El sistema
político y el régimen
político
En un sentido bastante amplio, un sistema
político es el conjunto de instituciones
públicas, organizaciones de
la sociedad,
comportamientos, creencias, normas, actitudes y
valores que
mantienen o subvierten el orden del que resulta una determinada
y, por lo general, desigual y conflictiva distribución de utilidades. Y sus elementos
básicos son:
- Las personas o los grupos que son
activos y
pueden llegar a incidir en el sistema - Las doctrinas, incluídas las de origen
religioso - Las ideologías y las creencias dominantes en
la comunidad - Las estructuras
de canalización de demandas o estructuras intermedias:
partido, sindicatos,
corporaciones, gremios.
- El régimen político ó
"ámbito espacio-temporal de carácter político que, en
función de los condicionamientos que
sufre por su inserción en un sistema global (que integra
los sistemas
económicos y sociales mediatos ?nacionales? e inmediatos
?internacionales?), determina distintas formas estatales,
dotadas de elementos y factores propios que, a su vez, expresan
formas generales de organización de la vida política,
configurando una concepción específica de la
existencia humana y ciertos modos de ejercicio de la
dominación política. Consiste
en:
- Las ideologías, los valores,
los principios o
las creencias que influyen en las normas, las reglas o de
juego o las
estructuras de autoridad
que pueden iguales o diferentes a las de la comunidad
política. - Las normas y reglas de juego
- Las estructuras de autoridad:
- Las estructuras de decisión.
- Las estructuras de refuerzo.
- Las autoridades que ocupan y dan vida a las
estructuras de autoridad.
Los partidos políticos
En el marco de un régimen político de
poliarquía, es decir, en el que predomine la libre e
igualitaria competencia por
el poder mediante
reglas conocidas y asumidas por la mayoría a través
de procesos
electorales periódicos, la institucionalización, la
intermediación y la profesionalización resultan elementos
indispensables que son desempeñados por los partidos
políticos, como claros ejes que entrelazan de una
manera estable y previsible a la sociedad con dicho
régimen político. De una revisión profunda
de la literatura
aparece que existe una suerte de consenso acerca de las funciones
básicas que cumplen los partidos políticos, entre
las que cabe destacar:
- La de proporcionar a poder a los
dirigentes; - La de competencia electoral;
- La de reclutamiento de elites para hacer operativo el
sistema político; - La de socialización política en tanto
brindan y explicaciones a los ciudadanos acerca de cómo
comprender la realidad; y - La de representación y articulación de
intereses de grupos
sociales.
Independientemente del modelo o
concepción de partido del que se parta o se sostenga, las
funciones de articulación y de agregación de
intereses, de legitimación, de socialización, de
representación y participación, y de
formación de una elite dirigente, con mayor o menor
intensidad, son vitales para el sistema
político.
El sistema de partidos
Un partido político es un grupo de
individuos que, compartiendo ciertos principios
programáticos y asumiendo una estructura
organizativa mínima, vincula a la sociedad y al
régimen político de acuerdo con las reglas
establecidas para obtener posiciones de poder o influencia
mediante elecciones.
Se entiende por sistema de partidos el conjunto de
partidos en un determinado Estado; y los
elementos que caracterizan su estructura (cantidad de partidos,
las relaciones entre sí, tanto respecto a la magnitud de
ellos como a sus fuerzas relacionales; y sus respectivas
ubicaciones ideológicas y estratégicas, como
elementos para determinar las formas de interacción; las relaciones con el medio
circundante, con la base social y el sistema
político.
Conforme a esta definición, el análisis del sistema de partidos se
concentra principalmente en tres ámbitos: su
génesis, su estructura y su función o capacidad
funcional. Se trata de explicar la configuración de los
diferentes sistemas de partidos desde una óptica
genética,
desde factores institucionales y de otra índole que
influyen en ella, y desde criterios de conformidad de los
sistemas de partidos con objetivos
principales, como por ej. resolver problemas de
gobernabilidad, de consolidación de la democracia o
problemas de políticas
públicas, por ejemplo, problemas
sociales.
En lo que a América
Latina se refiere, el estudio de los partidos
políticos ha estado concentrado más en asuntos
vinculados con el ambiente en el
que han participado los partidos más que en los procesos y
actividades de carácter interno.
Dado que los partidos no se comportan en un
vacío, sino que se encuentran inmersos en medio de otros
actores y en vinculación con las instituciones que les
rodean, se ha preferido centrar la mirada en la relación
de los partidos con su entorno, tanto en su papel en los procesos
de cambio
político experimentados por los países de la
región ?donde en muchos casos las estructuras
partidistas han ejercido como frente de avanzada de la
democratización o como factor de consolidación de
los emergentes regímenes políticos-, así
como también en su interacción en el marco del
sistema de partidos y su anclaje en la sociedad civil o
en su vinculación con las instituciones del sistema
político.
Quizá el cristal más común para
observar a los partidos es el estudio de éstos como
sistemas de partidos; es decir, la idea de que los partidos
juegan entre sí, interactúan y compiten, con sus
particularidades y diferencias, con la intención de llegar
y permanecer en el poder. Esta idea nos lleva a hablar del
bipartidismo, multipartidismo, polarización
ideológica, "familias de partidos" y su relación
con sistemas electorales.
Con la reiterada realización de procesos
electorales, los autores concentraron aún más su
análisis en el rendimiento electoral de los partidos y en
aquellos aspectos vinculados a su participación en los
comicios, por ejemplo, la realización de campañas
electorales y sondeos de opinión. Pero las dificultades
que las organizaciones partidistas encontraban para satisfacer
las demandas ciudadanas en escenarios de crisis
económica, de apatía y desencanto con la actividad
política, condujo a la emergencia de "outsiders"
políticos, personalidades que si bien alcanzaban el poder
de mano de los partidos, actuaban al margen de ellos. Esto
llevó a algunos estudiosos a referirse a la crisis
de representación de los partidos y condujo la
investigación hacia el surgimiento de
nuevos mecanismos de representación que buscaban suplantar
a los partidos como estructuras de intermediación
política entre los ciudadanos y el Estado o a
apelaciones simbólicas tradicionales por parte de nuevos
líderes, llamados neopopulistas.
Es claro que los partidos políticos y los
procesos electorales están vinculados. No es posible
concebir la idea de partidos políticos sin la idea de
elecciones o viceversa. Además, el desarrollo y
estudio de los partidos políticos se liga al de la
democracia representativa.
Los partidos se sitúan por excelencia en las
interconexiones de las instituciones y de los agentes societales,
y son instituciones, reglas e individuos, que están en una
parte muy sensible del sistema político.
En cuanto a América
Latina, la vinculación de los partidos políticos ha
sido muy estrecha con el desarrollo de la política y, por
ende, con sus sistemas políticos, desde sus inicios; es
decir, desde el siglo XIX. A su vez, la política
latinoamericana ha pasado por distintas etapas y ha tenido
partidos políticos ad hoc, que han estado implicados en
estas etapas (caudillistas, revolucionarios, militares, notables,
populistas, pluralista).
Los partidos políticos y la
democracia
La concepción del Estado democrático,
tanto en su versión de democracia representativa, como de
la directa, se asienta sobre una relación bilateral entre
ciudadanos y Estado. La naturaleza de
la democracia, tal y como la conocemos hoy, estriba en la
apropiación por parte del pueblo del poder político
y de allí surge la necesidad de nombrar representantes
para que, proviniendo de y a nombre del pueblo le administren su
original poder. Sin embargo, en la práctica
histórica, esta relación bilateral pasa a adquirir
crecientemente un carácter trilateral:
ciudadano-partido político-Estado, de tal
manera que el ejercicio de la soberanía popular ya solo es posible
mediante la mediación de los partidos.
