- La Justicia
Federal - Competencia:
Características - La competencia en
razón del lugar; en razón de la materia; en
razón de las personas - Competencia Originaria y
Exclusiva de la C.S.J.N. - Asuntos concernientes a
embajadores, ministros, cónsules - El Decreto Ley Nº 1285/58
y sus modificaciones - Causas entre dos o mas
provincias - Causas suscitadas entre
vecinos de una provincia y un Estado
extranjero - Causas relativas a
cónsules extranjeros y causas concernientes a
embajadores u otros ministros diplomáticos
extranjeros - Causas que conciernen a
extranjeros - Competencia Ordinaria o
Apelada de la C.S.J.N. - Requisitos
- La Cuestión
Federal - El llamado "Recurso
Extraordinario Impropio" - El Recurso de
Queja - El
"Certiorari" - El "Per Saltum": su
constitucionalidad
BOLILLA XXXI
La Justicia
Federal.-
El ámbito de la jurisdicción federal, esto
es, la que corresponde al Poder Judicial de
la Nación,
surge de los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional. La
jurisdicción federal es definida por Hugo Alsina como
la facultad conferida al poder judicial
de la nación
(dígase el estado
federal) para administrar justicia en los casos, sobre las
personas y en los lugares especialmente determinados por la
constitución.
El poder judicial es el conjunto de órganos
encargado de llevar a cabo la "administración de justicia" o "función
jurisdiccional".
Se le llama conjunto de órganos ya que esta
integrado por: la corte suprema de justicia, los demás
jueces y tribunales de diferentes instancias, el consejo de la
magistratura y jurado de enjuiciamiento.
Origen del poder judicial.
Durante la primera mitad del siglo XVIII, montesquieu
expuso la teoría
de la división de poderes.
Esta corriente fue recogida por el constitucionalismo
clásico.
Con respecto al poder judicial, cabe señalar que
a lo largo del tiempo se
desarrollaron dos teorías
diferentes referidas a su rol dentro del estado y al
alcance de sus atribuciones. Son la corriente francesa y la
norteamericana.
- La corriente francesa: (originada durante la revolución
francesa) solo le asigno al poder judicial la facultad de
resolver controversias entre particulares. En ningún
caso puede controlar la constitucionalidad de los actos del
poder
ejecutivo y legislativo, ya que de eso se encarga un
"órgano especial". Esta teoría se toma en casi
toda Europa. - La corriente norteamericana: (originada durante la
revolución norteamericana) le otorga
amplias facultades al poder judicial, este no solo se encarga
de resolver controversias entre particulares, sino que
también se encarga de controlar la constitucionalidad de
los actos del poder ejecutivo y judicial. esta teoría se
aplica en casi toda América.
La función jurisdiccional
El poder judicial es el encargado de ejercer la
"función jurisdiccional". Dicha
función consiste en aplicar la ley
para resolver conflictos. La
mayoría de los autores entiende que aplicar la ley
es sinónimo de "administrar justicia".
Pero hay otros que rechazan dicha afirmación,
basándose en que incluso aplicando la ley puede
subsistir una injusticia. (Badeni).
Competencia:
Características.-
La jurisdicción federal es atribuida a los
órganos del poder judicial del estado federal por los
arts. 116 y 117 de la constitución, y regulada por
diversas leyes.
Art. 116.- "Corresponde a la corte suprema y
los tribunales inferiores de la nación, el
conocimiento y decisión de todas las causas que versen
sobre puntos regidos por la constitución, y por las leyes
de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del
art. 75; y por los tratados con las
naciones extranjeras; de las causas concernientes a embajadores;,
ministros públicos y cónsules extranjeros; de las
causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de
los asuntos en que la Nación sea parte ; de las causas que
se susciten entre dos o mas provincias; entre una provincia y
vecinos de otra; entre vecinos de diferentes provincias; y entre
una provincia o sus vecinos, contra un estado o ciudadano
extranjero".
La
competencia en
razón del lugar; en razón de la materia; en
razón de las personas.-
La justicia divide su competencia por razón de
materia, de personas (o "partes"), y de
lugar.
Las características principales son;
- Limitada y de Excepción, lo que
quiere decir que solo se ejerce en los casos que la
constitución y las leyes reglamentarias
señalan. - Privativa y Excluyente, significa que, en
principio, no pueden los tribunales provinciales conocer de las
causas que pertenecen a la jurisdicción
federal. - Improrrogable, esto es si surge por
razón de materia o de lugar.
- Al contrario, es prorrogable cuando solo surge pro
razón de las personas, salvo los casos de competencia
originaria y exclusiva de la Corte, que se reputan
absolutamente improrrogables.
Art. 75 inc. 30.- Ejercer una legislación
exclusiva en el territorio de la capital de la
Nación, y dictar la legislación necesaria para el
cumplimiento de los fines específicos de los
establecimientos de utilidad nacional
en el territorio de la República. Las autoridades
provinciales y municipales conservarán los poderes de
policía e imposición sobre estos establecimientos,
en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos
fines.
Art. 31.- Esta Constitución, las leyes de
la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso
y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema
de la Nación; y las autoridades de cada provincia
están obligadas a conformarse a ella, no obstante
cualquiera disposición en contrario que contengan las
leyes o constituciones provinciales, salvo para la Provincia de
Buenos Aires,
los tratados ratificados después del Pacto del 11 de
noviembre de 1859.
Ley 27.- Ley sancionada el 13/10/1862, "Organización de la Justicia"; Habla de los
Tribunales Federales.
