- 1.1. Expansión
del capital en la actual coyuntura de la
globalización. Desregulación del empleo,
privatización de los servicios públicos y
deterioro ecológico - 1.2. Flujos
financieros: la burbuja especulativa y la ley de hierro de
la economía. Efectos de inflación, desempleo
y deterioro de los servicios sociales - 1.3.
Jerarquización del poder. El centro y la
periferia
- 2. El contexto
político español: ambivalencia de los cauces de
participación - 3. El contexto
ideológico: prevalencia del discurso de la
modernización
La participación de los ciudadanos en la vida
social y política se ha
convertido, en tanto que principio abstracto, en uno de los ejes
principales de las modernas democracias. Pero tal principio
está dotado de una gran polivalencia semántica, ya que puede ser utilizado en la
práctica con connotaciones ideológicas y
propósitos muy variados. Por tanto, se hace necesaria una
delimitación precisa del tema y de los contextos en que es
utilizado.
Literalmente el concepto
"participación" hace referencia a tomar o tener parte en
algo. Ahora bien, tomar o tener parte en algo es una acción
que implica dos sujetos diferenciados, donde uno se mueve para
obtener, usar o disfrutar una parcela del otro, de ese algo que
le es ajeno. Desde esta consideración suele derivarse que
el plano del diseño
y dirección de las macrointervenciones
sociales es competencia de
"otros" (políticos, profesionales, grandes instituciones
no gubernamentales) y lo propio de los ciudadanos sería
participar en las mismas, bien por invitación,
cuando el otro toma la iniciativa, bien por
irrupción, cuando los ciudadanos luchan o presionan
ante los otros en defensa de sus propios intereses. Distinguir
entre participación "por invitación" y "por
irrupción" resulta de gran utilidad a la
hora de analizar los cambios acontecidos en las formas de
participación ciudadana, sindical y
política antes y después de la llamada
transición democrática1. La alternativa
a estas dos acepciones se sitúa, trascendiendo el concepto
"participación", en la autogestión, donde la
participación en el sentido antes expresado carece de
sentido ya que son los propios destinatarios quienes deciden y
actúan por sí mismos.
Estas consideraciones ponen el acento en una
cuestión clave a la hora de determinar las
características y alcance de la participación: la
de los sujetos sociales actuantes, tanto de derecho como
de hecho. Las formulaciones habituales tienden a escamotear la
complejidad social bajo rúbricas neutras y en exceso
generalistas, tales como "ciudadanos" o "administración". Pero en la vida real nos
encontramos con que los ciudadanos pueden ser solventes o
desheredados, integrados o marginados, explotadores o explotados,
y con que la
administración no es sólo un ente prestador de
servicios
sino, también y sobre todo, un aparato de
regulación social que favorece a ciertos ciudadanos en
desmedro de otros. Parece obvio que si descendemos del terreno de
los principios al de
los hechos sociales la participación adquiere
caracteres diferenciales según quiénes la ejercen,
en función
de qué objetivos, con
qué grado de autonomía y con qué poder o margen
de maniobra para conseguir lo que pretenden.
La participación no existe en abstracto sino en
un medio social condicionado, entre otras cosas, por una
estructuración de las actividades económicas
?actualmente bajo la égida del capitalismo
global?, una institucionalización de la política
?en el caso de España, la
monarquía parlamentaria? y unas
ideologías o pautas culturales capaces de impregnar
nuestra forma de ver la vida y de enfrentarnos a los
acontecimientos ?en nuestro caso, el discurso
dominante de la modernización neoliberal.
1. CONCENTRACIÓN DEL
PODER BAJO LA LÓGICA DEL CAPITALISMO
GLOBAL
En primer lugar, las estructuras
económicas dominantes en la actualidad a nivel mundial ?y
también en España? configuran profundas divisiones
entre los colectivos humanos generando desigualdades y procesos de
inclusión/exclusión en los más diversos
ámbitos de la vida social: entre capital y
fuerza de
trabajo; entre
élites dirigentes y masas sociales fragmentadas; entre
países del centro y de la periferia, etc.
La revalorización del capital, convertida en
ley suprema
del llamado "capitalismo global", ha desencadenado una carrera
de acumulación, a través de las grandes
corporaciones transnacionales, reforzando un modelo de
desarrollo
que se justifica en los criterios de eficiencia y
competitividad
pero que, en última instancia, tiene como eje más
propio la rentabilización de los negocios
emprendidos ?sean éstos cualesquiera?.
En la actual coyuntura del capitalismo global, se han
intensificado tanto el comercio como
las inversiones
financieras entre países pero con un formato centralizado
y jerarquizado a través de las empresas
transnacionales, los grandes centros financieros y los
principales organismos internacionales. Una clase gerencial
transnacional, con base en unos pocos estados
(fundamentalmente Estados Unidos,
la Unión
Europea y el sudeste asiático), tiene un amplio poder
para tomar decisiones políticas
y económicas que afectan a toda la humanidad.
1.1. Expansión del
capital en la actual coyuntura de la
globalización. Desregulación del empleo,
privatización de los servicios
públicos y deterioro ecológico
El comercio mundial entre países se ha
incrementado a lo largo del pasado siglo XX a un ritmo cada vez
mayor: 4% anual en las primeras décadas, 6% en los
años posteriores a la segunda guerra
mundial y 7,5% a partir de 19852. Unos incrementos
que son más significativos teniendo en cuenta que el
crecimiento económico mundial por persona ha
seguido un ritmo decreciente en los últimos 50
años: de un 4% anual en la década de los sesenta se
pasó a un 2,4% en los setenta, a un 1,3 en los ochenta y a
un liviano 0,8% en los noventa3.
Los agentes fundamentales de la
internacionalización productiva y comercial son las
empresas transnacionales que experimentaron un gran
crecimiento desde los años sesenta. El proceso se
inició por parte de algunas grandes empresas de Estados
Unidos que decidieron invertir y montar filiales en otros
países, gestionadas desde la empresa
matriz. "Estas
empresas se caracterizan por operar en el mundo entero bajo
capitales que son propiedad de
agentes situados en los países del centro, que organizan
su producción y comercialización a nivel global pero de
forma muy jerarquizada y desigual. Constituyen redes formadas por empresas
dispuestas alrededor del planeta, que se articulan las unas con
las otras, según una pura racionalidad económica
para la obtención del máximo beneficio en el
mínimo tiempo
posible"4. La disminución del ritmo de
crecimiento de la economía
mundial no ha afectado a estas macro?empresas cuya
participación en el PIB mundial ha
pasado del 17% en los años 60 a más del 30% en los
905.
Al iniciarse el siglo XXI el número de empresas
transnacionales se estima en cerca de 50.000 y de ellas depende
directamente el 70% del comercio mundial (la mitad de éste
consiste en transacciones internas entre las propias
transnacionales). Al interior de estas empresas existe una fuerte
jerarquización debido a permanentes procesos de
fusión6 y concentración de los
capitales, de tal suerte que el volumen de
operaciones de
las compañías más grandes supera el presupuesto de
muchos estados.
Para conseguir rentabilidad,
las empresas transnacionales van a conjugar dos principios: la
inversión en nuevas
tecnologías y la reducción de costes salariales
mediante la puesta en marcha de una serie de operaciones como la
deslocalización de empresas y la
desregulación de los mercados de
trabajo. El resultado final, desde el punto de vista social,
será un reforzamiento de los procesos excluyentes del
capitalismo.