En el diseño
de la democracia representativa, los partidos políticos
ocupan un lugar secundario e instrumental, siendo su
función primordial la de constituirse como uno de los
vehículos que facilitan al ciudadano-elector escoger a sus
representantes.
Sin embargo, con el desarrollo de la ??democracia y la
creciente complejidad de las sociedades
contemporáneas, este rol tiende a modificarse
sustancialmente.
En primer lugar porque los partidos ya sea de hecho o
con sanción legal van adquiriendo el monopolio de
esa instrumentalidad y en la práctica se convierten en el
vehículo exclusivo para acceder a la representación
del pueblo en los órganos del Estado.
En segundo lugar, porque los partidos prolongan en el
tiempo su
papel de instrumentos del mecanismo electoral y pasan a asumir un
creciente control sobre el
ejercicio de la representación popular, sometiendo a los
representantes del pueblo a la disciplina
partidaria.
Y, en tercer lugar, los temas sustantivos del quehacer
político pasan a ser definidos, asumidos y resueltos por
los partidos políticos.
En consecuencia, los órganos del Estado como
lugares del ejercicio de la representación, tienden a
vaciarse de contenido y el Parlamento sólo se deja
constancia de decisiones ya adoptadas en otros ámbitos,
resultando entonces a un Estado de partidos o a una
partidocracia, en lugar de un Estado democrático. La
partidocracia es así una desviación del papel que
corresponde a los partidos políticos en la democracia
representativa; se ubica así en el contexto de la
discusión de las relaciones entre sociedad civil y
sociedad política; alude a una abusiva apropiación
de espacios políticos por parte de los partidos
políticos en una determinada sociedad y se identifica
cuatro características principales como los rasgos
definitivos del fenómeno:
- Monopolio de nominaciones: Si los partidos tienen la
exclusividad ?de hecho o legalizada? de las nominaciones para
cargos de elección popular, esto les permite garantizar
sus intereses postulando a los cargos públicos a
personas que no se convertirán en una amenaza a los
mismos una vez adquieran el poder a través del voto
popular. - Control sobre representantes electos: El nivel de
disciplina partidaria al que son sometidos los representantes
electos se convierte en otro indicador del nivel de
partidocracia en un régimen político. - Patrimonialismo partidarista: Una de las
características más salientes y criticadas de los
partidos políticos son sus prácticas
patrimonialistas, entendidas estas como los diversos mecanismos
mediante los cuales los partidos políticos hacen uso de
su posición institucional para apropiarse y/o repartirse
recursos o
partes del gobierno. - Partidización de la sociedad civil: En la
partidocracia el horizonte de la participación política esta
circunscrito a los partidos políticos; esto quiere decir
que la relación entre partidos y organizaciones de la
sociedad civil se desarrolla como una relación
asimétrica en que el partido es el polo dominante y
tiende a partidizar las organizaciones sociales, de tal manera
que éstas o quedan "alineadas" a un partido
político o son el campo de batalla en el que los
partidos luchan por controlarlas, produciendo graves divisiones
en su interior.
- ORÍGENES DE LA CRISIS DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS EN AMÉRICA LATINA.
El sistema político se mantiene sobre la base de
dos ejes de actuación:
- Legitimidad, en la cual se basan los títulos
del poder; y - Eficacia, en tanto el sistema político tiende,
a través de productos
del propio sistema político denominado políticas
públicas, a intentar resolver los problemas de los
individuos que se encuentran en ese sistema.
Desde el fin de la guerra
fría, las sociedades occidentales han venido
experimentando un proceso
creciente de desencanto respecto a las instituciones
públicas y a todo lo relacionado con el manejo del Estado
que se ha manifestado por una crisis de representatividad y de
eficacia del
Estado.
Existen dos explicaciones complementarias acerca de la
crisis del sistema de partidos en América Latina que, por
razones metodológicas, expondré por
separado.
Una enfatiza la débil institucionalidad del
sistema político latinoamericano, se centra en las causas
de la crisis en las características de éste
así como en la desigual y asimétrica integración de las economías
latinoamericanas en el sistema económico mundial y resalta
la crisis de representatividad del sistema.
La otra combina la descripción del fenómeno de
fragilidad del sistema con una visión negativa de sus
resultados en términos de eficacia económica,
aunque en función con sus propias características
políticas y, por lo tanto, pone énfasis en una
causa económica estrucutural y resalta la crisis de
eficacia del Estado.
Características del sistema político
latinoamericano: Débil institucionalidad del sistema
político
Esta explicación señala que, en primer
lugar, no se puede hablar de un sistema político
latinoamericano, al menos no de un sistema único y
homogéneo, dada la diversidad de subsistemas
políticos poco congruentes unos con los otros y poco
relacionados entre sí, así como la heterogeneidad e
incoherencia e incoherencia interna de los mismos. Como
consecuencia de esto, se observa una inestabilidad, dada
principalmente por las sucesivas crisis internas. Las pautas de
comportamiento
político no son constantes en ellos y, por ende, tampoco
lo son en el sistema político.
Dentro del proceso político latinoamericano, la
mayoría de los sistemas no responde a las reglas
preestablecidas de juego, instituídas principalmente en
sus constituciones. Existe una desvinculación entre lo
propuesto jurídicamente en sus normas fundamentales y lo
que se contempla en sus realidades. Existe una tensión
constante entre el formalismo e informalismo de la
política.
Existen en los sistemas nacionales latinoamericanos
juegos de
poder en los que actúan no sólo actores internos
sino también actores que, en muchos casos, son
contendientes por el poder con mayor influencia que los internos.
El juego de poder en la política latinoamericana hace que
el sistema sea bastante inestable y, por lo tanto, impredecible.
Lo único predecible resulta la inestabilidad y el hecho de
que esta inestabilidad es cíclica, es decir, que en
algunos momentos se observa una tendencia hacia el mantenimiento
del status y en otros hacia el reformismo.
Los partidos políticos latinoamericanos son en su
mayoría caudillistas. Son partidos muy vertebrados en
torno de su
personalidad.
Brilla por su ausencia una tradición o una
cultura
política de legitimidad del Estado por las reglas de
procedimiento
que se siguen en la selección
de gobernantes y en la toma de
decisiones; esto es, la ausencia de una tradición de
legitimidad legal-racional del Estado democrático, lo cual
conduce a un doble vínculo de dependencia: el Estado
depende en su legitimidad de su capacidad para ofrecer mejoras
económicas a un conjunto de actores sociales que, a su
vez, dependen del Estado sustancialmente para mantener su
posición económica y social. Tal como lo explica
Marcelo Cavarozzi, la legitimidad del Estado en estas sociedades
depende de un mito
fundacional o de su capacidad para ofrecer resultados
(redistribuir ingresos), o de
una combinación de ambas posibilidades, por lo que toda
legitimidad se erosiona rápidamente en períodos de
ineficacia estatal.
El proceso de los derechos políticos en
América Latina ha sido muy lento, incluyendo la capacidad
para crear verdaderos partidos políticos; esto es, ser
agentes para ser objetos de derechos y deberes (poder elegir y
ser elegible).
La política en América Latina es
más de participación que de representación.
Los partidos políticos tienden más a ser canales de
participación de la gente que a representarla. Sumado a lo
anterior, en América Latina existe un alto grado de
polarización ideológica, y los partidos
políticos acaparan la política.
En ese sentido, las elecciones en América Latina
son solamente una herramienta para medir el poder y no un medio
para determinar quien gobierna, dada la diversidad de
contendientes por el poder que existen en el sistema
político, mucho de los cuales participan sin necesidad de
apoyo popular o cualquier otro tipo de apoyo. En consecuencia,
los resultados electorales son siempre tentativos, al menos hasta
que se conozca la reacción de los otros contendientes. De
hecho, un partido político, aun cuando triunfe
constantemente en las elecciones, puede ser suprimido de manera
regular por aquellos que lo consideran como una amenaza para su
posición dentro del sistema político.
