Contrarreforma del Sistema de Pensiones y la Ley 1732 (Bolivia) (página 5)

El mismo necesita particular agilidad, pues en algunos
temas como en el caso de la seguridad
social la realidad siempre irá más adelante que
la legislación.

La cultura
legislativa que pretenda adelantarse no debe perder de vista
ésta situación entre la necesidad existente y la
regulación por dictar, por tal motivo no podemos separar
el análisis de la situación social
boliviana con la actitud
política
que hayan adoptado los diferentes gobiernos, la misma que no
difiere mucho en el corto período de recuperación
democrática, que aunque eminentemente capitalista no puede
ignorar la necesidad de satisfacción de sectores
mayoritarios de la población en cuando a equidad, pues
eliminar el Estado
benefactor que tuvo un importante papel en la posguerra
(incluído el new deal) tanto como urgencia como
para lograr el desarrollo
significa no aceptar que en nuestro medio todavía vivimos
una situación similar de emergencia expresada en el
subdesarrollo,
que va creando una sensación en los sectores continuamente
deprimidos de que la democracia
simplemente no les es útil, (especialmente los
indígenas campesinos) abriendo las puertas a pesadillas
ideológicas cuya acción
política pone en riesgo el
Estado mismo,
o sea que Bolivia no
puede prescindir displicentemente del Estado Benefactor, pese a
las dificultades economicistas de su ejercicio, ya que aunque se
pretenda implementar un estado de
derecho, no sólo no se debe ignorar lo obtenido por el
Estado Benefactor, sino recordar que los cambios requieren
tiempo para
ser aplicados y para ser perfectibles de modo que las políticas
sociales son primordiales para el Estado, sin éstas no
sobrevivirá mucho, es más ni siquiera
encontrará su rumbo y entrará en crisis . Hay
que destacar que no se deben confundir la política
social con el Estado Benefactor, cada uno tiene su
ámbito.

La evolución del Estado Boliviano, como no
podía ser de otra manera desde su nacimiento, obedece a
las fuertes corrientes Internacionales, formando parte del margen
de esa masa histórica dinámica desde el siglo XIX cuando el
modelo
liberal, tan prolífico en ideas, luchas y cambios, se
agotó habiendo adoptado una actitud supuestamente
desinteresada del poder de la
autorregulación del libremercado y de mostrarse ajeno a la
actividad económica privada, lo que por supuesto era
sólo aparente (recordemos las pérdidas
territoriales bolivianas asociadas a recursos
naturales y su explotación privada). El alcance del
libremercado en la regulación de los derechos ciudadanos era tal
que se suponía que sus virtudes producían un orden
social legítimo al acompañarse de un intercambio
aceptado de bienes. La
confrontación del liberalismo
con el absolutismo
monárquico había dejado en su lugar una marcada
separación entre la Sociedad civil y
el Estado dejando displicentemente a las posibilidades
individuales las necesidades de los ciudadanos. Sin embargo
históricamente se vuelve intrascendente que cambien los
modelos
políticos si no se eliminan las causas que produjeron los
cambios, y el Estado Liberal se vio obligado a tomar avances pero
siempre desde su perspectivas, entre ellas proteger el denominado
mercado
autónomo, interviniendo a favor de la propiedad
privada, conteniendo los movimientos y organizaciones
obreras y estableciendo ayuda y beneficencia a los pobres, sin
afectar la fuerza de
trabajo y su
mercado.

La falta de justicia que
acarreaban las supuestas virtudes del intercambio no regulado,
afectó la existencia de los Estados dando lugar a la
segunda generación de los derechos humanos
que accede a que las reivindicaciones sociales queden protegidas
por los avances en el ordenamiento jurídico, dando lugar
el Estado Liberal al Estado de Derecho.

Frecuentemente se ubica en medio de esta
transformación al Estado Social como una corriente que se
interesa en los problemas
sociales y culturales de una gran cantidad de sus miembros,
que casi privados de su ciudadanía al encontrarse marginados por el
orden producen una crisis permanente en su sociedad para
la que se necesitan metas de justicia social para los nuevos
derechos sociales. En éste momento, la pobreza es
tomada como un problema de todos, ya no sólo de la
persona
afectada, sino que se involucra a toda la sociedad
haciéndola la nueva responsable, la participación
colectiva en la responsabilidad
social produce la satisfacción de reforzar la identidad
nacional.

De este modo se vislumbra un nuevo paradigma:
controlar lo incierto del futuro, crear la cultura de la
previsión social, del porvenir, la política social
encontrará una estructura en
la Seguridad Social.
El Estado social de Derecho ya sabe que no puede haber libertad sin
igualdad, como
manifiesta a mediados del siglo XX en nuestro horizonte
histórico la revolución
nacional, que es cuando aparece el desarrollo de las coberturas y
las medidas de protección social, y comenzamos a
transformarnos demográficamente de un régimen del
alta mortalidad y alta fecundidad a uno de baja mortalidad y baja
fecundidad, aumentando desde entonces nuestra población,
aunque todavía existan condiciones parecidas a las de hace
cien años, con cambios profundos incluida la
urbanización e inmigración de la población rural.
Pero por primera vez se intenta una política social
procurando rescatar al país del atraso por medio de una
revolución nacionalista. Los censos pronto mostraron la
diferencia de la expansión demográfica.

El Estado además comienza un proceso
contradictorio de su tradicional espacio al dejar de ser
sólo protector, y aplicar su autoridad y
participación inversora en la economía con el fin
de aplicar su poder en la
organización de la macroeconomía y la sociedad. No obstante en
seguridad social no comenzó a actuar en toda la
población sino en la que tenía relación
obrero patronal en las industrias de las
ciudades, así como empiezan a predominar conceptos
preventivos más que reparativos.

¿Cuál sería el camino del Estado
Benefactor, ahora ocupado en generar y acumular riqueza, y al
mismo tiempo aplicar inacabables inversiones en
políticas sociales? Una serie de exponentes que nos
llevarán a la Seguridad social inician con Bismarck, en un
ambiente
conflictivo, con diversos grupos
políticos ideológicos complejos y organizados, ante
lo que se hizo necesario un pacto social, y una mejora de las
condiciones de los trabajadores, luego Beveridge en un medio
parlamentarista pluripolítico, pues todas las variedades
ideológicas aceptaban gustosas la necesidad de la
protección social y otros hicieron efectivos los
mecanismos para aplicar la responsabilidad de los gobiernos para mejorar las
condiciones de vida de la población, establecieron los
principios de
solidaridad ,
equidad y universalidad, así como las contribuciones y
prestaciones.

Sin embargo pese a ésta predisposición
contemporánea, al asumir la organización y la economía de la
sociedad, las formas de gobierno no
pueden evitar que las contradicciones se trasladen al Estado con
su consecuente crisis. La respuesta es lograr la estabilidad y el
desarrollo, se conducen las políticas fiscales y
monetarias, se regula el crédito
público, comercio y
tarifas, las formas de producción, pero en el nivel de vida de los
ciudadanos se destaca la capacidad de demanda, que
deberá superar efectivamente los embates de la depresión
y sus ciclos asegurando los ingresos de los
asalariados con la consecuente movilización del consumo y la
productividad,
se destaca entre éstos mecanismos el ahorro forzoso
solidario de los sistemas de
reparto, o seguros sociales
de capitalización para la jubilación, que al mismo
tiempo de permitir al gobierno disponer de fondos, asegura
también el consumo futuro del ciudadano.

