Con la tolerancia cero "intentan aplacar el miedo de las clases medias y altas, que son las que votan, mediante el permanente hostigamiento de los pobres en los espacios públicos, haciendo intervenir a las fuerzas del orden en problemas menores como ebriedad, ruido, mendicidad, atentados a las costumbres, y otros comportamientos antisociales vinculados con los sin techo"[1].

Según Giner, la delincuencia es, en general, "una de las formas más descollantes de la desviación social"[2]; más precisamente cuando esta conducta se aparta de las normas o de los intereses grupales. "En tales casos las <<desviaciones>> son desviaciones de una moral proclamada por grupos concretos que poco pueden hacer contra las costumbres enraizadas en la conciencia colectiva y respaldadas por la estructura económica"[3].

Sin embargo, es preciso entender una conducta delictiva, no arbitrariamente, sino relacionada a una estructura social determinada, y sobre todo a una cultura dada que se ve respaldada por un poder y unas normas. El acto delictivo de trasgresión es, según este autor, el crimen o el delito[4].

Giner realiza una distinción entre el "delito utilitario", "delito reincidente" y los actos de vandalismo. Este trabajo se centrará en la primera categoría. Giner entiende como delito utilitario, por ejemplo, al realizado por un obrero que ha sido despedido y que ataca a otro ciudadano impulsado por la necesidad[5].

Un hecho social incuestionable de los últimos tiempos en Argentina (y por cierto en casi todos los países del mundo, especialmente en América Latina) es la escalada de violencia criminal que es presentada de manera sistemática por los medios de comunicación, en el discurso político y en buena parte de la opinión publica.

En los últimos tiempos nos hemos visto invadidos constantemente por informes sobre delincuencia, inseguridad, crimen, secuestros, etc. Sin embargo, no se han puesto en duda la veracidad de los esquemas enunciados por estos medios, es decir, es preciso "establecer si estas olas de violencia se corresponden con un aumento real del fenómeno o si resulta de una utilización de los hechos que apunta a legitimar un discurso justificatorio de móviles punitivos, porque una vez asumido como incuestionable, este discurso propicia la configuración de una sociedad mas autoritaria y violenta; menos garantista"[6]. Es preciso señalar que la utilización de esta "violencia simbólica"* no es nueva ya qua ha sido utilizada en otros periodos históricos recientes en nuestro país.

Por ejemplo, desde la reinstauración del régimen democrático liberal en 1983, el tema de la inseguridad ya no se inscribe en el universo de la doctrina de Seguridad Interior y en la apelación al enemigo publico, sino en el de la democracia, el orden y el control social para sostenerla.

En el periodo de la administración Menem, la noción de seguridad ha sido contrapuesta al desorden social y a la utilización instrumental de las denominadas olas de violencia, con esta utilización se justificaron importantes procesos de privatizaciones, por ejemplo, el robo en trenes, que acaparó, en su momento la atención de los medios, de manera llamativa fecundizó la privatización de este importante medio de transporte.

Otro fenómeno, el asalto a colectivos, generó el consenso para la realización de operativos de control poblacional indiscriminados sobre grupos "potencialmente peligrosos y sospechosos". Otros tantos casos (manifestaciones masivas en Santiago del Estero y Jujuy contra sus gobiernos provinciales) fueron relacionados con el delito.[7]