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¿Dictaduras, Tiranías o Gobiernos de facto? (página 2)

Enviado por Lelio Merli



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LOS GOBIERNOS DE FACTO

Ahora bien, tampoco debiéramos denominar ligeramente "De Facto" a esos dos tipos de gobiernos nombrados Ut Supra, porque así se les da un aspecto de legalidad. En realidad es sólo un intento de legitimarlos, porque la legalidad propiamente dicha, está siempre ausente. La terminología en castellano es "De Hecho".

En la escuela secundaria, durante la dictadura argentina del 43, que precedió al gobierno de Juan D. Perón, los profesores de aquellos tiempos -- superiores a muchos universitarios de ahora -- nos enseñaron acerca de este tema, todo cuanto se diría después al tornar a la democracia. (Observemos la diferencia con una tiranía: aquellos docentes ni siquiera fueron removidos). Es en el recuerdo de sus enseñanzas que encaro este trabajo.

Algunos autores mencionan juntos: "gobiernos de hecho o de facto", como si de facto se tratara solamente de una traducción al latín. Es un error, puesto que de hecho significa el reconocimiento de una realidad y de facto expresa su posterior legalización según la doctrina de facto, ( que creó Constantinau al principio del siglo pasado) siempre por razones de necesidad. Al equipararlos se fomenta la confusión, que sólo beneficia a los enemigos de la legalidad y la democracia. Se puede tolerar que algunos juristas acepten equiparar los términos por razones de simplicidad, pero no se puede justificar que nosotros los periodistas lo hagamos, teniendo en cuenta lo sufrido por los argentinos con el último gobierno militar y sus teorizadores leguleyos, "muy capaces". (Muy capaces de legalizar lo ilegal)

El llamar de facto a un gobierno de hecho encierra un mensaje subliminal que incide arteramente en la percepción popular. Dentro de la legalización de la arbitrariedad declarar a un gobierno tiránico como de facto es dar el primer paso. El vocabulario continúa con: reivindicaciones históricas y territoriales, soberanía, raza o nazionalismo, con z y hasta con lucha de clases.

Aldous Huxley va mucho más lejos cuando nos habla de una verdadera "jerga", refiriéndose al vocabulario que utilizan los gobiernos totalitarios para legitimar su despotismo y hacer aparecer posteriormente al gobierno de facto como un gobierno de derecho divino. "Tales jergas resultan, para las tiranías, instrumentos con los que llegan a justificarse ampliamente los crímenes más monstruosos". Asimismo enumera las palabras más comunes de los discursos de Hitler: "odio, fuerza, implacable, aplastamiento y aniquilación". (Agreguemos nosotros. Nunca: amor, derecho, justicia, libertad, elecciones o arte. Jamás: trabajar y cobrar, sembrar y cosechar o respirar y beber sin contaminantes. Nunca jamás: Dios y Sabiduría.)

En La Argentina se instala la doctrina de facto con la revolución del 6 de setiembre de 1930

Por ser muy ilustrativo se recomienda un trabajo del Dr. Horacio Ruiz donde expresa:

"La Suprema Corte declara en la Acordada del 10/9/1930 que al gobierno surgido de esa revolución, a pesar de ser un gobierno de hecho, se lo declara un gobierno de facto con todas las consecuencias de la doctrina de facto, por razones de policía y necesidad.

(Teniendo en cuenta que al asumir el cargo se ha apresurado a prestar el juramento de cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes fundamentales de la nación").

Horacio Ruiz: gobierno de 1976 / 1983
InfoUrba 190905 - Fuente: Urbe Et Ius - Revista de opinión jurídica –

VER AMPLIACIÓN DE LA ACORDADA EN LA 3ª PARTE

Como vemos, la Suprema Corte lo declara: un gobierno de facto, (por razones de policía y necesidad), ante la promesa de cumplir y hacer cumplir la constitución.
Observemos ahora la diferencia con el Gobierno de 1976, que no habla nada de la Constitución y por lo cual no se lo puede considerar igual que al anterior."

No es posible que para algunos autores "todo vale 20".

Pero no todos los autores ven con buenos ojos aquella acordada. Observemos la opinión de Alejandro Carrió al referirse a la misma:

El jurista Alejandro Carrió define a esta Acordada como un "engendro". Dice al respecto: "Visto con alguna perspectiva, pienso que eso fue un grave error, pues importó abrir la puerta a que se legitimaran, de allí en más, las variadas revueltas militares que signaron nuestra vida política por el resto del siglo.

De esta manera, se asienta la "doctrina de facto" que luego avalaría los golpes militares de 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976". FUENTE: JESICA BOSSI-- 2º ENFOQUE
VER AMPLIACIÓN CRITERIO DE ALEJANDRO CARRIÓ EN LA 3ª PARTE

Comparando el gobierno militar de 1976 con el anterior de 1930, vemos un aumento enorme en su arbitrariedad. Se comprueba con esta comparación la verdad que encierra el conocido refrán :

"Loa vicios nunca terminan donde empiezan".

En mi trabajo "El oro maldito y la teoría del sapo" (ver Monografías.com) explico cómo el hombre se acostumbra a la contaminación, poco a poco. Asimismo se va acostumbrando a las arbitrariedades.

