El descubrimiento del tráfico de armas hacia las guerrillas colombianas por parte de Montesinos y el SIN, la revelación del video Kouri-Montesinos y otras denuncias de corrupción, obligaron a Alberto Fujimori a anunciar, el 16 de septiembre, la convocatoria a nuevas elecciones generales en las cuales él no participaría. Sin embargo, la ausencia de reformas necesarias para garantizar la limpieza de dichas elecciones, hicieron pensar en otro proceso electoral fraudulento destinado a llevar al poder a un cómplice que impida el retorno a la democracia y que garantizara la impunidad a todos los funcionarios corruptos de la dictadura. Montesinos viajó intempestivamente a Panamá el 23 de septiembre, regresó el 22 de octubre al no obtener el asilo solicitado y volvió a fugar del Perú el 29 de octubre, con rumbo desconocido.

El 2 de noviembre el gobierno de Suiza reveló que Montesinos tenía 3 cuentas bancarias en dicho país con 48 millones de dólares. En los días siguientes aparecieron más cuentas multimillonarias del ex-asesor, calculándose que tendría en total casi mil millones de dólares repartidos en todo el mundo. 

Habiendo salido del país supuestamente para asistir a una reunión internacional en Brunei, Alberto Fujimori anunció desde el Japón su renuncia a la presidencia de la República el 19 de noviembre. Dos días después, el 21 de noviembre, el Congreso de la República decidió no aceptar su renuncia, declarando la vacancia de la presidencia por incapacidad moral, asumiendo entonces el cargo el Presidente del Congreso, Sr. Valentín Paniagua Corazao.

El 24 de junio del 2001, el gobierno de Venezuela anunció la captura de Montesinos en dicho país. Hasta el momento, Fujimori continúa prófugo en el Japón, bajo la protección de las autoridades de dicho país.

En el Poder Judicial y el sistema de administración de justicia, la precariedad de recursos y la ineficiencia burocrática se convierten en las coordenadas dentro de las que se favorecen actos corruptos como coimas a policías, secretarios, auxiliares e incluso jueces en el Poder Judicial y a fiscales en el Ministerio Público. Las coimas no necesariamente tienen que ser monetarias, sino que gran parte de favores, en particular en la Corte Superior, se consiguen o se inician con comidas y agasajos. El manejo discrecional y arbitrario de recursos es una fuente de actos corruptos; lo cual es claro en el caso de la policía y el tráfico de combustible destinado al patrullaje.

Este acto corrupto, a su vez, se convierte en fuente de más actos corruptos, pues los subalternos tienen que cobrar coimas o abusar de su autoridad para conseguir recursos que les permitan operar sus vehículos. El abuso de autoridad, no sólo en la policía, sino también en el Poder Judicial y la Fiscalía, se articula con la discriminación social hacia individuos de escasos recursos, campesinos o pobres en general, quitándole más legitimidad aún al vínculo político entre Estado y sociedad.

En en el caso de los gobiernos municipales, los principales actos corruptos tienen que ver con los procesos de adquisiciones (particularmente el programa del vaso de leche), en los que se favorece a empresas cercanas a los encargados de llevar adelante los procesos o a los propias autoridades cuando las empresas les pagan coimas para ganar las licitaciones. La otra fuente de corrupción tiene que ver con las contrataciones y ubicación en puestos de trabajo a amigos, familiares y militantes del partido (clientelismo – nepotismo). En la CTAR, se repetía este fenómeno; y si las cosas han cambiado en el Gobierno Regional, se debe más a la voluntad política de sus autoridades, que a cambios institucionales que impidan que esto vuelva a ocurrir.

En los sectores sociales hay enormes posibilidades de corrupción. En salud, los que parecen ser los principales actos corruptos tienen que ver con el ocultamiento de negligencias en actos médicos: el espíritu de cuerpo (que también está presente en todos los demás sectores); pero también se ha detectado tráfico de productos como medicinas destinadas a la salud pública en mercados informales. En educación hay graves problemas que tienen que ver con la extensión del sector y con lo reducido de la capacidad de control institucional.

