A la hora de poder analizar los procesos políticos existentes en Colombia, es necesario hacer un vistazo a la forma cómo se han transformado los esquemas electorales, de forma clara y dominante a partir del año 2003, tan profuso en producción legislativa y en reformas constitucionales y sus respectivas tentativas. Así, de forma simultánea junto con el fallido referendo constitucional propuesto por el Presidente de la República, el Congreso de la República por su propia iniciativa, y aún en contravía del querer presidencial del momento, tramitó y aprobó el Acto Legislativo N° 1 de 2003, conocido a nivel de medios y popularmente como "Reforma Política", que abordaba y desarrollaba igualmente uno de los temas dominantes del referendo, y que compartía con aquel, la reforma de instituciones partidistas y electorales, tales como el reconocimiento de los partidos, la elaboración de las listas, la conformación y funcionamiento de las cámaras legislativas, la cifra repartidora, los umbrales electorales y otros temas relacionados.

A pesar de que finalmente, el referendo fue derrotado en las urnas y fue la reforma política impulsada por el Congreso la que triunfó, es necesario estudiar algunas vicisitudes de su trámite, así como algunos puntos del contenido normativo que permitan dilucidar que en primer lugar, la reforma política aprobada y aplicada inicialmente en las elecciones regionales de 2003 posee un carácter parcial y deficiente en tanto que entregó la institucionalidad de los partidos políticos a las bancadas parlamentarias, al igual que la normatividad aprobada se concentraba alrededor de los temas electorales como el conteo de los votos, dejando de lado otros asuntos de régimen político relacionados de forma directa con el sostenimiento de la democracia constitucional.

1. El Trámite. Los Proyectos de Acto Legislativo N° 136 de 2002 en la Cámara de Representantes y N° 01 de 2002 en el Senado.

1. La despolitización de la organización electoral, que consistiría en un proceso de despolitización similar al ejercido en la Policía, el Ejército y la Rama Judicial.
2. El fortalecimiento de los partidos, para evitar la proliferación de microempresas electorales a las que el proyecto denomina "avispas". Para ello se regularía lo relacionado con el reconocimiento de los partidos, el umbral, la cifra repartidora y el régimen de bancadas.
3. La fijación de reglas claras para la financiación estatal de las campañas, a efectos de asegurar lo que el texto denomina "juego limpio".
4. La obtención de un Congreso más representativo y transparente, con el establecimiento de varias clases de circunscripciones, y regulando prácticas tales como la administración del Congreso, las suplencias, el turismo parlamentario y las comisiones de conciliación.
5. La erradicación de los auxilios parlamentarios, así como la de las partidas globales, a efectos de evitar los cupos congresionales y la "dictadura presupuestal".
6. La "muerte civil" a los corruptos, inhabilitando para cargos y para contratación a los sancionados penal, disciplinaria y fiscalmente.