4.2. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PRIVATIZADOR
DE SALUD POR PARTE
DEL GOBIERNO DE EL
SALVADOR.
Las autoridades del Ministerio de Salud y del Instituto
Salvadoreño Seguro Social,
se han dedicado a ejecutar prácticas y acomodamientos que
les permitan introducir la privatización en el sector salud y para
ello se valen de múltiples estrategias,
principalmente:
- Campañas publicitarias
- Desestabilización de los
establecimientos de salud del MSPAS-ISSS. - Precarización de empleo y
acoso laboral a los
trabajadores de la salud. - Acciones efectuadas por el gobierno de El
Salvador para el avance en la privatización del sector
salud.
4.2.1 Campañas Publicitarias
· Desprestigio del Instituto Salvadoreño
del Seguro Social
(ISSS).
(Publicación El Diario de Hoy , Edición
22 de octubre de 2001).
· Desprestigio del sector de trabajadores de
establecimientos de salud del ISSS.
(Publicación El Diario de Hoy 23 de Octubre de
2001).
· Desprestigio del sector trabajador en
principales hospitales del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social.
( Hospital Nacional Rosales – Hospital Nacional de
Niños
Benjamín Bloom).
· Venta
publicitaria de los Sistemas
Básicos de Salud Integral (SIBASI),
como mejor alternativa de atención primaria en salud.
· Acusación publica por parte de Director
general del ISSS a los trabajadores en referencia a
responsabilizar a las y los trabajadores del ISSS de la crisis que
vive el Seguro Social.
Objetivo de esta estrategia:
Sensibilizar a la ciudadanía y ganar razón en la
población en el sentido que la crisis
vivida en el Sistema Nacional
de Salud (MSPAS – ISSS) es insuperable y la responsabilidad es del sector laboral del mismo.
Por lo tanto la única solución es
privatizarlo.
4.2.2 Desestabilización De Los
Establecimientos De Salud Del MSPAS – ISSS.
· Incremento del desabastecimiento de los centros
de atención de primero, segundo y tercer nivel en cuanto a
medicamentos, materiales
quirúrgicos, insumos, servicios de
diagnostico, mantenimiento,
equipos y maquinaria, entre otros.
· Reducción de personal
(despidos vía retiro "voluntario") y congelamiento de
plazas vacantes (despidos, renuncias, jubilaciones).
· Falta de contratación de personal
interino para cubrir licencias, vacaciones e
incapacidades.
· Aplicación de austeridad en el
área de salud dentro del presupuesto
nacional.
· Abandono a la reconstrucción de los
Hospitales afectados por el terremoto, aun cuando se adjudico
fondos para tal fin vía empréstitos.
· Abolición del pago de la cuota
"voluntaria" en las unidades de salud del Ministerio de Salud
Pública, Sin absorber por parte del gobierno el
déficit económico ocasionado por esta medida lo
cual ha significado minimizar la operatividad de estas unidades.
(Ejemplo: Despido de médicos, paramédicos,
trabajadores administrativos y de servicio,
desabastecimiento de medicinas, todo ello cubierto con esas
cuotas voluntarias)
Objetivo de esta estrategia:
Hacer colapsar los Servicios de Salud Pública,
para incrementar la insatisfacción del usuario y
justificar la privatización.
4.2.3 Precarización De Empleo Y Acoso Laboral
A Los Trabajadores De La Salud.
· Incremento de funciones y
tareas a las y los trabajadores de salud.
· Sanción a dirigentes de organizaciones
laborales del sector salud.
· Despido de dirigentes y personal sindicalizado
del sector salud.
· Violación al derecho
constitucional a la intimidad de las personas mediante
registros
indecorosos e ilegales ejecutados por parte de la vigilancia
privada contratada en los establecimientos de salud hacia las y
los trabajadores del sector salud.
· Implementación de jefaturas destinadas a
la persecución de las y los trabajadores del sector
salud.
· Amenazas constantes de sanciones y
despidos.
· Violación al Contrato
Colectivo vigente en el ISSS.
· Boicot a las campañas de
afiliación sindical tanto en el MSPAS como en el
ISSS
· Implementación de sistemas de
recolección de denuncias, orientando al usuario a la
acusación contra el sector laboral.
Objetivo de esta estrategia:
Bloquear la resistencia y
disminuir hasta abolir el nivel de lucha del sector trabajador
por la defensa de sus derechos y su
reivindicación laboral.
Incrementar la insatisfacción y decepción
del sector trabajador hacia las organizaciones sindicales y la
institución misma, para obligarlo a renunciar.
4.2.4 Acciones
Efectuadas Por El Gobierno De El Salvador Para El Avance En La
Privatización Del Sector Salud.
Creación Del Marco Jurídico:
· Reforma de la ley de
Contrataciones y Adquisiciones de la Administración
Pública. En referencia a la licitación de los
servicios
públicos.
· Reforma de la Ley de Servicio Civil, en
referencia a obligatoriedad de justificación anual de las
plazas de los servidores
públicos.
Financiamiento:
· Préstamo del BID para la
modernización del Sector Salud en El Salvador.
. Préstamo del BID para la modernización
del Seguro Social. Proyecto Piloto
en dos hospitales del ISSS.
. Préstamo del Banco
Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para
reconstrucción de Centros de Salud por terremotos y
extensión de servicios de salud.
Modificación En La
Administración Y Prestación De Servicios De
Salud:
· Implementación de los Sistemas
Básicos De Salud Integral (SIBASI),
en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social.
. Implementación de Sistemas Gerenciales de
Administración en el Instituto
Salvadoreño del Seguro Social.
· Reestructuración de la División
de Salud del Seguro Social.
· Implementación de nuevas formas de
contratación del recurso humano en salud bajo la modalidad
de pago por producto.
· Reforma de Prestación de servicios de
salud al sector del magisterio (Bienestar
Magisterial).
· Incremento de metas de producción en los servicios de salud con
pérdida de calidad de los
mismos.
· Compra de servicios de alimentación,
limpieza, vigilancia, de diagnostico y consulta o procedimientos
médicos a sectores privados.
Lo anteriormente anotado como avance de la
privatización del sector salud salvadoreño ya ha
ocasionado estragos tanto en los trabajadores de la salud como en
la población en general pudiendo mencionar entre otros los
siguientes efectos:
1. Incremento de desempleo en el
país a causa de despidos en el sector salud.
2. Precarización de empleo de las y los
trabajadores del sector salud.
3. Mayor vulnerabilidad de los trabajadores del sector
salud a causa de reformas legales y represión de parte
de las autoridades.
4. Retardo en la prestación de los Servicios
Públicos y de Seguridad
Social de Salud hacia la población
usuaria.
5. Rebrote de enfermedades
infectocontagiosas y respiratorias tales como Tuberculosis,
Hepatitis A,
Fiebre
Tifoidea, Gastroenteritis, Neumonías y Dengue. Esta
ultima manejada casi siempre con posición política y no con
visión técnica de salud.
Estas situación descrita sumado al cierre al
dialogo por parte
de las autoridades del ISSS y Ministerio de Salud Publica
con la Sociedad Civil
ha hecho que los problemas del
sector salud lejos de solucionarse se compliquen. Además
ante el llamado de la empresa
privada representada principalmente por la Asociación
Nacional de la Empresa Privada
de reestructurar el Seguro Social en la forma como lo propusiera
en su Tercer Encuentro Nacional (ENADE 2002), el gremio medico y
la sociedad civil
deciden pasar de la denuncia a la resistencia activa
implementando medidas de denuncia, difusión de la
problemática, sensibilización ciudadana y acciones
de presión
contra la inminente política de privatizar el sistema de
salud de El Salvador.
4.3. LA PRIVATIZACIÓN DE SALUD: SU
TRASCENDENCIA.
La carencia de medicinas, insumos, equipo y de
suficiente personal médico son parte de la estrategia de
ARENA de destruir al Sistema Salud de El Salvador y así
hacer más fácil su proceso de
privatización, en el marco de la entrada en vigencia del
Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos el próximo 1 de Enero
2006.
La amenaza de la privatización marcha con su
destello macabro marcando el futuro de la salud del pueblo. Y el
plan gubernamental de hacer inoperante y obsoleto el ISSS y MSPAS
retoma fuerzas.
