Esquemas de consorcios regionales para el uso del recurso Royalty minero
- La minera como viga de
Chile - El rezago en
investigación y desarrollo - Los
consorcios empresas-centros especializados - Un
esquema de estructura regional - El
caso de la región de O’Higgins - Las
semillas a desarrollar en O’Higgins - Lecciones del
mundo - Síntesis:
una región que debe usar los recursos del
Royalty - Referencias
Recomendaciones para el caso de la
región del Libertador Bernardo
O’higgins
"Nada más difícil de
emprender ni más peligroso de conducir que tomar la
iniciativa en la introducción de un nuevo orden de cosas,
porque la innovación tropieza con la hostilidad de
todos aquellos a quienes les sonrió la situación
anterior y sólo encuentra tibios defensores en quienes
esperan beneficios de la nueva"
NICOLÁS
MAQUIAVELO
LA
MINERA COMO VIGA DE CHILE
Desde siempre la explotación minera ha sido una
actividad productiva importante en Chile desde siempre,
representando hoy más de la mitad del valor total de
exportaciones.
Del mismo modo se le reconoce como la actividad productiva
responsable de la mayor cantidad de daños ambientales en
el aire, agua y
suelo.
Desde la misma época colonial se reconoce la
existencia de una aportación basada en la producción o venta del
recurso. La noción del royalty no es nueva.
En muchos países y por mucho tiempo se
adoptado cobrar royalty específico a la actividad minera,
consistente en un pago al Estado por la
explotación del recurso.
El uso universal del concepto royalty
y la aplicación concreta del mismo se basa en la
consideración de los recursos
naturales como un bien en stock, un capital
natural que pertenece a la sociedad y que
se requiere reponer económicamente tras su
explotación.
A partir de los noventa con la apertura de los mercados
internacionales, se vivió en muchos países un
proceso de
modernización en la legislación minera según
fuera la denominación de cada país. En el caso de
América
Latina, el Estado
otorga derechos
mineros a los particulares por vía de concesión
administrativa. La tendencia general en la mayoría de los
países ha sido uniformar las normas aplicables
a la inversión, sea ésta nacional o
extranjera.
En el caso de Chile, su rápida evolución macroeconómica e ingreso
al mundo globalizado junto con el desafío de alcanzar la
idea de Desarrollo
Sustentable que ha promovido las Naciones Unidas
ha significado una atención y una capacidad de respuesta
más responsable frente al cuidado y protección de
nuestros recursos
naturales, renovables o no renovables, según cada uno de
los tratados
suscritos. La Constitución Política atribuye al
Estado el dominio de las
minas.
Es evidente que durante las últimas dos
décadas, Chile ha avanzado bastante en diversos indicadores
sociales, culturales, ambientales, empleo,
pobreza,
salud y educación. Es decir,
se ha contribuido al desarrollo
sustentable. Y ello significa, entonces, que la minería
–que fue un motor del
crecimiento
económico del país también
contribuyó al desarrollo sustentable del país. Sin
embargo, lo cierto es que las empresas mineras
privadas no han aportado lo que se esperaba mediante el pago de
impuestos,
sobretodo en relación al incremento de producción y
valor unitario de este producto
explotado. El royalty minero se instala hoy en la escena
económica como una herramienta eficaz para nivelar dichos
aportes y concentrar los esfuerzos en alcanzar los niveles de
competitividad
que genera la bien articulada innovación
tecnológica al servicio de
los procesos
productivos y todos sus elementos constitutivos.
Sin adscribirse a la discusión estéril de
regionalismos y regiones mineras, con objetiva mirada hay que
decir que una actividad minera no es tan sólo un foco de
oportunidad laboral y
desarrollo en una ciudad, puesto que de la mano de esos
beneficios vienen otros no tan deseados y que muchas veces
permanecen más tiempo incluso que la explotación
minera presentes en la zona, esto es la
contaminación medioambiental, un rasgo de la actividad
productiva que incide negativamente sobre otros rubros. Es el
caso de la Región de O’higgins, quien por un lado,
debe mucho de su desarrollo a las actividades mineras y por otro,
debe atender con urgencia las dificultades
medioambientales .
EL
REZAGO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
El royalty en nuestro país tiene la misión de
ordenar el desarrollo de una industria que
por sus características especiales es un sector de
desarrollo estratégico para Chile, y eventualmente
permitirá en el largo plazo, un mejor nivel de desarrollo
país.
Actualmente y durante muchos años en la escena
nacional se cuenta con una serie de fondos y organizaciones
responsables de la investigación en esta materia
(FONDEF, FONDECYT, FDI, FIA, FIP, FONDAP, MILENIO, FONIS, GENOMA
y PBCT, entre otros). Entre ellas se observa que, si bien se da
cumplimiento a las exigencias métricas que se establecen
en cada una de las organizaciones, hay una reiteración en
el estudio de temáticas y una acumulación
innecesaria de resultados en la dimensión de la ciencia
básica sin grandes impactos en sus resultados. En la voz
de muchos expertos se reconoce que la innovación nacional
es deficiente.
En honor a los especialistas e investigadores hay que
decir que en nuestro país no se invierte más de
seiscientos millones de dólares en desarrollo e
investigación. Es decir, el 0, 70% del PGB, mientras que
el promedio de la OCDE está en 2,3% y en países
como Israel invierte
un mínimo del 4,7%.
El informe de
competitividad del año recién pasado, muestra en primer
lugar mundial en macroeconomía a Chile de entre 117
países. Aún cuando se observa que en el mismo
informe el país ostenta un deshonroso lugar 41 y 42 al
consultar educación y capacitación. Bajando otros 17 lugares en
el presente año.
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