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¿Cuál es la Alícuota Del ITF?
La alícuota del ITF es del 0,3 % durante los 12 primeros meses de su aplicación y del 0,25 % durante los siguientes 12 meses.(Articulo 6)
¿Qué operaciones están gravadas con el ITF?
El Impuesto a las Transacciones Financieras grava las siguientes operaciones:
¿Qué Transacciones o Productos Están Exonerados?
Otras Operaciones Exoneradas
Tarjetas de Crédito Personales y Empresariales
Depósitos a Plazo Fijo
Transacciones de Pago de Servicios Básicos y Recaudaciones de Efectivo
Cheques
Transacciones con Tarjeta de Débito
Operaciones en una cuenta no exonerada (Cuentas Corrientes, Cuentas de Ahorro de personas jurídicas, Cuentas de Ahorro de personas naturales en Moneda Extranjera con saldo superior a US$. 1,000):
Pagarás el 0.3% del monto, es decir, pagarás Bs 3.
Pagarás Bs. 0.3 por la operación de débito en cuenta.
Operaciones en cuentas exoneradas (Cuentas de Ahorro de personas naturales en Moneda Nacional y en Moneda Extranjera con saldo inferior a US$. 1,000):
No pagas ITF.
No pagas ITF.
No pagarás ITF, si el saldo al momento de la transacción es menor a US$. 1,000.
Pagarás US$. 0.3 de ITF, si el saldo al momento de la transacción es mayor a US$. 1,000.
Operaciones con Tarjetas de crédito
Cambio de moneda
Cheque de Gerencia
Depósito a Plazo Fijo
*US$. 3.3 corresponden al ITF de 0.3% por los $us. 1,100 abonados a la cuenta no exonerada. La lógica del cálculo es la siguiente: (0.3% / 100) * 1,100 = 3.3 $us.
Actualmente Bolivia esta atravesando una situación muy difícil en el campo económico, esta experimentando cambios trascendentales, impulsado por las corrientes del fenómeno de la globalización, por tal razón nuestro país se esta viendo obligado a aplicar una serie de medidas económicas para no quedar relegada (la mayoría a "recomendación" del FMI), por tal motivo en primera instancia en el Gobierno último de Sánchez de Lozada se intento por ejemplo, implementar el impuesto al salario que fue contundentemente rechazado por gran parte de la sociedad, lo cual derivo en lo que ya todos sabemos lo ocurrido en octubre pasado y su posterior renuncia.
A principio del 2004 el actual gobierno de Carlos de Mesa quien goza de mayor confianza y aceptación, planteo el ITF y el impuesto al patrimonio Neto de las personas, dos medidas que se propusieron para cubrir el déficit fiscal de la presente gestión, aunque la segunda debió quedar sin efecto luego de generarse un rechazo social masivo.
Se puede decir que el Estado boliviano está en quiebra. Sus escasos ingresos no le permitieron garantizar con recursos propios el pago de aguinaldos y sueldos de la gestión pasada, por lo que recurrió a préstamos y a un inmediato apoyo internacional por 90 millones de dólares. Para el 2004 la situación se torna mucho más grave.
Es por todo ello que se adopta este nuevo impuesto, ahora, si bien El ITF promulgado el 1º de abril tiene la finalidad de reducir el déficit fiscal de 8 a 6,6 %, mediante una recaudación potencial de recursos, ya que ataca al sector mas fuerte económicamente, vulnera al mismo tiempo un principio fundamental de los tributos: "QUE TODOS DEBEN TRIBUTAR".
El Servicio de Impuestos Nacionales tiene los siguientes principios:
Debemos también mencionar que este tipo de impuesto no es ninguna novedad, como cree la gente menos informada, ya que este tipo de impuesto no es nuevo en América Latina. Data desde inicios de la década de los ochenta cuando Argentina lo implementa por primera vez en 1983 y posteriormente en 1988 y 2001. Luego, han sido utilizados por Brasil (1994), Venezuela (1994 y 1998), Colombia (1998) y Ecuador (1999).