Los partidos políticos están cada vez
más fuera de la realidad política. Los
políticos luchan por el poder y mantenerse en el gobierno,
especialmente después de la caída del Muro de
Berlín en 1989 y la consecuente victoria a medias de
la democracia y triunfo absoluto del mercado que hace
que los sectores militares ya no sean importantes para que los
sectores neoliberales accedan al poder y pongan en
práctica sus políticas -con diferentes grados de
moderación- y para que en América Latina existan
gobiernos confiables.
De un lado, la democracia, pese a no estar consolidada,
parece ya no tener enemigos y no compite con otras alternativas
de legitimidad y, de otro, los partidos se han transformado en
los árbitros de la "democracia" -más electoral que
real- y garantes de los sectores liberales. En consecuencia, su
grado de representación es cada vez menor y los ciudadanos
encuentra que tiene más posibilidades de obtener respuesta
a sus demandas a través de las organizaciones no
gubernamentales (ONG) o las
organizaciones de la sociedad civil antes que de los partidos
políticos os su propio Estado, especialmente en los temas
vinculados a derechos humanos,
desempleo,
pobreza,
etc.
Tradicionalmente, la manifestación más
contundente en América Latina ha sido la huelga. Hoy no
lo es más, al menos, no por sí sola. La alta
movilidad financiera, la flexibilidad del mercado laboral, la
inestabilidad del trabajo y la
creciente autonomización del capital con
respecto al trabajo han hecho que la huelga deban agregarse
manifestaciones públicas en forma de manifestación
que, junto con los paros laborales, adquieren una importante
capacidad desestabilizadora. Igualmente, la fuga de capitales es
una manifestación política nacida de las reglas del
mercado en tanto reflejan un voto de desconfianza hacia el
régimen político.
La violencia, por
otra parte, no ha dejado de cumplir un papel, aunque ya no con
fines directamente políticos sino con el objetivo de
demostrar capacidad de poder.
La política latinoamericana ha vivido en los
últimos veinte años transformaciones muy
importantes. Los grandes terremotos que
se han producido son el desarrollo irrestricto de la
poliarquía, llegando a todos los países de
América Latina, excepto Cuba; y la
transformación de la matriz de la
política latinoamericana, en donde el Estado tenía
un papel central en la misma, ha sido prácticamente
sustituida por el mercado.
El capitalismo
político.
Las sociedades capitalistas latinoamericanas se
caracterizaron por el hecho de que sus estructuras fundamentales
fueron construidas desde la política y de que se
desplegara un tipo de capitalismo político que
implicó que dichas sociedades fueran en parte creadas, y
en parte organizadas radicalmente, desde el Estado.
A la altura de la segunda guerra
mundial, cuando el modelo político de los
principales países de América Latina se hallaba en
un momento de definición (como lo estaba en Europa, aunque
aquí el juego entre democracia, fascismo y
comunismo se
estuviera decidiendo por la fuerza), los
actores sociales en auge eran los procedentes de la
industrialización para la sustitución de importaciones.
El crecimiento
económico latinoamericano se había apoyado
hasta la primera guerra
mundial en las llamadas exportaciones
tradicionales (agropecuarias o extractivas) en las que la
región poseía impecables ventajas comparativas
desde la más ortodoxa perspectiva ricardiana.
Las caídas del comercio
internacional que trajeron las dos guerras
mundiales y la crisis de los años 30 crearon condiciones
favorables a una industrialización destinada al mercado
interno, hasta entonces abastecido de bienes
manufacturados a través de las importaciones, y que
además se expande en este medio siglo a consecuencia del
crecimiento numérico de las clases medias que es fruto
inevitable del propio desarrollo de la urbanización y de
la
administración del Estado, y otra de cuyas
manifestaciones es la crisis de las democracias
oligárquicas.
Las oligarquías agroexportadoras mantenían
una oposición frontal a la industrialización
interna y, una vez "desmanteladas" o "adaptadas" o reacomodadas a
los nuevos tiempos, las viejas clases propietarias no demostraron
el deseable espíritu empresarial, sino que se limitaron a
una lógica
económica feudal, por lo que la industrialización
latinoamericana no pudo partir de inversiones de
capital endógeno suficientes para desarrollar desde el
primer momento estrategias de
competición en el mercado mundial. La industria
nació en América Latina para cubrir limitados
mercados locales,
contando con una protección de facto ante la
competencia internacional, a consecuencia de la guerra o de
otros factores coyunturales.
La política, organizada en torno a la
intervención y regulación del Estado,
impregnó la mayoría de los espacios sociales. Y
ello se produjo, entre otras razones, por la debilidad ?para
algunos inexistencia- de la sociedad civil.
Sin embargo, el rápido crecimiento
económico que las economías latinoamericanas
vivieron desde la segunda guerra
mundial hasta la crisis de la deuda, al comienzo de los
años 80, no permitió en la mayor parte de los casos
superar una profunda dualidad social, en la que, junto a sectores
dinámicos y de niveles de vida tolerables o altos, se
mantenía una extensa realidad socialmente marginal y
económicamente estancada.
El Estado no eliminó las divisiones de clase ni trajo
una reducción de las diferencias. Produjo una
incorporación de los sectores medios y
populares urbanos, y más restringidamente los rurales, a
la política, lo cual ocasionó un proceso de
integración nacional en el que los canales
políticos cumplieron un papel preponderante. Así,
las políticas estatales continuaron promoviendo intereses
y respondiendo a los problemas de las clases capitalistas,
sólo que ahora debían hacerlo ?gradual y
contradictoriamente- articulándose dentro de un contexto
de intercambio político que involucraba a otros sectores,
especialmente clases medias y trabajadoras que incorporaron sus
demandas a la política. El Estado se hizo inclusivo
más no precisamente democrático.
La política, en este contexto, se estatizó
y dadas las características del sistema político,
socavó el desarrollo de los aparatos burocrático
legal-racionales del Estado en tanto estos su racionalidad y
eficiencia
fueron reemplazadas por prácticas patrimonialistas y de
clientelaje, recompensas y castigos que fueron distribuidos
según criterios dominados por el particularismo y el
escaso respeto a la
ley. Esto
debilitó la consolidación del sistema de negociación política que descansaba
en los partidos políticos y en los mecanismos
parlamentarios.
Por debajo de una aparente fortaleza del Estado, este
fue debilitado mediante la usurpación de sus organismos
por parte de diferentes actores sociales, especialmente los
sectores capitalistas y por el signo particularista de sus
disposiciones.
A su vez, los sistemas politicos no llegaron a
consolidar reglas estables y la falta de consenso en torno a
arreglos democráticos o autoritarios tuvo como corolario
el establecimiento de una complicidad estructural tácita
que favoreció el mantenimiento de una política
híbrida. En el largo plazo, esta fórmula
combinó, a veces en contextos de establidad institucional
y a veces de inestabilidad, aspectos democráticos y
autoritarios.
Así, el sistema político latinoamericano
ha oscilado entre los defensores del status quo, cuyo criterio ha
estado íntimamente vinculado al criterio tradicional de
desarrollo de ideología liberal, y los reformadores,
cuyas aspiraciones los han movilizado hacia el cambio paulatino o
radical. En la actualidad, pareciera que no existe un enlace
entre la América Latina económica y la
política. Por el lado económico, la región
ha alcanzado niveles importantes de crecimiento económico
y relativa estabilidad monetaria, ha crecido como mercado
consumidor y
venido avanzando lenta pero firmemente en la generación de
procesos de integración que facilitarán el comercio.
