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El Plan Colombia




Enviado por jbuiles



    INTRODUCCION

    Colombia se
    encuentra en el umbral del siglo XXI, orgullosa pero amenazada,
    frente al reto histórico de establecer y consolidar una
    sociedad
    dentro de la cual el Estado
    pueda ejercer su verdadera autoridad y
    cumplir con sus obligaciones
    fundamentales, de acuerdo con la Constitución Política:

    "…. Servir a la comunidad,
    promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
    los principios,
    derechos y
    deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
    participación de todos en las decisiones que los afectan y
    en la vida económica, política,
    administrativa y cultural de la nación;
    defender la independencia
    nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
    convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
    ".

    Hoy, todos estos objetivos
    están en juego. Nuestra
    mayor responsabilidad como gobierno es
    construir un país mejor y más seguro para las
    generaciones de hoy y mañana y asegurar que el Estado sea una
    fuerza
    más eficaz para la tranquilidad, la prosperidad y el
    progreso nacionales. Debemos construir un Estado de
    justicia
    social que proteja a todos los ciudadanos y mantenga vigentes sus
    derechos a la
    vida, la dignidad y la propiedad, la
    libertad de
    creencia, opinión y de prensa.

    Para que este propósito fundamental se vuelva
    realidad para Colombia, debemos
    superar las dificultades y situaciones cambiantes del
    ámbito nacional e internacional. Debemos enfrentar los
    retos de una economía
    internacionalizada y otros heredados de nuestra historia y evolución. Nuestros retos determinantes se
    han originado en la proliferación del narcotráfico y en el impacto
    económico, político y social del proceso de
    globalización.

    No cabe duda que Colombia padece
    de los problemas de
    un Estado que aún no ha sabido consolidar su poder, una
    falta de confianza en la capacidad de sus fuerzas armadas,
    policía y sistema judicial,
    de garantizar la permanencia del orden y la seguridad; una
    crisis de
    credibilidad en los distintos niveles y en las varias instancias
    de gobierno; y
    corrupción
    en la conducta de los
    sectores público y privado.

    Todo esto ha sido fomentado y agravado por los
    desestabilizadores efectos del narcotráfico, el cual, con sus vastos
    recursos
    económicos ha venido generando una violencia
    indiscriminada, y al mismo tiempo ha
    socavado nuestros valores hasta
    un punto comparable solamente con la era de la prohibición
    en los Estados
    Unidos.

    De esta forma, y a pesar de haber logrado 40 años
    de crecimiento continuo, la economía colombiana
    no ha podido canalizar los beneficios de su prosperidad hacia el
    pueblo en general, ni ha logrado disminuir sus niveles de
    pobreza en
    forma significativa. La violencia y la
    corrupción, alimentados por el
    narcotráfico, han generado desconfianza entre los
    inversionistas extranjeros, hecho que ha sido uno de los mayores
    obstáculos en nuestro camino hacia la
    modernización. La inversión extranjera es un elemento
    esencial en la generación de empleo y en el
    logro de una posición estable y próspera para
    Colombia en un mundo ahora globalizado.

    En resumen, las aspiraciones del pueblo colombiano, y
    las labores de su gobierno, han sido frustradas por el
    narcotráfico, y esto ha dificultado los esfuerzos del
    gobierno en el cumplimiento de sus deberes constitucionales. Un
    círculo vicioso y perverso de violencia y
    corrupción ha agotado los recursos
    indispensables para la construcción y éxito
    de un Estado moderno.

    Entendemos que el logro de nuestros objetivos
    dependerá de un proceso social
    y de gobierno que probablemente durará muchos años,
    años en los cuales será de vital importancia
    obtener un consenso duradero dentro de la sociedad donde la
    gente entienda y exija sus derechos, al tiempo que
    esté dispuesta a cumplir con sus deberes.

    Frente a todo esto, mi gobierno tiene el compromiso
    inexorable de fortalecer al Estado, recuperar la confianza de
    nuestros ciudadanos y restaurar las normas
    básicas de una sociedad pacífica. El logro de la
    paz no es cuestión de una simple voluntad de hacerla; la
    paz se debe construir; y sólo nos llegará mediante
    la estabilización del Estado y una mayor capacidad de
    garantizar a cada uno de los ciudadanos, en todo el país,
    que tendrán seguridad y la
    libertad para
    ejercer sus derechos y libertades.

    Las negociaciones con los grupos
    insurgentes, ya iniciadas por mi gobierno, constituyen el
    núcleo de nuestra estrategia, ya
    que es crítico resolver un conflicto que
    ya lleva 40 años como fuente de obstáculos para la
    creación del Estado moderno y progresista en que Colombia
    debe convertirse con urgencia. La búsqueda de la paz y la
    defensa de las instituciones
    democráticas exigirán esfuerzos continuos, fe y
    persistencia para combatir con éxito las presiones y dudas
    inherentes en un proceso tan lleno de dificultades.

    La lucha contra el narcotráfico es otro de los
    temas importantes del Plan Colombia.
    Nuestra estrategia busca
    adelantar una alianza entre los países productores y los
    países consumidores de narcóticos, basada en los
    principios de
    reciprocidad e igualdad. El
    tráfico en drogas
    ilícitas constituye una amenaza transnacional compleja,
    una fuerza
    destructora en todas nuestras sociedades,
    que conlleva consecuencias inimaginables para los consumidores
    del veneno, y efectos arrolladores a partir de la violencia y
    corrupción que generan sus inmensas ganancias. La
    solución no se logrará con recriminaciones mutuas
    entre países productores y consumidores. Nuestros
    esfuerzos nunca serán suficientes a menos que formen parte
    de una alianza de alcance realmente internacional para
    combatir

    el narcotráfico.

    Colombia ha demostrado su indeclinable compromiso y ha
    sufrido grandes sacrificios en la búsqueda de una
    solución definitiva al fenómeno del
    narcotráfico, al conflicto
    armado, a las violaciones de derechos humanos
    y a la destrucción del medio ambiente
    ocasionada por los cultivos ilícitos.

    Sin embargo, debemos reconocer que ahora, veinte
    años después de la llegada de los cultivos de
    marihuana a
    Colombia, junto con un aumento en la producción de coca y amapola, el
    narcotráfico sigue creciendo en importancia como fuerza
    desestabilizadora; es una causa de distorsiones en nuestra
    economía, de una reversa en los avances logrados en la
    redistribución de tierras, una fuente de corrupción
    en la sociedad, un multiplicador de la violencia, y un factor
    negativo en el clima de inversión y lo que es más grave de
    todo sirve como fuente de los crecientes recursos de los grupos
    armados.

    Colombia ha asumido el liderazgo en
    la lucha mundial contra las drogas, en
    sus enfrentamientos con los carteles, y a costa de las vidas de
    muchos de sus mejores ciudadanos. Hoy, cuando el
    narcotráfico tiene una estructura
    más dispersa, más internacional y más oculta
    y que por ello es más difícil de combatir el mundo
    sigue ensayando nuevas estrategias.
    Actualmente se destinan mayores recursos a la educación y a la
    prevención que en épocas anteriores. Los resultados
    se pueden ver en los niveles más altos de decomiso y
    expropiación de fondos y propiedades producto del
    narcotráfico.

    Recientemente, Colombia ha montado operaciones para
    destruir los laboratorios y redes de distribución. Estamos mejorando y
    fortaleciendo la seguridad y el control de
    nuestros ríos y espacio aéreo con el fin de
    garantizar mayores decomisos, y estamos estudiando nuevos
    métodos
    de erradicación de los cultivos ilícitos. Los
    factores directamente relacionados con el narcotráfico,
    tales como el lavado de activos, el
    contrabando de precursores químicos y el tráfico de
    armas, son
    componentes de un problema polifacético que exige una
    reacción en todas partes del mundo donde hay producción, transporte o
    consumo de
    drogas
    ilícitas.

    En el camino hacia el éxito, también
    necesitamos reformas en el corazón de
    nuestras instituciones,
    especialmente en las fuerzas armadas, con el fin de apoyar la
    ley y
    recuperar la confianza y la seguridad para todos los colombianos
    en todos los rincones del país. Para consolidar y mantener
    el estado de
    derecho, es indispensable tener unas fuerzas armadas y de
    policía fuertes, responsables y ágiles en su
    respuesta, con un compromiso contundente por la paz y el respeto a los
    derechos
    humanos. Trabajaremos incansablemente hacia el éxito,
    convencidos que nuestra obligación primordial como
    gobierno es garantizar que nuestros ciudadanos puedan ejercer sus
    derechos y libertades fundamentales sin miedo.

    Pero al mismo tiempo la estrategia para la paz y el
    progreso depende de la reforma y modernización de otras
    instituciones, para que el proceso político pueda
    funcionar como un instrumento eficaz de progreso económico
    y de justicia
    social. En este sentido, debemos disminuir las causas y factores
    que generan violencia, mediante la apertura de nuevos caminos
    hacia la participación social y la creación de una
    conciencia
    colectiva que responsabilice al gobierno por los resultados.
    Nuestra estrategia en esta área incluye una iniciativa
    específica para garantizar que dentro de cinco años
    habrá acceso universal a la educación y un
    sistema de
    salud adecuado,
    con especial atención para los sectores más
    vulnerables y abandonados. Adicionalmente, trataremos de
    fortalecer la administración local a fin de hacerla
    más sensible y de más ágil respuesta a las
    necesidades del ciudadano. Asimismo, fomentaremos una
    participación activa del pueblo en general en la lucha
    contra la corrupción, el secuestro, la
    violencia y el desplazamiento de las personas y comunidades de
    zonas de conflicto.