Podemos observar además, en el gobierno del 76, que se trató de un gobierno de hecho que, por necesidades jurídicas se consideraron a sí mismos también según la doctrina de facto, Pero no se lo debe considerar así después de su caída, en una clasificación histórica. Es más, si me tocara clasificarlo lo haría, sin duda, como un gobierno de hecho y más precisamente: DEL HECHO CONSUMADO, (consummatum est) junto al gobierno de Pinochet.

(Leer detenidamente la proclama del 24/3/76). Removieron hasta los miembros de la Suprema Corte. ¿De qué legalidad pueden hablar?.

Sin embargo, los juristas también incluyen a este gobierno entre los de facto, a pesar que "todo gobierno o funcionario de facto debe subordinarse a la Constitución escrita y a las leyes. No es válido el ejercicio de la función con ausencia de todo fundamento constitucional".

Además existen "diferencias en cuanto a los golpes de estado argentinos, ya que mientras que en los del '30, '43, `55 y '63 al intervenir el poder no buscaban la sustitución del régimen democrático, sino el cambio de los gobernantes, es a partir del golpe del '66, con Onganía, que se tiende hacia el cambio de régimen. Otra diferencia es que los golpes del '30 y del '43 dejaron intacto el Poder Judicial". (Gobiernos argentinos – Rincón del Vago) -- Salamanca.

VER AMPLIACION DE LOS GOBIERNOS ARGENTINOS EN LA 3ª PARTE

Como decimos, no se puede generalizar tanto con la doctrina de facto, abarcando por igual a patos y gallinetas.

LOS LATINILLOS

Como vemos existe una gran diferencia entre una situación legal y una solamente real. Esta última, en castellano básico siempre se llama de hecho. Por ejemplo, en la separación de hecho de una pareja, a nadie, en lenguaje corriente, se le ocurriría llamarla de facto para que quede más elegante, aunque la gente al referirse a las causas de esos tristes casos diga: "el fato fue así".

Porque el pueblo, con su sabiduría infusa, tiene sus propios latinillos, que no son los que los profesores de derecho nos aplican con su latiniparla en sus códigos.

Por eso, nosotros los periodistas, que también tenemos nuestros códigos, no podemos favorecer con apariencias legales las cosas que son indudablemente ilegales. En todo caso, debiéramos usar el apócope que usa el pueblo cuando define a los gobiernos ilegítimos como "gobiernos de prepo" (praepotentia.Gobiernos que para esos juristas interesados, (EX CATHEDRA), son De Facto. pero que igualmente caen DEO GRATIAS, IPSO FACTO por no ser DE JURE. -

  • INTELLIGENTI PAUCA – (A personas inteligentes pocas palabras) –

SEGUNDA PARTE

UN DIBUJO DE EL HOMBRE LIBRE (17/8/1946)

EL ORDEN JURÍDICO QUEBRADO POR LAS DICTADURAS, TIRANÍAS O GOBIERNOS DE FACTO

EL PERRO RABIOSO

Decíamos en la Primara Parte, que el clasificar a las tiranías como gobiernos de facto, encierra un mensaje subliminal dirigido a la percepción popular. Y creer que esto carece de importancia es un error.

Nos hemos acostumbrado demasiado a las nuevas definiciones tecnológicas que dicen, más difícilmente, lo mismo que antes.

En la actualidad, gracias a Pasteur y las campañas de vacunación, la rabia está erradicada de nuestro país. Pero el caso del perro rabioso dejó una enseñanza: se lo llamó hidrófobo y todos creyeron que esto era más exacto. Nada más equivocado: el perro rabioso no le tiene fobia al agua, sino a sus reflejos..

Es mucho mejor seguir llamándolo rabioso si llegamos a ver alguno que tiene espuma en la boca y muerde a diestra y siniestra.

Quizás nació esa moda por el deseo que la gente no huyera espantada cuando un perro se acercara moviendo la cola. Era para sacarnos el terror.

Así ocurre con las palabritas latinas de facto: Tratan de no aterrorizarnos al nombrar a un gobierno dictadura o tiranía. Prefieren, como los médicos, dar nombres en latín cuando las emergencias son graves, para no aterrorizarnos. Los médicos lo hacen de corazón. Los otros por interés.

Pero lo extraño es que nadie llama a la "Tiranía de Rosas" : gobierno De Facto.

Ni amigos ni enemigos usan ese término.

¿Será que la Historia no lo permite?. O será que las doctrinas, al igual que las leyes, no tienen aplicación en hechos anteriores a su creación. (Recordemos que la doctrina de facto la impuso Constantinau a principio del siglo XX).

¡Qué lástima!. ¡ Qué lindo quedaría Nerón, como gobernante de facto, quemando Roma!.

¿Será que se usa el término sólo cuando existen intereses creados?.

Por eso decimos que, caído un gobierno tiránico, en una clasificación histórica, no se lo debe seguir considerando como de facto, excepto si somos juristas o profesores de lenguas muertas.

No cometamos el mismo error que con el perro rabioso. La rabia es la misma, aunque le cambien el nombre por uno más difícil de pronunciar.

Dejemos que el pueblo llame a las cosas por su nombre: Dictaduras, cuando son dictaduras y Tiranías cuando son tiranías. Sólo serán gobiernos de facto, mientras estén en el poder, sus ejércitos patrullen las calles y sus escribas gobiernen nuestras mentes.