Estas visiones optimistas se acompañaron con la
sensación de que el crecimiento industrial, de la
productividad y del poder adquisitivo de los asalariados no
tenía límites ni
precedentes en la historia que los
contradigan. Sin embargo las diferencias, en especial las del
desarrollo económico y la tecnología, la
saturación del mercado y otros, produjeron su efecto sobre
la productividad y la caída del ritmo de
acumulación, situación en que aparece un
síntoma frustrante del Estado Benefactor: el desempleo y las
políticas de austeridad que afectan el mercado laboral.

La respuesta refleja del Estado generaría
más contradicciones al intentar autojustificarse
midiéndose y autoevaluándose en términos de
eficiencia con
lo que comenzó a comparar el perfil de sus resultados y
procesos con
los de la empresa
privada, ignorando sus fines propios. De algún modo
además el concepto de que
el bienestar es un problema que debe ser asumido por toda la
comunidad, fue
reemplazado por una rectoría total estatal, lo que produjo
varias consecuencias en la estructura y el funcionamiento de la
seguridad social, como ser centralismo,
burocracia,
sectoralización y clientelismo, hasta acabar confundida
por el protagonismo político partidista, sindical y
empresarial, en lugar de fortalecerse como una institución
en sí, y dejando también a sus afiliados a merced
de la manipulación.

En las últimas décadas del siglo XX, el
Estado Benefactor y su entusiasmo por las políticas de
seguridad social sufren un revés con la aparición
de un decidido ataque crítico por el nuevo protagonismo
del neoliberalismo, que llega con la promesa de
reanimar la economía, corregir las cuentas fiscales
y controlar los procesos inflacionarios, e increíblemente
en especial en países dominados por la pobreza, se les
cree, aunque en realidad es difícil atribuir a los
supuestos derroches en materia social
del Estado Benefactor como causa de nuestra crisis, cuando en
realidad en nuestro país un amplísimo sector de la
población nunca llegó a beneficiarse con el
sistema. Sin
embargo en 1982 al aparecer la crisis de la deuda externa,
los organismos económicos internacionales se suman
contundentemente a los interesados en disminuir el déficit
fiscal y en
redireccionar la actitud Estatal, mediante los programas de
ajuste estructurales, (en realidad la palabra ajustes
quedó corta), ya que en sus cálculos de transferir
al sector privado todas las empresas por
supuesto rentables, se incluyeron los sistemas de
previsión social. Los experimentos
comenzaron dividiendo alegremente corto plazo de largo plazo,
pretendiendo que se trataba de dos cosas totalmente diferentes
cuando la seguridad social filosóficamente y en la
praxis es
única, aplicando para ello esquemas de
capitalización y afiliación coactiva a las
recién creadas administradoras de fondos de pensiones, y
si bien buscaban asesorar al gobierno boliviano para disminuir su
déficit fiscal, le impusieron que el endeudamiento de la
reforma sea asumido por el Estado, logrando en forma espectacular
un resultado contrario al esperado al quedar el déficit
por pensiones apenas por detrás de la deuda externa en
montos, con grandes posibilidades de ocupar un dudoso primer
lugar ante las políticas de condonación de la deuda
externa ante la grave situación de la mayoría de
los ciudadanos sometidos a pobreza extrema, desnutrición, analfabetismo
poniendo en riesgo la reconstrucción de la
democracia.

El Estado militante de su propio país, impulsor
del desarrollo, de la identidad del ser Nacional, de la
economía, la defensa de los recursos
naturales, de las Leyes que
protegen a sus ciudadanos, del progreso, del fortalecimiento a la
economía, o sea el Estado que creara las condiciones
amplias para la acumulación capitalista, era ahora
mostrado como estancador e ineficiente, especialmente por abarcar
demasiado, tener muchas competencias, un
gasto
público enorme, recargando y estorbando a la
economía productiva. Inclusive en un concepto
increíblemente similar al del coloniaje se desarrolla el
concepto que el Estado benefactor le quitaría las ganas de
trabajar a los ciudadanos, al encontrarse protegidos y con pleno
empleo no
tendrían la
motivación de la dinámica de la sociedad
capitalista que exige espíritu de empresa, ética
laboral y esfuerzo individual. No se menciona el soporte que
brindara el Estado con sus recursos al de los Capitales privados
para enfrentar desde inversión hasta los cambios en el mercado.
Sin embargo después del experimento neoliberal, no
sólo no aumentó la productividad sino que en
cambio se
mantuvieron si no se agravaron el subdesarrollo y la pobreza,
así los conflictos
sociales comienzan a marcar gravemente el horizonte
nacional.

Al momento que vuelven a tomar fuerza los conceptos
distributivos y de justicia social, si no tenemos un sistema
solidario, y los ricos disponen de servicios
privilegiados la consecuencia es evidente, y un programa que se
encargue sólo de los pobres, acabará siendo pobre,
vemos además que por más dudas que se hayan echado
sobre el Estado benefactor está claro que la seguridad
social ha producido tantos beneficios igualitarios que aún
agredido ha servido para amortiguar los efectos de inequidad de
las gestiones del neoliberalismo, quien inclusive considera
inequitativas las intervenciones redistributivas, por no respetar
la ventaja de los grupos privilegiados sobre los de los
más necesitados, que casi consideran además el
círculo de la pobreza como un "Incentivo", pues para ellos
los pobres parecen ser los únicos responsables de sus
propios problemas y la
única distribución natural la debe hacer el
mercado, y aún más como los beneficiarios deben
identificados se apela al certificado de pobreza creando clases
de ciudadanos que quedarán junto con sus familias
estigmatizados.

De éste modo se justificó la
disección en vivo del sistema de seguridad social,
buscando el retorno de las prestaciones al ámbito del
libremercado competitivo; se separan las porciones que
podían producir ganancias como es la captura de
altocotizantes, y la simplista separación entre corto y
largo plazo; se dejan los sectores deficitarios o no
contributivos, se reubican los beneficios para ponerlos en las
estructura de las ganancias; para ello, se eliminan los
beneficios sociales y otras cargas como son las fiscales, se deja
a la oferta y a la
demanda los niveles salariales y se instaura la
flexibilización laboral, todo con el fin de que la
producción de bienes y servicios rentables, aún
siendo sociales quede en manos privadas y en un pensamiento
individual antisolidario, en cuanto a la Seguridad Social, se
busca además que los recursos se sometan a la
elección y competencia, es
decir los que valgan la pena por redituables que obtendrán
calidad ideal
en servicio y
funcionamiento, aunque en realidad cuando hablamos de competencia
de oferta se está refiriendo simplemente a la rivalidad
publicitaria y de mercadeo, entre
los grupos ya asegurados, de ningún modo de los que no
están incluídos en el aseguramiento.

La cobertura universal también es así
desechada, pues simplemente prefiere desconocerse que las rentas
desiguales proceden de un acceso discriminado y diferenciado a
los bienes, Los criterios redistributivos son pues incompatibles
con el modelo, llegando a verse como una virtud el hecho de que
las empresas aseguradoras privadas garantizan que no
transferirán recursos de un grupo de
personas a otro, o sea individualismo antisolidario, discriminación que a la larga
provocaría la decepción de los megaagentes del
mercado que deberán repromover nuevas formas de
intervención estatal, para sostenerse, llevando sus
inversiones hacia el mismo, provocando al mismo tiempo la
normativa legal que permita a sus intereses imponerse a los
intereses del estado, inclusive que los gobiernos los hagan
propios.

