El Movimiento Por
Nicaragua advirtió en un comunicado que la creación
de la Superintendencia de Servicios
Públicos y la posterior elección de sus
funcionarios "bajo los ya establecidos criterios partidarios por
parte de los diputados sandinistas y liberales",
atentarían contra los derechos fundamentales de
los nicaragüenses y violentarían la Constitución.
El movimiento civil alegó que liberales y sandinistas no
pueden proceder a aprobar la reforma a la Ley Creadora de
la Sisep ni elegir funcionarios, porque eso sería
desconocer la sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia "y
seguirse arrogando funciones que nos
les corresponden".
El Movimiento Por Nicaragua, en la proclama "Basta ya de
atropello al pueblo", también ve con preocupación
los últimos acontecimientos que se han desarrollado en el
país, que a su
juicio son "claramente dirigida y generada por
políticos inescrupulosos que continúan sacrificando
al pueblo por sus intereses mezquinos".
Los miembros de ese grupo
hicieron, por tanto, un llamado al Gobierno y a los
partidos
políticos a trabajar unidos, pero sin un clima de violencia y
chantaje político.
El Gobierno, por su parte, ha insistido en que la
elección de estas autoridades violenta aspectos
sustanciales del diálogo
tripartito, en suspenso actualmente.
A través de los diversos métodos de
investigación que hemos realizado, hemos podido llegar
a la conclusión de este trabajo, algo
denso y conflictivo, partiendo del establecimiento de nuestra
hipótesis, para en este punto del reporte,
poder
consolidarla como una verdad requerida o como algo realmente
innecesario.
"La SISEP es una Institución de gran importancia
para el fortalecimiento del control social en
Nicaragua.".
Es a través de los Estudios y sondeos realizados
que hemos podido concluir el hecho de que la SISEP es una
Institución realmente necesaria para el fortalecimiento
del control social en Nicaragua, debido a que es a través
de ella que se establecen diversas formas de solucionar los
problemas
tarifarios y serviciales que sufre la población nicaragüense.
La SISEP, es el ente de regulación por excelencia
en los servicios
públicos, pues entre sus deberes tienen el de proteger a
la población de los incrementos exagerados de impuestos; un
ejemplo de esto, es el de el incremento en la tarifa de energía
eléctrica, pues a comienzos del año en curso,
el Presidente, Enrique Bolaños Geyer, había
establecido o permitido a las transnacional Unión Fenosa
el aumento tarifario del 12.8 % a las personas que consumieran
más de 150 KW/h , y que las personas que se encontrasen
fuera de ese rango, serían subsidiadas por el Estado. Hay
que tomar en cuenta, que menos del 40% de la población
nicaragüense consume una cantidad menor a los 150% Kw.
/h.
La Superintendencia de Servicios Públicos, se ha
encargado de interceder entre el Estado
nicaragüense y os pobladores ante dicha transnacional,
permitiéndole únicamente un aumento del 10.6 en la
tarifa a los consumidores mayores del rango
establecido.
La negativa que se le ha presentado a esta
Institución no se debe a si es eficiente o no, sino al de
haber sido establecida sin la autorización del poder
ejecutivo, pues este, siempre mandaba negativas a la
petición de ley, y fue, que tras la necesidad de unificar
estos Institutos, que el Legislativo consideró que era
indispensable la creación de dicha Intendencia.
"Esta Institución es parte del pacto", alegan
muchos, pero, si nos fijamos, todo esta hecho por el pacto, pues
el poder Institucional se encuentra entre estas dos fuerzas
políticas y democráticas, pues son
quienes cuentan con mayor representatividad en la Asamblea y
quienes nos representan en el Parlamento
Centroamericano.
Nuestra Investigación, concluye con este resultado,
reafirmando nuestra hipótesis, que a
pesar de las negativas y desprestigio que esta Institución
ha recibido por parte del Ejecutivo, llevan en si, el objetivo de
interceder por todos y cada uno de los servidores que
dichas Intendencias representan.
Con la despartidización o descentralización de los poderes del
Estado, es que esta Intendencias pueden llevar a sano fin sus
objetivos, sin
presentarse ante ellas ninguna negativa de acreditación a
como la están sufriendo actualmente, pues se cree que el
objetivo de la creación de esta se debe al deseo de la
Asamblea Nacional de restarle poder al Ejecutivo, hecho que ciega
a los pobladores, no dejándole ver el lado positivo que
poseen, a como lo hicimos nosotros, después de quitar los
diversos tabúes que poseíamos debido a nuestras
diferentes y muy particulares Ideologías tanto
críticas como políticas.
Nicaragua. Constitución Política de la
República de Nicaragua.
1ª. ed. Managua. Ed.BITECSA, 2004. 102p.
Diario Oficial de Nicaragua, La Gaceta. Normas
Jurídicas de Nicaragua. Ley de
Superintendencia de los servicios
Públicos. Leyes 511. Gaceta
No. 39. Managua 24 de Febrero de 2005.
Diario La prensa, "Sisep
aumentara tarifa de luz".Loaisiga
López, Ludwin.
Managua 12 de julio del 2005, Pág. 5A.
Diario, El nuevo Diario, "Sisep nos guillotina".
Pérez, González Juan.
Managua 17 de julio 2005, Primera Plana.
Páginas Web
consultadas:
E n c u e s t a.