"Muerto el perro se terminó la rabia" -- dice el refrán. Por eso algunos no quieren que muera ese canino. (Y nos vuelven a meter el perro).

Quieren que la rabia regrese. Y lo logran, suavizando las expresiones al recordar el pasado.

Por eso el pasado siempre vuelve y el hombre vuelve también ... a cometer los mismos errores.

EL LATÍN, LOS CURAS Y EL PUEBLO

Es extraño ver cómo los académicos se dirigen al pueblo introduciendo citas en latín. Pareciera que no quieren que éste los entienda.

En tiempos idos, no muy lejanos, las misas se decían en latín y dando la espalda a los feligreses. Ahora, en estas tierras, los doctores de la ley de Dios, demostrando estar dos pasos más adelante que muchos doctores de la ley del hombre, no dan más la misa en latín y miran al pueblo de frente. Así, ahora el pueblo los entiende. ¿Porqué no se sigue su ejemplo?. ¿No quieren que se les entienda?. ¡Aquí sí podemos pensar!: ¡Por algo será!.

Extraña, eso sí, que uno de los panegiristas de la última dictadura fue seminarista. Evidentemente, no se enteró de los nuevos vientos que soplan en la milenaria Iglesia. Hoy día, los sacerdotes dan la espalda a las imágenes sagradas porque saben que sólo son imágenes, muy artísticas, pero sin vida y que Dios está en todas partes, adelante y atrás, pero especialmente donde está la vida que Ël creó. Entonces pues, Dios está dentro del pueblo, que tanto sufre, cree en El y sus plegarias al cielo son constantes y por ello su comunión espiritual es continua.

Nada de todo esto ocurre con los dioses de barro, frente a los cuales sólo se arrodillan los genuflexos ignorantes. Ignorantes que se creen sabios porque saben citas en latín.

Sabios, de barro ellos también, que aconsejan al pueblo ponerse de rodillas frente a otros hombres que debieran ser sus iguales ante la ley. Sabihondos que sueñan con volver a la edad media, donde los únicos ilustrados eran los que estudiaban latín, mientras el pueblo no sabía leer ni escribir y los verdaderos sabios eran quemados en la plaza, con leña verde para que más sufrieran.

BREVE INCURSIÓN EN EL CAMPO MINADO DEL DERECHO

Como ya lo he aclarado en la Primera Parte, no deseo hacer de este trabajo un estudio más de derecho acerca de la doctrina de facto, pues no quiero que pierda su carácter periodístico.

Sin embargo, es necesario analizar brevemente el tema desde el enfoque jurídico y demostrar que "de facto" no es la simple traducción "de hecho" al latín.

Entonces, haré un ligero repaso bibliográfico.

Al revisar los argumentos de quienes son partidarios de englobar a todos los gobiernos que no son de jure, como gobiernos de facto, vemos que chocan con la opinión de los mayores jurisconsultos de la actualidad.

Aquellos doctrineros, al no contar con el apoyo de sus progenitores, ya desaparecidos, se han convertido en unos pobres doctrinos.

Las opiniones de los autores actuales son generalmente explosivas. Sentimos como si estallaran minas debajo de nuestros pies, al transitar el estudio de la anquilosada doctrina de facto.

LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD

Algunos autores, al tratar la doctrina de facto, hacen hincapié en la legalidad y la legitimidad. Dos palabras parecidas pero que no significan exactamente lo mismo.

El diccionario de la lengua (nuestra) define a legalidad como calidad de legal y a legal como: Establecido por la ley o de acuerdo con ella.

Legitimidad, como calidad de legítimo, // Derecho de un poder político a establecer su autoridad.

Legítimo: Conforme a la ley o al derecho.

O sea, que en el primer caso no hay dudas posibles: Está de acuerdo con una ley anterior.

En el segundo caso, se trata de demostrar que se tiene el derecho. Habrá que probarlo.

Como un ejemplo ilustrativo, el mismo diccionario dice: Reconocer por legítimo al hijo que no lo era.

Para el lector que no estudió derecho daré un ejemplo práctico: Una cosa es el agua de lluvia y otra muy distinta el agua potabilizada.

Estos autores, sin desprenderse del término de facto, agregan estas calificaciones en el repaso de los diferentes gobiernos de hecho, generalmente militares, que mandaron en nuestro país.

Al estudiar en detalle a los gobiernos argentinos desde 1928, con la presidencia de Hipòlito Yrigoyen y su caída producida por la revolución de 1930, podemos analizar la legalidad y legitimidad de los mismos.

Ver: GOBIERNOS ARGENTINOS –El Rincón del Vago – SALAMANCA -- ESPAñA

BANCARROTA DE LA DOCTRINA DE FACTO

Así llegamos a los autores revisores de la doctrina de facto que, como Bidart Campos habla directamente de su bancarrota, a la luz de la crítica a la inclusión del gobierno militar del 76 entre los gobiernos de facto. Habla ya de la imposibilidad de su inclusión, por tratarse directamente de "USURPADORES" del poder. No hay forma de legalizarlo ni de legitimarlo.

Al respecto Julio César Ramírez dice textualmente:

El 24 de marzo de 1976 fue derrocado el gobierno justicialista que alcanzó el poder el 25 de mayo de 1973. La más criminal dictadura de la Argentina llegaría hasta el 10 de diciembre de 1983.

(UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO)

FUENTE: Totalitarismo. Hannah Arendt – Monografias.com

CONCLUSIÓN

LA OPINIÓN DE MAQUIAVELO:

La mayoría de los hombres, desea no ser dominada.

Pero unos pocos muestran una insaciable sed del poder, un infatigable deseo de dominar y gobernar a los demás.

Es esta ambición de los poderosos, dirigida contra el pueblo, lo que constituye el peligro más grave y menos fácil de neutralizar para los gobiernos libres.

TERCERA PARTE

AMPLIACIÓN DE CITAS

BANCARROTA DE LA DOCTR. DE FACTO

Biasco Marino-ccee.edu.uy-(Bidardt Campos)

Invest. Inst. Interam. DDHH (E. Zaffaroni-Arg.

y Dres: Haba, Schurmann y Grezzi –Uruguay)

UN DIBUJO DE EL HOMBRE LIBRE (15/1/1947)

EL TOTALITARISMO DISFRAZADO

POR LA DOCTRINA DE FACTO

AMPLIACIÓN DEL TRABAJO DEL Dr. Horacio Ruiz:

ACORDADA de la Corte Suprema de la Nación del 10/9/1930:

1..Que la susodicha comunicación pone en conocimiento oficial de esta Corte Suprema la constitución de un gobierno provisional, emanado de la revolución triunfante del 6 de Septiembre del corriente año;
2. Que ese gobierno se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden de la nación y, por consiguiente, para proteger la libertad, la vida y la propiedad de las personas, y ha declarado además, en actos públicos que mantendrá la supremacía de la constitución y de las leyes del país, en el ejercicio del poder;
3. Que tales antecedentes caracterizan, sin duda, un gobierno de hecho en cuanto a su constitución, y de cuya naturaleza participan los funcionarios que lo integran actualmente o que se designen en lo sucesivo, con todas las consecuencias de la doctrina de facto, respecto de la posibilidad de realizar válidamente los actos necesarios para el cumplimiento de los fines perseguidos por él;
4. Que esta Corte ha declarado, respecto a los funcionarios de hecho, que la doctrina constitucional e internacional se uniforman en el sentido de dar validez a sus actos, cualquiera que pueda ser el vicio o deficiencia de sus nombramientos o de su elección, fundándose en razones de policía y necesidad, con el fin de mantener protegido al público y a los individuos cuyos intereses pueden ser afectados, ya que no les sería posible a estos últimos realizar investigaciones ni discutir la legalidad de las designaciones de funcionarios que se hallan en aparente posesión de sus poderes y funciones;
5. Que el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país, es pues, un gobierno de facto, cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y seguridad social;
6. Que ello no obstante, si normalizada la situación, en el desenvolvimiento de la acción del gobierno de facto, los funcionarios que lo integran desconocieran las garantías individuales o las de la propiedad y otras de las aseguradas por la constitución, la administración de justicia encargada de hacer cumplir ésta las restablecería en las mismas condiciones y en el mismo alcance que lo habría hecho con el ejecutivo de derecho. Y ésta última conclusión, impuesta por la propia organización del poder judicial; se halla confirmada en el caso por las declaraciones del gobierno provisional, que al asumir el cargo se ha apresurado a prestar el juramento de cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes fundamentales de la nación. "

AMPLIACIÓN DEL CRITERIO DE ALEJANDRO CARRIÓ

El jurista Alejandro Carrió define a esta Acordada como un "engendro". Opina que con esta determinación, la Corte se apartó de la clásica limitación que se había impuesto durante años, de no emitir opiniones en abstracto, o sea fuera del marco de una concreta contienda judicial.

Dice al respecto: "Visto con alguna perspectiva, pienso que eso fue un grave error, pues importó abrir la puerta a que se legitimaran, de allí en más, las variadas revueltas militares que signaron nuestra vida política por el resto del siglo (...). Pero sí creo que una Corte que se hubiese negado a convalidar una revuelta militar –aún cuando ello condujese a su inmediato reemplazo- nos habría evitado el nacimiento de doctrinas de "emergencia" de las que hoy resulta muy difícil desprenderse.

De esta manera, se asienta la "doctrina de facto" que luego avalaría los golpes militares de 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976".
FUENTE: JESICA BOSSI-- 2º ENFOQUE

AMPLIACIÓN DEL COMENTARIO DE HORACIO RUIZ

Gobierno de 1976 / 1983
El 24 de marzo de 1976 la Junta Militar toman el poder derrocando a la Presidente María Estela Martínez de Perón. Luego, a los pocos días, asume el cargo de Presidente el Gral. Jorge Rafael Videla, El mismo día que desplazan al gobierno de iure dictan el "Acta para el Proceso de Reorganización Nacional". Por ello resuelven:
1. Constituir la Junta Militar con los comandantes generales de la Fuerzas Armadas de la Nación, la que asume el poder político de la República;
4. Disolver el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, la Sala de Representantes de la Ciudad de Buenos Aires y los consejos municipales de las provincias u organismos similares;
5. Remover a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Procurador General de la Nación y a los integrantes de los tribunales superiores provinciales;
7. Suspender la actividad política y de los partidos políticos, a nivel nacional, provincial y municipal;
8. Suspender las actividades gremiales de trabajadores, empresarios y profesionales;
En este gobierno las facultades legislativas fueron ejercidas por el Presidente con la colaboración de una Comisión de Asuntos Legislativos (C.A.L.), la que intervenía en la formación y sanción de las leyes.
InfoUrba 190905 - Fuente: Urbe Et Ius - Revista de opinión jurídica –

