La corrupción en el Perú a través de la historia (página 3)

Partes: 1, 2, 3

2.6.4.. – La caída del régimen
Dictatorial Corrupto

En los meses siguientes, muchos de los congresistas
elegidos por la oposición, terminaron pasándose al
oficialismo, aparentemente por presiones o sobornos (esto fue
confirmado por varias versiones de congresistas que no aceptaron
los ofrecimientos, y posteriormente por un video difundido
el 14 de septiembre que mostraba al asesor presidencial
comprando el apoyo del congresista
Alberto Kouri por $ 15 mil), hasta que Fujimori llegó a
tener nuevamente mayoría en el Congreso. El 28 de julio
asumió el mando en medio de masivas movilizaciones
ciudadanas, en las cuales miembros infiltrados del SIN provocaron
incendios y
destrucción de propiedades -con 6 muertos- para inculpar a
los organizadores de la denominada Marcha de los 4
Suyos.

El descubrimiento del tráfico de armas hacia las
guerrillas colombianas por parte de Montesinos y el SIN, la
revelación del video Kouri-Montesinos y otras denuncias de
corrupción, obligaron a Alberto Fujimori a
anunciar, el 16 de septiembre, la convocatoria a nuevas
elecciones generales en las cuales él no
participaría. Sin embargo, la ausencia de reformas
necesarias para garantizar la limpieza de dichas elecciones,
hicieron pensar en otro proceso
electoral fraudulento destinado a llevar al poder a un
cómplice que impida el retorno a la democracia y
que garantizara la impunidad a
todos los funcionarios corruptos de la dictadura.
Montesinos viajó intempestivamente a Panamá el
23 de septiembre, regresó el 22 de octubre al no obtener
el asilo solicitado y volvió a fugar del Perú el 29
de octubre, con rumbo desconocido.

El 2 de noviembre el gobierno de Suiza
reveló que Montesinos tenía 3 cuentas bancarias
en dicho país con 48 millones de dólares. En los
días siguientes aparecieron más cuentas
multimillonarias del ex-asesor, calculándose que
tendría en total casi mil millones de dólares
repartidos en todo el mundo.

Un nuevo video difundido el 13 de noviembre
mostró a Montesinos agradeciendo a los principales jefes
de las FF.AA. por su "colaboración" en la campaña
electoral, sin mencionar siquiera a Fujimori y demostrando
así, definitivamente, la participación principal de
los militares en las elecciones.

Habiendo salido del país supuestamente para
asistir a una reunión internacional en Brunei, Alberto
Fujimori anunció desde el Japón
su renuncia a la presidencia de la República el 19 de
noviembre. Dos días después, el 21 de noviembre, el
Congreso de la República decidió no aceptar su
renuncia, declarando la vacancia de la presidencia por
incapacidad moral,
asumiendo entonces el cargo el Presidente del Congreso, Sr.
Valentín Paniagua Corazao.

En los meses siguientes fueron apareciendo más
videos, en los cuales figuran militares, congresistas, ministros,
alcaldes, jueces, fiscales, vocales, empresarios, periodistas y
artistas (tales como Ernesto Gamarra, Agustín Mantilla,
Luis Bedoya de Vivanco, Alex Kouri, Eduardo Calmell, Carlos
Boloña, Javier Valle Riestra, Luisa Cuculiza, José
García Marcelo, Rómulo Muñoz Arce, Alipio
Montes de Oca, Dionisio Romero, Genaro Delgado Parker,
José Enrique y José Francisco Crousillat, Samuel y
Mendel Winter,
Ernesto Shutz, etc.), en reuniones secretas con Montesinos en el
local del SIN, y que demostraban el grado de corrupción que existió durante el
decenio de Fujimori-Montesinos.

El 24 de junio del 2001, el gobierno de Venezuela
anunció la captura de Montesinos en dicho país.
Hasta el momento, Fujimori continúa prófugo en el
Japón, bajo la protección de las autoridades de
dicho país.

2.6.5.- LOS SECTORES MAS PROPENSOS A LA
CORRUPCIÓN EN EL PERU

2.6.5.1.- El poder Judicial

En el Poder Judicial y
el sistema de
administración de justicia, la
precariedad de recursos y la
ineficiencia burocrática se convierten en las coordenadas
dentro de las que se favorecen actos corruptos como coimas a
policías, secretarios, auxiliares e incluso jueces en el
Poder Judicial y a fiscales en el Ministerio Público. Las
coimas no necesariamente tienen que ser monetarias, sino que gran
parte de favores, en particular en la Corte Superior, se
consiguen o se inician con comidas y agasajos. El manejo
discrecional y arbitrario de recursos es una fuente de actos
corruptos; lo cual es claro en el caso de la policía y el
tráfico de combustible destinado al patrullaje.