    Por último, Colombia necesita ayuda para
    fortalecer su economía y para generar empleo. El
    país necesita un mejor y más justo acceso a los
    mercados
    internacionales donde nuestros productos son
    competitivos. La colaboración de los Estados Unidos,
    de la Comunidad Europea
    y del resto de la comunidad internacional es indispensable para
    el desarrollo
    económico del país. Ese mismo desarrollo
    servirá como una fuerza para combatir el
    narcotráfico, ya que promete alternativas de empleo
    lícito para las personas que de otra manera
    recurrirían al crimen organizado o a los grupos
    insurgentes que se alimentan del narcotráfico. Estamos
    convencidos que el primer paso hacia una globalización en el sentido real de la
    palabra es la creación de una solidaridad
    global. Por ello Colombia busca el apoyo de sus socios en esta
    empresa. No
    podemos tener éxito sin programas de
    desarrollo
    alternativo en las áreas rurales y de un mejor acceso a
    otros países para nuestras exportaciones
    lícitas. Esta es la única manera de contrarrestar
    el tráfico de drogas.

    Hay razones para ser optimistas sobre el futuro de
    Colombia, especialmente si recibimos una respuesta positiva de la
    comunidad internacional en nuestros esfuerzos para crear una
    prosperidad general acompañada de justicia social. Esto
    permitirá que los colombianos avancemos hacia una paz
    duradera.

    El filósofo español
    Miguel de Unamuno dijo que "La fe no es creer en lo invisible,
    sino crearlo". Hoy una Colombia en paz, progresista y libre de
    drogas es un ideal invisible; pero estamos comprometidos en
    hacerlo una realidad en el futuro. Con un compromiso pleno, toda
    nuestra determinación y recursos, y con la solidaridad y
    apoyo de nuestros aliados internacionales en la lucha
    común contra el flagelo del

    narcotráfico, podremos forjar y forjaremos una
    nueva realidad, una Colombia moderna, democrática y
    pacífica, que entrará al nuevo milenio en plena
    prosperidad, no en el vilo de la subsistencia, y sobre todo con
    orgullo y dignidad como miembro de la comunidad
    mundial.

    PLAN COLOMBIA: PLAN PARA LA PAZ, LA
    PROSPERIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO.

    En el umbral del Siglo XXI, Colombia enfrenta el reto de
    la consolidación de las responsabilidades centrales del
    Estado. Debe recuperar la confianza entre sus ciudadanos, y
    dentro de este proceso, las normas
    básicas de convivencia social.

    Es compromiso del gobierno recuperar las
    responsabilidades centrales del Estado: la promoción de la democracia, el
    monopolio de
    la aplicación de la justicia, la integridad territorial,
    la generación de condiciones para empleo, el respeto por los
    derechos humanos y dignidad humana, y la conservación del
    orden público.

    Las debilidades de un Estado que todavía se
    encuentra involucrado en un proceso de consolidación han
    sido agravadas por las fuerzas desestabilizadoras del
    narcotráfico. Las reformas progresistas de principios de
    los noventa abrieron las puertas a una época de mejores
    oportunidades para los colombianos, pero fueron distorsionadas y
    compenetradas por influencias corruptoras en círculos
    tanto económicos como políticos; fomentando la
    violencia y la corrupción.

    Recientemente, la relación financiera entre los
    varios grupos armados y los narcotraficantes ha logrado
    intensificar el conflicto armado, y ha limitado la capacidad del
    Estado para cumplir con sus responsabilidades más
    importantes.

    La recuperación de esta capacidad por parte del
    Estado exige un proceso de reconstrucción de la sociedad y
    de la comunidad. En este sentido, la paz no es una
    cuestión simplemente de voluntad política. Por el
    contrario, se tiene que construir la paz gradualmente, y para
    ello debe haber avances en la institucionalización y en el
    fortalecimiento del Estado con el fin de garantizar la seguridad
    y el respeto por los derechos y libertades de todos los
    ciudadanos, en todas partes del territorio nacional.

    Un punto central en la estrategia consiste en las
    negociaciones con la guerrilla, que busca poner fin a conflictos que
    han tenido cambios profundos con el paso del tiempo. Si esta
    estrategia es exitosa, ello facilitará el proceso de la
    construcción de la sociedad, además,
    un acuerdo de paz negociado con la guerrilla sobre la base de la
    integridad territorial, la democracia y
    los derechos humanos fortalecería el estado de derecho
    y la lucha contra el narcotráfico.

    Al mismo tiempo, la paz también requiere de
    actividades económicas fuertes y viables para que el
    ciudadano pueda mejorar sus condiciones sociales y
    económicas, creando así condiciones apropiadas para
    una conciliación duradera. El gobierno ha propuesto una
    estrategia económica, complementada con una estrategia de
    desarrollo alternativo para lograr esta meta y para ofrecer
    incentivos
    para reducir los cultivos ilícitos. Su meta es promover
    nuevas actividades económicas y actividades alternativas
    en la agricultura
    con atención especial a la recuperación del medio
    ambiente y a
    la protección de los ecosistemas
    frágiles que han sido amenazados por los cultivos
    ilícitos. La estrategia se forma con base en esquemas de
    participación que involucran el sector privado, el Estado y
    los beneficiarios mediante acciones
    orientadas hacia la demanda que se
    encuentra ligada a los mercados
    nacionales e internacionales.

    Un propósito central de la estrategia
    también es la formación de una visión
    colectiva entre el país consumidor, el
    país productor y los demás países
    involucrados en la cadena de las drogas
    ilícitas, aplicando los principios básicos de
    reciprocidad e igualdad. Esta
    alianza debe facilitar una respuesta concertada a las amenazas
    del narcotráfico, una de las actividades más
    rentables del mundo.

    El narcotráfico no sólo ha aumentado la
    corrupción dentro de la sociedad y disminuido la confianza
    en las actividades comerciales lícitas, sino que
    también ha alimentado el conflicto. Representa una fuente
    internacionalizada de financiación para los diferentes
    grupos armados, y ha ayudado a aumentar su influencia
    económica y su control
    territorial. En Colombia y en otros países, con la
    elaboración e implantación de una estrategia
    integral para combatir los elementos principales responsables por
    los cultivos ilícitos, la lucha contra el
    narcotráfico ha logrado resultados positivos que
    beneficiarán tanto a Colombia como al resto del
    mundo.

    Colombia ha venido trabajando hacia estos objetivos y ha
    logrado éxitos notables en la lucha contra los carteles de
    la droga y el
    narcoterrorismo. Sin embargo, hoy Colombia enfrenta la peor
    crisis
    económica de su historia. Desgraciadamente,
    la capacidad del gobierno de resolver el problema está
    especialmente limitada en un momento cuando la violencia,
    intensificada por el narcotráfico, se encuentra en
    auge.

    LAS DIEZ ESTRATEGIAS DEL
    PLAN COLOMBIA.

    1. Una estrategia económica que genere empleo,
    que fortalezca la capacidad del Estado para recaudar impuestos, y que
    ofrezca una fuerza económica viable para contrarrestar el
    narcotráfico. La expansión del comercio
    internacional, acompañada por un mejor acceso a los
    mercados extranjeros y de acuerdos de libre comercio
    que atraigan inversión
    extranjera e interna son factores claves en la
    modernización de nuestra base económica y para la
    generación de empleo. Dicha estrategia es esencial en un
    momento en que Colombia enfrenta su peor crisis económica
    en 70 años, con un desempleo hasta
    del 20 por ciento, lo cual a su vez limita severamente la
    capacidad del gobierno para luchar contra el narcotráfico
    y la violencia que éste genera.

    2.Una estrategia fiscal y
    financiera que adopte medidas severas de austeridad y ajuste con
    el fin de fomentar la actividad económica, y de recuperar
    el prestigio tradicional de Colombia en los mercados
    financieros internacionales.

    3.Una estrategia de paz que se apunte a unos acuerdos de
    paz negociados con la guerrilla con base en la integridad
    territorial, la democracia y los derechos humanos, que
    además deban fortalecer el estado de derecho y la lucha
    contra el narcotráfico.

    4.Una estrategia para la defensa nacional para
    reestructurar y modernizar las fuerzas armadas y la
    Policía, para que estos recuperen el estado de derecho, y
    proporcionen seguridad en todo el territorio nacional, en contra
    del delito organizado
    y los grupos armados y para proteger y promover los derechos
    humanos y el Derecho
    Internacional Humanitario.

    5.Una estrategia judicial y de derechos humanos, con el
    fin de reafirmar el estado de derecho y para asegurar una
    justicia igualitaria e imparcial para todos, y al mismo tiempo
    que promueva las reformas ya iniciadas en las fuerzas militares y
    la Policía para garantizar que éstas cumplan con su
    papel en la
    defensa y respeto de los derechos y la dignidad de
    todos.

    6.Una estrategia antinarcóticos, en asocio con
    los demás países involucrados en algunos o todos
    los eslabones de la cadena: la producción, distribución, comercialización, consumo,
    lavado de activos, de
    precursores y de otros insumos, y el trafico de armas, para
    combatir todos los componentes del ciclo de las drogas
    ilícitas, y para impedir el flujo de los productos de
    dicho tráfico que alimenta la violencia hacia la guerrilla
    y otras organizaciones
    armadas.

    7.Una estrategia de desarrollo alternativo, que fomente
    esquemas agropecuarios y otras actividades económicas
    rentables para los campesinos y sus familias. El desarrollo
    alternativo también contempla actividades de
    protección ambiental que sean económicamente
    factibles, con el fin de conservar las áreas
    selváticas y poner fin a la expansión peligrosa de
    los cultivos ilícitos sobre la Cuenca Amazónica y
    sobre los vastos parques naturales que son a la vez áreas
    de una biodiversidad
    inmensa y de importancia ambiental vital para la comunidad
    internacional. Dentro de este marco, la estrategia incluye
    proyectos
    productivos sostenibles, integrales y
    participativos, en combinación con la infraestructura
    necesaria y dedica atención especial a las regiones que
    combinan altos niveles de conflicto con bajos niveles de
    presencia del Estado, un capital social
    frágil y degradación grave del medio
    ambiente, como son el Magdalena Medio, el Macizo Colombiano y
    el suroccidente de Colombia.