(Fuente: Dr. Horacio Ruiz)

AMPLIACIÓN DE: GOBIERNOS "DE FACTO" ARGENTINOS (R. Del Vago)

I. Período de 1928-1930

En 1928, Hipólito Yrigoyen llega a la presidencia de la Nación por segunda vez, lo consigue a través de elecciones libres. Podemos afirmar, entonces, que esta elección se apoyó en los medios legales. Además, el poder fue ejercido de acuerdo con las leyes establecidas. Se puede agregar, también, que se cumplió con la legitimidad política y jurídica

II. Período de 1930-1943

Este período, también conocido como "la década infame", comienza con el derrocamiento de Irigoyen por parte de un movimiento militar encabezado por el General Uriburu, por lo tanto podemos decir que el gobierno de éste último, no gozó de legalidad.

El gobierno de Uriburu fue legitimado sólo por una minoría (la oligarquía y el ejército), pero no contaba con el apoyo mayoritario de la clase media y las clases populares.

Los gobiernos de Justo, Ortiz y Castillo fueron ilegales ya que su acceso al poder y el ejercicio del mismo no eran conformes a lo establecido por las normas Constitucionales. Tampoco gozaron de legitimidad política ya que estos gobiernos utilizaron la coacción para hacerse obedecer sin interesarse por el bien común de la sociedad.

Tanto el gobierno de Uriburu como los de Justo, Ortiz y Castillo no contaron con legitimidad jurídica al no ser respetada la Norma Fundamental en cuanto a lo viciado del acceso al poder.

Nota: Se refiere al acceso al poder: de Uriburu por golpe y de Justo, Ortiz y Castillo por fraude

III. Período de 1943-1955

a) 1943-1945: Con respecto a la legalidad, los gobiernos de ésta etapa (Rawson, Ramírez y Farrel) carecieron de la misma, ya que asumieron al gobierno por medio de golpes de estado, violando así las normas establecidas en la Constitución.

También carecieron de legitimidad por la falta de consenso. Aunque podemos afirmar que en principio una fracción de la población lo consideró legítimo porque no toleraron el régimen anterior, pero luego esto decayó al no cumplirse con las expectativas del sector civil.

Tampoco existió la legitimidad jurídica al no respetarse las normas previstas por las leyes, ni la legitimidad política, porque la Revolución de 1943 no contó con ningún apoyo de los partidos políticos. Incluso, éstos fueron disueltos y se prohibió, además, toda actividad partidaria (en especial los partidos políticos de izquierda).

En cuanto a la legitimidad externa, decimos que Estados Unidos se la negó al gobierno, debido a la adopción de una postura neutral respecto a la segunda guerra mundial. Más tarde, Argentina, bajo muchas presiones le terminó declarando la guerra a los países del Eje, con lo que se reanudó la relación con los Estados Unidos.

b) 1945-1952: En esta etapa, resurge la legalidad, dado que en la Argentina se votó limpia y democráticamente como lo estipula la constitución. El 24 de febrero de 1946, Perón fue elegido Presidente de la Nación, por medio de elecciones justas. Fue el primero que llegaba a la presidencia sin fraude electoral, desde hacía más una década

La legalidad en la reelección de Perón, aún hoy es cuestionada en virtud de la aplicación pertinente del mecanismo constitucional en la reforma de la Norma fundamental (la Constitución de 1853 marca el requisito de 2/3, aunque el artículo 31 no aclara si lo es sobre el total de los miembros o solamente sobre los presentes; el peronismo dio como válida esta última opción).

También se debate si es una reforma de la antigua norma fundamental o si se trata de una nueva constitución. Muchos constitucionalistas adoptan esta segunda interpretación, ya que muchas normas se alejan del fondo liberal de la Constitución de 1853 e introducen el llamado "Constitucionalismo social".

Este gobierno, fue legítimo, ya que fue elegido a través del voto popular.

Creemos que hay una legitimidad jurídica. Además, este gobierno, accedió al poder con la colaboración de una coalición política: sectores sindicales, las fracciones disidentes del radicalismo y a los dirigentes separados del conservadurismo.

Contó con legitimidad política, porque su gobierno se orientó hacia la realización del bien común y la justicia.

c) 1952-1955: En 1952 fue reelecto el general Juan Domingo Perón, como presidente de la Nación. La legalidad se mantuvo con respecto a la participación política (promulgación del voto femenino).

Con respecto a la legitimidad, ésta existió al principio, pero al final del período la situación económica se complicó, lo que provocó una gran oposición manifestada a través de disturbios, demostrando así que la legitimidad y la confianza ya no era la misma

IV. Período de 1955-1973:

Vale aclarar que este período no se identifica con los gobiernos de iure ni con los gobiernos de facto. Podríamos decir que se produce una alternancia entre ellos.

Los gobiernos de Lonardi, Aramburu, Guido, Onganía y Levingston no contaron con legalidad ya que éstos no se ejercieron respetando las leyes.

Justificando esto último podemos señalar entre otras cosas que Lonardi disolvió el Congreso e intervino todas las provincias; que Aramburu implantó la ley marcial y proscribió al partido peronista (derogando también su Constitución); que Guido proscribió la unión popular; que Onganía reemplazó la Constitución Nacional por el Estatuto de la Revolución Argentina; y que Levingston, al compartir las mismas ideas políticas, era la continuación de Onganía.