Desde la perspectiva política y social, sin embargo, se
han observado situaciones preocupantes. Una de ellas es la crisis
de representatividad y, por ende, del sistema de partidos
políticos.
En tal sentido, la crisis de representatividad y, por
ende, del sistema de partidos se produjo, en gran medida, por el
hecho de que los partidos, en tanto elementos clave del sistema
político e instituciones mediadoras entre los ciudadanos,
sus organizaciones y el Estado, fueron mostrando una peligrosa
tendencia hacia la "autonomización" relativa de la
sociedad, llegando inclusive a operar como cuerpos independientes
y no como representantes de sus electores, esto es, más
como árbitros de la "democracia" -más electoral que
real- y garantes de los sectores liberales.
En este contexto, la participación ciudadana y la
búsqueda de respuestas sus demandas en las organizaciones
de la sociedad civil surgió como una alternativa para la
construcción del consenso social,
así como un medio para equilibrar (balancear) el gran peso
relativo que, producto de
los vacíos de poder que se han venido creando en el
sistema, detentaba la burocracia
institucional.
Una causa económica
estructural.
Sobre la base de los mismos hechos, cabe examinar
brevemente la explicación ligada a la crítica
que a lo largo de las dos últimas décadas se ha
dirigido contra el Estado de bienestar, que ha abierto el camino
a la privatización de servicios y
actividades que hasta entonces habían pertenecido de
manera exclusiva al ámbito de lo público y que ha
significado que, ante la falta de atención a las necesidades sociales, las
organizaciones de la sociedad civil -fundamentalmente el sector
empresarial nacional o extranjero- hayan venido asumiendo
responsabilidades importantes en esas áreas.
El problema, según esta visión, no se
centra tanto en la debilidad institucional del sistema
político y, por ende, su incapacidad intrínseca
para lograr que el crecimiento económico reduzca las
desigualadades, cino más bien en la dinámica económica y política
que el modelo de sustitución de importaciones ?al que
llama mercado internista- impuesta por los intereses sociales que
se articularon en ella.
Rechaza que la incapacidad del crecimiento
económico para poner fin a la dualidad social -considerado
como el principal punto débil de un modelo
dependiente de capitalismo- haya sido el mal originario.
Sostiene que el problema ha sido la fundamental
orientación del crecimiento hacia el mercado interno,
siguiendo la dinámica de la llamada
industrialización para la sustitución de
importaciones. Esta orientación mercadointernista,
sólo viable en economías cerradas, habría
sido la clave de una incapacidad para dar continuidad al
crecimiento en el marco de la nueva división internacional
del trabajo que trajo consigo la crisis de los años 70,
aunque en realidad la crisis sólo supuso el estallido,
bajo el impacto de la elevación de los precios del
petróleo en 1973, de desequilibrios cuyas
raíces venían de la década
anterior.
En este orden de ideas, el problema fue que esa
industria mercadointernista creó a su vez sus propios
intereses sociales e impuso a medio plazo su propia
dinámica que hizo que los gobernantes, en un momento de
equilibrio
inestable, trataran de apoyarse en una alianza con estos actores
que trajo como resultado una fórmula vaga y sin embargo
descriptivamente eficaz: el populismo, al que describe
como un gobierno que se apoya en los sectores de empresarios y
trabajadores vinculados a la industrialización y en las
clases medias que se benefician de ella, especialmente los
funcionarios y profesionales que dependen del Estado, y en donde
quedan fuera los grandes propietarios de la tierra, el
campesinado que depende de ellos, y profesionales liberales que
no dependen (o creen que no dependen) de ese proceso de
modernización.
Esta matriz implica una dependencia de los actores
sociales emergentes (clase trabajadora industrial, burocracia
estatal, clases medias urbanas ligadas a la
industrialización) respecto a la actuación del
Estado, a la vez que éste depende de dichos actores para
el mantenimiento de sus políticas, pues de ellos recibe
una legitimidad facilmente erosionable en períodos de
ineficacia estatal.
Para esta visión, el punto clave es la apuesta
por una industria protegida frente a la competencia exterior y un
régimen social de acumulación sustentado en
la dinámica de la industrialización para la
sustitución de importaciones. No era ?sostiene-
difícil comprender que, partiendo de situaciones de baja
capitalización, la apuesta contraria (por una industria
competitiva) implicaba inicialmente moderación salarial,
lo que no sólo habría contado inicialmente con la
oposición de los trabajadores, sino también de los
propios industriales, a los que se exigiría hacer crecer
las inversiones más rapidamente que la rentabilidad,
ya que sin crecimientos salariales significativos el mercado
interno sólo registraría una lenta
expansión. Es más, cuando el modelo contó
con la posibilidad de inversiones extranjeras éstas
diseñaron sus estrategias sobre situaciones casi de
monopolio en el mercado interno, y sólo secundariamente
para la exportación. Una vez puesta en marcha esta
dinámica, era muy difícil que cualquier actor,
social o político, pudiera corregirla.
Concluye en que, si bien no siempre la economía explica la
política, sí parece que en este caso, dadas las
condiciones de partida, era muy poco probable que los actores
sociales y políticos pudieran actuar de forma radicalmente
distinta a aquella en que de hecho lo hicieron.
Resulta interesante señalar, sin embargo, que
esta visión ha dado lugar a interpretaciones equivocadas
como aquella que culpa al dirigismo estatal de los males
del modelo. La crítica simplista contra el Estado
dirigista se planteó sobre todo desde los años 70,
en un momento en que la administración y las empresas
públicas ya no eran financiables, y al mismo tiempo la
capacidad del Estado para cambiar la dinámica del modelo
era mínima por la relación misma de los gobiernos
con los actores sociales.
Esto llevó a los intentos de las dictaduras
militares de los años 70 de conseguir autonomía
estatal para cambiar el régimen social de
acumulación reprimiendo a los actores sociales y
suprimiendo a los actores políticos (los partidos)
para salir del círculo vicioso en que había
desembocado el crecimiento mercadointernista. La respuesta a la
crisis de eficacia fue el autoritarismo militar. Pero aquí
de nuevo surgió una interpretación simplista: la de que la
salida vendría dada por la simple retirada del Estado de
la economía y la consiguiente ampliación del papel
del mercado como regulador social.
Para la visión que reseñamos, lo cierto
era que el Estado no había sido demasiado fuerte, sino que
había llegado a ser demasiado grande (para sus
posibilidades financieras reales) precisamente porque era
demasiado débil, es decir, porque carecía de
la autonomía precisa respecto a los actores sociales para
corregir el régimen social de acumulación. El
Estado no era dirigista, sino seguidista: arrastrado por
la dinámica de la sustitución de importaciones, era
cautivo de los actores sociales surgidos de ésta, y
crecía para satisfacer sus demandas, no según un
proyecto
autónomo de sociedad o de crecimiento
económico.
Hasta los 80, el factor ideológico jugó un
papel preponderante en la política pública
latinoamericana y sobre la base de esto nacieron un buen
número de partidos y movimientos. Pero, en los años
80 también se cerró en América Latina un
ciclo determinado por la lógica del modelo de
sustitución de importaciones que llega a hacerse inviable,
como régimen social de acumulación, por la
caída de los precios y cuotas de mercado de las
exportaciones tradicionales y la falta de competitividad
internacional de una industria dirigida exclusivamente al mercado
interno.
El régimen social de acumulación entra en
quiebra al no
poder financiar la redistribución interna que era la clave
del crecimiento: la consecuencia es un déficit creciente y
estructural de la balanza de pagos.
