Del conflicto armado en Colombia al cambio climático global (página 2)

Relación Conflicto
armado y medio ambiente.

Es inocultable que el conflicto armado en Colombia ha
causado impactos negativos en el medio ambiente
porque es precisamente, la naturaleza, la
que brinda ventajas tácticas y estratégicas a los
actores de la guerra y en
tal virtud, existen espacios geográficos críticos,
en los cuales se han establecido los focos guerrilleros de
izquierda y de derecha para plantearle al Estado y a la
sociedad, la
guerra que según ellos mismos, "los llevará a la
toma del poder por las
armas".

En esa actividad irracional, el País pierde
inmensos recursos por la
destrucción de la infraestructura y los entes
territoriales regionales y locales, dejan de percibir los dineros
con los que han planeado atender sus necesidades más
sentidas.

Más trascendental que la pérdida de
recursos de los municipios que no reciben las regalías del
petróleo, por ejemplo, es el daño
ambiental que causan los atentados y que tienen repercusiones, no
solamente en el ámbito nacional sino también en el
internacional; en varias ocasiones Colombia ha tenido que
indemnizar a los vecinos (Venezuela,
Brasil,
Perú, Ecuador y
Panamá)
como consecuencia de tragedias ecológicas ocasionadas por
derrames de crudo por la voladura de oleoductos. Los daños
en los suelos y en las
cadenas reproductivas de flora y fauna y la
contaminación de los cuerpos de agua se
constituyen en eventos de
incalculable valor, con
impactos negativos locales, regionales y globales.

El diez por ciento del territorio en Colombia
corresponde a las áreas de reserva, clasificadas como
parques nacionales naturales, santuarios de flora y fauna,
vía-parques y un área natural única. Estos
sitios de valor estratégico nacional y mundial son hoy en
día y desde hace algunos años, escenarios del
conflicto armado y sufren en forma directa el impacto de una
guerra prolongada que deja miseria y destrucción. Pero las
cosas no paran ahí; las pequeñas plantaciones de
pan-coger y de mediana producción agroindustrial, también
han sido afectadas por las disputas territoriales entre la
guerrilla y los paramilitares.

Recordemos, por ejemplo, lo que ocurre al respecto en
una importante zona del País: En el Magdalena Medio, una
de las zonas más ricas de Colombia y a pocas horas de
Bogotá, los sembrados de plátano también
viven en crisis por el
conflicto armado interno. Los campesinos de 29 municipios de los
departamentos de Santander, Antioquia y Bolívar
abandonaron desde hace cinco años las plantaciones por los
continuos combates.

En los últimos quince años pasaron de
producir 97.000 toneladas de plátano a sólo 13.000.
Cuarenta mil familias campesinas han salido de la región
huyendo del conflicto armado; el abandono de las plantaciones
facilitó la expansión de la sigatoca negra, plaga
que en menos de cinco años produjo pérdidas anuales
de más de 30.000 millones de pesos (el cambio oficial
aproximado hoy es de 2.400 pesos colombianos por dólar).
Los municipios más afectados han sido El Carmen de
Chucurí, San Vicente de Chucurí y Puerto
Wilches.

El narcotráfico se ha convertido para los
grupos
insurgentes de izquierda y de derecha, en el centro de gravedad
que no es otra cosa que el centro de poder y movimiento,
alrededor del cual todo gira y depende, en palabras de
Clausewitz. Como parte de la solución al grave problema,
este centro de gravedad debería ser destruido o
neutralizado para conseguir el cambio de curso del conflicto
interno y buscar la sana convivencia de los colombianos con miras
al mejoramiento de su calidad de
vida.

Los escenarios de la Geopolítica global han cambiado. La
tecnología, la desideologización,
consecuente al fin de la llamada guerra
fría, implican también una
transformación del fenómeno de la guerra. La
tendencia a la internacionalización de todos los conflictos en
la
globalización reinante es irreversible. No
sería extraña una intervención extranjera en
Colombia para erradicar el problema que hoy aqueja a los 43
millones de ciudadanos ante la indolencia de los gobernantes del
pasado.

Lo más grave sería que los próximos
gobernantes continuaran disponiendo irresponsablemente del
territorio para otras zonas de distensión (extensos
territorios despejados de autoridad y
entregados a grupos ilegales como zona neutral), so pretexto de
alcanzar la paz, poniendo a la Nación
en grave riesgo de
desintegración y de pérdida de los valores
nacionales por no entender los asuntos de la defensa y la
seguridad. El
territorio es uno de los componentes más importantes de un
Estado, pues en él se asienta su población, esa que es capaz de conformar
una nación.