La reciente privatización de la Consulta de
Especialidades, en el ISSS, las concesiones de todos los
servicios de apoyo –alimentación, limpieza y
lavandería-, de algunos servicios técnicos, como
laboratorio
clínico y las farmacias son una prueba fehaciente que la
privatización dentro del ISSS camina a pasos gigantes.
¿Por qué?
Sin embargo, es necesario anotar que en su conjunto los
argumentos referidos ponen en discusión, en última
instancia, la solidaridad
social y el concepto de
ciudadanía universal. Por que entienden que un sector de
la población (los sanos, los jóvenes y los ricos)
no deberían financiar a los enfermos, a los viejos y a los
pobres.
Aquí subyace la concepción de que el
proceso salud-enfermedad es una cuestión privada y por lo
tanto, sus soluciones se
deberían dar en la esfera de lo privado. Esto refuerza la
idea de que para cada necesidad, respecto a la salud y
demás condiciones de vida, se generan diferentes
capacidades de respuesta dirigidas a satisfacerlas. Prueba de
ello es el aumento de la promoción de la privatización de la
salud con el fin de crear paquetes diferenciados de
atención en salud dirigidos a segmentar cada vez
más a la población, originando así distintas
clases de ciudadanos.
Históricamente, la sociedad Salvadoreña se
ha desarrollado con base en la desigualdad, ello se daba al mismo
tiempo en que
se manifestaba, por parte de todos los gobiernos, una constante
preocupación por mejorar las condiciones de vida de los
sectores mayoritarios de la población. En la coyuntura
actual, el Estado
Salvadoreño progresivamente está abandonando
algunas de sus funciones redistributivas y distributivas, por lo
que se acentúa la desigualdad
social de una manera peligrosamente irreversible.
La privatización del seguro social y de otros
servicios de la red pública de salud
no sólo va encarecer los servicios sino que el acceso a
los mismos dependerá de las condiciones en que se
encuentre la economía familiar.
Según la Encuesta de
Hogares de Propósitos Múltiples de 2002,
actualmente el 60% del gasto total en salud proviene directamente
de los usuarios. Es decir, que la sostenibilidad del gasto en
salud depende de los pagos que la población realiza ya sea
por medio de impuestos o en la
inversión directa de cada hogar.
Esperamos pues que, mas pronto que tarde, El Pueblo
Salvadoreño comprenda que LA PRIVATIZACIÓN SE DEBE
DETENER con lucha organizada, con resistencia y con la construcción de nuevas alternativas; Porque
sino: ¡O PAGA, O SE MUERE!
CAPITULO V
RESISTENCIA A LA PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD
EN EL SALVADOR
5.1 RESISTENCIA A LA PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD
EN EL SALVADOR.
La salud es un derecho fundamental de todas las personas
y es el Estado el
responsable de velar y hacer cumplir este derecho. Pero como se
puede comprobar al gobierno de turno poco le importa brindar
servicios médicos de calidad.
Por el contrario el gobierno está llevando a un
colapso la administración de Salud Pública y al
ISSS, se prioriza por invertir millonarias cantidades en publicidad y
propaganda y
no se hacen esfuerzos por solucionar los verdaderos problemas en
la atención en salud.
Esta política nefasta obedece a las cada
día más concretas intenciones de privatizar la red
de servicios públicos, como parte del modelo
neoliberal y como un aspecto fundamental del Tratado de Libre Comercio
entre Centroamérica y Estados Unidos
que entrara en vigencia en nuestro país El Salvador este
próximo 1ro Enero 2006.
Ante esta situación, debemos estar informados
sobre la atención de los servicios que se prestan en la
red nacional de salud e involucrar a los diferentes sectores de
la sociedad en el proceso de reforma integral de salud, bajo los
principios de
calidad, calidez y solidaridad de los servicios. Es indispensable
que los y las salvadoreñas tomen conciencia que el
proceso de construcción de un modelo de salud
pública, debe tener como eje fundamental al ser humano y
no el principio mercantilista; de lo contrario
difícilmente se podrá solucionar la
problemática de la salud.
5.2. PRINCIPIOS Y VALORES QUE
DEBEN EXISTIR COMO ALTERNATIVA A UNA VISIÓN
PRIVADA
Principios Y Valores.
Para reformar el sistema de salud no basta con lograr un
consenso en lo negativo, es decir sobre las carencias y las
deficiencias que deben corregirse. Se necesita partir de un
consenso sobre los principios que deben fundamentar el desempeño del sistema de salud y que por lo
tanto deberán regir los cambios que mejoren nuestra
respuesta organizada a los retos en salud que enfrenta nuestro
país.
Ciudadanía: Tomar como base el hecho de
que el acceso a los servicios de salud es un derecho social de
todos los salvadoreños.
Humanismo: Poner a la persona y su
familia como
centro y eje del sistema de salud en tanto que motivo y fin
último del mismo.
Respeto: Enfatizar la consideración y
deferencia para con el usuario de los servicios de salud,
independientemente de su estatus social, identidad
cultural, su condición económica y de las opciones
de las personas. Los trabajadores de salud están obligados
a brindar un trato digno y justo a los/as usuarios/as.
Etica: Los actores del Sistema están
comprometidos por su profesión y con el derecho a la salud
de la población fundamentado en la visión de
desarrollo
humano sostenible.
Calidez: Garantizar un trato humano, amable y
cálido al paciente, como norma de conducta.
Universalidad: Derecho de todos los individuos a
recibir atención independientemente de su situación
socioeconómica, religiosa, étnica, política,
o preferencia sexual.
Equidad: Garantizar que, ante una misma necesidad
de salud, toda persona salvadoreña, sin discriminación de ningún tipo, tenga
acceso a los mismos servicios.
Solidaridad: La salud de todos es responsabilidad
de todos
Subsidiaridad: El estado financiará los
servicios de salud a la población de acuerdo con su
capacidad de pago é independientemente de su riesgo de salud,
así la inversión en salud contribuye al desarrollo
humano sostenible.
Accesibilidad: Facilitar el acceso a los
servicios de salud y eliminar las barreras geográficas,
socio-económicas y culturales.
Calidad: Procurar que los servicios produzcan el
máximo de mejoramiento posible en los niveles de salud de
la población, y satisfacer las expectativas de los/as
usuarios/as con una atención buena, efectiva, oportuna,
continua, humana, cortés y respetuosa.
Integralidad: Procurar el cuidado a la salud
desde una perspectiva holística que considere a la persona
en su contexto biológico, psicológico, social y
cultural.
Eficacia: Lograr el objetivo del
servicio sobre los usuarios/as del mismo, dando prioridad a
aquellas intervenciones encaminadas a obtener los mejores
resultados a la brevedad posible.
Eficiencia: Obtener el mayor nivel posible de
salud para toda la población con los recursos que el
gobierno asigne a éste fin.
Oportunidad: Procurar que la respuesta organizada
a las necesidades de salud de la población sea eficaz y
expedita.
Democracia: Procurar la participación
activa de la sociedad en la toma de
decisiones relacionadas con la definición y
funcionamiento del sistema de salud.
5.3. LINEAMIENTOS GENERALES CONTRA LA
PRIVATIZACIÓN DE LA REFORMA DEL SECTOR
SALUD.
El desafío que enfrenta el sector salud en El
Salvador se puede resumir en una frase: Hacer prevalecer los
principios y valores que la sociedad salvadoreña exige y
espera de un Sistema Nacional de Salud y afrontar sus
retos.
Para responder a esta urgencia, Presentamos a
continuación lineamientos generales básicos que
deberán guiar el proceso de la reforma del sector salud en
función
del paciente y no del "cliente":
5.3.1 Consolidar Un Sistema Nacional De
Salud.
Este sistema nacional de salud deberá volver
accesibles los servicios de atención a la salud que
demanda y
requiere la población, facilitando su uso más
justo, eficaz y eficiente. y propiciar esfuerzos de coordinación e integración del sector
público y de complementariedad con el sector
privado. Así también, deberá estar en
condiciones de mejorar el desempeño en la provisión
de servicios y hacer el mejor uso posible del gasto
público en materia de
salud.