Este déficit se enmascara durante la década de los
70 gracias al crédito
fácil que genera la inyección de
petrodólares en los mercados
financieros, pero a comienzos de los 80 la política de
altos tipos de interés
que trae la presidencia de Reagan en Estados Unidos
hace estallar la crisis de la deuda y revela
dramáticamente que América Latina ha vivido casi
una década por encima de sus posibilidades.
El problema se ve agravado por el recurso a la
inflación como mecanismo redistributivo a corto plazo para
satisfacer las contrapuestas demandas de los actores sociales en
una situación que objetivamente constituye un juego de
suma nula. La deuda y la inflación sumadas crean las
condiciones macroeconómicas de inestabilidad en las que la
región debe afrontar el calvario de los años
80.
Los sistemas político latinoamericanos se
encontraban ante dos cuestiones:
- Respecto a las expectativas sociales respecto al
régimen: Si la eficacia en la resolución
de problemas (en hallar una salida a la crisis
económica, en este caso), no podría ser
sustituida como fuente de legitimidad por la simple
efectividad, es decir, por la simple capacidad de
aplicar un programa y
fijar reglas de juego estables para los actores sociales y
económicos; y - Respecto a la capacidad de intermediación de
los actores sociales y políticos: Si se podría
lograr una matriz de articulación de sociedad y Estado
en la que el sistema de partidos se institucionalizara como
mediador de intereses.
A partir de la crisis de la deuda se produjo un punto de
inflexión en la política que, según
señala Cavarozzi, se caracterizó por la
desintegración ciudadana, la desubicación de los
agentes políticos y el desencanto de la
democracia.
El fenómeno de reducción de los
márgenes de autonomía y la crisis de eficacia de
los Estados latinoamericanos, vinculado especialmente al
agotamiento de un conjunto de herramientas
tradicionales de política
económica, fue acompañado de una ola
anti-política que había resultado de las
traumáticas rupturas de las décadas anteriores y de
una crisis de los actores sociales que se vieron
perjudicados por un profundo desencantamiento de sus bases, que
les resta fuerza para imponer giros drásticos en sus
estrategias
La posibilidad de un Estado democrático depende
de la credibilidad de los actores políticos (el sistema de
partidos) y del Estado (de su efectividad y su eficacia). Dadas
las circunstancias actuales, cabía temer que en general
esta credibilidad sea crecientemente erosionada por la ausencia
de expectativas de salida de la crisis económica. El mismo
problema que afecta a los actores sociales (incapacidad para
obtener resultados) afecta también a los políticos:
una década de ajustes caóticos sin perspectivas de
salir del túnel, y a menudo con alternancia de las
principales opciones políticas en el gobierno,
disminuyó seriamente la credibilidad de los partidos
tradicionales como mecanismos de selección de liderazgo y
como canales de representación de los intereses
populares.
Desintegración de los
ciudadanos
Se caracterizó por ser un fenómeno en el
la política pierde sentido debido a que a la
reducción de la importancia de los mercados de trabajo
tradicionales y el deterioro de los servicios estatales, se
sumó el descentramiento de la política que vio
erosionada su capacidad de contribuir a la
organización de la vida cotidiana de lo
individuos.
Desubicación de los agentes
políticos
Las modalidades de hacer política basadas en un
modelo de Estado fuerte y centralista que, a pesar de sus
defectos, habían imbuido de sentido la vida cotidiana a la
vida de los ciudadanos, desaparecen y los agentes
políticos ?particularmente en Perú y Venezuela–
continúan actuando como si nada hubiera ocurrido. Reiteran
comportamientos tradicionales que se desenganchan de la gente y
apelan a símbolos e ideologías predominantes
en el período anterior.
Desencanto de la democracia
Durante la década de los 80 se produjo, asimismo,
un proceso de aprendizaje
colectivo que contribuyó a la revalorización de la
democracia. El imperio de la ley, los equilibrios resultantes del
juego de las instituciones representativas y la previsibilidad de
las políticas estatales aparecieron como virtudes de la
política ante la mayoría de las ciudadanías
latinoamericanas.
Sin embargo, pocos actores percibieron con claridad que
el retorno a la democracia coincidió con el
desmantelamiento del Estado centralizado, la crisis de la forma
tradicional de hacer política, la crisis de eficacia y de
deuda externa
y la agudización de los problemas sociales y
económicos a consecuencia de éstas, lo que
ocasionó la desorganización de la política.
Como consecuencia, significativas mayorías de las
ciudadanías latinoamericanas empezaron a sentir que la
democracia no solucionaba por sí misma los problemas
sociales y económicos.
El hiperpresidencialismo y los
"outsiders"
La respuesta política al desorden fue una
versión moderna, "revisada, corregida y mejorada" de la
vieja dolencia caudillista de los sistemas de partidos
latinoamericanos: el hiperpresidencialismo que, si bien algunos
casos regeneró las condiciones de orden y estabilidad
perdidas en el período de desorganización de la
política, también reforzó las tendencia de
desintegración y pérdida de sentido de la
política.
Los casos más típicos fueron los de
Perú con Alberto Fujimori, Argentina con Carlos
Ménem y, un poco más tardíamente, Venezuela
con Hugo
Chávez.
Un aspecto del hiperpresidencialismo está
vinculado a la recomposición parcial de la capacidad
política del Estado a través de la
reconcentración de la autoridad en el Poder
Ejecutivo que desacansa en un sentido generalizado de rechazo
a la política partidaria y parlamentaria, y a la vez se
alimenta de dicho rechazo. Esta reconcentración de
autoridad se apoya algunos otros elementos como:
- la emergencia o reforzamiento de papeles
tecnocráticos o estratégicos del hiperpresidente,
especialmente en el ámbito de las políticas
económicas; - la pasividad o baja autonomía de los
parlamentos; - la transferencia formal de responsabilidades a los
gobiernos locales que, sin embargo, no va acompañada por
una descentralización real de la gestión de los recursos financieros;
y - el debilitamiento, a todo nivel, del poder
judicial.
Otro aspecto es la promoción de estilos de hacer
política que resultan funcionales con la apatía y
el repliegue de la política. El hiperpresidente se
convierte en el protagonista de la acción
política frente a un ciudadano al que posicionan como
consumidor y espectador. En ello juegan un importante papel
los medios de
comunicación que pasan a ocupar el papel de los
partidos aunque sin la capacidad ni tiempo de reflexión de
éstos dada la acelerada naturaleza de la
noticia.
Un tercer aspecto es que, en el hiperpresidencialismo,
de un lado, el espacio de negociación política
resulta minimizado debido a la concentración de toma de
decisiones en el Ejecutivo y, de otro, la política se
transforma en un espectáculo que alimenta sensaciones de
participación más que prácticas
reales.
El estrechamiento del espacio de la negociación
resta relevancia y legitimidad a la política partidaria y
parlamentaria y coloca a sus agentes ?los políticos- en
una posición marginal.
En este contexto, los únicos actores
políticos que ven aumentar su credibilidad son opciones
nuevas que parecen capaces de cambiar el sistema tradicional de
partidos o partidocracia, como son denominadas. Estas opciones
nuevas son llmadas los "outsiders" o "independientes", que son
tanto aquellas formaciones políticas de carácter
caudillista, aquellas que apelan al discurso
anti-partido o aquellos liderados por personajes cuya procedencia
es externa al sistema institucional y de partidos.
La refundación de los partidos.
La refundación o transformación de los
sistemas políticos en América Latina antecede a los
cambios organizativos de los partidos políticos. Mientras
que la crisis de los partidos en Europa Occidental y Oriental
encontró en los procesos de refundación una
vía de relegitimación y renovación, en
América Latina este proceso se dio mucho menos en los
partidos y mucho más en los sistemas políticos.