Análisis de datos obtenidos
en la encuesta sobre
la SISEP
La siguiente encuesta fue realizada a una muestra de 50
personas, entre los que se encuentran estudiantes, docentes y
profesionales. Su objetivo principal es determinar la actitud de la
población ante los últimos sucesos ocurridos por la
aprobación de la ley 511 y la posesión de los
cargos de los intendentes nombrados por la Asamblea
Nacional.
Según la encuesta realizada por M&R los
días 3 y 4 de junio de 2005 la población rechaza a
la SISEP pues la ve como un mecanismo que fortalece el pacto
Alemán-Ortega, 57.1% no apoya su creación pues se
duplican las funciones que tenían los antiguos institutos
cuyos directores eran nombrados por el Presidente de la
Republica.
Ante la crisis
ocasionada por esta ley se decidió hacer una encuesta que
revele la opinión de la población y los
conocimientos sobre la misma, para evaluar la factibilidad de
la SISEP en nuestra sociedad.
Como se vera en el análisis de la información la mayoría de los
encuestados no aprueban la creación de esta
superintendencia pues consideran que en lugar de velar por la
sociedad nicaragüense vela por intereses meramente
políticos, la falta de información y los
enfrentamientos originados por la ley 511 han acrecentado la
inestabilidad política, social y económica que
atraviesa el país, a un año de las próximas
elecciones, crece la incertidumbre, el escepticismo y el
desconcierto de la población hacia las fuerzas
políticas que a través del pacto libero-sandinista
gobiernan nuestro país.
Resultados
obtenidos:
El 66 por ciento de los encuestados tiene edades entre
los 16 y 19 años. El siguiente grafico muestra los rangos
de edad entre las personas que fueron encuestadas.
Edad | |
66% | 16-19 años |
10% | 20-21 años |
8% | 22-25 años |
6% | 26-29 años |
6% | 30-37 años |
4% | 50-52 años |
En la siguiente grafica se puede apreciar
fácilmente que la mayoría de los encuestados son
del género
femenino y esto representa el 56 por ciento, y los hombres el 44
por ciento.
Sexo | |
44% | Masculino |
56% | Femenino |
El 74 por ciento de los encuestados no sabe que es
la SISEP y el 26 por ciento sabe el significado de esta
institución.¿Sabe usted que
significa SISEP?26%
Sí
74%
No
- ¿Sabe usted que significa SISEP?
Telcor, Inaa, Entresa, MTI
Unión FENOSA, ALMA,
INTA, MagforInaa, Ine, Telcor, Servicio
al ClienteAunque el 74 por ciento contesto que no sabe que es
la SISEP solamente el 50 por ciento no conoce cuales son las
instituciones que la conforman, lo que
demuestra que la población aun no tiene los
suficientes conocimientos sobre la SISEP.¿Esta
conformada?20%
Telcor, Inaa, Entresa,
MTI30%
Unión Fenosa, ALMA,
INTA, Magfor50%
Inaa, Ine, Telcor, Servicio
al cliente
- La SISEP esta conformada por:
Es alarmante el bajo porcentaje de personas que
consideran que la SISEP vela por el bienestar de la sociedad
ya que este es uno de los objetivos principales de su
creación.Vela por el bienestar de la
sociedad16%
Sí
32%
No
52%
No sabe
- ¿Cree usted que la Superintendencia
recientemente establecida, el 24 de noviembre del año
2004, vele por el bienestar de la sociedad
nicaragüense?El 82 por ciento de los encuestados considera que
los intendentes nombrados no están capacitados para
desempeñar sus cargos, lo que demuestra la falta de
credibilidad de la población ante estos nombramientos.
Según los datos revelados en la encuesta de M&R el
42.8 por ciento prefiere los directores elegidos por el
Presidente y el 37 por ciento prefiere los intendentes
elegidos por la Asamblea Nacional.Intendentes
capacitados18%
Si
82%
No
- ¿Cree usted que los intendentes nombrados por
la Asamblea Nacional estén realmente capacitados para
desempeñar los cargos para los cuales fueron
nombrados?El 42 por ciento de los encuestados desconoce si la
SISEP es una nueva forma de explotación, este dato
confirma la falta de información brindada a la
sociedad nicaragüense sobre la creación de esta
superintendencia.¿Nueva forma de
explotación?34%
Sí
24%
No
42%
No sabe
- ¿Es la SISEP una nueva forma de
explotación para la población?El 46 por ciento de los encuestados ignora si la
SISEP es regida por intereses políticos pero un
porcentaje muy alto (42%) considera que si responde a los
intereses de las fuerzas políticas del país, si
retomamos el análisis de M&R el cual determina que
la población rechaza a la SISEP por consideran que
fortalece el pacto Alemán-Ortega, es fácil
determinar el origen de la oposición y escepticismo
por su creación.Rige intereses
políticos42%
Sí
12%
No
46%
No sabe
- ¿La SISEP se rige meramente por intereses
políticos?Velar por el bienestar económico de los
nicaragüenses.Estafar a la población y enriquecer a la
clase
política.Regular las tarifas e impuesto
establecidos por las transnacionales.Según los datos reflejados en la encuesta la
mayoría de los encuestados desconoce estas funciones y
consideran que la creación de la SISEP pretende
estafar a la población y enriquecer a los
políticos.Funciones
28%
Velar por el bienestar
económico42%
Estafar a la población y enriquecer a
políticos30%
Regular tarifas e impuestos por las
transnacionales
- Las funciones de la SISEP son:
Aunque la mayoría de los encuestados no
apruebe la creación de la SISEP el 54% considera que
la actitud tomada por el Presidente Enrique Bolaños no
es la adecuada para el país.Actuación del
presidente12%
Sí
54%
No
34%
No sabe
- ¿La actuación del Presidente ante la
aprobación de la ley de la SISEP ha sido la
correcta?Acorde a la Constitución
Han irrespetado al Poder Judicial
El 52 por ciento de los encuestados consideran que
la policía ha irrespetado al Poder
Judicial por su postura ante los acontecimientos
ocasionados por la toma de posesión de los
intendentes.Postura de la
policía48%
Acorde a la
constitución52%
Irrespeto al poder
judicial - ¿Cómo ha sido según usted la
postura de la policía ante la crisis que ocasiono la
toma de posesión de los intendentes en las instituciones
asignadas? - ¿Considera que para aprobar una ley se
requiere únicamente de la opinión de los
diputados?