5.3.2 Consolidar Un Modelo De Atención Basado
En La Promoción, La Prevención Y La Atención
Primaria De Salud.
El modelo de atención dará cobertura en
los tres niveles, con énfasis en el primero, priorizando
las acciones de promoción y prevención y la
atención de la morbilidad con o sin
hospitalización. Este modelo será un pilar
fundamental en el cual se deberá apoyar la
transformación del sistema de salud; ya que
contribuirá a que la prestación de servicios se
vuelva más eficiente y equitativa, se brinde con calidad y
calidez, y que responda a las necesidades de mayor prevalencia
entre la población. Para ello, se deberá motivar la
promoción de la salud, fomentar la prevención, y
aumentar la capacidad de resolución del primer nivel de
atención en el cuidado de las enfermedades.
5.3.3 Consolidar Un Modelo De Gestión
Basado En La Rectoría Del Ministerio De
Salud.
Se propone un modelo de gestión – entendido
como el modo de operar los componentes del sistema, los
diferentes actores y sus roles, lo administrativo, lo
técnico y lo financiero – que parte de la
rectoría y liderazgo del
Ministerio de Salud como cabeza del sector salud.
El modelo de gestión deberá estar
orientado a mejorar el desempeño del sistema nacional de
salud en su conjunto, procurando la operación eficiente de
los servicios de salud para atender a los usuarios del sistema
con calidad y calidez y mejorar la calidad de
vida de la población. El modelo de gestión
deberá contemplar tres elementos clave:
– La regulación y dirección del sistema de salud,
– La gestión financiera del sistema y
– La prestación de servicios.
5.3.4 Institucionalizar La Participación
Social Como Un Eje Transversal Del Sistema De
Salud.
Aun antes de iniciar formalmente el proceso de Reforma
el andamiaje político deberá, al igual que el
social, ser fruto de apertura, discusión y negociación a fin de incorporar el
máximo de fuerzas sociales, y hacer de este proceso un
centro de coincidencia de compromisos con la sociedad. De igual
manera que las actividades de salud relativas a la
vacunación infantil lograron convocar los mejores oficios
de las partes beligerantes en el conflicto
civil salvadoreño, el tema salud puede y debe ser el punto
de coincidencia en el marco de un Pacto Social que comprometa la
participación política y ciudadana
en un proceso de Reforma que sin ellos, no tendría
factibilidad
ni validez.
5.3.5 Invertir En Los Recursos
Humanos de Salud.
Los recursos humanos para la salud están al
centro de los esfuerzos para mejorar la calidad, ampliar la
cobertura, y garantizar la equidad en la
prestación de los servicios de salud, que son los objetivos
centrales de la reforma. De ahí que se recomiende que se
busque una política de desarrollo de recursos humanos en
el área de salud que promueva y regule su
formación, regule su actividad profesional, enmarque las
relaciones laborales y administre y asigne este recurso con
equidad.
5.3.6 Fortalecer La Intersectorialidad En La
Respuesta Social Organizada A Los Retos En Salud.
Se ha definido a la salud como el estado de completo
bienestar físico, mental y social, de ahí que para
que la reforma del sistema de salud se convierta en una
herramienta eficaz para la respuesta social organizada a los
retos en salud del país, deberá contar con el
compromiso de varios actores sociales y de los diversos sectores
que conforman el Estado. Se deberán unir esfuerzos para
promover activamente todos los elementos que afectan la salud,
tales como la educación, la
alimentación, el empleo, la vivienda, los servicios
básicos, la protección del medio
ambiente, y la igualdad de
la mujer. En
particular, se deberá hacer énfasis en las acciones
de salud que deberán desarrollarse en el nivel local,
tales como las tareas propias del saneamiento básico y el
control de
la
contaminación, control de vectores,
educación
para la salud, salud de la familia y
prevención de enfermedades emergentes tales como el SIDA y
reemergentess como el dengue, el
cólera,
la tuberculosis, la violencia y
otras.
5.3.7 Garantizar Servicios De Salud A Toda La
Población.
Entre las acciones más tangibles de la reforma,
uno de los compromisos más fuertes y urgentes, es reducir
la brecha existente entre la población que tiene acceso a
la atención completa y la que no obtiene nada. La Reforma
iniciará garantizando servicios esenciales a la
población no cubierta. El Gobierno Central, sus instituciones
públicas, la Sociedad Civil, la iniciativa privada y la
Cooperación Externa no deben escatimar esfuerzos para
asignar los fondos suficientes. Es obvio que los beneficios
directos de estas intervenciones redundaran en mejorar el nivel
de vida de las personas, proveer más y mejores
oportunidades y consecuentemente en una sociedad más
humana, que invierte en las personas para así alcanzar sus
metas.
5.4 ALTERNATIVAS DE REFORMA DEL SISTEMA SALUD EN EL
SALVADOR
Entre fines de noviembre de 1998 y octubre 2000, se
desarrollaron siete propuestas de reforma de la salud por actores
salvadoreños, tres de ellas limitadas a un sub sector y
las otras cuatro a todo el sector: Panadeiros 1999 (adicionada
por FUSADES 2000); MSPAS 1999, CONASA 1999; Colegio Médico
1999; STISSS 1999; ISSS 2000 y SIMETRISSS 2000.
5.4.1 Sector Público, MSPAS.
La reforma del sector salud en El Salvador fue parte del
Plan de Gobierno 1994-99 que estableció como prioridad
nacional la modernización del sector público. Este
plan inició un proceso de modernización
institucional y descentralización del MSPAS alrededor del
concepto de "Sistema Básico de Salud Integral" (SIBASI),
el financiamiento
mixto de hospitales estatales y el apoyo de la cooperación
internacional para elevar la eficiencia de la
atención médica.
Las direcciones facilitan la contratación de
servicios bajo cuatro modalidades: la suscripción de
convenios entre la Dirección y los SIBASIS (antes sistemas
sanitarios); la contratación de servicios privados; la
compra de servicios por capacitación; y la provisión de
servicios por prestación directa desde la propia
Dirección (sobre todo acciones de salud pública,
vigilancia epidemiológica y comunicaciones). Sin embargo, el proceso de
descentralización y la efectividad del SIBASI enfrentan la
dificultad de no contar con un presupuesto apropiadamente
diseñado.
El papel del MSPAS en este proceso de
modernización se focaliza en dos niveles básicos:
rectoría y provisión del servicio. Los objetivos
son: primero, establecer el fundamento institucional y de
infraestructura para cuando se implemente la reforma con el animo
de "estar preparar" para asumir el compromiso de la reforma,
mediante la modernización de sistemas, actividades,
procedimientos, y tareas. Segundo, se define la gradualidad del
proceso de modernización pues los establecimientos y
unidades que otorgan el servicio adquirirán paulatinamente
su autonomía.
5.4.2 Sector Público, ISSS.
El ISSS también ha iniciado un plan de
modernización descrito en su Plan Quinquenal (ISSS 2000).
El propósito principal de éste es la
descentralización y la transformación del modelo de
gestión de los hospitales y establecimientos
médicos. El convenio o contrato de gestión vincula
al financiador (regulado y contralor) con el proveedor que se
puede ser público o privado (gestor y proveedor). El
financiador define el qué, cómo y el cuánto
en el contrato de gestión para que el proveedor produzca
una cobertura de calidad. El presupuesto se asigna por procedimiento o
producto (servicio) a fin de elevar la productividad de
los establecimientos médicos. La nueva gestión
implicaría un cambio en la
modalidad de pagos del ISSS. Por ejemplo, el pago de planillas
para el personal médico en vez de hacerse por haberes
previamente fijados se haría por volumen de
procedimientos. La nueva visión de gestión incluye
también la tercerización de la preparación
de alimentos,
vigilancia, limpieza, correspondencia, desechos de sólidos
y de una gama de otras actividades de apoyo a los servicios
médicos. En la actualidad, el ISSS compra servicios tales
como vigilancia, rayos x,
laboratorios e incluso servicios médicos (por ejemplo,
tres mil partos de bajo riesgo que anualmente se hacen en el
hospital Pro Familia).
