Contrarreforma del Sistema de Pensiones y la Ley 1732 (Bolivia) (página 4)

Cuadro 3 Tomado del Informe de La
SPVS memoria anual del
2002

Cuadro 4 tomado de la SPVS memoria
anual del 2002

Ahora bien, ¿Con qué va a pagar
el Estado
estos títulos? Pues bien, con nuevos
títulos, medida simple que deja más deuda interna y
menos recursos
tangibles inquietantes al depender de la salud financiera del
Estado.
Entonces haciendo números, las inversiones
obligadas del FCI a fines del 2002, presentan una
concentración en valores
emitidos por el Tesoro General de la República y el
Banco Central
de Bolivia con un
70%. Estos bonos del TGN,
adquiridos como vimos, con carácter obligatorio por las AFP,
representan el 57% de la cartera.

Posteriormente, se encuentran las inversiones en el
sector privado con 28,50% donde los DPF de los distintos bancos y los
bonos del sector privado, tienen una participación de
14,59% y 12,92% respectivamente, mientras que las erogaciones por
pensiones de muerte e
invalidez por Riesgo
Común a afiliados al SSO, al igual en el 2002, las
compañías de seguros Provida y
La Vitalicia, pagaron durante aproximadamente 45 millones de
bolivianos a 1.910 beneficiarios cada mes, acumulándose
desde la gestión
1998 al 2002 cerca de 93 millones de bolivianos y
concentrándose la mayor parte de lo pagado en el eje
central: La Paz 32%, Santa Cruz con el 20% y Cochabamba 26%,
totalizando el 78% del total pagado, pero nada de esto
benefició al sistema de salud,
que es quien atenderá hasta su curación o
fallecimiento a las personas, sin tener en cuenta que uno de los
motivos de las reformas en salud se debe al reconocimiento de que
estos servicios son
cada vez más caros y complejos.

Otro recurso imaginativo del Gobierno
consistió en plantear la "Ufevización", como los
bonos del TGN no inspiraban una confianza incondicional lo que
por cierto está latente porque la economía boliviana no
está generando los ingresos
suficientes para cubrir la deuda, ni los intereses acumulados,
esto no sólo a nivel nacional sino que también cada
que queremos hacer negociaciones para financiamientos la comunidad de
organismos internacionales nos pide sinceridad, pues siempre
estamos al borde del default de la deuda interna, o sea el
incumplimiento de pago de la deuda externa,
pues las finanzas
fiscales no están generando los ingresos suficientes para
cubrir la deuda, ni tampoco los interés
acumulados , con ésta medida se buscaría un efecto:
Bajo el sistema inicial, establecido en la Ley de Pensiones,
las AFP se obligaban a comprar bonos y letras del Tesoro General
de la Nación
(TGN) por hasta 180 millones de dólares anuales, a una
tasa de
interés del ocho por ciento. Hoy el nuevo sistema
ofrece una tasa de interés del cinco por ciento, pero en
UFV.

Las Unidades de Fomento de Vivienda (UFV) son
certificados de deuda que se contratan en bolivianos y se pagan
también en bolivianos. Su precio oscila
no según la oferta y la
demanda, sino
según la inflación. A mayor inflación las
UFV se venderán en un precio más alto. O sea decir
que si una persona contrata
un crédito
de 100 bolivianos deberá cancelar otros 100 bolivianos al
momento del pago. Pero si entonces la UFV vale 1,05,
deberá pagar 105 bolivianos. Su marco legal se
inició al 27/12/2002, a través de la R.M. 1355, el
despacho de Hacienda determinó que las deudas del Estado
con las AFP dejaban de ser en dólares para calcularse en
UFV.

Esta medida comenzó a regir el 1 de enero de
2003. Desde ése momento los aportes de los trabajadores a
las AFP para su jubilación que estaban en dólares y
eran prestados al Estado en esta moneda con una tasa de
interés del ocho por ciento. Desde la
"ufevización", las deudas se calculan en Unidades de
Fomento de Vivienda (reiteramos: certificados de deuda que
varían en función de
la inflación) y la tasa de interés bajó al
cinco por ciento.

Por lo tanto esta variación que va generando un
rezago acumulativo en relación con el dólar
derivará en una menor rentabilidad
de los ahorros que los trabajadores tienen en las AFP, lo que
conllevará a que deban trabajar diez años
más, lo que nos lleva a sumar a los 15 años por el
aumento de la edad al sistema de bajo el Sistema de
Reparto.

Con esta medida que tiende a disminuir el déficit
de la reforma de pensiones bajará la pesada carga de la
deuda interna (2.000 millones de dólares), pero el
único beneficiado será el Estado a costa de los
trabajadores. Pero además de la aprehensión que
produce en los futuros pensionistas, la ley inquieta a los
bolivianos en los diferentes estamentos de su sociedad,
generando protestas de los sectores populares, y también
del Empresariado Privado Nacional.

Una comunicación de la CAINCO señala que
"una reforma de pensiones debe hacérsela con equidad
intergeneracional y no de la manera como se la encaró,
cargando todo el costo de la
reforma al TGN." Aunque el entonces presidente de la CAF, el
boliviano Enrique García, calificó al proceso como
uno de los mejores del mundo, incluida Europa en una
apreciación preocupante, ya que comparado con el cuadro de
las Reformas en el Cono Sud, vemos que es la peor. (Cuadro No.
5). La preocupación de la sociedad boliviana es cierta,
muchos se enteraron con asombro cuando el Expresidente de la
República Carlos D. Mesa en su primer informe presidencial
televisado, en que mostró el gasto fiscal, y la
consecuente lesión de asumir la carga social de la reforma
de pensiones. "Si ellos nos metieron en esto, tendrán que
sacarnos" refiriéndose a la imposición de
Organismos Internacionales: ingresan 9.600 millones de bolivianos
(5900 de impuestos,
449aduana, 957 regalías petroleras) y gastamos 15.000
millones de bolivianos de los cuales ocupa un increíble
segundo lugar la deuda asumida por el Estado en la Reforma de
Pensiones o sea 2.800 millones siendo de los 3000 comprometidos
en deuda externa e intereses.

De éste modo el país se encuentra ante una
situación patética en la que el déficit
fiscal, del 2003, 8% del PIB, un 5%,
330 millones de U$ eroga el estado. Particularmente además
el antiguo sistema que fue cerrado el año 1997, fue
postergando mediante decretos sucesivos su recepción hasta
el punto de que el 2001 habían 10.000 personas más
esperando su calificación en el SENASIR de este modo han
sobrepasado con mucho la expectativa del número de sus
pensionados, ya que se esperaba que éstos fueran
disminuyendo por razones naturales, pero más bien han ido
aumentando. Se observa también una acumulación, ya
que puede haber atrasos considerables: hace siete años los
trámites eran 5000, hoy son 29000, o sea, un problema
creciente.

Con éste panorama agravándose más
como carga al presupuesto en un
cercano futuro no sólo hablaremos de la década de
los 80 como la década perdida, porque ahora tenemos la
posibilidad de perder medio siglo de desarrollo social
(Bolivia cargó con un incremento en el déficit del
5% del PIB para poder cubrir
las rentas del antiguo sistema. Este déficit adquirido
displicentemente por el Estado, que se estima que será
recién cubierto en 50 años más). El problema
es de tal magnitud que el tamaño y la dinámica del pasivo pensional a cargo del
Estado es con certeza la mayor amenaza para la sostenibilidad
futura de las finanzas
públicas todo con el fin de otorgar a las AFP las
mejores condiciones, sin embargo las consecuencias ya son
evidentes.

Estas complicaciones comenzaron al incluir a los fondos
complementarios en la reforma; los planificadores establecieron
que el gasto en este sector no debía exceder el 1,6% del
PIB, sin embargo ya en la siguiente gestión anual se
instaló un problema crónico alejado de lo previsto
que hablaba del 5% del PIB. Como consecuencia, el Estado se
presta de las AFP de 140 a 160 millones de dólares, de
modo que al iniciarse el proceso de reforma el déficit
fiscal era de 321,1 millones de bolivianos, y antes de cinco
años se había incrementado a 1.364 millones de
bolivianos.

La transición prometía sólo tres
gastos que
debía hacer el Estado, las rentas ya calificadas o con
trámite en curso, las que su calificación estaba en
curso, y el traspaso de los afiliados al nuevo sistema con la
compensación de cotizaciones.