Este acto corrupto, a su vez, se convierte en fuente de
más actos corruptos, pues los subalternos tienen que
cobrar coimas o abusar de su autoridad para
conseguir recursos que les permitan operar sus vehículos.
El abuso de autoridad, no sólo en la policía, sino
también en el Poder Judicial y la Fiscalía, se articula con la discriminación social hacia individuos de
escasos recursos, campesinos o pobres en general,
quitándole más legitimidad aún al
vínculo político entre Estado y
sociedad.

2.6.5.2. Los Gobiernos Municipales

En en el caso de los gobiernos municipales, los
principales actos corruptos tienen que ver con los procesos de
adquisiciones (particularmente el programa del vaso
de leche), en los
que se favorece a empresas cercanas
a los encargados de llevar adelante los procesos o a los propias
autoridades cuando las empresas les pagan coimas para ganar las
licitaciones. La otra fuente de corrupción tiene que ver
con las contrataciones y ubicación en puestos de trabajo a
amigos, familiares y militantes del partido (clientelismo –
nepotismo). En la CTAR, se repetía este fenómeno; y
si las cosas han cambiado en el Gobierno Regional, se debe
más a la voluntad política de sus
autoridades, que a cambios institucionales que impidan que esto
vuelva a ocurrir.

2.6.5.3.- Los Sectores Sociales

En los sectores sociales hay enormes posibilidades de
corrupción. En salud, los que parecen ser
los principales actos corruptos tienen que ver con el
ocultamiento de negligencias en actos médicos: el
espíritu de cuerpo (que también está
presente en todos los demás sectores); pero también
se ha detectado tráfico de productos como
medicinas destinadas a la salud
pública en mercados
informales. En educación hay graves
problemas que
tienen que ver con la extensión del sector y con lo
reducido de la capacidad de control
institucional.

De esta forma, los directores se convierten en los
"dueños" de sus colegios y tienen amplios márgenes
de acción
con ciertos grados de impunidad, dependiendo del interés de
los padres de familia y
profesores. Pero los propios maestros también mantienen
sus pequeños actos corruptos, traficando con notas a fin
de año o estafando a los alumnos y padres con clases de
recuperación forzadas y pagadas. También
está el dramático problema de los abusos sexuales
contra alumnas y alumnos. Destaquemos que la anuencia de los
padres de familia es fundamental para que estos actos se sigan
reproduciendo.

Por su parte, las empresas prestadoras de servicios
públicos no parecen tener problemas menudos de
corrupción, los cuales habrían sido controlados en
cierta medida; pero sí subsisten las posibilidades de
malos manejos en los directorios de las empresas, destacando el
caso de la empresa de
agua,
extensamente tratado en la prensa.

2.6.5.4.- El Sector Agrícultura

En cuanto al sector agricultura,
el problema más grave (además de los actos
corruptos operativos, más o menos similares en el fondo a
los de otras instituciones)
es la lógica
del narcotráfico que involucra todo un sistema
que empieza en la negativa del sistema
financiero a dar créditos a los campesinos y que termina,
del lado de la naturaleza, en
la erosión
del suelo de cultivo
y, del lado de la sociedad, en el tráfico ilícito
de drogas
proveniente de la selva norte peruana, hacia Lima y Ecuador.

2.6.5.5.- Los Medios de
Comunicación

En lo que toca a actos corruptos en instituciones de la
sociedad civil, los medios de
comunicación son los actores más quejados por
la sociedad en general. La irresponsabilidad con la que
actúa la gran mayoría de medios (radiales, en
especial), ejerciendo una prensa amarilla, no se queda
sólo en una mala calidad de
información, sino que se incrementa cuando
ese estilo morboso de hacer prensa es usado para chantajear
autoridades o como caballo político de batalla. Por
supuesto, el temor de las autoridades a enfrentar a los medios es
lamentable.

2.6.5.7. Las Empresas

En cuanto a las empresas , los principales problemas
–además de la participación corrupta en
procesos de adquisiciones del Estado- tienen que ver con la
informalidad; pues de allí se desprenden problemas como la
evasión tributaria y como las coimas pagadas a autoridades
para mantener esa situación. Pero también es de
destacar la relación tensa entre sociedad rural, empresas
mineras y gobierno; porque la entrega de licencias a las mineras
sin respetar los informes de
impacto ambientales y sociales, es leída por la sociedad
como un "arreglo" corrupto entre empresa y funcionarios
públicos.