La introducción de nuevas
tecnologías, en especial en informática y telecomunicaciones, permite tomar decisiones de
forma instantánea sobre los procesos de producción
y comercialización en cualquier lugar del mundo. "La
globalización neoliberal se ha visto
acompañada de un puñado de desarrollos
tecnológicos, entre los que se cuentan los vinculados con
la producción en masa, con la segmentación de los procesos productivos
?que facilita la internacionalización?, con el control a
distancia, con la rapidez y la eficiencia en el trasporte, y con
la uniformización de productos,
hábitos de consumo,
sistemas de
venta y
financiación"7. Gracias a la informática
los costes de tratamiento de la información se han reducido casi
infinitamente y una llamada telefónica entre Europa y América
ha pasado de 300 dólares en 1930 a 1 dólar en 1990.
La red de internet se extiende
rápidamente pero de forma muy desigual, lo mismo que
ocurre con la distribución de la comunidad
científica internacional8.
La deslocalización se produce cuando el
capital dirige su inversión productiva desde el centro
hacia la periferia o la semiperiferia ?caso de los países
del este europeo candidatos a entrar en la Unión
Europea9?. En tales casos se trata de aprovechar los
salarios
más bajos de estos países y las facilidades que dan
sus gobiernos en materia
fiscal y de
control del medio
ambiente. Como subraya Miren Etxezarreta, "el que las
empresas transnacionales inviertan en el mundo entero no quiere
decir que las condiciones del mundo se igualen. Al contrario, se
trata de aprovecharse de la diferencia. Y los países
pobres siguen siendo pobres (con algunas pocas excepciones que
crecen) y los ricos mucho más ricos. Y en todos los
países los propietarios de los grandes capitales son cada
día más ricos y hay cada día más
pobres"10. Mediante la deslocalización, las
compañías transnacionales utilizan la amenaza de
instalarse en otro país para que los trabajadores
respectivos se hagan la competencia entre sí y acepten las
condiciones que les imponen las empresas.
La desregulación de los mercados de
trabajo ha ido ganando terreno en todos los países
desarrollados ?con momentos de mayor profundización como
la etapa de Reagan en Estados Unidos, de Tratcher en Gran
Bretaña o de Felipe González y José
María Aznar en España?, lo que ha coincidido con la
crisis del
modelo de
estado
keynesiano y la reinstauración de un modelo neo?liberal de
relaciones
laborales. En la práctica esto se traduce en continuas
reformas legislativas que tienden a flexibilizar a la baja las
condiciones de trabajo: incremento de los contratos
temporales (cada vez de más corta duración),
despido libre o muy barato, polarización de los salarios,
acceso más difícil y menor cobertura de las
prestaciones
por desempleo y
jubilación, medidas encaminadas a privatizar y encarecer
la sanidad, la educación, las
pensiones, los servicios sociales, etc.11. La
aplicación de nuevas
tecnologías y el crecimiento constante de la escala de
funcionamiento del capital han originado un fuerte desarrollo de
la productividad
que, además de aumentar la cantidad de bienes
producidos, ha tenido el efecto de expulsar del mercado laboral a muchos
trabajadores (paro oficial y
paro encubierto de quienes no buscan empleo activamente porque no
esperan encontrarlo).
A resultas de estos procesos, ha crecido la
competitividad y la confrontación entre los distintos
segmentos de trabajadores asalariados, ya sea entre
países12 o al interior de cada país. Los
diversos fragmentos ocupacionales compiten mutuamente por unos
puestos de trabajo cada vez más escasos y polarizados.
Mientras los trabajadores que ocupan puestos clave para el
funcionamiento de los negocios están mimados por el
capital y generalmente se identifican con él, los estratos
intermedios (impropiamente llamados "clases medias") tratan de
mantener sus privilegios en relación a los estratos bajos,
y tanto éstos como aquellos reclaman del estado una
política proteccionista de los nacionales que restrinja
los flujos
migratorios y les dé prioridad a la hora de acceder a
los empleos disponibles ("racismo del pobre
blanco"13).
El capital necesita expandirse para sobrevivir y ello lo
hace, no sólo internacionalizando la producción y
el comercio en busca de beneficios, sino también tratando
de convertir en negocio las formas de trabajo no mercantil que
tienen lugar en los intercambios recíproco y
redistributivo. Aunque el capitalismo ha hecho grandes
avances en el proceso de mercantilizar estas formas de
producción de bienes y servicios, todavía en
España el trabajo de
tipo recíproco desplegado sólo en el ámbito
doméstico supera en horas de ocupación al tiempo de
trabajo mercantilizado, si bien con una importante diferencia
entre los sexos14. En cuanto al trabajo redistributivo
que es mediado por la administración
pública, se asiste en todo el mundo ?y también
en España? a un proceso acelerado de privatizaciones en beneficio del sector privado
capitalista. Se privatizan las empresas públicas y se
avanza en la privatización de la seguridad
social y los servicios sociales (en Estados Unidos se han
privatizado hasta las prisiones, que son uno de los valores en
alza en Wall Street). La tendencia es dejar sólo algunas
ayudas raquíticas para los muy pobres, que nunca
podrían comprar esos servicios en el mercado, y traspasar
los restantes al sector privado, sobre todo aquellos como las
pensiones que pueden suponer amplios negocios para el capital
financiero.
Por último, el modelo de crecimiento del
capitalismo global ha intensificado el deterioro
ecológico. En primer lugar, por las agresiones
medioambientales, a veces irreversibles, sobre el clima y las
condiciones de vida en el planeta (desertización asociada
al cambio
climático, contaminación
atmosférica y de mares y ríos, agujero de la
capa de ozono
y efecto
invernadero, etc.); en segundo lugar, por el progresivo
agotamiento de recursos
naturales escasos, como los bosques, el
petróleo y diversos minerales. Los
especialistas destacan que mientras los países del centro
son los mayores consumidores y contaminantes15, los de
la periferia son los que más sufren los efectos de
desertización y contaminación ambiental.
1.2. Flujos financieros: la
burbuja especulativa y la ley de hierro de la
economía.
Efectos de inflación, desempleo y deterioro de los
servicios sociales
Las inversiones transnacionales han experimentado
un crecimiento mucho mayor que el comercio, sobre todo
después de la desregulación financiera que tuvo
lugar en los años setenta. Hasta entonces las
transferencias de dinero entre
países estaban controladas por sus respectivos bancos centrales
que limitaban mediante tasas y exigencias burocráticas
(como la autorización previa) las inversiones financieras
en el exterior. Ya en los años sesenta los bancos
comerciales descubrieron una forma de eludir esos controles por
medio de unos créditos especiales llamados
"eurodólares" y después, entre 1971 y 1973, se puso
fin al sistema monetario
de cambios fijos establecido en 1944 dejando flotar libremente
las monedas, lo que facilitó su
circulación16. La proporción de
capitales foráneos en los mercados
financieros pasó del 5% en 1960 al 40% a comienzos de
los noventa, con tendencia a seguir
creciendo17.
Por otra parte, el capital invertido en valores y
obligaciones
de bolsa creció en la última década del
siglo XX a un ritmo nueve veces mayor que la producción:
mientras el PIB mundial entre 1990 y 1999 pasó de 22,2 a
29,2 billones de dólares (+32%), el volumen de capital
invertido en los mercados bursátiles pasó de 9,3 a
36,0 billones (+287%)18. Como ocurría con las
empresas transnacionales, los mercados de valores se concentran
en algunos países, sobre todo en Estados Unidos donde se
ubica el 46% de los fondos de valores de todo el mundo
(fundamentalmente en la bolsa de Nueva York).
Si al volumen de capitalización de Estados Unidos
añadimos otros cuatro países (Japón,
Gran Bretaña, Francia y
Alemania) se
alcanza el 75% del capital mundial invertido en bolsa.