    8.Una estrategia de participación social que
    apunte a una concientización colectiva. Esta estrategia
    busca desarrollar una mayor responsabilidad dentro del gobierno local, el
    compromiso de la comunidad en los esfuerzos anticorrupción
    y una presión
    constante sobre la guerrilla y sobre los demás grupos
    armados, con el fin de eliminar los secuestros, la violencia y el
    desplazamiento interno de individuos y comunidades. Esta
    estrategia también incluye la colaboración con
    empresarios locales y grupos laborales, con el fin de promover
    modelos
    innovadores y productivos para así enfrentar una
    economía más globalizada, fortalecer de este modo
    nuestras comunidades agropecuarias y reducir los riesgos de
    violencia rural. Adicionalmente, esta estrategia busca fortalecer
    las instituciones formales y no formales que fomenten cambios en
    los patrones culturales a través de los cuales se
    desarrolla la violencia, y que se fortalezcan. Además
    incluye la promoción de mecanismos y programas
    pedagógicos para aumentar la tolerancia,
    los valores
    esenciales de la convivencia y la participación en asuntos
    públicos.

    9. Una estrategia de desarrollo
    humano que garantice servicios de
    salud y de
    educación
    adecuados para todos los grupos vulnerables de nuestra sociedad
    durante los próximos años, especialmente incluidos
    no solamente los desplazados o afectados por la violencia, sino
    también los sectores sumergidos en condiciones de pobreza
    absoluta.

    10. Una estrategia de orientación internacional
    que confirme los principios de corresponsabilidad, acción
    integrada y tratamiento equilibrado para el problema de la
    droga. Se
    deben tomar acciones
    simultáneas contra todos los eslabones de la cadena de
    este flagelo. Asimismo, el costo de dicha
    acción y de sus soluciones
    debe recaer sobre los países involucrados habida cuenta de
    su capacidad económica individual. El papel de la
    comunidad internacional también es vital para el
    éxito del proceso de paz, de acuerdo con los
    términos del derecho
    internacional y con el consentimiento del gobierno
    colombiano.

    I. EL PROCESO DE PAZ.

    Colombia ha sufrido un conflicto armado durante
    más de 35 años. El gobierno actual ha iniciado un
    proceso de negociación que busca lograr un acuerdo de
    paz negociado con la guerrilla sobre la base de integridad
    territorial, la democracia y los derechos humanos. Si esta
    estrategia tiene éxito, se fortalecería muy
    rápidamente el estado de derecho, y la lucha contra el
    narcotráfico en todo el país.

    El proceso de paz obviamente es una de las prioridades
    principales del gobierno. El presidente Pastrana ha asumido un
    liderazgo
    personal del
    papel del gobierno junto con la colaboración del Alto
    Comisionado para la Paz, quien es nominado directamente por el
    Presidente. El Comisionado, cuyo cargo es de rango ministerial,
    trabaja junto con los líderes de la sociedad y del sector
    privado, quienes dedican pari passu sus esfuerzos hacia la
    solución del conflicto.

    El área desmilitarizada (o "zona de
    distensión") fue creada por Ley para
    garantizar la seguridad necesaria con miras a avanzar en las
    negociaciones con la guerrilla. Esta ley permite que el
    Presidente cree y suspenda un área de distensión
    como expresión de la soberanía del Estado. La Ley solamente
    restringe la presencia del Ejército y la Policía
    dentro de dicha área y suspende órdenes de captura,
    sin embargo, no restringe la actividad de los funcionarios
    elegidos en el ámbito local o regional.

    El proceso de paz es además parte de una alianza
    estratégica en contra del narcotráfico, la
    corrupción, y la violación de los derechos humanos.
    Para que este proceso se vuelva factible y duradero, se necesita
    un apoyo complementario en las áreas de seguridad y
    defensa, una alianza entre la producción, el consumo, la
    distribución y la comercialización de drogas, el lavado de
    activos y el tráfico de armas; y un plan de desarrollo que
    genere empleo y llegue a los más necesitados.

    El conflicto armado y la sociedad
    civil.

    En el conflicto hay tres protagonistas. Al lado de la
    guerrilla existen las FARC y el ELN, cuyas raíces son los
    movimientos agrarios y la guerra
    fría respectivamente. Del otro lado, existen los
    grupos de autodefensa al margen de la ley, quienes buscan una
    solución armada al conflicto guerrillero, y un
    reconocimiento político mayor para su organización. Finalmente, y en medio del
    fuego cruzado se encuentra la gran mayoría de los
    colombianos, quienes en muchas ocasiones sufren en manos de los
    actores armados.

    El movimiento
    guerrillero tiene sus raíces en los antagonismos
    tradicionales del campo y de la política en la sociedad
    colombiana, alimentados en parte por la retórica
    ideológica de la confrontación
    capitalista-comunista. Con el transcurso de los años, la
    lucha para ampliar su presencia territorial y su
    adquisición de influencia política y militar ha
    sido financiada por la extorsión y el secuestro, y
    más recientemente mediante "impuestos"
    cobrados por los intermediarios del
    narcotráfico.

    En los últimos 30 años, Colombia ha
    cambiado de una economía principalmente rural a una
    economía urbana, y más del 70 por ciento de la
    población vive actualmente en áreas
    urbanas. De acuerdo con las encuestas
    efectuadas, ante la terminación de la guerra
    fría, el apoyo antes más ampliamente disponible
    para la guerrilla ha disminuido a un cuatro por ciento de la
    población. La guerrilla reconoce que bajo
    estas circunstancias no podrá ganar el poder mediante
    una lucha armada. A pesar del rechazo general de sus ideas y
    métodos,
    la guerrilla sigue buscando ventajas por medios
    militares.

    Como consecuencia, se ha iniciado el proceso de paz para
    permitir que la sociedad en general tenga un papel central.
    Existe un consenso social entre los representantes de la
    sociedad, los intereses económicos y hasta entre los
    grupos armados en el sentido de que la paz es una meta
    inmediata.

    Como resultado, la participación de la sociedad
    en general se considera como necesaria para la aplicación
    de presiones sobre los grupos armados con el fin de lograr una
    solución política al conflicto armado y el respeto
    por el derecho humanitario internacionalmente reconocido. El
    aporte dinámico de la sociedad colombiana también
    es esencial para el desarrollo de ideas y propuestas con el fin
    de adelantar el proceso y garantizar la continuidad del consenso
    en el sentido de que se requiere un acuerdo negociado, con la
    participación de la comunidad internacional.

    La situación actual.

    El proceso de paz ha hecho avances reales en varios
    frentes. En lo que respecta a las FARC, se creó una zona
    de distensión para albergar las negociaciones y esto ha
    sido una ayuda para que ambas partes formulen una agenda, proceso
    que culminó en mayo de 1999. Ya que las condiciones han
    sido satisfactorias, se puede dar comienzo a la fase de las
    negociaciones.

    En cuanto al ELN, el gobierno ha autorizado a un
    grupo de
    notables ciudadanos para que ayuden a negociar la
    liberación de rehenes y ha aceptado iniciar conversaciones
    activas como preparación para una convención
    nacional, inmediatamente después de su
    liberación.

    El gobierno sigue luchando en contra de los grupos de
    autodefensa al margen de la ley, pero este hecho no significa que
    no esté dispuesto a buscar alternativas y maneras
    pacíficas para desmantelar su infraestructura y sus
    operaciones.

    Durante el proceso de paz, el Ejército Nacional y
    la Policía necesariamente seguirán aumentando sus
    capacidades con miras a mantener una presencia efectiva en todo
    el territorio nacional y asegurar un arreglo
    pacífico.

    Fundamentalmente, el logro de la paz recae sobre tres
    pilares: primero, en los avances de los acuerdos ya logrados
    entre el gobierno y las principales organizaciones
    guerrilleras (FARC y ELN) para que se despejen como agentes
    legítimos en diálogos serios para la paz. Segundo,
    para lograr acuerdos parciales de acuerdo con la agenda de 12
    puntos acordada entre el gobierno y las FARC, que asegure un
    acuerdo de paz permanente antes del fin del gobierno actual. Y
    tercero, y más importante que todo, los acuerdos deben
    convertirse en una realidad.

    El papel de la comunidad
    internacional.

    El papel de la comunidad internacional es esencial para
    el éxito del proceso de paz. Más
    específicamente, Colombia necesita apoyo en dos
    áreas: la diplomático y la financiera. La comunidad
    internacional podrá actuar como intermediaria, como
    observador, o en una etapa posterior, como verificador del
    cumplimiento de los acuerdos a que se haya llegado.
    Adicionalmente, es muy importante que la comunidad internacional
    rechace con todas sus fuerzas cualquier y toda acción
    terrorista y violación del Derecho Internacional
    Humanitario y que ejerza presión a fin de seguir
    adelantando el proceso.

    En el campo de las relaciones bilaterales, la
    colaboración militar y de policía es vital. La
    acción colectiva por parte de los países vecinos no
    es solamente menos efectiva que la acción bilateral, sino
    que puede servir como impedimento al proceso de negociación. En esta área
    sería de mayor beneficio la coordinación de operaciones militares y de
    policía, y el mejoramiento de seguridad fronteriza y el
    apoyo de equipos y de tecnología.

    Con referencia a la acción diplomática por
    parte de los países vecinos, el gobierno de Colombia en
    esta etapa delicada de negociación, prefiere el diálogo
    bilateral y consultas confidenciales con los países
    interesados en el proceso. En cualquier manifestación de
    la participación internacional en el proceso de paz, es
    necesario respetar las normas de derecho internacional y que sea
    aceptable al gobierno colombiano. Debe existir una observancia
    estricta a los principios de la no-intervención y la
    no-interferencia con los asuntos internos del Estado, y esto
    sólo puede ocurrir después de consultas con el
    gobierno de Colombia y con el apoyo del mismo.