En cambio, Lanusse mostró rasgos de legalidad al llamar a elecciones generales sin proscripciones, pero luego impuso una modificación constitucional de facto por la cual el presidente sería designado por voto directo y no por colegios electorales.

Durante los cinco gobiernos antes mencionados tampoco existió legitimidad política, ya que sus actos de gobierno no estuvieron encaminados hacia el bien común ni al valor justicia, sino al cumplimiento de sus intereses personales. También podemos decir que no existió legitimidad jurídica ya que Lonardi accedió al poder mediante un golpe de estado (Revolución Libertadora); Aramburu mediante un golpe dentro del golpe; Guido por medio de la ley de acefalía; Onganía fue designado por la Junta Revolucionaria y no por sufragio universal; y Levingston fue designado por los comandantes de las tres armas. Tampoco el gobierno de Lanusse contó con legitimidad jurídica, ya que su acceso al poder no fue gracias al voto popular.

Durante el gobierno de Frondizi se dio una situación especial, ya que se desarrolló dentro del ámbito de la legalidad (permitió la participación en los comicios de la unión popular), pero también tuvo una serie de actitudes que nos hacen creer que no fue legal: en 1962 anuló las elecciones a diputados y gobernadores a pedido de los militares. También en algunas ocasiones, los militares lo obligaban a firmar decretos sin respetar la Constitución.

El gobierno de Frondizi contó con legitimidad política, ya que proyectó obras, fijó metas respecto al petróleo, gas, acero, carbón y otros. También contó con legitimidad jurídica, ya que accedió al poder mediante elecciones,

En el gobierno de Illia todos los órganos del estado actuaron respetando la ley, por eso afirmamos que se desarrolló dentro del ámbito de la legalidad. Además, Illia apuntó a la realización del bien común, e implementó el salario mínimo vital y móvil; por eso decimos que contó con legitimidad política. También tuvo legitimidad jurídica, ya que accedió al poder de acuerdo con los mecanismos previstos en la Constitución Nacional, aunque con una minoría de votos (23 %).

. Período de 1973-1976:

Los gobiernos que surgieron en este período fueron legales, ya que accedieron al poder respetando la Constitución y sus leyes; y también fueron legítimos por el apoyo demostrado por las masas hacia los mismos.

Luego de la muerte de Perón (en 1974), Isabel Martínez de Perón impulsó un programa autoritario de derecha, todo esto, bajo la influencia de López Rega, lo que finalmente hizo que el gobierno perdiera su legitimidad.

Doctrina de Facto

El gobierno de facto se instala en el poder interrumpiendo la continuidad prevista en las normas constitucionales, es decir, que un gobierno o funcionario es de facto cuando no ha surgido de acuerdo con el procedimiento constitucional o legal. La doctrina Argentina concibió el golpe de facto y su implicancia con la doctrina de facto como meras suspensiones del orden Constitucional, la ilicitud organizada que conlleva al golpe de Estado (mediante la Acordada, intentando ser institucionalizada) no puede ser negada. Las doctrinas de facto se aplican a un gobierno cuando la institución gubernamental es de hecho. En los actos que emanan de un gobierno de facto no existe la legitimidad a diferencia de los actos emanados en los gobiernos de iure. La doctrina de facto se aplica a los funcionarios y no al gobierno. También es aplicable cuando el acceso irregular al cargo se efectúa en épocas normales o como el resultado de una emergencia que ha desplazado a los titulares de iure. Todo gobierno o funcionario de facto debe subordinarse a la Constitución escrita y a las leyes. No es válido el ejercicio de la función con ausencia de todo fundamento constitucional.

NOTA: Observemos que en este párrafo se habla de golpe de facto y que la doctrina de facto se aplica a los funcionarios y no al gobierno.

Bibliografía utilizada

Duverger, Maurice. "Instituciones Políticas y Derecho Constitucional". Ed. Ariel. Barcelona.

Bobbio, Noberto. "Diccionario de Política". Ed. Siglo XXI.

Sartori, Giovanni. "Teoría de la Democracia". Ed. Alianza Universidad.

Bidart Campos, Germán. "Derecho Político". Ed. Aguilar. Bs.As.

Ortiz, Tulio. "Política y Estado". Ed. Estudio. Bs.As.

GOBIERNOS ARGENTINOS – El Rincón del Vago – SALAMANCA -- ESPAñA

AMPLIACIÓN DE LA Bancarrota de las doctrinas de facto

(y sus corolarios)

Emilio Biasco Marino (URUGUAY). (ccee.edu.uy) nos dice:

Es verdad que cierta doctrina vernácula —a nuestro juicio claramente anquilosada— sigue recurriendo a teorías ajenas a la esencia del ordenamiento jurídico

nacional, ignorando o desconociendo los nuevos vientos de fronda que han alcanzado a autores de la talla de Germán J. Bidart Campos, a quien citaremos textualmente e in extenso —por considerarlo un exponente acrítico de la doctrina de facto en la República Argentina— luego del último gobierno de facto y de la derrota de las Malvinas, acaba de constatar el comienzo irreversible de la bancarrota de la misma, en los términos que siguen:

"El desgaste producido por la inestabilidad política a partir de 1930 y el retorno a la normalidad constitucional a fines de 1983, parecen haber dado inicio a una revisión de la doctrina de facto".