De esta forma, los directores se convierten en los "dueños" de sus colegios y tienen amplios márgenes de acción con ciertos grados de impunidad, dependiendo del interés de los padres de familia y profesores. Pero los propios maestros también mantienen sus pequeños actos corruptos, traficando con notas a fin de año o estafando a los alumnos y padres con clases de recuperación forzadas y pagadas. También está el dramático problema de los abusos sexuales contra alumnas y alumnos. Destaquemos que la anuencia de los padres de familia es fundamental para que estos actos se sigan reproduciendo.

Por su parte, las empresas prestadoras de servicios públicos no parecen tener problemas menudos de corrupción, los cuales habrían sido controlados en cierta medida; pero sí subsisten las posibilidades de malos manejos en los directorios de las empresas, destacando el caso de la empresa de agua, extensamente tratado en la prensa.

En cuanto al sector agricultura, el problema más grave (además de los actos corruptos operativos, más o menos similares en el fondo a los de otras instituciones) es la lógica del narcotráfico que involucra todo un sistema que empieza en la negativa del sistema financiero a dar créditos a los campesinos y que termina, del lado de la naturaleza, en la erosión del suelo de cultivo y, del lado de la sociedad, en el tráfico ilícito de drogas proveniente de la selva norte peruana, hacia Lima y Ecuador.

En lo que toca a actos corruptos en instituciones de la sociedad civil, los medios de comunicación son los actores más quejados por la sociedad en general. La irresponsabilidad con la que actúa la gran mayoría de medios (radiales, en especial), ejerciendo una prensa amarilla, no se queda sólo en una mala calidad de información, sino que se incrementa cuando ese estilo morboso de hacer prensa es usado para chantajear autoridades o como caballo político de batalla. Por supuesto, el temor de las autoridades a enfrentar a los medios es lamentable.

En cuanto a las empresas , los principales problemas –además de la participación corrupta en procesos de adquisiciones del Estado- tienen que ver con la informalidad; pues de allí se desprenden problemas como la evasión tributaria y como las coimas pagadas a autoridades para mantener esa situación. Pero también es de destacar la relación tensa entre sociedad rural, empresas mineras y gobierno; porque la entrega de licencias a las mineras sin respetar los informes de impacto ambientales y sociales, es leída por la sociedad como un "arreglo" corrupto entre empresa y funcionarios públicos.

Las universidades han sido mencionadas también como instituciones con muchos problemas y con grandes espacios para los actos corruptos. Siendo la educación superior un mecanismo percibido por la población pobre como la llave para el ascenso social, esta situación se vuelve preocupante. Aquí preocupa que, amparándose en la noción de educación como negocio, los dirigentes –empresarios- universitarios pueden utilizar su poder sobre la institución para lucrar de forma ilegal paralela a la acumulación legal de capital.

Finalmente, los partidos políticos son una de las principales fuentes de presión para que los funcionarios públicos coloquen a un militante en un puesto de trabajo o para que un proceso de adquisición le favorezca a un determinado participante, allegado o miembro de un partido. El carné partidario se ha vuelto un símbolo del clientelismo político; o sea, de la corrupción. Hay que apuntar que la presión puede venir desde miembros del partido fuera del aparato público, o de militantes ubicados en otras jerarquías públicas, como un ministro, un regidor, un gerente o un congresista.

3.1.- LA COMISIÓN NACIONAL ANTICORRUPCIÓN:

La Comisión Nacional de Lucha contra La Corrupción y La Promoción de la Etica y Transparencia en la Gestión Pública y la sociedad, es una entidad gubernamental creada por Decreto Supremo N° 120-2001-PCM del 17 de noviembre del 2001, (modificado por Decreto Supremo 047-2003-PCM, del 30de abril del presente año); dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros; cuyo objeto es contribuir al fortalecimiento de la democracia y del estado de derecho, combatiendo a la corrupción en el ejercicio de la función pública y la sociedad, mediante mecanismos de prevención y educación.

La Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y la Promoción de la Etica y Transparencia en la Gestión Pública y en la Sociedad, es presidida por un representante del Presidente de la República y conformada por los siguientes miembros, quienes ejercen su labor ad-honorem:

• El Presidente del Consejo de Ministros o su representante;
• El Ministro de Justicia o su representante;
• Un representante de la Conferencia Episcopal Peruana;
• Tres ciudadanos designados por Resolución Suprema refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.
• Asimismo, integra la Comisión el Defensor del Pueblo o su representante, en calidad de observador. La Comisión es asistida técnica y administrativamente por una Secretaría Técnica. El Secretario Técnico es designado por Resolución Ministerial.

La Comisión en concordancia con lo dispuesto en el DS 047-2003-PCM, se propone enfocar sus actividades en los siguientes ámbitos:

• Desarrollar acciones de prevención y fomento de la transparencia y la ética en el ejercicio de la función pública y en la sociedad.
• Prevención sistémica de la corrupción mediante propuestas específicas de políticas de Estado en ese ámbito.
• Fortalecimiento de la ética pública a través de campañas educativas.

El plan nacional anticorrupción contempla el siguiente proceso a fin de lograr que el mal corrupto se aleje del estado y que la población lo rechace de manera tajante.. Las políticas señaladas aquí se dan dentro del marco de un respeto a la persona y a la democracia vigente.

• A partir de la recuperación de la democracia se dieron importantes avances en las investigaciones, procesamiento y sanción de las personas comprometidas con la corrupción.
• El Congreso de la República cumplió una decidida labor fiscalizadora entre los años 2001-2002, constituyendo una comisión investigadora especial.
• Entre los años 2001-2004, la Procuraduría Anticorrupción Ad-hoc para el caso Fujimori-Montesinos actuó con suma eficacia y contribuyó a formular denuncias que han permitido desentrañar la red delincuencial de corrupción que se tejió en el Perú.
• El gobierno de transición, del ex presidente Valentín Paniagua, promulgó normas que han tenido particular eficacia en el combate jurisdiccional en curso: 1) habilitando la creación de fiscalías y juzgados especializados anticorrupción; 2) consagrando medidas especiales para la detención preventiva de personas involucradas en actos corruptos; y 3) estableciendo el concepto de colaboración eficaz.
• El gobierno actual creó la Unidad de Inteligencia Financiera, entidad crucial en la lucha contra el lavado de dinero y los delitos que lo alimentan.
• Estas medidas legales estuvieron en correspondencia con algunas de las recomendaciones propuestas por el Grupo Iniciativa Nacional Anticorrupción, creado por el Gobierno de Transición.
• No obstante, otras propuestas han permanecido sin ser implementadas, lo que ha contribuido a que una reciente encuesta sobre percepción de la corrupción considere que el actual gobierno es el más corrupto después del de Fujimori (43%), alcanzando un 30%; que las tres instituciones más corruptas son el Poder Judicial (70%), Policía Nacional (66%) y Congreso (60 %); y que dentro de cinco años la corrupción habrá aumentado en un 43%.
• En tanto que Transparencia Internacional ha publicado recientemente su Índice de Percepción de la Corrupción, situando al Perú en el 67° lugar a nivel mundial.

El reto es, pues, reconstruir un sistema de control constitucional y administrativo del poder, sustentado en un equilibrio de poderes y en una activa participación ciudadana con responsabilidad social; y a partir de esta temática se instituya una Política de Estado Anticorrupción.