Para que surgieran y legitimaran opciones "independienetes"
(outsiders) fue necesario introducir cambios en el sistema
político que, en algunos casos, se realizaron por la
vía de la negociación (Colombia, El
Salvador y Nicaragua) y , en otros, por la
autoritaria.
Con excepciones del Perú y Venezuela, las
reformas constitucionales abrieron nuevas posibilidades a la
participación. La no institucionalización de los
cambios en las formas de representación y
participación, así como en las ideologías y
las creencias dominantes en la comunidad, así como en la
legitimidad y credibilidad de las estructuras de
canalización de demandas o estructuras intermedias
(partidos y actores sociales como sindicatos), llevó a
crisis como el autogolpe de Estado de Fujimori y el surgimiento
del Chavismo en Venezuela.
Lo más evidente en América Latina es la
crisis del sistema de partidos. El punto de arribo mas extremo de
estas crisis partidarias ha sido el derrumbamiento del sistema.
Sin embargo, la situación mas generalizada es la reproducción de la crisis sin
resolución en tanto no se ha podido constatar casos de
renovaciones decisivas del sistema partidario.
Probablemente, la explicación se ubica en un
doble nivel. Por un lado, la crisis partidaria esta asociada a la
reconformación del Estado y a su pérdida de
funciones en la reproducción de la sociedad. Por otro
lado, a que los partidos no han logrado una lectura y una
respuesta adecuadas a los cambios por los que atraviesa la
sociedad civil.
Los partidos políticos son las instituciones con
menor credibilidad, y cada vez cuentan con menos apoyo. Son
objeto de las críticas de todos los medios de la sociedad.
Además, muchos de ellos están inmiscuidos o
relacionados con actos de corrupción.
En la medida en que el financiamiento
de los partidos sea privado, ello impide transparencia. Cuanto
más financiamiento público haya, menos corrupción va a existir.
Los partidos políticos están dominados y
son dependientes de los medios de
comunicación. La razón radica en que la
política latinoamericana es presidencialista; esto es, que
la necesidad de elegir a un presidente obliga a que se
personalice la campaña en el candidato, lo que genera una
campaña
publicitaria en torno de un individuo,
más que de ideas o proyectos.
Otra razón radica en que los medios de comunicación para muchos países de
América Latina suplen los déficit en
escolarización. Los medios influyen y penetran en
sociedades con menor nivel de educación. Estos
medios establecen la agenda y el programa de los partidos o
gobiernos, lo que genera un crecimiento de la
personalización política.
Los partidos políticos se han visto arrastrados
en su función de representación.
Los partidos políticos presentan dificultades
estructurales en su vida interna:
- Problemas de reclutamiento. La gente con actividad,
vocación política e idealismos se empieza a
integrar a organizaciones no gubernamentales. - Problemas de financiamiento. Si los partidos
políticos se financiaban con las aportaciones de
militantes, ahora con menor número de afiliados sus
ingresos han disminuido. Sumado a ello, si el Estado es pobre y
la sociedad exige a las autoridades no gastar en partidos. Esto
complica el panorama, debido a que se le deja lugar al
financiamiento privado, generando mayores problemas de
corrupción. - Problemas en la carrera política de los
políticos.
Hay una crisis de liderazgo. En Sudamérica,
cuatro de diez presidentes no pudieron terminar su mandato en los
últimos 10 años: Mahuad en Ecuador, Cubas
en Paraguay, De la
Rúa en Argentina y, felizmente, Fujimori en el
Perú. Hugo Chávez tuvo que enfrentar un golpe de Estado y
aún hoy su situación es extremadamente
frágil.
En los regímenes presidencialistas
latinoamericanos, lo normal era que el Poder Ejecutivo tuviera su
propia mayoría en el Congreso y que de esa manera
gobernara. Pero, el aumento del número de partidos
políticos determinó que al Ejecutivo le fuera
difícil armar su mayoría. Entonces, se ha pasado de
un presidencialismo simple a un presidencialismo de
coalición, tal como ocurre en Chile, Uruguay,
Argentina y Brasil. Y
así será en Bolivia. Esta
modalidad de régimen aún no institucionalizada ha
venido a paliar, de facto, la carencia de ese delicado fusible
que representa el primer ministro en los regímenes
políticos parlamentarios, en donde el fracaso del jefe de
gobierno no es siempre el fracaso del Jefe de Estado y una
renovación de gabinete ministerial no significa
necesariamente una crisis.
No obstante, estas coaliciones, sin embargo, sólo
aseguran la gobernabilidad coyuntural en el Congreso,
razón por la cual se hacen necesarios procesos de diálogo
nacional.
En un escenario de transición (gobiernos
efectivos, que fijan certidumbres, pero no eficaces, pues no han
logrado aún un crecimiento económico prolongado),
se ha planteado la tesis de que
las nuevas democracias latinoamericanas tienden a convertirse en
democracias delegativas.
La democracia asentada exige institucionalidad y
reponsabilidad horizontal de los gestores, pero éstas no
garantizan una salida real de la crisis si no existen
alternativas, o si éstas pueden ser bloqueadas por los
actores políticos y sociales en función de sus
repertorios tradicionales de estrategias. Argentina, en los
años de Alfonsín, no padeció tanto de su
deficiente institucionalidad política como de la capacidad
de veto de los actores sociales y del conservadurismo de las
estrategias de sus actores políticos. El resultado fue el
auge de la política plebiscitaria (o democracia delegada)
con Menem.
Las características de las democracias
delegativas recuerdan los rasgos tradicionalmente asociados a los
regímenes populistas: se apoyan en un movimiento, no
en un partido, el poder democrático se identifica con la
Presidencia y se dan de lado como estorbos superfluos el
Parlamento y el poder judicial, y en último término
el elector se limita en ellas a designar plebiscitariamente a un
caudillo, que se rodea de un equipo de tecnócratas a los
que se pretende blindar frente a la presión de
las demandas sociales o la interferencia de los partidos
políticos. En este último rasgo, además,
O'Donnell ve una clara continuidad respecto a anteriores
regímenes burocrático-autoritarios.
En contraste con la democracias bien asentadas, las
democracias delegativas adolecen de una fuerte incapacidad
institucionalizadora, incapacidad para fijar reglas de juego
estables (política, económica y socialmente), como
la ausencia de responsabilidad y control horizontal de las
decisiones del poder ejecutivo.
Así, el vertiginoso quehacer político en
Perú, Brasil o Argentina, con la aparición de
liderazgos caudillistas y extrasistémicos, sería
consecuencia de políticas erráticas de los
gobiernos, y éstas a su vez se explicarían por la
ausencia de control parlamentario o del sistema de partidos sobre
las decisiones del ejecutivo. La consecuencia inevitable de su
carácter errático sería que estarían
condenadas al fracaso, frustrando las expectativas populares y
acelerando a su vez la volatilidad del voto, los liderazgos
caudillistas y el carácter delegado de la
democracia.