Una serie de eventos fueron
presentados para justificar lo sucedido, sin embargo no logran
explicar la falta de seriedad en la planificación, inicialmente se argumentaba
que el sistema de reparto requería 3.395 millones, en
cambio el
Seguro Social
Obligatorio necesitaría 2.360 millones, con el
consiguiente ahorro al
Tesoro General de la Nación,
Ya en 1997 la proyección económica del SNP-UDAPE,
que consideraba el pago de rentas ( FOPEBA, FONCOMS), y
Compensación de Cotizaciones por parte del TGN para los
afiliados activos
transferidos al SSO) era de $us 231.5 millones, pero fue en
realidad de $us 271.7 millones, una diferencia inicial de 40
millones de dólares, por no haber considerado el tipo de cambio
junto a otras causas.

En el período 98-2001 las rentas del
régimen complementario si se encontraban indexadas al
dólar. Desde 1998 se hizo evidente luego de una
ampliación de plazo que aumentó el número de
rentistas calificados, y otros motivos como subestimar las rentas
por invalidez, vejez y
muerte, a reconocer beneficios del antiguo sistema, omisiones
respecto a las rentas de Cossmil, reintegros por rentas en curso,
y el aumento salarial con la fusión de
salarios. Luego
los acuerdos de Caracollo y Patacamaya aumentaron la renta
mínima del sistema de reparto primero a 550 Bs. y luego a
850, con lo que el costo no previsto se incrementó en 28.6
millones de dólares, hasta la gestión 2001 el
Tesoro había sido sobrecargado con 64.1 millones de
dólares, el beneficio, inicialmente aprobado para los
rentistas del sector minero es luego mediante Decreto ampliado a
los demás sectores. Además, el costo hasta ese
momento se había incrementado desde los 207.4 a 224.8
millones de dólares por una inesperadamente curiosa causa:
los bolivianos no morían de acuerdo a las tasas de
mortalidad proyectadas (tal vez porque éste grupo
había tenido protección social), la dirección de Pensiones además se
encontró con 37 mil nuevos rentistas de los cuales un 47%
correspondían a rentas con reducción de edad, por
cierto, también pareció incidir la falta de un
sistema totalmente confiable en identificación, dando paso
a modificaciones de edades.

Entre la cincuentena de disposiciones legales, que
aumentaron el gasto, muchos de ellos logrados bajo presión
social, se destacan cuatro Decretos Supremos (DS.26001, Caracollo
para mineros, DS 26104 para otros sectores, DS 26163 en
Patacamaya que aumenta a la renta en curso de pago, el DS 26199
que da 850 bs. Para el tramo más bajo) que permitieron la
ampliación para el ingreso de 27 mil personas, que se
añadieron a las 243 mil del 1 de Mayo de 1997
(según la Ley podían presentar personas con la
documentación en orden hasta diciembre de
ese año. La Dirección de Pensiones, pronta a
convertirse en SENASIR, esperaba entre mayo y diciembre a 3.000
personas, en su lugar se encontró con 30.000. Esta nueva
dependencia también se encargaría de gestionar el
cobro de la deuda en mora de 200 millones de dólares
mediante los actos procesales necesarios, lo que significa que el
sistema de reparto estaba desfinanciado por falta de pago de los
aportes.

El Estado también tiene su participación
pues no pagó sus aportes varias décadas, sin contar
que la desdolarización en 1983 y la expropiación de
los recursos de los fondos complementarios también
agravó la situación. Esta carga multifactorial con
su carga activo/ pasivo demostró en la
planificación que no alcanzaba para otorgar rentas a
todos, el resultado fue la aparición de la
generación "sándwich", o sea una solución
para crear nuevos problemas,
así como la reducción de la edad en 50 años
para los varones y 45 para las damas que fueran cumplidos hasta
el 30 de abril del 97, al momento de si implementación en
1997 se comenzó a evidenciar la inviabilidad del nuevo
sistema, ya que anualmente cada Gobierno de turno debió
prestarse de las AFP entre 140 a 160 millones de dólares
para cubrir el déficit fiscal en el área de
pensiones.

Cuadro 5 Comparativos
con las Reformas de Países vecinos, ninguno es tan radical
ni castiga al Estado como la boliviana

El siguiente paso fue la emisión por parte del
Tesoro que debió emitir bonos que fueron ascendiendo desde
791 a 901 millones de bolivianos, el 2002 el Tesoro se vio en la
necesidad de desembolsar el 5.1% del PIB, 2807 millones de
bolivianos para pagar las rentas de vejez (Casi 263 millones
más que el 2001) un ascenso insostenible. Lejos de ayudar
a las arcas públicas la reforma ayudó a que el
déficit sea del 8% del PIB, por cada cien dólares
que el Estado recibía, gastaba 108, representando los 400
millones de dólares año con que participa en esto
pensiones, la carga más grande al déficit fiscal,
además de estos 400 millones de dólares la mitad va
a pagar los intereses de la deuda interna correspondiente a la
venta de bonos
redimibles del TGN y las AFP, financiando así a
través de su adquisición un 37% de las rentas que
reciben 135.000 jubilados.

La reforma había cargado al Estado con la carga
de los pensionistas que integraban el antiguo sistema, y
había dejado lo apetecible, los cotizantes jóvenes
activos a las AFP (Cuadro No 6), además de no considerar
los estragos económicos nacionales mencionados, tampoco
tomó en cuenta que los afiliados cotizantes al sistema
nuevo están aún lejos de cumplir con los requisitos
de cotizaciones y de edad necesarias para jubilarse, por lo que
los ingresos superan con creces a los egresos del pago de
prestaciones,
o sea todas las imaginables condiciones para un redondo negocio
privado. Entre muchas otras causas, tan sólo esta, el
déficit fiscal justifica la única solución
posible: Volver al antiguo sistema de Pensiones, una
solución que es rechazada de plano por los capitales
transnacionales.

Otro problema crítico actual es la
situación de miles de ex trabajadores que reclaman la
devolución de sus aportes, o por el contrario, acceder a
la jubilación ya que dentro de la extraña política del Gobierno
de turno de no defender los intereses nacionales un amplio sector
de aportantes, o sea de personas con derechos y directamente
interesadas fue simplemente ignorada, pese a las dudas, se
sabía lo que pasaba con los trabajadores antiguos que se
jubilaron en el antiguo sistema, y cual era el plan con los
más jóvenes, que entraron directamente a formar
cuentas
individuales.

Sin embargo, no se había previsto que
generaciones enteras habían aportado durante años
al antiguo sistema sin tener las condiciones ni la edad para
jubilarse, ya que la edad había aumentado de 50
años para las mujeres y de 55 para los hombres a 65;
además también se incrementó el
número de aportaciones de 180 a 300 (no podían
jubilarse 9000 personas de los cuales 3.500 eran mineros y
1.500

fabriles), la cultura
popular les dió a estos ciudadanos un nombre tristemente
apropiado, "Generación Sándwich", su sacrificio
reabrió el debate sobre
la naturaleza
inhumana de las Reforma, cuya Ley de Pensiones permitió
que un gran número de aportantes quedaran "emparedados"
entre el sistema de aportaciones solidario, que proporcionaba
seguridad
social mediante la solidaridad
generacional (ello fueron trabajadores activos aportando para el
sustento de los pasivos). Mientras 30.000 ciudadanos protestaban
tenazmente por sus aportes considerando que les habían
robado su Jubilación, un drama humano volvió a
mostrar la cara social ignorada de la Reforma, tras la
inmolación de Eustaquio Picachuri, quien aportó 15
de 20 años laborales, de sus 47 de edad y se encontraba
desesperadamente desempleado.