Los avances telemáticos, a los que ya hemos
aludido, permitieron a los inversores y agentes financieros
operar en tiempo real en todo el mundo, dando lugar a gigantescas
operaciones
financieras y especulativas. La circulación de
capitales en el mundo ha pasado a ser sesenta veces superior al
volumen de los flujos comerciales, lo que es un fiel reflejo del
peso que ha adquirido la llamada burbuja financiera
especulativa a nivel mundial, una burbuja que presiona sin
cesar sobre las empresas y sobre los estados para rentabilizarse
continuamente. De este modo, las operaciones financieras, que
teóricamente tenían como función
proporcionar dinero para los negocios reales, multiplican
artificialmente la magnitud de éstos y generan una esfera
financiera mucho mayor. Desde el punto de vista de la
distribución de la riqueza, conviene resaltar que mientras
las rentas salariales se orientan fundamentalmente al consumo y,
en esa medida, no se acumulan a las de años anteriores,
los beneficios se orientan fundamentalmente a la
inversión, por lo que tienden a incrementar la riqueza de
sus titulares año tras año. Esto explica que el
volumen del capital crezca a un ritmo mucho mayor que el PIB,
ampliando la polarización de rentas y la presión
especulativa del capital sobre el trabajo y sobre el conjunto de
la sociedad.
Un punto crítico de los flujos financieros
internacionales es el relativo a la deuda externa. Los
países de la periferia tienen que pagar a los
países centrales una cantidad anual cinco veces mayor que
la recibida desde estos en concepto de Ayuda Oficial al
Desarrollo. Por otra parte, debido a los elevados intereses de
los acreedores, se estima que en las dos últimas
décadas del siglo XX los países del sur devolvieron
una cifra cuatro veces mayor de la percibida
inicialmente19. Aparte la injusticia histórica
que representa esta situación si tenemos en cuenta el
expolio ya aludido de la etapa de colonización, hay que
recordar que los préstamos masivos y poco controlados a
países de la periferia se produjeron en los años
setenta a raíz de la crisis de rentabilidad y
sobreacumulación de capitales en los países
centrales y en los productores de petróleo.
Pero, además, el pago de la deuda ha supuesto
para muchos países (entre ellos, Marruecos y Ecuador, de
donde proceden los dos principales colectivos de inmigrantes que
hay en España) la pérdida de la autonomía
económica al tener que pasar a depender de los criterios
ultraliberales fijados por los organismos internacionales. En
efecto, a partir de 198220 se pusieron en marcha los
planes de ajuste estructural, que son dirigidos por el
Fondo Monetario
Internacional y El Banco Mundial,
que pasaron a considerarse imprescindibles para obtener nuevos
créditos y renegociar la deuda externa.
Tales planes exigían, entre otras cosas, los siguientes
requisitos: liberalizar el comercio (interno y externo) y el
sistema
financiero del país; desregular y flexibilizar el
mercado de trabajo; y reducir el tamaño del estado
eliminando subsidios, privatizando las empresas públicas y
reduciendo el personal y las
funciones del
sector
público.
Al finalizar los años 90, los efectos de las
políticas de ajuste en la mayoría de los
países de la periferia no han sido los esperados: la deuda
se mantiene ?y se sigue pagando?, el crecimiento es débil
y dependiente, el precio de las
materias primas ha vuelto a caer bruscamente y, sobre todo, las
desigualdades sociales y la pobreza al
interior de los países deudores y entre éstos y los
países centrales se han agudizado. Si a todo esto
añadimos la "ley de hierro de la economía" descrita
por Thurow21, que se produce cuando el crecimiento del
Producto
Interior Bruto es inferior al crecimiento demográfico, la
conclusión es muy sencilla: las relaciones de intercambio
a nivel internacional enriquecen al centro y empobrecen a la
periferia. "Entre 1985 y 1995, década en la que se
aplicaron las políticas de ajuste estructural para reducir
la deuda externa, El PIB per cápita de los diez
países más ricos del planeta se duplicó
mientras que el PIB per cápita de los diez países
más pobres descendió un
30%"22.
En relación con lo anterior, otro efecto de la
globalización neoliberal han sido las crisis financieras
periódicas que han afectado a diversos países:
México,
Sudeste asiático, Rusia,
Turquía, Ecuador, Brasil,
Argentina… Cuando los capitales salen del país la
confianza en el sistema financiero cae en picado, se reduce el
crédito
a las empresas y disminuye la producción. Los efectos
sociales no se hacen esperar: inflación disparada,
crecimiento del desempleo, deterioro de los servicios sociales e
incremento de las presiones migratorias. Como señala R.
Fernández Durán, "la expansión de un
capitalismo global de base financiera está significando un
verdadero terremoto en las estructuras sociales de todo el mundo.
La distribución del ingreso (donde gana terreno el
componente rentista) y, sobre todo, del patrimonio
planetario es cada día más desigual, no sólo
a nivel interestatal, sino también dentro de cada uno de
los Estados y entre los géneros. Es más, la
globalización financiera genera una estructura
mucho más jerarquizada del sistema mundial de Estados,
reforzando al mismo tiempo las relaciones de dominio entre el
Centro y las Periferias Sur y Este. (?) Ante la ausencia de
futuro para la inmensa mayoría de la humanidad, que hoy
promueve la expansión imparable del capitalismo
(financiero) global, surge en los últimos años, no
por casualidad, un movimiento de
movimientos: el llamado "movimiento antiglobalización",
con una gran proyección mundial y hasta ahora importante
repercusión social, en el que confluyen una enorme
diversidad de sujetos sociales (movimientos campesinos,
indígenas, de mujeres, sindicales, vecinales, ecologistas,
de parados, precarios, excluidos, etc.) que se oponen a su
despliegue, porque saben que la única dinámica que fomenta es una dinámica
de explotación, degradación, alineación,
dominio y muerte. Este
retorno de la contestación social es un elemento
más, muy importante, que contribuye a la crisis de
legitimidad del actual modelo. Aunque en paralelo también
se expande la degradación social, la cual lleva aparejada
el auge de comportamientos desordenados de todo tipo.
Las islas de "aparente orden" cada vez van siendo
más limitadas y por ahora se sitúan principalmente
en el Centro, mientras el caos se va apoderando, en general, de
las Periferias. Pero la lógica
de la expansión constante del capital (que lleva inscrita
en sus propios genes) está empezando a chocar ya, por otro
lado, con los límites
ecológicos planetarios. El despliegue del capitalismo
(financiero) global parece que ya sólo puede realizarse
profundizando en la lógica de la "guerra global
permanente" y en la destrucción sin "fin" del entorno
natural"23.
1.3. Jerarquización
del poder. El centro y la periferia
Como resultado de los procesos descritos se produce una
gran concentración de capital y poder en un conjunto de
empresas transnacionales y estados, que constituyen el centro
del capitalismo globalizado. Según un estudio del
Financial Times24 sobre las 500 empresas más
grandes del mundo, casi el 90% tiene su casa matriz en Estados
Unidos (48%), la Unión Europea (30%) y Japón (10%).
En especial, Estados Unidos domina con su presencia los sectores
económicos clave: 5 de los 10 primeros bancos, 9 de las 10
primeras empresas de seguros, 9
también de las 10 primeras empresas de comercio al por
menor, 4 de las 10 primeras petroleras y 6 de las 10 más
importantes compañías farmacéuticas y
biotecnológicas. Los tres grandes centros regionales del
poder capitalista (Estados Unidos, Unión Europea y
Japón), con un 14% de la población mundial, generaban al iniciarse
el siglo XXI el 75% de la producción del planeta, el 66%
del comercio y el 60% de las inversiones25. En cambio
los países que constituyen la periferia no tienen
capacidad de compra ni tecnología avanzada
ni elevada productividad, por lo que quedan satelizados y en gran
parte excluidos de los flujos económicos y de las reglas
de juego de la
economía global. Como señalaba S. Amín hace
ya 15 años, "desarrollo y subdesarrollo
están ligados orgánicamente y constituyen el haz y
el envés del mismo desarrollo global
mundializado"26.