En el caso peruano, ya fue utilizado en 1989 bajo la variante del impuesto a los débitos bancarios y financieros. El reestreno de este año (que durará hasta 2006), tendrá características algo distintas. Primero, se cobrará una tasa de 0.15% para cada operación de crédito o débito a diferencia del 1% que en promedio se cobró entre 1989 y 1992 a las operaciones de débito. Segundo, se han ampliado las exoneraciones. Actualmente son 23 y representan alrededor del 70% de la base impositiva.
En todos estos casos, se ha registrado un aumento de la preferencia por el uso de efectivo, disminución de uso de cheques, retiros de fondos del sistema bancario, incremento de los costos de las grandes operaciones, mayor riesgo para los poseedores de dinero en efectivo, entre otras, todo lo cual se refleja en mayor evasión y una recaudación menor a la esperada.
A continuación describimos brevemente los casos de Colombia y Perú, para luego deducir los posibles impactos del ITF en Bolivia.
A finales del año 1998 y en el marco de una economía con signos evidentes de recesión, aparece el Impuesto a las Transacciones Financieras como una alternativa para evitar el colapso del sistema financiero colombiano.
Al establecer el tributo el gobierno recurrió a la declaratoria
de la Emergencia Económica prevista en su Constitución Nacional
(artículo 215) en la cual señala que es posible establecer,
con carácter transitorio, nuevos tributos o modificar los existentes.
Algunos sectores políticos, especialmente el liberalismo (partido
que no participaba del gobierno) sostuvieron que la medida de declaratoria
de la emergencia económica presentaba visos de inconstitucionalidad
debido a que no existieron hechos sobrevinientes, como lo exige la norma.
Igual situación ocurría con la adopción del impuesto
a las transacciones bancarias debido a que este se constituía en
un impuesto con destinación específica a favor de la banca.
Independientemente de la constitucionalidad de la medida, los decretos 2330 (Emergencia Económica) y 2331 (Contribución sobre las Transacciones Financieras) expedidas el 16 de Noviembre de 1998, surgieron en medio de una situación económica marcada por la recesión que se expresaba en un descenso del volumen de producción, en la reducción de las ventas, aumento de las tasas de desempleo, aguda crisis fiscal como consecuencia de las altas tasas de interés y los problemas del sector financiero, parálisis de la construcción (solo lograba venderse el 50% de las viviendas construidas), morosidad de los usuarios de los servicios de salud y educación, situación que colocaba al límite del cierre a instituciones escolares privadas y a empresas prestadoras del servicio de salud (E.P.S.).
La situación crítica del sector financiero se constituyó en la motivación principal para adoptar la medida por medio de la cual se buscaba recaudar 2.000 millones de pesos destinados a fortalecer el Fondo Nacional de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, y por esa vía, "proteger la estabilidad patrimonial de las entidades financieras" y recuperar la liquidez afectada por la morosidad en la cartera de los deudores de crédito hipotecario de vivienda y el elevado nivel de los activos improductivos.
Un número elevado de deudores de vivienda que se encontraban en mora se vieron obligados a entregar su vivienda como la única forma de cancelar sus deudas.
Los usuarios de crédito por el sistema UPAC (sistema de crédito calculado a partir de unidades de poder adquisitivo constante los cuales incrementan la deuda de acuerdo al aumento del índice general de precios) se organizaron y realizaron movilizaciones de protesta, las cuales ejercieron presión para que el gobierno adoptara medidas tendientes a detener la "avalancha" que estaba dejando sin techo a miles de familias colombianas de todos los estratos sociales.
Las cifras del sector financiero durante 1998 hacían manifiesta la situación alarmante, la cartera morosa aumentaba progresivamente, las entidades bancarias se negaban a aceptar más activos a cambio de la deuda, las pérdidas de los cuatro bancos oficiales alcanzaron en el último trimestre de ese año 190.000 millones, FOGAFIN le había venido inyectando recursos a los bancos Uconal, Granahorrar, Bancoop y la Caja Agraria para evitar su cierre, como consecuencia de los elevados niveles de iliquidez producidos por la cartera vencida.