Cuadro 6. Gastos actuales de las AFP
(Jubilados 2%

La tragedia del minero, al que le enviaran a negociar a
personeros técnicamente inflados pero insensibles,
llevó a un desenlace en forma fatalista, y justo
allí en el Legislativo, tuvo lugar la explosión.
Luego de la convulsión nacional y ante nuevas amenazas
radicales, la protesta concluyó con una negociación entre sindicatos y
el gobierno, que aceptó otorgar una pensión
vitalicia equivalente a 50 dólares a todas las personas
que no pudieron jubilarse bajo el antiguo sistema y con vistas a
no hacer claudicar el déficit fiscal creó el
impuesto a las
transacciones financieras para obtener 90 millones de
dólares (En los momentos más cruciales de la
guerra del
gas, el
Gobierno anterior expresó lacónicamente que el
déficit de pensiones pensaba ser pagado con la exportación del gas, lo que quiere decir
que como seguramente sucederá, eventualmente el precio de
los hidrocarburos
se elevará en el mercado
Internacional, pudiendo llegar a producirnos un superávit
importante del PIB, pero atrás de la bonanza temporaria
económica estará escondido el gasto deficitario,
que podía haberse utilizado en desarrollo
económico. este empecinamiento de buscar soluciones
parches como el impuestazo o los carburantes recargadas a la
economía popular tuvieron consecuencias violentas sobre la
democracia) e
intervino el sistema estatal de pensiones, cambió la
directora del SENASIR y tomó rápidamente otras
medidas: ninguna jubilación superaría los 1012 u$
con el D.S. 27427, (incluye militares, y excluye expresidentes);
antes de ésta medida el 95% recibían de 100 a 500
u$, el resto recibía de 3 a 7mil u$. Todas estas
decisiones que no concluyen con los montos requeridos para
solucionar el problema fueron complementados pasando a la
generación sándwich de un sistema a otro, se
decidió que estos ciudadanos perciban una
"compensación de cotizaciones" que consiste en transformar
los aportes ya realizados en una deuda del Estado que se registra
y contabiliza en sus cuentas individuales
especiales.

Se estableció el marco legal que permite realizar
la Compensación de Cotizaciones. Utilizando
una fórmula para, en base a los descuentos realizados a
los salarios de los afiliados aportados al sistema de reparto,
poder calcular la suma de dinero que el
Estado abonará a las cuentas individuales de esas personas
en cuanto se jubilen, usándose estos fondos para engrosar
sus rentas, o sea ya no es dinero de los trabajadores
perdido.

No significa que tengan garantizada la
Jubilación, sino que con el sistema de reparto se
necesitaban 180 aportaciones, correspondientes a quince
años laborales, además de los requisitos de edad de
50 años para las mujeres y 55 para los varones (ahora son
necesarios 65 años), con esto se tendría acceso al
70 % del salario que
percibían. La compensación de cotizaciones reconoce
el 42 por ciento del salario que ganaba. Pero para lograr el 70
por ciento necesario que le permitiría jubilarse, se
requieren 10 o15 años más de trabajo. Y
para jubilarse con el 42 por ciento de su salario necesita
esperar que pasen otros 15 años, hasta cumplir los 65
años.

Esta medida tuvo su origen en la necedad del Gobierno de
no asumir el real costo de la Reforma, ya que para las 400.000
personas en esta situación el fisco debería gastar
460 millones de Bs. o sea 54 millones de dólares, y eso
sin haber contabilizado aún a las personas que en momento
de la Reforma no estaban inscritos o desempleados, así
como a los ciudadanos que emigraron a otras países, o a
los que viven en zonas casi inaccesibles del país. El
déficit fiscal por la deuda interna suma y sigue, el
expresidente Carlos Mesa, en su primer mensaje a la
nación, advirtió de que la deuda interna paga
intereses superiores a los que se tienen por la deuda externa, y
los impuestos que recauda el Estado no llegan a cubrir gran parte
de esos compromisos. Pero eso no es todo, aún viene lo
peor, cuando los trabajadores comiencen a jubilarse bajo el nuevo
sistema

Como ambos sistemas son tan diferentes en su
concepción, sucede que la compensación de
cotizaciones tiene dificultades procedimentales necesarios, como
ser: Haberse afiliado o abierto una cuenta en una AFP,
cuánto le corresponde a las nuevas cuentas individuales,
la llamada "densidad de los
aportes", o sea el dinero que
el trabajador había aportado, y el último nivel
salarial que percibía en 1996.

La Ley de Reactivación Económica
estableció dos procedimientos de
compensación. El primero de ellos es llamado
"automático", y se aplica a todos los afiliados a la
base de datos
del Ministerio de Hacienda, que son aproximadamente 250 mil. El
otro procedimiento es
llamado manual,
por no estar en la base de datos los
aspirantes deben proveer documentación y es necesaria, la
verificación de los aportes realizados por el trabajador
por parte de la Dirección de Pensiones. Éste
trámite es un remanente de cómo se hacía
normalmente cuando un trabajador solicitaba su jubilación.
En ésta situación hay alrededor de 100.000 personas
que junto con las que no se inscribieron en las AFP, y otras
20.000 que quieren jubilarse con el antiguo sistema y 350.000
traspasadas de un sistema a otro en la compensación, la
deuda del Estado con los FCI para pagar los actuales jubilados
del sistema antiguo conforman el problema del Estado.

Lamentablemente de algún modo la historia de las falencias de
los fondos complementarios tiende a repetirse en el SENASIR, el
daño a
quienes propugnan el sistema de responsabilidad del Estado miran con
preocupación la tendencia a la corrupción
y a la ineficiencia administrativa pública que parecer
llevar repetidamente al fracaso del sistema solidario, esto es
esgrimido por los privatizadores cuyos sistemas reducen al
mínimo las posibilidades de fraude, por lo
menos las del aportante (dobles planillas, edad, años de
servicio,
evasión, falsificación de documentos,
etc.), y es que esa tendencia al engaño de las personas
que buscan elevar la remuneración de los años
finales, y la aspiración generalizada de ser mantenidos
por el Estado, produce consecuencias graves al noble sistema de
Seguridad Social,
que son criticadas a veces por aquellos mismos que gerentaron el
sistema antiguo en forma tan deplorable: los partidos
políticos que con mentalidad de botín
político y prebendalismo partidario electoral otorgaron a
la teoría
neoliberal sus argumentos y que además sucedía, ( o
puede seguir sucediendo) que los gobiernos utilicen estos fondos
intangibles para aliviar sus perennes problemas de iliquidez e
inversión.

La Jubilación en sí es un proceso
difícil, numerosos motivos hacen un calvario para los
prejubilados llegar a disponer de su pensión ya que no
saben cuánto tiempo
deberán subsistir sin ingresos pues los trámites
deberían durar 90 días pueden demorar 2 a 5
años, tiempo bastante largo para a ésa edad no
tener de que vivir, por lo que se logró tratar con el
gobierno el pago de 1.056 bolivianos mientras duraran los
trámites. Además del siempre presente fantasma de
la corrupción, la mala atención va de la mano de la
desesperación complementada de varios motivos:

Las deudas empresariales, (más de 1000 empresas
debían a la dirección de pensiones, por lo que los
aportes de los trabajadores nunca llegaron al Estado, lo que
deriva en procesos y
búsqueda de datos), la falta de documentos (se exigen
aunque las empresas ya no existan por lo que a veces es una
intención imposible) la burocracia y
falta de tecnología (desde la
utilización de carpetas manuales,
sólo el tras paso e fondos a las AFP ha generado un base
de datos, pero aún hay un sector de procedimiento de
trámite Jubilatorio que apropiadamente se llama "manual"),
la proliferación legislativa, la politización, la
sobrecarga del despacho, evasión, movimientos
demográficos, la ausencia de una unidad de seguimiento y
verificación, y la distancia que complica el envío
y el contraenvío de documentos a, en especial con el
interior. A esto se le añade el proceso de revisión
y aprobación de las carpetas y la consecuente
acumulación pues se consideró gasto superfluo la
implementación de tecnología, hasta que los 5.000
trámites en curso se transformaron en 29.000.

Un tema de difícil solución, más
aún cuando los propios trabajadores reclaman por la
anulación de la Ley de Pensiones y el fin del sistema
privado de las Administradoras de Fondos de Pensiones,
administradas por capitalistas españoles. (los garantes de
las AFP son las firmas Invesco, Argentaria y el Banco Bilbao de
Vizcaya).

También son importantes los grupos de
trabajadores marginados de la Seguridad Social, cada vez
mayoritarios en nuestro país (informales, desempleados,
subempleados, independientes etc.) y que el libremercado
considera simplemente mercados
inapropiados, o al máximo muestra
interés por los que puede considerar "pobres rentables",
ignorando totalmente a los que considera "pobres no rentables"
sin ninguna oportunidad, contra el sentir de la Seguridad Social
se ha pasado de una política priorizaba la oferta
prestaciones a otra que se centra en las aportaciones que al fin
y al cabo los consideraba sectores marginados por la falta de
relación obrero patronal que les impedía ingresar
al sistema. No hay otra posibilidad contra la exclusión.
Ni siquiera se considera el problema de los desocupados
o la posibilidad de establecer un sistema de pensión
universal que no requiera aportación de los interesados,
que se financie con el producto de
los gravámenes y que podría complementarse con un
sistema basado en ingresos así como aquellos que por
el trabajo que
desempeñan tienen características especiales y no
pueden ser enmarcados en la visión actual de pensiones que
es incapaz de implementar una prestación que en otros
países existe, pero que aquí parece impensable: un
seguro por
cesantía que proteja de la grave condición de
desocupación.