2.6.5.8.- Las Universidades

Las universidades han sido mencionadas también
como instituciones con muchos problemas y con grandes espacios
para los actos corruptos. Siendo la educación
superior un mecanismo percibido por la población pobre como la llave para el
ascenso social, esta situación se vuelve preocupante.
Aquí preocupa que, amparándose en la noción
de educación como negocio, los dirigentes
–empresarios- universitarios pueden utilizar su poder sobre
la institución para lucrar de forma ilegal paralela a la
acumulación legal de capital.

2.6.5.9.- Los Partidos
Políticos

Finalmente, los partidos
políticos son una de las principales fuentes de
presión
para que los funcionarios públicos coloquen a un militante
en un puesto de trabajo o para que un proceso de
adquisición le favorezca a un determinado participante,
allegado o miembro de un partido. El carné partidario se
ha vuelto un símbolo del clientelismo político; o
sea, de la corrupción. Hay que apuntar que la
presión puede venir desde miembros del partido fuera del
aparato público, o de militantes ubicados en otras
jerarquías públicas, como un ministro, un regidor,
un gerente o un
congresista.

CAPITULO TERCERO

LA
POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN EN EL
PERÚ

3.1.- LA COMISIÓN NACIONAL
ANTICORRUPCIÓN:

La Comisión Nacional de Lucha contra La
Corrupción y La Promoción de la Etica y Transparencia en la
Gestión
Pública y la sociedad, es una entidad gubernamental creada
por Decreto Supremo N° 120-2001-PCM del 17 de noviembre del
2001, (modificado por Decreto Supremo 047-2003-PCM, del 30de
abril del presente año); dependiente de la Presidencia del
Consejo de Ministros; cuyo objeto es contribuir al
fortalecimiento de la democracia y del estado de
derecho, combatiendo a la corrupción en el ejercicio
de la función
pública y la sociedad, mediante mecanismos de
prevención y educación.

La Comisión Nacional de Lucha contra la
Corrupción y la Promoción de la Etica y
Transparencia en la Gestión Pública y en la
Sociedad, es presidida por un representante del Presidente de la
República y conformada por los siguientes miembros,
quienes ejercen su labor ad-honorem:

El Presidente del Consejo de Ministros o su
representante;
El Ministro de Justicia o su
representante;
Un representante de la Conferencia
Episcopal Peruana;
Tres ciudadanos designados por Resolución
Suprema refrendada por el Presidente del Consejo de
Ministros.
Asimismo, integra la Comisión el Defensor del
Pueblo o su representante, en calidad de observador. La
Comisión es asistida técnica y
administrativamente por una Secretaría Técnica.
El Secretario Técnico es designado por Resolución
Ministerial.

La Comisión en concordancia con lo dispuesto en
el DS 047-2003-PCM, se propone enfocar sus actividades en los
siguientes ámbitos:

Desarrollar acciones de
prevención y fomento de la transparencia y la ética en
el ejercicio de la función pública y en la
sociedad.
Prevención sistémica de la
corrupción mediante propuestas específicas de
políticas de Estado en ese
ámbito.
Fortalecimiento de la ética pública a
través de campañas educativas.

3.2.- LA POLÍTICA DE ESTADO
ANTICORRUPCIÓN: PLAN Y
CREACIÓN DE UN SISTEMA NACIONAL
ANTICORRUPCIÓN

El plan nacional anticorrupción contempla el
siguiente proceso a fin de lograr que el mal corrupto se aleje
del estado y que la población lo rechace de manera
tajante.. Las políticas señaladas aquí se
dan dentro del marco de un respeto a la
persona y a la
democracia vigente.

