gran parte de los inmigrantes.
Lamentablemente, hasta la fecha no contamos con
instrumentos adecuados para conocer la situación. El
habitualmente utilizado para analizar el mercado de trabajo es la
Encuesta de
Población Activa, elaborada por el INE, pero en el caso de
la población inmigrante su cobertura ha sido hasta la
fecha claramente deficitaria. A comienzos de 2005 el INE ha
procedido a la revisión de las series trimestrales entre
1996 y 2004, aplicando nuevas cifras de población total,
tomando en cuenta la incidencia de los recientes flujos de
inmigración. Según esta revisión, a finales
de 2004 había, 1.809.000 extranjeros ocupados, 272.000
desempleados y 646.000 inactivos con 16 o más
años12.
El afloramiento de casi un millón de ocupados
extranjeros (la mitad de los que hasta entonces se
contabilizaban) muestra las
dificultades que ha tenido hasta la fecha la EPA para cubrir a
este segmento de trabajadores y señala la poca utilidad de
esta herramienta para analizar lo ocurrido en los últimos
años. Al parecer las cosas mejorarán a partir del
primer trimestre de 2005.
Utilizando el último dato de esta fuente podemos
confirmar que la tasa de actividad de los inmigrantes (76,2%) es
considerablemente más alta que la de los españoles
(55,2%). Esta circunstancia se explica por la gran
concentración de extranjeros en los grupos de edad activa,
así como por su proyecto vital
centrado en la emigración como medio para mejorar su
situación económica. Las tasas de desempleo son
también más elevadas, pero en este caso las
diferencias son menores (14% y 9,8%, respectivamente). Por tanto,
el grueso de los inmigrantes en edad laboral está presente
en los mercados de trabajo locales.
Las altas laborales en la Seguridad
Social tienen, en principio, mayores limitaciones que la EPA
pues sólo incluyen los empleos regularizados. Sin embargo,
en la práctica hasta ahora han contabilizado
volúmenes similares de empleo de los extranjeros;
además los datos disponibles presentan hasta la fecha
mayor grado de desagregación en función de la
nacionalidad de los trabajadores. No obstante, hay que tener en
cuenta que las cifras se refieren a poco más de la mitad
de los realmente ocupados: el resto permanece hasta la fecha en
las sombras de los empleos sumergidos.
Entre 1999 y 2004, apenas cinco años, el
número total de extranjeros con alta laboral en la
Seguridad Social pasó de 335.000 a 1.048.000 (ver Tabla
4)13. En 1999 42 de cada cien residentes (los
únicos que pueden aspirar a un puesto de trabajo
regularizado) estaban dados de alta; en 2004 el porcentaje
ascendió al 57%. El carácter "económico" de
la inmigración reciente se así hace evidente. En
todo este periodo la proporción entre sexos se ha
mantenido con escasas variaciones: el 64% son hombres y el 36%
mujeres.
El 85% de esta población tiene entre 25 y 54
años de edad (grupo que sólo reúne al 78% de
los trabajadores autóctonos), el 11% entre 16 y 24
años, y apenas un 4% supera los 55 años (el 11% de
los autóctonos). Por tanto, en conjunto, se trata de una
mano de obra más joven, que se concentra especialmente en
la franja de edad comprendida entre los 20 y 40
años.
En este período se ha modificado la
composición de esta mano de obra en función de su
origen. En 1999 el 38% procedía del Espacio
Económico Europeo, el 31% de África y el 19% de
América Latina. En cambio, en 2004 el principal
contingente era el latinoamericano (35%), seguido por europeos
occidentales y africanos (23% cada uno). También se
incrementó la importancia de los originarios del resto de
Europa (de 4,5% a 11%) y disminuyó levemente la de los
trabajadores asiáticos (de 9% a 7%). Casi la tercera parte
procede de sólo dos países: Marruecos y
Ecuador.
Otro 26% es originario de Colombia, Rumania, Reino
Unido, Perú e Italia. El 43%
restante se distribuye entre una amplia lista de
nacionalidades.
