El acto legislativo 1 de 2003: La búsqueda legislativa de transformación política

1. El Trámite. Los
   Proyectos de Acto Legislativo N° 136 de 2002 en la
   Cámara de Representantes y N° 01 de 2002 en el
   Senado
2. Algunos
   contenidos del Acto Legislativo N°. 1 de
   2003

A la hora de poder analizar
los procesos
políticos existentes en Colombia, es
necesario hacer un vistazo a la forma cómo se han
transformado los esquemas electorales, de forma clara y dominante
a partir del año 2003, tan profuso en producción legislativa y en reformas
constitucionales y sus respectivas tentativas. Así, de
forma simultánea junto con el fallido referendo
constitucional propuesto por el Presidente de la
República, el Congreso de la República por su
propia iniciativa, y aún en contravía del querer
presidencial del momento, tramitó y aprobó el Acto
Legislativo N° 1 de 2003, conocido a nivel de medios y
popularmente como "Reforma Política", que
abordaba y desarrollaba igualmente uno de los temas dominantes
del referendo, y que compartía con aquel, la reforma de
instituciones
partidistas y electorales, tales como el reconocimiento de los
partidos, la elaboración de las listas, la
conformación y funcionamiento de las cámaras
legislativas, la cifra repartidora, los umbrales electorales y
otros temas relacionados.

A pesar de que finalmente, el referendo fue derrotado en
las urnas y fue la reforma política impulsada por el
Congreso la que triunfó, es necesario estudiar algunas
vicisitudes de su trámite, así como algunos puntos
del contenido normativo que permitan dilucidar que en primer
lugar, la reforma política aprobada y aplicada
inicialmente en las elecciones regionales de 2003 posee un
carácter parcial y deficiente en tanto que
entregó la institucionalidad de los partidos
políticos a las bancadas parlamentarias, al igual que
la normatividad aprobada se concentraba alrededor de los temas
electorales como el conteo de los votos, dejando de lado otros
asuntos de régimen político relacionados de forma
directa con el sostenimiento de la democracia
constitucional.

1. El
   Trámite. Los Proyectos de
   Acto Legislativo N° 136 de 2002 en la Cámara de
   Representantes y N° 01 de 2002 en el
   Senado.

Días después de la radicación del
proyecto de
ley sobre
referendo, un grupo de
parlamentarios radicó ante la Secretaría del
Senado, un proyecto de acto legislativo "por el cual se adopta
una reforma política constitucional y se dictan otras
disposiciones". De acuerdo con la exposición de motivos que
acompañó al texto, "el
proyecto interpreta la visión liberal del Estado de
Derecho, de la democracia, del buen gobierno y de
la legitimidad del sistema
político". Adicionalmente, la exposición de
motivos hace las ya normales citas acerca de la lucha contra la
corrupción, a la necesidad de la
gobernabilidad y al rescate del ejercicio de la
política, en tanto que según el documento resulta
necesario sanear "el corrupto entorno en el que se obtiene y
ejerce el poder político", para lo cual se plantea el
desarrollo
de seis puntos que corresponden a los siguientes
temas:

1. La despolitización de la
   organización electoral, que consistiría en un
   proceso de
   despolitización similar al ejercido en la
   Policía, el Ejército y la Rama
   Judicial.
2. El fortalecimiento de los partidos, para evitar la
   proliferación de microempresas electorales a las que el proyecto
   denomina "avispas". Para ello se regularía lo
   relacionado con el reconocimiento de los partidos, el umbral,
   la cifra repartidora y el régimen de
   bancadas.
3. La fijación de reglas claras para la
   financiación estatal de las campañas, a efectos
   de asegurar lo que el texto denomina "juego
   limpio".
4. La obtención de un Congreso más
   representativo y transparente, con el establecimiento de varias
   clases de circunscripciones, y regulando prácticas tales
   como la
   administración del Congreso, las suplencias, el
   turismo
   parlamentario y las comisiones de
   conciliación.
5. La erradicación de los auxilios
   parlamentarios, así como la de las partidas globales, a
   efectos de evitar los cupos congresionales y la "dictadura
   presupuestal".
6. La "muerte
   civil" a los corruptos, inhabilitando para cargos y para
   contratación a los sancionados penal, disciplinaria y
   fiscalmente.