a) Recuperación de la democracia: inicio de la
lucha contra la corrupción

A partir de la recuperación de la democracia
se dieron importantes avances en las investigaciones, procesamiento y sanción
de las personas comprometidas con la
corrupción.
El Congreso de la República cumplió una
decidida labor fiscalizadora entre los años 2001-2002,
constituyendo una comisión investigadora
especial.
Entre los años 2001-2004, la
Procuraduría Anticorrupción Ad-hoc para el caso
Fujimori-Montesinos actuó con suma eficacia y
contribuyó a formular denuncias que han permitido
desentrañar la red delincuencial de
corrupción que se tejió en el
Perú.
El gobierno de transición, del ex presidente
Valentín Paniagua, promulgó normas que han tenido
particular eficacia en el combate jurisdiccional en curso: 1)
habilitando la creación de fiscalías y juzgados
especializados anticorrupción; 2) consagrando medidas
especiales para la detención preventiva de personas
involucradas en actos corruptos; y 3) estableciendo el concepto de
colaboración eficaz.
El gobierno actual creó la Unidad de Inteligencia
Financiera, entidad crucial en la lucha contra el lavado de
dinero y los delitos que
lo alimentan.
Estas medidas legales estuvieron en correspondencia
con algunas de las recomendaciones propuestas por el Grupo
Iniciativa Nacional Anticorrupción, creado por el
Gobierno de Transición.
No obstante, otras propuestas han permanecido sin ser
implementadas, lo que ha contribuido a que una reciente
encuesta
sobre percepción de la corrupción
considere que el actual gobierno es el más corrupto
después del de Fujimori (43%), alcanzando un 30%; que
las tres instituciones más corruptas son el Poder
Judicial (70%), Policía Nacional (66%) y Congreso (60
%); y que dentro de cinco años la corrupción
habrá aumentado en un 43%.
En tanto que Transparencia Internacional ha publicado
recientemente su Índice de Percepción de la
Corrupción, situando al Perú en el 67° lugar
a nivel mundial.

El reto es, pues, reconstruir un sistema de
control constitucional y administrativo del poder, sustentado en
un equilibrio de
poderes y en una activa participación ciudadana con responsabilidad
social; y a partir de esta temática se instituya una
Política de Estado Anticorrupción.

b) Fortalecer la lucha contra la
corrupción

Modificar la Ley y el
Reglamento de Organización y Funciones que
creó el organismo encargado del liderazgo de
lucha contra la corrupción, con el propósito de
que por su accionar, adecuadamente coordinado con los
organismos administrativos y jurisdiccionales actualmente
encargados de la lucha contra la corrupción, se
instituya el Sistema Nacional
Anticorrupción.
Fortalecer el Sistema Nacional de Control a
través del nombramiento del contralor general de la
República por mayoría calificada del Congreso de
la República, para lo cual se requiere de una
modificación constitucional.
Garantizar a la oposición política la
potestad de continuar designando la Presidencia de la
Comisión de Fiscalización y Contraloría
del Congreso de la República.
Fortalecer las actividades de la Procuraduría
Ad Hoc Anticorrupción.
Incorporar al sistema jurídico penal los
compromisos internacionales asumidos en materia de
combate contra la corrupción.

c) Garantizar la transparencia y la rendición
de cuentas

Reforzar los mecanismos de transparencia en la
gestión pública, garantizando el acceso a la
información del presupuesto y
su ejecución en cada entidad del Estado.
Difundir los planes de trabajo institucionales y las
evaluaciones de su cumplimiento.
Fortalecer los mecanismos de acceso competitivo de
los proveedores
del Estado.
Establecer que la Unidad de Inteligencia Financiera
haga cumplir la obligación de entrega y
publicación de las declaraciones juradas de las
autoridades y de los funcionarios públicos, como
garantía de control sobre los casos de desequilibrio
patrimonial o enriquecimiento ilícito.

d) Promover la Ética
Pública

Elaborar un código de ética que aliente el
cumplimiento diligente de las obligaciones
y responsabilidades de quienes ejercen la función
pública y de sus asesores.
Alentar el desarrollo
de una cultura
anticorrupción que -a través de programas de
educación escolarizados, no escolarizados y de
especialización- promueva la ética
pública.
Fomentar una cultura de principios
éticos y valores
morales que fortalezca el cumplimiento de las normas y
revalorice la función pública, y que sustenten la
institucionalidad democrática.

e) Fomentar la participación ciudadana en la
vigilancia y control de la gestión
pública

Reconocer las iniciativas de la sociedad en materia
de vigilancia ciudadana sobre la gestión pública,
para lograr su efectiva fiscalización por los organismos
competentes y el afianzamiento de la ética
pública.
Promover los espacios de concertación en
materia de lucha anticorrupción.
Establecer mecanismos accesibles y sencillos que
posibiliten a los ciudadanos la denuncia ante los organismos
competentes, con las garantías del caso, de los actos de
corrupción por ellos detectados.
Reformular la ley de participación y control
ciudadano -Ley 2630- a fin de facilitar el ejercicio de los
derechos
contemplados en el referido dispositivo.