El 84 por ciento de los encuestados considera que antes
de aprobar una ley se deben considerar diversas opiniones no
solamente la de los diputados pues la mayoría de estas
leyes son aprobadas sin consultarle a la población y en
defensa de los intereses de las fuerzas políticas que
gobiernan al país.
¿Solo los diputados | |
4% | Sí |
84% | No |
12% | No sabe |
ANEXOS
Reformas SISEP bajo fuego
Luis Felipe Palacios
Ejecutivo no adelanta estrategia, pero
advierte que responderá con "actitudes" que
va a tomar
Sandinistas y liberales pretenden repartirse los
cargos en nuevas instituciones de la Sisep
La discusión en el plenario, de las iniciativas
de reformas a la Ley Creadora de la Superintendencia de Servicios
Públicos (Sisep) y la Ley Creadora del Instituto de la
Propiedad
Urbana y Rural, prevista para hoy o mañana,
provocará un nuevo foco de tensión entre el
Ejecutivo y el Legislativo.
El Poder Ejecutivo evitó decir cuál
será la posición que asumirá ante la
inminente aprobación de ambas reformas, sin embargo el
presidente Enrique Bolaños advirtió este fin de
semana que van "a contestar con actitudes que vamos a tomar".
El mandatario indicó que esas "actitudes" son legales, y
aclaró que jamás ha hecho nada fuera de la ley "ni
pienso hacerlo fuera de la ley".
Bolaños ha pedido la anulación de ambas
leyes, basado en la sentencia de la Corte Centroamericana de
Justicia (CCJ) que declaró inaplicables las reformas
constitucionales que restringen facultades al
Ejecutivo.
Empero, las fuerzas mayoritarias en la Asamblea
Nacional, representadas en sandinistas y liberales, desconocen el
fallo de la CCJ, basados en una sentencia de la Corte Suprema de
Justicia de Nicaragua —controlada por ambos
partidos—, que declaró inconstitucional el fallo del
tribunal regional.
TERCIA INSTITUCIONAL
De aprobarse la reforma a la Sisep,
desaparecerían las estatales Empresa de
Telecomunicaciones y Correos (Telcor), el
Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados
(INAA) y el Instituto Nicaragüense de Energía (INE),
que están actualmente bajo el mando del
Ejecutivo.
Junto a la Sisep nacerían cuatro Intendencias: de
Telecomunicaciones y Servicios Postales, que
sería sucesora de Telcor; Energía, que
sustituiría al INE; Agua y
Alcantarillado Sanitario, que reemplazaría al INAA; y la
de Atención a los Usuarios y Consumidores.
El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que
preside el ex presidente y reo Arnoldo Alemán, aspira a
dirigir la Sisep y la Intendencia de Energía, mientras el
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que
dirige el ex mandatario Daniel Ortega, aspira a controlar las
Intendencias de Telecomunicaciones, Agua y Atención a
Usuarios.
El Instituto de la Propiedad sería dirigido por un
sandinista, y un liberal sería ubicado en la
Subdirección, de acuerdo a los mismos legisladores,
quienes no descartan cambios de última hora.
BOLAÑOS EN
ESPERA
Al ser consultado Bolaños, si puede decretar un
estado de emergencia en caso que sandinistas y liberales no
sólo aprueben las reformas, sino que elijan nuevos
funcionarios y usen la fuerza para
sacar a los directores de Telcor, INE e INAA —nombrados por
el Ejecutivo—, dijo escuetamente: "No tengo
comentario".
"No puedo adelantar la respuesta. Vamos a esperar a que las cosas
sucedan", agregó.
Tanto la bancada sandinista como la bancada liberal ratificaron
que van a aprobar ambas reformas, pese a la oposición del
Ejecutivo.
El coordinador de la bancada sandinista, Edwin Castro,
reiteró que si el Ejecutivo no reconoce la legalidad de
la Sisep ni a los nuevos funcionarios a nombrar, se pondrá
al margen de la ley y la Constitución, lo cual "es un
delito".
La comunidad donante
instó recientemente al Ejecutivo y a las fuerzas
mayoritarias a ponerse de acuerdo, incluso condicionó un
desembolso de 120 millones de dólares anuales para
Nicaragua, hasta que el país alcance un acuerdo con el
Fondo Monetario
Internacional (FMI) y exista "un
clima de tranquilidad y buena gobernabilidad" en esta nación.