    El gobierno de Colombia ha establecido un Fondo de
    Inversión para la Paz como canal para asistencia
    financiera directa a nivel internacional para el proceso de paz.
    Este fondo se empleará para apoyar los proyectos de
    desarrollo
    económico y social hacia las áreas más
    afectadas por el conflicto armado. Para este propósito, se
    ha constituido un grupo de
    consulta de expertos con el apoyo del BID, cuya función
    será la de asesorar y vigilar el uso de los fondos en
    varios países. Estos recursos se emplearán para
    complementar los fondos ya asignados por el gobierno de
    Colombia.

    Un proceso de paz exitoso también tendrá
    un impacto positivo sobre la lucha contra la droga, ya que el
    gobierno podrá ampliar su implantación de la ley y
    de los programas de desarrollo alternativo hacia las áreas
    más involucradas en la producción de
    narcóticos. La actividad guerrillera y el
    narcotráfico son los problemas que,
    aun entrelazados de cierta manera, tienen orígenes y
    objetivos diferentes. La guerrilla opera bajo un esquema
    revolucionario de tipo político militar que exige una
    solución negociada, lo cual en ningún caso
    sería aplicable a los narcotraficantes.

    II. REENCAUZANDO LA ECONOMIA.

    Visión general.

    El gobierno de Colombia ha tenido que enfrentar la
    herencia de
    una economía en franco deterioro. El desempleo ha
    llegado a un pico histórico de casi el 20 por ciento y el
    producto interno
    bruto ha pasado por su tercer trimestre consecutivo de
    crecimiento negativo. Algunos choques externos (precios bajos
    del café y
    de otros productos básicos y daños mayores por
    terremotos)
    han agravado las debilidades económicas del país
    (un déficit fiscal
    creciente desde los tempranos años 1990 y problemas en el
    sector bancario). El conflicto, y la situación de inseguridad
    pública sirven para aumentar la erosión de
    la confianza en la economía. A medida que las
    oportunidades de empleo sigan desapareciendo debido a la
    recesión económica, más y más
    colombianos estarán buscando su forma de vida en un
    comercio
    desestabilizante en narcóticos y en otras actividades
    ilegales.

    El elemento central de la estrategia del gobierno es la
    estabilización de la economía, y un regreso al
    equilibrio
    fiscal. Estas medidas establecerán una base para un
    crecimiento sostenido en el comercio del
    sector privado y en la inversión.

    Esta confianza renovada, junto con un sistema bancario
    saneado, finanzas
    centrales estables, mejoras en el orden público, y el
    aumento de exportaciones
    colombianas junto con medidas para mejorar el clima para la
    inversión crean un ambiente en el
    cual el crecimiento del sector privado genera empleo.

    Dada la necesidad de una consolidación fiscal,
    Colombia necesita asistencia financiera para ayudar a cubrir su
    presupuesto de
    seguridad y antinarcóticos, lo mismo que las necesidades
    apremiantes de inversión social. Al tiempo que los
    narcotraficantes y los grupos rebeldes siguen
    financiándose a través de los productos del
    narcotráfico, el Estado se ha visto obligado a hacer
    recortes en áreas críticas debido a la carga del
    endeudamiento y el servicio del
    mismo. (En los últimos cinco años la deuda total de
    Colombia casi se ha doblado, subiendo de 19.1 por ciento del
    PIB en 1995
    hasta el 34 por ciento del PIB en 1999).
    Como parte de los recortes presupuestales, se han presentado
    reducciones dramáticas en las asignaciones a las Fuerzas
    Armadas, la Policía y el sistema judicial
    (20%).

    Será necesario obtener apoyo externo a fin de que
    el gobierno pueda consolidar sus reformas económicas y al
    mismo tiempo aumentar el flujo de recursos para financiar el
    esfuerzo militar y satisfacer las necesidades sociales. De este
    modo el gobierno podrá establecer una base sólida
    para el crecimiento
    económico liderado por el sector privado y al mismo
    tiempo garantizar que la situación económica actual
    no genere empleo adicional en actividades criminales.

    Medidas de estabilización.

    El gobierno está trabajando para estabilizar el
    ambiente macroeconómico, con énfasis especial en la
    eliminación de desequilibrios en las cuentas fiscales
    y los problemas del sector bancario.

    Durante el último año, se han hecho
    recortes en el gasto
    público, la base para el IVA se
    amplió, se estableció un impuesto especial
    sobre las operaciones financieras y se implementaron controles
    sobre la evasión de impuestos. El año entrante, la
    mayor parte de los salarios de los
    empleados públicos serán congelados y se
    efectuarán mayores recortes en la burocracia y en
    el gasto diferente al de la inversión.

    Un nuevo conjunto de reformas estructurales, entre ellas
    la racionalización de las finanzas
    públicas regionales, reformas a la seguridad
    social y la creación de un fondo de pensiones
    regional, ha sido presentado al Congreso de la República.
    Con esto se busca reducir el déficit fiscal estructural y
    estabilizar el nivel de endeudamiento.

    Las empresas y la
    banca estatal
    serán privatizadas con el fin de aumentar su productividad y,
    aportar a la financiación del ajuste fiscal. ISA e ISAGEN,
    dos electrificadoras de orden nacional y catorce distribuidores
    de energía regionales de menor tamaño ya
    están para la venta, al igual
    que CARBOCOL. Tres bancos estatales
    se privatizarán el año entrante.

    Este ajuste fiscal ha sido difícil por dos
    razones: la destrucción causada por el terremoto en el eje
    cafetero en enero requiere de una inversión de casi el uno
    por ciento del PIB, y la estrategia financiera diseñada
    para impedir una crisis bancaria exigirá casi el doble de
    esa suma.

    El gobierno está coordinando sus actividades
    estrechamente con las instituciones financieras internacionales.
    En este momento está negociando con el Fondo Monetario
    Internacional en relación con un programa de ayuda
    para tres años con el fin de apoyar el plan del gobierno
    para las reformas fiscales y estructurales. La ayuda del Banco Mundial
    y del BID está prestando apoyo a los esfuerzos del
    gobierno para reformar el sector financiero y las finanzas
    públicas.

    Adicionalmente, el gobierno ha preparado una red de apoyo social para
    aliviar el impacto negativo que el ajuste fiscal tenga sobre los
    sectores más vulnerables de la población. Con el
    desempleo al nivel del 20 por ciento existe un grupo vulnerable
    que incluye las familias desplazadas desde las áreas de
    conflicto en todo el país. Los instrumentos de
    política imitan las políticas
    implementadas con éxito en países similares: obras
    públicas específicas, subsidios para las
    necesidades básicas (especialmente para los niños y
    madres solteras) y crédito
    enfocado. El gobierno está trabajando con los organismos
    financieros para garantizar que el programa de
    estabilización fiscal no perjudique los sectores
    más vulnerables de la sociedad.

    El gobierno necesita financiamiento
    externo adicional con el fin de implementar su estrategia. Es
    necesario proveer apoyo para reducir al mínimo el impacto
    negativo de la consolidación fiscal sobre el desempleo y
    otros problemas
    sociales en el corto plazo, ya que estos, en último
    caso fomentan la proliferación de actividades
    criminales.

    La promoción de comercio e
    inversión.

    Con una bonanza económica a principios de los
    años 90, Colombia pudo reducir su desempleo hasta el ocho
    por ciento, lo cual a su vez disminuyó en mayor grado la
    influencia de los grupos del crimen organizado en las grandes
    ciudades. La recesión ha afectado estas áreas
    urbanas en forma grave, con un desempleo en Bogotá del 20
    por ciento y en Cali de casi el 23 por ciento. Esta
    situación se ha deteriorado ya que gran parte del producto del
    narcotráfico se lava a través de las importaciones de
    contrabando hacia Colombia, hecho que alimenta la violencia,
    disminuye los ingresos fiscales
    y ocasiona daños mayores en el empleo de las industrias que
    compiten con el contrabando. De este modo, el desempleo tiene un
    impacto grave como causa de desestabilización en las
    ciudades y debe ser combatido mediante la reactivación de
    la producción industrial.

    En los últimos diez años, Colombia ha
    abierto su economía, tradicionalmente cerrada, con una
    rápida expansión tanto de exportaciones como de
    importaciones.
    Sin embargo, el sector agropecuario ha sufrido graves impactos ya
    que la producción de algunos cereales tales como el trigo,
    el maíz, la
    cebada, y otros productos básicos tales como soya,
    algodón y sorgo han resultado poco competitivos en los
    mercados internacionales. Como resultado de ello, se han perdido
    700.000 hectáreas de producción agrícola
    frente al aumento de importaciones durante los años 90, y
    esto a su vez ha sido un golpe dramático al empleo en las
    áreas rurales que a la vez son la escena principal del
    conflicto armado. La modernización esperada de la agricultura en
    Colombia ha progresado en forma muy lenta, ya que los cultivos
    permanentes en los cuales Colombia es competitiva como
    país tropical, requieren de inversiones y
    créditos sustanciales puesto que son de
    rendimiento tardío.

    A falta de un espacio para una expansión fiscal,
    se requiere la inversión privada tanto interna como
    extranjera para la recuperación y la generación del
    empleo en negocios
    lícitos. Sin embargo, esta nueva inversión se
    encuentra amenazada por el deterioro en la confianza de los
    inversionistas. En especial, la inversión extranjera es
    necesaria no solamente para ayudar a satisfacer la necesidad
    continua de la economía para nueva financiación,
    sino además indispensable para la modernización del
    eje industrial del país, lo cual proporcionaría a
    su vez un alivio más rápido al problema del
    desempleo.

    Colombia ha desarrollado un plan
    estratégico de diez años para aumentar su
    comercio
    exterior. Esto es vital para el desarrollo económico y
    para contrarrestar las tentaciones del narcotráfico ya que
    ello ayudaría en las iniciativas del sector privado y
    aumentaría la inversión tanto extranjera como
    interna en los sectores no tradicionales.