La visión de largo plazo de la
administración actual del ISSS es convertirse en una
aseguradora que financia los servicios de salud, porque no provee
directamente los servicios médicos. De acuerdo a esta
visión, el MSPAS y el ISSS tendrían que coordinar
acciones y definir sus responsabilidades.
5.4.3 CONASA
La propuesta presentada por la Comisión Nacional
de Salud (CONASA 1999) que crea un seguro de salud obligatorio es
en realidad, una propuesta gubernamental debido a que la
comisión fue nombrada por el Ejecutivo. La propuesta de
esta comisión (realizada con colaboración
financiera y técnica de US-AID, la OPS y
Cooperación Técnica Alemana (GTZ) se organiza en un
sistema de salud que contiene un modelo de atención
(integral y accesible), modelo de financiamiento (creación
de Fondo de Solidaridad para la salud), modelo de gestión
(estructurado, descentralizado, participativo). Crea al seguro de
salud universal (obligatorio) con varios tipos de financiamiento
de trabajadores/as y empleadores/as contribuyentes, pensionistas,
AFPs, contribuciones del Estado e impuesto donde,
el financiamiento se realiza por medio de un fondo general
adicional y, en consecuencia, se elimina el ISSS como
tal.
5.4.4 COLEGIO MÉDICO DE EL
SALVADOR
La propuesta del Colegio Médico tiene un
énfasis importante en la "rectoría con
gestión participativa" en vez de "rectoría" a secas
que propone el MSPAS. Asimismo, también enfatiza la
descentralización pero agregándole "sin
privatización". La propuesta se define como una propuesta
de política nacional de salud y no únicamente una
propuesta técnica.
Plantea la reforma del sector público en la cual
el MSPAS asume la responsabilidad programática y
financiera de la salud de la población en todos los
niveles de pobreza; en ella,
el ISSS amplia su cobertura al sector informal, empleados/as
domésticos/as y trabajadores/as del campo, y se moderniza
el sub sector privado lucrativo y no lucrativo. El financiamiento
del sistema sería mixto, subsidiario y solidario. La
administración se garantiza a través de la
Comisión de Auditoría Social. Entre las organizaciones
que apoyaron la propuesta hubo consenso en que los servicios
públicos no deben privatizarse. La propuesta recomienda la
conformación del Consejo Nacional de Control y
Regulación de la Actividad Sanitaria y de una
Comisión Nacional de Reforma para el sector salud de
naturaleza
permanente, representativa de los actores del sector, pluralista
y que además, defina el proyecto de reforma del
sector.
El MSPAS sería el ente rector. Los
establecimientos del MSPAS funcionarían
descentralizadamente formando redes al nivel local, en
estrecha coordinación insterinstitucional
(alcaldías, iglesias, escuelas, ONGs, etc.). Las
instituciones públicas de la salud (MSPAS, ISSS, Sanidad
Militar, etc.) Podrían optar por la compra de servicios
siempre y cuando, para el interés
social y estatal, resulte más conveniente que
producirlos.
El sub sector privado no lucrativo podría optar
por dar atención primaria bajo la supervisión del MSPAS. El sub sector
privado lucrativo tendría la oportunidad de participar en
el sistema reformado para lo cual se establecería un
régimen de incentivos
fiscales para asistencia en situaciones debidamente especificadas
y reguladas así como estudiar la posibilidad de remuneraciones
básicas adecuadas. El presupuesto destinado al cuidado de
la salud tendría que ser aumentado mediante una
combinación de elevación del gasto público,
contribuciones, impuestos generales y selectivos, donaciones y
otros.
5.4.5 STISSS
La propuesta del STISSS vino poco después que la
del Colegio Médico. Esta disminuye el papel que
desempeña el MSPAS en la propuesta del Colegio
Médico y, más bien, reemplaza la "gestión
participativa" del MSPAS por la "rectoría y liderazgo en
la prestación de servicios" de parte del ISSS. Este
último administrará las cotizaciones,
extenderá la seguridad social
a grupos de
trabajadores/as tradicionalmente excluidos/as, coordinará
las acciones de otras instituciones sean ONGs, hospitales o
clínicas privadas con fines de lucro (subcontratadas). Es
decir, el ISSS proveerá servicios propios pero
también subcontratará los servicios de
instituciones privadas. Todos los establecimientos de salud se
regirán por la política nacional de salud, políticas
y programas
sectoriales y las normas que emita
el MSPAS en su calidad de rector solamente, desligado de funciones
administrativas o de financiación directa de la
provisión de servicios. De acuerdo a STISSS, esta
propuesta se inspiró en el modelo de Costa Rica, pero
ella incluye una propuesta de reforma normativa y no incluye un
componente de costo. A
diferencia de la reforma de los años noventa en Costa
Rica, la propuesta del STISSS indica que la administración
se haría por los trabajadores/as mientras que en Costa
Rica, la administración es por parte del Seguro Social con
representación tripartita.
5.4.6 SIMETRISSS
SIMETRISSS suscribio la propuesta del Colegio
Médico pero el 17 de octubre 2000, SIMETRISSS dio a
conocer una propuesta de gestión de los hospitales
Roma y Amatepec.
Este nuevo medio de gestión en estos hospitales debe ser
participativa, regida por los principios de la seguridad social,
considerando que son empresas sociales
sin fines de lucro, productoras de servicios públicos de
salud integral.
5.4.7 Sector Empresarial: FUSADES
La propuesta de FUSADES (Panadeiros 1999) es una
propuesta de privatización del sector salud. Se basa en la
compra de un seguro obligatorio que debe ser financiado con
aportes personales o con apoyo estatal para los que no pueden por
sí solos financiar un nivel de salud mínimo
aceptable. Todos los salvadoreños deberán contar
con este seguro de prevención, de atención
secundaria y terciaria. Debe financiar un plan básico o
integral de salud que cubra un conjunto de prestaciones
destinadas al grupo familiar
y que corresponden a la máxima cobertura que el Estado
garantiza a su población más pobre.
Se crea una Superintendencia de Salud para controlar a
las aseguradoras, se perfecciona la función del Estado
mediante acciones de prevención primaria de
apropiación colectiva a través del MSPAS. Se otorga
un subsidio estatal directo a familias de menores recursos para
asegurar el acceso igualitario. Se contratará el seguro
básico de salud con una aseguradora privada o
pública de acuerdo a la libre elección del
asegurado/a. las personas indigentes recibirán el subsidio
máximo que deberá ser suficiente para contratar un
seguro que no contemple copago. Las familias con ingresos bajos o
medio bajos que cotizan, tendrán derecho a un subsidio
igual al subsidio máximo menos la cotización
obligatoria (cotización actual o un porcentaje que se fije
de la renta).
5.4.8 Consideración General De Las
Propuestas.
Definitivamente, el actual Sistema de Salud en El
Salvador viene agotando desde hace mucho tiempo sus reservas. Los
conflictos
laborales pasados, así como las epidemias y penurias de la
población en lo referente a la salud, son una muestra de que el
país necesita urgentemente una reforma profunda. Pero el
significado de esta reforma no tiene el mismo sentido para los
diferentes sectores involucrados. Para algunos significa
"privatización" a secas. Es decir, despojar al sector
público de los atributos de antaño y pasarlos "al
mercado" para que
todo sea eficiente. El peligro reside en que "la salud en el
mercado" puede convertirse en una mercancía que pocos
puedan comprar a satisfacción y que muchos no
podrán acceder a pesar de "los servicios comprados por el
Estado". Para otros significa mantener "las decisiones y el
aparato" en el lado de la administración pública,
con el peligro de seguir alimentando un aparato
burocrático que, a la larga, se vuelve pesadilla para la
población y carga fiscal para
todos.
¿Qué se puede hacer entonces? Construir un
pilar público con el Ministerio de Salud y Asistencia
Social, un pilar con el Instituto Salvadoreño del Seguro
Social y un pilar Privado compuesto por el privado lucrativo y
por el no lucrativo. Esto nos llama a trabajar en la
búsqueda de lo óptimo acumulado a lo largo de
nuestra experiencia como Estado y Sociedad para dotarnos de un
Sistema Mixto de Salud que conlleve a aliviar y atender a toda la
población sin ninguna discriminación ya que como afirmamos el
peligro reside en que "la salud en el mercado" puede convertirse
en una mercancía que pocos puedan comprar.