Cuando ubicamos la participación ciudadana en
el contexto de la realidad latinoamericana, no puede obviarse
el tránsito de los regímenes autoritarios a
incipientes y aun precarias democracias que, entre su
complicada agenda "adolescente", siguen debatiéndose
en torno al papel que la sociedad civil y, más
específicamente la participación ciudadana,
debe desempeñar en estas sociedades. Inicialmente, los
regímenes politicos neoliberales imperantes en los 80
y los 90 en América Latina concibieron la
participación ciudadana prioritariamente como una
forma de privatización, y por lo tanto, entendida en
una función esencialmente económica, aunque con
repercusiones en el campo de la política. Así,
al reducir la participación ciudadana a la
dimensión de una herramienta para la gestión
eficiente, se amplía la carencia de la efectiva
participación en el ámbito de lo
político propiamente dicho.Y es que justamente la carencia de un efectivo
ejercicio de participación ciudadana, ha provocado que
en el proceso de transición exista un primer momento
en el cual la ciudadanía, hasta entonces reprimida
sistemáticamente, experimente una apatía
absoluta de esa vinculación con lo público para
luego dar paso a una rebeldía de la sociedad civil que
estalla con fuerza de manera inorgánica, dando paso a
tensiones largamente acumuladas que al expresarse arrasan no
sólo con los mecanismos institucionales, sino que, de
paso, ponen en evidencia una profunda crisis de
representatividad política.Así, por ejemplo, los rasgos comunes de las
crisis políticas ecuatoriana, venezolana, peruana y
argentina son la existencia de agudos problemas sociales,
incapacidad del gobierno para resolverlos, extendidas
movilizaciones de protestas sin características
ideológicas significativas que expresan más
bien un estado de ánimo mezcla de ira y
frustración, creciente pérdida de legitimidad
del gobierno y de las instituciones democráticas que
son percibidos como ineficientes y carencia de
representatividad de los partidos
políticos.Los partidos políticos, en los casos
señalados, han sido sobrepasados, pues para su normal
funcionamiento la democracia necesita de partidos
sólidos que canalicen las inquietudes de la población. Fuera de ellos, como se ha
demostrado en Perú y Venezuela, sólo existen
montoneras inorgánicas que expresan posiciones
meramente coyunturales. Las movilizaciones rupturistas
expresan siempre un consenso de término, esto es la
necesidad de acabar con un cierto estado de cosas que se
rechaza, pero no expresan un consenso programático. En
suma, estas movilizaciones se presentan en un contexto de
crisis de gobernabilidad muy profunda ante la cual las
personas no perciben salidas institucionales
viables.Son los propios partidos y la misma actividad
política los que no han sabido adecuarse de manera
oportuna y eficiente al proceso de transformación
social que viven nuestros países en términos de
fortalecimiento de la sociedad civil, potenciamiento del
sector privado en la economía y de un mundo
infinitamente más abierto a la información en medio de un creciente
desarrollo tecnológico de las comunicaciones.Más allá de la singularidad de cada
proceso -y del juicio que pueda emitirse en cada caso- estas
formas de cambio de gobierno están dando una
señal inquietante: algo no anda bien en los mecanismos
de participación y representación ciudadana en
términos de canalizar las demandas de la sociedad
civil; algo no anda bien en los métodos institucionales de resolución de conflictos que terminan
siendo desbordados por las presiones sociales; algo no anda
bien en las sociedades cuando las reacciones emocionales
sustituyen a la racionalidad democrática.También se han promovido modos de
representación alternativos, pero hasta el momento no
se han propuesto otras formas de democracia que puedan operar
sin el concurso de los partidos. En este sentido, en la
mayoría de los sistemas políticos
latinoamericanos, aún en aquellos que suelen ser
considerados como sistemas de partidos de débil
institucionalización, los partidos siguen siendo
indispensables para el funcionamiento de los sistemas
políticos democráticos y, sería
inimaginable una democracia moderna sin partidos.Sin embargo, por una parte, la ciudadanía no
encuentra formas de participación efectiva y
transparente, por lo que ha vuelto sus ojos a la llamada
sociedad civil, y, por la otra, la sociedad civil se presenta
como una especie de nebulosa, en la cual encuentran cabida
las más disímiles organizaciones y, por lo
tanto, los más distintos intereses. No obstante esto,
existe un interés creciente de parte de ciudadanos y
ciudadanas por promover una redistribución del poder,
producto de la cual se permita a la ciudadanía tener
acceso a las decisiones que le afectan, así como
también a participar en las instancias de control de
la gestión estatal. Unos y otras desean una sociedad
en la cual el Estado no sea el definidor exclusivo de las
políticas, en el tanto se busca mejorar y profundizar
la democracia.En las encuestas
de opinión que se hacen en América Latina es
una constante que los partidos (o más exactamente la
forma partido) ha perdido legitimidad drásticamente.
Se lo puede constatar también en los porcentajes de
adherentes, militantes y simpatizantes tanto como en el
reconocimiento social a su legitimidad. También en que
los ciudadanos desasocian democracia y bienestar, aduciendo
haber vivido situaciones sociales mejores durante el
autoritarismo. Pero, a su vez, los mismos universos
encuestados, siguen valorando positivamente a la
función de la política organizada,
llámese partido o no y a la función tolerante
de la democracia frente a la exclusión y despotismo
del autoritarismo.Los procesos de transnacionalización de
nuestros países, parecen haber rebasado largamente a
los partidos, los que no alcanzan a visualizarse con un rol
en la
globalización. No solo se trata de que mantengan
vínculos internacionales (pertenencia
organizativa,- PROCESO DE
RECONFIGURACIÓN DE LAS FUERZAS Y DE LOS ACTORES SOCIALES
Y POLÍTICOS. - CONCLUSIONES.
- Los partidos estructuran la competencia y dan forma a
los resultados electorales, crean un universo
conceptual que orienta a los ciudadanos y a las elites, ayudan
a concertar acuerdos en torno a políticas
gubernamentales (de manera coyuntural, pero lo hacen),
establecen acciones
para la actuación legislativa; proveen de cuadros a las
instituciones y hacen operativo al sistema
político. - A partir de los 80, los altos niveles de volatilidad
electoral, la falta de legitimidad de los actores
políticos tradicionales y el desalineamiento
ideológico de partidos y votantes dibujaron un escenario
difícil para garantizar la estabilidad del sistema de
partidos y por el contrario promovieron su
desintegración y la desintegración de los mismos
partidos. - La década de los noventa ha presenciado la
aparición constante de puras "fórmulas
electorales" carentes de consistencia y continuidad al
término de los procesos electorales. Este proceso se
inserta en un fenómeno de mayor alcance que afecta a
buena parte de los países de la región andina,
bautizado como "informalización de la política".
El éxito
de las fórmulas electorales lideradas por
"independientes" a lo largo de los noventa no incorpora un
elemento distintivo en la historia política
nacional tanto por su carácter de independientes como
por su marcado discurso anti-partidista y
a-político. - Una vez pasados los primeros momentos de la
transición a la democracia surgidos tras la
década de 1980, ya en los procesos poliárquicos
rutinarios, los electores han continuado reconociendo a los
partidos como referentes, a pesar de los sentimientos
antipartidistas de las elites; de la apertura de muchos
regímenes políticos para la participación
de sectores independientes y de la desconfianza que grupos
ciudadanos manifiestan tenerles. Se ha criticado a los
partidos, se han promovido modos de representación
alternativos, pero hasta el momento no se han propuesto otras
formas de democracia que puedan operar sin el concurso de los
partidos. - En un sistema de partidos inestable, y quizá
premodernos, una alta volatilidad del voto, y una administración pública minada por
la corrupción, la tarea prioritaria en la
búsqueda de salidas para América Latina parece
pasar por la reforma del Estado. Tanto si aceptamos o no que
uno de los rasgos fatales de la matriz de centralidad estatal
era la existencia de un Estado hipertrofiado, débil por
su carencia de autonomía frente a los actores sociales,
pero demasiado grande para sus posibilidades reales de
actuación eficaz, parece obvio que en la búsqueda
de un nuevo régimen social de acumulación es
preciso avanzar en la construcción de un Estado
pequeño y fuerte, capaz de influir realmente en la
orientación de la inversión y en la fijación de
certidumbres económicas, y a la vez capaz de impulsar
políticas de redistribución y expandir el mercado
interno por un mecanismo distinto del reparto de rentas
estatales. - La recomposición de los sistemas nacionales de
partidos encuentra obstáculos en el proceso de
transición democrática mismo. Estos están
casi siempre impelidos de una necesidad de urgencia, de quemar
etapas y de encontrar fórmulas mágicas que, al
final, colisionan con el hecho de que la
institucionalización de la politica no es cosa de un
día. - La política, en tanto construcción
legitima de la autoridad y las decisiones publicas, no debe ser
una actividad especializada, más aún cuando los
partidos poco contribuyen a generar confianzas en la
población acerca del sistema de representaciones. Un
importante paso es reconocer, con objetividad, que el
déficit de confianza se supera, con el aporte del
capital social acumulado en la sociedad civil. El capital
social refiere a las interacciones entre la gente (actores,
ciudadanos, organizaciones, opiniones), que generan y
transmiten confianza en las instituciones. - Desde la perspectiva que hemos adoptado, la
participación política entendida como
representación delegada de los intereses ciudadanos, no
puede ser la forma única ni exclusiva de acceso a la
política. La necesidad urgente, ahora, es encontrar
formas complementarias entre participación social y
participación política. Los sujetos sociales
deben influir en las decisiones publicas sin perder su identidad.