PLC CONDICIONA DR-CAFTA
En la reunión del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) del Partido Liberal Constitucionalista (PLC),
celebrado en la hacienda El Chile, propiedad del ex presidente y
reo Arnoldo Alemán, los liberales acordaron trabajar un
dictamen a favor del Tratado de Libre
Comercio suscrito entre Estados Unidos y
Centroamérica, al que se sumó República
Dominicana (conocido como DR-Cafta).
Sin embargo el PLC condicionó ese dictamen a
favor del DR-Cafta, a que el Gobierno acceda a respaldar una
serie de leyes que protejan a los pequeños
productores.
"Una Ley para la creación de un banco de fomento
para los pequeños productores, una ley de fomento a la
pequeña empresa y una ley antimonopolio, entre otras
cosas", dijo el diputado Noel Ramírez,
secretario nacional del PLC. (LA PRENSA/ Ludwin
Loáisiga)
¿Y EL CONSENSO?
El diputado Agustín Jarquín, aliado de la
bancada sandinista, admitió que habrá controversia
en el método
para nombrar a las autoridades de la Superintendencia
de
Públicos y las cuatro Intendencias que se van a
crear, porque los mismos requieren el consenso del Ejecutivo y
las dos fuerzas mayoritarias.
Aprobada Ley de
Superintendencia
- Rigurosos requisitos para los nuevos funcionarios,
cinco en total
* Cada intendencia asume patrimonio y
funciones del ente regulador respectivo - * FSLN y arnoldismo arrollan con 69 votos a favor
las posiciones de Arellano y López
Baldizón
EDGARD BARBERENA S.
Con 69 votos a favor, la AN aprobó ayer el
dictamen de la Ley de la Superintendencia de Servicios
Públicos que aglutinará en una sola estructura
gubernamental al INE, INAA y Telcor, mientras establece una
intendencia de protección a los consumidores.
El plenario aprobó los primeros 18 de los 24
artículos del proyecto. En la
primera discusión, diputados del FSLN y del PLC
presentaron una serie de mociones que modificaron una buena
cantidad del articulado, al tiempo que
rechazaron la forma en que el gobierno ha tratado de satanizar la
aprobación de la Superintendencia de los Servicios
Públicos.
Con la aprobación del artículo 1 de la ley
el pleno estableció:
"Créase la Superintendencia de Servicios
Públicos, sucesor sin solución de continuidad del
Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos
(TELCOR), del Instituto Nicaragüense de Acueductos y
Alcantarillados (INAA) y del Instituto Nicaragüense de
Energía (INE), como un órgano autónomo del
Estado, que tiene a su cargo la normación,
regulación, supervisión, aplicación y control
del cumplimiento de las normas que rigen las Telecomunicaciones y
Servicios Postales, los servicios de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario, así como los servicios de
Energía, en su carácter de Ente Regulador de estos
servicios públicos.
"En consecuencia, cuando cualquier Ley, normativa,
disposición u acto diga Telcor, INAA o INE, deberá
entenderse que se refiere a la Superintendencia de los Servicios
Públicos, la cual se denomina por sus siglas (Sisep); goza
de personalidad
Jurídica propia, y su patrimonio estará constituido
por todos los activos de los
Institutos de quien es sucesora sin solución de
continuidad".
Presidente de la República podrá presentar
candidatos
Como artículo 2 se estableció:
"Créase cuatro intendencias, una para Telecomunicaciones,
Energía, Agua potable y Alcantarillado Sanitario; y
atención a los usuarios o consumidores. Tantos
éstos como el Superintendente de Servicios Públicos
serán electos de una lista de candidatos propuestos por el
Presidente de la República o por los diputados miembros de
la Asamblea Nacional, para su nombramiento en la siguiente
Sesión Ordinaria una vez recibidas las
propuestas.
"Serán nombrados con el voto favorable del 60% de
los diputados que integran la AN. El período será
de cinco años a partir de su elección".
A solicitud de Wálmaro Gutiérrez, se
suprimió la prerrogativa de la inmunidad al
Superintendente y los cuatro intendentes.
En el artículo 3 los diputados, al establecer un
Consejo Directivo de la Superintendencia de Servicios
Públicos, introdujeron cambios de consenso que fueron
presentados por el diputado Luis Benavides. Estos cambios fueron
los siguientes: La Superintendencia estará integrada por
un Superintendente y cuatro Intendencias.
La Intendencia de Telecomunicaciones será
sucesora de Telcor; la Intendencia de Energía será
sucesora del INE; y la Intendencia de agua potable y
alcantarillado sanitario será sucesora del INAA. La
intendencia de los consumidores será integrada a las
áreas de atención de los consumidores de Telcor,
INE e INAA. El superintendente tendrá bajo su dirección las áreas administrativas,
financieras, legales y demás áreas de apoyo que al
momento de la entrada en vigencia de la presente ley existan en
Telcor, INE e INAA.
Requisitos para ocupar cargo de
Superintendente
En el artículo relacionado a los requisitos que
debe llenar la persona que vaya
a ocupar el cargo de Superintendente o Intendente, los diputados
hicieron cambios al proyecto a través de una moción
que presentó Edwin Castro.
Esos requisitos -que quedaron consignados en el
artículo 6- son: Ser nicaragüense, y si
hubiere adquirido otra nacionalidad,
haber renunciado a ella al menos cuatro años antes de la
elección; haber residido en Nicaragua al menos cuatro
años antes de la elección; haber cumplido 30
años de edad; de conocida solvencia moral, estar
en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; y
ostentar un título académico universitario
relacionado con la naturaleza del
cargo.