La globalización neoliberal da lugar a una
clase gerencial transnacional27, un colosal
proceso de concentración de poder que abarca, no
sólo el dominio de los mercados financieros mundiales y el
monopolio
tecnológico sino también el acceso a los recursos
naturales, el control de los medios de
comunicación y el monopolio de las armas de
destrucción masiva. En todos estos aspectos se produce un
ensamblaje de intereses o complicidad estratégica entre
determinados grupos
corporativos privados28, los organismos
económicos internacionales (Banco Mundial,
Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio,
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, etc.) y los gobiernos de los estados
imperiales. Los grupos corporativos ejercen presiones
directas sobre las instituciones políticas29 y
los propios estados centrales velan por la defensa de un modelo
de relaciones
internacionales (financieras, comerciales y de flujos de
población) que les beneficie a ellos a costa de los
países de la periferia. En este sentido, "los estados
imperiales no sólo están lejos de desaparecer, sino
que además son cruciales para identificar y entender los
centros neurálgicos del poder político y
económico. (…) El poder económico se concentra en
Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, y no en
conceptos vacíos como ?imperio? sin imperialismo o
corporaciones multinacionales ?sin territorio?. (…) La
concentración de poder no es meramente producto de la
eficiencia, la gestión
y el know how, sino resultado directo de las políticas
estatales de Estados Unidos y Europa"30.
No obstante, el poder del centro tiene serias
dificultades para sostener su imperio, tanto por razones
ideológicas como presupuestarias, generando además
tensiones internas crecientes al aplicar políticas
neoliberales a la propia población que conllevan un
incremento de la desigualdad y la exclusión
social. En Estados Unidos el incremento del presupuesto
militar en casi un 20% para el 2002?2003 ?a raíz del
atentado de las Torres Gemelas? y las reducciones de impuestos para
estimular las inversiones foráneas están
conduciendo a un déficit comercial que se acercaba a los
500 mil millones de dólares en el 2002 (diez veces
más que en 1992), a mayores recortes del gasto social y a
un incremento de la política penal y represiva (más
de dos millones de personas presas, en su mayoría
pertenecientes a las minorías étnicas y a los
sectores empobrecidos). En la Unión Europea la crisis del
estado de bienestar que se inició en los años 70 se
ha acelerado a partir de los planes de convergencia y
correspondientes planes de ajuste adoptados en Maastricht (1991)
que han dado paso a la unión económica y monetaria,
dejando de lado las demandas de una Europa
social31.
2. EL CONTEXTO
POLÍTICO ESPAÑOL: AMBIVALENCIA DE LOS CAUCES DE
PARTICIPACIÓN
La evolución del concepto de
participación ciudadana en España durante las
últimas décadas ha tenido lugar en el contexto de
un importante cambio de régimen, desde el autoritarismo
franquista hasta la monarquía parlamentaria. La constitución de 1978 consagró la
igualdad
formal de todos los ciudadanos y su derecho a participar en
la
organización de la vida social. Esto implicaba un
derecho básico que podría ser la garantía de
otros muchos derechos pero, en la
práctica, la configuración institucional posterior
se llevó a cabo a través de pactos protagonizados
por cúpulas dirigentes de distintas fuerzas sociales,
subordinando la importante participación popular que
había tenido lugar durante el proceso: "pactos y acuerdos
se ofrecían como resultado de un proceso al que los
ciudadanos asistían como meros espectadores… Esta
sería la explicación de la apatía
participativa de una población con la que sólo se
ha contado en el momento del voto"32.
La institucionalización de la
participación ciudadana tiene actualmente diversos cauces,
unos de tipo general, como las elecciones de los representantes
públicos en el ámbito local, regional, estatal y
europeo, y otros opcionales como la afiliación a partidos,
sindicatos y
otras organizaciones
sociales, la cooperación en movimientos sociales o el
ejercicio del derecho a manifestarse, acudir a la huelga y otras
formas de reivindicación ciudadana, etc. Además, la
participación política se manifiesta
en el grado de información sobre cuestiones sociales, en
el ejercicio activo de la libre expresión y del debate
público y en la existencia de vías para conocer la
opinión de los ciudadanos a través de consultas y
referendos, etc.
Según la Constitución española, los
ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos
públicos a través de dos vías, "directamente
o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones
periódicas por sufragio
universal" (art. 23). Sin embargo, la primera vía, la
participación directa, no ha sido potenciada, sino
dificultada legalmente y debilitada en la práctica. El
protagonismo lo adquieren los partidos
políticos que ocupan casi todo el espacio de la
participación. Su estructura jerárquica, su
funcionamiento rígido y su fuerte disciplina,
los han convertido en organizaciones que acaparan el poder y la
influencia política.
De este modo, el segundo cauce constitucional ?el de los
representantes? se ha convertido en la principal vía de
participación establecida en España y la
legitimidad de las instituciones se basa en el mecanismo de
participación electoral. La transición
política española (1975?1978) dio paso al
desencanto hacia este sistema, pero sigue habiendo un
índice de abstención relativamente bajo, entre el
20 y el 35% (que ha sido más bajo en las elecciones al
parlamento y al proyecto de
Constitución europea).
El papel asignado a las instituciones de democracia
directa previstas en España se reduce a corregir los
posibles defectos en el funcionamiento de la democracia
representativa. Estas instituciones presentan las siguientes
limitaciones:
? Referendo nacional: la iniciativa para
llevarlo a cabo corresponde al presidente del gobierno, el
Congreso de los Diputados lo autoriza y sólo los
partidos políticos pueden hacer campaña,
controlar la votación y el escrutinio e impugnar los
resultados. Por tanto, la iniciativa de los ciudadanos en los
referendos está supeditada a la voluntad de los
representantes políticos. Además, si la principal
característica exigible a un referendo es
que sea vinculante, el referendo nacional en España se
plantea como meramente consultivo.
? La iniciativa legislativa popular: se trata
de una iniciativa ciudadana que, en el caso de conseguir el
mínimo de firmas exigido, se limita a introducir una
proposición de ley en el Congreso. Se prohiben las
cuestiones referidas a la ley electoral, a las leyes
orgánicas, a la hacienda pública o a asuntos
internacionales.
La propuesta se tramita en el Congreso pero no puede ser
defendida por la comisión promotora ni conlleva un
referendo. Más bien, lo habitual en España es que
estas iniciativas populares sean rechazadas en su totalidad. El
desprecio de la mayoría de los representantes
parlamentarios a esta vía de participación popular
se puede ejemplificar en lo que pasó en la sede del
Congreso de los diputados la mañana del 11 de noviembre de
1999 cuando se presentó a trámite la ILP por una
ley de 35 horas de jornada semanal, con el apoyo de más de
750.000 firmas: el hemiciclo estuvo casi vacío cuando se
explicó la proposición, pero ello no impidió
a la mayoría de los parlamentarios entrar en el momento de
votar para no aceptar a trámite la propuesta popular. Y lo
mismo pasó en 2003 con la ILP de estabilidad y seguridad en el
empleo ?suscrita por 600.000 firmantes.