Art. 1.- La justicia nacional procederá
siempre aplicando la Constitución y las leyes nacionales a
la decisión de las causad en que se versen intereses,
actos o derechos de
ministros o agentes públicos, de simples individuos, de
Provincia o de la Nación.
Art. 2.- Nunca procede de oficio y solo ejerce
jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida
a instancia de parte.
Art. 3.- Uno de sus objetivos es
sostener la observancia de la Constitución Nacional,
prescindiendo, al decidir las causas, de toda disposición
de cualquiera de los otros poderes nacionales, que esté en
oposición con ella.
Art. 4.- Conoce y decide en todos los asuntos
regidos por la Constitución y leyes nacionales, y en todas
las causas expresadas en los artículos 100 y 101 de la
Constitución, pero cuando fuere llamada, de conformidad
con el Art. 100, a juzgar entre vecinos de diferentes provincias,
lo hará con arreglo de las respectivas leyes
provinciales.
Art. 5.- No interviene en ninguno de los casos en
que, compitiendo ese conocimiento y
decisión de Provincia no se halle interesada la
Constitución ni ley alguna nacional.
154.- Competencia Originaria y Exclusiva de la
C.S.J.N. Vinculación del Art. 116 y 117: Fundamento de
esta competencia. El conocimiento de la Corte "en todas los
asuntos concernientes a embajadores, ministros, cónsules,
extranjeros y en los que alguna provincia fuese parte". El
Decreto Ley Nº 1285/58 y sus modificaciones. Causas entre
dos o mas provincias; causas civiles suscitadas entre una
provincia y algún vecino o vecinos de otra, o ciudadanos o
súbditos extranjeros; causas relativas a cónsules
extranjeros y causas concernientes a embajadores u otros
ministros diplomáticos extranjeros.
Competencia
Originaria y Exclusiva de la C.S.J.N.-
Entre los casos de competencia federal, encontramos
situaciones en las que la Corte Suprema tiene competencia
originaria y exclusiva. O sea que actúa como tribunal
único.
Vinculación del Art. 116 y 117: Fundamento de
esta competencia.-
Art. 116.- "Corresponde a la corte suprema y
los tribunales inferiores de la nación, el conocimiento y
decisión de todas las causas que versen sobre puntos
regidos por la constitución, y por las leyes de la
Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del art. 75;
y por los tratados con las naciones extranjeras; de las causas
concernientes a embajadores;, ministros públicos y
cónsules extranjeros; de las causas de almirantazgo y
jurisdicción marítima; de los asuntos en que la
Nación sea parte ; de las causas que se susciten entre dos
o mas provincias; entre una provincia y vecinos de otra; entre
vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia o sus
vecinos, contra un estado o ciudadano extranjero".
Art. 117.- "En estos casos la Corte Suprema
ejercerá su jurisdicción por apelación
según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso;
pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros
y cónsules extranjeros, y en los que aluna provincia fuese
parte, la ejercerá originaria y
exclusivamente."
El Art. 117 es como una prolongación del 116,
tanto que por su misma redacción se aprecia que lo
continúa, en forma que casi podrían incluirse ambos
en una sola y misma norma con numeración única. De
este modo, los asuntos de competencia originaria y exclusiva
previstos en el Art. 117, no son asuntos nuevos, sino asuntos que
la disposición extrae de entre los que el 116
encomendó a la jurisdicción federal de modo
genérico.
Es de comprender que si el Art. 117 remite al 116,
cualquiera de las causas enumeradas en el 117 debe ser una causa
que enunció el anterior, y que pasa al 117 porque en el
116 ya se le deparó la jurisdicción federal; y que
pasa por la misma razón que también en el 116 se
tuvo en cuenta para incluirla en la jurisdicción federal,
y nunca por otra razón distinta a la prevista en el
116.
Asuntos
concernientes a embajadores, ministros, cónsules…
.-
El Art. 117 de la Constitución Nacional determina
que la Corte Suprema también ejerce su
jurisdicción, originaria y exclusivamente, en todos los
asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules
extranjeros.
Los estados extranjeros gozan del principio de
inmunidad. Es decir que un Estado no está obligado a
litigar ante el Poder Judicial de otro, salvo que consienta
expresa o tácitamente la jurisdicción que le es
extraña.
De esta manera, si a un Estado se le reconoce en otro su
soberanía e inmunidad, esta última
también debe reconocérsele a los funcionarios
diplomáticos que por su rango, precisamente, representan
en suelo
extraño esa soberanía e inmunidad.
Al igual que los Estados representados, tales
funcionarios diplomáticos no deben ser sometidos a la
jurisdicción de los tribunales del país en el cual
actúan, salvo que medie previa conformidad del gobierno del
Estado que representan.
Según pacífica doctrina judicial, la
jurisdicción originaria de la Corte Suprema para conocer
en las causas o asuntos concernientes a los agentes
diplomáticos extranjeros le ha sido otorgada con arreglo
al derecho de gentes, en virtud de la importancia que revisten
las relaciones
internacionales y el trato con las potencias extranjeras,
así como también por las altas y delicadas funciones que los
diplomáticos deben desempeñar.
El Decreto Ley
Nº 1285/58 y sus modificaciones.-
Con arreglo a la doctrina, y de conformidad con las
disposiciones de los arts. 116 y 117 de la Constitución
Nacional; Art. 24, inc. 1º del decreto ley 1285/85, y Art.