En estas condiciones surge el decreto 2331 de 1998 "por medio del cual se dictan medidas tendientes a resolver la situación de los sectores financiero y cooperativo, aliviar la situación de los deudores por crédito de vivienda y de los ahorradores de las entidades cooperativas en liquidación, mediante la creación de mecanismos institucionales y de financiación", uno de ellos previsto en el artículo 29 del decreto en mención, es el referido al establecimiento de una contribución sobre transacciones financieras como un tributo a cargo de los usuarios del sistema financiero, con una tarifa equivalente al 2 x 1.000.
Estaba previsto que esta contribución tuviera un carácter temporal con una vigencia hasta el 31 de Diciembre de 1999. Como consecuencia de las necesidades surgidas a raíz del terremoto ocurrido en la región cafetera la vigencia del tributo se prolongó hasta finales del año 2.000, con el fin de atender la financiación de vivienda de interés social, otorgar subsidios de vivienda, dotación de instituciones oficiales de salud y educación y concesión de créditos blandos para pequeña y mediana empresa.
Al finalizar el año 2.000 por medio de la ley 633 se estableció el gravamen a los movimientos financieros GMF como nuevo impuesto a cargo de los usuarios del sistema financiero y de las entidades que lo conforman, de carácter permanente y con una tarifa del 3 x 1.000, adicionado al Estatuto Tributario.
Esta medida hace parte del paquete denominado "Programa de Ajuste Macroeconómico" que corresponde a las "sugerencias" del Fondo Monetario Internacional. Se destacan en ese paquete, la expansión de la base y la tasa al impuesto al Valor Agregado IVA, la reforma al sector financiero, la reforma tributaria, la privatización de la banca Estatal, la racionalización del gasto a las entidades territoriales, la reforma al sistema de transferencias, la reforma pensional y de seguridad social, entre otras.
La adopción de la contribución a las Transacciones Financieras produjo diversas reacciones, por un lado, el gobierno encontró una fuente ágil y amplia para captar recursos y una fuerte proyección hacia el futuro como lo expresó el Ministro de Hacienda en declaratoria para la publicación económica Portafolio: " Por lo que se ve en el mundo, el impuesto de la renta fue el impuesto estrella en la primera mitad del siglo XX y el IVA fue protagonista en la segunda mitad. No sería descabellado que el impuesto a las transacciones financieras sea el de la mitad del siglo XXI".
Por otro lado, los sectores políticos de oposición y las
organizaciones sindicales pusieron de presente cómo en gobiernos
anteriores (López y Barco) cuando el sector financiero presentó
un auge importante las utilidades beneficiaron a los banqueros y ahora
cuando la crisis afecta al sector, las pérdidas se socializan y
deben ser asumidas por toda la economía.
El impuesto a las transacciones financieras genera una preferencia por
el efectivo o por otros instrumentos financieros que no sean objeto del
gravamen.
En términos de equidad en la tributación, el impuesto afecta en mayor medida a los grupos que con mayor intensidad usan los servicios de intermediarios financieros (bancos y corporaciones de ahorro y vivienda). Los sectores de menores ingresos, excluidos de la tributación del impuesto de renta, ahora son incluidos; por ejemplo, un trabajador con salario mínimo (286.000 pesos ó 130 U.S) tiene que por lo menos tributar al año 20.000 pesos / 9,1 U.S si solamente consigna y retira del banco su sueldo.
Para eludir el pago del impuesto se han visto reducidas las operaciones con cheques, igualmente ha sucedido con las operaciones crediticias, especialmente en el periodo siguiente a la expedición de los decretos.