La evolución de los trabajadores de alta muestran
una progresión constante de los inscritos en el
Régimen General (asalariados no agrícolas, excepto
servicio
doméstico), que ha pasado de incluir el 50% de los
trabajadores en 1999 al 71% en 2004. En cambio, han perdido
importancia los demás regímenes, principalmente los
de trabajadores autónomos (de 18% a 11%) y de empleados de
hogar (de 13% a 7%) y en menor medida el de trabajadores agrarios
(de 13% a 11%). En otros términos: la incorporación
del reciente flujo de trabajadores que ocupan puestos en el
marcado de trabajo regular se ha realizado en trabajos
asalariados ajenos a la agricultura y el servicio
doméstico. ¿En qué ramas de actividad?
Básicamente en construcción, hostelería,
"otras actividades empresariales" y comercio. Las
ramas en las que más ha crecido el empleo son:
construcción, transporte,
saneamiento público y varias actividades industriales.
Estos datos sugieren que en ese mercado formal existe una
cierta tendencia a la movilidad laboral de los extranjeros desde
ciertos nichos iniciales (jornalero agrícola, empleada
doméstica) y un mantenimiento
de otros (construcción y hostelería), hacia una
mayor variedad de empleos en los servicios y la industria.
Esta relativa tendencia a una "normalización" de los
ámbitos de empleo tropieza con importantes escollos. Por
un lado, sólo nos estamos refiriendo a los empleos menos
sumergidos, y es altamente probable que la gran masa de
irregulares presente elevados índices de ocupación
en la agricultura y el servicio doméstico. Por otro, los
nuevos ámbitos de empleo se caracterizan ?por lo general-
por condiciones de trabajo precarias y retribuciones
bajas.
Dada la recentísima llegada del grueso de la
inmigración y la falta de cobertura de las principales
fuentes destinadas a medir las tendencias sociolaborales, no
estamos en condiciones aún de prever hacia dónde
conducen las actuales tendencias. ¿La inserción
laboral en empleos "de baja calidad" es
propia de una fase inicial del asentamiento migratorio?
¿Existen cauces para una movilidad generalizada o
más bien trabas para incluir a la mayoría de los
inmigrantes en "nichos" más o menos cerrados? Más
aún, ¿estamos ante una dinámica de segmentación(es) étnica(s) de la
mano de obra, que reserva los mejores puestos a la
población autóctona ?y a los europeos comunitarios-
y los peores a una gradación jerarquizada de inmigrantes
de diversas procedencias? ¿O más bien las actuales
condiciones de trabajo de la mayor parte de los inmigrantes son
un preanuncio de las tendencias que acabarán afectando al
conjunto de la mano de obra, inmigrada o autóctona? A
falta de respuestas definitivas, cabe señalar que en las
últimas décadas el importante crecimiento
económico español ha estado
acompañado por ciertas características del mercado
de trabajo que no apuntan a superar desigualdades y mecanismos de
precarización y exclusión. Baste citar aquí
las elevadas tasas de empleo temporal (más del 30% de los
asalariados), de empleo sumergido (que algunos han estimado en
torno al 30% de los ocupados), las importantes cifras de
desempleo estructural (20% en épocas de crisis, 11% en
momentos de bonanza) o la significativa polarización de
los salarios14.
9. ¿Qué
balance?: extranjeros, trabajadores, cotizantes, consumidores?
¿ciudadanos?
Esta apretada síntesis no puede dar cuenta de
todos los "impactos" de estos fenómenos migratorios sobre
su entorno social inmediato (en España) ni, mucho menos,
en el más alejado (los países de origen), pero
podemos abordar algunas de las cuestiones que más se
suscitan en las opiniones públicas.