En el ámbito local, contamos con la ley de
Régimen local de 1985, que regula la participación
ciudadana a nivel municipal. Como en el caso de la
Constitución, se defiende como principio abstracto la
participación directa de los ciudadanos pero,
inmediatamente, la propia ley da prioridad al criterio de
centralidad en la toma de
decisiones ?sobre el de participación? y los
mecanismos de gestión colectiva de los asuntos
públicos quedan excluidos o bien sometidos a unas
condiciones que los vuelven prácticamente inviables (como
la fórmula del referendo local), salvo en el caso de los
"consejos" en aquellos pueblos de Castilla donde todavía
se conserva esta institución tradicional (que la ley
respeta).
Según una encuesta
aplicada por el CIS en 2002 a una muestra de 4.250
personas, la actitud hacia
la política es principalmente de desconfianza. De hecho,
el 65% no habla nunca o rara vez de política y el 68% no
había participado en el plazo del último año
en ninguna actividad de organizaciones sociales, clubes,
asociaciones, partidos políticos o sindicatos. Dos
terceras partes de los encuestados manifestaban que no
tenían interés en
participar activamente en la vida social y política; el
tercio restante sí quería participar, pero muy
pocos encontraban las organizaciones adecuadas.
En este contexto no es de extrañar que una
opinión frecuente en las encuestas a la
población española sea que la participación
de los ciudadanos no sirve para nada. Por ejemplo, en una escala
de 0 a 10 sobre la capacidad de cambiar las condiciones de
trabajo, se atribuye a los sindicatos 4,21, lo que puede explicar
que el 70% de los trabajadores no vote en las elecciones
sindicales y que el grado de afiliación de los
trabajadores esté por debajo del 12%. En cuanto a los
partidos políticos, la desconfianza de la ciudadanía es todavía mayor:
según otra encuesta del CIS, de 2004, sólo el 3,2%
de la población mayor de edad está afiliado a un
partido político y el 63% no se siente identificado con
ningún partido político. Para el 57% de los
encuestados el motivo principal de los políticos
profesionales a presentarse en las elecciones es "el poder y la
influencia que se obtiene por el cargo"; a mucha distancia, con
un 20%, se considera que el motivo principal es "la posibilidad
de luchar por sus ideales"33.
En lo que respecta al derecho de huelga, la
principal barrera de acceso es la precariedad laboral: los
contratos temporales, la facilidad de despido y el alto desempleo
provocan que muchos trabajadores no secunden las huelgas por
miedo a represalias. Y en cuanto al derecho de
manifestación, que según la encuesta del CIS
antes citada dice ejercer a menudo el 15% de los españoles
y poco a menudo el 31%, las autoridades ponen con frecuencia
dificultades, como cambiar la fecha o el recorrido, pedir los
documentos de
identificación personal o usar la fuerza policial, sobre
todo si el objetivo de la
manifestación desagrada al gobierno de turno (en
ocasiones, estas medidas son tomadas sin que exista una
razón legal que las avale).
La consecuencia más visible de esta centralización y profesionalización de la
participación ciudadana es que la mayoría de las
personas apenas emplea tiempo en actividades
sociopolíticas, tal como recoge de forma clara la
última encuesta sobre usos del tiempo del INE, aplicada en
2002?334. De las tres formas de relación
económica descritas por Polanyi35, la
reciprocidad ocupa 187 minutos en un día promedio;
el trabajo remunerado, 149 minutos; y el intercambio
ciudadano o político, 5 minutos).
De estos últimos 5 minutos, cuatro se dedican a
participar en actividades o reuniones y sólo uno a trabajo
voluntario al servicio de
una organización. Esto último lo podemos expresar
de otra manera: sólo cuatro de cada mil personas acuden a
reuniones y actividades colectivas (promedio diario de 1h.56? en
el caso de las personas implicadas) y dos de cada mil ofrecen
ayuda personal trabajando voluntariamente al servicio de un
grupo o
asociación (promedio de 2h.31?).
De este modo, el régimen democrático
establecido en España en las últimas décadas
ofrece un marco institucional ambivalente para la
participación ciudadana: por un lado, se afirma el derecho
a la participación y se establecen algunos cauces
concretos que antes no existían; por otro, la continuidad
de las estructuras socioeconómicas y el énfasis en
la delegación (mecanismos de representación)
imponen unos límites a la participación directa de
los ciudadanos.
3. EL CONTEXTO
IDEOLÓGICO: PREVALENCIA DEL DISCURSO DE LA
MODERNIZACIÓN
La confrontación de intereses que resulta de una
desigual distribución de la riqueza y del poder en la
sociedad se produce también en el campo ideológico.
Por una parte, el sistema social en su conjunto necesita, para su
estabilidad, de un discurso legitimador suficientemente aceptado
por la mayoría de la población; por otra, la
diferente posición de los grupos
sociales y la atracción que pueden ejercer
planteamientos alternativos tienden a producir discursos
plurales, a veces enfrentados y hasta incompatibles.
En la historia reciente de la
sociedad española, podemos distinguir un momento de
inflexión importante en la transición del
franquismo a la democracia. Coincidiendo con esa etapa, el
tradicional enfrentamiento entre la derecha y la izquierda ?las
"dos Españas"? se fue diluyendo, dando paso a la nueva
ideología hegemónica de la
modernización36. Al final del franquismo se
enfrentaban la mentalidad conservadora tradicional,
caracterizada por una actitud autoritaria?represiva y la
afirmación de unos valores únicos y permanentes, y
un sistema de valores progresista, que planteaba un cambio
de modelo social (democracia, libertades, justicia
social, etc.).
Para el pensamiento
conservador, dominante en los años cincuenta y sesenta,
las desigualdades sociales quedaban "naturalizadas" y su
regulación se ponía en manos de instituciones
especializadas, entre ellas la Iglesia
católica. "El recurso al mito de la
solidaridad
frente a las desigualdades y los problemas
sociales reales conducía a que tales problemas se
?resolvieran? mediante una estructura jerarquizada de
instituciones sociales especializadas de apoyo a los sujetos con
problemas, instituciones que creaban un espacio restringido y
bien delimitado para los mismos y en el que aparecían
garantizados unos mínimos materiales,
siempre que el sujeto permaneciera vinculado a la
institución y a sus reglamentos, es decir una
segregación crónica y
ordenada"37.
Frente a este planteamiento conservador, el discurso
progresista, dominante al iniciarse la década de los
setenta, surgió y se articuló en torno a la
"conciencia de
clase" del
movimiento obrero y a sus organizaciones
político?sindicales, propugnando inicialmente que el
cambio social haría desaparecer las desigualdades y los
problemas existentes. Más adelante, algunos sectores de la
burguesía se adhirieron a este discurso, si bien desde un
planteamiento modernizador?tecnocrático que ya se
venía prefigurando desde los años 5038.
Ambas posiciones ideológicas limaron sus aristas
en el momento de la apertura política de la
transición. Los conservadores, reducidos al final al
círculo más reaccionario del régimen ("el
búnker"), sufrieron una profunda quiebra,
deslizándose muchos de sus adeptos a posiciones
políticas más liberales (los "conversos" a la
democracia); por su parte, los progresistas recortaban sus
aspiraciones más radicales (cambiar el modelo
económico) en beneficio de la política de consenso.
Se creó así un espacio ideológico de
centro, que renunciaba a posiciones radicales y ponía
fin no sólo a la dictadura
franquista sino a las alternativas planteadas tradicionalmente
por la izquierda (la Constitución de 1978 sería el
fruto de este proceso). El nuevo marco ideológico no
acepta una discusión abierta sobre otros posibles
"modelos de
sociedad" y considera anacrónico, atrasado o peligroso
para la estabilidad social cualquier intento de reabrir la
antigua confrontación ideológica.