En sociedades
desarrolladas (con las que somos totalmente asimétricos)
se consideró que el afectar a sectores empobrecidos
minoritarios era un costo
político aceptable, por su escasa capacidad de
representación y participación que son
además fácilmente controlables por medida de
fuerza, pero por cierto quienes importaron con entusiasmo estas
ideas a nuestros países subdesarrollados están en
una posición peligrosamente simplista y fuera de la
realidad, ya que en Bolivia el nivel de pobreza afecta al 70% de
la población, y los eventos que
hicieron fracasar los cálculos de los planificadores de la
reforma muestra que el
gobierno que crea que podrán ignorar la protesta social
está fatalmente equivocado. Para traer modelos no basta
sentirse "moderno", pues si se va a redefinir las relaciones
entre el Estado, la sociedad y el mercado es fundamental tener en
cuenta la realidad del país a que quiere aplicarse. Esta
situación no es aislada, pues cuando revisamos la reforma
de Pensiones vemos que increíblemente los planificadores,
asesores y gobernantes no previnieron ni analizaron las
consecuencias de sus planteamientos. Si en los países
desarrollados predominan los problemas subsecuentes a la
inclusión, nuestro principal drama al contrario, es la
patología de la exclusión.

En la última década del siglo XX se
escucharon voces de importantes teóricos, políticos
y gobernantes de nivel Internacional quienes advierten sobre el
peligro de haber ignorado las consecuencias de no combatir
enérgicamente la pobreza, y que todos estos sistemas
implementados para distintos grupos sumaban a su insuficiencia
para solucionar los problemas nacionales de salud un grave estado de
desigualdad, y quienes implementan políticas mediante
reformas que no otorgan beneficio social inmediato a la
comunidad.

El presidente del BID (Enrique Iglesias)
señaló en 1997 "que el proceso de cambio ha dejado
sin resolver en la gran mayoría de los países un
tema central: la pobreza crítica
y la mala distribución del ingreso. Otras personalidades
(Madeleine Albright y Celso Furtado, 1998-99) alertan que la
región se halla en riesgo por lo que está
sucediendo en materia social, pues en la práctica hemos
obtenido un desarrollo distorsionado que beneficia algunos
sectores de la sociedad aumentando las brechas internas y
disminuyendo la calidad de
vida entre ellas la de la salud. La OPS estima que 130
millones de latinoamericanos carecen de acceso a la salud y los
servicios, Stalintz (Directora de la CEPAL) indica que la
agravación de las desigualdades hace de las noventa una
década perdida, y Stiglitz dice que hemos aprendido que el
desarrollo no solo es un asunto técnico sino una
transformación de la sociedad.

De modo que pese a los problemas que pueda tener el
sistema sanitario gratuito, hay que evitar su
desacreditación, sobre todo si ésta se da con el
fin de orientar la medicina
social hacia intereses privados, que no es un fenómeno
aislado. Muchas potencias económicas buscaron fortalecer
la economía competitiva debilitando el Estado, lo que en
Latinoamérica ha consistido en una
campaña por desgastar y deliberadamente averiar las
organizaciones estatales para así luego poder justificar
ante la opinión
pública las intenciones de privatización. Como es evidente que no
estamos ganando la batalla contra la pobreza es necesario
reanimar la vocación comunitaria del Estado, para que
además de buscar metas macroeconómicas se le
dé la misma importancia a las metas de desarrollo
social, las mismas que nunca aparecerán
espontáneamente por el solo crecimiento
económico. Hasta ahora existe en Bolivia una fuerte
tendencia a los recortes para solucionar los problemas
financieros, con el propósito de reducir el déficit
fiscal con efectos devastadores en la política social,
sobre los sueldos, condiciones de trabajo y las perspectivas
profesionales de los funcionarios de salud.

La discusión sobre el rol del Estado
parecía casi terminada, ya que hace unos años con
entusiasmo se lo desmantelaba cuestionando sus funciones y,
capacidades, procurando su presencia mínima, sin embargo
como lo demostraron las demandas sociales durante los
últimos años el Estado ha sido convocado en forma
apremiante por toda la sociedad civil para solucionar sus
problemas, (y también los de la libre empresa) por lo que
se vuelve necesario retornar a un nivel intermedio de reformas,
no a extremos.

El Banco Mundial
ha recomendado en 1997 en su informe especial
sobre el rol del Estado que "sin un buen gobierno no hay un buen
desarrollo social sustentable y político en forma activa y
eficientemente gerencial". Una eventual liquidación de la
Seguridad Social en Bolivia provocaría que la
mayoría de los trabajadores deban ser atendidos a
través de seguros médicos privados. Esto de acuerdo
a la inversión personal, pueden
obtener desde una cobertura total hasta parcial, lo que de
principio definitivamente no refleja la necesidad del trabajador
y su familia,
más bien puede ajustarse a intereses ajenos o propios de
la aseguradora.

En nuestro país hasta ahora existe un hecho
evidente; los Seguros de Salud privados no se encuentran bajo
control del
Ministerio de Salud sino bajo la Superintendencia de Pensiones lo
que de por sí implica dificultades en el control de las
prestaciones los servicios y otras normas. Otras
características de los prestadores que tienen por objetivo ganar
más, pueden ser o son la exclusión de condiciones
preexistentes, las primas suben de acuerdo a la
utilización de servicios, así los que están
más enfermos pagan más; se limitan y burocratizan
los estudios diagnósticos se tiende a excluir a los
enfermos y pobres como a inasegurables y no cubren
catástrofes, las medicaciones y laboratorios tienen
más condiciones. Asimismo algunas condiciones propias de
nuestro medio, como el Seguro Universal
de Salud y el Seguro Médico Gratuito de Vejez se
verían inmediatamente perjudicados por su
característica de grupos especiales que teniendo
actualmente seguro, acabarían volviendo al sistema
público, así como aquellos trabajadores que por
padecer enfermedades,
bajo salario y
familias numerosas quedarían excluidos de poseer un buen
seguro privado.

Un sistema con visión nacional tiene que ser
administrado por el Gobierno pues es la única manera de
controlar costos y promover
servicios igualitarios. Y el argumento que fija la posibilidad de
calificar mediante la apreciación del sistema per
cápita es viciado pues lo que determina el acceso al
mercado de atención de la salud no es el ingreso per
cápita de un país, sino como éste se
distribuye entre la población. Al respecto la
polarización en América
latina es peor aún que en África ya que el 10%
más rico recibe el 45% bruto del producto
nacional, mientras que el 20% más pobre obtiene
sólo el 4%.

Hasta ahora el sistema de Desregulación en
Bolivia ha tenido su principal acción en la
desafiliación y reafiliación impulsada desde la
promulgación del D.S .24540, el mismo que fue emitido a
poco tiempo de finalizar una gestión
Gubernamental, como muestra de una línea política
acorde con los programas de ajuste estructural (PAE) promovidos
por organismos reguladores y por las prestadoras privadas
internacionales de salud, las que habiendo cubierto el mercado de
los países desarrollados se orientan hacia
Latinoamérica, donde de un modo u otro el gasto en salud
es mayor que en Asia o
África (pero no así su distribución),
sólo que en nuestro país las características
sociales otorgan un campo económico muy estrecho en el
ámbito privado, por lo que la fijación en la
seguridad social es inevitable. A ello se añade el hecho
de que en lugar de buscar empresas evasoras no incorporadas, lo
que podría ampliar la cobertura se prefiere a los
pacientes ya asegurados de las Cajas de Salud, las que con el
objetivo de responder a la competencia, deben mejorar los
servicios ofrecidos a las personas que pagan por ellos, creando
un afán de atraer pacientes en los cuales los hospitales
invierten en calidad y tecnología cada vez más
sofisticada y cara.