1. Modificar la Ley y el Reglamento de Organización y Funciones que creó el organismo encargado del liderazgo de lucha contra la corrupción, con el propósito de que por su accionar, adecuadamente coordinado con los organismos administrativos y jurisdiccionales actualmente encargados de la lucha contra la corrupción, se instituya el Sistema Nacional Anticorrupción.
2. Fortalecer el Sistema Nacional de Control a través del nombramiento del contralor general de la República por mayoría calificada del Congreso de la República, para lo cual se requiere de una modificación constitucional.
3. Garantizar a la oposición política la potestad de continuar designando la Presidencia de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República.
4. Fortalecer las actividades de la Procuraduría Ad Hoc Anticorrupción.
5. Incorporar al sistema jurídico penal los compromisos internacionales asumidos en materia de combate contra la corrupción.

1. Reforzar los mecanismos de transparencia en la gestión pública, garantizando el acceso a la información del presupuesto y su ejecución en cada entidad del Estado.
2. Difundir los planes de trabajo institucionales y las evaluaciones de su cumplimiento.
3. Fortalecer los mecanismos de acceso competitivo de los proveedores del Estado.
4. Establecer que la Unidad de Inteligencia Financiera haga cumplir la obligación de entrega y publicación de las declaraciones juradas de las autoridades y de los funcionarios públicos, como garantía de control sobre los casos de desequilibrio patrimonial o enriquecimiento ilícito.

1. Elaborar un código de ética que aliente el cumplimiento diligente de las obligaciones y responsabilidades de quienes ejercen la función pública y de sus asesores.
2. Alentar el desarrollo de una cultura anticorrupción que -a través de programas de educación escolarizados, no escolarizados y de especialización- promueva la ética pública.
3. Fomentar una cultura de principios éticos y valores morales que fortalezca el cumplimiento de las normas y revalorice la función pública, y que sustenten la institucionalidad democrática.

1. Reconocer las iniciativas de la sociedad en materia de vigilancia ciudadana sobre la gestión pública, para lograr su efectiva fiscalización por los organismos competentes y el afianzamiento de la ética pública.
2. Promover los espacios de concertación en materia de lucha anticorrupción.
3. Establecer mecanismos accesibles y sencillos que posibiliten a los ciudadanos la denuncia ante los organismos competentes, con las garantías del caso, de los actos de corrupción por ellos detectados.
4. Reformular la ley de participación y control ciudadano -Ley 2630- a fin de facilitar el ejercicio de los derechos contemplados en el referido dispositivo.

Finalmente, promover el consenso a través del Pacto Social y Ético de Gobernabilidad Democrática, cuya base sea el actual Acuerdo Nacional, que trace un esquema básico de gobernabilidad en los que se comprometan y participen todos los actores políticos, empresariales y sociales del país, y que en lo concerniente a la institucionalización de una Política de Estado Anticorrupción formule, con la activa participación de la sociedad civil organizada, un plan nacional que articule de manera clara, definida y definitiva el Sistema Nacional Anticorrupción, del cual deberán formar parte la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Superintendencia Nacional de Administración Financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera, las procuradurías anticorrupción, y las fiscalías, juzgados y vocalias anticorrupción.

3.3.- NECESIDAD DE UNA EFECTIVA REPARACION CIVIL DE LA CORRUPCION
Muchos de los corruptos del Perú actual , que han sido juzgados y lo están siendo no cumplen con el pago de la reparación civil al estado y a la sociedad. Montesinos debe más de 11 millones de soles por reparaciones civiles . Los condenados por corrupción apenas han pagado 1,4% de lo solicitado. Hasta ahora el Estado no ha podido cobrar más de S/.22'805.341.

