Partes: 1, 2

Sin embargo, en esta coyuntura hay más variables que introducir al momento de identificar las correlaciones de fuerza entre el Oriente y el Occidente, si para el año de 1999 se estaba gestando la posibilidad de una Nación Camba construida sobre el territorio de un aún constituido Estado Boliviano, los conflicto sociales del año 2003, especialmente, profundizaron las reducciones políticas al plano del conflicto: desconocimiento del otro y su posterior aniquilamiento.

Este escenario se formo a raíz de la "agenda de octubre" que ponía como puntos ejes, la 1) convocatoria a una Asamblea Constituyente, 2) la convocatoria a un referéndum vinculante sobre el tema energético y 3) Nueva Ley de hidrocarburos. Estos tres postulados se convirtieron después del 17 de octubre de 2003 en los programas de gobierno de Carlos Mesa que había entrado como presidente constitucional de la República de Bolivia al sustituir (a través de una sucesión constitucional) a Gonzalo Sánchez de Lozada, que hasta ese momento había estado fungiendo como presidente de Bolivia.

Para el mes de junio del año 2004 se inician demandas desde el sector oriental del país contra la organización política del Estado, manifestado concretamente, en su carácter centralista, centralizador de recursos y generador de un amplio sector de empleados (funcionarios) dependientes del sector público, es decir, que era el Estado al ser centralista el causante de la amplia burocracia política existente dentro del Estado, y su posterior déficit fiscal causado por los prestamos para pagar justamente a los funcionarios públicos.

Esta discusión termino en cabildos y en asambleas convocadas por el Comité Cívico pro Santa Cruz, entonces el presidente del ente era Rubén Costas, ahora prefecto del departamento de Santa Cruz; este proponía la autonomía como única vía para reformar realmente el Estado y dar mayor peso a las regiones productoras y generadoras de economía como Santa Cruz; es así como éstas demandas generan la denominada "agenda de junio" que prácticamente ponía en discusión la realización de elecciones abiertas para elegir al prefecto y que se empiecen a elaborar estatutos autonómicos para las regiones y así éstas puedan administrarse de forma autonomía sin necesidad de la intervención del Estado.

El poder ejecutivo como la Corte Electoral en ese momento proponen que se de la recolección de 500 mil firmas para poder avalar tanto las elecciones como pedido regional, como un referéndum para poder decidir aceptar o no, la posibilidad de la autonomía en las regiones.

Por tanto, se convierte en el plano de la correlación de fuerzas existentes en el país, a la agenda de junio como una barrera que limita a la agenda de octubre y que la contraresta en términos de tiempo, es una pata al tablero de la coyuntura para descentrar la atención del punto importante que en ese momento era la Asamblea Constituyente, se empieza a pensar en la autonomía y se hacen evaluaciones sobre el verdadero rol de santa Cruz en el desarrollo del país, por tanto se empiezan a pensar dos dimensiones que si bien no eran contradictorias, a pesar de limitar la segunda agenda a la primera, significaba un desgaste político para e l ejecutivo y evidenciaba la falta de información de la población sobre ambas temáticas, por tanto, para poder hacer frente a esos dos procesos, se corría contra el tiempo, ahí las demandas de los movimientos sociales empiezan a perder cabida en el espacio de la deliberación política pública institucional, y al ser suspendidas del debate se empieza a percibir que esas reivindicaciones no solo no eran importantes sino que no iban a ser operativizadas desde los espacios institucionales de la política boliviana.

Un segundo momento de concentración de la demanda de la autonomía ocurre en el mes de enero de 2005, cuando en un cabildo abierto se pide la elección de un gobernador, para Santa Cruz, pero errores tácticos hacen retroceder a Costas en su intención, generando que solo pida una vez más la convocatoria a un referéndum autonómico y que se avale las firmas recaudadas para tela efecto. El retroceso se dio porque no solo estaba previsto la elección de un gobernador para Santa Cruz, sino la elección entre candidatos, sino también la posesión del ganador, pero esta vez sus atribuciones serían para toda la Nación Camba.

