En 1999 se ha impulsado el proceso de concesiones, otra modalidad para la inversión privada. En una primera etapa, las concesiones implicarán flujos de inversión para la puesta a punto de la infraestructura (vial, aeroportuaria, de telecomunicaciones, etc.); más adelante, el establecimiento de tarifas por parte de los concesionarios y, en contados casos, un pago inicial por la adjudicación del negocio. La gran ventaja de este sistema es evitar que el Estado costee las inversiones, gastos de mantenimiento, ampliaciones, etc. En la lista inicial de concesiones están incluidos diversos sectores: puertos, aeropuertos, carreteras, proyectos agrarios y energéticos, bosques, líneas de transmisión, telecomunicaciones...

En este sentido, el cumplimiento de las metas del proceso de privatización iniciado en 1992 viene intensificándose con el trabajo de la Comisión de Promoción de la Inversión Privada. Veamos algunas subastas recientes que forman parte de la primera etapa de este proceso.

Durante el presente año destaca la decisión de los inversores canadienses Rio Algom, Noranda Inc. y Teck Corporation de continuar con el proyecto de explotación del yacimiento polimetálico de Antamina (provincia de Huari, departamento de Ancash). La habilitación del contrato demandará una inversión de 2.520 millones de dólares.

Destaca también la venta de cuatro empresas eléctricas que representan casi la quinta parte del mercado nacional de distribución eléctrica: Electro Norte, Electro Noroeste, Electro Centro y Electro Norte Medio. La adjudicación del 30% de las acciones de cada una de ellas recayó en el grupo empresarial peruano Rodríguez Banda, gracias a su oferta, superior en un 70% al precio base.

En el sector agrario, con el nuevo gobierno aprista cabe destacar el interés que han despertado entre los inversores las empresas azucareras de la costa. Se ha concretado el traspaso de la cooperativa Laredo al grupo colombiano Manuelita. Del mismo modo, Industrial Cartavio pasó a manos de la empresa nacional Azucagro, que adquirió el 59% de las acciones.

Se ha efectuado la primera subasta de terrenos eriazos y los resultados han sido un éxito tanto por la venta del número de lotes como por la importancia de la incorporación de más tierras con agua subterránea a la actividad agrícola. Igual propósito se está cumpliendo con la transferencia al sector privado de las tierras de la irrigación Chavimochic, en el departamento de Libertad. Ya se ha transferido la mitad de las tierras del proyecto; este mismo año se espera poner en venta unas 20.000 hectáreas.

El Estado ha invertido más de 6.000 millones de dólares en grandes proyectos de irrigación en la zona de la costa, cuyo clima y disponibilidad de agua permite el cultivo a lo largo de todo el año. El objetivo es conseguir una agroindustria moderna y competitiva, basada en el cultivo del espárrago, el mango, el palto, así como cítricos y todo tipo de hortalizas. Unas 66.000 hectáreas se podrían transferir en los próximos doce meses en los siete proyectos especiales de la costa: Chira-Piura, Olmos, Jequetepeque-Zaña, Chavimochic, Chinecas, Majes y Pasto Grande. En agosto de 1997 se iniciaron las subastas para el Proyecto Especial Chavimochic, en las que se alcanzó un promedio de 3.500 dólares por hectárea

El uso de financiamiento privado para la infraestructura pública o el otorgamiento de concesiones a operadores del sector privado para suministrar servicios públicos, pueden ser vistos bajo la misma lupa que las privatizaciones. Tanto las privatizaciones como el enfoque de financiamiento privado o concesiones implican que el Estado cesa de desarrollar actividades que, tradicionalmente, pueden haber sido vistas como la responsabilidad exclusiva del Estado.

En el caso de las privatizaciones, el Estado puede, en ocasiones, renunciar a cualquier rol en particular en relación con la entidad privatizada, pero al seguir el enfoque de financiamiento privado o de concesiones, el Estado continuará teniendo interés en las actividades en cuestión. De la misma manera, el Estado estará implicado tanto en el establecimiento de dichos acuerdos sobre una base que probablemente proporcione una relación valor - precio aceptable y en la aseguración de que se continúe haciendo esto.

Los lineamientos sobre auditoria del financiamiento público/privado y de concesiones presentados en este documento tratan, así, sobre estos dos aspectos. Los lineamientos representan la experiencia de las muchas EFS que son miembros del Grupo de Trabajo sobre Auditoria de las Privatizaciones y de aquellas que han hecho comentarios acerca de los borradores de los lineamientos. El resultado es, por ello, una declaración de autoridad de un enfoque para la auditoria de dichos acuerdos que puede ser utilizado por las EFS de todo el mundo.