Finalmente, promover el consenso a través del
Pacto Social y Ético de Gobernabilidad Democrática,
cuya base sea el actual Acuerdo Nacional, que trace un esquema
básico de gobernabilidad en los que se comprometan y
participen todos los actores políticos, empresariales y
sociales del país, y que en lo concerniente a la
institucionalización de una Política de Estado
Anticorrupción formule, con la activa participación
de la sociedad civil
organizada, un plan nacional que articule de manera clara,
definida y definitiva el Sistema Nacional Anticorrupción,
del cual deberán formar parte la Contraloría
General, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de
Banca y Seguros, la
Superintendencia Nacional de Administración Financiera, la Unidad de
Inteligencia Financiera, las procuradurías
anticorrupción, y las fiscalías, juzgados y
vocalias anticorrupción.

3.3.- NECESIDAD DE UNA EFECTIVA REPARACION CIVIL DE
LA CORRUPCION
Muchos de los corruptos del Perú
actual , que han sido juzgados y lo están siendo no
cumplen con el pago de la reparación civil al estado y a
la sociedad. Montesinos debe más de 11 millones de soles
por reparaciones civiles . Los condenados por corrupción
apenas han pagado 1,4% de lo solicitado. Hasta ahora el Estado no
ha podido cobrar más de S/.22'805.341.

Hace cinco añosAlberto Kouri fue elegido
congresista por Perú Posible, pero por 117 mil
dólares que le dio Vladimiro Montesinos aceptó
pasarse a las filas de Perú 2000. Fue sentenciado en el
2003 a seis años de prisión, a devolver el dinero
recibido y a pagar una reparación civil de 500 mil soles.
Dos años después, Kouri no ha devuelto la 'coima'
que le dio el ex asesor y solo ha pagado S/.1.600 de la
reparación que se le impuso por haber afectado la voluntad
de sus electores, por desprestigiar el Parlamento y el
país y por haberse aprovechado de recursos del Estado.
Incluso, hace dos meses la Corte Suprema rechazó su
propuesta de pagar 1.200 soles mensuales de reparación, ya
que ello le hubiera tomado casi 35 años y otros 26
años más para devolver lo que recibió. Por
ese motivo, Kouri no podrá acogerse a la semilibertad,
porque para hacerlo tiene que haber pagado el íntegro de
la reparación civil, como lo manda la Ley
27770.

Así como él, hay otros 31 procesados por
corrupción que han sido sentenciados a penas de
cárcel –algunos por más de un caso– de hasta doce
años y al pago de una reparación a favor del Estado
que va de S/.1.500 a los S/.11'500.000.

Por haber sido uno de los que dirigió la mafia
que operó en el Gobierno del prófugo Alberto
Fujimori, Montesinos es el que mayor número de juicios por
corrupción afronta hasta el momento. En los cuatro juicios
en los que ha sido sentenciado hasta ahora, se le ha condenado al
pago de 11'500.000 soles como reparación civil y a
diversas penas de cárcel. De esa cantidad, S/.10'000.000
son por usurpar funciones en el otrora Servicio de
Inteligencia Nacional (SIN).

Hasta ahora, a todos los sentenciados por los diversos
delitos de corrupción se les ha impuesto en total
el pago de una reparación civil de S/.23'136.500. De esa
suma, los condenados solo han pagado el 1,4%; es decir, apenas
S/.331.159.

El saldo –unos S/.22'805.341– está en cobranza
y la Unidad Financiera Estratégica de la
Procuraduría Ad Hoc está buscando las formas de
hacer efectivo ese pago. Sin embargo, muchos de los condenados se
han apresurado a "desaparecer" sus bienes, para
que no puedan cobrarles. Pero no todos han podido recurrir a esta
vieja artimaña. Uno de los que no podría escapar
sería César Saucedo, a quien el Poder Judicial le
llegó a embargar un inmueble por S/.100.000 que
serviría para cubrir los S/.50.000 de su
reparación.

El procurador adjunto Pedro Gamarra explicó que,
además de devolver lo aprovechado de manera ilícita
y la pena de cárcel impuesta, el juez sanciona con una
reparación como resarcimiento del daño
causado. El monto –agregó– se establece según los
bienes jurídicos lesionados y la posibilidad
económica de la persona.

También por la determinación del lucro
cesante; es decir, por lo que el Estado dejó de hacer o
percibir como consecuencia del dinero
desviado. Y es que con ese dinero el Estado pudo haber ganado
intereses o invertido en beneficio de un sector necesitado de la
población.

Por otro lado , solo los colaboradores del regimen
corrupto han cumplido Por ejemplo, los hermanos Samuel y Mendel
Winter han pagado hasta ahora 250 mil dólares por haber
vendido la línea editorial de Frecuencia Latina. Los que
sí han pagado puntualmente el monto de su
reparación civil han sido aquellos que se acogieron a la
Ley de Colaboración Eficaz. Ayudan a esclarecer su
delito u otros
delitos para que le disminuyan la pena. También lo ha
hecho Matilde Pinchi Pinchi, quien ha entregado un millón
de dólares en diversos bienes al Estado
Peruano.