Si tomamos como ejemplo de situaciones especiales a los
miembros de la Policía, que en un número aproximado
de 20.000 soldados con un salario de 800 Bs., su aporte del 12.5%
significan 100 Bs. mensuales, o sea por todos ellos 2 millones de
Bs. en un mes y en 15 años serían 30 millones de
Bs. Pero como estos grupos de trabajadores no pueden
desempeñar sus funciones hasta
los 65 años, se verán obligados a desempeñar
otras labores que no comprenden el Seguro Social Obligatorio,
perdiendo su rendimiento, por lo que se deben corregir la norma
estableciendo un nuevo sistema de devolución del capital o de
retiros parciales anticipados con el rendimiento por inversiones.
Además la edad de Jubilación de 65 años es
demasiado alta, debe considerarse los 60 años para los
hombres y 55 para las mujeres, ya que completar 65 años
para la redituabilidad del 70 % es lesivo o un espejismo si a
esto le sumamos que las probabilidades de aumentar la esperanza
de vida con el tiempo disminuyen, no aumentan.

Si un trabajador tuviera la posibilidad de poner su
ahorro en una mutual o banco, o en un sistema de ahorro de libre
disponibilidad, tendríamos un concepto
más cercano al concepto de ahorro individual. Pero los
sistemas de previsión privado consideran al individuo como
un inversor (no un ahorrista) de su propio capital humano,
justificando así las incertidumbres del futuro de su
capital, por lo que trabajan concluyentemente con la
irrevocabilidad de las aportaciones. Los conceptos entre ambos
sistemas son tan diferentes técnica y administrativamente,
que si bien la medicina
social no busca superávit, y si lo tiene
rápidamente debe reinvertirlo en servicios hasta abarcar a
toda la comunidad, los sistemas privados buscan la eficiencia para
la competitividad
interna, bajo reglas rígidas de inversiones, manejo de
recursos y otros en la medida de su organización y bajo el control de la
Superintendencia.

Los principios de
ambos sistemas son también diferentes: mientras la
Seguridad Social tiene como fin redistribuir la Renta Nacional y
preservar la calidad y el
riesgo de la paz social nacional, el sistema privado busca
cumplir el contrato de
contingencia que ha hecho con su contraparte, pero su fin macro
es generar cantidades de capital mediante el ahorro forzoso y
buscar lucro para sus accionistas empresarios, lo que
conciencialmente es justificado y legítimo en la actitud
capitalista. Es necesario además establecer procedimientos
por los cuales los aportantes participen en la gestión de
sus recursos, aunque sea en forma consultiva, pues aunque no son
copartícipes capitalistas de la empresa, son
afiliados y se manejan sus aportes, además esto es
permitido en muchas modalidades empresarias, aunque sea en forma
consultiva; también podía hacerse desde el interior
de la AFP.

Según el Artículo 9º del reglamento
de la Ley de Pensiones, el capital que cada persona aporta luego
de una vida laboral (durante
20, 30, 40 años) incluyendo intereses correspondientes
será transferido en su totalidad a nombre de la entidad
aseguradora o AFP correspondiente con la que el afiliado hubiera
firmado el contrato de pensiones. .

Esta situación es reiterada en el artículo
16, que en su inciso "d" señala:

d.)…será financiado con la totalidad del
capital acumulado en la cuenta individual del afiliado. Este
saldo será transferido en su totalidad por la AFP como
prima única a la Entidad Aseguradora con la que el
afiliado suscribió contrato de pensión o a la
cuenta de mensualidades vitalicias variables de
la AFP que corresponda. Una vez firmado el contrato de
pensión y transferido el capital acumulado en la cuenta
individual éste pasará a formar parte del patrimonio de
la Entidad Aseguradora o de la Cuenta de mensualidades vitalicias
Variables.

O sea que el aporte del trabajador de un porcentaje
elevado de su magro salario que forma un capital acumulado por
años, prácticamente se pierde, pues es transferido
a las AFP o a las compañías de seguro como una
prima por anticipado de la renta que le va a reconocer. La renta
en este modelo, es en
realidad solamente el interés que rinde ese capital
acumulado.

En cuanto al capital éste pasa a ser patrimonio
de las compañías de seguros quienes entregan como
renta al asegurado el rendimiento del interés de dichas
sumas acumuladas en la vida laboral, y aunque ésta entrega
se suspende un vez que fallece el asegurado, la
compañía de seguros aun se queda con el capital y
también con los intereses que continúe generando, o
sea la redituabilidad del mismo. De este modo, esta
capitalización parte del derecho de
propiedad de la administradora sobre el aporte, sin ninguna
disponibilidad para el aportante, aún después de
muerto. Al tiempo de Jubilarse la administradora en un acto
patriarcal cuidando estos dineros de una posible
"dilapidación irresponsable" le entregará este
seguro vitalicio en cuotas para sobrevivir, y mientras viva nunca
dispondrá del capital acumulado, aunque alguna vez haya
sido su esperanza.

Los principales beneficiados con el sistema son los
gobiernos (que de un modo u otro disponen de estos fondos) y las
AFP que cobran por el manejo de las aportaciones el 0,5 %, que
hasta marzo del 2000, significó 23 millones de
dólares, de este modo los trabajadores pagan por el dinero
que entregan para que las compañías de seguros
hagan inversiones, ésta comisión debería
estar inmersa dentro de las utilidades de la inversión, o
sea de los intereses que generan, y no salir del sueldo de los
trabajadores. O sea que aquí apreciamos que el nuevo
sistema de Pensiones no tiene nada en común con el
antiguo, es totalmente diferente de ahí que quizás
se genere confusión en los pensionistas, el antiguo
sistema cultiva la solidaridad, éste el individualismo, el
antiguo sistema era un fondo de ahorro, el nuevo más bien
se parece a la compra de un seguro en el que si el individuo
tiene "la suerte" de utilizarlo recibirá un beneficio
(como en el caso de un accidente del SOAT), si no su aporte se
pierde, así ahora se apuesta llegar a los 65 años,
y a partir de ahí se apuesta a cuánto se sobrevive,
las posibilidades aún se extienden más allá
¿será que los fondos existirán en el
futuro?, es también posible que no, pues si bien se
argumenta la efectividad administrativa del sistema privado sobre
el control estatal, nadie puede garantizar seriamente el
resultado, pues lo que precisamente caracteriza a los negocios en
los mercados de capitales es el riesgo y la inseguridad de
los efectos macroeconómicos de una gran acumulación
de capital, inflación o una eventual baja de
intereses entre otros.

En todo caso si los capitales se pierden,
¿quién se perjudica?, los aportantes ya traspasaron
sus dineros acumulados al patrimonio de las AFP, quienes cobraron
una comisión por su manejo, el problema quedará
para el Estado y sus disposición a otorgar un estipendio a
los jubilados con la esperanza de que no sobrevivan
mucho.

Cuadro 7.– Ingresos por aportes al
nuevo sistema entre mayo 97 a mayo del 2000 en millones de
dólares.

Como Riesgo Común, se comprenden las enfermedades y accidentes que
suceden fuera del trabajo, éste aporte laboral del 2%,
generó hasta Marzo del 2000, 80 millones de dólares
(Cuadro 7), sin contar los intereses, y su finalidad era la de
que las AFP contrataran los servicios de salud necesarios para la
atención del beneficiario aportante. La misma figura se
presenta para los riesgos
profesionales, o sea aquellos que suceden dentro del trabajo, y a
las que también las AFP consideran que corresponde atender
a los seguros que atienden la enfermedad, sin embargo esto
además de vulnerar el artículo 31 inciso m.) de la
Ley: "Son obligaciones
de las AFP contratar los servicios de salud necesarios
hasta la recuperación de los afiliados que sufren
enfermedad y accidente profesional, o hasta que sean declarados
inválidos permanentes y definitivos", de no cumplirse
ésta disposición los aportes por riesgo
común y riesgo profesional no tienen sentido. Aunque la
Ley ya tuvo una modificación intencional antisolidaria.
Como se señala en el pie de página 39 en que este
artículo es "derogado por el Artículo 27 numeral 2
de la Ley 2064 de RE 2. ARTICULO 31º. Se deroga el inciso
(m) con lo que esta aportación deja de ser aplicable a la
atención se salud por lo menos en casos prolongados o
crónicos, sin embargo los incisos k y l establecen la
contratación y pago por servicios médicos, pero en
su definición de "ente gestor de salud" médica
comprende también la privatización de los servicios de
atención médica.