La defensa y la seguridad nacional son dos elementos
importantes del poder, sujetos a la acción
política
por tratarse de herramientas
fundamentales para mantener el monopolio de
la fuerza,
proporcionando así a toda una nación las
posibilidades para su desarrollo.
Los bienes
públicos puros y meritorios pertenecen a todos los
ciudadanos sin excepción. La defensa y la seguridad forman
parte de esos bienes y es precisamente el Estado, el
responsable de proporcionarlos. Estos bienes no pueden
suministrarse por los privados porque eso significaría
pérdida de dominio estatal y
de legitimidad para gobernar.

Cuando un Estado se torna ineficiente e ineficaz, existe
grave riesgo de anarquía. Cuando las políticas
de defensa y seguridad no responden a los intereses de una
nación, el sistema
económico se vuelve insostenible y en caso de conflicto
interno o de guerra internacional, esa nación está
condenada a la derrota. Durante las dos últimas
décadas, la inseguridad se
convirtió en el mayor problema para la población
colombiana y no pocos han sido los conflictos con países
vecinos, debido principalmente, al contagio de los factores de
violencia en
las zonas fronterizas.

Los gobiernos elegidos en Colombia desde la
década del 60 del siglo pasado hasta nuestros días
se han equivocado en el tratamiento al problema de la violencia
armada, pretendiendo manejarlo como una situación de
desorden público, dejando de lado las soluciones
socioeconómicas que han servido de bandera a los rebeldes
para mantener e incrementar su accionar, primero en contra de la
institucionalidad, y de la población civil en esta
época. La ubicación de focos guerrilleros de
izquierda y de derecha en sitios favorables
geográficamente muestra a las
claras que históricamente, los delincuentes han tenido la
iniciativa y han obligado al Estado a realizar operaciones
militares orientadas a eliminarlos físicamente, pero no a
recuperar territorios y mucho menos a ejercer el dominio
territorial. En pocas palabras, el Estado no se ha interesado por
la Geoestrategia y tampoco se ha dado cuenta que la delincuencia
organizada, siempre ha hecho pleno uso de ella.

La
guerra y la sostenibilidad ambiental

El narcotráfico ha sido un factor de vital
importancia para la subsistencia del conflicto armado en Colombia
porque se ha empleado en los últimos años como una
de las principales estrategias de la
delincuencia para conseguir los recursos que demanda la
guerra.

Hoy se conoce claramente que durante los tres
años y medio de duración de la zona de
distensión del Caguán, durante el insólito
proceso de paz
facilitado por el presidente Andrés Pastrana (gobierno de 1998
a 2002, los cultivos de coca y amapola crecieron en la
región en forma logarítmica y ha quedado al
descubierto que las FARC (Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, según su propia
denominación) manejaban allí todo el proceso, desde
la siembra hasta la exportación. Esta actividad delictiva
formó parte de la geoestrategia guerrillera en la zona del
Caguán y es posible afirmar que desde tiempo
atrás se realizaba a escalas menores.

Pero no ha sido solamente en esa región del
país donde las FARC han tenido el monopolio del
narcotráfico puesto que existen otras zonas de igual o
mayor importancia que fueron disputadas también por los
paramilitares bajo el pretexto de la necesidad de obtener
recursos para financiar sus actividades contraguerrilleras. La
guerra es con toda seguridad, la actividad más costosa y
en tal virtud requiere de inmensos recursos para lograr una
definición en el campo militar y en Colombia ha sido y
sigue siendo el narcotráfico uno de los principales
puntales utilizados por parte de los grupos armados por fuera de
la ley para insistir
en sus funestos propósitos.

En el pasado, la economía en la zona
de distensión del Caguán (territorio ubicado en el
centro del país y potencialmente sostenible, con
características geoestratégicas) se basó
tradicionalmente en el sector maderero, ganadero, de agricultura y
pesca
artesanal. Los productos
más importantes han sido los de pan-coger como el arroz,
plátano, yuca y sorgo; el factor predominante de la
economía en la actualidad es el narcotráfico y de
ahí que se hayan dado disputas territoriales, ya no
solamente entre las fuerzas estatales y los insurgentes sino
también entre estos y los paramilitares. En el año
2006 el Gobierno libra una lucha sin cuartel para erradicar miles
de hectáreas de hoja de coca que las FARC han sembrado
desde tiempo atrás en el Parque Nacional Natural de La
Macarena, un sistema montañoso estratégico desde el
punto de vista ambiental y militar.

