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La verdad y la reconciliación en el Perú




La Comisión de la Verdad y la Reconciliación fue creada en 1991, durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua, con la tarea de investigar los hechos de violación de derechos humanos ocurridos en el período 1980 – 2000 durante la guerra armada interna en el Perú.

La "guerra interna" en nuestro país, enfrentó a las fuerza armadas y policiales con los grupos subversivos de Sendero Luminoso y el Movimiento Túpac Amaru (MRTA), y desencadenó los años más violentos de la época republicana. Más de 69,000 muertos y/o desaparecidos son el saldo de veinte años de terror.

El informe final de la Comisión de la verdad identifica a los responsables directos e indirectos de los hechos sucedidos en este período, así como las violaciones de los derechos humanos y la responsabilidad de los gobiernos de turno en el conflicto.

Por otro lado, este informe intenta aliviar a los deudos y familias enteras que vivieron en carne propia la devastación que produjo esta guerra armada en nuestro país.

Los protagonistas del conflicto fueron Sendero Luminoso, el MRTA, las Fuerzas Armadas y los departamentos más pobres y alejados del Perú.

Estos departamentos con poco o ningún acceso a la educación, protección y en su mayoría quechua-hablantes sirvieron de base a los grupos subversivos y fueron sometidos mediante amenazas o actos violentos, tales como coches-bomba y los llamados "ajusticiamientos".

La CVR reportó que más del 40% de total de víctimas y desaparecidos se concentró en el departamento de Ayacucho, mientras que el 85% de victimas corresponden en total a los departamentos de Junín, Huanuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín.

Frases como "pagar la cuota de sangre" o "el triunfo de la revolución costará un millón de muertos" eran pilares ideológicos para Sendero Luminoso, grupo militarista terrorista fundado y liderado por Abimael Guzmán, el camarada "Gonzalo".

Esta organización subversiva, reconoce la Comisión de la Verdad, es responsable del 54% de víctimas fatales durante el conflicto.

Lima y otras ciudad del país fueron también atacadas por este grupo terrorista. Asesinatos colectivos, sabotajes, paros armados, entre otros actos delictivos conmocionaron la capital y pusieron en alerta al gobierno que no estaba al tanto de la magnitud de la amenaza.

Por otro lado el MRTA, organización armada al mando de Víctor Polay Campos, fue responsable del 1.5% de las víctimas fatales en la guerra interna.

El modo operacional de este grupo subversivo eran distinto al de Sendero Luminoso, pues utilizaba las tácticas del secuestro y la toma de rehenes.

Esta organización fue responsable directa del asesinato del general Enrique López Albújar y la toma de la casa del embajador japonés en diciembre de 1996.

La discriminación y exclusión social de amplios sectores de la población fueron un factor fundamental para el apogeo de los grupos subversivos en nuestro país.

Los gobiernos del presidente Fernando Belaunde Terry, Alan García Pérez y Alberto Fujimori Fujimori, explica la CVR, no aplicaron estrategias integrales en el campo social, político y militar para frenar de modo eficaz a la subversión armada y al terrorismo.

La Comisión de la Verdad hace hincapié en la falta de apoyo del gobierno a la fuerzas policiales, que no contaban con condiciones logísticas apropiadas, ni el entrenamiento para enfrentar a los grupos subversivos.

La lucha contra la subversión en departamentos como Ayacucho reforzó en miembros de las fuerzas policiales prácticas autoritarias y represivas como torturas y detenciones indebidas que iban en contra de los derechos humanos, por este motivo la Comisión de la Verdad encuentra responsabilidad en agentes de la policía nacional por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas y tratos crueles contra campesinos y supuestos terroristas.

A partir del año 1982, mediante decreto supremo, las Fuerzas Armadas tenían el deber de enfrentar a los grupos subversivos. La estrategia que las Fuerzas Armadas aplicaron en un premier período fue de represión indiscriminada contra campesinos acusados de supuestos terroristas, en un segundo período la estrategia se hizo más selectiva, pero, informa la Comisión de la Verdad, incurrió en casos de violación de los derechos humanos en ambos períodos.

La intervención de las Fuerzas Armadas desestabilizó en cierta forma a los grupos subversivos, pero la respuesta fue una sistemática violación a los derechos humanos. Entre los años 1983 y 1984 se produjeron los actos más violentos del período de conflicto, genocidios, desapariciones masivas y violaciones sexuales.

La reacción de la población, sobre todo en Ayacucho, fue en contra de los grupos subversivos, creándose "comités de autodefensa", los cuales fueron un instrumento esencial de los campesinos para enfrentarse y defenderse de la represión terrorista.