40 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, el privilegio de la jurisdicción
originaria de la Corte Suprema se extiende a las personas que
citamos seguidamente:
- A los embajadores, ministros y cónsules
extranjeros que el derecho
internacional considera de ese rango (carácter diplomático), o que sin
contar con dicha investidura, se tienen por tales y cumplen
esas funciones en el Estado que los acredita ante el
nuestro. - A los embajadores, ministros y cónsules que,
aunque sean de nacionalidad
argentina, representan a un Estado extranjero en nuestro
país. Aquí no interesa la nacionalidad
del diplomático, sino la funcio0n que realmente cumple
en representación de un Estado extranjero. - A los agentes diplomáticos de país
extranjero que se hallen en tránsito por la
República Argentina, o que en ejercicio de sus funciones
diplomáticas se hallen en ella para dirigirse a tomar
posesión del cargo, o para reintegrarse a él, o
para volver a su país. - A todos los familiares de los embajadores y ministros
plenipotenciarios, con exclusión de los individuos de
la familia
del restante personal de la
embajada o legación, aunque también tenga
carácter diplomático. - A los jefes de Estados extranjeros cuando
estén en territorio Argentino.
Causas entre dos o
mas provincias.-
Aquí no interesa la materia del asunto. La
intervención de la Corte Suprema se funda en los arts. 117
y 127 de la Constitución. No corresponde a la Corte
Suprema la determinación de límites
interprovinciales o la modificación de los determinados
por el Congreso, en uso de las atribuciones que confiere al
Poder
Legislativo el Art. 75 inc. 15 de la Constitución.
Pero si es de competencia del alto tribunal conocer de las
cuestiones jurídicas derivadas,
precisamente, de la determinación de límites
establecida por el poder legisferante.
Por otra parte, a raíz de las luchas internas que
caracterizaron un largo período de nuestra
organización nacional y con el propósito
fundamental de "consolidar la paz interior", la
Constitución confiere a la Corte Suprema la trascendente
misión
de dirimir los conflictos interprovinciales, en virtud de los
términos del Art. 127 de aquella que, en lo pertinente,
dice "Ninguna provincia puede declarar, ni hacer la guerra a otra
provincia. Sus quejas deben ser sometidas a la Corte Suprema de
Justicia y dirimidas por ella".
Causas
suscitadas entre vecinos de una provincia y un Estado
extranjero.-
La función judicial es un atributo de la
soberanía. El Estado sólo puede ejercerla por
intermedio de sus órganos jurisdiccionales creados por la
Constitución y por la Ley, dentro de sus limites
territoriales y en los lugares en que lo admite el derecho
internacional.
En virtud de ello, se encuentran sometidas al Poder
Judicial de la Nación todas las personas físicas o
jurídicas nacionales o extranjeras, que habiten o se
hallen instaladas en su territorio y en sus prolongaciones
admitidas por el derecho internacional.
Sin embargo, los Estados extranjeros gozan en principio
de inmunidad, o sea que un Estado no esta obligado a litigar ante
el Poder Judicial d otro, salvo que consienta expresa o
tácitamente la jurisdicción que le es
extraña. Nuestro Estado acepta esa inmunidad de
jurisdicción, siempre que el otro Estado proceda en igual
forma y respete, ante sus tribunales, la inmunidad de
jurisdicción de la República Argentina.
Tanto los requisitos exigidos para dar uso a la demanda contra
un Estado extranjero, como las condiciones de reciprocidad
exigidas por el Poder Ejecutivo argentino, están
contemplados por el Art. 24 inc. 1 Párr. 2º, del
decreto ley 1285/58 que, en lo pertinente , dice "No se
dará curso a la demanda contra un Estado extranjero, sin
requerir previamente de su representante diplomático, por
intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la
conformidad de aquel país para ser sometido a
juicio".
A su vez, el Párr. 3º del mismo inciso
establece: "Sin embargo, el Poder Ejecutivo puede declarar con
respecto a un país determinado la falta de reciprocidad a
los efectos consignados en esta disposición, por decreto
debidamente fundado. En este caso, el Estado extranjero, con
respecto al cual se ha hecho tal declaración, queda
cometido a la jurisdicción argentina. Si la
declaración del Poder Ejecutivo limita la falta de
reciprocidad a determinados aspectos, la sumisión de
país extranjero a la jurisdicción argentina se
limitará también a los mismos aspectos".
Causas
relativas a cónsules extranjeros y causas concernientes a
embajadores u otros ministros diplomáticos
extranjeros.-
Las causas y asuntos concernientes a los funcionarios
nombrados abarcan un dilatado campo de cuestiones, porque el
término "concernir" significa también
atañer, pertenecer, corresponder, etc.
Un asunto o causa concierne a un diplomático en
la medida en que le compete, le atañe, tiene que ver con
él, ya se trate de cuestión referida a la actividad
específica de la función que desempeña o de
situaciones ajenas a sus tareas oficiales, que comprometan o
puedan comprometer sus responsabilidades. A los fines de asuntos
que conciernen a diplomáticos, tampoco interesa la materia
de que se trate (civil, penal, administrativa, etc.). por ello,
para determinar la competencia originaria de la Corte Suprema,
con el alcance de los arts. 116 y 117 de la Constitución,
debe analizarse cada caso en particular, partiendo de la interpretación amplia del término
constitucional "concerniente", que va mas allá del
concepto de
"parte" en estricto sentido procesal.
Causas que conciernen a
extranjeros.-
Analizaremos ahora las causas que se suscitan,
según el Art. 116 de la Constitución, entre los
vecinos de una provincia (o sea argentinos) con un ciudadano
extranjero. Según esa norma, constituye el denominado
"fuero de extranjería", en virtud del cual los
extranjeros pueden demandar o ser demandados ante la justicia
federal. No sólo el habitante de nuestro Estado goza de
este fuero; también pueden recurrir a él los
extranjeros que, sin ser habitantes ni tener domicilio en
Argentina, litigan ante los tribunales.