Desde principios del
año 2000, paramilitares y guerrilleros se han disputado
metro a metro el sur del departamento de Nariño, en
límites
con Ecuador. Llorente es un pequeño corregimiento de
Tumaco- puerto sobre el Pacífico- que en corto tiempo se
volvió próspero por el negocio de la coca y que
generó toda clase de
problemas
relacionados con la violencia. Por tradición este
territorio había sido controlado por el bloque Comuneros
del Sur del ELN (Ejército de Liberación Nacional)
pero empezó a ser disputado por el frente 29 de las FARC
inicialmente y luego con el apoyo del frente 54; así en
pocos meses las FARC expulsaron de Llorente al ELN, "le pusieron
orden al negocio" y se convirtieron en los únicos
compradores de base de coca, fijando como precio 700.000
pesos por kilogramo y cada semana, el comercio de
droga y afines
superaba los 1.000 millones de pesos.

En septiembre de 2000, atraídos por esa
prosperidad llegaron al territorio de Llorente y sus alrededores
los paramilitares, agravando el problema de sostenibilidad en la
región en razón a que la coca pasó a
convertirse en monocultivo, reduciéndose los cultivos de
pan-coger en una zona de extrema pobreza.. El tema
de la sostenibilidad está ligado al dónde y al
cómo producir y por lo tanto, estrechamente relacionado
con el ordenamiento territorial, que a su vez apunta al
desarrollo. Lo que se observa en Colombia, es que no hay
sostenibilidad en el sector rural ni en la producción
agroindustrial. Los desafíos de la sostenibilidad son
muchos pero vale la pena mencionar los siguientes:

a. Intensificación de la agricultura
(aprovechamiento de recursos
humanos y naturales).

b. Nuevo enfoque de política (uso del suelo
según su aptitud).

c. Pre-requisitos para el éxito
(seguridad en el campo).

d. Niveles de sostenibilidad
(global-regional-local).

Estudios consolidados confirman que en Colombia el 72%
de los suelos son de aptitud forestal; el 11% son de aptitud
agrícola y hoy se emplea solamente el 5% de éstos
en esa actividad, de los cuales sus propietarios corresponden al
0.04% de la población nacional. Actualmente el 65% de los
suelos colombianos están en conflicto de uso. En 1995 se
estableció mediante un censo la existencia de
29’000.000 de cabezas de ganado; para el año 2002
esa cifra se redujo a 28’500.000 semovientes.

Los cultivos ilícitos, además de los
daños ambientales conocidos, están afectando la
sostenibilidad por haberse transformado en un monocultivo, lo
cual incide definitivamente en la calidad de vida y
se convierte en un grave riesgo frente a la seguridad alimentaria
de millones de personas. No debe olvidarse que el tema
alimentario, hoy en día, es un tema de seguridad nacional
en países desarrollados y en vías de desarrollo.
Con la desaparición de algunos cultivos tradicionales en
Colombia, también han desaparecido especies que cumplen
funciones de
control
biológico y por lo tato, se ha alterado la cadena
trófica.

Debido a la tala indiscriminada de bosques para cultivos
ilícitos, con el pretexto de obtener recursos para la
guerra irregular, la ampliación de la frontera
agrícola se ha convertido en un círculo vicioso.;
con esta actividad sólo se ha logrado el deterioro
ambiental y el desorden territorial, pues los grupos armados al
margen de la ley, presionan el uso del suelo conforme a sus
necesidades estratégicas.

El panorama se agrava más cuando esos cultivos
ilícitos son fumigados para erradicarlos porque de
allí se derivan dos actividades, la primera relacionada
con los efectos de los químicos sobre los suelos y la
segunda con el traslado de los cultivos a otro sitio, lo cual
afecta la existencia de los bosques. A comienzos del año
2004, en el país existían más de 250.000
hectáreas de cultivos ilícitos, representados en su
mayoría en platas de coca y amapola.

