Extraños frutos colgaban de los árboles esa mañana de domingo en Zapotitlán, estado de Guerrero. El revoloteo de los zopilotes, el mosquero zumbante, el amontonamiento de la gente, confirmaban la singularidad del cuadro: pendían del ramaje y se bamboleaban en la bruma que aún se resistía a despejarse, los cuerpos desnudos, brutalmente castigados, de cinco ahorcados. Habían sido linchados por vecinos del lugar a golpes de palos, machetes y puños, disparos de armas de caza, y finalmente colgados. Tres habían cometido asaltos. Los otros eran familiares de los primeros que habían tratado de retirar los cadáveres; corrieron la misma suerte de sus parientes.

Los hechos de Zapotitlán ocurrieron el 18 y 19 de diciembre de 1993 cuando México, presidido por Carlos Salinas de Gortari, adquiría membresía en la OCDE y se aprestaba a firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En ese tiempo el gobierno de Salinas era ampliamente celebrado dentro y fuera de México, y no sólo en el ámbito financiero, como un ejemplo particularmente exitoso de modernización e incorporación al primer mundo.

La foto de los linchados, en la primera plana de los diarios de circulación nacional, provocó reacciones de espanto ante lo que aparecía como la emergencia brutal de las fuerzas, que se creían eliminadas para siempre, del México bárbaro. Era como si las cucarachas, los alacranes o los gusanos hubieran surgido de debajo de la alfombra invadiendo la sala elegante donde las damas tomaban el té y los caballeros comentaban la evolución del mercado bursátil.

Sin embargo, los linchamientos de Zapotitlán ni eran los primeros ni habrían de ser los últimos. En años anteriores se había registrado una veintena de casos similares en diferentes estados del país; en los cinco años siguientes se registrarían más de setenta. Unos y otros además de decenas de casos anuales de ejecuciones por cuerpos armados al servicio de terratenientes o de caciques locales, operativos policiales y militares, enfrentamientos entre familias, choques entre comunidades indígenas, conflictos religiosos, confrontaciones políticas. Tampoco son característica peculiar de México: en Guatemala, Brasil, Haití y otros países del continente se registran con mayor o menor frecuencia hechos de este tipo –sin olvidar la decisiva contribución de Estados Unidos al tema. Ni son ajenos a la historia política del hemisferio: Tomás Eloy Alfaro en Ecuador, Gualberto Villarroel en Bolivia, dan testimonio de ello.

Este artículo presenta los resultados de una investigación que el autor inició durante su afiliación institucional al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (CEIICH-UNAM). Parte de la hipótesis de que hechos como los registrados en Zapotitlán son reveladores de la naturaleza de las relaciones estado/sociedad y de la compleja articulación entre tradición y modernidad en escenarios multiculturales que combinan variados patrones de organización, dominación y legitimación social y política. A esta cuestión está dedicada la primera parte del texto, que resume el marco conceptual de la investigación. Se exponen luego las principales categorías que orientan el análisis. En la tercera sección se lleva a cabo un primer análisis de la información empírica que constituye la base de la investigación. Por último se sugieren algunas conclusiones preliminares que, a manera de hipótesis, orientarán el desarrollo ulterior de la investigación.

Cualquier caracterización del estado incluye como uno de sus rasgos definitorios el monopolio de la coacción física. Esto plantea una problemática doble: la que se relaciona con el grado de efectividad del monopolio estatal, y la que indaga sobre su legitimidad. La efectividad refiere al grado en que el estado ha puesto fin a la dispersión del poder armado en manos de particulares --"el contraste entre la violencia de la esfera estatal y la relativa no-violencia de la vida civil"-- y a las modalidades de cooperación, complementación, paralelismo o confrontación entre el poder coactivo privado y el del estado. La legitimidad apunta al consentimiento suscitado y obtenido por ese monopolio, tanto en lo que toca a su existencia como tal, cuanto al modo en que la coacción estatal se ejerce.

El modo en que se transaron los acuerdos de poder entre las burguesías comerciales e industriales y las oligarquías predominantemente terratenientes, determinó que en América Latina sólo en contados casos (Argentina, Costa Rica, Uruguay...) el estado alcanzara a detentar el monopolio efectivo y absoluto de la coacción física --situación que ilustra asimismo la aún inacabada diferenciación entre estado y sociedad y entre lo público y lo privado.

En la mayoría de los países de la región este monopolio es hasta ahora más formal que real, en cuanto persisten modalidades variadas de complementación y cooperación de violencia privada y estatal. Aunque esas modalidades pueden ser vistas descriptivamente como delegaciones operativas de funciones estatales, en los hechos ilustran la incapacidad de los actores que se expresan a través de la institucionalidad del estado para alcanzar una efectiva primacía nacional, y la necesidad de involucrarse en negociaciones con otros grupos de poder, o de aceptar sus "soberanías" regionales o locales en el marco del estado nacional. Las manifestaciones de esta difusión del poder coactivo son numerosas: los ejércitos privados de los grandes terratenientes brasileños, las guardias blancas de los latifundistas del sureste mexicano, los séquitos armados de protección a empresarios, las rondas campesinas en Perú, las patrullas de autodefensa civil en Guatemala, las autodefensas unidas en Colombia, la fusión del poder económico y el poder político-militar en las grandes haciendas de la más moderna agroexportación, los cuerpos armados del narcotráfico.