¿Los trabajadores migrantes "quitan empleos" a
los autóctonos? ¿o realizan los que estos ya no
quieren ocupar?. Si atendemos a los datos recientemente
actualizados de la EPA comprobamos que desde comienzos de 1997
hasta finales de 2004 las personas ocupadas aumentaron en 4,6
millones. Suponiendo generosamente que en ese período se
hayan incorporado 1,5 millones de inmigrantes restan más
de 3 millones de empleos a ser cubiertos por la mano de obra
autóctona. En el mismo periodo el conjunto de la
población en edad de trabajar (la demanda potencial)
aumentó en 3,2 millones; si de esta cifra descontamos a
los y a los españoles que no ingresan al mercado de
trabajo (estudiantes, incapacitados, etc.) los demandantes
autóctonos fueron bastante menos de 2 millones. Por tanto,
parece claro que ?al menos durante el último ciclo
expansivo- la inmigración no "quita" empleos en el
conjunto de la sociedad, puesto que los españoles que
entraron al mercado laboral son menos que el número de
empleos creados y no ocupados por extranjeros15. Otra
cosa es lo que pueda ocurrir en ciertas ramas de actividad y en
algunos mercados de trabajo locales. En todo caso, lo que
interesa es mostrar que los trabajadores extranjeros se
incorporan a una sociedad en movimiento, no a un stock
fijo de empleos en el que la ocupación de unos significa
necesariamente el desplazamiento de otros. La pregunta inicial,
por tanto, debería reconducirse hacia otra de este tenor:
¿qué tipos de empleo son los que se están
generando en este período de crecimiento, aprovechando la
llegada de una nueva oferta de mano de obra?.
Por otro lado, ¿qué "aportan" y qué
"quitan" los inmigrantes a la sociedad de destino? La
cuestión no tiene respuestas unívocas y depende de
los aspectos (económicos, demográficos, de
convivencialidad, etc.) y de las dimensiones (macro o micro
sociales) analizadas. Pero algunas pistas tenemos para
orientarnos al respecto. Por una parte, España (y toda
sociedad que recibe inmigrantes) "gana" cuando llegan personas ya
socializadas (escolarizadas y/o con experiencia laboral) para
incorporarse directamente a los mercados de empleo.
También cuando se trata de población en su mayor
parte joven y sana, que aporta ?vía cotizaciones sociales
y consumo–
más de lo que consume ?vía prestaciones sociales o
sanitarias-16. Esto en cuanto a los flujos entre las
administraciones y los nuevos residentes. Respecto a los
intercambios privados es evidente que los inmigrantes consumen en
distintos rubros (vivienda, alimentación,
transporte, vestido, etc., pero también abren cuentas
bancarias, compran vehículos, material escolar, etc.); por
tanto, revierten en su ámbito próximo una parte
importante de sus ingresos y, no
pocas veces, contribuyen a relanzar las expectativas de sectores
alicaídos de la oferta.
No obstante, suele argumentarse que no consumen todo lo
que pudieran puesto que "detraen" una parte de sus ingresos
enviándolos al exterior, a sus familiares en los
países de origen. Topamos aquí con el importante
asunto de las remesas. Estas han experimentado, junto con el
volumen de inmigrantes, un incremento espectacular: en 1993
fueron 253 millones de euros, en 1997 llegaron a 520 millones, en
2003 a 2.895 millones y en 2004 3.436 millones (sólo entre
1997 y 2004 el crecimiento fue del 560% y el número
agencias especializadas en el envío de remesas se
quintuplicó entre 1999 y 200317). El Banco de
España, el ente que elabora estas estadísticas, estima que las remesas
"potenciales" ?las que efectivamente se envían- pueden
doblar la magnitud de las controladas por los circuitos
financieros, debido a los mecanismos informales y no declarados.
El volumen real podría haber alcanzado los 6.500 millones
de euros en 2003, aunque que entre el 10% y el 15% de esta suma
queda en manos de las entidades intermediadoras. Esta cifra
supera con holgura el total de fondos destinados por el estado
español a la llamada "ayuda al desarrollo",
lo que da una idea de su magnitud así como del impacto
positivo que pueden tener para las economías de los
países de origen.
Si estuvieran canalizadas hacia inversiones
productivas en beneficio de los sectores sociales de los que
proceden los emigrantes, podrían convertirse en "palanca
de desarrollo" e, indirectamente, en un mecanismo que debilite
las urgencias migratorias de una parte de la población.