Los Estados Unidos a
mediados 2.006 emitieron un informe en el
cual dan cuenta del incremento de los cultivos ilícitos en
Colombia. Ellos si tienen los medios
tecnológicos para controlar y determinar la realidad de la
situación en materia de
crecimiento o disminución de las plantaciones de hoja de
coca, amapola o marihuana.
Mediante imágenes
obtenidas en tiempo real a través de sus propios satélites,
están en capacidad de analizar metro a metro, minuto a
minuto el territorio colombiano y cuantificar los daños
ambientales que se causan para que los drogadictos puedan vivir
en paz, mientras con su dinero se
matan colombianos entre si, en una guerra fratricida que no es
suya. Por eso se afirma en ese informe que hoy existen 36.000
hectáreas nuevas de cultivos ilícitos a lo largo y
ancho de Colombia para un total de 144.000, mientras en 1999
había 122.500. Más grave todavía es el
problema de los sembrados malditos en las fronteras,
especialmente entre Ecuador y Colombia, pues esta es una estrategia
maquiavélica que ni siquiera parece haberse entendido por
los organismos de seguridad del Estado. Algo similar ocurre en
las fronteras con Panamá, Venezuela, Brasil y
Perú.

La amapola se siembra en pisos térmicos entre
2.800 y 3.200 metros de altura sobre el nivel del mar,
precisamente donde se ubica el bosque alto andino responsable de
la captación y regulación de agua. Es necesario
recordar que una hectárea cuadrada de bosque, absorbe 30
metros cúbicos de gas
carbónico; por esa razón cuando el bosque
desaparece, se incrementa el gas carbónico en la atmósfera. Una de las
formas más elementales de impedir la proliferación
de orificios en la capa de ozono
consiste en la captación de gas carbónico a
través de los bosques. El ozono es un poderoso
contaminante secundario que se forma cuando los óxidos del
nitrógeno y los hidrocarburos
orgánicos volátiles sin quemar, se combinan con el
oxigeno bajo
la acción de la luz
solar.

La insostenibilidad de la agroindustria colombiana
está llegando a su límite porque inclusive los
cultivos ilícitos han hecho presencia en la zona cafetera
del Quindío donde la arroba de café en
el 2.002 se pagó a 30.000 pesos. Allí, entre los
1.800 y los 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar ya se
encuentran cultivos de café, amapola y coca formando parte
del mismo paisaje.

Podría extenderme en el tema tratando de
demostrar cómo la destrucción de los bosques en
Colombia tiene relación directa con los 80 millones de
habitantes que en centros urbanos de América
Latina respiran aire que no
cumple con las normas de
la
Organización Mundial de la Salud o con los 100 millones
de personas que en los Estados Unidos y Canadá, no
disfrutan de las mínimas normas de calidad ambiental, o de
los tres millones de muertes al año por la contaminación del aire. A partir del
año 2.000 se han sucedido en Europa y Asia,
especialmente, eventos naturales desacostumbrados, entre los
cuales se destacan las recientes inundaciones que han dejado
miles de personas sepultadas; en 2.005 murieron en Francia
más de quince mil personas por no estar preparadas para
evitar el impacto de la ola de calor inusual
y en nuestro continente, la temperatura ha
llegado a los cincuenta grados centígrados, en México y
Centro América.

Las paradojas del Plan
Colombia

Lo inexplicable es que mientras el Gobierno de Colombia
arremete contra el narcotráfico, el mismo Estado provee
los insumos para el proceso de la droga maldita. Las estadísticas sobre erradicación de
cultivos de coca y amapola como principal estrategia del Plan
Colombia parecieran indicar un gran éxito en contra del
crimen
organizado pero la realidad es otra. Al fumigar inmensas
áreas en el Departamento del Putumayo, al sur del
país, la criminal industria se
desplazó con todos sus recursos económicos y
humanos a los departamentos del Cauca y Nariño, donde la
agreste geografía hace
imposible la fumigación y donde las operaciones militares
son episódicas por las dificultades logísticas para
realizar campañas de larga duración.

Bien sabido es que en el proceso de obtención de
pasta de coca se emplea básicamente derivados del
petróleo, cemento
corriente para la elaboración de concreto y
últimamente la cal natural, entre otros. Pues bien, estos
insumos, en especial los primeros, son producidos y
comercializados por el Estado colombiano a través de su
empresa
Ecopetrol, la que asigna cupos de combustible a sus clientes para que
estos a su vez lo redistribuyan a los consumidores.