Dominación legítima es aquella que la población del estado acata por convicción respecto de la justicia de esa dominación mucho más que por temor al castigo que acarrearía enfrentarse a ella, aunque usualmente el temor al castigo ayuda a alimentar aquella convicción. La red de interacciones sociales y el desempeño efectivo de las instituciones públicas inciden decisivamente en el sustento de legitimidad del poder estatal. La convivencia en organizaciones se basa mayormente en un sistema implícito de reciprocidades, y el estado no escapa a ésto.

La intensidad y alcances del consentimiento que la gente presta a la autoridad están usualmente ligados a la medida en que juzga que lo que entrega (en trabajo, servicios personales, impuestos, productos, observancia de las normas, participación en rituales...) guarda una relación de proporcionalidad con lo que recibe a cambio (servicios institucionales, seguridad, reconocimiento, empleo o cualquier otra cosa que considera valiosa). El acatamiento al poder estatal y al sistema legal goza así de legitimidad y el orden social es percibido como justo. No toda incorporación a una organización es producto exclusivo del consenso. Sobre todo en lo que se refiere al estado, la pertenencia a él es una cuestión de ausencia de alternativas en la medida en que nacemos en el territorio de un estado y en una matriz de relaciones configuradas por el estado o articuladas a él. Sin embargo el nivel subsiguiente de involucramiento emocional en esa matriz de relaciones y en su marco institucional está estrechamente asociado a esa noción de reciprocidad.

El discurso de los actores políticos convencionales (por ejemplo dirigentes, partidos, agencias gubernamentales, sindicatos, cámaras empresariales) suele poner el acento en los referentes macropolíticos y macrosociales de la legitimidad, pero la mayoría de la gente construye sus juicios de legitimidad en el nivel microsocial sobre el cual posee, o espera poseer, alguna capacidad de decisión. La legitimidad se expresa de manera concreta en la vida diaria, en el plano existencial, y se construye a partir del efecto en ese nivel, de los procesos macrosociales, macroeconómicos y macropolíticos.

Llama la atención por lo tanto sobre el modo en que esos efectos son interpretados por la gente como resultado del entrecruzamiento y las tensiones entre los procesos de socialización impulsados por las grandes instituciones (sistema educativo, medios de comunicación, iglesias, organizaciones políticas...) y los que son impulsados por instancias más personalizadas o inmediatas (familia, barrio, amigos, comarca, parroquia). La legitimidad del orden político estatal y de su sistema normativo guarda usualmente una fuerte dependencia de los juicios que la población lleva a cabo respecto del modo efectivo en que determinadas agencias o instituciones públicas penetran las sociedades locales o los ámbitos de la vida cotidiana, mucho más que de las grandes definiciones de política. Cuanto más dependiente es la calidad de vida de los integrantes de un grupo social del desempeño de estas agencias, más fuerte es el papel de las evaluaciones respectivas en la legitimación del orden social. El funcionamiento de la escuela, el hospital o el destacamento policial del barrio, la aldea o la comarca suelen ser más importantes en este sentido que la política educativa, de salud o de seguridad del estado.

La homologación entre legitimidad y legalidad y la precedencia de ésta respecto de aquélla son características del capitalismo occidental: derivan de la abstracción de las relaciones mercantiles y sociales y de la prevalencia de la forma de las relaciones respecto de su contenido. La manifestación de la legalidad como positividad jurídica acordó seguridad y estabilidad a las transacciones comerciales y a la vida social; permitió trazar límites objetivos a la acción del estado y garantizar ámbitos de acción individual libres de la interferencia del poder político. La positividad de los derechos les acuerda existencia objetiva, independiente de la voluntad de los poderosos. La separación entre lo público y lo privado, y la concepción de un "estado de derecho" derivan de, y están asociadas a, la identificación entre legitimidad y legalidad y a la expresión jurídico-positiva de ésta.

El desarrollo del estado-nación implica la progresiva imposición de un tipo específico de dominación y una forma particular de legitimidad --la legitimidad "racional-legal" de la sociología weberiana-- que entra en conflicto con otros tipos de dominación y otras formas de legitimidad que expresan la heterogeneidad de la estructura y la pluralidad de las modalidades de organización social y de autoridad política. Una corriente importante de la literatura llama la atención, precisamente, sobre la dimensión cultural del proceso de formación del estado moderno. La ciudadanía, institución típica de la concepción oficial del sistema político y base del estado-nación, convive y se articula con prácticas de clientelismo y patronazgo, con modalidades patrimonialistas y carismáticas de ejercicio del poder, todo al mismo tiempo y en el mismo territorio. La resultante es la tensión entre las instituciones formales y las prácticas sociales, entre política como formato estatal y cultura como práctica social --como se advierte en la coexistencia usualmente conflictiva de múltiples criterios de autoridad, de justicia y de racionalidad.

Ese desfase imprime al estado periférico su particular "combinación de poder y debilidad". Poder, en el sentido que la penetración de sus agencias y mecanismos de socialización tiene siempre una dimensión fuerte de imposición, y en el sentido que el ingrediente coactivo de la organización estatal debe mantenerse permanentemente actualizado para garantizar que las tensiones cruzadas de su compleja base social no llegarán al punto de la disolución del cuerpo político. Debilidad, porque la propia heterogeneidad y los intereses contrapuestos del cuerpo social hacen extremadamente frágil el logro de un consenso básico y la dotación de una mínima legitimidad al poder político, sus aparatos y sus funcionarios; vale decir, la conversión del poder en autoridad. En sociedades cruzadas por cortes y rupturas tan profundos la armonización de los conflictos de intereses es más difícil. El estado enfrenta problemas serios para funcionar como "organizador de la heterogeneidad social" y es visto por grupos amplios como la expresión institucional del desorden.