Esta posibilidad nos permite visualizar las remesas como un
instrumento que pudiera beneficiar a ambas sociedades (la de
origen y la de destino) en lugar de ser percibida sólo
como un déficit para la de destino. Conviene
también tener en cuenta que la casi olvidada
emigración española en el extranjero actualmente
sigue aportando más a la economía nacional
que lo que sale por remesas de los extranjeros aquí
radicados (4.171 millones frente a 2.895 millones, MORÉ,
op. cit.), al menos según las estadísticas
oficiales.
En definitiva, la inmigración de origen
extranjero está aportando diversas novedades a la estructura
social española. Puesto que se trata de un proceso en
marcha, y de carácter reciente, no siempre es posible
hacer balances precisos acerca de su significación. Lo que
sí resulta claro es que buena parte de estos nuevos
vecinos han llegado para quedarse, incluso aquellos que vienen
con un proyecto de corto plazo van encontrando alicientes para
permanecer y/o dificultades para regresar; en todo caso hay que
contar con ellos como una parte integrante de la sociedad
española. De hecho lo son en diversos ámbitos:
trabajan, aunque no siempre cómo y dónde quisieran,
consumen, pagan impuestos,
dinamizan barrios y sectores productivos, algunos se casan con
personas autóctonas? Son, en definitiva, vecinos y
conciudadanos. Aunque no del todo: por un lado, una franja
importante queda condenada ?aunque "sólo" sea por unos
años- a la irregularidad; por otro, los que tienen papeles
quedan al margen -salvo los que optan por la nacionalidad
española- de uno de los derechos constitutivos de la
ciudadanía moderna: no pueden votar ni,
menos aún, ser elegidos. Incluso si cuentan con un permiso
de residencia permanente. Pueden quedarse aquí toda su
vida, tener descendencia, trabajar, percibir prestaciones
sociales, jubilarse? pero no ser parte activa de la comunidad que
puede decidir hacia dónde deben orientarse las prioridades
de esta sociedad. Así, casi el 10% de la población
del país está privada de los derechos plenos de
ciudadanía; a pesar de ello, esta sociedad no parece
albergar dudas acerca de su carácter plenamente
democrático. Quizás, a través de la pregunta
por la inmigración, deberíamos acabar
interrogándonos por el tipo de sociedad que estamos
construyendo.
*Publicado en Panorama Social, Nº 1, junio
2005, págs. 32-47.
1. Correo
electrónico: ioe[arroba]colectivoioe.org Sitio en
Internet:
www.colectivoioe.org
2. Existe cierta imprecisión en los datos
disponibles: a finales de 1992 el gobierno contabilizaba algo
más de 1,6 millones de españoles en el exterior
mientras que en 1997 y 1998 los situaba en torno a los 2
millones. Este incremento no se debe a un nuevo impulso
emigratorio sino a cambios en las modalidades de registro,
reemplazando los censos de los países de destinos por los
registros consulares españoles (ver los distintos Anuarios
de Migraciones editados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales).
3. Los españoles nacidos en otro país
(inmigrantes nacionalizados y descendientes de españoles)
se multiplicaron apenas un 22%. No es fácil discernir en
este grupo entre quienes llegaron ya con pasaporte español
y quienes se nacionalizaron después de ser residentes.
Sabemos que de los 660.000 españoles nacidos en el
extranjero al menos 360.000 pertenecen al segundo
grupo.
4. Esta figura permitirá regularizar a los
trabajadores que acrediten al menos dos años de estancia
continuada en el país y un año de relación
laboral demostrable. Es decir, los inmigrantes deberán
denunciar a sus empleadores para poder justificar la existencia
del vínculo laboral? poniéndolo en riesgo a
través de un enfrentamiento con los patronos. Aquí,
como en el caso de la "normalización" se parte del
supuesto de que el empleo irregular ?una vez puestas en marcha
estas medidas- se explica sólo por la "mala voluntad" de
la parte contratante (nunca por causas estructurales que hacen
poco viables cierta clase de
empleos y empresas
regularizados). Una vez detectados, y sancionados, estos
"fallos", se supone que los empleos serán regularizados
automáticamente. Como si no existiese el riesgo,
más que cierto, del despido, la desaparición y
transformación de la empresa, o la
amortización del puesto de
trabajo.