Las metas previstas inicialmente con la tarifa del 2 x 1.000 no se alcanzaron, se buscaba recaudar 2.000 millones de pesos pero debido a las restricciones colocadas al decreto por la Corte Constitucional esta meta se redujo a 1.500 millones, lo recaudado efectivamente en el año 2.000 llegó a 1´036.740 millones/471.245 millones U.S. La modificación de la tarifa al 3 x 1.000 significó un aumento en el recaudo, en el año 2001 se recaudó 1´325.670 millones/602.577 millones U.S. Situación que pone de presente la importancia que para los ingresos fiscales tiene el gravamen a los movimientos financieros GMF.
Es un tributo nuevo, amplio, que afecta los ingresos de todos los usuarios de los servicios financieros, especialmente de los que hacen mayor uso de estos, genera restricciones en el uso de cheques y limita las transacciones bancarias. El gobierno encontró una fuente amplia y ágil para recaudar impuestos sin las dificultades que genera la evasión y el cobro.
El impuesto a las Transacciones Financieras inicialmente tuvo la destinación específica (decreto 2331/98) hacia la resolución de la situación de crisis del sector financiero y cooperativo, posteriormente como consecuencia del terremoto ocurrido en la zona cafetera, estos recursos se destinaron para financiar la reconstrucción, por medio del apoyo a la vivienda de interés social y a las entidades de salud y educación de la zona. Con la ley 633 del año 2000 el Impuesto se convierte en una fuente amplia para financiar el presupuesto oficial.
La creación de nuevos tributos, la elevación de las tasas impositivas, la disminución de las transferencias a los Municipios, el ajuste en la nómina oficial y los elevados niveles de desempleo que según datos oficiales se acerca al 20%, han generado una fuerte contracción de la demanda interna, situación que ha permitido por un lado, la disminución del Índice General de Precios pero por el otro, ha acelerado el ritmo de pauperización de la población.
En 1997 según datos de Planeación Nacional los pobres ascendían a 19.8 millones y los indigentes a 7.1 millones, en tres años los primeros llegaron a 24,6 millones y los segundos a 9,7 millones.
En esos tres años las políticas de ajuste han generado 4,8 millones de pobres más y 2,6 millones adicionales de indigentes. La situación en el año 2000 está expresada en las cifras del Departamento Nacional de planeación. El 57% de la población se encuentra en niveles de pobreza y el 23% de indigencia.
Para finalizar este caso, cabría plantearse a manera de interrogante la siguiente tautología: ¿Si el sector financiero recibió el apoyo solidario de toda la economía para evitar el colapso, la población y otros sectores de la economía, como el rural, por ejemplo, podrían esperar en medio de la crisis económica, una actitud recíproca de los banqueros?
El mal manejo económico y la falta de capacidad política al comprometerse a realizar una serie de gastos que ahora recién descubren que no esta en condiciones de cumplir, llevo a que el gobierno peruano apele a la creación del impuesto a las transacciones financieras (ITF), impuesto antitécnico que no grava las ganancias sino los movimientos de dinero.
El ITF se creo mediante el decreto ley 939 bajo la denominación de la ley para la lucha contra la evasión y la informalidad. Su finalidad es incrementar la detección de los contribuyentes que no cumplen sus obligaciones tributarias, al promover la documentación de operaciones.
A diferencia de las transacciones en efectivo, las que se realicen a través del sistema financiero quedan documentadas y por consiguiente pueden ser utilizadas como elementos probatorios de incumplimiento tributario, convirtiéndose en herramienta para el control fiscal.
Según el Banco Mundial, el 60 % de la economía peruana es informal. Como resultado, la presión tributaria es de apenas 12,9% este año y muy por debajo de estándares internacionales de recaudación tributaria. Con las medidas ultimas, se espera que a fines del 2004 la presión tributaria haya subido otro puntito.
La banca esta en contra del ITF, la asociación de bancos ASBANC advirtió que estudiaría vías legales para detener la norma pese a la comisión que percibe por su servicios de cobro; debido a que reduce el espacio para realizar intermediación de recursos financieros, ocasiona la Corrida de las personas y eso les perjudica. Pero los que van a pagar el impuesto no son los bancos que se limitan a recaudarlo, sino los agentes formales que no solo vienen soportando una carga tributaria muy alta sino que ahora van a tener que asumir un nuevo sobre-costo.
