La Comisión de la Verdad y la
Reconciliación fue creada en 1991, durante el gobierno de
transición de Valentín Paniagua, con la tarea de
investigar los hechos de violación de derechos humanos
ocurridos en el período 1980 – 2000 durante la
guerra armada
interna en el Perú.
La "guerra interna" en nuestro país,
enfrentó a las fuerza armadas
y policiales con los grupos
subversivos de Sendero Luminoso y el Movimiento
Túpac Amaru (MRTA), y desencadenó los años
más violentos de la época republicana. Más
de 69,000 muertos y/o desaparecidos son el saldo de veinte
años de terror.
El informe final de
la Comisión de la verdad identifica a los responsables
directos e indirectos de los hechos sucedidos en este
período, así como las violaciones de los derechos humanos y la
responsabilidad de los gobiernos de turno en el
conflicto.
Por otro lado, este informe intenta aliviar a los deudos
y familias enteras que vivieron en carne propia la
devastación que produjo esta guerra armada en nuestro
país.
Los protagonistas del conflicto fueron Sendero Luminoso,
el MRTA, las Fuerzas Armadas y los departamentos más
pobres y alejados del Perú.
Estos departamentos con poco o ningún acceso a
la
educación, protección y en su mayoría
quechua-hablantes sirvieron de base a los grupos subversivos y
fueron sometidos mediante amenazas o actos violentos, tales como
coches-bomba y los llamados "ajusticiamientos".
La CVR reportó que más del 40% de total de
víctimas y desaparecidos se concentró en el
departamento de Ayacucho, mientras que el 85% de victimas
corresponden en total a los departamentos de Junín,
Huanuco, Huancavelica, Apurímac y San
Martín.
Frases como "pagar la cuota de sangre" o "el
triunfo de la revolución
costará un millón de muertos" eran pilares
ideológicos para Sendero Luminoso, grupo
militarista terrorista fundado y liderado por Abimael
Guzmán, el camarada "Gonzalo".
Esta organización subversiva, reconoce la
Comisión de la Verdad, es responsable del 54% de
víctimas fatales durante el conflicto.
Lima y otras ciudad del país fueron
también atacadas por este grupo terrorista. Asesinatos
colectivos, sabotajes, paros armados, entre otros actos
delictivos conmocionaron la capital y
pusieron en alerta al gobierno que no estaba al tanto de la
magnitud de la amenaza.
Por otro lado el MRTA, organización armada al
mando de Víctor Polay Campos, fue responsable del 1.5% de
las víctimas fatales en la guerra interna.
El modo operacional de este grupo subversivo eran
distinto al de Sendero Luminoso, pues utilizaba las
tácticas del secuestro y la
toma de rehenes.
Esta organización fue responsable directa del
asesinato del general Enrique López Albújar y la
toma de la casa del embajador japonés en diciembre de
1996.
La discriminación y exclusión
social de amplios sectores de la población fueron un factor fundamental para
el apogeo de los grupos subversivos en nuestro
país.
Los gobiernos del presidente Fernando Belaunde Terry,
Alan García Pérez y Alberto Fujimori Fujimori,
explica la CVR, no aplicaron estrategias
integrales en
el campo social, político y militar para frenar de modo
eficaz a la subversión armada y al terrorismo.
La Comisión de la Verdad hace hincapié en
la falta de apoyo del gobierno a la fuerzas policiales, que no
contaban con condiciones logísticas apropiadas, ni el
entrenamiento
para enfrentar a los grupos subversivos.
La lucha contra la subversión en departamentos
como Ayacucho reforzó en miembros de las fuerzas
policiales prácticas autoritarias y represivas como
torturas y detenciones indebidas que iban en contra de los
derechos humanos, por este motivo la Comisión de la Verdad
encuentra responsabilidad en agentes de la policía
nacional por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas
y tratos crueles contra campesinos y supuestos
terroristas.
A partir del año 1982, mediante decreto supremo,
las Fuerzas Armadas tenían el deber de enfrentar a los
grupos subversivos. La estrategia que
las Fuerzas Armadas aplicaron en un premier período fue de
represión indiscriminada contra campesinos acusados de
supuestos terroristas, en un segundo período la estrategia
se hizo más selectiva, pero, informa la Comisión de
la Verdad, incurrió en casos de violación de los
derechos humanos en ambos períodos.
La intervención de las Fuerzas Armadas
desestabilizó en cierta forma a los grupos subversivos,
pero la respuesta fue una sistemática violación a
los derechos humanos. Entre los años 1983 y 1984 se
produjeron los actos más violentos del período de
conflicto, genocidios, desapariciones masivas y violaciones
sexuales.
La reacción de la población, sobre todo en
Ayacucho, fue en contra de los grupos subversivos,
creándose "comités de autodefensa", los cuales
fueron un instrumento esencial de los campesinos para enfrentarse
y defenderse de la represión terrorista.