El resultado es que las Cajas deben practicar un
mercadeo para conseguir pacientes que consuman esa
inversión en infraestructura y tecnología, en
franca competencia lo que significa entrar al libre mercado antes
que a los principios sociales, o sea que la libre elección
acaba siendo nada más que un encarecimiento de la salud,
que arrancando aparentemente de un tema menor puede afectar el
sistema de beneficios sociales. De este modo, la
concepción y la satisfacción, la calidad, la
calidez y otros objetivos de
eficiencia gerencial, inculcaron en el beneficiario la idea de
que sus aportes son de interés y
propiedad del estado, pues constituyen impuestos,
podían y debían ser utilizados en función de
servicios de nivel diferenciado ignorando la función
social. Curiosamente, las personas no otorgaban a otras
contribuciones impositivas, como ser vivienda, pensiones,
seguridad, educación, etc.,
llevando así el afán por la privatización de
la salud, al peligroso filo de la desafiliación, capaz de
destruir la seguridad social a corto plazo.

Amparados en el concepto de que con el aporte incluido
en el costo del producto destinado para atención
médica, pudría elegir servicios de su preferencia,
sin embargo no se produjo en la opinión del usuario la
misma conclusión en otros descuentos impositivos, en los
que acepta dar las contribuciones sin cuestionar si ese recurso
tendría derecho a gastarlo con más
satisfacción personal en servicios privados, sin estar
haciendo una doble erogación.

Estas medidas privatizantes incipientes irán
progresando en la medida de que el Estado se vea imposibilitado a
resolver la crisis de salud, por lo que debemos evitar la
insuficiencia de fondos asignados lo que unido a una mala
administración y a la falta de
políticas de salud orientadas a la previsión,
pueden llevar al descalabro del sistema sanitario gratuito por
debatir alrededor de la salud defensiva como tema central. Es
indispensable institucionalizar como el principal método de
combate a la corruptocracia, despolitizando con el fin de
defender a la seguridad social y porque además la
acción de llevar políticas sociales debe efectuarse
a través de las organizaciones existentes.

Los números, contratos y
administración de la Seguridad Social deben
salir de los cuartos oscuros en que tienden a permanecer, y desde
donde se justifican las medidas hacia la privatización,
que en este momento pueden encontrarse en la paulatina
desregulación de las obras sociales a la libre competencia
entre prestadores de salud. La prensa
internacional ya identificó entre estas acciones que
procuran hacer desertar a los afiliados de mayores sueldos hacia
servicios diferenciados como a la "crema" del negocio, con la
repercusión inmediata de que las cajas que sí
mantienen la carga social pasan a percibir menos fondos de los
aportes de sus afiliados. Siempre queda pendiente el peligro de
que un nuevo poder político permita el "descreme". Las
acciones de la reforma deben también orientarse a hacer
llegar la atención a sectores desprotegidos, pues se corre
el riesgo de que por mantener una visión economicista como
principio, podamos obtener solamente un aumento de los costos
económicos y sociales en salud sin que los servicios que
otorgan alcancen sus objetivos y servicios de calidad no
sólo a los más pudientes, pues no podemos pensar en
formular un plan de salud
universal si los beneficios cubiertos no son iguales para toda la
población. La seguridad social debe ante todo mantener sus
principios e identidad por las que fue creada, y en esto sin
negar los derechos de los aportantes, no puede quedar divorciado
de la realidad nacional, así como sus principales
promotores deben ser los trabajadores y aquellas personas
moralmente comprometidas con este bastión
social.

En la seguridad social particularmente debe interactuar
la sociedad civil, pues los pactos de las partes son
fundamentales para los éxitos del sistema, además
se debe crear una cultura de la previsión social en la
población de modo que el ciudadano esté interesado
desde su juventud en
invertir y protegerse durante toda su vida y no acordarse de la
jubilación relativamente tarde. Para que así, el
sistema atienda al individuo
desde antes del nacimiento hasta después de la muerte
aliviando así a su familia.

Hemos visto (en un fenómeno común en toda
Latinoamérica) que experimentamos un proceso de
empobrecimiento, la crisis económica viene
acompañada de desempleo en un fenómeno creciente
que puede superar las previsiones y lo peor de todo que pareciera
que llegó para quedarse, o sea que la mayor parte de
población busca su sobrevivencia en formas de trabajo para
las cuales la seguridad social no está
preparada.

El trabajo informal, el subempleo, el temporal, el
subcontratado, y otros, constituyen un amplio grupo poblacional
con formas de trabajo para los cuales la seguridad social debe
prepararse, constituyendo además una amplia mayoría
de ciudadanos en condiciones de trabajar en personas con
necesidades básicas insatisfechas, lo que plantea un
problema político que pone en duda la legitimidad de los
gobiernos, en relación con sus conciudadanos si no les dan
acceso a una cobertura de sus necesidades incluida la seguridad
social y el seguro para los desempleados.

Otro sector ignorado por nuestra Seguridad Social son
los Bolivianos emigrantes, refugiados económicos en edad y
condiciones laborales que se ven obligados a abandonar el
País, actualmente son alrededor de tres millones de
personas , que envían entre 2 a 3 millones de
dólares al día al país, muchos de ellos han
dejado sus hijos, esposos y padres, a quienes deberíamos
estar en condiciones de darles Previsión Social, y
aliviarles la condición de preocupación que para
ellos significa estar lejos. Esta fuerza laboral en el extranjero
es quizá más grande que la que tenemos en el
país, y abarca desde la fuga de cerebros hasta los
humildes que en su necesidad van a ocupar los llamados Junk
Jobs, o "trabajo basura" que
los locales no quieren realizar, pero para quienes debemos estar
listos a atender sus consecuencias de enfermedades laborales, que
por su ilegalidad no pueden ser resueltos donde se
encuentren

Es por tanto necesario extender la afiliación
independientemente a los planes para recuperar la senda del
desarrollo
económico y reducir las tasas crecientes de desempleo,
y elaborar planes objetivos que permitan a la brevedad posible
incorporar en forma real a los sectores como transportistas,
gremiales, campesinos y otros grupos que hace años
intentan asegurarse sin lograrlo por falta de visión
política. hasta ahora es increíble que ya sea
invitando a jubilarse a 30.000 trabajadores, o exportando 3
millones de personas en edad laboral, más bien nuestros
índices de desempleo aumenten. Afortunadamente, las nuevas
ideas están ingresando en el escenario.

El que el Estado Benefactor haya fracasado, y el que su
reforma nos haya dejado peor, no nos debe dejar sin recursos
mentales. Hay que plantear la Contrarreforma que vuelva a
reorientar los principios e la Seguridad Social, es evidente a un
análisis de sentido común. La situación
socioeconómica latinoamericana puede quedar con graves
lesiones si se aplican displicentemente con elementos de
análisis propios de potencias económicas, la
intención simplista puede dar lugar a paradojas con crisis
consecuentes por la aplicación de un dogma; esto no
justifica querer replantear el Estado sin tener en cuenta las
particulares relaciones entre mercado y sociedad de una
comunidad, y en la que los ingresos ya de por sí
caracterizados por su disparidad, son acentuados por la
transferencia que hace el estado. Las actividades rentables a
grupos de capitales de altísima concentración y
restringiendo los gastos sociales
al transformarlos en solidarios a la lógica
del individualismo total que exigen la afiliación coactiva
a organismos de fondos de pensiones que se originan en la
decisión de fuertes posiciones
políticos-partidistas con el resultado de adversidad para
sectores sociales empobrecidos pero que si además el
discurso del
Estado era mejorar el déficit fiscal, resulta que estas
medidas vienen acompañadas de fuertes subsidios estatales
que se transformarán en un monumental endeudamiento
asumido por el Estado Boliviano.

Durante los últimos años que se han
caracterizado por la convulsión social con el relevo de
varios gobiernos y presidentes de la república quienes
debieron renunciar por tener la audacia de aventurarse a tomar
medidas neoliberales, el país pareciera no saber a
dónde se dirige, así como brillan por su ausencia
las propuestas que conformen un plan nacional.

