Ministerio Público y Sociedad (página 2)

QUE BUSCA LA GENTE?

En este estado de
cosas advertimos que no se busca sólo al jurista o al
árbitro en la justicia, sino
también al conciliador, al pacificador de las relaciones
sociales, incluso un "animador" de una política
pública o en materia de
prevención del delito.

La justicia se convierte en una referencia para los
individuos perdidos, aislados, desarraigados, que engendran
nuestras sociedades.

La sociedad tiene
una exigencia absoluta: JUSTICIA

La sociedad tiene una solicitud general:
JUSTICIA.

La justicia, aparece entonces como un recurso contra al
implosión de las sociedades democráticas que no
llegan ya a controlar de otra manera la complejidad y la
diversidad que engendran. El sujeto, privado de las referencias
que le dan una identidad y
estructuran su personalidad,
busca en el contacto con la justicia un remedio contra el
hundimiento interior. Ante la descomposición de lo
político, es a la justicia a quien se le pide la
salvación.

La justicia se convierte así en la ultima
guardiana de las promesas, y eso en tanto para el sujeto como
para la comunidad
política. A falta de mantener viva la memoria de
los valores
que las fundan, los políticos han confiado a la justicia
la custodia de sus juramentos.

Pero debemos tener cuidado, la referencia irrazonada de
todas las frustraciones modernas a la justicia, el entusiasmo
ingenuo por su omnipotencia, puede jugar contra la justicia
misma.

TEMA
CULTURAL.

Los sociólogos y antropólogos nos
enseñan que desde hace más de treinta años
el crecimiento de los barrios de emergencia fue constante y que
en ellos el aumento de la población es mayor y más veloz que
en la denominada sociedad hegemónica, puesto que la
maternidad es notoriamente más precoz. Además la
creciente marginalidad ha
cambiado las condiciones de recepción cultural por parte
de los sujetos allí nacidos; así la expectativa de
desarrollo no
se refleja en la sociedad hegemónica, sino en la propia,
las condiciones y formas de aceptación son entonces
distintas. La trama de significación, en definitiva, es
totalmente diferente.

Esta diversidad cultural se refleja claramente cuando se
"judicializa" a un integrante del nuevo sector cultural, por que
es evidente que en la mayoría de los casos no está
en condiciones de comprender su significado profundo.

Desconexión entre el sistema judicial
y la sociedad argentina.

Pensar la justicia y realizar justicia, parecen ser dos
momentos que hasta hoy no se han encontrado, y no porque no se
haya buscado con tesón, sino porque durante mucho tiempo nos
hemos dedicado más a pensarla, a construirla desde la
razón, a elaborarla desde la teoría,
que a llevar a cabo la gran empresa humana,
la de propiciar y generar justicia.

La tendencia natural del hombre a
satisfacer sus necesidades conduce a que el gran proyecto humano
sea, justamente, la manera como una sociedad construye el camino
para alcanzarlo; no hay duda, entonces, de que entre la naturaleza
humana y lo social emerge como resultado del conflicto la
necesidad del acuerdo, como anhelo máximo para propiciar
formas de consenso y transacción.

EL CAMINO DEL DERECHO:

El camino del derecho debe contemplar, sin lugar a
dudas, la búsqueda de la justicia, la paz, la libertad y la
felicidad, el derecho, por lo tanto, no se agota en las leyes, ni su
esencia consiste en el perfeccionamiento dogmático de
ésta; su objeto no es la norma, su objeto es un imposible:
la felicidad humana, y es allí donde radica su
esencia.

Desde Hegel y Kant hasta Rawls
se ha discutido que es el derecho, sin que aún exista un
acuerdo, pero en lo que sí se está de acuerdo es en
la necesidad profunda de que el derecho se vuelva más
cercano, más vivencial, y más comprometido con la
realidad social, con el diario vivir, con la experiencia y con la
construcción que el hombre hace en la
búsqueda por alcanzar la justicia.

Construir un derecho que pretenda alcanzar la
satisfacción de las necesidades más profundas de
una sociedad, que permita un ejercicio más flexible y
menos rígido, que sus decisiones correspondan con la
vivencia y la experiencia de los actores que las propician, no un
derecho que flota por encima del hombre y que pretende controlar
y sancionar y no comprender la entrañable condición
humana, debe ser la tarea del futuro.

Un derecho al servicio de
las aspiraciones más

caras del hombre, que lo conduzca a un conjunto de leyes
que permitan materializar la dignidad que
como humanos merecemos; la dignidad como tal sólo es
posible partiendo del reconocimiento de que ésta
sólo se alcanza a través de la acción
y no de la sola promulgación.

Sólo emprenderemos esta tarea cuando nos hagamos
cargo de las ansias insatisfechas o de los derechos pendientes,
violados o negados.

Debemos entender que la justicia no es posible sin el
concurso de aquellos que reclaman, que protestan, la justicia
requiere la participación de los involucrados en la
solución del desequilibrio.