El superintendente de Servicios Públicos
deberá ser ingeniero, administrador de
empresas,
abogado, contador público autorizado o economista con
experiencia de al menos cinco años en administración
pública. El intendente de Energía deberá
ser ingeniero eléctrico o electromecánico con al
menos cinco años de experiencia; el Intendente de
telecomunicaciones deberá ser ingeniero en sistemas o
carreras afines con experiencia de al menos cinco años en
el sector de telecomunicaciones.
El Intendente de agua y alcantarillado deberá ser
ingeniero hidráulico, o ingeniero civil con experiencia de
al menos cinco años en el sector de agua y saneamiento. El
Intendente de protección a los consumidores deberá
ser abogado con al menos cinco años de experiencia. "No
podrán ser nombrados para los cargos de Superintendente o
Intendente personas que hayan sido condenados mediante sentencia
firme por delitos contra
los bienes
públicos, o que tengan parentesco en cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad con el Superintendente u
otros de los intendentes", dice la ley aprobada.
Estos funcionarios sólo podrán ser
removidos con el voto calificado de 60 diputados de la AN si
ocurre cualquiera de las siguientes causales: renuncia al cargo,
muerte,
condena mediante sentencia firme, abandono de sus funciones
durante 30 días sin causa justificada, incumplimiento de
la obligación de declarar sus bienes a la CGR, y haber
sido declarado culpable de malos manejos de fondos de la
Superintendencia.
También le ley inhibe a esos funcionarios a ocupar cargos
en cualquier partido político.
Debates en lo general
Previo a la aprobación del dictamen y los
primeros 18 artículos de la futura legislación,
diputados del FSLN y del PLC coincidieron en respaldarla,
posición que contrastó con las intervenciones de
Miguel López Baldizón, de la gubernamental bancada
Azul y Blanco, y de la diputada Delia Arellano, de Camino
Cristiano Nicaragüense.
Víctor Guerrero dijo que esta ley "tiene el
objetivo de reestructurar el sistema de
regulación de los servicios públicos en congruencia
con lo ordenado en el artículo 105 de la
Constitución, que establece la obligatoriedad del Estado
de promover y facilitar esos servicios públicos,
además de garantizar el control de los mismos.
La diputada Arellano, al rechazar la iniciativa, dijo en
el plenario que le preocupa la formación de la nueva
estructura, porque aunque pueda tener buenos objetivos, "estamos
cambiando las reglas del juego a un
año y medio de que finalice el período de
gobierno".
David Castillo, Noel Pereira Majano y Luis Benavides
respaldaron la aprobación de la iniciativa, mientras que
Bayardo Arce recordó que en la comisión de Producción y Consumo se
introdujo una iniciativa para reformar la Ley de Protección
al Consumidor, ya que estas funciones pasarán a ser
regidas por el Intendente de defensa de los consumidores.
"Ya tenemos la propuesta de que la dirección de defensa
del consumidor deje
de ver los temas de energía, agua y telefonía, porque ahora sí
habrá un organismo fuerte que tutele esos derechos, de tal
manera que el ministerio de Economía, con la ley
de defensa del consumidor, tutelaría los derechos de los
consumidores en áreas mercantiles y otras de servicios",
dijo Arce.
Funcionarios estarían siendo electos en
enero
Al levantarse la sesión, el coordinador de la
bancada rojinegra, Edwin Castro, evitó mencionar los
nombres de quienes serían los candidatos a ocupar esos
cargos, y dijo que se cumplirá la ley con los requisitos
que se establecieron tanto para el Superintendente como para los
cuatro intendentes.
Cuando los periodistas le preguntaron sobre la fecha en
que estarán nombrados esos funcionarios, Castro dijo:
"Esto va a depender del veto que hará el Presidente y el
tiempo que nos tomemos para rechazar ese veto", pero
advirtió que para enero todo estará
consumado
Sisep pondrá aprueba fallos de las
Cortes
Ludwin Loáisiga
López
María José Uriarte y
Arlen Pérez
Liberales y sandinistas informaron que el Gobierno
podría ser excluido al momento de escogerse a los
directores de la Superintendencia de Servicios Públicos
(Sisep) e Instituto de la Propiedad, en caso de que no reconozca
las leyes creadoras de ambas instituciones.
De acuerdo al legislador sandinista René
Núñez, el Ejecutivo aceptó desde el 12 de
enero, mediante el llamado acuerdo por el diálogo
nacional, que firmó el presidente Enrique Bolaños
con Daniel Ortega, la vigencia de las leyes 511 (creadora de la
Sisep) y 512 (del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y
Rural), por lo que no puede ahora desconocerlas.
Mientras, el vocero presidencial Lindolfo Monjarretz
explicó que mediante la resolución definitiva de la
Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) que declaró
"inaplicables" las reformas a la Constitución, el Gobierno
tiene facultad exclusiva para nombrar a los directores de la
Sisep e Instituto de la Propiedad.
"La ley existe —512—, todo el mundo reconoce
que existe, trabajamos en consenso, si una parte dice que
desconoce la ley, de forma ilegal, y rompe la
Constitución, no podes hacer consenso" para escoger a los
directores, aseguró el diputado sandinista René
Núñez, presidente del parlamento.
Por otro lado, en la reunión que ayer sostuvieron
los liberales en la hacienda El Chile, propiedad del ex
presidente y reo Arnoldo Alemán, decidieron dar marcha a
la escogencia de directivos de la Sisep e Intendencia de la
Propiedad.