En realidad, la respuesta está al alcance de la
conciencia:
Construir una sociedad con sinceros esfuerzos para que los que
sufran sean cada vez menos. Si no tenemos esta intención y
no trabajamos en ella no podremos desarrollar las ideas
cómo hacerlo y un ejemplo de esto es la seguridad social
Trabajando juntos la comunidad puede afrontar mejor los
requerimientos y establecer su modalidad nacional propia,
sólo el esfuerzo conjunto de los gobernantes y gobernados
ha dado lugar al establecimiento de los puntos fundamentales y la
producción de ideas trascendentales como es la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que
nace de un concepto tan elemental como es el de reconocer a la
persona sus derechos por el simple hecho de serlo. La
generación de ideas y pensamientos, tan empobrecidas en
las décadas posteriores a los ideólogos de la
Revolución Nacional, ha dado lugar a la importación oportunista de proyectos
preconcebidos y generalmente desubicados, con críticas sin
creatividad
que nos permita alcanzar mejor convivencia cuya sensación
de pertenencia al grupo, que permita a los ciudadanos obtener las
transformaciones que les otorgue una vida digna.

La educación, otro factor fundamental sobe cuya
utilidad ya
nadie discute, aunque no tenga efectos inmediatos, es
indispensable especialmente en sus formas básicas y
formal. El nivel cultural así obtenido no es reemplazable
por ningún otro tipo de educación, ni siquiera el
adiestramiento,
por lo que el estado no puede dejar de otorgar esta virtud cueste
lo que cueste, para que sus ciudadanos obtengan un nivel de
cultura con capacidad creativa capaz de acceder a la
tecnología y conocimiento.

Es evidente también que el concepto de "Buen
Gobierno para todos" es fundamental, no basta que un Gobierno
esté simplemente establecido si no se guía por
criterios que le den la dirección adecuada, el fenómeno de
la exclusión es una barbaridad, pero promovida como
política de gobierno, es un crimen. Al margen de
deficiencias como la corrupción
y otra interminable lista, el estado debe obedecer y actuar de
acuerdo a los mandatos que conduzcan al bien de la comunidad, lo
que parece ser ignorado de plano en nuestro medio ya que una vez
que se otorga el poder soberano por la vía electoral, los
programas de gobiernos y propuestas electorales entran en el
olvido o la distorsión. No sólo por parte de los
gobernantes; la misma cultura ciudadana acepta fatalistamente que
los tributos son
otorgados al gobierno para que haga lo que quiera, ya que nadie
piensa en el destino de ellos, se otorga tácitamente
carta blanca y
situaciones comunes en otros países como son la
devolución de impuestos a los contribuyentes son
simplemente inimaginables, sin embargo cuando el aporte tiene
carácter de pertenencia personal, el
boliviano no va a permitir que le quiten el dinero que
comprende como suyo, tal es el caso de las violentas
movilizaciones de la generación "Sándwich" que
inclusive produjeron atentados suicidas en el
Parlamento.

Queda la pregunta que qué les habrá hecho
pensar a los planificadores que la población no va a
reclamar sus aportes de toda su vida que según la Ley de Pensiones
pasan a ser patrimonio de
las AFP. Además de que el Estado debe obedecer a los
mandatos de la comunidad, pues buscan el real beneficio de la
población, no deben olvidar los gobiernos que ellos son
procedentes porque tienen la misión
dentro de diferentes paradigmas de
realizar la necesidad natural de contar con las condiciones
necesarias y la dinámica para vivir y desarrollarse, lo
que en sí es el ejercicio de la soberanía, ya que la autoridad y el
ejercicio del poder, no son superiores a la seguridad
jurídica, que es lo que da a cada ciudadano la
convicción de que su persona, derechos y posesiones no
serán violentados; aunque pertenezca a un sector
privilegiado podrá convivir en paz y defender su nación.
(Manuel Herrera y Lasso, señala en su exposición
del aspecto humano del amparo y su
sentido nacional que: "Las constituciones no son estatuto
autoritario sino instrumentos de liberación
cívica") y como mencionamos antes es en la Constitución Política del Estado
donde nace nuestra Seguridad Social, pero además no basta
disponer de buenas normas, o programas adecuados de gobierno, si
no observamos su efecto y aplicación en la vida
diaria.

En nuestro caso la legitimidad electoral sirvió
para ejecutar impunemente las reformas en base a rodillos
electorales de un parlamento viciado por no ejercer su cualidad
de poder, que en el Estado moderno se desarrolla la habilidad de
adoptar lo positivo, y aún mejorarlo y perfeccionarlo, y
más buscando impunidad y
justificación de sus actos por ser incapaces de llegar
más allá de los discursos y la
simples medidas transitorias como el Bonosol, los seguros no
contributivos y otros, que significan en realidad que a cambio
del saqueo del país se otorgan medidas distractivas que
conceden el mínimo indispensable a sectores marginados,
que no producen de verdad cambios importantes pero que se espera
que a cambio amortigüen la violencia, la
misma que cuando aparece es tan grave.

Apenas en Bolivia, y tal vez más de lo que
suponemos a instancias y preocupación de organismos
internacionales y por la lastimera imagen
internacional que tenemos, se desarrollan políticas como
la Estrategia
Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP), ley del
diálogo o
del HIPIC (High Indepter Poor Countries), que buscan hacer
llegar a la población aún por encima del espectro
de la discriminación, el nivel mínimo
debajo del cual no debe encontrarse ningún ser humano. La
discusión de la interacción entre naciones fuertes y las
débiles actualiza los conceptos de 1967 de la
encíclica Populorum Progressio, de Paulo
VI, que clama por el desarrollo solidario de los
pueblos antes que se engendre injusticias que provoquen
violencia, pues el sano desarrollo de los débiles "es el
nuevo nombre de la paz". Juan Pablo II en Centesimus
annus, dice que el desarrollo no debe ser entendido
sólo de manera económica sino de fundar sobre
el trabajo una
vida más digna.

No es posible entonces que a título de mejorar la
transformación social en que se sostiene la
transformación personal como es la protección de
los obreros en caso de accidentes,
enfermedad y vejez, se proceda a cambiar la estructura y los
fines del Estado para obtener lo contrario, donde el actuar con
sentido social no cultive la solidaridad plena de sus ciudadanos;
el inicio ya es evidente, las políticas fiscales
contributivas deben servir fundamentalmente para distribuir la
riqueza nacional. El buen gobierno rector del desarrollo
económico y social, no aparece por generación
espontánea, hay que trabajar por él deliberadamente
y con patriotismo comprometido, hay que construirlo procurando un
grado satisfactorio de disfrute de bienes materiales y
sentido de pertenencia cultural. Sólo así podremos
decir que nuestro sistema democrático es efectivo y que
todos los ciudadanos se sientan libres. Reiteremos que
actualmente en Bolivia hay grupos que consideran que la
democracia no les sirve y sus discursos están cargados de
segregación hacia otros bolivianos.

Ya establecimos que el Estado no tiene derecho a
sentirse agobiado por el peso de sus obligaciones
sociales, por lo que afectó injustamente a la seguridad
social al inmiscuirla en la crisis económica nacional, que
de ningún modo es un factor dominante por sí mismo
que justifique decidirse a sacrificar a la ciudadanía, su
intervención en todo caso debe caracterizarse por
esforzarse en evitar la relegación del Estado en cuanto a
sus responsabilidades sociales. Pareciera que el concepto de
función pública, así como el de empresa
pública que en su origen son conceptos nobles para fines
concretos han sido desacreditados, así como el hecho de
que en realidad el ser funcionario público debe ser un
honor, ya que la comunidad le otorga un reconocimiento y una
responsabilidad bajo su rol. Sin embargo estos conceptos han sido
desplazados casi en su totalidad haciendo evidente sus fracasos y
la mediocridad de los funcionarios, los enemigos
ideológicos de la participación del Estado (que
frecuentemente son los mismos que lo mal administraron)
encuentran en el mal funcionamiento de la función estatal
un generoso arsenal que es descargado sin consideración a
la institucionalidad.