EL DERECHO
PENAL:

El derecho penal tradicional ya no responde a las
demandas de la situación presente, su modelo se
agotó en la búsqueda exclusiva de la
sanción, olvido la condición esencial de su tarea:
hacer justicia.

Un derecho reparador, que permita un acercamiento entre
las partes en conflicto y genere el florecimiento de los
sentimientos humanos más profundos, como el
reconocimiento, la culpa, el perdón, el arrepentimiento y
la comprensión, debe ser la tarea más urgente y el
reto más importante de nuestra época.

En el mundo actual se hace evidente la sed, el anhelo,
el deseo de justicia, pero no una justicia legal, sino una
justicia de acción y de hechos concretos, una justicia
armoniosa y propiciadora de acuerdos, de acercamientos y de
búsqueda de la verdad, que contemple lo subjetivo de lo
humano, que permita el reconocimiento mutuo. Una poderosa
economía,
un inmenso aparato de justicia, un impresionante equipo
represivo, un gran despliegue de ciencia y
tecnología no son ni serán los instrumentos
para alcanzar justicia.

Coincidimos con el doctor Binder, cuando afirma que el
Ministerio Público debe entender que tiene una función
eminentemente ligada a la República, esto es, debe cumplir
con los mandatos previstos por un sistema republicano de gobierno, si no
se consigue esto, el Ministerio Público se
conformará como una institución útil no por
lo que hace, sino por lo que deja de hacer.

En este proceso de
institucionalización y de consolidación del sistema
de enjuiciamiento, debemos comprometernos con las funciones
institucionales del Ministerio Público y por lo tanto
decididos a conformar una institución creíble y
eficaz, que realmente brinde a la sociedad la capacidad de
solucionar sus conflictos de
manera pacífica.-

Siguiendo al profesor
Ferrajoli, -que se vale de la terminología de Ronal
Dworkin-, entendemos que ya es tiempo de "tomar en serio" el
derecho, reconociendo que el derecho es como lo hacen los hombres
y, por tanto, como nosotros lo construimos, comenzando por
nosotros mismos, los juristas, que somos en buena medida
responsables de él, y al mismo tiempo que el derecho mismo
es un sistema normativo, de manera que los posicionamientos y
comportamientos efectivos de los Estados que se hallen en
contradicción con él no suponen "desmentidos" a su
existencia, sino más bien "violaciones" cuya ilegitimidad
debe ser obligatoriamente denunciada.

Ferrajoli postula una nueva versión del
constitucionalismo, sosteniendo que el horizonte
axiológico que hoy se impone a los juristas en su trabajo, esto
supone liberarse de la falacia realista de la reducción
del derecho al hecho, y asumir como tarea científica, y no
sólo política, la crítica
jurídica de las dimensiones de invalidez y falta de
plenitud del derecho vigente y la formulación de las
garantías del derecho futuro.

CONSTITUCIONALISMO MODERNO:

En el estado
constitucional de derecho no existen más poderes absolutos
y soberanos, ya que todos están sometidos al control
constitucional de legitimidad de sus contenidos. Ello se debe a
que la consagración de los derechos fundamentales equivale
a la estipulación de lo indecible. Un campo integrado por
lo que ninguna mayoría puede decidir, es decir la
lesión de los derechos de libertad, y por lo que ninguna
mayoría puede no decir, es decir la satisfacción de
los derechos sociales.

Interpretando al profesor José Juan Toharia,
catedrático de Sociología de la Universidad
Autónoma de Madrid,
entendemos que "en una democracia, la
justicia es la guardiana de promesas, de esas promesas que la
sociedad se hace a sí misma a través de las leyes
que elaboran quienes la representan".

Consecuentemente los encargados de operar el sistema
judicial, dejan de ser simples "operadores", para adquirir la
condición de garantes de tales promesas y celadores de su
cumplimiento.

Que se entienda bien, no significa esto procurar un
gobierno de los jueces o procurar que el brazo de la justicia
llegue más allá de lo que es su radio de alcance
natural y termine el sistema judicial resolver problemas que
la clase
política no logra resolver.

La idea de responsabilidad política parece haberse
evaporado del tablero político: no se concibe, ni admite
otra responsabilidad que la jurídica,
específicamente la penal.

La clase política se ha hecho fuerte tras la idea
que la responsabilidad política sólo es exigible
una vez establecida la responsabilidad jurídica; es decir,
cuando ya no tiene función ni sentido.

El rol tradicional desempeñado por el Estado
político en cuanto al establecimiento de una agenda se
reduce cada vez más al "control directo" de ciertas
categorías sociales que de ninguna manera están
expuestas ni son sensibles a las presiones del mercado y a las
que, por lo tanto, se quiere obligar a funcionar dentro de las
opciones de la agenda que esas presiones sostienen (desde el
punto de vista de las autoridades políticas,
son categorías "autorreguladas"). Estas categorías
sociales incluyen, especialmente, a los pobres posmodernos
redefinidos como "consumidores defectuosos", y de modo más
general, a todas las clases sociales peligrosas (potencialmente
criminales) que, al quedar excluidas de la agenda establecida por
el mercado, recurren, presumiblemente, a alternativas que dicha
agenda deja afuera. En cuanto al resto de la población, un
espectro cada vez más amplio de opciones alternativas son
consideradas (explícitamente o por omisión)
políticamente "adiafóricas", es decir, fuera de
la incumbencia de las autoridades
políticas.