El Estado peruano por su parte, seguía como espectador de los hechos y no se involucraba en la erradicación del terrorismo.

Las fallas fundamentales que encontró la CVR en el Estado fueron, la falta de preparación para enfrentar conflictos de esta naturaleza, la incapacidad de someterse a marcos constitucionales y legales y sobre todo la desconfianza que le provocaban sectores de sus propios ciudadanos, por este motivo, la CVR encuentra al Estado responsable indirecto del conflicto, al no involucrarse y defender a la población.

El período de conflicto armado fluctuó entre 1980 y el año 2000, en ese lapso tres partidos políticos tomaron el poder del país y se enfrentaron ante este problema social y político.

El presidente Fernando Belaunde Terry, presidente del Perú por el partido acción popular, tomó el mando del país luego de la dictadura militar y restableció la política democrática en nuestro país.

El problema de la subversión fue enfocado como un problema marginal y se le encargó a las Fuerzas Policiales erradicarlo, no tomando las precauciones necesarias y haciendo diagnósticos errados que costaron la vida de miles de pobladores.

La CVR afirmó también que el gobierno de Acción Popular toleró violaciones a los derechos humanos y no nombró comisiones investigadoras en los casos denunciados de las matanzas de Putis, Pucayacu y Cabitos. Por este motivo la CVR encontró responsabilidad política del gobierno de Acción Popular por su tolerancia a las violaciones de los derechos humanos y por la intención de acabar con la subversión en corto plazo , sin considerar su costo en vidas humanas.

El partido Aprista Peruano (APRA) vivió también la amenaza terrorista, durante el gobierno de Alan García Pérez, a partir de julio de 1985.

Este gobierno intentó, explica la CVR, derrotar a la subversión mediante políticas de desarrollo dirigidas a los campesinos y a las regiones más pobres.

Se aplicaron sanciones a los jefes militares responsables de violaciones a los derechos humanos. Se creó una comisión de Paz y el Ministerio de Defensa como medidas para contrarrestar el terrorismo.

Sin embargo, la "matanza en los penales", producida durante el gobierno aprista en los penales de Lurigancho, El Frontón fueron el inicio de la actuación más autónoma de la Fuerzas Armadas contra el terrorismo y de una guerra sin ley. La CVR encontró responsabilidad en el gobierno del PAP en estos crímenes y despreció la colaboración del gobierno en el encubrimiento de la matanza de Cayara, acto realizado por las Fuerzas Armadas.

La crisis económica que vivó el País y la hiperinflación durante el gobierno aprista, favoreció el desarrollo de las agrupaciones terroristas y creó una inestabilidad política, que dio pié al avance de la subversión en la capital.

Alberto Fujimori Fujimori, candidato independiente por el partido Cambio 90, tomó el mandó del país en 1990 bajo elecciones democráticas.

La estrategia antiterrorista del nuevo presidente fue dar carta libre a las Fuerzas Armadas para combatir la subversión. Convocó a Vladimiro Montesinos, operador de inteligencia militar para crear estrategias que derrumbaran las organizaciones subversivas.

El golpe de Estado que dio Alberto Fujimori en el año 1992 fue el inicio a una nueva estrategia contra la subversión, la eliminación masiva de los grupos terroristas. La conformación del escuadrón de la muerte , denominado "Colina",inició asesinatos, desapariciones forzadas y masacres.

Por estas razones la CVR encuentra responsabilidad directa del gobierno la violación de derechos humanos, así como en crímenes de lesa humanidad.

Los casos de violación de derechos humanos en estos veinte años de terror en nuestro país son innumerables.

La matanza de más de cien estudiantes y un profesor en la universidad La Cantuta, el asesinato de ocho periodistas en Ucchuracay, los coches-bomba en todo el pías, entre otros episodios sangrientos de la historia de nuestro país.

El Dr. Salomón Lerner, quien presidió la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, manifestó que "la historia del Perú registra más de un trance difícil", "Las dos décadas finales del siglo XX son un marco de horror y de deshonra para el estado y la sociedad peruana"

El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (IFCVR) plantea que en el Perú sólo será posible alcanzar la reconciliación y la paz mediante el ejercicio de una justicia que juzgue y sancione a los responsables de los hechos de violencia, si se atiende y repara a las víctimas por los enormes daños ocasionados, y si se emprenden reformas del Estado destinadas a garantizar que tales sucesos no vuelvan a ocurrir.

 

Esta revolución subversiva nació dentro de un marco político democrático

 

SOTO QUEIROLO, Giovanna

 


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