Colombia maneja una reglamentación que permite
subsidiar el combustible en las fronteras a razón de mil
pesos por galón de gasolina y también subsidia el
transporte a
razón de doscientos sesenta pesos por galón. Estos
subsidios en realidad no cumplen la función
social para la cual se crearon, sino que quedan en manos de unos
pulpos que se hacen llamar compradores mayoristas y que son
quienes se enriquecen de manera exagerada con cada compra que
hacen a Ecopetrol.

Así por ejemplo, un cliente de
Ecopetrol que tenga un cupo de quinientos mil galones de gasolina
corriente al mes, por ese sólo hecho ya se está
ganando quinientos millones de pesos; pero además, recibe
el subsidio de transporte, el cual tampoco va a su destino y se
queda en los mismos bolsillos porque los compradores
también son propietarios de grandes flotas de camiones
cisternas en los que mueven su propia
mercancía.

Pero el problema no para aquí. Una vez que el
combustible llega a su destino (para el caso, las ciudades
pequeñas como Popayán, Pasto e Ipiales), es
descargado a la luz del día en los depósitos de los
pulpos millonarios; pero en la noche, ese mismo combustible es
cargado de nuevo en camiones cisterna más pequeños
que lo llevan a los sitios donde se requiere para el proceso de
obtención de pasta de coca, los cuales están
ubicados en agrestes territorios donde no puede haber libre
competencia y
donde sólo las autorizaciones de las grandes mafias que
controlan el negocio son válidas.

La llegada de esos insumos no fuera posible sin la
participación de funcionarios corruptos del Gobierno que
se transan por dinero para permitir la violación de la
ley, pese a la existencia de retenes en las vías con
claras misiones de control. En el 2.005 se desató en
Colombia un escándalo mayúsculo por la
participación de la Policía de Carreteras en hechos
graves de narcotráfico. Se presume que, incluso, han sido
escoltas de cargamento de droga o de insumos para el
procesamiento.

Funcionarios gubernamentales se han enriqueciendo en
forma exponencial por las dádivas que reciben de las
mafias en las carreteras por donde transitan llevando las
mortales substancias que durante el proceso para la
obtención de pasta de coca, contaminan los ríos y
el medio ambiente en general, y posteriormente son los causantes
de los efectos desgraciados que produce su consumo en
países desarrollados, por unos viciosos que ahora quieren
aparecer como víctimas.

Hasta hace algunos años, el kerosén se
utilizaba en el campo colombiano y en algunos sectores urbanos,
como fuente de energía en estufas y lámparas de
mecha, a falta de redes de energía
eléctrica. En la actualidad, este mortal derivado del
petróleo
está reemplazando a la gasolina en el proceso de
obtención de la droga maldita porque mientras de la
gasolina sólo se recupera el veinte por ciento, del
kerosén se reutiliza el ochenta por ciento durante el
ciclo de obtención de clorhidrato de cocaína,
lo cual es una gran ventaja tanto en tiempos como en costos.

Al final del proceso, todos los residuos se vierten a
los ríos colombianos, constituyendo esta acción el
más grande crimen contra la humanidad si se tiene en
cuenta que el epicentro de la producción cocalera en
Colombia, en la actualidad es el territorio que da origen a los
principales ríos de la cuenca amazónica y del
Atlántico. Estamos hablando de la Estrella Fluvial
conocida como el Macizo colombiano, donde convergen los
Departamentos de Nariño, Cauca, Caquetá, Huila y
Putumayo. En los últimos tiempos, Ecopetrol
incrementó los precios del
kerosén de manera inusual, pero así todavía,
el negocio es redondo para los empresarios del crimen que
procesan la coca.

Así entonces, la principal estrategia del Plan
Colombia está siendo burlada con la participación
misma del Estado, no se sabe si consciente o inconscientemente,
pues la asignación de cupos por parte de la empresa
estatal Ecopetrol, no parece del todo clara y la
participación de la Fuerza Pública en el control
del narcotráfico sólo ha servido para criminalizar
esas instituciones,
como se ha hecho en otras partes del mundo donde se les ha
asignado esa corruptora tarea para la cual ni han sido creadas ni
fueron preparadas.