Al respecto el Código
de seguridad Social, aún vigente y el D.S. 21637,
confieren a la Caja la
administración de los regímenes de enfermedad,
maternidad y riesgos profesionales a corto plazo, y le da al
riesgo común condición de siniestro especial,
motivo por el que precisamente se creó en la Ley de
Pensiones el Seguro del Riesgo Común con el aporte
económico antes señalado del 2% para ésta
contingencia. Incluyendo la invalidez que en riesgo común
tienen rentas mínimas.

En el caso de riesgos profesionales. Las AFP se hacen
cargo del pago de los rentistas (140.000), quienes son en su
mayoría mineros (Cuadro 8) con limitada expectativa de
vida, al contrario del sistema de recaudación del 2%, por
lo que también debe pagar a las cajas por atenciones e
otras enfermedades crónicas cada vez más emergentes
y dar las prestaciones de rehabilitación, ortopedia y
readaptación personal, cuyos
altos costos las cajas
actualmente asumen, sin recibir nada de los montos antes citados.
Además, estos fondos deberían estar en cuentas
especiales.

Cuadro No.8
Tomado de la SPVS Memoria anual del 2002

La realización los pagos por pensiones de muerte
e invalidez por Riesgo Común a afiliados al SSO, al igual
que en el anterior caso, las compañías de seguros
Provida y La Vitalicia, pagaron durante la gestión 2002
aproximadamente 45 millones de bolivianos a 1.910 beneficiarios
mensualmente, acumulándose desde la gestión 1998 al
2002 cerca de 93 millones de bolivianos y correspondiendo la
mayor parte de los pagos en el denominado eje central: La Paz
32%, Santa Cruz con el 20% y Cochabamba 26%, totalizando el 78%
del total.

El Artículo 35 de la ley de Pensiones especifica
que no puede haber exclusividad de AFP, aunque por supuesto los
monopolios están prohibidos por la Constitución Política del Estado las
normas y los
contratos de
administración se refieren ambiguamente a
"áreas de exclusividad de cada AFP y en el territorio de
explotación común" o al destino por años de
nacimiento, la Superintendencia de Pensiones, debe mantener la
competitividad. En mayo del 2002 venció el periodo de
exclusividad de las Administradoras de Fondos de Pensiones,
abriéndose el mercado para el ingreso de una tercera AFP.
Se procedió a normar el procedimiento para el otorgamiento
de Licencias a las AFP, y se dio inicio a través de
Licitación Pública Internacional al ingreso de una
nueva AFP. Sin embargo la licitación fue declarada
desierta ante la inexistencia de interés de empresas
extranjeras. En realidad no se debe dejar de percibir las
ventajas que nos pudiera otorgar el libre mercado, la mejor
oferta y la demanda, la libre competencia, pero
en varios países latinoamericanos existen múltiples
administradoras de fondos de pensiones, (cuadro 9) reguladas en
la veracidad de su marketing

Cuadro 9
Números de Administradoras de fondos de pensiones en
algunos países

Algunos otros ajustes de la actual Superintendencia de
Valores y seguros deben ser tomados pues menoscaban su propia
estructura y
disminuyen la fuerza de su
sistema entre ellos: existe una relación entre
capitalizadas y AFP (fondo de capitalización individual y
fondo de capitalización colectiva) inexplicable, Sin
ninguna ley las AFP designan personas para representar en los
directorios a los bolivianos, frecuentemente a profesionales con
potenciales conflictos de
intereses al haber pertenecido a las capitalizadas
cuestión delicada más siendo un tema que puede
ingresar en cualquier momento en agenda política.
También está el hecho técnico de que las
SOCAS Sociedades
capitalizadas con inversiones paritarias (1+1= 2) producen
dividendos más bajos que además deben ser
repartidos entre dos.

Las acciones deben
ser medidas no en la bolsa boliviana de valores, sino en la
internacional, el artículo 305 establece la
inversión en bonos del TGN, con el fin de que este obtenga
fondos para el pago de las rentas, de este modo para el pago de
las rentas, y por un período no mayor de quince
años los aportes deben ser invertidos por las AFP en
títulos valores de largo plazo (bonos) emitidos por el
TGN, realizando ésta inversión del "Mercado del
Ahorro Voluntario" en el "Mercado Primario Local" . Sin la
fiabilidad de la bolsa internacional, queda la duda si
ésta cantidad en los años fijados podrán ser
pagados por un gobierno, si la compra se mantendrá en el
ámbito nacional, y también se desvirtúa el
principio de la Ley de Pensiones que pretende tener la esencia de
la inversión con probada rentabilidad y que esos recursos
sean invertidos en cumplimiento de planes sociales.

Tampoco se practica uno de los principios de las
políticas públicas, el IEC,
(información, educación y
comunicación), de modo que no se estimula una cultura de
previsión entre los jóvenes ni se estimula la
decisión de los individuos en el ahorro, o programas de
orientación previos a la jubilación que incluyan
información sobre las consecuencias financieras de la
jubilación.

El superintendente de pensiones, valores y seguros, Lic.
Guillermo Aponte Reyes Ortiz en una entrevista (El
Deber, 13 de Febrero del 2005), señala que no se
está utilizando los aportes a las AFP para pagar el
Bonosol, pero que sí se están comprando acciones de
las empresas capitalizadas, de las que ahora somos dueños
los 870.000 aportantes (pero, ¿acaso los aportes no
pasaban a ser patrimonio de las AFP o acaso la
Capitalización gozará siempre de buena salud
política y financiera?), lo cierto que con eso se
completó el pago de 90 millones de dólares del
Bonosol, un programa que
más allá de sus características, vuelve a la
mesa de discusión con cada gestión Gubernamental,
aunque el se estime que el año 2060 se extingan por
razones naturales los beneficiarios de la Capitalización.
La medida como explica el Lic. Aponte, no es difícil de
tomar por los gobiernos, pues estos no ponen ni un centavo o sea
que podemos decir que aunque el Bonosol es una política
económica redistributiva que llegó a 470.000
personas el primer año se estima que llegarán al
millón, no es gracias a las finanzas estatales
paternalistas. Las AFP se verán cada vez más
comprometidas a financiar la Reforma por la falta de recursos del
Estado.

Evidentemente esta actitud además de ser posible
es repetitiva ya que en pasado contrajeron contratos con la
entonces Superintendencia de Pensiones (hoy Superintendencia de
Pensiones, Valores y Seguros) y debieron negociar con el
Gobierno, antecedente que establece que no hay ninguna
garantía de que en el futuro no existan otros cambios en
el pago de los beneficios de la capitalización, ya que
existe una cláusula que da vía libre a cualquier
ajuste que el Estado considere necesario aun sin el
consentimiento de los accionistas (más bien de los
beneficiarios, ya que traspasaron sus fondos a patrimonio de las
AFP). La cláusula 24ta. del contrato dice: "Cualquier
estipulación del contrato puede ser modificada, enmendada
o complementada mediante un acuerdo escrito entre la
Superintendencia y la AFP o, si corresponde, entre la
Superintendencia y la AFP, los titulares de la
participación comprometida y los garantes", añade:
"Cualquiera de las partes del contrato podrá en cualquier
momento solicitar que se sostengan discusiones para revisar la
ejecución de cualquier estipulación del contrato y
sin ningún compromiso, determinado si debería ser
modificada, enmendada, corregida mediante acuerdo mutuo, o
condiciones que, de no existir dicho acuerdo, las estipulaciones
del contrato, según su última modificación,
si fuere el caso, continuarán ejecutándose en los
términos y condiciones ya previstos ".

Un ejemplo de que esas modificaciones pueden ser
efectuadas son las metas establecidas en el contrato para las
gestiones 1998 al 2001, que dicen que las AFP "deberán
pagar el Bonosol a beneficiarios que, en conjunto, representen el
número menor entre 116 mil o el 90 por ciento de la base
de datos del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC)
actualizada al 31 de diciembre de 1997.