Pero el fuero de extranjería no es aplicable en
los pleitos entre extranjeros, aunque residan en distintas
provincias, o entre sociedades del
mismo carácter, porque estos casos no están
contemplados en el Art. 116 de la Constitución.
Tampoco procede la competencia federal en las causas de
sociedades cuando la condición de extranjeros no se da en
todos los que integran la parte actora o demandada, o cuando el
derecho objeto del proceso no
pertenece originariamente al ciudadano extranjero, aunque se
tratara de cesión o mandato, salvo que el cesionario
también fuera extranjero.
El extranjero puede prorrogar la jurisdicción
federal a los tribunales provinciales, porque el fuero federal en
razón de la distinta nacionalidad de las partes se ha
instituido exclusivamente en beneficio del extranjero. De esta
forma, el argentino demandado por un extranjero ante la justicia
provincial de su vecindad no puede invocar el fuero federal por
razón de la distinta vecindad de as partes. A su vez, el
extranjero accionado por un argentino ante la justicia federal no
puede prorrogar la jurisdicción, pues a nadie le
está permitido declinar sus propios jueces.
155.- Competencia Ordinaria de la C.S.J.N.
Características. Causas en que la Nación sea parte
directa o indirectamente; en causas de extradición de
criminales; en causas que se produjeran apresamientos o embargos
marítimos en tiempo de guerra, sobre salvamento militar y
sobre nacionalidad de buques, legitimidad de patentes,
etc.
Competencia Ordinaria o Apelada de la
C.S.J.N.-
Es aquella que tiene la Corte Suprema como tribunal de
alzada o en grado de apelación, para conocer de las
sentencias dictadas por los tribunales inferiores. El Art. 117 no
fija los casos de esta competencia apelada, sino que los delega a
"las reglas y excepciones que prescriba el Congreso", el cual ha
determinado la competencia en grado de apelación de la
Corte Suprema de Justicia en las diversas leyes orgánicas
de los tribunales nacionales, actualmente en el decreto ley
1285/58. Esta competencia apelada es clasificada en dos grandes
subgrupos:
- Competencia por apelación ordinaria: En
estos casos, la Corte Suprema actúa como un tribunal de
instancia ordinaria. Se puede debatir ante él todos los
hechos discutidos y el derecho invocado o aplicado en las
instancias inferiores. Es un tribunal de tercera instancia
ordinaria. Se clasifica en cuatro subtipos, tres de ellos
descritos en el Art. 24, inc. 6 del decreto ley 1285/58 y uno n
el inc. 3 de dicho texto:
- Ciertas causas en que el Estado nacional es
parte.- Las causas en que el Estado nacional es parte son
de competencia de la justicia federal, pero se las inicia y
sustancia ante las instancias inferiores, conforme a los
procedimientos ordinarios. En ciertos casos,
estas causas pueden llegar hasta la Corte Suprema de Justicia
en tercera instancia ordinaria. Esto sucede en aquellos
pleitos en que el Estado sea parte directa o indirectamente,
siempre que el monto discutido exceda de una suma que se
actualiza periódicamente. Es decir que en este
grupo se
incluye aquellos litigios en que intervengan como parte
(actora, demandada o tercero) el Estado nacional o entidades
autarquicas o empresas del
Estado, pero únicamente cuando la cuantía
económica del asunto lo justifique. - Extradición de criminales.- La
extradición de los criminales solicitados por la
justicia de Estados extranjeros se rige por tratados
especiales o, a falta de tratado, por las normas
procesales argentinas, y siempre que exista reciprocidad. El
pedido de extradición da lugar a un proceso judicial
que puede llegar, como tercera instancia ordinaria, hasta el
conocimiento y decisión de la Corte Suprema de
Justicia. - Almirantazgo y jurisdicción
marítima..- En estos casos se los inicia y
sustancia ante las instancias inferiores conforme a los
procedimientos ordinarios, pero también pueden llegar
al conocimiento y decisión de la Corte Suprema de
Justicia en tercera instancia ordinaria. Se da en causas a
que dieren lugar los apresamientos o embargos
marítimos en tiempos de guerra. - Recurso de aclaratoria.- Esta
enunciación del inc. 3 del art 24 del decreto ley
1285/58 es innecesaria, ya que surge de las leyes
procédales la facultad que tienen todos los tribunales
de aclarar sus propias decisiones cuando eras pudieron
resultar oscuras.
- Competencia por apelación extraordinaria:
Se la clasifica en tres subtipos:
- Recursos de Revisión.- El Art. 24
inc. 3 del decreto ley 1285/58 se remite a la ley 4055. Se
trata de un recurso especial en materia penal, cuando se
prueba la inexistencia del delito o
de su autoría. - Recurso de Queja.- Son de dos tipos: queja
contra las cámaras nacionales de apelación, por
retardo de justicia, y queja por denegatoria del recurso
extraordinario. - Recurso Extraordinario.- Es la que
corresponde al recurso previsto en el Art. 14 de la ley
48.
156.- El "Recurso Extraordinario": Naturaleza.
Ley Nº 48 y Nº 4055. Requisitos: A) Comunes, B)
Formales y, C) Propios: a) condiciones de admisibilidad y, b)
condiciones de procedencia. La cuestión federal: a)
directa y, b) indirecta. La cuestión federal por
arbitrariedad de sentencia: Caso "Rey vs. Rocha".
Concepto.- El Recurso Extraordinario es un medio
a través del cual aquellas sentencias definitivas de los
tribunales (locales o federales) que sean contrarias a la
Constitución, pueden ser llevadas en grado de
apelación y en última instancia, ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, para que ella revise
dichas sentencias definitivas a efectos de controlar su
constitucionalidad.