Aproximadamente siete millones de dólares ha
pagado hasta ahora el Estado Peruano como reparación civil
a las víctimas y sus deudos, por violaciones a sus
derechos
humanos ocurridas durante los gobiernos de Alan García
(Apra) y del prófugo Alberto Fujimori. Sin embargo,
faltan otros 10 millones de dólares para cubrir el monto
de la reparación que quedó determinada en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos o en los acuerdos amistosos a
los que llegaron los representantes del Estado y las
víctimas.

En realidad, todas esas reparaciones deberían ser
pagadas por los responsables de los daños, pero –por ser
tercero civil responsable– el Estado ha tenido que asumirlas. No
obstante ello, el Gobierno puede ir en repetición –ese es
el término jurídico– para cobrar lo que ha pagado
por esos daños cometidos. Los casos más numerosos y
los que han generado más costos han sido
los crímenes cometidos por el grupo Colina y los
vejámenes contra el ex broker del Ejército Gustavo
Cesti Hurtado y el empresario
Baruch Ivcher.

Para el miembro del Instituto de Defensa Legal, Ronald
Gamarra, el Gobierno podrá iniciar esa cobranza luego de
que concluyan los procesos penales con la determinación de
las responsabilidades que corresponda para cada situación
en particular. Por ejemplo, en el caso del grupo Colina, hasta
que se determine la línea de responsabilidad en los asesinatos de los
estudiantes y el profesor de La
Cantuta o en el crimen de los comerciantes informales de Barrios
Altos, entre otros.

CONCLUSIONES

La corrupción ha sido facilitada por el
predominio de regímenes autoritarios y por una
frágil institucionalidad. Este contexto sirve para crear
espacios en los que los funcionarios pueden maniobrar
discrecionalmente. Bajo ese dominio
más bien personal, prima
siempre el manejo oculto y los negociados sin
control.
Para el fortalecimiento de la democracia, el estado
de derecho, la estabilidad y el desarrollo del país es
necesario combatir toda forma de corrupción en el
ejercicio de la función pública, así como
los actos de corrupción específicamente
vinculados con tal ejercicio.
Los actos de corrupción inciden en el desarrollo
económico y social del país, distorsionan el
gasto
público, desalientan la inversión
extranjera, inciden negativamente sobre las actividades del
Sector
Público y afectan la conciencia
moral de la Nación.
Es necesario establecer los mecanismos de
prevención, detección y erradicación de
toda forma de corrupción y generar mecanismos de
colaboración y cooperación entre las diferentes
instancias del Estado;
Es necesario entender la corrupción como un
problema integral, como un fenómeno relacionado al mal
funcionamiento del Estado y a la falta de sistemas de
control y vigilancia efectivos. Ese debiera ser el debate en
materia de reforma del Estado. Una tarea que deberá
asumir el próximo gobierno.

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VOCABULARIO

Corrupción .- El aprovechamiento indebido
de la
administración de un patrimonio
común. La corrupción gubernamental es la
desviación de los fines de la función
pública en beneficio particular.

Corrupción .- designa, de un lado, la
acción y efecto de corromper o corromperse y, de otro
lado, el vicio o abuso introducido en las cosas no materiales
(Diccionario de
la Real Academia de la lengua
española).

Corromper.- significa echar a perder, depravar,
como sobornar o cohechar al juez o a cualquiera persona, con
dádivas o de otra manera.

Función pública.- , toda actividad
temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una
persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o
de sus entidades, en cualquiera de sus niveles
jerárquicos.

Funcionario público.- "Oficial
Gubernamental" o "Servidor
público", cualquier funcionario o empleado del Estado o de
sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados,
designados o electos para desempeñar actividades o
funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos
sus niveles jerárquicos.