"Vamos a nombrar a los funcionarios, y si se desobedece
y se desacata la Constitución, pues que se haga uso de los
mecanismos legales para hacer cumplir a los funcionarios del
Gobierno que no quieran cumplir las disposiciones que
están contempladas en la Constitución",
explicó el diputado liberal Wilfredo Navarro.
Mencionó que en la siguiente reunión del
diálogo nacional, prevista para el próximo
miércoles, el Partido Liberal Constitucionalista (PCL)
planteará al Frente Sandinista (FSLN) "la necesidad de la
implementación de las reformas y de la Ley de la Sisep y
de la Intendencia de la Propiedad".
Monjarretz refutó las intenciones de liberales y
sandinistas.
"Al ser las reformas constitucionales
jurídicamente inaplicables, la Asamblea no tiene facultad
para nombrar a nadie en esas instituciones, ya lo ha resuelto la
CCJ en su resolución y ese es un tema acabado, es una
resolución lapidaria, contundente, clara",
señaló por su parte Monjarretz.
A criterio del vocero presidencial, la solución
al conflicto
sería que se deroguen formalmente las Leyes 511 y 512 y
"se construya una nueva ley de la propiedad y del servicio
público, que no rompa el equilibrio
entre los poderes del Estado", con base en el consenso alcanzado
por las tres partes en distintos artículos de ambas
leyes.
El secretario de la Presidencia, Ernesto Leal,
señaló que el Gobierno desconocerá cualquier
elección que realice la Asamblea Nacional para ocupar
cargos en la Sisep y el Instituto de la Propiedad, al existir un
acuerdo de parte de Ortega para "congelar" ese proceso
mientras no se establezca un acuerdo con el Ejecutivo.
"No pueden ellos escoger ningún candidato para la
Sisep ni para el Instituto de la Propiedad, porque, en primer
lugar, las leyes no son válidas y, en segundo lugar, las
reformas constitucionales no son válidas, y aún
cuando la reforma constitucional tuviera validez, hay una
coletilla, un párrafo
al final que dice que tienen que elegirse en consenso, así
que por todos lados no pueden proceder", expresó
Leal.
GENERADORAS EXIGEN ELECCIÓN DE
DIRECTORES
Las empresas generadoras de energía se reunieron
para definir las acciones que
tomarán ante la crisis energética del país,
ocasionada por el alza internacional en el precio del
petróleo.
César Zamora, gerente
general de la Empresa
Energética Corinto, señaló que durante el
encuentro llegaron a dos acuerdos fundamentales.
En el primero, consideraron que es urgente nombrar a las
nuevas autoridades de la Superintendencia de Servicios
Públicos.
"En segundo lugar, es importante que se reconozca y se
respete la ley que manda que si hay incrementos del combustible
del diez por ciento, se haga revisión de la tarifa que
Unión Fenosa le cobra a los usuarios. Ya sucedió
eso y el Instituto Nicaragüense de Energía ha
decidido no hacer caso a la ley", añadió. 
Gobierno y diputados en polémica por Sisep
Moisés
Martínez
Las fricciones continuaron durante el desarrollo de
la segunda ronda de discusiones de la comisión
técnica del diálogo nacional a medida que se avanza
en la discusión de cada artículo de la Ley Creadora
de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep).
Y es que aunque públicamente diputados y representantes
del Gobierno tratan de dar su mejor cara, dando a entender que el
ambiente de
las pláticas es siempre la búsqueda de un consenso
entre todos los participantes, los choques entre ambas partes ha
sido una constante.
El detonante de estas discusiones ha sido principalmente
el tema de la apertura en el mercado de las
telecomunicaciones, el cual en este momento se encuentra en el
limbo debido a las diferencias entre el Gobierno y los
parlamentarios sobre la fecha en que ésta debe
darse.
Una fuente gubernamental que participó en el
encuentro comentó que en esta etapa, las pláticas
se centraron principalmente en la discusión de los
primeros artículos de la Ley Creadora de la Sisep, dado
que esa será la mecánica de las discusiones; un
artículo a la vez.
No obstante, los representantes de Telcor insistieron en
discutir el tema de la apertura del mercado de las
telecomunicaciones, presentando como propuesta de fecha el
próximo 15 de abril.
Los diputados expresaron que este tema se aborde cuando
se llegue al artículo 26 de la Ley Creadora de la Sisep,
el cual establece la apertura del mercado de las
telecomunicaciones hasta que las nuevas autoridades de la
intendencia construyan las normativas con las cuales se van
regular este nuevo escenario en el mundo de las
telecomunicaciones nicaragüenses.
Uno de los primeros consensos fue una
modificación al artículo que establece que el
superintendente conocerá en primera instancia todos los
recursos
administrativos que se presenten en contra de una acción
de alguno de los operadores de servicios aglutinados en la
Sisep.
Con la modificación se establece que será
la Intendencia de Consumidores la que atenderá los
recursos interpuestos por los usuarios; la Intendencia de
Comunicaciones
recibirá a los operadores, mientras que el superintendente
verá la parte administrativa de ambas
instancias.
REPERCUSIONES FINANCIERAS
Informes de Telcor establecen que la apertura del
mercado de las telecomunicaciones significaría reducir en
50 por ciento de las tarifas por llamadas internacionales, lo que
implicaría un ahorro de seis
millones de dólares por año para todos los
usuarios. El tráfico telefónico entre Nicaragua y
EE.UU. fue de 13.7 millones de dólares para el año
2002 y 11.8 millones para 2003.