Es conveniente enfatizar que en aquellas áreas
consideradas de alto riesgo por el conflicto interno que libra
Colombia, el gobierno ha dispuesto de controles especiales. Sin
embargo, en esas medidas se apoyan los funcionarios corruptos
para expedir permisos de tránsito y autorizaciones de
carga con destino a los grupos de mafiosos. Numerosos permisos se
expiden diariamente a tracto mulas, camiones y vehículos
cisternas a cambio de pequeñas dádivas que por su
alto número, significan grandes ingresos de
dinero manchado de sangre que
enriquecen a medios y bajos funcionarios que desconociendo los
más elementales principios éticos, venden su
conciencia al
diablo sin reparar siquiera que otros colombianos dan a diario la
vida en una lucha desigual y por una causa que no es la
suya.

La lucha contra el narcotráfico en Colombia se ha
convertido en un juego al gato
y al ratón, en el que el escenario se cambia en la medida
de las acciones
estatales y en el que hasta ahora los Estados Unidos han
invertido 4.000 millones de dólares y Colombia unas tres
veces más esa cifra en seis años. Así
entonces, cuando se ataca el flagelo en Arauca, los narcos se
desplazan al Guaviare, si se ataca en Putumayo, se van a
Nariño, si se los persigue en el Valle, se corren para el
Cauca. El informe de los Estados Unidos muestra la
extensión de cultivos ilícitos en ocho
departamentos más. Hoy por hoy, tranquilas ciudades hace
algunos años, se han convertido en el refugio de maleantes
que cambiaron su manera de vivir y se fueron a dañar la
tranquilidad de gentes buenas que rezaban el rosario en las
noches y dejaban las puertas de sus casas abiertas mientras se
iban a visitar a la Virgen de Las Lajas. Pronto, estas ciudades
estarán como Cali o Medellín en la era de don Pablo
y los Rodríguez Orejuela.

Los químicos contratados por los mafiosos
descubrieron hace poco que la cal natural, reemplaza al cemento
gris en las primeras etapas del proceso de obtención de
coca y en tal virtud, los costos se bajan doce veces. Los
permisos para explotación de estas minas de cal,
también los expide el Estado a nivel local y regional.
¿Será que los altos funcionarios del Gobierno no
saben lo que sucede y por eso la lucha que ha emprendido el
País con tanta euforia, cada vez se ve más confusa
y difícil de ganar?

Lo acontecido con los hidrocarburos tiene un
símil particular a lo sucedido con las bombas
terroristas que en varias ocasiones han enlutado a numerosas
familias de inocentes colombianos: la dinamita, el cordón
detonante y otros explosivos de alto poder que se utilizan en
atentados, se fabrican en empresas
estatales que luego venden esos productos a presuntos
empresarios, que supuestamente explotan minas en
concesión. En ese paso se pierde el rastro de esos insumos
y allí empieza otro gran negocio: el de los dueños
de funerarias y parques cementerios que se pelean los
cadáveres fuera de las morgues como aves de
rapiña. Así las cosas, antes de ganar la guerra
contra las drogas,
habrá que derrotar a la corrupción
con todos sus tentáculos.

Pero no sólo el narcotráfico es el
causante de este desolador panorama, pues aún, hoy en
día hay millones de personas en América Latina que
dependen del bosque para su subsistencia diaria.

Lo cierto es que en Colombia, el conflicto armado, que
emplea como principal estrategia el narcotráfico para
conseguir recursos, está contribuyendo a la
insostenibilidad agroindustrial regional y posiblemente a
trastornos climáticos, tal como sucedió en 1941
cuando el fenómeno de la Niña (de condiciones
opuestas al fenómeno del Niño) provocó un
tan inesperado invierno en Europa Oriental que la ofensiva de
Hitler contra
Stalingrado en el Volga, terminó en una derrota que
significó a la postre, el comienzo de la caída de
la supremacía nazi Se puede advertir que globalmente
existe preocupación por el tema y que los países
que más exigen el cumplimiento de los acuerdos
internacionales sobre protección del medio ambiente, son
los que a gran escala demandan
la producción de la droga maldita para sus
ciudadanos.

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Publicación arbitrada de la Asociación Colombiana
de Geógrafos– ACOGE.
Volumen 1 No.
1 2001. Bogotá D.C. ISSN 1657-3234.

José Luis Cadena Montenegro

Politólogo, Geógrafo, Profesional en
Ciencias
Militares, Magíster en Ciencia Política,
Magíster en Planeación
Socioeconómica, Magíster en Geografía y
O.T., Consultor internacional en Defensa y Seguridad. Doctor en
Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de
México.