La elección de realizaría en cabildos a los pies del Cristo redentor, principal monumento de la capital cruceña, los asistentes elegirían a su gobernador por "ovación" , pero los cálculos anteriores eran que el ganador de aquella elección sea Rubén Costas, sin embargo, noche antes, el presidente del comité Cívico de Tarija, Roberto Ruiz Wass Berner, actual senador de la república por PODEMOS (Poder Democrático Social, principal fuerza de oposición y segunda fuerza política en congreso nacional de Bolivia), representando a Tarija, se desmarca de Costas y proponiéndole pensar con más calma y tiempo la situación de la autonomía, habida cuenta de la inminente convocatoria a una Asamblea Constituyente. Al recibir esta noticia y este golpe de mano que le resta poder y legitimidad, reduce el espectro de oportunidades y opta por una salida apegada a la ley.

De esta forma, se empieza a repensar el país, desde la forma administrativa, con la previa evaluación de que es el centralismo el causante del retraso en las políticas públicas y en las satisfacción de las demandas del área oriental de país.

Pero centralismo, también bajo el discurso de Santa Cruz, se convierte en un amplio paraguas que contiene en su interior la explotación a los migrantes de otras regiones, que concentra el racismo hacia los sectores sociales indígenas de tierras altas pero también hacia los sectores de tierras bajas que están insertos en la misma geografía oriental. Centralismo se convierte en si nomino de miedo e intolerancia por el otro y de no reconocimiento de la igualdad en términos de ciudadanía y en términos económicos, además de políticos.

Esta última forma de no reconocimiento es la que entra en estos días a resituarse dentro del universo tanto discursivo como práctico de la política.

Se resitúa porque si antes intentaba (o quería) dar la imagen de ser una sociedad tolerante e incluyente, ahora demuestra que eso solo era la ilusión discursiva de uno de sus aparatos ideológicos como el Comité Cívico pro Santa Cruz, que ahora si bien interpela al gobierno por la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente y el reglamento de debates de la Asamblea, lo hace en esencia contra el gobierno, porque visualiza en él a dos formas que no pueden asimilar.

La primera de éstas dos formas es la que resulta de las elecciones del 18 de diciembre de 2005, cuando gana el MAS la contienda electoral, convirtiendo de ese modo a Evo Morales Ayma, en presidente constitucional de la república con el 54% de los votos, eso no seria complicado, si Evo fuera mestizo, pero al ser indígena, es el retorno de los desheredados, es la venganza de los indígenas y excluidos, de los que nunca participaron directamente en el proceso de toma de decisiones, y que por tanto, fueron silenciados e invisibilizados por mecanismos de control, con lo cuál nunca pudieron realmente decidir sobre su futuro por cuenta propia.

Y es esta decisión la segunda forma que no pueden asimilar los sectores cívicos y empresariales del oriente, que ahora se empiece a repensar el país, desde otra matriz política y cultural; y que pos consiguiente sus intereses económicos serán afectados de la misma forma como será afectado el territorio sobre el cuál se asienta su poder, se quiere poner freno a las reformas para mantener todavía el orden establecido y detener por más tiempo aún, los debates de la Asamblea Constituyente.

Pero, ¿dónde se sitúa ahora la acción cívica del oriente?, los discursos y la práctica política que antes era de confrontación mediática, y solo una escenificación de la protesta aprovechando la debilidad del gobierno de Mesa, como también. de la brecha abierta por los movimientos sociales, para introducir reformas necesarias con el fin necesario de poner nuevas reglas de juego a la democracia.

Ahora su posición es de bloqueo. El paro cívico del 8 de septiembre más allá o más acá de haber sino convocado o no por PODEMOS manifiesta que se ha pasado rápidamente del paro al bloqueo, un paro, significa parar la atención de la banca, de la empresa privada y pública, del auto transporte tanto departamental como interdepartamental, que sea permitido funcionar a los negocios privados porque son las generadoras mínimas de flujo económico. Todo eso sin usar tácticas de represalia y de corte de vías o de usar las estrategias de las sanciones para aquellos que no acatan la medida, todo eso convierte al paro cívico en un bloqueo.