    El plan involucra el desarrollo de inteligencia
    comercial sobre la demanda
    mundial y la promoción de integración regional e interregional bajo
    lineamientos estratégicos. Al mismo tiempo, involucra el
    diseño
    de políticas
    que reúnan a los sectores industriales, agrícolas y
    de servicios bajo
    una política de comercio, construyan una infraestructura
    diseñada para mejorar la productividad y
    apoyen la innovación tecnológica orientada
    hacia exportaciones en forma adecuada y la formación de
    capital
    humano. En este esfuerzo, el gobierno atenderá
    especialmente a la promoción de las empresas
    pequeñas y medianas para la creación de empleo en
    el sector privado.

    El plan implica también la implantación de
    medidas para atraer la inversión extranjera y promover la
    expansión del comercio. Estas medidas incluyen el
    cumplimiento de obligaciones
    actuales bajo la Ronda de Uruguay,
    especialmente en relación con la
    administración aduanera, la protección de
    propiedad
    intelectual y la inversión. Adicionalmente, Colombia
    tomará medidas para promover un ambiente favorable para el
    comercio
    electrónico con el fin de crear nuevas oportunidades
    de negocios y
    mejorar la competitividad
    de los negocios actuales.

    Colombia reconoce que la transparencia y el debido
    proceso en la contratación estatal es un elemento esencial
    para el logro de una mayor eficiencia en el
    uso de los recursos públicos. Por este motivo está
    comprometida con el esfuerzo de perfeccionar un convenio sobre
    transparencia en la contratación estatal con la OMC.

    Igualmente mira hacia sus mayores socios comerciales con
    el fin de ampliar el acceso a sus mercados para los productos en
    los cuales goza de una ventaja competitiva. El apoyo continuado
    de los Estados Unidos y la Unión
    Europea para el acceso preferencial a los mercados es vital
    para el desarrollo económico de Colombia y para poner fin
    a situaciones de violencia, ya que promueve iniciativas del
    sector privado y ayuda a ampliar la inversión en sectores
    no tradicionales; de este modo crea empleo que de otra forma
    sería absorbido por el narcotráfico, por los grupos
    alzados en armas, o por los grupos de autodefensa al margen de la
    ley. En especial la oportuna ampliación de la
    duración del ATPA sería de gran importancia, para
    disminuir las incertidumbres que rodean tanto el comercio como la
    inversión.

    Del mismo modo, el alcance del ATPA debe ser ampliado
    para hacerlo comparable con las condiciones concedidas a otros
    países en la subregión, especialmente a los
    productos cubiertos por la Iniciativa para el Caribe
    (CBI).

    En igual sentido se requiere del apoyo de la Unión
    Europea a través del Sistema General de Preferencias
    (SGP), cuya extensión para que cubra el período
    2002-2004 es vital, lo mismo que en el caso del SGP Andino. El
    impacto socioeconómico de este último como lo ha
    evaluado la propia Comisión Europea ha sido muy efectivo
    en la erradicación de cultivos ilícitos y la lucha
    contra el narcotráfico, así como para la
    promoción del comercio, la inversión y la
    generación de empleo.

    Colombia debe trabajar en conjunto con la comunidad
    internacional para negociar acuerdos bilaterales de comercio
    (BIT) como mecanismo para proteger las inversiones
    extranjeras. Con la Comunidad Europea ya se han firmado tratados
    bilaterales de inversión con dos miembros España y
    Gran Bretaña y se han comenzando negociaciones con
    Francia,
    Alemania,
    Italia y los
    Países Bajos. Con Estados Unidos hay que avanzar
    además lo más pronto que sea posible hacia acuerdos
    de "cielos abiertos" con el fin de facilitar los servicios de
    transporte
    aéreo de carga y pasajeros. Con tal fin, Colombia
    trabajará sobre el cumplimiento de normas internacionales
    de seguridad aérea. Además, Colombia
    estudiará las posibilidades de utilizar más
    recursos del Banco Mundial y
    del BID tales como IFC y MIGA, y buscará una
    utilización más efectiva de programas
    norteamericanos existentes tales como financiación OPIC,
    EXIM y TDA, con el fin de promover actividades de
    inversión.

    Colombia debe crear el espacio para soluciones
    alternativas a los cultivos ilícitos, al igual que
    asegurar que los cultivos alternativos respondan a los retos de
    un sector agrícola moderno. Esto generaría empleo
    en el sector rural, lo cual sería vital para el
    éxito de la estrategia general para la paz y el
    desarrollo. Colombia necesita asistencia técnica y
    financiera en las áreas de salud y requisitos
    fitosanitarios, con el fin de reducir los costos de
    producción, fomentar un mayor desarrollo de las
    agroindustrias, y para adelantar avances en investigación y desarrollo
    biotecnológico. En este sentido, Colombia asegurará
    que su régimen para los productos biotecnológicos
    sea transparente y eficiente.

    III. LA ESTRATEGIA ANTINARCOTICOS.

    El gobierno ha establecido la lucha contra la
    producción y tráfico de drogas como una de sus
    mayores prioridades. El narcotráfico constituye una
    amenaza para la seguridad interna no sólo de Colombia sino
    de otras naciones consumidoras y productoras.

    Las enormes utilidades del narcotráfico y su gran
    poder desestabilizador hacen que el narcotráfico se haya
    convertido en un factor central en la generación de
    violencia en todo el país. Por este motivo, el gobierno
    deberá enfocarse en el problema y está comprometido
    a combatirlo en las áreas del tráfico,
    producción, consumo y cualquier otro elemento que apoye
    dicha actividad y por ende amenace las instituciones
    democráticas e integridad de la Nación.

    El fortalecimiento de la Policía Nacional y de
    las Fuerzas Armadas mediante un proceso de modernización,
    reestructuración y profesionalización es un paso
    esencial para que una y otras adquieran la capacidad de
    restablecer el estado de derecho y restaurar la seguridad de los
    colombianos en todo el país, y al tiempo impedir las
    incursiones de grupos irregulares y de grupos delictivos,
    especialmente los grupos asociados con el
    narcotráfico.

    El Gobierno Nacional se ha comprometido en implantar una
    estrategia antinarcóticos a largo plazo, con los
    lineamientos que se dan a continuación:

    Estrategia basada en valores
    humanos.

    Las Fuerzas Armadas y la Policía, en sus
    esfuerzos contra el tráfico de drogas, observarán
    un código
    de conducta que
    asegure la preservación de las libertades
    democráticas y la defensa de la vida, honra y bienes de los
    ciudadanos. Esta estrategia dará prioridad a la
    promoción del respeto y la protección de los
    derechos humanos para todos los colombianos.

    El fenómeno del conflicto interno se ha imputado
    a la inestabilidad inducida por cuatro vectores cuyas
    actividades agresivas fomentan una violencia física,
    psicológica, social y política: las organizaciones
    del narcotráfico, los grupos subversivos, los grupos de
    autodefensa al margen de la ley y la delincuencia
    común.

    Aunque los movimientos guerrilleros tienen sus
    raíces en las áreas rurales de Colombia, y por lo
    menos, en parte, en una confrontación ideológica,
    su lucha por ampliar su control territorial ha sido financiado
    por las prácticas crecientes de extorsión y otras
    actividades ilegales. Por lo menos el 30 por ciento de sus
    ingresos de
    hoy, provienen de "impuestos" cobrados sobre la hoja y pasta de
    coca recaudados por los intermediarios en las áreas de
    cultivo.

    El narcotráfico constituye un elemento
    desestabilizador para toda sociedad democrática, generando
    inmensas sumas de dinero para
    los grupos armados al margen de la ley. El narcotráfico
    tiene efectos multiplicadores de gran peligro incluido el
    producto del cultivo, procesamiento y tráfico, todos los
    cuales han facilitado un aumento notable en el número de
    grupos armados, y su capacidad bélica.

    La guerrilla y los grupos de autodefensa al margen de la
    ley amenazan al Estado con intentos de controlar el territorio
    soberano mediante la interrupción del orden público
    en asaltos, secuestros, retenes viales y ataques terroristas. Los
    traficantes dependen de cultivos de coca y amapola en
    áreas remotas fuera del control del gobierno, tanto el
    tráfico como el procesamiento se realizan en el sur del
    país donde existe una presencia fuerte de la guerrilla.
    Mientras esta fuente independiente de drogas y de ingresos
    permanece fuera del control de las Fuerzas Armadas y la
    Policía, la guerrilla, los grupos de autodefensa al margen
    de la ley y los narcotraficantes se fortalecerán y
    representarán una amenaza mayor al Estado.

    Objetivos estratégicos.

    La meta de los próximos seis años es la de
    reducir en un 50 por ciento el cultivo como procesamiento y
    distribución de la droga.

    Objetivo No.1:

    Fortalecer la lucha contra el narcotráfico y
    desmantelar las organizaciones de traficantes mediante esfuerzos
    integrales
    dirigidos por las Fuerzas Armadas: (1) combatir el cultivo
    ilícito mediante la acción continua y
    sistemática del Ejército y de la Policía,
    especialmente en la región del Putumayo y en el sur del
    país y fortalecer la capacidad de la Policía en la
    erradicación de dichos cultivos. El gobierno no
    tolerará ningún vínculo entre los miembros
    de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional con
    ningún grupo armado o fuerza al margen de la ley; (2)
    establecer control militar sobre el sur del país con
    propósitos de erradicación. Destruir las
    instalaciones de procesamiento, y mejorar la intersección
    de drogas y de precursores en los medios
    terrestres, aéreos, marítimos y fluviales; (3)
    restablecer el control gubernamental sobre las áreas clave
    de producción de drogas.

    Objetivo No. 2:

    Fortalecer el sistema judicial y combatir la
    corrupción: (1) fortalecer las instituciones de la
    Fiscalía, las cortes, las defensorías y
    especialmente las unidades de derechos humanos; (2) reforzar y
    capacitar los cuerpos técnicos de investigación; (3) apoyar los grupos
    anticorrupción responsables por la investigación de
    funcionarios públicos; (4) reformar el sistema carcelario;
    (5) aplicar las leyes sobre la
    extradición; (6) obtener una propuesta para procesos
    verbales en casos penales, y entre tanto, elaborar el reglamento
    para los procedimientos
    penales actuales llevados a cabo en audiencia
    pública.