Ahora si por un lado el ITF busca un mayor control sobre movimientos de dinero, facilitando la lucha contra la evasión, la informalidad y el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, el ITF propicia justamente lo contrario: que los agentes eviten pasar por el sistema financiero para evitar un sobre costo injustificado.
El ITF en el Perú fue calificado como inconstitucional, y hasta el momento se lucha por su anulación, por otro lado algunos economistas peruanos explican que se debe reducir la alícuota vigente de 0,15 % a 0,10 % con la finalidad de no afectar a la formación de precios y disminuir la competitividad de las empresas. Con esta medida se busca evitar el aumento en los costos de transacción que el tributo ocasiona a aquellas empresas con un gran número de movimientos de cuenta bancaria originados por su continua relación con proveedores y clientes.
Por todo ello algunos de los congresistas peruanos están de acuerdo en eliminar o reducir significativamente el ITF, por ejemplo Jhonny Peralta Congresista, asegura que pese a la eliminación de este impuesto no neutralizara totalmente el daño causado a las expectativas y confianza de los agentes económicos de un país que requiere justamente formalización y ahorro.
El gobierno sostiene que la tasa de 0,15 % del ITF aprobada por el Consejo de Ministros es la mas baja en la región, y sostenible en el tiempo. Medidas similares han sido aplicadas en Argentina, Colombia, Venezuela y Brasil en el segundo lustro de la década de los 90’s con resultados mixtos. Una variante carioca del ITF esta en vigencia en el Brasil desde 1997, pero en marzo del 2003 Lula no solo lo fijo como impuesto permanente, sino que lo subió hasta 0,38 %. El resultado: un incremento de 100 % en el impuesto a la renta y un crecimiento en la recaudación superior a 200 % en ciertos estados.
Para concluir, algunos parlamentarios creen que existe otras medidas mas eficientes y menos traumáticas para la economía, por ejemplo mediante la aplicación de procedimientos mas ágiles y transparentes para los procesos de adquisiciones y contrataciones del estado, tales como compras conjuntas de las diferentes entidades publicas, el uso de medios electrónicos y una mayor participación en la bolsa de productos. Si se lograra esta meta, el excedente generado seria un monto similar a lo que se espera recaudar por el ITF.
Por todo ello será necesario consolidar las respectivas demandas de bienes y servicios, para luego convocar a concursos públicos para adquirir estos a los mejores postores, evitando que cada sector o institución haga compras por separado, lo que implica tanto mayores costos administrativos como una menor capacidad de negociar mejores precios a través de la competencia entre proveedores, al mismo tiempo estas compras conjuntas y en gran volumen permitirán ir erradicando gradualmente las adjudicaciones directas, que favorecen un manejo arbitrario y poco transparente de las compras estatales.
El ITF es un impuesto selectivo al uso del cuasidinero, cuya principal consecuencia macroeconómica es la reducción de la intermediación o profundización financiera. Ello sucede porque al aumentar los costos de transacción, se contrae la demanda por servicios bancarios reflejándose esto en un aumento en la preferencia del público por circulante.
Por ejemplo, en Colombia en la primera semana de vigencia del impuesto el volumen de transacciones cambiarias vía el sistema bancario cayó de US$ 170 millones a US$ 30 millones y entre 1998 y 2000 (antes y después de la introducción del impuesto), la liquidez total medida como porcentaje del PBI cayó de 40% hasta 36%. Mientras tanto, en Venezuela entre enero y diciembre de 1994 las tenencias de circulante por parte del público aumentaron 20% en términos reales, mientras que el cuasidinero cayó en 8%.
El volumen de las transacciones financieras se reducirá, primeramente de una manera brusca y luego lenta pero constante. Las consecuencias de la desintermediación financiera sobre la salud económica del país son importantes y variadas. Sin embargo, resultan importantes mencionar:
Condiciona los mecanismos de transmisión monetaria y en dicha medida restringe la capacidad del Banco Central de llevar adelante su política monetaria.