Entre los factores que hicieron posibles estos cambios
hay que tener en cuenta, en primer lugar, la correlación
de fuerzas existente entre los llamados "poderes fácticos"
presentes en el aquel momento y las nuevas fuerzas emergentes que
buscaban el cambio social; en segundo lugar, hay que considerar
la influencia del modelo políticoeconómico vigente
en el contexto de la Comunidad Europea de aquella época,
con la que España mantenía un Acuerdo preferencial
desde 1970, así como, para los sectores de izquierda, la
pérdida de "conciencia de clase obrera" entre los
asalariados, consecuencia de las nuevas pautas de la sociedad de
consumo39.
Pero el discurso modernizador, si bien domina en el
panorama ideológico de la España actual, tiene que
convivir y confrontarse con otros discursos que combinan ?en
diversos grados? restos del pasado y nuevas ideas de
transformación social. A continuación recogemos
sintéticamente las principales características de
estas diversas posiciones. El concepto que se tiene de la
sociedad actual y el diagnóstico que se hace de la
exclusión social y de la forma mejor de abordarla,
presentan matices propios en cada orientación
ideológica.
- El discurso dominante
modernizador:
Esta posición ideológica considera
válidas e incuestionables las bases del modelo social
vigente, si bien admite una gran pluralidad de opciones y
posibilidades dentro de ese marco general. Aunque se acepta que
existen factores económicos y políticos que
favorecen la marginación, se confía en la
racionalidad del sistema y en la posibilidad de proporcionar
respuestas y soluciones
técnicas para los problemas que se
presentan. Por ello da mucha importancia al papel de los
expertos, que se sienten autorizados para administrar la
racionalidad o normalidad social, bien sea como protectores de
los sectores sociales integrados o bien como re?socializadores de
los que están marginados.
Desde este enfoque, hasta sus intervenciones coercitivas
?por ejemplo, el internamiento de delincuentes? aparecen como
benignas y desprovistas de su carácter represor. A la hora de intervenir
ante problemas concretos, prevalece un enfoque segmentador y
profesionalista que elude una consideración global de
los procesos sociales marginadores o excluyentes; más
bien, se compartimentan los colectivos marginados y se impone una
programación y racionalización de
los recursos sociales desde la competencia específica del
saber técnico.
Los partidarios del discurso modernizador consideran
inevitable la desigualdad
social y, para paliarla, apelan a la igualdad de
oportunidades que proporciona el sistema. Parten del supuesto
de que todo individuo
tiene un mayor o menor margen de maniobra y que, en esa medida,
está exento de coacciones externas y es responsable de sus
actos. La libertad de
los individuos, solos u organizados, es el motor del cambio
social, pero también el origen o raíz última
de los problemas que se padecen. En consecuencia, el origen de la
marginación (diversas formas de exclusión,
desviación o delincuencia)
se sitúa básicamente en el individuo, en los
desajustes que se producen entre él y su medio de
vida.
La política
social y las organizaciones voluntarias tratan de ayudar a
esas personas mediante diversas fórmulas; pero esa ayuda
tiene un límite cuando el sujeto afectado no acepta las
ofertas que se le ofrecen y se niega a integrarse. En este caso,
la mentalidad modernizadora afirma que cada cual es dueño
de vivir como quiera, incluso como "excluido" "desviado" o
"delincuente", pero entonces debe cargar con las consecuencias
(pobreza material,
rechazo social, castigos, cárcel, etc.).
Dentro del discurso modernizador caben varias
corrientes. Las dos más destacadas en la actual sociedad
española son la social?orgánica, asimilable
a los planteamientos defendidos tradicionalmente por la
social?democracia, y la liberal?competitiva, asimilable a
los planteamientos actuales del neoliberalismo.
La primera, surgida en los países
industrializados después de la segunda guerra
mundial, insiste en los conceptos de prevención y
reinserción, así como en la importancia de asegurar
condiciones de empleo dignas o, si ello no es posible,
prestaciones económicas y sociales suficientes; la
segunda, más en boga a partir de la crisis
económica de los años setenta, pone el acento en la
capacidad de los individuos para salir al paso de sus problemas
(capacidad que se vería frenada por las ayudas estatales
que invitarían a la pereza y reforzarían las
situaciones de marginación). Conviene destacar que estas
dos corrientes, enfrentadas en muchos aspectos, asumen la misma
base (la ideología de la
modernización).
Dentro de este terreno común varían por su
mayor o menor insistencia en la intervención estatal o en
la responsabilidad de los individuos; en la
práctica se impone un híbrido de ambas
tendencias.
- Discurso comunitarista:
Esta posición ideológica es en parte
complementaria y en parte alternativa de la modernizadora. En sus
características básicas aparece como réplica
invertida del discurso que acabamos de describir ya que se
presenta como pluridimensional en lo macro (el sistema social es
cuestionable) y unidimensional en lo micro (la pequeña
comunidad no lo es). Además, hace hincapié en la
dimensión participativa, que implica tanto la
solidaridad redistributiva de los que tienen más con los
que tienen menos como la llamada a actuar desde las bases,
rechazando la burocratización y profesionalización
de las instituciones; otro principio orientador es el respeto
a la especificidad de las minorías y a los sectores menos
integrados.
Desde la posición comunitarista se
actúa como si existiesen espacios sociales sin fisuras,
con gran potencialidad en su interior y amenazados de
extinción desde el exterior. Así, se habla del
barrio como unidad autónoma en el espacio metropolitano,
de las mujeres o los estudiantes como nuevos "sujetos
revolucionarios" o de sectores excluídos (minorías
étnicas, parados, etc.) como portadores de identidad
colectiva y capacidad de autonomía, etc. Se trata de una
posición que presenta un componente crítico
en relación a la rigidez de un sistema social que excluye
a los pobres y marginados y otro componente idealista en
la medida que pretende intervenir en espacios cerrados o
incontaminados, sin plantearse la necesidad de vincularse
transversalmente con otros sectores, colectivos y
problemáticas también afectados por la
lógica social de dominación. En este último
aspecto, el enfoque comunitarista se aproxima al interaccionismo
simbólico, también presente en la ideología
de la modernización, que acaba diluyendo los conflictos
sociales y políticos en un mundo de relaciones inmediatas
(familia,
vecinos, colectivos particulares, etc.).
La fuerza simbólica de la posición
comunitarista radica en su evocación de una
situación mítica o idílica cuyo modelo
más significativo es la pequeña aldea rural. Tal
modelo estaría basado en un sentimiento de pertenencia,
valores compartidos, compromiso con el grupo, etc.; todo lo
opuesto a despersonalización, desarraigo o pérdida
de vínculos sociales. Por ello dirigen su crítica
hacia quienes impiden el despliegue de tales valores (el
afán de lucro del capital y las políticas
burocráticas del Estado); pero simultáneamente en
muchos casos se pretende que sea el propio Estado quien financie
y apoye sus intervenciones, lo que no deja de presentar una
contradicción (¿qué lógica tiene
pensar que las fuerzas que destruyeron la comunidad
añorada vayan a apoyar su
reconstrucción?).
- Discurso
tradicional?moralizante:
Para los partidarios de esta posición, son los
fallos morales los que generan desviación y
exclusión; fallos de las personas particulares, pero
también de los responsables políticos. Según
esto, la marginación y los desajustes de la sociedad
española son la consecuencia directa del nuevo orden
político democrático, laico y liberal (critica
más presente en las etapas de gobierno del PSOE): ya no se
respeta la autoridad
(incluso se ha perdido el "temor de Dios") y la libertad de
pensamiento degenera fácilmente en confusión de
valores y pérdida de ideales (sobre todo entre los
niños y
los jóvenes). Los nuevos valores del consumismo y el goce
inmediato se enfrentan a la austeridad, al espíritu de
trabajo y al sacrificio; el individualismo y la competitividad
prevalecen sobre los valores de la solidaridad
tradicional.