Creemos que una reforma puede llevar veinte años
o más, pero entre más pronto se comience
será mejor, siempre y cuando no olvidemos que el Estado
tienen la obligación de velar para que toda la
población tenga acceso al sistema de salud en igualdad de
condiciones y de trato, pero que además, está
obligado a priorizar recursos y acciones para promover el
adelanto de aquellos sectores de la población que son
más vulnerables.
Un sistema de Salud no tiene que perder esta perspectiva
pues es un principio que no entra en el mercado, sino que debe
estar en las raíces mismas del sistema democrático
y de cara al desarrollo
económico y social. Una población joven que
está en constante peligro de enfermedades prevenibles
definitivamente no presenta un futuro prometedor para el
país, pues en su camino hacia el mercado de trabajo, se
debilita y así también se debilitan el Estado y la
Sociedad misma.
5.5 LA SALUD UNA CONQUISTA DE LOS DERECHOS
HUMANOS:
NO UNA POLÍTICA MERCANTILISTA
PRIVADA.
Es preciso que toda la población conozca, tome
conciencia y se apropie de la problemática de salud,
teniendo en cuenta las consecuencias de lo que significa
privatizar la salud en El Salvador; y partiendo de esto, exigir
al gobierno que cumpla con el derecho constitucional de
proporcionar salud a todos los salvadoreños y
salvadoreñas, siendo imprescindible la
participación activa en la defensa de estos derechos de
todos y todas.
El derecho a la salud es parte del conjunto de los
derechos económicos, sociales y culturales que se refieren
a necesidades humanas básicas de indispensable
cumplimiento y, por ende, se consideran elementos esenciales para
el logro de una vida digna y el desarrollo integral de las
personas. Si bien el derecho a la salud es considerado de
naturaleza colectiva, dado que las acciones realizadas para
promoverla y garantizarla benefician a toda sociedad o a un
amplio conjunto de la misma, su goce o afectación es
también, e indiscutiblemente, de carácter personal. Por consiguiente,
básicamente afirmamos que la privatización de la
salud nos asegura dentro del mercado mercantilista que muchos y
muchas se enfrenten al dilema: !O PAGA, O SE MUERE!
CAPITULO VI
LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PRIVATIZACIÓN
DE LA SALUD.
6.1 LA SALUD Y LA CONSTITUCIÓN DE EL
SALVADOR
El marco legal del derecho a la salud
técnicamente esta validado por la Constitución de El Salvador,
Afirmación que se fundamenta en los siguientes
artículos:
ARTICULO 1
El Salvador reconoce a la persona humana como el origen
y el fin de la actividad del estado, que esta organizado para la
consecución de la justicia, de
la seguridad jurídica y del bien común.
Así mismo reconoce como persona humana a todo ser
humano desde el instante de la concepción.
En consecuencia, es obligación del estado
asegurar a los habitantes de la republica, el goce de la libertad, la
salud, la cultura, el
bienestar económico y la justicia social.
ARTICULO 65
La salud de los habitantes de la republica constituye un
bien publico. El estado y las personas están obligados a
velar por su conservación y restablecimiento.
El estado determinara la política nacional de
salud y controlara y supervisara su aplicación.
ARTICULO 66
El estado dará asistencia gratuita a los enfermos
que carezcan de recursos, y a los habitantes en general, cuando
el tratamiento constituya un medio eficaz para prevenir la
diseminación de una enfermedad transmisible. En este caso,
toda persona esta obligada a someterse a dicho
tratamiento.
ARTICULO 70
El estado tomara a su cargo a los indigentes que, por su
edad o incapacidad física o mental, sean
inhábiles para el
trabajo.
6.2 LA SALUD Y LOS DERECHOS HUMANOS.
La conceptualizacion del derecho humano a la salud no
solamente debe entenderse, desde una visión técnica
jurídica sino también en relación directa
con el imperativo de lograr garantizar su vigencia de manera
más efectiva desde una óptica
de derecho humano universal.
El siguiente es un esfuerzo en este sentido, pues ni
siquiera a nivel de la doctrina y de los instrumentos
internacionales de protección de los derechos humanos
existe unanimidad en la noción y/o el concepto de
éste y otros derechos económicos, sociales y
culturales. En algunos se define su contenido; en otros,
únicamente las medidas que contribuirían a
construirlos o principios generales que los delimitan. Lo
conveniente de tal diversidad en las perspectivas conceptuales es
que permite avanzar en dos facetas distintas de un mismo derecho:
la conceptualización y la
garantización.
De esta forma, la aproximación al derecho a la
salud, así mismo los planteamientos sobre su eventual
promoción, respeto y
garantía, se han construido precisamente a partir de
cómo se concibe y aborda este derecho a la salud en
nuestra Constitución de la República y marco legal
secundario, en diferentes instrumentos internacionales y en la
doctrina y estudios especializados o específicos respecto
al tema, tanto a nivel nacional como internacional.
6.2.1 La Noción De La Salud Como Un Derecho
Humano.
La salud es uno de los derechos humanos fundamentales
incluidos dentro del conjunto de los derechos económicos,
sociales y culturales; los que a su vez, se entienden como
aquellos requerimientos de indispensable satisfacción para
el respeto de la dignidad y el
libre desarrollo de la
personalidad de las y los seres humanos, los cuales les han
sido reconocidos al más alto nivel
internacional.
Al referirse los derechos económicos, sociales y
culturales a necesidades básicas se entiende que
éstas requieren ser atendidas privilegiadamente por los
Estados, encontrándose sujetas sus obligaciones
en este sentido al principio de progresividad, es decir,
al compromiso de adoptar medidas de orden interno así como
relativas a la cooperación internacional para la plena
efectividad de estos derechos, sin que medie condición o
limitación alguna en el mismos. Estas medidas deben ser
especialmente de naturaleza económica y técnica y
de tipo legislativo que posibiliten utilizar el máximo de
los recursos disponibles para ese fin.
En este sentido, la titularidad de los derechos
económicos, sociales y culturales, lo mismo que del resto
de los derechos humanos comporta dos aspectos de especial
trascendencia: por una parte, se fundamenta en el reconocimiento
expreso de tal titularidad en razón de la dignidad que le
confiere a cada individuo su
calidad de ser humano; pero por otra, se refiere a la posibilidad
que tienen los hombres y mujeres de exigir el cumplimiento y
respeto de sus derechos así como de otros conexos con su
satisfacción a las autoridades respectivas.
Un elemento de especial consideración a este
respecto es la indivisibilidad e interdependencia que caracteriza
a todos los derechos humanos; civiles, políticos,
económicos, sociales, ambientales y culturales que,
previamente, han sido proclamados de forma permanente por
diferentes instrumentos internacionales.
A partir de lo anterior, se entiende por qué el
goce pleno del derecho humano a la salud se ha concebido, desde
hace mucho, como uno de los objetivos y cimientos principales del
progreso y el desarrollo social
de los pueblos, lo que permite ir más allá de toda
noción y tutela de la
salud limitadas a la mera prestación de servicios
sanitarios sino ampliarlas a un conjunto de condiciones
económicas, sociales, culturales, ambientales y
políticas que determinan su vigencia, tales como la
existencia de seguridad e
higiene en el trabajo, la ausencia o eliminación del
hambre y la desnutrición.
Se sintetiza estos alcances de la salud señalando
que, en tanto derecho humano fundamental, entraña una
importantes connotación interdisciplinaria según la
cual deben considerarse los aspectos jurídicos pero
también los de otra índole que, igualmente,
determinan su cumplimiento y vigencia.
Es así que no resulta sorprendente que la
normativa internacional de derechos humanos establezca una
especial y directa relación entre la consecución
del derecho a un nivel de vida adecuado para las personas y sus
familias y el goce de su salud, lo mismo que entre éste y
el derecho al desarrollo. En esta lógica,
la salud se encuentra estrechamente vinculada a la posibilidad de
satisfacción de otros derechos fundamentales como la
alimentación, el abrigo, la vivienda y otros servicios
sociales así como el trabajo y la educación,
más allá de la mera asistencia médica, la
que entonces pasa a ser solamente uno de los factores
constitutivos del derecho humano a la salud.