"Bienes", los activos de
cualquier tipo, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y
los documentos o
instrumentos legales que acrediten, intenten probar o se refieran
a la propiedad u
otros derechos sobre dichos activos

ANEXOS

FOTOS

Ex Presiente Alberto Kenya Fujimori
Fujimori

Ex Asesor Presidencial Vladimiro
Montesinos Torres

ARTÍCULOS
PERIODÍSTICOS

ENTREVISTA

AL CONTRALOR GENERAL DE LA
REPUBLICA ÁLVARO MATUTE SOBRE LA CORRUPCIÓN EN EL
PERÚ

¿Ingeniero Matute, si tuviera que ponerle
una nota a este gobierno en lo que a corrupción se
refiere, cuál sería?
Por favor, no comparemos con el robo del fujimorato.¿De 1
a 20? Yo diría que pasa con 12, teniendo en cuenta que a
partir de 08 es ya una corrupción abierta.
¿Y por qué pasa con 12?
Es que desde el gobierno de transición, y
consolidándose en este, funciona el SIAF: el Sistema
Integrado de Administración Financiera. Es uno de los
elementos más importantes de control que hay en el
país. Todo movimiento de
fondos queda registrado. El registro es uno
de los principales elementos en la lucha contra la
corrupción.
¿Por qué esta nota tan baja? ¿La
corrupción se expande?
Es que no hay buena gerencia, algo
fundamental para impedir la corrupción. En el país
hay un problema con las urgencias, cuando las cosas se hacen por
esta vía se abren posibilidades para que entre la
corrupción. Las urgencias se deben a un mal planeamiento.
¿Eximir de licitación, resoluciones y
contrataciones de urgencia, servicios personalísimos, son
procedimientos
que deberían desaparecer?
Más que desaparecer, hay que fortalecer las gerencias y
simplificar procesos. La ley de contrataciones es demasiado
engorrosa, puede pasar un año antes de que se inicie un
contrato. Los
servicios personalísimos habría que eliminarlos o
reglamentarlos. Las urgencias deben ser controladas.
Hoy se han convertido en una norma, pan de todos los
días.
Así es. La norma de adquisiciones estatales no es lo
suficientemente dinámica. Un alcalde entrante no puede
hacer obra sino al sexto o séptimo mes. Por eso han
recurrido a un sistema que ya comenzó a oler feo: utilizan
entidades internacionales, en este caso el Organismo
Internacional de Migraciones (OIM), que antes era Naciones Unidas.
El alcalde le da el dinero al OIM, ya no pasa por ninguna ley de
adquisiciones y ellos compran. El Ministerio de Relaciones
Exteriores lo hizo así. Con este sistema no podemos entrar
y no tenemos ninguna seguridad de que
los procedimientos no son dirigidos.
¿Cuándo el OIM ha construido
puentes?¿La actual administración es adicta a los
malos manejos?
En muchos casos hace lo que puede hacer, ciertamente hay mucha
gente que ha estado acostumbrada a vivir del Estado. Cuando este
reacciona, se retraen, pero siempre recurren a maniobras. Esto
ocurrirá hasta que no se cambie la ley de adquisiciones
del Estado. Ese el punto crítico. Si hay un sistema
electrónico donde todo sea transparente, si no hay
intermediarios, reduciremos la corrupción. Ya está
en camino, a fines de año estará funcionando.
¿Cuánto pierde el Estado Peruano al
año por corrupción?
En conjunto, estamos hablando de un 15% del Presupuesto de la
Nación. No tenemos cifras concretas, pero eso es lo que
olemos -antes era mucho más- y se debe fundamentalmente a
las compras
estatales. Estamos investigando. Todavía no estamos muy
satisfechos con las compras para los programas sociales. Son de
alto riesgo si no
dudosas. Estamos revisando las compras de Petro-Perú,
ahí se hacen importaciones muy
fuertes de combustible.
¿Hay sobrevaluación, proveedores no
legítimos?
En esta semana iniciamos una investigación. Por ejemplo, en diciembre
pasado Petro-Perú compró 100 millones de soles en
combustibles que no estaban previstos.
La pregunta es: ¿Por qué? La operación
verá todo lo que son adquisiciones de combustibles.
Además, entraremos en lo que es la gestión misma.
Es factible mejorar áreas ahorrando. También se ha
visto lo que es contratación de personal, la de la hija
del vocal Silva Vallejo fue considerada irregular. En general
hemos objetado el sistema de contrataciones a través de
una cooperativa.
¿Qué pasó con el caso del ex
presidente de Petro-Perú, Héctor Taco
Tamo?
Se encontró que se había gastado dinero, pero que
el señor Taco lo repuso y se cerró el tema. Estamos
reevaluando esta situación para ver si existió
algún pago para el viaje de otros gerentes a Iquitos.
¿Qué otras entidades estatales preocupan a
la contraloría?
Essalud, Córpac y Sedapal, porque son instituciones que
tienen una actuación empresarial y mayor nivel de