    Objetivo No.3:

    Neutralizar el sistema
    financiero de los narcotraficantes y decomisar sus recursos
    para el Estado: (1) fortalecer los esfuerzos anticontrabando; (2)
    realizar un programa agresivo de decomiso de activos; (3)
    congelar y decomisar cuentas bancarias
    y activos en Colombia y en el exterior.

    Objetivo No.4:

    Neutralizar y combatir a los agentes de la violencia
    aliados con los narcotraficantes: (1) aumentar la seguridad
    contra el secuestro, la extorsión y el terrorismo;
    (2) impedir la adquisición de armas por los grupos que se
    benefician del narcotráfico, mediante esfuerzos
    coordinados en el ámbito internacional.

    Objetivo No. 5:

    Integrar las iniciativas nacionales a los esfuerzos
    regionales e internacionales: (1) compartir información e inteligencia
    con otras agencias de seguridad en el país; (2) aportar y
    coordinar con las operaciones y esfuerzos regionales e
    internacionales.

    Objetivo No. 6:

    Fortalecer y ampliar los planes de desarrollo
    alternativo en las áreas afectadas por el
    narcotráfico: (1) ofrecer oportunidades de empleo
    alternativo y servicios sociales a la población de las
    áreas de cultivo; (2) promover campañas masivas de
    información sobre los peligros de las
    drogas ilícitas.

    ELEMENTOS BASICOS DE LA ESTRATEGIA
    ANTINARCOTICOS
    .

    Aunque la lucha contra el narcotráfico es una
    actividad principalmente de la Policía Nacional, los
    vínculos estrechos de los traficantes con los grupos
    armados al margen de la ley han obligado a las Fuerzas Armadas a
    enfocarse en un aporte firme y decisivo a una lucha integral y
    coherente contra esta amenaza.

    Acciones complementarias de la
    estrategia.

    Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han
    diseñado un conjunto de acciones para apoyar sus
    respectivos roles y responsabilidades.

    Derechos humanos y operaciones.

    Todas las unidades de las Fuerzas Armadas deben asegurar
    la protección de la democracia y de los derechos humanos
    como responsabilidad prioritaria en la ejecución de
    operaciones antinarcóticos, lo mismo que en la lucha
    contra los grupos insurgentes y los grupos de autodefensa. Las
    Fuerzas Armadas aumentarán su capacitación en derechos humanos antes,
    durante y después de cada fase.

    La protección de la población civil exige
    esfuerzos adicionales en la lucha contra los grupos de
    autodefensa al margen de la ley en las áreas de cultivo y
    procesamiento.

    Operaciones aéreas.

    Consolidar el control sobre el espacio aéreo
    nacional por todos los medios disponibles. Restringir el uso del
    espacio aéreo (inteligencia de todas las agencias,
    acciones de la Fuerza Aérea). Aumentar la autonomía
    de vuelo para las operaciones de la Fuerza Aérea en
    misiones de interceptación.

    Proporcionar apoyo adicional para interceptación
    con misiones más frecuentes y aumentando su cobertura
    geográfica. Mejorar el programa de interceptación
    aérea, con énfasis en el oriente del
    país.

    Operaciones fluviales y
    marítimas.

    Mejorar y aumentar el apoyo operacional para la Armada
    Nacional y la Infantería de Marina. Mejorar los esfuerzos
    en el control de las importaciones de precursores
    químicos. Interceptar los precursores químicos en
    acciones aéreas, terrestres, marítimas y fluviales
    (Ejército, Infantería de Marina, Fuerza
    Aérea, Policía Nacional). Mejorar controles para
    interceptar el movimiento de
    drogas en tierra por
    parte de la Policía Antinarcóticos en los puertos y
    aeropuertos.

    Aumento de apoyo operacional de las Fuerzas Armadas
    para la Policía Antinarcóticos.

    Mayor uso de operaciones conjuntas con la Policía
    Antinarcóticos. Fortalecer los esfuerzos conjuntos
    entre Colombia y Estados Unidos. Mejorar la protección de
    nuestras propias fuerzas. Integrar las fuerzas para la
    obtención y análisis de inteligencia. Aumentar el
    número de tropas empleadas en operaciones. Aumentar la
    movilidad en las selvas, con énfasis en operaciones
    aéreas y fluviales.

    Mejorar la capacidad de las unidades para realizar
    operaciones conjuntas nocturnas.

    Operaciones contra laboratorios y centros de
    acopio.

    Destruir la infraestructura de producción
    (Inteligencia, Ejército, Infantería de Marina,
    Fuerza Aérea, Policía Nacional). Combatir los
    grupos de protección armada de los traficantes
    (Ejército, Infantería de Marina, Fuerza
    Aérea). Aumentar la capacidad de la Policía
    Antinarcóticos y las Fuerzas Armadas para detectar
    laboratorios. Aumentar los medios de destrucción de la
    infraestructura. Disminuir la capacidad de traficar en materias
    primas y drogas (Inteligencia, Policía Nacional, Armada,
    Ejército, Fuerza Aérea).

    Erradicación de cultivos.

    Fortalecer y aumentar el uso de operaciones conjuntas de
    seguridad durante tareas de fumigación y
    erradicación. Apoyar las nuevas estrategias del Programa
    de las Naciones Unidas
    para la Fiscalización Internacional de Drogas en las
    pruebas y
    desarrollo de agentes de control biológico ambientalmente
    seguros y
    confiables, con el fin de encontrar nuevas
    tecnologías de erradicación.

    Resumen.

    El propósito de esta estrategia es fortalecer la
    lucha contra el narcotráfico mediante la
    coordinación de todos los elementos de las Fuerzas Armadas
    y de la Policía en contra de los traficantes. Nuestra meta
    es eliminar la producción de drogas a gran escala, de acabar
    con la violencia y delincuencia a
    gran escala de los
    grupos armados, promover el respeto por los derechos humanos y
    romper los nexos entre los grupos armados y el apoyo que reciben
    de la industria del
    narcotráfico.

    IV. LA REFORMA DEL SISTEMA JUDICIAL Y LA PROTECCION
    DE LOS DERECHOS HUMANOS.

    Colombia se ha comprometido a construir un sistema de
    justicia que sea equitativo y eficaz. Las reformas
    garantizarán que el sistema sea transparente como
    accesible e independiente. Estas reformas eficaces constituyen un
    elemento clave en el restablecimiento de la confianza del
    público en el Estado. Los problemas de Colombia involucran
    el sistema de justicia penal en su totalidad.

    Igualmente, afectan una serie de dependencias del
    gobierno en las tres ramas de su actividad. La rama ejecutiva
    trabaja estrechamente con la legislativa y la rama judicial para
    asegurar una efectiva coordinación e implantación
    de estas estrategias.

    Consolidación del estado de
    derecho.

    Colombia investigará, procesará y
    condenará a los narcotraficantes y otros delincuentes.
    Estos delincuentes deben ser detenidos en cárceles de alta
    seguridad, con el fin de impedir que continúen con sus
    actividades de delincuencia desde los patios. De acuerdo con la
    ley colombiana los criminales internacionales aquellos que han
    violado las leyes de otros
    países deben ser extraditados para ser juzgados en las
    jurisdicciones donde se hayan recopilado las pruebas de sus
    actividades. El gobierno garantizará que estos esfuerzos
    adicionales para combatir el narcotráfico y los grupos
    armados no se hagan a costa de la protección de la
    democracia, de los derechos humanos y del estado de
    derecho.

    Para esta prioridad, Colombia fortalecerá sus
    iniciativas con el fin de hacer cumplir las leyes nacionales y
    multilaterales incluidas a) investigaciones y
    capacitación multilaterales, y b)
    protección efectiva de testigos y funcionarios judiciales;
    extraditará a los delincuentes internacionales de acuerdo
    con las leyes nacionales e internacionales; mejorará el
    sistema carcelario con el fin de que cumpla con normas
    internacionales de seguridad, incluidas facilidades adecuadas y
    personal
    capacitado y profesional; y extenderá iniciativas
    multilaterales para fiscalizar y decomisar los embarques de
    precursores.

    Con el fin de restablecer la seguridad y el bienestar
    del público se debe disminuir la incidencia del secuestro
    y crimen común en las calles, en ambos casos
    inaceptablemente altos, pero en muchos casos producidos por el
    narcotráfico.

    Las estrategias para esta prioridad incluyen el
    desarrollo de programas antiviolencia en todo el país con
    la participación de las Fuerzas Armadas y de la
    Policía, el sistema de justicia y los líderes
    comunitarios, con énfasis en los delitos
    relacionados con el narcotráfico; y el diseño,
    capacitación y dotación de una unidad
    anti-secuestros para investigar y procesar a los
    secuestradores.

    Responsabilidad del sistema judicial.

    Colombia se ha comprometido a respetar el estado de
    derecho y seguirá fortaleciendo todos los aspectos de su
    sistema judicial. Esto incluye el apoyo para la transición
    continua a un sistema acusatorio (incluidos procesos
    verbales e investigaciones
    eficaces) y a una mayor agilidad de proceso en todo el sistema
    judicial, con el fin de asegurar que habrá acceso
    universal a la justicia sin importar la ubicación
    geográfica o nivel de ingresos. El gobierno
    liderará los esfuerzos para hacer que el sistema judicial
    sea más justo y eficaz, más transparente y
    más accesible.

    Con este fin, el gobierno buscará disminuir la
    impunidad mediante mejoras en el sistema de fiscalías,
    investigaciones más efectivas y procesos más
    ágiles. Proporcionará una coordinación
    efectiva para la rama judicial, incluida la
    comunicación abierta y orientación efectiva de
    políticas entre las diferentes ramas y dependencias del
    Estado responsables para la reforma judicial y su administración; aumentará la
    capacitación de funcionarios judiciales, incluidos los
    jueces, defensores y fiscales con el fin de garantizar que sus
    decisiones sean transparentes para el público, y que el
    resultado sea justo en todos los casos, incluidos los casos
    militares en jurisdicciones civiles; implementará un plan
    de estudios nuclear para el cuerpo técnico de
    investigación en una academia única para su
    capacitación; y garantizará el acceso del
    público a la justicia y a una justa defensa en todo el
    país.