En el tema que tratamos centralmente, la corrupción y el malfuncionamiento del
SENASIR, arroja tremendas sombras sobre la reinstauración
del sistema de reparto, aunque se estén realizando
esfuerzos que incluyen participación de organismos
internacionales. Si vamos a tener una visión nacional
debemos ser conscientes, que de no ubicar o aceptar la crisis
como una realidad, (si en realidad existe) a partir de la cual
debemos planificar, es un grave error estratégico, y
sujetarse a la realidad económica es inevitable aunque
pueda ser incómodo.

Es una conocida letanía de ineficiencias la que
caracteriza a los organismos estatales y los desacredita, y que
por cierto son superables con una buena decisión de
política de Estado: malversación,
corrupción, burocracia, desmotivación,
incompetencia, irresponsabilidad, politización,
dispersión de fines, falta de visión a largo plazo,
etc. Pero aunque esta situación no constituye la regla y
hay excepciones en que las empresas estatales cumplen junto con
su función roles impecables, en estos casos suelen ser
ignorados, así como no se menciona que en las empresas
privadas también se producen desastres con colapsos, y
aunque suele ajustar y corregir sus errores más
rápidamente se suceden cierres de plantas y
cesación de administradores, y aunque los conceptos de
eficiencia tienen puntos en común, también tienen
factores que deben ser evaluados en forma diferente, pues la
función social específica y con propósitos
objetivos como ser la atención médica gratuita para
sectores marginados debe considerar la pérdida o el
subsidio y la utilidad razonable que tendría una empresa
privada con los precios del
mercado. Otro factor que no se suele mencionar es el uso por la
empresa privada de subsidios sin contar con la actual
participación masiva de empresas y empresarios en la
competencia electoral política con el fin de usufructuar
como privados de la inversión y el aparato Estatal. Lo
cierto es que ante la incapacidad económica social o
empresarial se recurre al Estado, el capital
privado no duda en invocar la protección del Estado,
aún en cantidades cuantiosas.

Otra característica de la gestión
inversora Estatal es que sus objetivos frecuentemente sufren
recargos o desvíos de su función central. Por
ejemplo, la inversión en caminos para el desarrollo
agropecuario, busca de paso el desarrollo de regiones deprimidas,
de accesos a otros recursos naturales, de la defensa o de otros
fines políticos, ni siquiera se considera que el gobierno
pueda regular o revertir injusticias, desigualdades o abusos del
mercado, lo que de ningún modo es procedente en la empresa
privada que no acepta desvíos ni confusión de sus
objetivos. Lo cierto es que ambas críticas son
consideradas potencialmente desestabilizadoras, y si se acusa al
Estado por ser propenso a hacer demasiadas cosas, motivo por el
cual no las hace muy bien, éste concepto debería
incluir no sólo las funciones sociales sino también
las privadas.

Observando el desenfreno de quienes proyectan la
visión del neoliberalismo económico, pareciera que
incluso buscan que el Estado sea una especie de ausente, que
prescinda absolutamente de participar de toda las actividades de
la economía, incapaz ante los excesos del mercado
incontrolable e insensible ante las necesidades sociales, sin
considerar en este extremo que la función que
desempeña la Seguridad Social, y no tanto por su magnitud
administrativa sino fundamentalmente por sus alcances y
función, son temas totalmente congruentes y esenciales, y
es uno de los instrumentos que ha demostrado su impacto en el
desarrollo nacional con franca capacidad para mejorar la
sociedad, como es que de desde allá debe proyectarse
aceleradamente a la población marginada obteniendo
así, la universalización de la salud.

Los parlamentarios que aprobaron las reformas, entre
ellas las de pensiones, parece que no se encontraban en el lugar
correcto, pues hacían lo contrario para lo que fueron
elegidos, y votaron contra un supuesto "exceso de Estado", o sea
contra un exceso de ellos mismos como poder, haciendo uso de
prerrogativas que esgrimían pero que subordinaban a
título de gobernabilidad, la futura crisis boliviana, con
tanta elaboración que será difícil y
tendrá un costo alto salir de esa
situación.

A título de sumarse al el fenómeno de
transformación mundial Se prefirió el
desvarío y el silencio cómplice en lugar del
análisis claro y patriótico que fácilmente
demuestra que no es posible que el progreso de la sociedad
dependa únicamente del mercado, sino que son
indispensables la intervención estatal y la
organización participativa de la comunidad ejerciendo la
redistribución como práctica fundamental de la
solidaridad sin considerarla caridad o protección estatal,
o lo que es peor, derroche. Pero se prefirió la vía
ignorante del neoliberalismo económico con sentimiento de
capitalismo
salvaje y perversión hacia sus habitantes, perverso
aún más si se aplica a sociedades que sufren
desigualdad y retraso, no es una solución disminuir la
tensión competitiva de la sociedad de mercado disminuyendo
el estado social concediéndole la "flexibilización"
de las normas laborales lo que de por sí ya acarrea
disminución en las prestaciones sociales, no podemos
preferir las necesidades del capital financiero y que un estado
social de derecho sea reemplazado por un estado comunitario de
deberes, y que el determinante principal de las políticas
sociales y fiscales se haga siguiendo el movimiento de
las bolsas. La seguridad social, entre otras cosas por su
naturaleza
está entre las funciones que sólo el Estado puede
desempeñar de manera razonable, la misma que ha
contribuido poderosamente en los últimos cincuenta
años al desarrollo y la justicia social, y en realidad los
presupuestos
asignados a salud y educación son mínimos o han
producido un alto rendimiento social.

Se ha hecho mucho gracias al sistema de aportes que
permite un constante financiamiento, y que nos permite proyectar las
prestaciones gratuitas como una transferencia de lo social a
veces superior al crecimiento de la producción, o sea que
junto con los sistemas productivos la creación estatal de
los organismos de Seguridad Social no son simplemente
susceptibles a enajenación o liquidación por la
implícita función social y por contar con muchas
características sólidas de organización y
financiamiento. Inclusive es un sistema que ha podido enfrentar
con éxito
un fenómeno de la medicina, su
vertiginoso progreso terapéutico gracias a la ingeniería y otros recursos
científicos que multiplicaron las opciones de
atención así como sus costos. Actualmente es
notorio en especial en países desarrollados que más
del 50% de las camas hospitalarias son ocupadas por mayores de 60
años.

En la década de los cincuenta, cuando se elabora
el Código
de Seguridad Social, apenas se enfrentaban algunas
patologías y terapias como es la de las
hemodiálisis, en sus momentos regulados por las
recomendaciones de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT). Entre otros recargos permitidos por una seguridad
social institucional invaluablemente fuerte, como
dijéramos antes, están los seguros no contributivos
para no derechohabientes (Materno infantil y de Vejez) y los
aportes para el programa de inmunización (vacunas),
dicho de otra manera indiferentemente de que los gastos
médicos se incrementan a un ritmo varias veces mayor que
el de la producción interna, que la disminución del
poder adquisitivo se acompaña de mayor demanda de los
servicios de salud y las conquistas laborales, las pensiones, los
factores demográficos, los recursos regionales que
requieren en la mayor parte de país soporte extra. El
permanente estancamiento del universo de
cotizantes, las restricciones presupuestarias y otros, son
algunas de las dificultades a los que la seguridad social
responde otorgándoles bondades, que son la mejor defensa
contra la privatización y más bien requiere
consolidarse, pues la reforma más que basarse en una
valoración racional lo ha hecho bajo la expresión
de uno u otro sesgo ideológico o
político.