Las situaciones de exclusión social se asocian
también a la falta de moralidad
de las personas: más que pobreza, lo que existe es desidia
y vicio en ciertos colectivos. Por tanto, los problemas deben
solucionarse con una vuelta a los valores tradicionales de
la familia
cristiana, garantizados e impuestos por un Estado fuerte que
tutele al conjunto de la sociedad. Esta postura es poco receptiva
respecto a los programas
sociales porque considera que protegen al vicioso y crean
holgazanes. En esta conclusión (deslegitimación del
Estado social) coinciden en la práctica con la
posición modernizadora?liberal, que explica la
existencia de pobres y marginados por su incapacidad para
afrontar la competencia en un mercado libre.
- Discurso
crítico?electivo:
Por último, en la sociedad española
también aparece una tendencia que podemos calificar como
crítica?electiva, según la cual los
problemas sociales relacionados con la exclusión y la
vulnerabilidad serían, principalmente, resultado de
exclusiones estructurales sistemáticas, que harían
necesario un diagnóstico y una respuesta global a los
problemas, basados en la participación activa de los
afectados a todos los niveles.
Esta posición tiene poca influencia en la
sociedad española actual. Sin embargo, sus propuestas
sirven como revulsivo de las otras posiciones ideológicas.
Así, en su polémica con la posición
modernizadora, insisten en que el debate sobre el modelo social
es imprescindible, ya que las "alternativas" que se plantean, sea
desde la óptica
neoliberal o del Estado social, no son tales para los sectores
excluídos. Desde este análisis se cuestiona tanto el modelo de
"desarrollo" generado por el sistema capitalista (sin fines
sociales y destructor de la naturaleza)
como la estrategia de las
intervenciones sociales del Estado y del "tercer sector", que se
limitan a "entretener" a los grupos más excluidos mediante
ayudas y prestaciones que no resuelven sus problemas de fondo
pero que, sin embargo, legitiman el sistema social y desmovilizan
a los afectados. Por todo ello, plantean, no se pueden aceptar
sin discusión los límites de la actual forma de
organización social y es preciso salir de la encerrona
buscando nuevos horizontes ("plantearse la ruptura"), pero
poniendo el eje en la elaboración colectiva y desde la
base (participativa) de diagnósticos y propuestas de
acción política a todos los niveles.
En relación al discurso comunitarista, la
posición crítica considera que es necesario un
enfoque global de las intervenciones, ya que los procesos
generadores de dependencia y exclusión atraviesan a todos
los espacios y sectores sociales. No se puede actuar como si
existiesen espacios neutros, no contaminados por las
contradicciones sociales, en los cuales se desplegaría una
acción universalmente benéfica. A partir de esta
crítica, se reconoce que las intervenciones deben ser
necesariamente concretas, pero que no deben plantearse como
problemas particulares sino articuladas en un horizonte de
transformación general de la sociedad.
*Encuentro de políticas participativas. Granada,
21 y 22 de octubre de 2005.
1. Ver COLECTIVO IOÉ, "Consolidación de la
democracia y desmovilización popular", en Alfoz,
Nº 29, Madrid, 1986,
págs. 1?15; y ROCA, J.M., "Consenso,
desmovilización y proceso constituyente en la
transición española", en Política y
Sociedad, Nº 16, 1994, págs. 274ss.
2. LANGHORME, R. The coming of globalization,
Palgrave, Londres, 2001, pág. 19.
3. Elaboración propia a partir de las estadísticas económicas y
demográficas del Banco Mundial. Ver BANCO MUNDIAL,
Informe sobre el desarrollo mundial 2000?2001, Ed.
Mundi?Prensa, Madrid,
2001.
4. IGLESIAS, J., "La globalización capitalista",
en IGLESIAS, J. y BUSQUETA, J.M., Todo sobre la renta
básica, Virus, Barcelona,
2001, pág. 23.
5. CLAIRMONT, F., "Vers un gouvernement planétaire
des multinationales. Ces deux cents sociétés qui
contrôlent le monde", en Le Monde Diplomatique,
abril 1997.
6. Entre 1980 y 2000 se ha multiplicado por siete el
volumen de capital afectado por fusiones entre
grandes empresas. AMÍN, S., "¿Nueva fase del
capitalismo?", en MONEREO, M. y RIERA, M., Porto Alegre. Otro
mundo es posible, El Viejo Topo, Barcelona, 2001, pág.
72.
7. TAIBO, C., Cien preguntas sobre el nuevo
desorden, Punto de lectura,
Madrid, 2002, pág. 45.
8. El 85% de la comunidad científica
internacional reside en Estados Unidos, la Unión Europea y
Japón. DOLLFUS, O., La mundialización,
Bellaterra, Barcelona, 1999, pág. 86.
9. Según datos de EUROSTAT
correspondientes a 2002 el salario medio de
los países candidatos en los sectores de la industria y
los servicios es cuatro veces menor que el español y
nueve veces inferior al de Francia o Alemania.
10. ETXEZARRETA, M., "Algunos rasgos de la
globalización", en FERNÁNDEZ DURÁN, R. y
otros, Globalización capitalista. Luchas y
resistencias, Virus, Barcelona, 2001, págs.
17?18.
11. En el caso de España, el decreto sobre
prestaciones de desempleo que dio pie a la huelga general del 20
de junio de 1998, supone otra vuelta de tuerca en la misma
dirección que las reformas anteriores de 1984, 1994 y 1997
(en muchos casos con el acuerdo de los sindicatos mayoritarios)
en el marco de una estrategia desreguladora que tiene,
entre otros objetivos, generalizar la contratación
temporal, la movilidad geográfica y la "empleabilidad" de
los trabajadores (que trabajen en lo que sea y en cualquier
condición); reducir todavía más las cuotas
de los empresarios a la Seguridad Social, eliminar el Salario
Mínimo Interprofesional para aplicar remuneraciones
por debajo de ese nivel, eliminar la negociación colectiva y sustituirla por
contratos individuales, etc.
12. Se estima que mientras en la segunda mitad del siglo
XIX la diferencia media de salarios entre los países
más ricos y los más pobres era de 1 a 5, a mediados
del siglo XX lo era de 1 a 20, es decir, cuatro veces mayor. En
el año 2003, según el último informe de la
OIT, la mitad de los trabajadores del mundo ganan menos de dos
dólares al día y 550 millones menos de un
dólar. Ver OIT, World Employment Report 2004?2005,
Ginebra, 2004.
13. Según Wieviorka, los sectores más
propensos al racismo serían los adscritos al concepto
moderno de estado surgido de la
ilustración pero que se sienten víctimas o ven
amenazado su estatus dentro de él. Esta forma de racismo
contemporáneo sería manifestación de una
crisis de la modernidad, del
momento en que se quiebra el vínculo entre nación
y razón. Ver WIEVIORKA, M. (Dir.), Racisme et
modernité, La Découverte, Paris,
1993.
14. Según una encuesta aplicada a nivel estatal
en 2002?3, las mujeres adultas dedicaban un promedio semanal de
11 horas a trabajo remunerado y 29 a trabajo doméstico
mientras los hombres dedicaban 25 y 10 respectivamente. Ver
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, Encuesta de empleo
del tiempo 2002?2003, INE, Madrid, 2004, pág.
17.
15. Un informe de la ONU señala
que los países del Norte consumen aproximadamente tres
cuartas partes de la energía, el 85% de los productos
obtenidos por la explotación forestal y un 72% del hierro,
además de generar dos terceras partes de los residuos del
planeta. Citado por TAIBO, C., Cien preguntas sobre el nuevo
desorden, Suma de letras, Madrid, 2002, pág.