6.2.2 El Derecho A La Salud.
Conceptuar el derecho a la salud es uno de los
más complicados esfuerzos, porque si bien los indicadores
pueden dar a conocer el estado de salud de un pueblo, es empero
muy difícil determinar en qué consiste ser titular
del derecho a la salud.
Sin embargo y, en coherencia con lo antes
señalado, una revisión adecuada de los instrumentos
internacionales de protección a los derechos humanos nos
remite a una noción en la que confluyen factores
sanitarios, sociales y políticos en la preservación
del derecho a la salud, tales como la alimentación, la
vivienda, la asistencia médica, las asignaciones
presupuestarias estatales y los recursos financieros de la
comunidad. En
palabras del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU): "el derecho
a la salud debe entenderse como el derecho al disfrute del toda
una gama de facilidades, bienes,
servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más
alto nivel posible de salud".
Pero si bien la noción del derecho a la salud
hace referencia a diferentes factores y componentes que permiten
a las personas llevar una vida sana, no se limita a ello, sino
que "entraña libertades y derechos", entre los que figuran
el acceso a ala educación, la información, la participación y la
capacidad de tomar decisiones.
Lo anterior se encuentra en abierta sintonía con
el Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o
"Protocolo de San Salvador", según el cual en su
artículo 10, el derecho a la salud se refiere al disfrute
del más alto nivel de bienestar físico, mental y
social, parámetro que únicamente es posible de
verificar cuando las mismas personas, hombres y mujeres, conocen,
expresan, debaten, proponen e impulsan la satisfacción de
sus necesidades y demandas de salud, ya sea para promoverla,
conservarla o restablecerla.
Por ello es que el Comité de Derechos
Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas
considera el derecho a la salud como una de las condiciones que
les permite a las personas vivir dignamente.
Tomando en cuenta lo anterior, entonces, el derecho
humano a la salud se propone como definición posible a
considerar la siguiente: el derecho a la salud se entiende como
todos aquellos requerimientos sanitarios, económicos,
sociales, culturales y políticos de las personas
relacionadas con la satisfacción de su
alimentación, abrigo (vestido y vivienda).
6.3 GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL DERECHO
HUMANO A LA SALUD
Al ser entendidos los derechos humanos como
prerrogativas que poseen las personas frente al Estado, se
entiende su deber de organizar todo el aparato gubernamental y,
en general, todas las estructuras a
través de las cuales se manifiesta el ejercicio del
poder
público, de manera que sean capaces de asegurar
jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos
humanos.
Particularmente, en lo relativo a la obligación
de los Estados de adoptar medidas de toda índole para el
cumplimiento de los derechos económicos, sociales y
culturales – entre los que figura el derecho a la salud y,
en relación a ello, al derecho a la seguridad
social-, el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la ONU agrega el deber estatal de
garantizar niveles esenciales en el goce de los mismos, lo que
conlleva, entre otras cosas, a "asegurar la prestación de
determinados servicios por parte del Estado".
En este sentido, al no reducirse la
conceptualización de la salud a la mera ausencia de
enfermedades ni a la prestación de servicios
médicos sino que, por el contrario, se le ha considerado
un derecho "fundamental e indispensable para el ejercicio de los
demás derechos humanos" que depende, al mismo tiempo y en
gran medida, de la vigencia de otros, se reconocen los siguientes
principios, componentes y medidas elementales, a partir de lo que
establece nuestra Constitución de la República y la
normativa internacional de protección de los derechos
humanos respecto a este derecho:
- La salud es un bien público porque
materializa una de las posibilidades privilegiadas de
cumplimiento político del reconocimiento
jurídico de la dignidad humana como valor
esencial. - La gratuidad en la prestación de servicios
de protección sanitaria a la población de
escasos recursos económicos y en situaciones de
indigencia y epidemias (artículo 66 y 70 Cn.), pero
con la expectativa de extender esta posibilidad a toda la
población. - La preservación de la salud requiere de
medidas sanitarias y sociales impulsadas con recursos
públicos. - La comunidad también interviene como parte
de los deberes que corresponden a todas las personas en
cooperación con el Estado en la asistencia y
seguridad sociales "de acuerdo con sus posibilidades y con
las circunstancias". - La protección de sectores vulnerables
mediante sistemas de seguridad social, respecto a lo cual
el derecho a la seguridad social amplía tal
protección del Estado a todas las personas en la
satisfacción de un nivel de vida digno y decoros
cuando sus condiciones especificas representen una amenaza
contra ello.
- La salud es un bien público porque
- Principios:
- Una política Nacional de Salud, en la que
debe prevalecer una perspectiva preventiva y curativa que
incluya asegurar instalaciones, servicios médicos y
de otra índole accesible, así como
educación de la población sobre la
prevención y el tratamiento de los problemas de
salud. - Un Sistema de Seguridad Social y planes de
servicios de asistencia social respaldados
jurídicamente (vía legislativa y
reglamentaria). - La disposición de un presupuesto adecuado
que garantice la prestación de servicios de
salud.
- Una política Nacional de Salud, en la que
- Componentes:
Las diferentes medidas que se pueden adoptar para
garantizar el derecho a la salud se refiere a "actos
concretos, deliberados y orientados lo más claramente
posible hacia la satisfacción de la totalidad de las
obligaciones" estatales en los ámbitos respectivos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales;
en este caso, destacan:- Atención primaria en salud, es decir,
asistencia sanitaria esencial accesible a todas las
personas y familias de la comunidad. - Cobertura universal, extendiendo los beneficios
de los servicios de salud a todas y todos los
habitantes. - Prevención y tratamiento de enfermedades
endémicas, profesionales y de otra
índole. - mejoramiento de la salud y las condiciones de
seguridad en el trabajo. - Asistencia gratuita a los enfermos que carecen de
recursos (artículos 66 Cn.) - Atención disponible en materia de salud
mental como parte del sistema de asistencia sanitaria y
social. - Provisión de sistemas de seguridad social
y establecimiento de seguros
sociales para las personas que, por enfermedad, invalidez o
vejez,
no puedan valerse por sí y para ellas mismas y sus
familias. - Protección de mujeres embarazadas que
trabajan, madres de niñas y niños lactantes y
de corta edad y de proveedoras únicas o prioritarias
de los ingresos familiares. - Formulación y establecimiento de programas
en materia de población como parte de los servicios
médicos de asistencia social, que incluya
información, educación y formación de
personal. - total inmunización contra las principales
enfermedades infecciosas. - prevención y tratamiento de las
enfermedades endémicas, profesionales y de otra
índole. - La educación de la población sobre
la prevención y tratamiento de los problemas de
salud.
- Atención primaria en salud, es decir,
- Medidas:
La noción de la salud basada en el bagaje
doctrinario, filosófico y jurídico, hace referencia
explicita a la vigencia de la dignidad humana y a su
carácter de derecho humano fundamental, así como a
las obligaciones estatales y a la responsabilidad solidaria que
ello implica para garantizarla, es el cimiento privilegiado desde
el que se debe regir el proceso de reforma del Sector Salud que
se ha retomado en nuestro país.
6.4 LA RECTORÍA DE LA SALUD.
La premisa fundamental de las siguientes consideraciones
radica en el contenido esencial de los artículos 1 y 2 de
nuestra constitución de la republica, según la cual
la dignidad humana y los derechos fundamentales de todos los
salvadoreños y salvadoreñas son los criterios
prioritarios desde los que debe ponderarse cualquier
decisión o actuación con incidencia
nacional.
La noción rectora del análisis y tutela del derecho humano a la
salud es el conjunto de los derechos económicos, sociales
y culturales, cuya perspectiva de indivisibilidad posibilita
avanzar progresivamente hacia el goce efectivo del más
alto nivel de bienestar posible.
Los principios y las prácticas que deben regir la
consecución de una autentica democracia en
El Salvador, desde una problemática muy particular como es
la salud de la población, nos deberían sintetizar
un complejo escenario nacional en el que todavía falta por
definir un ideario común –no único-, estas
situaciones son:
- la naturaleza esencial de la prestación de
servicios de salud - la falta de una cultura de dialogo
- la fragilidad de la institución
democrática.
6.4.1 Obligación Del Estado Salvadoreño
De Garantizar El Derecho A La Salud.