De todos modos pese a la intensidad de la Reforma en
Bolivia, sus propulsores no han podido evitar que el Estado
Boliviano siga siendo el agente más importante en la
compre de bienes y servicios, en especial salud, vivienda, e
inclusive en Seguridad Social, lo que actualmente constituye un
mecanismo neutralizador si no capaz de revertir las
capitalizaciones y al que el sistema
político deberá en algún momento
abordar, no es sólo una tendencia boliviana, ya que
naciones Unidas
lo definieron como uno de sus objetivos básicos, y nuestro
país no puede tener lo que hasta ahora carece: una
estrategia Nacional de modernización.

El papel de las nuevas figuras emergentes
políticas no contempla una posición clara respecto
a la seguridad social, quienes deben primero tomar conciencia y
frente al círculo de privatización contra la fuerza
compensatoria que la población tiene por expectativa de
una mejor y más profunda protección social,
inclusive más allá de la limitante de la capacidad
financiera que tengamos como país, y tratar de realizar
las expectativas en la medida de lo posible, o por lo menos
racionalizar según las urgencias, Dicho de otra manera,
ver que llegue a los sectores más necesitados, que deje su
exclusividad en la relación obrero patronal, así
como decidir cuales serían las prestaciones basadas en los
derechos adquiridos y las que corresponden a la asistencia social
de la necesidad, si no obtenemos definiciones no sólo no
sabremos que hacer con nuestra creciente población de la
tercera edad si no que además no obtendremos un impacto de
desarrollo en nuestra franja de población infantil y
juvenil, que son una gran mayoría. Lo cierto es que aunque
a los planificadores les espera una gran oportunidad de llevar a
cabo un buen trabajo no deben caer en la impericia que
caracterizó la reforma de pensiones, hay que partir del
hecho de que nuestra reforma nunca debió ser tan radical,
el costo en retraso supera lo esperado en efectividad y rentabilidad,
antes de los cambios radicales es preferible trabajar sobre las
proyecciones poblacionales y en el aspecto técnico que nos
permitan enfrentarnos a la generación continua de
problemas. Inclusive hay que considerar la variedad, pues es
absurdo que la posibilidad de implementar sistemas de pensiones
privados, simplemente aparte del camino el sistema solidario
destruyéndolo. También se deben indicar las
pensiones de acuerdo al costo de la vida, pues su poder
adquisitivo se deteriora más rápidamente que los de
los trabajadores activos quienes
consiguen más fácilmente incrementos. La vida
después de la jubilación debe poder seguir
llamándose vida. El hecho de que los seguros privados han
aumentado notoriamente su presencia a nivel mundial es en
sí una señal de que las medidas de control de
costos son factibles. El sistema privado puede inclusive ser
alentado por el Estado en especial entre personas con ingresos
altos, sin que por eso dejen de contribuir pero al sistema
solidario.

En las regiones rurales de Bolivia, existe como
institución fuertemente arraigada el núcleo
comunitario, y su importancia para el individuo es enorme, sin
embargo la migración,
la urbanización de la población como
fenómeno acarrea un cambio en el estilo de vida, y
conducta
familiar al dejar a las personas desprotegidas de su ambiente
comunitario que comprende la sustitución de la familia
numerosa y multigeneracional por la familia nuclear, la integración de las mujeres al trabajo o
como cabeza de familia, el aumento de divorcios, y el gradual
alejamiento de los vínculos y convivencia interfamiliares.
No se puede ignorar que todos estos fenómenos tienen un
efecto sobre la seguridad social, que además de acudir en
ayuda de la familia con más hijos debe replantear la
natural protección de los mayores ya que en realidad el
núcleo familiar que no contempla tres generaciones
está en desventaja de protección, es por eso que
las prestaciones deben extenderse a todos los miembros y no
tratar de aplicar lógicas de individualización y de
este modo las inclusive las viudas deben continuar con los
ingresos de sus esposos, pues en nuestro medio que los ingresos
de varones y mujeres alcancen el mismo nivel aún
llevará tiempo, pese a las políticas de género.

La seguridad social, no es pues una carga, es una gran
obra, cuyo accionar por la eficiencia y eficacia es vital
que sea continuo. Sus administradores deben planificar a largo
plazo el modo de enfrentar las amenazas y dificultades, no
dejarse seducir por los modelos privatizadores experimentales, no
se debe confundir ni interpretar las contribuciones como gastos
privados, entonces serían primas de seguros. El considerar
los gastos sociales como rentas perdidas para los gobiernos, el
único resultado será no llegar a ser una sociedad
industrializada, el individualismo egoísta que se pretende
enaltecer es tan anticomunitario que en la modernidad es la
actitud más representativa de la conducta Cainista:
"¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?
(Génesis 4. 9)

"El desarrollo es en última
instancia un proceso que permite ampliar las opciones al alcance
de los ciudadanos, y no sólo elevar los ingresos
nacionales" (Informe sobre desarrollo humano
2003)

CONCLUSIONES

En Orden de posibilidad se presenta la siguiente
conclusión ya que la Ley de Pensiones ha sido hecha fuera
del contexto nacional.

Por sus efectos de ser una Ley lesiva a los intereses
Nacionales y Ciudadanos, debe realizarse la Contrarreforma
de la Ley de Pensiones por lo que se recomienda
la:

1. Para precautelar a la Seguridad Social, es
   necesario eliminar la intención de ésta
   norma, que busca seguir sobreponiendo los intereses del
   capital a los Intereses del Estado, para lo que es
   necesario:

2. ABROGACIÓN DE LA LEY No. 1732 DE PENSIONES
   Y VOLVER AL SISTEMA SOLIDARIO INTERGENERACIONAL DE
   REPARTO.

   Teniendo en cuenta que más del 70% de
   nuestra población no dispone de una
   protección previsional en Salud, y en el
   fortalecimiento de los Entes Gestores se encuentra el
   futuro de una Universalización de la Salud, es
   justo:

3. DEROGAR SU CONTENIDO PRIVATIZADOR DE LA SALUD
   SOCIAL.
4. MODIFICAR LAS NORMATIVAS DE LAS COMPRAS DE
   SERVICIO DE SALUD, PARA QUE SEAN HECHOS UNICAMENTE EN LAS
   PRESTADORAS ESTATALES Y PARAESTATALES

ANEXO

Decreto Supremo 24469 del 17 de enero
de 1997 reglamento de la Ley de Pensiones versión
ordenada, y otras Resoluciones Administrativas de la
Superintendencia de Pensiones, Valores y
Seguros

Primera Parte, Decretos modificatorios y Resoluciones de
la SPVS

BIBLIOGRAFÍA

1. Resolución Administrativa IS N° 359. La
   Paz, 28 de Julio del 2000. Disponible en: .
2. Los sindicatos
   se oponen al sistema dogmático de pensiones del Banco Mundial.
   Disponible en:http://www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991217510&Language=ES
3. El camino a la privatización del sistema de
   salud. Iriart C., Waitzkin H. Disponible en:
   www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991217510&Language=ES

    

4. Comienza concertación para modificar la Ley de
   Pensiones Los Tiempos 5 de abril del 2004
5. Estructura de FFAA y Policía puede cambiar por
   pensiones. La Prensa editores asociados S.A.
6. Evalúan si quienes ganan
   más de Bs. 5.000 recibirán su Bonosol La Prensa,
   editores asociados. 15 de Diciembre del
   2004
7. El suicidio de un
   jubilado minero en Bolivia reabre el debate sobre
   "leyes malditas" del ex presidente Sánchez de Lozada.
   Erick Fajardo Pozo. Disponible en:
   www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991217510&Language=ES
8. Los PAEs. Disponible en: www.eumed.net/tesis/alhc/index.htm.
9. Resolución Nº 13/94 E mail:
   