Hace cinco añosAlberto Kouri fue elegido congresista por Perú Posible, pero por 117 mil dólares que le dio Vladimiro Montesinos aceptó pasarse a las filas de Perú 2000. Fue sentenciado en el 2003 a seis años de prisión, a devolver el dinero recibido y a pagar una reparación civil de 500 mil soles. Dos años después, Kouri no ha devuelto la 'coima' que le dio el ex asesor y solo ha pagado S/.1.600 de la reparación que se le impuso por haber afectado la voluntad de sus electores, por desprestigiar el Parlamento y el país y por haberse aprovechado de recursos del Estado. Incluso, hace dos meses la Corte Suprema rechazó su propuesta de pagar 1.200 soles mensuales de reparación, ya que ello le hubiera tomado casi 35 años y otros 26 años más para devolver lo que recibió. Por ese motivo, Kouri no podrá acogerse a la semilibertad, porque para hacerlo tiene que haber pagado el íntegro de la reparación civil, como lo manda la Ley 27770.

Así como él, hay otros 31 procesados por corrupción que han sido sentenciados a penas de cárcel --algunos por más de un caso-- de hasta doce años y al pago de una reparación a favor del Estado que va de S/.1.500 a los S/.11'500.000.

Por haber sido uno de los que dirigió la mafia que operó en el Gobierno del prófugo Alberto Fujimori, Montesinos es el que mayor número de juicios por corrupción afronta hasta el momento. En los cuatro juicios en los que ha sido sentenciado hasta ahora, se le ha condenado al pago de 11'500.000 soles como reparación civil y a diversas penas de cárcel. De esa cantidad, S/.10'000.000 son por usurpar funciones en el otrora Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

Hasta ahora, a todos los sentenciados por los diversos delitos de corrupción se les ha impuesto en total el pago de una reparación civil de S/.23'136.500. De esa suma, los condenados solo han pagado el 1,4%; es decir, apenas S/.331.159.

El saldo --unos S/.22'805.341-- está en cobranza y la Unidad Financiera Estratégica de la Procuraduría Ad Hoc está buscando las formas de hacer efectivo ese pago. Sin embargo, muchos de los condenados se han apresurado a "desaparecer" sus bienes, para que no puedan cobrarles. Pero no todos han podido recurrir a esta vieja artimaña. Uno de los que no podría escapar sería César Saucedo, a quien el Poder Judicial le llegó a embargar un inmueble por S/.100.000 que serviría para cubrir los S/.50.000 de su reparación.

El procurador adjunto Pedro Gamarra explicó que, además de devolver lo aprovechado de manera ilícita y la pena de cárcel impuesta, el juez sanciona con una reparación como resarcimiento del daño causado. El monto --agregó-- se establece según los bienes jurídicos lesionados y la posibilidad económica de la persona.

También por la determinación del lucro cesante; es decir, por lo que el Estado dejó de hacer o percibir como consecuencia del dinero desviado. Y es que con ese dinero el Estado pudo haber ganado intereses o invertido en beneficio de un sector necesitado de la población.

Por otro lado , solo los colaboradores del regimen corrupto han cumplido Por ejemplo, los hermanos Samuel y Mendel Winter han pagado hasta ahora 250 mil dólares por haber vendido la línea editorial de Frecuencia Latina. Los que sí han pagado puntualmente el monto de su reparación civil han sido aquellos que se acogieron a la Ley de Colaboración Eficaz. Ayudan a esclarecer su delito u otros delitos para que le disminuyan la pena. También lo ha hecho Matilde Pinchi Pinchi, quien ha entregado un millón de dólares en diversos bienes al Estado Peruano.

Aproximadamente siete millones de dólares ha pagado hasta ahora el Estado Peruano como reparación civil a las víctimas y sus deudos, por violaciones a sus derechos humanos ocurridas durante los gobiernos de Alan García (Apra) y del prófugo Alberto Fujimori.  Sin embargo, faltan otros 10 millones de dólares para cubrir el monto de la reparación que quedó determinada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en los acuerdos amistosos a los que llegaron los representantes del Estado y las víctimas.