En el derecho a la salud en el país, hay
obligación del estado salvadoreño de garantizar su
cumplimiento y vigencia así como sus insoslayables
vínculos con el conjunto de los derechos
económicos, sociales y culturales. Podemos citar algunos
puntuales que ejemplifican dicha aseveración:
- El articulo 1 Constitución
Republica - El articulo 65 Constitución
Republica - El articulo 66 Constitución
Republica - El articulo 70 Constitución
Republica - Párrafo 1 del articulo 25 de la
declaración universal de los derechos
humanos - Párrafo 1 del articulo 12 del pacto
internacional de derechos económicos, sociales y
culturales - Párrafo 2 del articulo 12 del pacto
internacional de derechos económicos, sociales y
culturales - Inciso 4 del apartado "e" del articulo 5 de la
convención internacional sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación racial, de
1965. - En el apartado f del párrafo 1 del articulo 11 de la
convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer, de
1979. - El articulo 12 de la convención sobre la
eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, de 1979. - El articulo 24 de la convención sobre los
derechos del
niño de 1989. - El articulo 10 del protocolo adicional a la
convención americana sobre derechos humanos en materia
de derechos económicos, sociales y culturales de
1988. - Varios instrumentos regionales de derechos humanos
como: - El articulo 11 de la carta
social europea de 1961 en su forma revisada. - El articulo 16 de la carta
africana de derechos humanos y de los pueblos de
1981. - El comité de los derechos económicos,
sociales y culturales de la organización de las Naciones Unidas con
respecto a los elementos esenciales e interrelacionados que
abarcan la vigencia del derecho a la salud destaca
–desde la perspectiva de los derechos humanos –
la disponibilidad, la accesibilidad y la calidad en la
prestación de estos.
Desde el punto de vista que se plantea y enfatiza el
problema de salud en los medios de
comunicación se oculta o resta importancia a lo que es
sustancial: la salud en el conjunto de los derechos
económicos, sociales y culturales, forma perspectiva de
indivisibilidad lo que posibilita avanzar progresivamente hacia
el goce efectivo del mas alto nivel de bienestar
posible.
Observemos entonces que la obligación del estado
salvadoreño en la garantía del derecho a la salud y
a la seguridad social están irremediablemente vinculadas a
la vigencia de otros derechos, como ECOSOC, el del trabajo y las
libertades sindicales, desde la premisa del principio de
indivisibilidad del conjunto de los derechos humanos.
El problema de salud concluimos no solo se refiere,
restringida y aisladamente, a una mera cuestión
administrativa de una institución del estado. Por el
contrario es preocupante el hecho de que nos remite a una forma
de conducción política de un tema sensible para la
población cuyas principales consecuencias son el
debilitamiento del estado de derecho
y de la convivencia democrática en el
país.
Entonces observemos que las privatizaciones, promovidas en nombre de la
modernización, transfirieron a los individuos una
responsabilidad históricamente asumida por los gobiernos.
Este proceso se desarrolla a través de la introducción de cuotas,
descentralización, compra de servicios, flexibilidad
laboral etc.
A pesar de que en El Salvador hay sectores minoritarios
pero poderosamente económicos que no dejan de elogiar las
ventajas de la participación del sector privado, en los
países en los que se han aplicado estas reformas el acceso
a la salud es cada vez más restringido y de menor calidad.
Los sectores vulnerables de la población no pueden
afrontar el costo de la salud y progresivamente se van retirando
del sistema.
CAPITULO VII
SUMARIO, CONCLUSIÓN Y
RECOMENDACIÓN
SOBRE LA PRIVATIZACIÓN DE LA
SALUD EN EL SALVADOR.
7.1. LA PRIVATIZACIÓN DE LA
SALUD:
CONSECUENCIAS EN LA POBLACIÓN
SALVADOREÑA
La privatización de la salud en El Salvador es el
resultado de los programas de ajuste estructural del Banco Mundial
y el Fondo Monetario
Internacional, los cuales en esencia son una forma de hacer
pagar a los salvadoreños la deuda externa que
el país adquirió a consecuencia de la
recesión económica de los años
ochenta.
Estos programas han permitido la ejecución de
medidas tales como el traspaso al sector privado de la
administración de servicios públicos, bajo la
fórmula de "soluciones privadas a problemas
públicos", tomando como criterios que la población
debe responsabilizarse aun más por su salud, y que el
sector privado es más eficiente que el sector
público para cumplirle a la población con este
derecho constitucional.
Por otro lado, la disminución del gasto
público en salud ha llevado a que este gasto provenga del
bolsillo de los salvadoreños, haciendo que la salud pase
de ser un bien social a una mercancía, y los pacientes se
reduzcan a clientes
potenciales en la dinámica del mercado.
Ante la crisis actual del sistema de salud, debido a la
ineficiencia y precariedad de la prestación de los
servicios públicos de salud y del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social, ISSS, el gobierno ha visto
con agrado y con mucho interés el que la
privatización de los servicios de salud sea la
solución a la problemática, ya que según
ellos solamente así se brindará un mejor servicio a
la población y se aumentará la cobertura de
atención.
Los procesos de
privatización que se están llevando a cabo en
nuestro país violentan los derechos humanos, en este caso
violentan el derecho a la salud, consignado en la Carta de las
Naciones Unidas y en nuestra Constitución de la
República, ya que se está negando a la
población el acceso a la salud y a la vida.
La privatización trae consigo mecanismos de
mercado como la compra de servicios, la descentralización,
autonomía de gestión, la libre elección y la
participación privada en la prestación de los
servicios, la cual enmascara la ausencia de responsabilidad del
Estado, al transferir la prestación de servicios de salud
a la iniciativa privada que no tiene en cuenta el bien
común porque su propósito está fundamentado
en el mercantilismo
y en que terceras personas se lucren a partir del sufrimiento de
la población.
El Salvador no escapa a la ola privatizadora de los
servicios públicos como las pensiones de los trabajadores,
que constituye un elemento importante dentro de la seguridad
social que el Estado está obligado a servir a toda la
población, la telefonía, electricidad; y
otros rubros de la economía donde por muchos años
ha estado presente la participación del Estado, tales como
los ingenios, bancos, puertos y
aeropuertos; en los cuales ya se han ejecutado procesos de
privatización. Ahora, el gobierno se encamina a incorporar
a la empresa privada en la prestación de los servicios de
salud, además de considerar en un segundo momento, la
profundización de procesos privatizadores en el suministro
de agua potable y
la educación, tal como lo señala la Normativa
General para la Modernización del Órgano Ejecutivo,
preparada por la Secretaría Técnica de la
Presidencia en el año de 1999.
En lo que se refiere al sector salud el gobierno
introduce la práctica de estas medidas mercantilistas
dentro del Ministerio de Salud Pública con la
creación de los Sistemas Básicos de Salud Integral,
SIBASI; y en el Seguro Social con el desarrollo de nuevos
modelos de
gestión. Ambas instituciones están promoviendo la
compra de servicios a empresas privadas, lo que traerá
impactos negativos en los usuarios y usuarias del sistema, ya que
esto limitará en gran medida el acceso de la
población a los servicios directos de salud debido al
desvió de fondos para pago de los costos
burocráticos administrativos y por ende la
disminución de fondos asignados en la atención
básica de la salud de la población, lo cual
hará que obtengan el servicio únicamente aquellas
personas que puedan pagarlo, Y de esta forma se cumpla la
máxima : ¡O PAGA, O SE MUERE!
Se ha demostrado que los servicios de salud privatizados
brindan a sus usuarios y usuarias una calidad acorde al nivel del
monto de la póliza del seguro contratado, haciendo menos
eficiente y equitativa la prestación de los servicios;
además de proporcionar tratamientos y procedimientos
médicos más baratos, limitados e ineficaces que
ponen en riesgo la salud y la vida de las personas que tienen
asignadas la póliza mínima, lo que conlleva el
único propósito de reducir los costos de las
empresas proveedoras de salud.
La privatización deja de lado el aspecto humano y
la dignidad de la persona usuaria del sistema de salud,
convirtiéndolos en productos del
mercado donde el afán de lucro de la empresa privada
prevalece sobre las necesidades de salud de la población.