10. Bolivia. Rasgos generales de la evolución
    reciente. Disponible en:
    www.eclac.cl/publicaciones/DesarrolloEconomico/4/LCG2184P/lcg2179_bol.pdf
11. 
    Programa de lucha de la COB. Disponible
    en: www.unesco.cl/medios/biblioteca/documentos/conflictividad_bolivia_programa_lucha_cob.pdf.
12. conociendo la Ley de Pensiones. Disponible en:
    www.serviciolegal.net/index.html
13. Indicadores
    Bolivia. Disponible en: www.iisec.ucb.edu.bo/papers/dt09_2001.pdf
14. Afiliados quien podrá defendernos? Se
    consolida el uso de recursos de los trabajadores para pagar el
    Bonosol. Disponible en:
    www.cebem.org/boletines/bol_cebem/2004/bol84/afiliados_salinas.pdf
15. Manifestación rechaza exportación del gas. Disponible
    en: bolivia.indymedia.org/es/static/about.shtml
16. Resolución Administrativa IS N° 359. La
    Paz, 28 de Julio del 2000. Disponible en:
    www.ababolivia.org/archivos/general/ra-regl359.pdf
17. Comisiones despacharon proyecto ley de
    Multifondos. Disponible en:
    www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/detalle_noticia.asp?id_noticia=52362
18. Reforma Pensional/ José Orlando Morera Cruz/
    Disponible en: www.monografias.com
19. Rosalía Mota Tesis htm. Disponible en:
    
    www.otri.upco.es/libro.asp?codig=18&codlib=39
20. La deuda estrangula al Tercer Mundo, "Ajuste
    estructural": Tiempo de Reforma Disponible en: www.cjd.org/espanol/period/latins.html
21. Ex minero se inmola con dinamita en el Congreso
    boliviano. Disponible en:
    www.proyectoconosur.com.ar/Noticias/NoticiaMuestra.asp?Id=2952
22. Auto Constitucional No. 286/99 -R. Disponible
    en: www.tribunalconstitucional.gov.bo/index.php
23. Nuevo Milenio. Disponible en:
    www.expansionyempleo.com/ficheros/expansionyempleo/informes/prevision_social_tt.pdf
24. Evalúan si quienes ganan más de
    Bs. 5.000 recibirán su Bonosol. Disponible
    en: www.laprensa.com.bo/20041215/portada.htm
25. La pobreza como proceso de exclusión
    múltiple. Disponible en:
    www.dgeec.gov.py/Mecovi/texto%20de%20Daniel%20Campos.pdf
26. Instituto Nacional de Estadística – Bolivia
    Población por sexo
    según grupos quinquenales de edad y edad simple, 2001
    (p)
27. 1 de Mayo-Bolivia: Ex mineros conquistan
    jubilación a fuerza de dinamita. Disponible en:
    
    www
    listas.rcp.net.pe/pipermail/noticias/2004-April/007199.html
28. F:Bibliografía de Tesis 37Estudio
    Histórico y Comparativo acerca del Sistema de Pensiones
    que desde el año 1997 al 2002. Disponible en:
    www.monografias.com
29. FFAA pedirán a Mesa revisar
    decisión de jubilarlos en AFP. Disponible
    en: www.laprensa.com.bo/20040429
30. Alternativas de Política para Fortalecer el
    Ahorro de los Hogares de Menores Ingresos. El Caso Boliviano.
    Disponible en:
    www.fondesif.gov.bo/Resumen%20del%20estudio%20de%20caso%20de%20Bolivia.pdf.
31. El pago del Bonosol de Bs. 1.800 puede afectar a los
    aportantes. Disponible en:
    www.boliviahoy.com/modules/news/index.php?storytopic=20
32. Memoria de la Secretaría General y
    líneas generales de la Planificación para el bienio 2002- 2003.
    OISS. Secretaría General. Cartagena de
    Indias.
33. Las Reformas de la Seguridad Social en
    Iberoamérica. OISS, Madrid
    Octubre 1988.
34. Convenios, Acuerdos e Instrumentos Jurídicos
    Complementarios de Seguridad Social en la comunidad
    Iberoamericana. OISS, Madrid, Junio 1999
35. Leyes de Reforma de la Seguridad Social en
    Iberoamérica. OISS, Madrid, Noviembre del
    2001
36. Alternativas de Política para Fortalecer el
    Ahorro de los Hogares de Menores Ingresos, el caso Boliviano.
    Disponible en:
    www.fondesif.gov.bo/Resumen%20del%20estudio%20de%20caso%20de%20Bolivia.pdf
37. El sistema de reparto colapsó por la
    politización y la corrupción. Disponible
    en:
    www.laprensa.com.bo/20040408/negocios/negocios01.htm
38. 
    Capitalización el saqueo de Bolivia.
    Disponible en: www.cedib.org/pcedib/index.php
39. Futuro de Bolivia AFP. Disponible en: www.afp-futuro.com/index.html
40. Mesa recibirá a Bonadona para decidir si se
    queda o se va. Disponible en: www.eldeber.com.bo/20050215/portada.html
41. Los sindicatos se oponen al sistema dogmático
    de pensiones del Banco Mundial. Disponible en:
    www.union-network.org/UNIsite/In_Depth/In_Depth.html
42. Decretos intendencia de valores. Disponible
    en: www.spvs.gov.bo/home.aspx
43. Requisitos para la jubilación. Disponible
    en: www.afp-futuro.com/index.html
44. Senasir: hay 2 informes
    sobre metas cumplidas. Disponible en:
    www.lostiempos.com/noticias/18-02-05/editorial.php
45. El Gobierno calcula hasta un 8 ó 9% en el
    aumento salarial. Disponible en: www. la-razon.com.
46. Ufevización obliga a trabajar 10 años
    más para la jubilación. Disponible en:
    www.laprensa.com.bo/20040408/default.htm
47. Goni, una empresa transnacional. Disponible
    en: www.soberania.info/
48. Goni, una empresa transnacional. Disponible
    en: www.rebelion.org/
49. Mesa pide más sacrificios al pueblo.
    Disponible en: www.econoticiasbolivia.com/
50. ¿Cuándo se arruinó la
    reforma de pensiones?. Disponible en:
    www.laprensa.com.bo/domingo/20040404/domingo1.htm
51. El pago del Bonosol de Bs. 1.800 puede afectar a los
    aportantes. Disponible en:
    www.boliviahoy.com/modules/news/index.php?storytopic=20
52. Hacia una nueva Estrategia Internacional para la
    Acción sobre el envejecimiento. Documento para la
    discusión. Help Age Internacional.2002
53. Constitución Política del Estado,
    Gaceta Oficial de Bolivia
54. Código Tributario, Gaceta Oficial de
    Bolivia
55. Código de Seguridad Social, Gaceta Oficial de
    Bolivia
56. Código de Comercio, Gaceta oficial de
    Bolivia
57. Ley 1544 de Capitalización, Gaceta Oficial de
    Bolivia
58. Ley 1788 LOPE, Gaceta Oficial de Bolivia
59. Ley 1864 PCP, Gaceta Oficial de Bolivia
60. Ley de Mercados e
    Valores 1834 , Gaceta Oficial de Bolivia
61. Ley 1883 de Seguros, Gaceta Oficial de
    Bolivia
62. Ley 2064 de Reactivación Económica,
    Gaceta Oficial de Bolivia
63. Ley 2427 del Bonosol, Gaceta Oficial de
    Bolivia
64. La Seguridad Social y el Estado Moderno.- IMSS
    1992.

Carlos Sandoval Landívar

Santa Cruz de la Sierra Septiembre del 2006