"En la doctrina de facto argentina recién después de concluido el período de facto de 1976-1983, se ha comenzado con generalidad a tildar a los ocupantes del poder como "usurpadores".

Hasta entonces, siempre se les consideró casi pacíficamente como gobernantes "de facto" (y hasta alguna vez, en la primera etapa del gobierno de Onganía en 1966, se

pretendió evitar la adjudicación del calificativo "de facto")".-

"Quiere decir que, hasta 1984, al Poder Ejecutivo de facto se le reconoció la investidura plausible o admisible de que habla Jèzè, pero ahora muchos piensan -incluso-

con seriedad argumental, que la ocupación del poder al margen de los procedimientos constitucionales para la renovación de sus titulares coinciden con la incriminación

constitucional del artículo 22 -- similar a nuestro artículo 330 (Uruguay).

Se interpreta así, que cuando esta norma dice que toda fuerza armada que se atribuye los "derechos del pueblo" y peticiona a su nombre, comete delito de sedición,

"En ese clima, hubo diversos indicios de revisión de la doctrina de facto. Los procesos en jurisdicción militar por excesos en la lucha antisubversiva y por la contienda

con Gran Bretaña sobre Las Malvinas, significaron -con su sola promoción- echar una mirada retrospectiva. Los hechos bajo juicio no fueron digeridos como hechos

consumados irreversibles.

Juicios en sede judicial, incluida la "rebelión" del 24 de marzo de 1976, adquieren idéntico sentido. El analista más superficial pudo detectar signos de reacción que

estuvieron ausentes en los anteriores restablecimientos (precarios) de las instituciones constitucionales".

"La Corte Suprema por su parte, ha ido trazando algunos lineamientos de características especiales, aunque con citas de antecedentes tomados de sus propios

fallos de otras épocas. La pauta de que normas y actos del poder de facto necesitan reconocimiento expreso o implícito del posterior poder "de iure", tiene latitud suficiente como para servir de punto de arranque a una provisionalidad dudosa de tales normas y actos, requerida de confirmación o de rechazos ulteriores".-

"El Congreso posterior a 1983 ya ha exhibido, en cambio algunas predisposiciones que, si bien discutible doctrinariamente, resultan indicativos de un sesgo. Por de pronto es elocuente que desde la derogación de la Ley de Amnistía (22.924), el Congreso haya asumido el rol político de contralor constitucional. Expresamente lo ha dicho en la Ley (23.062) que establece la invalidez jurídica de normas y actos de autoridades de facto y de los procesos judiciales y sus sentencias, que tengan por objeto juzgar o sancionar a integrantes de los poderes constitucionales. y añade el texto: aun cuando se funden en pretendidos poderes revolucionarios. Con este curioso enunciado, el Congreso en realidad ha emitido una declaración política de castración de los poderes de facto, que no sólo decapitó mucho de lo hecho entre 1976 y 1983, sino que juega como admonición docente para eventuales tentativas futuras".

"Es más: la misma ley (23.062) que comentamos dispone que los jueces no están legitimados para juzgar a autoridades constitucionales depuestas por actos de rebelión, al estar ausente el presupuesto de su desafuero parlamentario o del juicio político (y no aclara si esa carencia de legitimación de los jueces se limita solamente al período por el cual las autoridades constituidas hubieran debido proseguir en sus funciones, o si es permanente más allá de dicho lapso).

En suma, estas definiciones legales aluden a la rebelión, con claro sentido referencial a la incriminación legal de la misma y la ley de defensa del orden constitucional

(23.077 de 1984) penalizó muchas conductas que hasta entonces escaparon del Código Penal".

"Se dirá que con normas legales únicamente, no se alcanza suficiente reaseguro de la estabilidad. Es verdad. La realidad es más fuerte que las formulaciones normativas. Pero, lo que resulta indudable es que el panorama que, a pinceladas muy gruesas estamos describiendo, responde a valoraciones harto negativas para las interrupciones militares de las sucesiones constitucionales de poder. Que se acentúe por todos lados un juicio disvalioso respecto de los golpes de estado y que se lo haga juzgar retroactivamente tanto como para adelante, es síntoma de que la doctrina de facto ha empezado a ser puesta en revisión. Y no ya en la serena región del debate académico sino en las decisiones de poder"

"...tenemos la sensación de que se ha vivenciado la necesidad de poner freno, de revertir excesos, de tamizar mucho o bastante de lo que había dentro de una doctrina de facto exorbitante"

No se trata solamente de juicios de valor que a posteriori formulan las opiniones públicas, los partidos, la sociedad.

Se trata de medidas que recaen sobre el pasado para una rendición de cuentas.

Hasta se han vertido criterios favorables al juicio político de ex-funcionarios. Cada cual, con plena libertad de expresión, tiene derecho a formular su propio punto de vista.

Omitimos ahondar en el nuestro porque el propósito de estas reflexiones se limita solo a advertir que a la doctrina de facto le llegó la hora de la revisión.

A su amparo, se convalidó la declaración de necesidad de reforma de la Constitución efectuada por el gobierno de facto de la Revolución Libertadora; y lo que es

peor: se gestó y consumó la enmienda transitoria de 1972.-

Como desquite, el Congreso se ha sentido capaz de declarar la invalidez constitucional de las Actas lnstitucionales dictadas a partir de 1976.