Es por eso que las personas de escasos recursos económicos
no tendrán acceso a la salud y se verán obligados a
automedicarse poniendo en riesgo su vida.
Teniendo en cuenta que la privatización no es la
solución a la problemática de salud que todos los
salvadoreños y salvadoreñas estamos viviendo, y que
esta práctica mercantil solamente beneficia a los
empresarios del sector salud que están lucrándose a
costa de la población, es necesario que el gobierno cese
los procesos de privatización de los servicios de salud
públicos y del Seguro Social, ya que con ello está
agudizando aun más la crisis del sistema.
Es preciso que toda la población conozca, tome
conciencia y se apropie de la problemática de salud,
teniendo en cuenta las consecuencias de lo que significa
privatizar la salud en El Salvador; y partiendo de esto, exigir
al gobierno que cumpla con el derecho constitucional de
proporcionar salud a todos los salvadoreños y
salvadoreñas, siendo imprescindible la
participación activa de la sociedad en la defensa de estos
derechos.
7.2. LA FALTA DE UNA CULTURA DE DIALOGO Y DE
CONCERTACIÓN NACIONAL.
Mientras las autoridades del gobierno salvadoreño
pretendan medir sus fuerzas y ganar sus posiciones y
disposiciones por la vía de la imposición, la
mayoría de la población salvadoreña
(sociedad civil, el gremio salud y sindicalistas)
recurrirán a la presión reivindicativa y a la
movilización social para detener los procesos de
privatización.
Al principio hubo una falta de cultura de dialogo y de
concertación por parte de las autoridades del gobierno
hacia la población salvadoreña.
El fuerte impacto negativo que tales actitudes
tuvieron en la salud y en el bienestar de las y los pacientes y,
cada vez, en la tranquilidad de la sociedad salvadoreña en
general propicio que se generara una demanda social creciente por
el dialogo y la concertación.
Dialogo y concertación desde el principio del
problema de salud debería ser la forma idónea de
abordar y resolver el conflicto que no solo involucra al sistema
nacional de salud, sino que prácticamente a todos los
sectores de la sociedad salvadoreña.
El gobierno continuamente se arroga la potestad de
decidir de forma unilateral la mejor conveniencia del sistema
nacional de salud, lo que desnaturaliza el proceso de
modernización de la Salud Salvadoreña. Ya que esta
situación contraviene los más elementales
principios democráticos y nos sitúa ante cualquier
tipo de iniciativa, pero no frente a un proceso de
negociación.
En una cultura de dialogo y de concertación
nacional debe existir un esfuerzo inmediato e ininterrumpido de
negociación-consenso, en el que se definan, a la mayor
brevedad, los acuerdos, compromisos y plazos que las partes
involucradas deben asumir para la solución expedita del
conflicto existente.
En lo que respecta al problema de salud la sensible
elevación del ambiente
confrontativo a la que se pueda recurrir por los actores
gubernamentales del sistema nacional de salud para presionar a
favor de sus posiciones, nos dará siempre un resultado del
bajo perfil que terminara discutiéndose o
imprimiéndosele en una mesa negociadora. Debido a esto,
debemos buscar una salida previa a través de la
negociación-consenso en beneficio de la sociedad
salvadoreña y no en términos de beneficio de
intereses económicos mezquinos de unos pocos sobre la gran
mayoría de la población.
Reafirmamos que sé debe recurrir a la legalidad y a
la institucionalidad del país para encauzar aspectos
específicos relacionados al sistema nacional de salud,
pero al mismo tiempo nos pronunciamos contra realizaciones de
practicas arbitrarias y atentatorias al estado de derecho, la
democracia y los derechos humanos que se realicen en la
búsqueda de un fin egoísta, individualista y
mercantilista.
Es evidente que la falta de una cultura de dialogo y de
concertación en nuestro país se ha constituido,
entonces, en un rasgo característico de la dinámica
social salvadoreña cuyas dramáticas consecuencias
en detrimento de la salud, el bienestar y la tranquilidad de la
población son innegables, y que, lamentablemente continua
señalando una alta responsabilidad de las máximas
autoridades del estado en su profundización mas que en su
erradicación.
7.3 CONSIDERACIONES A LA GARANTÍA DEL DERECHO
HUMANO A LA SALUD.
El manejo de la Salud en la red nacional es ejemplo que
efectivamente hace clara referencia a rumbos que nos distancian
de cualquier ruta democrática. La crisis en el sector
salud salvadoreño inicio por las pretensiones de
modernización institucional del MSPAS e ISSS y sobre cuyas
líneas generales expresaron abierta coincidencia
personeros gubernamentales y empresariales pero que
despertó temores, inquietudes y rechazos de parte de otros
sectores, particularmente laborales y sindicales.
Negándose desde el principio el espíritu de
entendimiento y consulta.
En todo caso, la principal victima de los problemas del
sistema salud ha sido la población mas vulnerable que, en
razón de su edad, condición social y/o su
padecimiento, ha sufrido la disminución, e incluso la
restricción de esenciales servicios para la
conservación y el restablecimiento de su salud.
Se determina que la aspiración, compartida por
diferentes sectores de la sociedad salvadoreña, es iniciar
un proceso abierto, transparente, pluralista y respetuoso que
conduzca verdaderamente a una reforma democrática del
sector salud.
Observamos entonces que el problema del sector salud nos
confirma la preocupación que se ha expresado, reiterada y
oportunamente, sobre el retroceso experimentado en
términos de experiencia democrática en nuestro
país puestos a luz en la
problemática del área de salud. El estado
salvadoreño y las autoridades del gobierno facilitan la
innecesaria prolongación del problema de crisis y de sus
graves consecuencias, en lo inmediato para la salud de miles de
pacientes, derechohabientes, y población usuaria pero,
igualmente, esto hace que no se propicie un adecuado clima de
estabilidad y tranquilidad social que demanda la sociedad
salvadoreña.
El problema del sector de salud nos presenta una
situación de flagrante violación del derecho humano
a la salud y a la seguridad social. En este sentido, se ha
configurado una situación violatoria a los derechos
fundamentales de la población salvadoreña, sobre
todo de aquella que se encuentra en condiciones de alta
vulnerabilidad en razón de su salud. El carácter de
problemática nacional del conflicto del sector salud en
referencia queda claro al relacionar aspectos de elemental
consideración para la convivencia democrática y que
denotan una peligrosa vía de imposición de la
intolerancia, la conflictividad, la confrontación y la
polarización.
Especial amenaza se encuentra en la imperdonable
desnaturalización y desgaste que se ha hecho de uno de los
mecanismos democráticos por excelencia, no solo para
dirimir conflictos sino para construir alternativas viables como
nación,
cual es la vía de la negociación respetuosa y de
altura entre diferentes sectores.
Señalamos con total convicción que un
verdadero proceso de solución es la
negociación-consenso en forma continua, lo cual sigue
siendo la forma mas adecuada y mas eficaz para el logro de
resolver conflictos y, al mismo tiempo, el mejor instrumento para
superar decididamente los lamentables niveles de desconfianza,
falta de credibilidad, hastió y desesperanza existente en
la sociedad salvadoreña, sobre todo en aquella mas
necesitada y desprotegida.
El problema del sector salud nos exhibe que la
transición democrática amenaza con no haberse
desarraigado de actitudes, estructuras y prácticas
estatales de corte autoritario.
Son primordialmente responsables las autoridades del
estado directamente involucradas en la problemática de
salud, al no haber atendido su obligación constitucional
de resolver los conflictos laborales y de trascendencia social
(art. 49 Cn).
Responsabilizar al personal de salud de las
consecuencias negativas de la crisis, es una de las mayores
muestras de incapacidad y falta de conocimiento
de las propias obligaciones jurídicas y éticas que
les impone su cargo a las principales jefaturas de quienes las
ostentan en el sistema de salud.
Las organizaciones gremiales de los trabajadores de
salud evidentemente también han abonado, en ciertos
momentos, a la prolongación en el impacto negativo en la
salud de la población salvadoreña.
La solución de la problemática de salud,
en el marco del más absoluto respeto del estado
democrático de derecho, debe propender a la
búsqueda del bien común como valor fundamental
constitucional.
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