Los sujetos políticos deben adoptar decisiones publicas
legitimas sin evadir a la responsabilidad. Los partidos
políticos y la sociedad civil deberán reconocer
recíprocamente como interlocutores válidos. Este
es, quizás, el eje sobre el cual gira una de los
elementos neurálgicos de la participación
ciudadana, como resultado de una rearticulación de las
relaciones Estado – sociedad. - Para que la democracia funcione, uno de los supuestos
es el inevitable cumplimiento de la función-partido.
Esto es, que se pueda lograr la cohesión frente a la
dispersión social, conformar un discurso
simbólico de naturaleza nacional, entender y transmitir
la proyección estratégica y general de la
sociedad y el Estado, y la operación concertada de la
política. - La nueva ecuación entre Estado y sociedad
requiere de la resolución previa de la ecuación
(clásica) entre sistema social y sistema
político - Los partidos necesitan adaptarse al proceso de
globalización. No solo se trata de que
mantengan vínculos internacionales (pertenencia
organizativa, corresponsalías) sino que asuman su rol en
la reconformación nacional de la política dentro
de una base de creciente transnacionalización. Dicho de
otro modo, se trata de que asuman la forma nacional desde la
cual operar una materialidad económica y social
transnacional (inversiones, exportaciones, migraciones,
identidad). - La sociedad se ha alejado de los partidos por su
ineficiencia (en la representación de intereses
sociales) o por su asociación con la corrupción.
En América Latina, los partidos se enfrentan a una seria
crisis de confianza y representatividad, debido en parte a la
falta de transparencia (puerta abierta a la corrupción)
en el financiamiento de la actividad política. Con el
reestablecimiento de la democracia en América Latina, y
la consiguiente rehabilitación de los procesos
electorales como elemento central de la competencia por el
poder político (se celebraron más de 100
elecciones entre 1978 y 1996), los partidos pueden recuperar su
papel de actores centrales de la
política. - El tránsito hacia un nuevo orden
político y social en la región lleva
implícita una doble exigencia de reconocimiento y
apertura. De una parte, reconocimiento gubernamental de la
existencia de sectores confrontados por fuera de las
instituciones ?incluyendo a los partidos- y de la legitimidad,
como interlocutores válidos en el proceso de
reducción de las tensiones y conflictos
sociales. Y de otra, apertura de los canales del sistema para
permitir que estos sectores revinculen y diriman los escenarios
´naturales´ de la institucionalidad sus
contracciones y conflictos". - En definitiva, de lo que se trata entonces es de
determinar si, dentro de la modernización del Estado,
tiene verdadera cabida su transformación
democrática.
- Rafael Toribio. "Con partidos débiles la
democracia no es fuerte". Publicado en Participación
Ciudadana. 27 de Enero, 2002. - Manuel Alcántara y Flavia Freidenberg. Los
partidos políticos en América Latina. Trabajo
publicado en la Revista
"America Latina Hoy" No. 27 (Abril) 17-35. Ediciones Universidad
de Salamanca. Salamanca. Febrero de 2001. - Manuel Alcántara y Flavia Freidenberg.
Organización y funcionamiento interno de los partidos
políticos en América Latina. Ediciones
Universidad de Salamanca. Salamanca. Febrero de
2001. - Manuel Alcántara y Flavia Freidenberg.
Organización y funcionamiento interno de los partidos
políticos en América Latina. Ediciones
Universidad de Salamanca. Salamanca. Febrero de
2001. - Luis Dallanegra Pedraza. "Características del
sistema político latinoamericano". Consejo Nacional de
Investigaciones
Científicas y Técnicas
(CONICET). Buenos Aires.
Argentina. - Luis Dallanegra Pedraza. "Comprendiendo la
racionalidad del sistema político latinoamericano".
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET). Buenos Aires. Argentina. - Ludolfo Paramio. "Problemas de la
consolidación en América Latina en la
década de los 90". Trabajo realizado en el marco del
proyecto "Los resultados de la democracia: un análisis
comparado". Centro de Investigaciones Sociológicas.
Instituto de Estudios Sociales Avanzados. Madrid,
1992. - Marcelo Cavarozzi. "Partidos politicos,
desestatización y reforma estructural: ¿El
retorno de la política en América
Latina?". - Miguel A. García Monroy. "Los Partidos
Políticos en América Latina". Reflexiones
de la conferencia
dictada en el Instituto Federal Electoral por Manuel
Alcántara Sáez, Director del Instituto de
Estudios de Iberoamérica y Portugal, Salamanca, España;
Ma. del Carmen Alanis Figueroa, Directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación
Cívica, y Mauricio Merino, Consejero Electoral del
IFE. - Andrés Benavente y Jorge Jaraquemada.
"América Latina: rebeldía social y
política. ¿Qué conclusiones deja el
quiebre institucional de Venezuela?" - Martha Lucia Pinzón "La búsqueda de
nuevas formas de participación política en
América Latina". Publicado en Summit of the American
Center. Web:
http://www.americasnet.net/Commentators/Martha_Pinzon/pinzon_65_spa.htm - Andrea Casafreda. "El fenómeno de "los
independientes" y el sistema competitivo de partidos en el
Perú. Alejandro Toledo, ¿una ventana a la
renovación?". El fenómeno de "los independientes"
y el sistema competitivo de partidos en el Perú.
Publicado en Magazine DHIAL, una publicación editada por
el Instituto Internacional de Gobernabilidad, en el marco del
Proyecto LAGNIKS (Red y Sistema
latinoamericanos de Información y Conocimiento
sobre Gobernabilidad y Desarrollo
Humano), con el patrocinio del PNUD (Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo y la Generalitat de Catalunya (Gobierno
Autónomo Catalán). - Carlos Raimundi y Mariano Tilli. Cuaderno de reforma
política Nº 3: Financiamiento de los partidos
políticos y de las campañas
electorales. - Luis Verdesoto Custode1. Documento de referencia
Panel V. "Relación de los partidos politicos con la
sociedad civil y los medios de
comunicación". - Héctor Oliva. "Partidos políticos en
Perú: la frustración de la participación
política mediante la vía partidaria organizada".
Publicación editada por el Instituto Internacional de
Gobernabilidad, en el marco del Proyecto LAGNIKS (Red y Sistema
latinoamericanos de Información y Conocimiento sobre
Gobernabilidad y Desarrollo Humano), con el patrocinio del PNUD
(Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la
Generalitat de Catalunya (Gobierno Autónomo
Catalán). - Artículos de opinión de varios
autores.
Autor:
Julio Alvarez Sabogal
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