De este modo se mantiene la supremacía de la
Constitución (Art. 31) y se logra una
interpretación uniforme de las normas
constitucionales.
El Recurso Extraordinario es una garantía porque
en caso de que se viole un derecho
constitucional y los tribunales no decidan a favor de ese
derecho, el afectado podrá llegar hasta la Corte Suprema
para que esta decida.
Naturaleza. Ley Nº 48 y Nº 4055.- El
Recurso Extraordinario se encuentra regulado por la Ley 48 (Art.
14, 15 y 16) y su reforma, la ley 4055.
Ley 48; Art. 14.- Una vez radicado un juicio ante
los tribunales de provincia, será sentenciado y fenecido
en la jurisdicción provincial, y solo podrá
apelarse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas
pronunciadas por los tribunales superiores de provincia en los
casos siguientes:
- Cuando en el pleito se haya puesto en cuestión
la validez de un tratado, de una ley de Congreso, o de una
autoridad
ejercida en nombre de la Nación y la decisión
haya sido contra su validez. - Cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de
provincia se haya puesto en cuestión bajo la
pretensión de ser repugnante a la Constitución
Nacional, a los tratados o leyes del Congreso, y la
decisión haya sido a favor de la ley o autoridad de
provincia. - Cuando la inteligencia
de alguna cláusula de la Constitución o de un
tratado o ley del Congreso o una comisión ejercida en
nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la
decisión sea contra la validez del titulo, derecho,
privilegio o exención que se funda en dicha
cláusula y sea materia de litigio.
Art. 15.- Cuando se entable el recurso de
apelación que autoriza el artículo anterior,
deberá deducirse la queja con arreglo a lo prescrito en
él, de tal modo, que su fundamento aparezca de los
autos y tenga
una relación directa e inmediata a las cuestiones de
validez de los artículos de la Constitución, leyes,
tratados o comisiones en disputa, quedando entendido, que la
interpretación o aplicación que los tribunales de
provincia hicieren de los Códigos Civil, Penal, Comercial
y de Minería,
no dará ocasión a este recurso por el hecho de ser
leyes del Congreso, en virtud de lo dispuesto en el inc. 11 del
Art. 67 de la Constitución.
Art. 16.- En los recursos de que
tratan los dos artículos anteriores, cuando la Corte
Suprema revoque, habrá una declaratoria sobre el punto
disputado y volverá la causa para que sea nuevamente
juzgada; o bien resolverá el fondo, y aun podrá
ordenar la ejecución, especialmente si la causa hubiese
sido una vez devuelta por idéntica
razón.
Ley 4055; Art. 6.- La Corte Suprema
conocerá por último, en grado de apelación,
de las sentencias definitivas pronunciadas por las cámaras
federales de apelación; por las cámaras de
apelación de la Capital; por los tribunales superiores de
provincias y por los tribunales superiores militares, en los
casos previstos por el Art. 14 de la ley 48 de 14 de septiembre
de 1863.
- Requisitos Comunes:
- Intervención anterior de un Tribunal de
Justicia. - Que haya existido un juicio.
- Que se trate de una cuestión
judiciable - Que exista gravamen
- Que subsistan los requisitos.
- Requisitos Formales:
- Planteamiento oportuno y concreto
de la cuestión federal.- Planteamiento oportuno es
al principio, en los escritos de demanda y
contestación y debe mencionarse concretamente el
derecho federal que se estima desconocido. - Interposición por escrito y fundada, ante el
mismo juez que dictó la resolución. Tengo un
plazo de 10 días para interponer el
escrito.
- Requisitos Propios:
- Que se trate de una Cuestión Federal.-
Son cuestiones federales los casos enumerados por el Art.
14 de la ley 48. - Que haya relación directa entre la
cuestión federal y la solución del pleito
(sentencia). - Que la sentencia sea contraria al derecho federal
invocado por el recurrente. - Que se trate de una sentencia
definitiva. - Que haya sido dictada por un tribunal
superior.
Como dijimos, las cuestiones federales son los casos
enumerados por el Art. 14 de la Ley 48.
- Cuestiones federales simples: Son las que
versan sobre la interpretación o inteligencia de alguna
cláusula de la Constitución, ley del Congreso o
tratado internacional. - Cuestiones federales complejas: Son las que
versan sobre conflictos entre una norma o acto (nacional o
local) con la Constitución Nacional. Las podemos
subdividir en:
- Cuestiones federales complejas
directas.- Se trata de un conflicto
entre una norma o acto infraconsitucional (inferior a la
Constitución) y la Constitución Nacional. Este
tipo de cuestión federal afecta directamente la
supremacía de la Constitución. - Cuestiones federales complejas
indirectas.- Se trata de un conflicto entre
dos normas o actos infraconstitucionales. Este tipo de
conflictos afecta indirectamente a la Constitución, ya
que ella establece la prelación de la norma superior
sobre la inferior.
La Cuestión Federal por arbitrariedad de
sentencia.- La Corte Suprema creó pretorianamente la
doctrina de las sentencias arbitrarias, y las definió como
las que "no importan una derivación razonada del derecho
vigente", por incurrir en un defecto grave que las descalifica
como pronunciamientos judiciales válidos. Según
esta tesis, las
sentencias arbitrarias son temas de derecho federal y generan
cuestión federal para el recurso extraordinario, ya que
resultan inconstitucionales por violar las reglas del debido
proceso y del derecho de defensa en juicio (Art. 18 y 31,
Constitución Nacional).