    La promoción, respeto y protección de
    los derechos humanos.

    El gobierno, bajo la coordinación de la oficina del
    Vicepresidente de la República, se ha comprometido
    totalmente a la protección y materialización de los
    derechos fundamentales, de acuerdo con las obligaciones de
    Colombia bajo los tratados y pactos
    internacionales.

    El gobierno está cumpliendo con sus obligaciones
    internacionales mediante la divulgación de un
    entendimiento más profundo de los derechos humanos a
    través de los medios, y por medio de la aplicación
    de un modelo
    pedagógico para ser aplicado en las Fuerzas Armadas, con
    apoyo político y material para el trabajo de
    las unidades de derechos humanos y capacitación para
    periodistas en derechos humanos y en el Derecho Internacional
    Humanitario. Al mismo tiempo, el gobierno está trabajando
    en colaboración con el Alto Comisionado para los Derechos
    Humanos en Colombia.

    El gobierno ha iniciado una estrategia contra la
    impunidad. En el último año se han creado una serie
    de comités interinstitucionales cuyo propósito es
    el de insistir en la investigación y condena de los casos
    más graves de violaciones de derechos humanos. Antes del
    fin de 1999 el gobierno habrá conformado una
    Comisión Permanente de Derechos Humanos y de Derecho
    Internacional Humanitario. El gobierno ha enviado proyectos de
    ley al Congreso de la República en materia de
    desapariciones forzadas, delitos de lesa
    humanidad (laesa humanitas) y la ratificación de la Corte
    Penal Internacional.

    Existe también una estrategia de
    protección para las personas que trabajan en la defensa de
    los derechos humanos, con el apoyo del Programa para Testigos y
    Personas Amenazadas, y de una orden presidencial en el sentido de
    que los funcionarios públicos deben proteger a los que
    trabajan sobre los derechos humanos y apoyar su trabajo y el de
    las ONG.

    Eliminar la corrupción.

    El producto del narcotráfico ha corrompido los
    funcionarios de todas las ramas del Estado y al sector privado, y
    se ha visto el deterioro de la confianza del público en
    las instituciones civiles. Colombia continuará con sus
    esfuerzos con miras a combatir la corrupción y garantizar
    que los culpables sean sometidos a las sanciones administrativas
    o penales del caso.

    Estos objetivos se lograrán con la
    consolidación de iniciativas existentes, incluido el
    Programa Presidencial contra la Corrupción y la Unidad
    Anticorrupción de la Fiscalía; y mediante la
    divulgación efectiva de información financiera e
    investigación rigurosa de la honestidad de las
    personas antes y durante su vinculación laboral con el
    Estado.

    El gobierno trabajará a través del
    Programa Presidencial y la Contraloría General de la
    República para mejorar la transparencia de la
    contratación estatal y de las transferencias hacia las
    entidades territoriales.

    Privar a los delincuentes del producto de sus
    actividades.

    La prevención del lavado de activos y el decomiso
    del producto del narcotráfico (cuyo volumen se estima
    en más de un billón de dólares anuales)
    podrá financiar el esfuerzo para hacer cumplir la ley y
    otras iniciativas sociales (incluidos la reforma
    agraria, el desarrollo alternativo y el fortalecimiento de
    las instituciones), elementos críticos para una paz
    duradera.

    Entre las estrategias para esta prioridad se incluyen:
    la implantación efectiva de la legislación
    existente con respecto a la confiscación de bienes y la
    implantación de modificaciones para garantizar la
    expedición de órdenes de decomiso de los bienes del
    narcotráfico; el refuerzo de leyes e instituciones
    existentes para combatir el lavado de activos, incluidas la
    Unidad Especial de la Fiscalía y la Unidad de Análisis e Información Financiera;
    la coordinación de las autoridades nacionales e
    internacionales para garantizar el intercambio efectivo de
    información y colaboración entre fiscalías;
    la destrucción de los nexos financieros entre
    narcotraficantes, guerrilla y autodefensas, por medio de
    programas de aplicación efectiva de la ley y de
    cooperación multilateral; la coordinación de
    fiscales, investigadores y agentes aduaneros y sus
    homólogos en el exterior en un esfuerzo para desmantelar
    el mercado negro de
    divisas; finiquitar el desarrollo de los mecanismos para
    distribuir bienes confiscados en acciones de interdicción
    multilaterales, de acuerdo al Derecho Internacional.

    El Gobierno Nacional actuará en la forma
    más rápida posible para lograr la
    expropiación formal de los bienes decomisados a
    narcotraficantes sindicados, especialmente en lo relativo a sus
    propiedades.

    Estas propiedades se utilizarán principalmente
    para asentar pequeños agricultores y trabajadores
    provenientes de las áreas de plantación de hoja de
    coca, al igual que para familias desplazadas por la violencia
    rural.

    Combatir el contrabando y fortalecer la
    interdicción de narcóticos.

    Un elemento crucial en la eliminación del
    narcotráfico es el bloqueo de las rutas de transporte de
    drogas, precursores químicos y contrabando (lo cual muchas
    veces representa la repatriación de dinero de las
    drogas). Esto requiere de un esfuerzo conjunto en todos los
    puertos de entrada a Colombia y a lo largo de todas sus
    fronteras.

    Entre las estrategias para combatir esta prioridad se
    incluyen: la coordinación de la aplicación efectiva
    en los mares, incluidos los esfuerzos conjuntos
    entre la Armada Nacional, la Fiscalía y sus
    homólogos extranjeros para incautar narcóticos y
    químicos y juzgar efectivamente a los infractores; el
    fortalecimiento y expansión de programas de seguridad
    portuaria existentes, que incluya todos los puertos de entrada;
    el mejoramiento de intercambio de información con las
    contrapartes extranjeras en cuanto a sospechosos, rutas, y
    patrones de métodos de transporte; el entrenamiento de
    una Policía Aduanera que cuente con todo el equipo
    necesario que garantice un control efectivo en los puertos y
    aeropuertos; el fortalecimiento de cooperación
    internacional en la lucha contra el contrabando;
    colaboración estrecha con otros gobiernos, a fin de que el
    sector privado se comprometa a adoptar medidas de
    prevención y control del contrabando, implementando una
    política de conocer al cliente y
    obteniendo un mejor conocimiento
    acerca de las actividades de sus clientes.

    Reducción de la demanda.

    Colombia es frecuentemente percibida como un país
    productor de drogas ilícitas, pero la realidad es que el
    consumo, aunque actualmente a niveles bajos, aumenta
    rápidamente. Las campañas de prevención
    frente al consumo de drogas ilícitas están
    dirigidas principalmente a los jóvenes y diseñadas
    para desestimular el consumo de drogas y controlar el abuso de
    consumo de alcohol,
    tabaco y
    medicamentos que generen adicción. Las redes de tratamiento y
    rehabilitación también serán ampliadas para
    cubrir a un gran número de personas que hoy en día
    no tienen acceso a ellas.

    V. DEMOCRATIZACION Y DESARROLLO
    SOCIAL.

    El objetivo
    principal de esta estrategia es reducir las causas y las
    manifestaciones de violencia, progresiva y
    sistemáticamente, fortaleciendo la participación
    civil y la conciencia
    colectiva. Esta estrategia busca asegurar una mayor confianza en
    el gobierno local, participación comunitaria en
    actividades contra la corrupción y ejercer mayor
    presión sobre los grupos guerrilleros y otros grupos
    armados para acabar con el secuestro, la violencia y los
    desplazados. La estrategia también cobija la
    participación comunitaria que genere las condiciones
    sociales, económicas y culturales para la
    erradicación de cultivos ilícitos en las
    comunidades indígenas y campesinas.

    Asistencia para las víctimas de la
    violencia.

    Una de las metas de la estrategia de paz es el
    suministro de asistencia humanitaria adecuada para las
    víctimas del conflicto armado, acorde con los principios
    del Derecho Internacional Humanitario y la legislación
    interna e incluye seguros y
    compensación, rehabilitación física y
    psicológica, mecanismos para cuantificar y determinar las
    víctimas, y programas especiales para los más
    afectados (niños, mujeres cabeza de familia, la
    tercera edad y los grupos étnicos). El Gobierno Nacional
    definirá un marco normativo, estableciendo niveles
    mínimos de calidad y
    responsabilidad institucional con base en indicadores y
    procesos de vigilancia.

    Con base en la Convención sobre los Derechos de
    los Niños de las Naciones Unidas,
    la asistencia humanitaria se concentrará principalmente en
    las necesidades físicas y psicológicas de los
    niños promoviendo su desarrollo y manteniéndolos
    alejados de los grupos armados. Adicionalmente, incluye
    rehabilitación, tratamiento psicosocial y entrenamiento y
    educación
    especial para los minusválidos, de acuerdo con sus
    necesidades individuales y colectivas. Finalmente, la estrategia
    comprende actividades para identificar y eliminar minas
    antipersonales y para reducir el riesgo de
    asentamiento en zonas de alto riesgo y de
    conflicto, a través de la integración
    económica y social.

    Asistencia a los desplazados internos.

    Las actividades en este campo buscan devolver los
    desplazados a sus hogares y garantizarles su estabilidad a
    través de programas de inversión social y
    productiva en las zonas de conflicto. La estrategia del gobierno
    Nacional para la asistencia a los desplazados estará
    estrechamente coordinada con el proceso de paz y el esfuerzo para
    incrementar la capacidad del gobierno local. Primordialmente, la
    asistencia a los desplazados será función de los
    Gobiernos municipales y de las ONG
    colombianas bajo el liderazgo de la Red de Solidaridad Social.
    El Gobierno Nacional también invitará a las
    organizaciones internacionales a participar en el ámbito
    municipal, para movilizar recursos adicionales y establecer
    mecanismos de verificación de la situación
    local.