El Estado peruano
por su parte, seguía como espectador de los hechos y no se
involucraba en la erradicación del terrorismo.
Las fallas fundamentales que encontró la CVR en
el Estado fueron, la falta de preparación para enfrentar
conflictos de
esta naturaleza, la
incapacidad de someterse a marcos constitucionales y legales y
sobre todo la desconfianza que le provocaban sectores de sus
propios ciudadanos, por este motivo, la CVR encuentra al Estado
responsable indirecto del conflicto, al no involucrarse y
defender a la población.
El período de conflicto armado fluctuó
entre 1980 y el año 2000, en ese lapso tres partidos
políticos tomaron el poder del
país y se enfrentaron ante este problema social y
político.
El presidente Fernando Belaunde Terry, presidente del
Perú por el partido acción
popular, tomó el mando del país luego de la
dictadura
militar y restableció la política
democrática en nuestro país.
El problema de la subversión fue enfocado como un
problema marginal y se le encargó a las Fuerzas Policiales
erradicarlo, no tomando las precauciones necesarias y haciendo
diagnósticos errados que costaron la vida de miles de
pobladores.
La CVR afirmó también que el gobierno de
Acción Popular toleró violaciones a los derechos
humanos y no nombró comisiones investigadoras en los casos
denunciados de las matanzas de Putis, Pucayacu y Cabitos. Por
este motivo la CVR encontró responsabilidad
política del gobierno de Acción Popular por su
tolerancia a
las violaciones de los derechos humanos y por la intención
de acabar con la subversión en corto plazo , sin
considerar su costo en vidas
humanas.
El partido Aprista Peruano (APRA) vivió
también la amenaza terrorista, durante el gobierno de Alan
García Pérez, a partir de julio de 1985.
Este gobierno intentó, explica la CVR, derrotar a
la subversión mediante políticas
de desarrollo
dirigidas a los campesinos y a las regiones más
pobres.
Se aplicaron sanciones a los jefes militares
responsables de violaciones a los derechos humanos. Se
creó una comisión de Paz y el Ministerio de Defensa
como medidas para contrarrestar el terrorismo.
Sin embargo, la "matanza en los penales", producida
durante el gobierno aprista en los penales de Lurigancho, El
Frontón fueron el inicio de la actuación más
autónoma de la Fuerzas Armadas contra el terrorismo y de
una guerra sin ley. La CVR
encontró responsabilidad en el gobierno del PAP en estos
crímenes y despreció la colaboración del
gobierno en el encubrimiento de la matanza de Cayara, acto
realizado por las Fuerzas Armadas.
La crisis
económica que vivó el País y la hiperinflación durante el gobierno aprista,
favoreció el desarrollo de las agrupaciones terroristas y
creó una inestabilidad política, que dio pié
al avance de la subversión en la capital.
Alberto Fujimori Fujimori, candidato independiente por
el partido Cambio 90,
tomó el mandó del país en 1990 bajo
elecciones democráticas.
La estrategia antiterrorista del nuevo presidente fue
dar carta libre a las
Fuerzas Armadas para combatir la subversión.
Convocó a Vladimiro Montesinos, operador de inteligencia
militar para crear estrategias que derrumbaran las organizaciones
subversivas.
El golpe de Estado
que dio Alberto Fujimori en el año 1992 fue el inicio a
una nueva estrategia contra la subversión, la
eliminación masiva de los grupos terroristas. La
conformación del escuadrón de la muerte ,
denominado "Colina",inició asesinatos, desapariciones
forzadas y masacres.
Por estas razones la CVR encuentra responsabilidad
directa del gobierno la violación de derechos humanos,
así como en crímenes de lesa humanidad.
Los casos de violación de derechos humanos en
estos veinte años de terror en nuestro país son
innumerables.
La matanza de más de cien estudiantes y un
profesor en la
universidad La
Cantuta, el asesinato de ocho periodistas en Ucchuracay, los
coches-bomba en todo el pías, entre otros episodios
sangrientos de la historia de nuestro
país.
El Dr. Salomón Lerner, quien presidió la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación,
manifestó que "la historia del Perú registra
más de un trance difícil", "Las dos décadas
finales del siglo XX son un marco de horror y de deshonra para
el estado y la
sociedad
peruana"
El Informe Final de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación (IFCVR) plantea que en el Perú
sólo será posible alcanzar la reconciliación
y la paz mediante el ejercicio de una justicia que
juzgue y sancione a los responsables de los hechos de violencia, si
se atiende y repara a las víctimas por los enormes
daños ocasionados, y si se emprenden reformas del Estado
destinadas a garantizar que tales sucesos no vuelvan a
ocurrir.
Esta revolución subversiva nació dentro de
un marco político democrático
SOTO QUEIROLO, Giovanna