Hay dos tipos sustanciales de arbitrariedad:
- Arbitrariedad Normativa.- La doctrina
de la Corte Suprema se refiere a las siguientes hipótesis:
- Sentencias infundadas o insuficientemente
fundadas. - Sentencias que arremeten contra la ley
aplicable. - Sentencias que se basan en normas
inexactas. - Sentencias que se basan en la mera voluntad de los
jueces; por ejemplo, en afirmaciones dogmáticas o
pautas de excesiva amplitud. - Sentencias que desconocen o se apartan de la norma
aplicable. - Sentencias que aplican la ley
impertinente. - Sentencias que efectivizan la ley no vigente para
el caso. - Sentencias que invocan jurisprudencia no aplicable a la
litis. - Sentencias que interpretan arbitrariamente la ley
(interpretación equivocada, indebida, infiel,
prescindente, desnaturalizadora, ineficaz, inoperante,
absurda, injusta, irrazonable, formalista, inequitativa,
imprevisora, imprudente, entre otros vicios de
interpretación. - Sentencias que incurren en exceso ritual
manifiesto; o importan una renuncia consciente a la verdad
jurídica objetiva. - Sentencias incongruentes que no se expiden sobre
cuestiones a decidir; o que resuelven mas allá de lo
que debe pronunciarse. - Sentencias que atentan contra el principio de
preclusión y de cosa juzgada. - Sentencias auto contradictorias, con fundamentos
contradictorios o con oposición entre los
considerandos y su parte resolutiva. - Sentencias inválidas por vicios relativos a
la integración del tribunal que las
dictó, o en su emisión de voluntad.
- Arbitrariedad Fáctica.-
Según la Corte Suprema de Justicia, comprende algunas de
estas alternativas:
- Sentencias que prescinden de pruebas o
constancias de la causa, o de hechos notorios. - Sentencias que se dictan en oposición a las
pruebas del proceso. - Sentencias basadas en prueba inexistente, o no
incorporada válidamente al expediente. - Sentencias basadas en afirmaciones
dogmáticas de hechos. - Sentencias que valoran arbitrariamente la prueba,
de modo irrazonable o parcial. - Sentencias que incurren en exceso ritual en la
apreciación de la prueba. - Sentencias que incurren en auto
contradicción en la evaluación de la prueba. - Sentencias dictadas en procesos
que arbitrariamente omiten la averiguación de los
hechos.
Caso "Rey c/ Rocha".- Con el correr el
tiempo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se
encargó de hacer mas flexible la procedencia del recurso
extraordinario, admitiéndolo en casos para los cuales no
había previsto. Uno de esos casos es el de la "Sentencia
Arbitraria": a partir del año 1990 con es caso "Rey c/
Rocha", la corte acepta la procedencia del recurso extraordinario
en aquellos tribunales que dicten "sentencias arbitrarias", sin
que sea necesario que exista una cuestión
federal.
157.- El llamado
"Recurso Extraordinario Impropio": La gravedad institucional: el
Caso "Jorge Antonio".
Concepto.- Decimos que existe "Gravedad
Institucional" cuando lo resuelto en una causa excede el mero
interés
individual de las partes y afecta a la comunidad.
Este es otro de los casos en que la Corte deja de lado
la exigencia de ciertos requisitos, para que proceda el recurso
extraordinario.
De esta forma, la Corte aceptó la procedencia del
recurso extraordinario en casos en los que, por ejemplo, no
había cuestión federal, o la sentencia no
provenía del Superior Tribunal de la causa, etc. La Corte
argumentaba que si bien no se cumplían algunos requisitos,
el recurso extraordinario procedía ya que en la causa
estaban involucrados los intereses de la comunidad.
Requisitos.- Los requisitos para que la Corte
acepte el recurso extraordinario por "Gravedad Institucional"
son:
- Que en la causa este comprometida alguna de las
Instituciones Fundamentales de la
Nación. - Que lo que se decida en esa causa afecte o pueda
afectar realmente a la sociedad.
Caso "Jorge Antonio".- El concepto de
Gravedad Institucional ha operado de modo diverso en cuanto al
recurso extraordinario, y en este caso, la Corte lo
interpretó para disminuir la exigencia de ciertos recaudos
de admisibilidad de dicho recurso, e incluso para permitir la
apelación per saltum.
158.- Trámite y resolución del "Recurso
Extraordinario". "El Recurso de Queja". El "Certiorari". Ley
Nº 23.744. El "Per-Saltum": su constitucionalidad. Los casos
"Margarita Belén" y "Dromi".
Trámite y
resolución del "Recurso Extraordinario".-
El paso preliminar al planteamiento del recurso
extraordinario consiste en la introducción, en la primera oportunidad
posible del procedimiento, de
la cuestión federal que luego se replanteará en el
propio recurso. A esto podemos llamar el "pre" recurso
extraordinario.
"Introducir" a la cuestión federal significa que
el litigante deberá requerir ¡, al tribunal que
entienda en el proceso, la efectivización de normas
federales. La cuestión federal debe también ser
mantenida en las distintas instancias previas a la Corte Suprema.
En su defecto, ella entiende que de ha desistido de su
aplicación y eso frustrará el recurso
extraordinario.
Algunas veces la cuestión federal aparece no al
inicio de un pleito, sino, por ejemplo, cuando se dicta una
sentencia de primera o segunda instancia. En tales casos de
"arbitrariedad sorpresiva", el promotor del futuro recurso
extraordinario deberá introducir su pretensión de
aplicación de derecho federal en la primera oportunidad
posible posterior.