En realidad, todas esas reparaciones deberían ser pagadas por los responsables de los daños, pero --por ser tercero civil responsable-- el Estado ha tenido que asumirlas. No obstante ello, el Gobierno puede ir en repetición --ese es el término jurídico-- para cobrar lo que ha pagado por esos daños cometidos. Los casos más numerosos y los que han generado más costos han sido los crímenes cometidos por el grupo Colina y los vejámenes contra el ex broker del Ejército Gustavo Cesti Hurtado y el empresario Baruch Ivcher.

Para el miembro del Instituto de Defensa Legal, Ronald Gamarra, el Gobierno podrá iniciar esa cobranza luego de que concluyan los procesos penales con la determinación de las responsabilidades que corresponda para cada situación en particular. Por ejemplo, en el caso del grupo Colina, hasta que se determine la línea de responsabilidad en los asesinatos de los estudiantes y el profesor de La Cantuta o en el crimen de los comerciantes informales de Barrios Altos, entre otros.

1. La corrupción ha sido facilitada por el predominio de regímenes autoritarios y por una frágil institucionalidad. Este contexto sirve para crear espacios en los que los funcionarios pueden maniobrar discrecionalmente. Bajo ese dominio más bien personal, prima siempre el manejo oculto y los negociados sin control.
2. Para el fortalecimiento de la democracia, el estado de derecho, la estabilidad y el desarrollo del país es necesario combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de la función pública, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.
3. Los actos de corrupción inciden en el desarrollo económico y social del país, distorsionan el gasto público, desalientan la inversión extranjera, inciden negativamente sobre las actividades del Sector Público y afectan la conciencia moral de la Nación.
4. Es necesario establecer los mecanismos de prevención, detección y erradicación de toda forma de corrupción y generar mecanismos de colaboración y cooperación entre las diferentes instancias del Estado;
5. Es necesario entender la corrupción como un problema integral, como un fenómeno relacionado al mal funcionamiento del Estado y a la falta de sistemas de control y vigilancia efectivos. Ese debiera ser el debate en materia de reforma del Estado. Una tarea que deberá asumir el próximo gobierno.

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Corrupción .- El aprovechamiento indebido de la administración de un patrimonio común. La corrupción gubernamental es la desviación de los fines de la función pública en beneficio particular.

Corrupción .- designa, de un lado, la acción y efecto de corromper o corromperse y, de otro lado, el vicio o abuso introducido en las cosas no materiales (Diccionario de la Real Academia de la lengua española).

Corromper.- significa echar a perder, depravar, como sobornar o cohechar al juez o a cualquiera persona, con dádivas o de otra manera.

Función pública.- , toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.

Funcionario público.- "Oficial Gubernamental" o "Servidor público", cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos.

"Bienes", los activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten, intenten probar o se refieran a la propiedad u otros derechos sobre dichos activos