Las estimaciones de Telcor señalan que las
tarifas por larga distancia internacional pudieran llegar hasta
los 10 centavos de dólar por minuto.
Víctor Guerrero mal visto en
Sisep.
- El 73.77% de ciber lectores considera que no
será capaz de enfrentarse a las transnacionales para
velar por los servicios públicos del
país
Humberto Meza
A juzgar por la opinión generalizada entre los
lectores de EL NUEVO DIARIO, el recién electo
Superintendente de Servicios Públicos, Víctor
Guerrero, es el menos indicado para estar al frente de esa
institución.
Pero no se trata solamente de capacidad. Entre los 3 mil
569 lectores que participaron de la encuesta electrónica de END "on-line", un 73.77% (2
mil 633 personas)
considera que Guerrero es tan corrupto, que no
sería capaz de enfrentarse a las transnacionales para
demandar que mejoren los servicios públicos del
país.
La percepción
tiene muchas justificaciones. Víctor Guerrero, ex diputado
por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), es de no muy
gratos recuerdos en asuntos de irregularidades en todos los
cargos desempeñados en la
administración pública.
La mayor referencia de corrupción
en el desempeño de sus cargos públicos
ocurrió a mediados de los años noventa, cuando bajo
la protección de Arnoldo Alemán en la
Alcaldía de Managua (1990 – 1996) protagonizó
el famoso "Ticomazo", un caso en el cual se le
señaló de extorsionar con más de siete mil
dólares a los dueños del Hotel Ticomo, por la pavimentación de
una calle en las zonas cercanas, aún cuando el proyecto
estaba presupuestado y financiado por la comuna
capitalina.
Sólo un 12% lo acepta
Tiempo después, fue cuestionado por debilidades
encontradas en la construcción de la pista Suburbana, que
estaba bajo su supervisión, especialmente por las
afectaciones que provocó en los barrios cercanos la falta
de construcción de desagües y cunetas.
En 2000, cuando asumió la Corporación
Regional de Empresas de la Construcción (Coerco), al menos
seis empresas constructoras que elaboraron las obras de
reconstrucción "post-Mitch", lo demandaron por no pagar
una deuda de 240 millones de córdobas, aun cuando la
institución atravesaba un momento muy rentable.
Entonces, lo acusaron de desviar parte del dinero, para
financiar la primera fase de la campaña electoral del PLC,
de cara a las elecciones presidenciales de 2001. Hasta ahora,
Guerrero no ha respondido por ninguno de estos
señalamientos.
En compensación a la percepción negativa, 451
ciberlectores de END (12.63%) lo consideran idóneo para el
cargo para el que fue electo, gracias al pacto libero-sandinista
refrendado en el Parlamento, en tanto 485 (15.58%), dijo no
conocerlo.
Sisep nos guillotina
* Plan previsto de
diputados y los intendentes, confiesa Leonel Aguirre
* Justificación es "para intervenir cadena de distribución comercial del Fuel Oil y
reducir todos los costos
posibles"
* Red de
Consumidores aseguró que Sisep perdió legitimidad
con anuncio de alza, pues para ser equitativos, antes
debió solucionar devolución del IVA
Leonel Aguirre Sevilla, ayer dijo que la
Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep),
fijó el cálculo
del incremento en una cifra baja (5.98 por ciento), porque apenas
es una parte de los beneficios que al final recibirá
Unión Fenosa y las empresas generadoras para evitar un
impacto mayor en las tarifas.
Detalló que una vez que la Sisep notifique
oficialmente el alza a los diputados, la Asamblea Nacional
trabajará y emitirá un decreto de "Estado de
Emergencia Energética", para intervenir la cadena de
distribución comercial del Fuel Oil y reducir todos los
costos posibles que afectan este derivado de l petróleo.
Aguirre destacó que en un análisis con
todos los agentes del mercado energético, se
determinó que esos costos son los que están
afectando la tarifa final de los consumidores y por eso pretenden
extirparlos, para reducir el impacto que tienen los mismos al
momento de calcular un ajuste en la tarifa.
Reveló que eso fue logrado en común
acuerdo con los diputados durante la discusión en la Mesa
Multisectorial que abordó el tema de la energía,
pues ahora el precio oficial del barril de Fuel Oil está
fijado en 38 dólares, y esta suma, al momento de su
compra, todavía recibe el impacto de los costos
mencionados y finalmente eso aparece reflejado en la tarifa, lo
que estremece los bolsillos de los usuarios. Podría ser a
fines de julio.
Aunque asegura que "será un hecho", evitó
revelar cuándo será declarada la "Emergencia
Energética", algo que fue confirmado por fuentes del
Parlamento, quienes ayer calcularon que posiblemente entre en
vigencia en la última semana de julio.
Aguirre, no obstante, adelantó que este decreto
incluye "una serie de medidas. Algunas que no son muy técnicas y
otras que son técnicas, en donde va a haber ahorro en la
cadena de costos del suministro de energía".
También incluirá la aprobación del
desembolso de 18 millones de dólares de las utilidades en
reserva de Hidrogesa, para aplicar el subsidio respectivo al 77.4
por ciento de los clientes de
Unión Fenosa.