discrecionalidad. Tienen compras muy elevadas y la posibilidad de
hacer las bases, elegir al proveedor, aun cuando se pasa por
licitaciones. En Essalud se paga 14 soles por litro de oxígeno
y en las clínicas privadas, tres soles. ¿Qué
pasa? Cuando se pone en la licitación tres soles como
precio
referencial no participa nadie. Sucede que hay tres empresas que
brindan este servicio y parece que se ponen de acuerdo para no
participar. Indecopi va a tener que intervenir. O hay
concertación o hay corrupción.
¿Qué investigaciones hay en
Sedapal?
La de los medidores, pero el tema es más complicado de lo
que parece, por eso la demora. También se examina la
licitación para los colectores de la zona sur. Tiene
demasiados tropiezos, hay algo que huele mal. Estamos revisando
todo lo que es contrataciones, ha habido problemas.
¿Y cuándo conoceremos los resultados de
todo esto?
Están saliendo. En ciertos momentos nos arrepentimos de
haber incorporado dentro de la ley los conceptos de reserva de
información. Contraloría no puede emitir
información abierta hasta que no termine el proceso
judicial. Solo se puede hacer cuando comienza el juicio. Y muchos
de nuestros informes están siendo mal usados por el Poder
Judicial.
¿Por qué?
La fiscalía, el Poder Judicial cambian nuestros informes o
los minimizan. En el caso de los Tucano todo se ha distorsionado.
Hicimos una evaluación
muy profunda y no se encontró nada. Por el contrario se
iban a vender a mayor valor de lo
que cuestan, el Estado sale beneficiado. Pero el Poder Judicial
usa las cifras al revés para decir que los Tucano
están subvaluados. Ahora están inmovilizados,
llenándose de óxido. Se perderá la
posibilidad de ganar en la venta porque
comenzarán las penalidades. Algo ilógico cuando un
informe técnico dice lo contrario.
¿Qué otra mala actuación del Poder
Judicial?
Algunos casos donde el informe técnico prueba
irregularidades son archivados o van sacando a responsables del
proceso judicial. Por ejemplo, si señalamos
responsabilidad de cuatro personas, pasa a la fiscalía y
esta retira a una persona del juicio, el Poder Judicial a dos y
solo queda un responsable. No puede ser, es muy frustrante.
¿Qué ocurre en Córpac,
contralor?
El jefe de control
interno, el señor Cerna, dice percibir la
corrupción más grande de su historia.
Él es investigado como jefe del órgano de control,
eso está avanzado. Lo repusimos por una cuestión de
principios. Encontramos que un día lo botaron por pedir
vacaciones. Suena a que se quiso impedir la fiscalización.
Hay un supervisor de la contraloría ahí para
terminar las investigaciones.
¿Pero es la corrupción más
grande?
Eso va a tener que probarlo. Él cuestiona contrataciones y
dice que es el problema más serio de Córpac, pero
yo creo que han existido otros mayores, como la mala compra del
radar. Eso sí fue corrupción en grande y
ocurrió justo cuando él estaba como jefe del
órgano de control. Él puede haberse excedido al
decir lo expresado.
Se contrató a un pariente de Jesús Alvarado, sin
título..
¿Pero esa es la más alta corrupción
en Córpac? ¿O lo es comprar un radar que no es
bueno?
Tomaría con pinzas lo que dice Cerna. Vamos a investigar.
Conoceremos los resultados pronto.
El jefe de Consucode, Ricardo Salazar, afirmó que
la corrupción se está recomponiendo. ¿Es
cierto? ¿Dónde? ¿Cómo?
Consucode nos ha enviado una lista de 200 licitaciones y compras
que ha objetado. Estamos identificando las más complejas
para realizar una operación. La preocupación de
Consucode es que hay demasiadas urgencias y emergencias y se ve
que gente que no debería estar participando en compras del
Estado lo está haciendo. Hay casos en que una empresa tiene
otras tres o cuatro empresas con testaferros que participan en la
misma licitación y después ellas mismas la objetan.
Una gana la licitación con menor precio, las otras
cómplices la objetan para que entre la segunda que tiene
el precio que ellas quieren.
¡Qué vivazos! Por no decir otra
cosa.
Así es. Ahora, legalmente lo pueden hacer. Con la nueva
normativa que estamos elaborando eso se va a acabar.
¿Dígame, luego de estar en el cargo,
confía en alguien?
Confío en la gente con la cual trabajo.Dicen que mucha
gente viene del gobierno de Fujimori.Es cierto, pero tengo que
confiar. Hay gente molesta porque los rotamos, pero es un buen
equipo.
¿Si le propusieran otra vez el cargo de contralor,
aceptaría?
No. Algo que me ha chocado mucho es haber tenido que firmar
resoluciones que involucraban a amigos míos.
MARIELLA BALBI
(El Comercio,
26/01/04)