El número de beneficiarios que como vimos aumenta
cada año, también ha cambiado según la
óptica
de los gobiernos, como fue la promulgación de la Ley PCP
determinando entre otras cosas el Bolivida y la acción
popular, y la vuelta de intención proselitista del
siguiente gobierno con la Ley del Bonosol anulando lo anterior,
ya que sólo hace falta que se pongan de acuerdo el
Superintendente de Pensiones, Valores y Seguros y las AFP. Las
AFP tienen la obligación, según el contrato, "de
pagar los beneficios correspondientes al FCC (el Bonosol, luego
Bolivida y Acción Popular) exclusivamente con la liquidez
generada por la administración de los recursos de dicho
FCC, efectuada en conformidad a la Ley de Pensiones, reglamentos
y el contrato, pero la AFP no tiene la obligación ni
función de generar liquidez en el FCC, por medios
diferentes a los expresamente permitidos por las norma, si
así fuera ¿Para qué se procedió a
desprender las empresas rentables estatales bolivianas
pretendiendo fortalecerlas al capitalizarlas?.

Empero, el monto que lograron las AFP como resultado de
la administración del FCC fue insuficiente para cubrir los
gastos de los beneficios de la capitalización en 1997, lo
que hizo que el gobierno del MNR obligue a las entidades a
endeudarse para pagar el Bonosol, en un compromiso más
bien demagógico, algo que no estaba contemplado en el
contrato. La falsa expectativa de que la rentabilidad de las
capitalizadas produzca utilidades del 12%, nunca se
alcanzó, pero arrojó sombras, especialmente sobre
el futuro de los jubilados.

De acuerdo con los datos del gobierno, las AFP asumieron
una deuda de 50 millones de dólares para cubrir el pago
del Bonosol en 1997, a una tasa de interés del 11,5 por
ciento. Ese monto tuvo que ser cancelado a lo largo de los tres
últimos años con los dividendos logrados por las
empresas capitalizadas entre 1998 y 1999. Otra de las facultades
que otorga la Ley de Pensiones a las AFP es que pueden decidir
libremente la venta de las acciones de las empresas capitalizadas
para garantizar el pago de los beneficios de la
capitalización. ¿Quién asegura un buen
futuro económico a la Reforma y a las esperanzas de los
Jubilados?

Sin embargo, esta opción no fue aplicada porque
no todas las empresas están inscritas en la bolsa, es
más casi no hay interés del empresariado de
embarcarse en este sistema, y por cierto deben tener sus razones,
(Cuadro 11) ya que además de desconocerse el valor de
mercado de las acciones, las AFP pueden valuar las acciones de
las empresas capitalizadas "de conformidad a la oferta adjudicada
en cada proceso de capitalización, hasta que transacciones
significativas establezcan un precio de mercado de acuerdo con
las normas reglamentarias".

A ello podemos añadir la presión
política para evitar la venta de las acciones, pues desde
los inicios de la Capitalización ventas de las
empresas nacionales en un principio, la venta fué a precio
de "gallina muerta".

Lo que indudablemente en algún momento va a
regenerar la recuperación de estos recursos por
presión social y popular nacionalista, por el momento
representantes políticos nacionales no han permitido la
colocación de un candado que evita estos cambios
constantes, que aunque generan desconcierto en la población y dudas de los beneficiarios de
la capitalización, son soberanos. Muchos de los problemas
económicos sociales deben ser buscados sus orígenes
fuera de las fronteras nacionales.

Cuadro 10 La razón
13.I.2006

Cuadro No 11 Las recaudaciones
aumentaron promedio año del 19,48% desde 1997, acumulando
7.468 millones de Bs. a diciembre del 2002, sin embargo las
empresas inscritas disminuyeron por la compensación de
cotizaciones.

El Superintendente señalan que el FCI supera los
1.615 millones de dólares, (Cuadro 12) una buena
expectativa por la que se creó para que como ahorro puedan
ser aplicados en inversión y desarrollo
Nacional, pero algo de las muchas cosas que como vimos a lo largo
de este análisis no fué previsto
en

la visión de la Reforma, se hizo presente, ya que
en este caso no hay la reacción de la empresa privada
nacional que permita ofertar los instrumentos bursátiles
cumpliendo los requisitos para financiar estas inversiones con un
margen de seguridad .

Actualmente destinan un porcentaje importante de sus
recursos a la compra de bonos del TGN, y a la adquisición
de bonos voluntarios emitidos por el Banco Central de Bolivia
debido a las carencias de instrumentos bursátiles,
sólo hay 80 empresas nacionales en el mercado de
valores, cifra minúscula comparada con los 18.174
empleadores cuyos trabajadores aportan a las AFP, lo que
señala que hay poca confiabilidad en el sistema,
aún con las ventajas de financiamiento
a largo plazo, las bajas tasas de interés y la
rentabilidad elevada.

Pese a que las Sociedades Administradoras de Fondos de
Inversión (SAFI) han superado su monto administrado de 160
millones de dólares, al comenzar la gestión
llegó a colocar 300, aunque puede considerarse una
mejoría, esto señala que uno de los motivos de la
reforma estructural, el coadyuvar en la reactivación
económica del país puede no cumplirse.

Otro servicio que otorga el Fondo de
Capitalización Individual son los retiros mínimos y
el pago de gastos funerarios por Riesgo Profesional y Riesgo
Común. Estos retiros mínimos se los realiza
cuando el afiliado no llega a cumplir con los requisitos
mínimos para optar por una pensión de invalidez o
una pensión de jubilación (por ejemplo un afiliado
mayor de 65 años cuya cuenta individual no ha acumulado lo
suficiente para una pensión vitalicia). El importe
acumulado por retiros mínimos al 31 de diciembre de 2002
alcanza a 17,79 millones de bolivianos

Cuadro 12 Recaudaciones de los
Fondos de Pensiones según registros de la
SPVS

El espíritu de la Reforma parece priorizar las
aportaciones, no las prestaciones: El artículo 14 de la
Ley de Pensiones señala que "Las cotizaciones al Seguro
Social Obligatorio de largo Plazo efectuadas de conformidad a la
presente Ley no constituyen Tributos,
¿Para que desregularlos por ley? Además éste
es un concepto peligroso para abrir las puertas a la
privatización de la salud social de corto plazo cuyos
aportes sí constituyen tributos, por lo que son de
interés del estado. Es necesario también apreciar
lo que sucede en naciones hermanas, y cómo hicieron su
reforma de pensiones en otros países latinoamericanos como
Argentina, Colombia,
Costa Rica,
Perú, Uruguay con
programas mixtos paralelos combinando sistemas de repartos con
individuales, y el tamaño de sus economías
sí les permite establecer marcos legales para el
funcionamiento de multifondos, de modo que el afiliado pueda
elegir si la inversión de sus aportes será en
acciones o bonos de renta fija o variables.

Como epílogo, diremos que si bien el liberalismo
filosófico nos conduce hacia la democracia, el liberalismo
económico lo hace hacia el capitalismo
que en sus formas más agresivas de libre mercado necesita
originar la
globalización.

Este evento histórico particularmente impulsado
en los últimos tiempos, precisa que los competidores se
encuentren en cierta armonía o condiciones de participar
del sistema para que funcione, no se trata de un acto de
ecuanimidad, sino que en las desigualdades se encuentra el germen
del peligro que provoque la crisis del
sistema.

Aunque la historia se detuvo al concebir la evolución de la democracia liberal, la
humanidad está muy lejos de considerarse en igualdad de
condiciones de desarrollo, menos aún desde la perspectiva
del consumismo que en una progresión sin precedentes
aumenta su oferta en las últimas décadas, haciendo
difícil a los pueblos alcanzar el ritmo del desarrollo
tecnológico. Aunque sus conocimientos ancestrales les
hayan permitido vivir en armonía con la naturaleza durante
milenios, un "atraso" de décadas le crea un universo de
necesidades que desde nuestra perspectiva modernista los
encasilla en el nuevo apartheid social: la
exclusión, o en una nueva categoría perversa:
la pobreza,
como consecuencia de preferir una buena administración
privada aún a costa de un mal impacto popular.

Para Bolivia, el tratamiento privatizante de los social
es una "gran marcha atrás" está fuera del contexto
nacional al no considera nuestro principal fenómeno: La
pobreza, no
tiene sentido establecer un sistema, que instrumente un Estado
con fobia a lo social aunque haga parecer una cosa "natural"
ignorar la inversión en salud social, simplemente
embargando las posibilidades de la mayoría, si se habla de
la década de los 80 como la década perdida, y si
bien a la ciudadanía no le pusieron un arma en la
cabeza para que aceptara, sí se usó
desinformación, y falsedad ideológica que es
éste caso podemos considerarlos un acto ilegítimo,
los gobiernos neoliberales parecen empeñados en hacernos
perder décadas de progreso, en una era que como la actual
los vertiginosos avances
tecnológicos y culturales hacen de los años un
factor decisivo del desarrollo de los pueblos, para los cuales
hay que preparase para enfrentar los costos humanos y de recursos
de los mismos pues de no tener ésta visión en
pensiones, nos espera en el futuro un país con un
millón de adultos en la indigencia..