¿Ingeniero Matute, si tuviera que ponerle una nota a este gobierno en lo que a corrupción se refiere, cuál sería?
Por favor, no comparemos con el robo del fujimorato.¿De 1 a 20? Yo diría que pasa con 12, teniendo en cuenta que a partir de 08 es ya una corrupción abierta.
¿Y por qué pasa con 12?
Es que desde el gobierno de transición, y consolidándose en este, funciona el SIAF: el Sistema Integrado de Administración Financiera. Es uno de los elementos más importantes de control que hay en el país. Todo movimiento de fondos queda registrado. El registro es uno de los principales elementos en la lucha contra la corrupción.
¿Por qué esta nota tan baja? ¿La corrupción se expande?
Es que no hay buena gerencia, algo fundamental para impedir la corrupción. En el país hay un problema con las urgencias, cuando las cosas se hacen por esta vía se abren posibilidades para que entre la corrupción. Las urgencias se deben a un mal planeamiento.
¿Eximir de licitación, resoluciones y contrataciones de urgencia, servicios personalísimos, son procedimientos que deberían desaparecer?
Más que desaparecer, hay que fortalecer las gerencias y simplificar procesos. La ley de contrataciones es demasiado engorrosa, puede pasar un año antes de que se inicie un contrato. Los servicios personalísimos habría que eliminarlos o reglamentarlos. Las urgencias deben ser controladas.
Hoy se han convertido en una norma, pan de todos los días.
Así es. La norma de adquisiciones estatales no es lo suficientemente dinámica. Un alcalde entrante no puede hacer obra sino al sexto o séptimo mes. Por eso han recurrido a un sistema que ya comenzó a oler feo: utilizan entidades internacionales, en este caso el Organismo Internacional de Migraciones (OIM), que antes era Naciones Unidas. El alcalde le da el dinero al OIM, ya no pasa por ninguna ley de adquisiciones y ellos compran. El Ministerio de Relaciones Exteriores lo hizo así. Con este sistema no podemos entrar y no tenemos ninguna seguridad de que los procedimientos no son dirigidos.
¿Cuándo el OIM ha construido puentes?¿La actual administración es adicta a los malos manejos?
En muchos casos hace lo que puede hacer, ciertamente hay mucha gente que ha estado acostumbrada a vivir del Estado. Cuando este reacciona, se retraen, pero siempre recurren a maniobras. Esto ocurrirá hasta que no se cambie la ley de adquisiciones del Estado. Ese el punto crítico. Si hay un sistema electrónico donde todo sea transparente, si no hay intermediarios, reduciremos la corrupción. Ya está en camino, a fines de año estará funcionando.
¿Cuánto pierde el Estado Peruano al año por corrupción?
En conjunto, estamos hablando de un 15% del Presupuesto de la Nación. No tenemos cifras concretas, pero eso es lo que olemos -antes era mucho más- y se debe fundamentalmente a las compras estatales. Estamos investigando. Todavía no estamos muy satisfechos con las compras para los programas sociales. Son de alto riesgo si no dudosas. Estamos revisando las compras de Petro-Perú, ahí se hacen importaciones muy fuertes de combustible.
¿Hay sobrevaluación, proveedores no legítimos?
En esta semana iniciamos una investigación. Por ejemplo, en diciembre pasado Petro-Perú compró 100 millones de soles en combustibles que no estaban previstos.
La pregunta es: ¿Por qué? La operación verá todo lo que son adquisiciones de combustibles. Además, entraremos en lo que es la gestión misma. Es factible mejorar áreas ahorrando. También se ha visto lo que es contratación de personal, la de la hija del vocal Silva Vallejo fue considerada irregular. En general hemos objetado el sistema de contrataciones a través de una cooperativa.
¿Qué pasó con el caso del ex presidente de Petro-Perú, Héctor Taco Tamo?
Se encontró que se había gastado dinero, pero que el señor Taco lo repuso y se cerró el tema. Estamos reevaluando esta situación para ver si existió algún pago para el viaje de otros gerentes a Iquitos.
¿Qué otras entidades estatales preocupan a la contraloría?
Essalud, Córpac y Sedapal, porque son instituciones que tienen una actuación empresarial y mayor nivel de discrecionalidad. Tienen compras muy elevadas y la posibilidad de hacer las bases, elegir al proveedor, aun cuando se pasa por licitaciones. En Essalud se paga 14 soles por litro de oxígeno y en las clínicas privadas, tres soles. ¿Qué pasa? Cuando se pone en la licitación tres soles como precio referencial no participa nadie. Sucede que hay tres empresas que brindan este servicio y parece que se ponen de acuerdo para no participar. Indecopi va a tener que intervenir. O hay concertación o hay corrupción.