Los autores irán diciendo lo que de ortodoxo o de heterodoxo haya en muchas decisiones actuales.-

Lo cierto es que refleja una intención de remediar los avances del poder militar sobre el poder civil y de colocar al primero en el de subordinación a la Constitución

señala.-

Ver:. Germán J. Bidart Campos: "Curso Elemental de Derecho Constitucional" , T .2, p. 512 y 513, Edic. 1986.-

"Documento final del programa de investigación del Instituto interamericano de Derechos Humanos (1982-1986)",

(que actuó bajo la coordinación del Dr. Eugenio Zaffaroni; actuando por Uruguay, los Dres. Enrique P. Haba, Rodolfo Schurmann Pacheco y Ofelia Grezzi).

"Los regímenes de fuerza latinoamericanos frecuentemente han desconocido la cosa juzgada absolutoria pronunciada por jueces del estado de derecho, han condenado

por jueces del gobierno de facto con pruebas reunidas en abierta violación de derechos humanos, han dictado actos legislativos de fuerza con pretendido valor de ley

amnistiando a sus propios integrantes O privilegiándolos con penas insignificantes o los han absuelto a través de sus jueces de "facto" en actos apresurados y respecto de hechos a veces aberrantes.- Las minorías que suelen apoyarlos, una vez restablecido el estado de derecho por voluntad popular, oponen al gobierno de ésta la cosa juzgada para amparar a sus partidarios como también para mantener las condenas impuestas durante la vigencia del régimen de fuerza, la irretroactividad de la ley penal más gravosa para lograr la impunidad por vía de su pretendida auto-amnistía o leyes privilegiantes y el transcurso del tiempo para ampararse en la prescripción de la acción penal. Se invocan al respecto pretendidos argumentos que hacen a la seguridad jurídica y a la continuidad institucional, con lo cual se obtiene el paradojal resultado de que los gobiernos de facto se consideran facultados para desconocer cualquier acto judicial o legislativo del estado de derecho, en tanto que el estado de derecho se hallaría obligado a reconocer la validez de los actos legislativos y judiciales de facto.

Esta es la consecuencia lógica de la teoría formal Kelseniana -defendida por todos los abogados de los gobiernos de facto- que sostiene que el gobierno de derecho es el

resultado de la Constitución introducida por el gobierno de facto al interrumpir la forma constitucional de sucesión de gobiernos mediante su propio acto de fuerza".

Y como colofón del "Programa de investigación sobre derechos humanos (1982-1986)" recomienda:

a) El rechazo de cualquier teoría "de facto" que lleva a la consecuencia paradojal de legitimar cualquier desconocimiento de leyes o de cosa juzgada constitucionales o actos de gobierno de derecho y a reconocer el carácter de ley y de cosa juzgada a los actos de fuerza del gobierno de facto.

b) Reconocer la situación de necesidad creada por las situaciones de fuerza y asignar el valor de cosa juzgada o de leyes a los actos de un gobierno de facto, cuando

con ello se evite el mal mayor que consistirá en introducir un caos en las relaciones jurídicas.

c) Admitir que ese estado de necesidad cesa en los casos en que la ficción anterior provocaría una grave crisis en !a confianza en el derecho, como son las condenas

pronunciadas en abierta violación a las garantías procesales y los sobreseimientos y absoluciones en favor de personas que detentaban el propio poder de facto.

d) Por iguales razones, hacer cesar la ficción de ley que cubre a los actos normativos de fuerza cuando se hubiese realizado para amparar o privilegiar a quienes

ejercían esa fuerza.

e) Considerar interrumpido el curso de la prescripción de las acciones penales durante todo el término del imperio de la fuerza, cuando la misma hubiese sido la causa

de la inoperancia de los organismos de investigación o judiciales del Estado.

f) Procurar la introducción de estos principios en los textos constitucionales, como forma de defensa de su propia vigencia.-

g) Promover la tipificación de la conducta de quien asuma altas funciones ejecutivas, legislativas o judiciales por designación de un gobierno de facto o continúe

desempeñándolas durante su vigencia con reconocimiento de la autoridad de fuerza".

Asimismo, cabe recordar que en el "Dictamen preliminar del Consejo para la consolidación de la democracia", creado por el Dr. Raúl Alfonsín por D. 2446 de 24.XII.1985,

dirigido por el Dr Carlos Santiago Nino, e integrado por decenas de juristas, se establece que, como medio de defensa y vigencia de la Constitución, se debe consagrar el derecho a desobedecer a los gobiernos de facto, desconociendo la autoridad de sus actos y sancionando a quienes lleven a cabo el hecho de fuerza o colaborasen con él, declarando la imprescriptibilidad de esos delitos

Ver: "Sistemas Penales y Derechos Humanos en América Latina" (Informe Final) con prólogo del

Dr. Héctor Gros Espiell.- Ed. Depalma 1986, p. 447 y ss.- Ed. Eudeba, 1986, p 48 y 265 Normas de igual tenor existen actualmente en Venezuela (C. arts. 119, 120 y 250) y Perú (C. arts. 81, 82 y 307).-

 

 

 

Autor:

Lelio Merli

Rosario – Director de EL FISCAL DIGITAL

ARGENTINA


Partes: 1, 2


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