Si la concesión del recurso extraordinario es
denegada por el tribunal ante el cual se debe interponer, que
tiene que ser el "tribunal superior de la causa" en la que
recayó la sentencia "definitiva" que se apela y, en las
provincias, el superior tribunal de justicia local, se puede
acudir en "queja" directamente ante la Corte Suprema (Art. 282,
Cód. Proc. Civil y Com. De la Nación). El recurso
de queja, que también se ha denominado recurso "de hecho",
debe reproducir el fundamento del recurso extraordinario denegado
y, además, atacar el fundamento de la resolución
por la cual lo denegó el tribunal inferior ("superior
tribunal de la causa"). Tiene por fin atacar aquel rechazo y
abrir el recurso. El plazo de interposición es de 5
días, con uno mas por cada 100 Km. o fracción que
no baje de 100, contados desde la sede del "superior tribunal de
la causa" hasta la Corte Suprema. Debe acompañarse de un
depósito a la orden de la Corte de mil pesos. Si la Corte
lo admite, se expedirá sobre el fondo del asunto. De lo
contrario lo rechazará, quedando así confirmado el
fallo recurrido.
Una vez terminado el proceso con la "Sentencia
definitiva" dictada por el "superior tribunal de la causa", el
litigante puede articular ante ese mismo tribunal y en el plazo
de diez días el recurso extraordinario federal, que debe
ser fundado, y bastarse a sí mismo, de tal modo que de su
simple lectura surjan
los datos suficientes
para resolverlo. Su mera interposición (hasta tanto no sea
denegado), suspende ahora la ejecución del fallo
impugnado.
El Art. 257 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación prevé
un traslado de 10 días a la contraparte, transcurridos los
cuales el tribuna que dictó la resolución objetada
concede o deniega formalmente el recurso. Si lo otorga, remite
los autos a la Corte Suprema, la que debe, en su caso, disponer
de ciertas vistas (al procurador general de la Nación,
según la ley 24.946; al defensor oficial, si hay menores)
o, si le parece, medidas para mejor proveer. También puede
descartar discrecionalmente el recurso extraordinario mediante el
"writ of certiorari", instrumentado por ley 23.774, en
estos casos: "falta de agravio federal suficiente o cuando las
cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de
trascendencia".
En estos casos, la Corte decide sin dar razones o
fundamentos, según el citado Art. 280 del Cód.
Proc. Civil y Com. De la Nación. Según el mismo
esquema, muy criticado en nuestro medio, la Corte puede rechazar
un recurso extraordinario ordinario por falta de trascendencia, y
en el mismo momento entrar a decidir otro parecido al primero,
igualmente intrascendente. La planificación de este writ of certiorari
argentino tuvo por meta descongestionar el abultado trabajo de la
Corte, pero su instrumentación, excesivamente
discrecional, le ha restado mucha legitimidad.
A lo expuesto , se lo llama "writ of certiorari
negativo". Algunos fallos de la corte han inventado el "writ of
certiorari positivo", sosteniendo, por el uso del argumento
llamado a contrario sensu, que si por razones de falta de
trascendencia el Art. 280 citado le permite desechar un recurso
extraordinario, de modo discrecional, para el caso inverso (esto
es, de haber trascendencia relevante), podrá admitir un
recurso extraordinario al que le faltasen ciertos
recaudos.
Superado este tramo, la Corte Suprema dicta sentencia.
Si se rechaza por inadmisible o por improcedente al recurso
extraordinario queda firme el fallo impugnado. Por el contrario,
si revoca este, tiene la opción de decidir directamente
sobre el fondo del asunto o devolverlo al tribunal que
dictó aquella sentencia revocada, o a quien lo sigue en
orden de turno, para que pronuncie una nueva, según las
pautas del fallo de la Corte (Art. 16, ley 48). A esto ultimo se
lo llama reenvío.
El "Per
Saltum": su constitucionalidad.-
"Per saltum" significa "saltear instancias". En otras
palabras, el per saltum es una forma de llegar a la Corte Suprema
(por medio de recurso extraordinario) sin que la causa haya
pasado por otras instancias inferiores previstas por la
ley.
El per saltum en excepcional, ya que sólo procede
en casos de suma gravedad institucional y que necesitan una
solución en forma urgente.
Requisitos.- Los requisitos para que
proceda el recurso extraordinario por medio del per saltum
son:
- Que se trate de una situación excepcional, de
mucha gravedad. - Que dicha situación necesite una
solución definitiva en forma urgente. - Que la intervención de la Corte (a
través del recurso extraordinario) sea único
medio eficiente para proteger el derecho afectado.
En nuestro país, el per saltum no esta
legislado en ninguna ley. Fue creado por la
jurisprudencia.
Caso "Margarita
Belén".-
Fecha.- 01/09/1988
Referencia.- Corte Suprema. Cámara de
apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal vs.
Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.
Negativa de Competencia; Per saltum.
Hechos.- Orden de traslado de prisioneros desde
la Alcaldía de la Policía de Resistencia hasta la
Cárcel de Formosa, emanada del Comando de la 7º
Brigada de Infantería de Corrientes. El Comando de
Traslado es atacado cerca de la localidad de Margarita
Belén (Chaco) por fuerzas subversivas, sonde mueren y
fugan algunos detenidos. Negativa de las Cámaras citadas
para entender en el caso de la investigación de los hechos
declarándose ambas incompetentes.