La Ley de Pensiones además es hecha tan fuera del
contexto nacional, y de nuestra dinámica
demográfica, que no sólo no afecta sino que
además perpetúa y acentúa una grave
situación que nos lleva a un círculo vicioso letal
(Fig. 10) ya que un sector mayoritario de la población,
nada menos que las tres cuartas partes, está doblemente
afectada, no sólo está excluida de la asistencia
médica que otorga la seguridad social y por tanto gravita
alrededor del Estado, que cubre materialmente deficientemente
(cuando lo cubre), y por otro lado esta gran mayoría de
seres humanos, nuestros conciudadanos está desamparada
contra las contingencias de invalidez o el desempleo, aunque
sean jóvenes, y con seguridad en la senectud.

A esta Ley no le importa mínimamente el desamparo
total en que se encontraren no sólo del individuo, sino de
grupos familiares completos y quizás de todos los
bolivianos, pues directamente se ignora el efecto social y no se
plantean asistencias alternativas que en realidad deben ser
prioritarias, la OIT define como "asistencia social" al "servicio
o régimen que otorga prestaciones a las personas de
escasos recursos, por derecho en cantidad suficiente para
satisfacer normas mínimas de necesidad, se financia
mediante la imposición fiscal.", naturalmente su
evolución es a ser reemplazada por seguridad
social.

Otros elementos del debate, hacen notar que nuestro
país parece no haber completado la evolución que
tuvo la seguridad social hacia un derecho subjetivo desde los
conceptos de caridad y beneficencia social cuando la persona es
fuente de necesidades insatisfechas, que se acentúan
más en cuanto el sistema se hace más irreconocible
de lo que era a causa de sus cambios y deterioro en su favor que
sin importar el peso de sus antecedentes, se prefiere establecer
que no todo lo socialmente deseable es económicamente
posible, cayendo en la pereza de actitud que no se puede hacer
mucho más, cuando en realidad si se debe llegar más
allá, pues en la medida que logremos bienestar no debemos
dejar de reconocer nuestro grave índice de pobreza. Es de
notar que se ha reconocido entre los riesgos
contemporáneos a calamidades como calentamiento
global, sequías, violencia,
desempleo, inestabilidad social, terrorismo,
hiperinflación, migraciones desordenadas,
la muerte, y
otros entre los que se encuentra cerrando la lista, el costo
de las transiciones económicas (enciclopedia
Larousse). Otro golpe contundente para el país.

Se ha creado un ambiente
pesimista, sostenido en el argumento de que el sistema de reparto
no tiene garantías financieras, y todo con el fin de
sustituirlo con el sistema privado, error que nos llevará
a más sectarismo y exclusión, pues es conocido el
hecho de fondo que sin un continuo desarrollo de la sociedad y la
economía nada puede funcionar bien, ni siquiera los
sistemas privados.

Así vemos que los argumentos de un prometido y
seguro sistema estable individual, no son ciertos, recordemos el
premio Nóbel de Economía 2001 J. Stíglitz,
quien nos demostró la asimetría de la
información económica. Las contingencias que puede
sufrir una persona y sus familia
tendrán un impacto económico negativo si la
protección no es parte de su vida, de acuerdo a esto, en
el ambiente Europeo, lo público tiene grandeza y es lo
confiable, y más bien lo privado puede tener el concepto
de sospechoso, o sea que necesariamente, no es mejor lo privado
que lo público, inclusive en Latinoamérica no todos los países
mantuvieron el camino de la capitalización del ahorro
individual, algunos como Brasil
prefirieron ser mas solidarios estableciendo sistemas mixtos de
reparto, amparando a las muchas personas sin capacidad de ahorro,
y abriendo las puertas a la posibilidad de la protección
universal social de sus habitantes, manteniendo el Estado su
tutela.

En otros sistemas más experimentados, como en la
Unión Europea, se mantiene la cultura por lo
público explorando los sistemas privados sólo como
una opción complementaria para mejorar la seguridad
individual. Pero no podemos ver primero el financiamiento y
después recién a las personas, ya que nuestro
objetivo son
los ciudadanos en primer lugar, por lo que las discusiones
financieras deben ser dirigidas hacia cómo lograr hacer
efectivo el ingreso de todas las personas al
beneficio.

Aunque nuestra seguridad social tiene una fuerte
dependencia de la relación obrero patronal, en realidad la
necesidad de las personas es independiente de sí se
encuentran en el mercado formal o informal, en el sector urbano o
en el rural, o si están en edad laboral o no, en la
práctica la persona parece no ser importante antes de
iniciar su vida laboral, y después de terminarla, lo que
es un absurdo, es necesaria la flexibilidad de los medios que
busquen una meta más amplia, que parta del reconocimiento
de un derecho para todos, que se considere unas Política
Nacional que con claridad busca invertir en dar oportunidad a las
personas, las mismas que considera sus potenciales sociales
sostenibles, inclusive se reconoce el potencial de las personas
con discapacidades y de quienes por motivos de su edad
también pueden aportar a la sociedad y al mercado, y si
algunos no pueden llegar a esto por lo menos buscar la grandeza
de proporcionarles seguridad y dignidad. En
realidad está fuera de discusión el beneficio que
la
educación y la inversión en la persona tiene
sobre la economía acrecentándola.

En lugar de pretender un sistema como el nuestro, en el
que las personas jubiladas se presenten como un grupo que
recibirá un estipendio mensual controlado sin reconocer
sus capacidades, se debe llevar el concepto de que su
envejecimiento natural una persona debe conservar su independencia,
y más bien en lugar de aislarse, tiene que ampliar su
participación social, al tiempo que prolonga su vida
útil. Lo contrario, inclusive la incapacidad o la muerte
del anciano conlleva un hecho que también suele ser
relegado, y es que su fallecimiento o deterioro físico o
social también puede influenciar en la calidad de
vida de generaciones más jóvenes, un hecho
conceptual secular es que el núcleo familiar debe estar
compuesto por tres generaciones, por el importante apoyo que
otorgan los mayores en el apoyo y crianza de los más
jóvenes, en especial en los países no desarrollados
donde la muerte o emigración de los padres sumerge en
profundos conflictos a los nietos que deben ser criados por los
abuelos, aquí aparece otro fenómeno no tomado en
cuenta, que es que los beneficios de la seguridad social
intergeneracional, conllevan también beneficios
intrageneracionales, mejorando la distribución y la oportunidad.

No es posible entonces medir la seguridad social en
cuanto a costos para el Estado, por muy alto que éste sea,
las consecuencias futuras de no proteger s a sociedad son mucho
más costosas, para comenzar el aumento de la pobreza, la
misma que de por sí ya nos es muy difícil de
disminuir, por no decir de vencer, y en la que siempre nuestros
habitantes serán seres vulnerables, luego esto nos lleva a
un fenómeno que hoy en nuestro país ha creado
condiciones políticas graves, como es la exclusión,
y de la que se supone que mucho más de la mitad de los
bolivianos no podrán salir de ella durante su vida, ellos
al estar en ésta situación no pueden desarrollar y
aportar su potencial al país al estar durante todas las
etapas de su vida ahogados por la falta sus necesidades
básicas , no tener acceso a bienes,
servicios y derechos.

Si no hay una apreciación objetiva, los recortes
estatales en servicios sociales y de salud generarán
posteriormente más gastos para el Estado, como solicitudes
de aumento salarial, jóvenes sin haber tenido las
condiciones para desarrollar capacidades para ser el capital
humano de un país, desempleo y pérdida de capital
social, pues las familias pobres sólo pueden esperar ayuda
del Estado, y si éste deja de hacerlo no podrán
tener sostenibilidad, y ellos perderán confianza en
valores como la confianza en la sociedad cuestionándola.
Estos fenómenos además tienen carácter
acumulativo afectando al final la democracia, ante lo que
aparecerán planteamientos de extremismo político.
El gobierno que quiera ignorar la inversión social con
fines de ahorro, comete un acto increíblemente
inconsciente y negligente. Somos un país pobre, y no
podemos dejar de priorizar el desarrollo social, la pobreza
sólo se puede combatir con inversión en el
área social.