5. Con seguridad los "verdaderos" italianos son
bastantes menos, ya que sólo el 47% nació en
Italia. El resto son descendientes de emigrantes italianos
procedentes casi siempre de América Latina (en esta
situación destacan algo más de 31.000 nacidos en
Argentina).
6. Por nacionalidades, entre enero de 2001 y 2005 los
incrementos mayores correspondieron a los inmigrantes de Bolivia
(1.363%), Rumania (894%), Bulgaria (659%), Ucrania (531%) y
Uruguay (516%). El incremento medio del conjunto de extranjeros
fue, en el mismo periodo, de 169%.
7. Conviene matizar que casi 300.000 de estos "sin
papeles" son ciudadanos de alguno de los 24 miembros actuales de
la Unión Europea. Estos no necesitan un permiso de trabajo
para emplearse en España y el trámite de residencia
no ofrece mayores dificultades. Por tanto, su situación
obedece, para la mayoría, a un desinterés por la
obtención de un permiso de residencia y, para la
minoría, a la situación de los comunitarios
"sobrevenidos": inmigrantes de los estados que acaban de ingresar
a la U.E. y aún no han tenido tiempo de actualizar su
situación administrativa.
8. Aunque no existen cifras para el curso 2004-05 el
ministerio de Educación estima que
"el alumnado extranjero se aproximará al medio
millón en los niveles no universitarios" (MEC, Datos y
cifras. Curso escolar 2004/2005, pág. 14). Esta cifra
supondría un incremento de unos 150.000 nuevos alumnos, y
la elevación del porcentaje de extranjeros hasta el 7,2%
de la matrícula total.
9. "Especial" porque la tasa de fecundidad se obtiene
habitualmente relacionando el número de niños
menores de 15 años con el total de mujeres en edad
fértil.
10 Los datos de avance del padrón Municipal de
2005 no distinguen todas las nacionalidades de los extranjeros, y
agrupa entre el "resto de europeos" a originarios de
países occidentales y prósperos con algunos de la
Europa oriental. Por ello, en nuestro mapa las magnitudes
designadas como "primer mundo" incluyen sólo a los
nacionales de países de la U.E. más Noruega,
Estados Unidos
y Canadá. El resto ha sido catalogado como extranjeros del
"tercer mundo".
11. Conviene recordar que un tercio de los extranjeros
con nacionalidad italiana ha nacido en Argentina.
12. En definitiva, la EPA detecta 2,7 millones de
extranjeros mayores de 15 años a finales de 2004, cifra
que se aproxima a los 3,1 millones mayores de 15 años
empadronados en enero de 2005.
13. En el primer trimestre de 2005 sumaban 1.124.000.
Mientras tanto, la EPA contabilizaba casi 1,9 millones de
extranjeros ocupados; la diferencia indicaría la
existencia de al menos 700.000 empleos sumergidos (no dados de
alta ante la Seguridad Social).
14. Según la última estadística de salarios del
Instituto de Estudios Fiscales ?que sólo incluye los
salarios declarados-, correspondiente al año 2003,
el 27,9% de los asalariados cobró menos que el salario
mínimo (el SMI) percibiendo unos ingresos medios mensuales
de 220 euros por persona; en tanto
que el 3% con salarios más elevados ganó una media
mensual de 6.100 euros. La masa salarial de este último
grupo (medio millón de personas) fue tres veces mayor que
la del primer grupo (de casi cinco millones de trabajadores). La
diferencia de salario medio entre ambos extremos fue de 1 a 28.
Ver INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES (2005).
15. Esta circunstancia se refuerza al comprobar que
durante el periodo el número total de desempleados
disminuyó en 1,25 millones de personas.
16. Contamos en nuestro país ya con algún
estudio que lo demuestra, aunque sus cifras hayan quedado algo
desactualizadas por la magnitud de las llegadas más
recientes Ver Aparicio y Tornos,
2001.
17. Pasaron de 10 a 55, y cuentan con 6.700 locales en
todo el país (MORÉ, 2005). Por tanto,
también generan cierto número de empleos y de
consumo (alquiler de locales, de líneas
telefónicas, etc.).
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Colectivo Ioé
(Miguel Ángel de
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URL: http://www.nodo50.org/ioe/
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