161.
16. En España la plena liberalización de
capitales con el exterior no se logró hasta 1991 (Real
Decreto 1818/1991) por exigencia de una directiva de la
Unión Europea de 1988.
17. Si el volumen de inversiones en el exterior lo
medimos en relación al Producto Bruto Mundial, la
proporción se habría triplicado entre las dos
fechas citadas, pasando del 7% al 21%. SCHOLTE, J.A.,
Globalization. A critical introduction, Palgrave, Nueva
York, 2000.
18. BANCO MUNDIAL, Informes sobre el desarrollo
mundial, Ed. Mundi?Prensa, Madrid, varios
años.
19. CASSEN, B. et al., Attac contra la dictadura de
los mercados, Icaria, Barcelona, 2001, págs.
107?8.
20. En este año, coincidiendo con la llamada
crisis de la deuda externa de América
Latina, tuvo lugar en Washington una conferencia entre
banqueros y funcionarios de organismos internacionales en la que
se acordó el después llamado Consenso de
Washington, consistente en aplicar de manera estable y
homogénea políticas de ajuste y de
liberalización de mercados en todo el mundo. Más
tarde, a mediados de los 90, el propio Presidente del Banco
Mundial, James D. Wolfensohn, acuña la expresión
"post? Washington Consensus" que pretendía devolver un
mayor protagonismo a los estados de la periferia ante la
ingobernabilidad creciente que estaban generando las
políticas de ajuste y adelgazamiento del sector
público. Ver SANAHUJA, J.A., "¿Una nueva
visión del desarrollo?. El Banco Mundial en la etapa
Wolfensohn (1995?2001)", en Tiempo de Paz, Nº 62,
2001, págs. 19?32.
21. THUROW, L., El futuro del capitalismo, Ariel,
Barcelona, 1996.
22. UGARTECHE, O., "Deuda externa: cinco tesis
básicas", en la rev. Envío, nº 210,
1999, pág. 42.
23. FERNÁNDEZ DURÁN, R., Capitalismo
(financiero) global y guerra permanente. El dólar, Wall
Street y la guerra contra Irak, Virus, Madrid, 2003,
pág. 214 y 219?220.
24. Suplemento del 10 de mayo de 2002.
25. HIRST, P. Y THOMPSON, G., Globalization in
question, Polity, Cambridge, 1999, págs.
72?73.
26. AMIN, S., La desconexión, IEPALA,
Madrid, 1988, pág. 28.
27. Concepto introducido por R.W. Cox en los años
80, que explicaba así: "En la cima de una estructura de
clases global emergente se encuentra la clase gerencial
transnacional, con su propia ideología, estrategia e
instituciones de acción colectiva. (?) Sus puntos focales
de organización, la Comisión Trilateral, el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, constituyen
tanto un marco de pensamiento como una guía de
acción para las políticas. COX, R.W., "Fuerzas
sociales, estados y órdenes mundiales", en MORALES, A.
(Comp.), Poder y orden mundial, FLACSO, San José de
Costa Rica,
1993, págs. 172?73.
28. Entre ellos, la Cámara Internacional de
Comercio (CIC), el Consejo de Estados Unidos para el Comercio
Internacional (USCIB), el Diálogo
Transatlántico para los Negocios (TBD), la Mesa Redonda
Europea de Industriales (ERT), la Patronal Europea UNICE,
etc.
29. Comités permanentes de TBD y de la ERT
presentan a la Comisión Europea y al Gobierno
norteamericano la lista de lo que se llama deliberable,
que viene a ser la lista de lo que les interesa que los gobiernos
les faciliten; del mismo modo, las federaciones de la industria
hacen peticiones a la OMC para evitar
obstáculos al comercio (por ejemplo, hace poco pidieron
que se privaticen los servicios de correos).
30. PETRAS, J., ¿Quién gobierna el
mundo?, artículo aparecido en Página/12, mayo
2002.
31. Ver FERNÁNDEZ DURÁN, R., Contra la
Europa del Capital y la globalización
económica, Talasa, Madrid, 1996.
32. DEL ÁGUILA, R. y MONTORO, R., El discurso
político de la transición española, CIS,
Madrid, 1984, págs. 218 y sig.
33. CIS, Ciudadanía, participación y
democracia, Estudio Nº 2.450, marzo?abril 2002. En
www.cis.es.
34. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA,
Encuesta de empleo del tiempo 2002?2003, (2004). En
www.ine.es.
35. Hemos trabajado estas categorías de Polanyi
en COLECTIVO IOÉ, Mujer, inmigración y trabajo, Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2001, págs. 28?34. (en
www.colectivoioe.org).
36. Utilizamos el concepto de "modernización" en
un sentido más restringido que el de "modernidad". Esta
última expresión remite ambiguamente a dos
contenidos: uno positivo, relacionado con las propuestas
liberadoras de la Ilustración (emancipación racional,
secularización) frente al Antiguo Régimen
(autoridad, tradición, estamentalismo, etc.); otro
negativo, que sirve para justificar una praxis
irracional de violencia
desde la versión burguesa y eurocéntrica de la
modernidad. Este segundo contenido de la modernidad no libera
sino que produce víctimas: "el mundo periférico
colonial, el indio sacrificado, el negro esclavizado, la mujer
oprimida, el niño y la cultura
popular alienadas, etc. Son las víctimas de la
modernidad, como contradicción del ideal racional de
la misma modernidad". DUSSEL, E., "Dos paradigmas de
la modernidad", en 1492: el encubrimiento del otro. Hacia el
origen del mito de la modernidad, Nueva Utopía,
Madrid, 1992, pág. 209.
37. ORTÍ, A., y COMAS, D., "Génesis de las
drogodependencias y discursos sociales", en RODRÍGUEZ
CABRERO, G., La integración social de
drogodependientes, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid,
1988, pág. 221?2.
38. Los tecnócratas del franquismo se
referían a la necesaria modernización de
España como "mística del desarrollo". Ver AA.VV.,
Las ideologías en la España de hoy,
Seminarios y Ediciones, Madrid, 1972, pág. 144 y
sig.
39. Carlos Pereda(Colectivo Ioé)**
**Colectivo Ioe Equipo de investigación sociológica ubicado en
Madrid y compuesto por Carlos Pereda, Walter Actis y Miguel
Ángel de Prada.
www.colectivoioe.org
URL: http://www.nodo50.org/ioe/
El
contenido del presente trabajo está gobernado por la
siguiente Licencia de Creative Commons: ver http://creativecommons.org/licenses/by?nc?nd/2.0
Ignacio Fernández de Castro y el equipo EDE
describen así este cambio: "Hoy ya no es posible hablar de
sujeto revolucionario de la historia, ni tampoco de la
identificación de ese sujeto abstracto con la ?clase
obrera?: hoy el término ha ido siendo sustituido por el de
?clase trabajadora? (…) La clase trabajadora es un
término mucho más amplio que tiene que ver con una
utopía (?) ?reformista?, de adaptación a los
valores democráticos, donde caben prácticamente
todos los asalariados, pequeños empresarios… y donde ya
no se habla de confrontación sino de
consenso". EDE (FERNÁNDEZ DE CASTRO, I. y otros),
Cambios en las relaciones sociales y en las formas de vida de
la población trabajadora madrileña durante la
crisis (75?85), Consejería de Ordenación del
Territorio, Medio Ambiente y
Vivienda, Madrid, 1985, pág. 235.
Carlos Pereda(Colectivo Ioé)**
**Colectivo Ioe Equipo de investigación sociológica
ubicado en Madrid y compuesto por Carlos Pereda, Walter Actis y
Miguel Ángel de Prada.
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