La capitalización individual, agravó
además la exclusión, ya de por sí nuestra
Seguridad Social estaba conceptualizada únicamente para
las personas con relación obrero patronal, como la
industria no
es uno de los fuertes nacionales, dejaba afuera a las personas
que se buscan la vida como pueden y los cataloga como "grupos
difíciles de asegurar", estos grupo sin embargo son la
mayoría nacional, es más provienen del propio
ambiente de pobreza en que se hallan sumergidos, y donde estos
conceptos parecen querer mantenerlos , sabemos que en un
país pobre, más aún uno afectado por el
neoliberalismo
que inhibe el Estado aumentan los informales, los por cuenta
propia, ocasionales, independientes, domésticos,
desempleados, subempleados temporales , campesinos y otros. Ellos
no han tenido la fortuna de pertenecer a un sistema empresario o
estatal donde en realidad la diferencia está en que es
más fácil afiliar y recaudar las
contribuciones.

En éste caso esa es la diferencia fatal entre
formal e informal, y es donde nuestros gobiernos debieron
concentrar sus esfuerzos. Es interesante que haya sido más
fácil implementar seguros no contributivos como el de
Vejez y el Materno infantil, de indudable utilidad e
impacto, pero queda el gran desafió de aumentar la
cobertura de la afiliación, de ser posible comenzar a
establecer un marco legal de afiliación obligatoria o
voluntaria.

Una pregunta que quedó pendiente en Bolivia, es
si existieron opciones para la Reforma, es decir si se pensaban
hacer cambios, que opciones habían, en realidad nos
encontramos con que hubo una crítica
unilateral contra el sistema público, exaltando los
beneficios del sistema privado, entendiendo por sistema
público aquellos en que el monto de las contribuciones
pueden ser variables, sus prestaciones son establecidas, su
régimen es de reparto o capitalización parcial
colectiva y su administración es pública, se
entiende como sistema privado aquellos que tiene su aporte
definido, sus prestaciones no están definidas, su
capitalización es individual y lo administran sistemas
privados, se supone que éste último sistema es
conlleva un incentivo de seguridad personal que hace que el
contribuyente sea un afiliado entusiasta y puntual pues es
propietario de su cuenta individual, pero en Bolivia, sus aportes
pasan a ser patrimonio de la administradora, que les
devolverá solo los intereses, como ya
mencionamos.

Lo cierto es que se hace creer que todos los
países diligentemente implementaron estos sistemas
privados, lo que no es cierto, (cuadro 13) ya que se
entendió que las Reformas estructurales de pensiones son
aquellas que o bien sustituyen un sistema público de
pensiones por otro privado o también pueden crear un
sistema privado que compite con el sistema público en el
que también puede haber un sistema complementario
coadyuvando al sistema público. Otro tipo de Reforma
propuesta, aunque en nuestro país no se mencionaron, son
las paramètricas, Reformas paramètricas son
aquellas que mantienen el sistema público mejorando sus
aspectos financieros y administrativos a largo plazo con las
medidas necesarias como ser modificando los cálculos, las
edades de retiro, estableciendo prestaciones y otras, hasta el
2003 doce países de Latinoamérica habían
aplicado reformas estructurales de pensiones, pero otros
habían preferido las reformas paramètricas. Otros
estaban en consideraciones entre ambos sistemas. Los
países que acometieron las reformas estructurales,
nosotros entre ellos, sufrimos hoy las consecuencias de dicho
entusiasmo.

Cuadro 13 diversas
preferencias de países ante las opciones de las
reformas

Estando los bolivianos ante una nueva
Constitución, no podrá dejar de considerarse que
cuando un ciudadano tenga su vida en riesgo ante lesión o
amenaza el Estado deberá proteger inmediatamente el
núcleo esencial del afectado y reconocerle su
carácter sagrado, ante lo que resultará violatorio
que se antepongan intereses de carácter económico
en la conservación de la vida y el respeto de la
dignidad humana, ante la necesidad de recibir atención de
salud para conservar su existencia.

Estos derechos el Estado debe materializarlos a
través de la
organización de un sistema que responda a las demandas
de atención de salud que se hagan en la comunidad, pues la
salud pasa a ser un servicio que además de derechos
fundamentales genera derechos prestacionales a través del
sistema de servicio de salud mediante un desarrollo de los
aspectos técnicos, económicos, legislativos y
políticos, inclusive genera derecho subjetivo, aplicado
mediante la acción de tutela, y garantizar a todos los
habitantes su derecho a la seguridad social.

La nueva legislación también no debe
permitir que volvamos a tener retrocesos en salud
pública, estableciendo la progresión continua
obligatoria en materia de
salud y educación mediante la priorizaciòn de
instituciones
y procedimientos, dejando amparados los recursos necesarios que
no deberán ser afectados ni siquiera bajo motivos de
reactivación económica., es más aquellos
recursos para la seguridad social, tampoco bajo ningún
motivo deben ser destinados a otros propósitos que no sean
la prestación de salud de los servicios de seguridad
social.

Constitucionalmente ni siquiera deberán
permitirse impuestos sobre el aporte del pago por
capitación. Sin embargo no podemos dejar de considerar dos
fenómenos que en los últimos años
rápidamente han ocupado el escenario nacional, ambos
contradictorios, y aparentemente excluyentes: son el Indigenismo
y las reivindicaciones Autonómicas, ambos tienen sus
propios paradigmas que
entrarán en contraposición, pues su naturaleza son
distintas. Ambos deberán plantearse modelos de
servicio social, si alguno tiene en su visión un concepto
moderno, universal y por tanto incluyente de sus habitantes,
habrá logrado ponerse adelante al mejorar uno de los
parámetros del Índice de Desarrollo
Humano (IDH) un ciudadano sano, y educado impulsará el
camino al desarrollo económico logrando la ventaja de su
grupo, y los pensadores de estas tendencias ya deben estar
tomando para sí este problema, pues no podrán
desentenderse del mismo.

Las numerosas Autonomías Europeas, han tenido
diversas reacciones para asumir la atención de sus
ciudadanos, pero un hecho es evidente, que la prestación
de un servicio a quien lo necesite es mejor otorgado por la
organización administrativa que esté más
cerca, este caso el Municipio o la Región Autónoma,
ya sea en el grupo Anglosajón, Mediterráneo,
Escandinavo (Folkhemmet), Continental u Oriental, dicha
función a despertado ineludible interés
centrándose en las Rentas Mínimas de
Inserción, combatiendo la exclusión, con particular
interés en España, en
los lander de Alemania
(Socialhilfe), Francia
(RMI), en las regioni Italianas y otros.
También autonomías Indígenas, como en
Nicaragua asumen estos retos contribuyendo para no quedar como
mendicantes y asumir así derechos y obligaciones. En fin
contrariamente a la corriente impuesta en Bolivia , en
países con más desarrollo la tendencia es a
aumentar el apoyo social a los sectores necesitados.

Y es que la Seguridad Social no debe ser sólo una
declaración retórica sino una decisión de
Estado. El minimizarla con demagogia puede conducir a actitudes como
la Reforma de Pensiones. El propio Simón Bolívar,
visionario ya en 1838 sugirió el principio de Justicia
Social como rector de las economías nacionales en
beneficio del pueblo, él mismo, en el célebre
discurso de la
Angostura (1819) acuñó el término de
"Justicia Social", luego en 1850 comienza a tomar forma en la
nueva ley de los pobre (New Poor Law) de los Ingleses,
antecedentes que en nuestra era fueron utilizados en la Carta del
Atlántico en 1941 por Franklin D. Roosevelt y Winston S.
Churchill, quien esgrimía el informe Beveridge, de tal
modo que el tema tuvo que estar presente en el New Deal en
el Acta Social (Social Act.).

Si bien en nuestro momento, al elaborar el código
de Seguridad Social, siguiendo el modelo Sueco, que aunque
laborista es de un criterio muy amplio, en éste momento,
es notoria la falta de un proyecto de
Estado Nacional, y la desorientación que esto nos produce
en la sociedad civil al
no existir planificaciones y metas que nos permita tener una
agenda política que implemente la protección
social. El Estado desde que obedece a las relaciones entre las
personas y su capacidad para producir cambios, es dinámico
y perfectible, lo que se logrará en la medida de que
ciudadanos vayan tomando conciencia de sus
necesidades, y tengan la rapidez y la capacidad de generar ideas
y soluciones incluyendo el correspondiente marco legal, para
todos los ciudadanos, no sólo para un grupo, ya que el
desafío actual boliviano es convivir.