¿Qué investigaciones hay en Sedapal?
La de los medidores, pero el tema es más complicado de lo que parece, por eso la demora. También se examina la licitación para los colectores de la zona sur. Tiene demasiados tropiezos, hay algo que huele mal. Estamos revisando todo lo que es contrataciones, ha habido problemas.
¿Y cuándo conoceremos los resultados de todo esto?
Están saliendo. En ciertos momentos nos arrepentimos de haber incorporado dentro de la ley los conceptos de reserva de información. Contraloría no puede emitir información abierta hasta que no termine el proceso judicial. Solo se puede hacer cuando comienza el juicio. Y muchos de nuestros informes están siendo mal usados por el Poder Judicial.
¿Por qué?
La fiscalía, el Poder Judicial cambian nuestros informes o los minimizan. En el caso de los Tucano todo se ha distorsionado. Hicimos una evaluación muy profunda y no se encontró nada. Por el contrario se iban a vender a mayor valor de lo que cuestan, el Estado sale beneficiado. Pero el Poder Judicial usa las cifras al revés para decir que los Tucano están subvaluados. Ahora están inmovilizados, llenándose de óxido. Se perderá la posibilidad de ganar en la venta porque comenzarán las penalidades. Algo ilógico cuando un informe técnico dice lo contrario.
¿Qué otra mala actuación del Poder Judicial?
Algunos casos donde el informe técnico prueba irregularidades son archivados o van sacando a responsables del proceso judicial. Por ejemplo, si señalamos responsabilidad de cuatro personas, pasa a la fiscalía y esta retira a una persona del juicio, el Poder Judicial a dos y solo queda un responsable. No puede ser, es muy frustrante.
¿Qué ocurre en Córpac, contralor?
El jefe de control interno, el señor Cerna, dice percibir la corrupción más grande de su historia.
Él es investigado como jefe del órgano de control, eso está avanzado. Lo repusimos por una cuestión de principios. Encontramos que un día lo botaron por pedir vacaciones. Suena a que se quiso impedir la fiscalización. Hay un supervisor de la contraloría ahí para terminar las investigaciones.
¿Pero es la corrupción más grande?
Eso va a tener que probarlo. Él cuestiona contrataciones y dice que es el problema más serio de Córpac, pero yo creo que han existido otros mayores, como la mala compra del radar. Eso sí fue corrupción en grande y ocurrió justo cuando él estaba como jefe del órgano de control. Él puede haberse excedido al decir lo expresado.
Se contrató a un pariente de Jesús Alvarado, sin título..
¿Pero esa es la más alta corrupción en Córpac? ¿O lo es comprar un radar que no es bueno?
Tomaría con pinzas lo que dice Cerna. Vamos a investigar. Conoceremos los resultados pronto.
El jefe de Consucode, Ricardo Salazar, afirmó que la corrupción se está recomponiendo. ¿Es cierto? ¿Dónde? ¿Cómo?
Consucode nos ha enviado una lista de 200 licitaciones y compras que ha objetado. Estamos identificando las más complejas para realizar una operación. La preocupación de Consucode es que hay demasiadas urgencias y emergencias y se ve que gente que no debería estar participando en compras del Estado lo está haciendo. Hay casos en que una empresa tiene otras tres o cuatro empresas con testaferros que participan en la misma licitación y después ellas mismas la objetan. Una gana la licitación con menor precio, las otras cómplices la objetan para que entre la segunda que tiene el precio que ellas quieren.
¡Qué vivazos! Por no decir otra cosa.
Así es. Ahora, legalmente lo pueden hacer. Con la nueva normativa que estamos elaborando eso se va a acabar.
¿Dígame, luego de estar en el cargo, confía en alguien?
Confío en la gente con la cual trabajo.Dicen que mucha gente viene del gobierno de Fujimori.Es cierto, pero tengo que confiar. Hay gente molesta porque los rotamos, pero es un buen equipo.
¿Si le propusieran otra vez el cargo de contralor, aceptaría?
No. Algo que me ha chocado mucho es haber tenido que firmar resoluciones que involucraban a amigos míos.
MARIELLA BALBI
(El Comercio, 26/01/04)

Elaborado por

PIURA PERÚ

2006