El funcionario asegura que este porcentaje es real ya
que Fenosa en julio reporta en su sistema un total de 558 mil 400
clientes en todo el territorio nacional, de los cuales 432 mil
202 (77.4 por ciento), registran un consumo mensual igual o menor
a 150 kilowatts-hora, quienes al final serán los
beneficiados con el subsidio.
"El problema es que cualquier incremento en la tarifa de
la energía no solamente afecta a los consumidores en el
servicio que reciben en sus viviendas, sino que también,
como efecto, suben los productos que
se venden en los mercados",
concluyó el Intendente.
Es tan verídico ese razonamiento, que
después de conocerse el alza de 5.98 por ciento en la
electricidad,
hoy amanecieron más caros los combustibles y el gas licuado que
se vende en las gasolineras.
La Intendencia de la Energía (INE), ayer
publicó un comunicado en la edición
de EL NUEVO DIARIO donde se muestra una tabla de los nuevos
precios del
gas licuado que empiezan a regir a las cero horas de hoy y para
toda esta semana en Managua, donde se refleja un alza de 1.3 por
ciento en el precio de los cilindros.
El cilindro de mayor demanda, de 25
libras, la semana pasada estuvo a 129 córdobas con 42
centavos, y en el nuevo pliego de tarifa, ahora amanece a 131
córdobas con 12 centavos. Un alza de un córdoba con
70 centavos.
Gasolina súper se dispara
El tanque de 100 libras registró el mayor
aumento, siete córdobas con 82 centavos, pues pasó
671.21 a 679.03, mientras el cilindro de diez libras apenas
registra un incremento de 68 centavos. En el caso de los
departamentos, este aumento es similar, pero en algunos casos
como San Carlos y Estelí, es un poco mayor.
Por otro lado, el galón de gasolina "regular"
registra hoy un aumento de 1.40 córdobas, pues ahora se
cotiza en las estaciones a 51.42 córdobas, mientras la
"súper" llega a su más alto precio del año:
53.28, un aumento de un córdoba con 70 centavos. Solamente
el diesel mantiene el mismo precio de la semana pasada,
informaron los funcionarios de la Dirección General de
Hidrocarburos
de INE.
Los miembros de la Red Nacional de Defensa de los
Consumidores (RNDC), calificaron de "ilegal" el alza en la
energía y sus respectivos efectos, "ya que Unión
Fenosa se retiró de la mesa de discusión y ahora se
les premia a los funcionarios con este porcentaje".
Al menos eso dijo Ruth Herrera, coordinadora de la Red,
quien recomendó revisar también los costos
operativos que mostró Fenosa, ya que a simple vista se
puede percibir que "están inflados".
Entre los puntos que se deben evaluar a Fenosa
mencionó el cobro de comercialización, alumbrado público,
índice de pérdidas, alquiler de medidor, Impuesto
Municipal y el Impuesto al Valor
Agregado (IVA).
Respecto de este último, especificó que la
Sisep perdió legitimidad con este anuncio ya que, para ser
equitativos, debieron haber anunciado el alza, pero
también solucionar la devolución del IVA que tiene
pendiente y debe completar Fenosa a lo inmediato.
"Bien hubieran dicho que se le autoriza eso, pero antes
Fenosa debe devolver en un sólo desembolso todo el IVA
cobrado ilegalmente durante 24 meses, pero no lo hicieron
así y por eso es ilegal", apuntó.
Prometió que los miembros de la Red a nivel
nacional, sostendrán una reunión en la sede central
el próximo jueves, para determinar las acciones de
protesta que se van a realizar para mostrar el rechazo a esta
alza y sus repercusiones.
Investigación Documental basada en la
situación legislativa y política que se
desarrollaba para la fecha que esta fue realizada, 21 de julio de
2005.
Elaborado por Estudiantes de Derecho de la Universidad
Americana (UAM), De La República de Nicaragua. Con sede en
la capital,
Managua.
Dedicatoria:
Por su carácter informativo, dedicamos este
trabajo al pueblo de Nicaragua, que con mucho sacrificio busca la
manera de sobrellevar la vida sin privilegios que les ha
tocado.
Este informe fue
elaborado pensando en todos y cada uno de los habitantes de esta
bella Tierra de
lagos y Volcanes, para
que a través de nosotros se hagan valer sus derechos. Y
escuchado el clamor de nuestro pueblo, a causa las injusticias
que han pesado en sus hombros, y ha hecho derramar
lágrimas, invisibles, para aquellos que el trabajo
político- estatal les ha cegado.
Wendy A. España
Cuadra.
Agradecimiento.
En primer lugar agradecemos a Dios el habernos prestado
la vida para llevar a cabo esta investigación.
A Nuestros padres, quienes han puesto su mayor esfuerzo
para que nosotros llegásemos hasta donde estamos ahora,
sin pesar alguno, pues saben que el futuro de Nicaragua se
encuentra en nuestras manos.
A la Lic. Eva Córdoba, quien ha sido la
guía y soporte de nuestra investigación,
colmándonos de sus consejos y críticas, las cuales
ayudaron a enriquecer nuestra manera de trabajar y de
conceptualizar la realidad en la que vivimos y crear un futuro de
líderes bien habientes de sabiduría .
A todos Ustedes, Muchas gracias, pues sin su apoyo, su
fe en nosotros y nuestro trabajo, no hubiéramos podido
hacer nada.
Wendy A. España Cuadra.
UNIVERSIDAD AMERICANA
UAM
Ciencias Sociales
Facultad de Ciencias
Jurídicas y Filosóficas
Derecho
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