El bloqueo, contra la misma ciudad, contra sí misma, y contra el Estado, se usan las estrategias de los sectores denominados como asistémicos o anárquicos e informales por las instituciones que representan a una determinada región y sociedad, por lo tanto, hay una creciente predisposición a la confrontación, para mantener el orden actual. Esto como primera medida, luego se empezará a minar el suelo institucional del actual gobierno para desprestigiarlo y quitarle la legitimidad que ostenta, además de socavar su legalidad obligándolo a usar el brazo represor del Estado, que es la policía y las fuerzas armadas; se empezará a forzar situaciones de confrontación que tendrán como fin medido y esperado la confrontación política y práctica de las regiones, o mejor dicho, de las parcialidades: occidente y oriente.

La reconciliación entre las parcialidades en conflicto no pasa solamente por la modificación del reglamento de debates de la Asamblea Constituyente, sino pasa por trasformar ente momento en un momento conservador y trasgresor de las demandas sociales, es una sentencia o más aún; un ultimátum, para que el Estado detenga las corrientes de cambio dentro del Estado, evitando cambiar de Estado para solo realizar cambios en el Estado.

Pero aquí necesitamos hacer la siguiente constatación: el Estado no son los movimientos sociales. aunque alguna parte de ellos ente dentro de la estructura estatal, eso no significa la subsunción de las fuerzas sociales dentro del aparato institucional del gobierno. Hay una relativa autonomía del movimiento social en Bolivia con respecto al proceso político (de gestión tanto de la política como de la administración pública por parte del MAS) que vive el país.

Eso significa que en el momento en que los movimientos sociales ven que las demandas que han elaborado desde la década de los noventa y más fuertemente desde principios del año 2000 son nuevamente postergadas, empezaran a organizarse y ha movilizarse, (puesto que dentro del territorio oriental existen organizaciones políticas indígenas que estarán dispuestas a movilizarse una vez más, para defender el proceso por el cuál lucharon por primera vez en 1992) esta vez rumbo a otro adversario que bien puede estar ahora visualizado en el Comité Cívico pro Santa Cruz, entre otras instituciones. Con lo cuál el epicentro del conflicto se trasladará de lugar, no será territorio occidental, sino oriental, posiblemente, la capital cruceña se convierta en el próximo lugar donde el conflicto se desate.

Dicho conflicto tendrá consecuencias que rebasarán la fuerza de las instituciones cruceñas u orientales; es decir, que la consecuencia de ese nuevo enfrentamiento arrastrará tras de sí a los movimientos sociales y al mismo gobierno, porque también al ser permisivo a este tipo de contramovimientos será culpable y por tanto, habrá renunciado y traicionado a las demandas de los movimientos sociales.

Cada uno de los actores involucrados en el conflicto o de la conversión de un paro cívico a un bloqueo, tiene que evaluar con cuanta fuerza de reacción y resistencia cuenta en este momento y en que medida pude por medio de su discurso y de sus ideas convocar a más sectores hacia su posición.

La opción más acorde al momento histórico es una medida que requiere de dos momentos, el primero de detenimiento de las hostilidades de ambos lados, con lo cuál se creará el ambiente para el dialogo y el siguiente momento posterior al dialogo y al intercambio de percepciones económicas, administrativas, territoriales e institucionales que den como resultado consensos básico que sean aplicados por los constituyentes en la Asamblea Constituyente; el acuerdo social y la conciliación podrán dar mejores resultados que la confrontación política que siempre será la continuación de la guerra por otros medios, pero que no evita que si esta es imposible la guerra se convierta en la continuación de la política por otros medios y con otras estrategias y herramientas.

 

Christian Jiménez Kanahuaty

Cientista Político.