    De acuerdo con lo establecido en los Principios Rectores
    para la Asistencia a Desplazados Internos, las actividades del
    Gobierno Nacional buscan neutralizar las causas del
    desplazamiento, mejorando la seguridad en las áreas de
    mayor riesgo. En las áreas de conflicto, el Gobierno
    Nacional estructurará un sistema de alerta temprana para
    detectar amenazas inminentes de violencia, permitiendo de este
    modo que se pueda actuar a tiempo. Si no es posible prevenir el
    desplazamiento, el Gobierno Nacional proveerá lo necesario
    para satisfacer las necesidades locales.

    Se tomarán medidas para garantizar la
    protección de los derechos de todos los desplazados y se
    establecerán mecanismos para ofrecer asistencia
    humanitaria de emergencia, como agua, nutrición, salud y
    protección. Se dará especial atención a las
    necesidades de personas de distintas edades, con servicios
    especiales para los niños, las mujeres y las
    minorías étnicas. Donde sea posible, el Gobierno
    Nacional apoyará y promoverá las Comunidades de
    Paz, a las cuales los desplazados pueden acudir y recibir
    servicios sociales y protección física.

    Estrategia para el desarrollo
    alternativo.

    Esta estrategia busca introducir alternativas
    integrales, participativas, rentables y económicamente
    sostenibles en áreas rurales, particularmente en aquellas
    zonas afectadas por la combinación de conflicto intensivo,
    presencia deficiente del Estado, capital social
    bajo, pobreza, cultivos ilícitos y problemas
    ambientales relacionados con ellos. Habrá especial
    prioridad que garantice el mantenimiento
    de proyectos productivos a largo plazo, principalmente para
    cultivos permanentes, sin dejar de lado los cultivos
    transitorios. La participación comunitaria
    garantizará el aprovechamiento de las capacidades locales
    y la demanda de los mercados nacionales e
    internacionales.

    La sostenibilidad se garantizará a través
    de alianzas estratégicas, con la participación de
    pequeños productores, inversionistas privados, los
    gobiernos locales y el nacional y asociaciones de productores. Un
    punto importante de la estrategia es el fomento de
    inversión privada en actividades orientadas a la demanda,
    con microempresas
    y mecanismos para la preventa de las cosechas. Estos proyectos
    serán apoyados por mecanismos financieros e
    inversión en infraestructura física, como
    carreteras, redes de transporte fluvial, proyectos de minería y
    electrificación, vivienda, sistemas de
    acueducto y saneamiento básico, e infraestructura
    adicional para dar apoyo a iniciativas productivas.

    La estrategia busca mejorar las condiciones sociales y
    el ingreso de los campesinos directamente, y constituye el marco
    de la política para el abandono de los cultivos
    ilícitos. La anterior política está dirigida
    principalmente a pequeños agricultores (menos de tres
    hectáreas de producción) y a los trabajadores en
    las plantaciones. La actividad se determina por la proximidad de
    producción legítima a

    mercados potenciales, el origen de las personas
    productoras de los cultivos ilícitos y el potencial
    agrícola de la tierra en
    que se encuentran los cultivos ilícitos.

    En las áreas de cultivo de amapola, al igual que
    en aproximadamente una tercera parte de las áreas de
    cultivo de coca, normalmente es viable sustituir la
    producción ilícita de pequeños agricultores
    por uno o más cultivos lícitos. En estas zonas se
    intentará que los productores abandonen la
    producción de cultivos ilícitos
    suministrándoles asistencia para establecer cultivos
    legales y rentables, ofreciendo servicios de educación y
    salud, infraestructura municipal mejorada, y seguridad personal.
    El gobierno municipal, el sector privado y las ONG colombianas
    trabajarán con el Gobierno Nacional para establecer
    cultivos sostenibles y fortalecer los nexos entre los productores
    y los mercados urbanos locales.

    Se estima que un 60 por ciento de las áreas de
    cultivo de coca se encuentran alejadas de sus mercados
    potenciales y son poco aptas para cualquier tipo de
    producción agrícola sostenible. El Gobierno
    Nacional estudia tres posibles maneras de ofrecer oportunidades
    legítimas de ingreso a pequeños agricultores y
    trabajadores de esas zonas. Primero, los agricultores y aquellos
    en condiciones similares tendrán la oportunidad de salir
    de las áreas de producción de coca y asentarse en
    tierras decomisadas del narcotráfico o en tierras
    suministradas por el Incora (Instituto Colombiano para la
    Reforma
    Agraria); segundo, se ofrecerán oportunidades
    laborales en pequeñas empresas de áreas urbanas de
    origen, para migraciones de productores de coca, para reducir el
    incentivo económico de la migración;
    tercero, el Gobierno Nacional trabajará con los grupos
    indígenas y los gobiernos locales para impulsar
    actividades económicas y ambientalmente rentables para
    conservar áreas de forestación, en un esfuerzo para
    frenar el avance de la frontera agrícola hacia ecosistemas
    frágiles. El trabajo en
    la conservación y la protección del medio ambiente
    también genera empleo para los antiguos cultivadores de
    coca.

    El costo estimado de
    la estrategia de Desarrollo Alternativo para 1999-2002 es de
    570,8 millones de dólares; 342,5 millones se
    utilizarán para proyectos de producción y
    transferencia de tecnología, 100
    millones para infraestructura en áreas rurales, 86
    millones para la conservación y restauración de
    áreas ambientalmente frágiles, y 42,3 millones de
    dólares para apoyar el desarrollo de las comunidades
    indígenas.

    Desarrollo sostenible en áreas ambientalmente
    frágiles.

    El conflicto armado afecta el hábitat natural de
    la misma forma que lo hace la expansión de la frontera
    agrícola (legal e ilegal, la cual ha destruido cerca de un
    millón de hectáreas de bosque desde
    1974).

    Estas zonas incluyen una alta proporción de
    áreas de conservación y parques naturales, y existe
    amplia evidencia para demostrar que este proceso de
    expansión amenaza seriamente el resto de la Cuenca
    Amazónica.

    Para combatir el problema, se han tomado ciertas
    acciones, entre ellas, la restauración de algunas
    áreas como parques naturales, al igual que la
    recuperación de los bosques1, con lo cual se busca hacer
    un aporte a los objetivos mundiales de preservación de la
    Cuenca Amazónica (como se observa en la Convención
    sobre Cambios Climáticos). Adicionalmente, el Gobierno
    Nacional facilitará la transición de la
    producción agrícola insostenible hacia cultivos
    más adecuados para las condiciones locales y regionales.
    Finalmente, entre las actividades previstas se busca apoyar la
    reforestación a pequeña escala y la
    consolidación de mercados verdes para generar
    posibilidades comerciales locales.

    El papel de las comunidades locales y los
    municipios.

    Los ciudadanos buscan seguridad, orden, empleo,
    servicios básicos y un mejor futuro para sus
    hijos.

    Los programas nacionales como aquellos para el
    desarrollo alternativo, protección ambiental, desplazados
    y asistencia para zonas de conflicto buscan la realización
    de esas expectativas de los ciudadanos, reduciendo de este modo
    los incentivos para
    las migraciones o para cultivos ilícitos. Las comunidades
    locales y los concejos municipales juegan un papel fundamental
    para garantizar que estos programas nacionales lleguen a su
    destino.

    El fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos
    locales en la ejecución y desarrollo de planes nacionales
    de inversión, el trabajo con las ONG y empresas en la
    resolución de problemas, y el desempeño de todos los órganos es
    esencial para la estrategia de inversión social y
    desarrollo alternativo en Colombia.

    El Gobierno Nacional trabajará por medio de la
    Red de Solidaridad Social, los ministerios y las ONG para apoyar
    a los gobiernos municipales en el manejo de recursos y
    habilidades técnicas,
    en el manejo de desplazados, desarrollo alternativo y lucha
    contra la pobreza. Cerca
    de 150 comunidades que habitan en zonas donde el conflicto y los
    cultivos ilícitos han interrumpido el suministro de
    servicios básicos, donde se ha sufrido una
    degradación ambiental y en las cuales existe un alto nivel
    de pobreza, serán seleccionadas en un periodo de dos
    años con el fin de que participen en programas de
    fortalecimiento institucional. Líderes comunitarios
    serán entrenados en técnicas de gobierno. Los
    gobiernos locales serán entrenados para promover la
    participación comunitaria en los procesos de toma de
    decisiones y en la solución de problemas
    sociales y económicos. La capacitación de
    líderes locales permitirá establecer prioridades
    acerca de las necesidades locales y las iniciativas para
    implementar y diseñar los servicios básicos
    requeridos, con el fin de que los recursos disponibles se
    utilicen de la manera más efectiva y eficiente
    posible.

    Con el fin de maximizar la eficiencia, los
    gobiernos regionales y locales trabajarán con el Gobierno
    Nacional, empresas locales y ONG. La administración
    municipal buscará invertir el recaudo local, los recursos
    provenientes del presupuesto
    nacional y las donaciones para apoyar organizaciones locales en
    la satisfacción de las necesidades locales de alta
    prioridad.

    Con el fin de fortalecer el desarrollo institucional,
    esta estrategia también promoverá una mayor
    confianza, legitimidad y fe en las instituciones públicas.
    Se fomentarán mecanismos formales e informales que
    inculquen la tolerancia, la
    justicia, la seguridad y los cambios en los patrones culturales
    que incitan a reacciones violentas, al conflicto. Todo ello se
    complementará con un apoyo activo para fomentar redes
    locales de paz.

    (NOTA: Los ínter títulos antecedidos de
    dos guiones corresponden en el documento a textos en negrilla y
    en altas y bajas).

    Este documento esta disponible para consulta en la
    página
    web:

    http://www.presidencia.gov.co/

     

     

    Autor:

    JUAN CARLOS BUILES
    UNIVERSIDAD
    EAFIT
    jbuiles[arroba]hotmail.com

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