Procedimiento.- El Tribunal Federal de Chaco
aduce que su igual en la Capital es competente por haber dictado
ya sentencia respecto de los hechos en la causa. La Cámara
de la Capital rechaza la competencia pues considera necesario
separar las causas relativas a los delitos que
pudieran haber cometido los comandantes en jefe, de los que, en
diversas jurisdicciones, hubiesen cometido sus subordinados en
ejecución de las ordenes de aquellos. La Corte debe
limitarse a dirimir la contienda de competencia conforme a la
Constitución, ya que no se dan las circunstancias para
asumir competencia originaria y dictar sentencia definitiva. No
le corresponde resolver sobre el fondo del asunto sin la previa
intervención del tribunal competente para ello. El Art. 10
de la ley 23.049 establece la competencia del Tribunal Federal
del lugar donde se impartieron las ordenes concretas.
Decisión.- Se declara que debe entender la
Cámara Federal de Apelaciones de Rosario (Santa Fe), pues
de esa jurisdicción se impartieron las ordenes de
traslado.
Disidencias.- Dr. Petracchi. Sostiene que
no obstante la situación procesal en que se encuentra la
causa, corresponde igualmente pasar a su juzgamiento sustancial.
Invoca doctrina de la Corte, según la cual la existencia
de aspectos de gravedad institucional pueden justificas su
intervención; condiciones pertinentes para la eficiencia del
control de
constitucionalidad y casación federal. Se basa en
jurisprudencia en la cual la Corte entendió en el fondo
del asunto por ser cuestiones de gravedad y que precisaban una
pronta solución. Por ende, considera que la Corte debe
expedir pronunciamiento respecto de los puntos substanciales
contenidos en el proceso, y resuelve asumir el conocimiento de la
causa.
Caso "Dromi".-
Fecha.- 06/09/1990
Referencia.- Corte Suprema. Dromi, José R.
(Ministro de Obras y Servicios
Públicos de la Nación); s/ avocación en
autos: Fontela, Moisés vs. Estado Nacional.
Licitación; Amparo; Per
Saltum; Conflicto de Competencias.
Hechos.- El diputado Fontela había
promovido en 1º Instancia, un amparo contra la
licitación para privatiza Aerolíneas Argentinas, y
ay con fecha 13/05/1990, la Corte había resuelto suspender
los efectos de la sentencia que había acogido aquella
pretensión. El Sr. Dromi había requerido la
avocación de la Corte mediante presentación directa
ante ella, efectuada antes del decisorio de 1º Instancia; y
una vez dictado este, reiteró su petición mediante
un recurso de apelación.
Procedimiento.- Los miembros de la Corte
adoptaron diversas posturas. La mayoría admitió el
per saltum, entendiendo que este procedimiento solo es viable
dentro de la jurisdicción de los tribunales federales,
descartando que se pueda aplicar en procesos en tramite ante
tribunales provinciales. Reducido en este marco, el per saltum
requiere una situación excepcional, se suma gravedad
inequívoca que exija definitiva solución expedita
en el caso, y justificación de que el recurso
extraordinario sea el único medio eficaz para proteger el
derecho federal comprometido en la causa donde el per saltum
incita la jurisdicción de la Corte. Otros jueces dijeron
que no se trataba de un per saltum a la instancia extraordinaria,
sino de una intervención de la Corte en un conflicto de
competencias, por la indebida intervención del juzgado de
1º Instancia en una causa que se hallaba fuera de toda
potestad judicial y que, al haber sido resuelta, significó
un apartamiento abierto de la competencia del Poder
Judicial.
Decisión.- La Corte entendió en el
caso, dejando sin efecto la sentencia de 1º
Instancia.
Disidencias.- Dr. Fayt. Rechaza el per saltum,
pues este no puede prosperar sin ley que lo prevea y regule. Su
aplicación, por consiguiente, derivaría en una
inconstitucionalidad.
159.- Las sentencias de la C.S.J.N.: su
obligatoriedad: "Cerámica San Lorenzo"; "Pulcini" y
"González, Herminia c/ ANSES".
Caso "Cerámica San
Lorenzo".-
Fecha.- 04/07/1985
Referencia.- Corte Suprema. Cerámica San
Lorenzo S.A. vs. Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Penal Económico. Incidente de prescripción; Recurso
Extraordinario; Obligatoriedad de las sentencias de la Corte
Suprema.
Hechos.- La Sala II de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Penal Económico, revoco la sentencia
de la instancia anterior que había hecho lugar a la
prescripción de la acción
penal que por infracción a la ley de monopolio se
había incoado contra la firma Cerámica San Lorenzo.
Contra dicho fallo se dedujo recurso extraordinario que fue
concedido.
Procedimiento.- El apelante sostiene que el
pronunciamiento apelado es arbitrario ya que: esta fundado solo
en forma aparente y en normas no aplicables al caso; es
contradictorio; se apartó sin fundamento alguno de la
clara interpretación que efectuara la Corte del Art. 19 de
la ley 12.906 en casos precedentes. La Corte considera que la
Cámara, al aplicar dicho artículo,
prescindió de considerar la inteligencia acordada a
aquella norma por el Tribunal en el pasado. También dice
que, si buen decide en los procesos concretos que el son
sometidos, y su fallo no es obligatorio para casos
análogos, es el deber moral de los
jueces inferiores, conformar sus decisiones a lo resuelto por
aquella, especialmente en supuestos como el presente, en el cual
dicha posición ha sido expresamente invocada por el
apelante. Para que un tribunal inferior pueda apartarse de una
decisión análoga de la Corte, es requerimiento que
el fallo no solo posea fundamentos, sino que los mismos deben ser
fundados, y que sus sentencias estén sustentadas de manera
seria y objetiva.
Decisión.- Se revoca la sentencia apelada
y se devuelven los autos para que se dicte nuevo pronunciamiento
de acuerdo a lo resuelto por esta corte.
Disidencias.- No hay.
Alfonso Arrechea
Historia y Derecho Constitucional; USAL
Argentina