Una sociedad verdaderamente autónoma no puede
existir en otra forma que no sea la de su propio proyecto, es
decir, como sociedad que admite una cada vez mayor libertad de
auto examen, crítica y reforma, y no como un esquema
preestablecido de felicidad como único propósito y
razón de ser.

La reflexión crítica está guiada
por la necesidad de examinar la validez de jure de las
instituciones
y significaciones humanas, pero en tanto está despojada de
cimientos que no sean su propio impulso, carece también de
punto de destino.

La política es un esfuerzo efectivo y
práctico destinado a someter las instituciones que se
arrogan validez de facto a la prueba de la validez de
jure. Y la democracia es un espacio de reflexión
crítica, cuya identidad distintiva depende de esa
reflexión. O, para citar a Castoriadis una vez más,
podemos definir la política "como una actividad
lúcida y explícita que se ocupa de instaurar
instituciones deseables y (podemos definir) la democracia como el
régimen de auto institución lúcida y
explícita, en la medida de lo posible, de las
instituciones sociales que dependen de la actividad colectiva
explícita".

Pero una buena sociedad puede -y debe- hacer libres a
sus miembros, no solo libres negativamente, en el sentido de no
obligarlos a hacer lo que preferirían no hacer, sino en el
sentido positivo, el de poder hacer
algo con su libertad, el de poder hacer cosas. Y eso implica
primordialmente la capacidad de influir sobre las circunstancias
de su propia vida, formular el significado de "bien común"
y hacer que las instituciones sociales cumplan con ese
significado. Si "la cuestión de la paideia" es
imprescindible, ello se debe a que todavía no se ha
concretado el proyecto democrático de lograr una sociedad
autónoma constituida por individuos
autónomos.

La indiferencia política y la apatía de
los ciudadanos, y la despreocupación del estado que no
cumple con su obligación de promover el bien común
son hijos legítimos, aunque ingratos, de la sociedad civil
como esfera social de la democracia liberal.

La idea republicana, sitúa la
interrogación crítica como en el centro de la
integración comunitaria; los ciudadanos
pertenecen a la república por medio de su activa
preocupación por los valores que la
política promueve o descuida. La declaración de
lealtad de los ciudadanos podría expresarse con las
siguientes palabras de Castoriadis: "Tengo un positivo (e incluso
egoísta) interés de
vivir en una sociedad que se acerque más a la del
symposium que a la de El Padrino o la de
Dallas.

Serviría para reintroducir estándares
éticos en la vida de la sociedad, sustituyendo el
principio de competir por el de compartir. Establecería un
derecho basado en la ciudadanía y no en el hecho de "necesitarlo
más que otros" y no necesitaría, por lo tanto, de
divisas y
descalificadoras "pruebas de
recursos". Y
cambiaría radicalmente la naturaleza de
la política, que dejaría de ser un agente de la
ley y el orden
y una brigada de control de crisis para
convertirse en una fuente de bienestar común y en la
escena en la que los intereses individuales y grupales se
reconfiguran como temas de preocupación pública de
todos los ciudadanos.

CONCLUSIÓN:

Como hombres de derecho debemos asumir la
responsabilidad que corresponde a nuestro oficio. Y comprender
que el trabajo de
implementar un sistema de garantías efectivas no se
contruye ni en pocos años y ni tan siquiera en pocas
décadas.

Debemos asumir un compromiso contundente con nuestra
frágil democracia y trabajar por una democracia
representativa que recupere en plenitud el juego de lo
político y en la que los distintos niveles de
responsabilidades sean adecuadamente definidos y exigidos, en vez
de mezclados, confundidos y pospuestos.

A través de la justicia, el anhelo
democrático se enfrenta con la carne de lo social, con las
pasiones democráticas, con la desmesura de los hombres,
con el absurdo del la violencia y
con el enigma del mal. Asumir la parte humana de la justicia
llevará a hablar de las pasiones tanto como de la
razón, de las emociones tanto
como de la argumentación, de los medios de
comunicación tanto como del procedimiento, de
la cárcel tanto como de las libertades. Nuestra democracia
tiene quizás menos necesidades de construcciones o de
destrucciones teóricas, que de nuevas referencias para
asumir las mediaciones que imponen nuestras obligaciones.

El Ministerio Público sería entonces un
actor u operador privilegiado, para escudriñar los sentidos
sociales que circulan y materializar los intereses generales de
la comunidad (sociedad), con disponibilidad para actuar tanto en
la defensa de afectaciones particulares o individuales de las
personas que asista, como de las amenazas y agravios
generalizados, como portador de auténticos derechos
públicos colectivos

Dr. Víctor Eduardo Hortel

Ex Defensor General

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

República Argentina