Encarece el crédito ya que caen los fondos disponibles para préstamos. Si bien, la holgada posición de liquidez de los bancos mitigaría este efecto en el corto plazo, hay que estar atento a la velocidad con que la caída de depósitos pueda producirse.
Como pudimos percibir en la primera parte, el ITF tiene un efecto cascada, el impuesto se acumula en aquellos bienes finales con mas etapas en el proceso productivo y por tanto con mas transacciones intermedias antes de llegar al bien final.
Este efecto cascada fomenta innecesariamente la integración vertical, castiga a la pequeña empresa que no puede concentrar sus transacciones al interior de la empresa y hace costosa la intermediación y la liquidez. Mas aun si el impuesto se aplica por mucho tiempo, se arriesga una significativa desintegración domestica, la cual podría ser difícil de revertir, incluso si el impuesto llegara a ser eliminado. Asimismo, si la actividad económica es llevada a la informalidad, se generaran impactos negativos sobre la recaudación de otros impuestos importantes.
Económicamente se prevé que genere un alza de costos de producción y por ende de precios; afectando: la inflación, la venta y el consumo. Como conclusión, el ITF limitara el crecimiento de la economía y restara competitividad a las empresas bolivianas, dentro y fuera del país. Esto ocasionara una reacción del sector productivo del país, puesto que son precisamente estos los que realizan las mayores transferencias financieras.
Con la globalización y la apertura de los mercados, vino el tema de la competitividad. Como única forma de tener éxito o quizás solo de sobrevivir en un mercado en que todos compiten por vender sus productos, la competitividad o mejor dicho, la capacidad de producir iguales o mejores calidades a iguales o mejores precios que los demás, es fundamental.
Ha de afectar no solo el costo de vida del común ciudadano que usa una cuenta bancaria, sea de ahorro o cuenta corriente, para realizar sus pagos, sino que ha de afectar principalmente a la empresa nacional que realiza múltiples transacciones de depósito y de giro de fondos desde el inicio del ciclo productivo hasta la comercialización final de sus productos.
Se producirá aumento de la economía informal, luego un desplazamiento de los dólares hacia el mercado de valores, se buscara el ahorro mediante los DPF’s, mayor uso de bancos en el exterior, fusiones e integraciones verticales ineficientes en las empresas (una empresa tratara de abarcar todo el proceso productivo al interior de si misma para evitar realizar transacciones), mayor uso de efectivo y cuentas bancarias alternativas o exoneradas.
De igual manera se reducirá el uso de cheques y aparecerán las cámaras de compensaciones (lugares de intercambio de cheques) fuera de los bancos. Obligara a las personas naturales y jurídicas a manejar un menor numero de cuentas y de ser posible en un mismo banco. Desdolarizara el sistema bancario, reduciendo el ahorro en moneda extranjera.
También se puede esperar una reducción en la recaudación de otros impuestos debido a la generación de una mayor informalidad en las empresas y personas.
El déficit fiscal produce una mayor inflación debido a que el consumo familiar disminuye, para bajar la inflación y combatir la receción económica se debe reducir los impuestos, no incrementarlos, varios modelos económicos dicen que incrementando los impuestos se acaba contrayendo la economía. Esto debido a que al incrementar los impuestos disminuyo la capacidad de ahorro y gasto de las familias, por lo que la demanda agregada disminuye, esto genera desempleo y es un efecto cadena que termina contrayendo la economía de un país.
Por otro lado para combatir la recesion se debe aplicar una política monetaria adecuada basada en bajar las tasas de interés, mediante el banco central que puede inyectar recursos a los bancos a tasas activas bajas. Se debe aumentar la oferta monetaria, precios accesibles a más personas.
Por:
Ing. Luis Alfredo Rimassa M.
luis_rimassa[arroba]hotmail.com
Secretario de Investigación y Desarrollo CIIC. Bolivia
R.N.I. 10969
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