El índice de libertad económica en el campo mexicano (página 6)

Cuadro 4.5 Variación del ILE de la
Carga impositiva del gobierno

La variable tasa impositiva máxima sobre los
ingresos personales mejoró su índice avanzando diez
décimas en 11 años. Antes de 1994 llegó a
aplicarse el 55% de ISR a los salarios
más altos. Hoy es del 29% y se prevé un
estancamiento prolongado.

Con relación a la Tasa marginal máxima
corporativa empezó con un buen nivel en 1994 ya que su ILE
era de 2.5. En 1998 el congreso decretó que las empresas
asentadas en las áreas rurales tendrían una
exención del 50% de los impuestos. Este
decreto se hizo con la finalidad de crear incentivos para
que no cerraran las empresas agropecuarias y para que se
capitalizaran mejor. Es un decreto de alcances limitados ya que
no es del conocimiento
generalizado de la población. Tampoco se ha usado para
promover una fuerte inversión fresca en el campo. Es posible
que si los inversionistas extranjeros supieran que fundar
una empresa en
el campo puede favorecerles al pagar la mitad de impuestos, se
crearía una extraordinaria motivación
para invertir. Pero los inversionistas extranjeros la ignoran o
tal vez piensan en la incertidumbre en cuanto a la estabilidad de
la prerrogativa.

El efecto de las tasas impositivas a las empresas es
similar a la de los individuos. Si una empresa siente
que el gobierno le cobra mucho, tratará de transferir la
tasa como un costo de
producción para recuperarlo cuando realice la venta. Pero si
por efectos de competitividad
la empresa
detecta que no obtiene el beneficio deseado quizás busque
otras latitudes y abandone al país. En consecuencia, el
empleo se
reducirá, la masa impositiva bajará y la economía
tenderá a sufrir parálisis. Por otro lado, si los
impuestos son mínimos o nulos, se generará un gran
incentivo para abrir nuevas empresas.

Queda para discusión si a un país le
favorece el hecho de que las nuevas empresas estén exentas
del pago de impuesto sobre
ganancias. Ya hay países que establecen 10 años de
exención de impuestos.

El autor de esta investigación no tiene duda de que la mejor
política
que un gobierno puede aplicar es la de eliminar los impuestos a
todas las empresas, sean viejas o nuevas. La experiencia de
aquellos países que han disfrutado de altas tasas de
desarrollo
indica que les ha favorecido la política de
reducción de impuestos a las ganancias de las empresas.
Véase el caso de Hong Kong, Singapur e Irlanda. En
contraparte, aquellas economías con altas tasas
impositivas, como Suecia, han tenido que cambiar sus políticas.
En los años 2004 y 2005 el ILE del campo mexicano ha
alcanzado su mejor valor, sin que
ello signifique que ya tenga la política ideal. Esta
variable tuvo un avance de quince décimas en once
años. Véase el cuadro 4.5.

En cuanto a la variable "Cambio anual
en el gasto gubernamental como porcentaje del PIB"

Esta variable mide la actitud o la
intención general del Estado para
incrementar o reducir su intervención en la
economía. Si de un año a otro incrementa su gasto,
quiere decir que su política de intervención va en
aumento. Al incrementar su gasto, provoca una reducción
del margen de acción
de los agentes privados. Por el contrario, si un Estado reduce su
gasto, ampliará el margen de acción a los agentes
privados (ceteris paribus).

Esta variable empezó con la peor
calificación (cinco) dado que hasta el año 2002 se
había observado crecimientos constantes en el gasto de
gobierno hacia el sector agropecuario, este gasto aumentaba en
más del 4% anual. Pero a partir de 2003 el gasto del
gobierno cambió de signo y empezó a decrecer de
manera importante. Por tal motivo, ha sido bien calificada con
valor de uno. Su avance, en el período considerado ha sido
de 4 puntos. Con esta tasa de variación del ILE, esta
variable se considera líder
en el cambio de la economía de México.
Sin embargo, el gasto agropecuario del gobierno aún es
alto.

En resumen. Si las tasas impositivas máximas son
altas, esto producirá un desincentivo para que la gente
contrate a otros, pues implica que el precio de la
mano de obra se encarece. El hecho de que contablemente el
impuesto lo pague el trabajador, no quiere decir que al empresario no
le preocupe, pues repercute en que tiene que ofrecer mayor sueldo
para tener los trabajadores que desea.

Si la tasa impositiva es baja, se generarán
incentivos para que los empresarios elaboren más proyectos y
contraten más gente. Es decir, se incrementaría el
nivel de libertad
económica para los empresarios y para los trabajadores que
pueden escoger un puesto de trabajo en un
universo mayor
de empresarios.

Para los impuestos corporativos sucede algo semejante,
ya que si los impuestos son altos, el número de
inversionistas se reduce pues piensan que están trabajando
para la burocracia
gobernante. Si los impuestos son bajos habrá un mayor
número de personas que se decidan a emprender nuevos
negocios, es
decir, se incrementará la libertad económica de las
personas.

El factor referente a la "carga impositiva del gobierno"
ha logrado un avance de 2.1 décimas al pasar de 3.8 a
1.7

4.3 ILE DE LA INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO EN LA
ECONOMÍA

Cuadro 4.6 ILE de la intervención del gobierno en
la economía

Normalmente los gobiernos viven de los impuestos que
paga el sector privado. Son los impuestos que se aplican a
quienes trabajan por un salario, a los
que compran casas, automóviles, a los que poseen terrenos
o edificios, a los que importan o exportan mercancías y
servicios y a
los que hacen compras simples
en las tiendas de autoservicio.

Esta masa de recursos que
ingresa el gobierno se reparte en obra pública
(carreteras, presas, cárceles) y otra parte es para pagar
los gastos del
personal que
administra esos recursos. La cantidad que ingresa al Estado se
puede comparar con el valor del Producto Interno
Bruto. La peor calificación que asigna la Heritage
Foundation es cuando el gobierno gasta el 40% del PIB. Le asigna
la peor calificación porque la HF considera que el
gobierno reduce la libertad del sector privado para decidir libre
y soberanamente sobre ese 40%.

Mientras más bajo es el porcentaje que el
gobierno extrae del PIB, la calificación es mejor. En
estricto sentido, un país tendría
calificación de uno si el gobierno no extrajera nada del
PIB, pero esto no es posible pues no se ha encontrado la manera
de que un gobierno sobreviva sin gastar parte del PIB. Por tal
razón la HF asigna una calificación de uno si el
gobierno gasta hasta el 10% del PIB.

En el caso mexicano ocurre un fenómeno
interesante. El gasto de gobierno es mayor que los ingresos
recibidos a manera de impuestos. Ha habido años en que los
ingresos provenientes de impuestos representan tan sólo el
23% del gasto del gobierno. Esta aparente paradoja se explica
porque el gobierno mexicano ha hecho uso de otras fuentes
ilegítimas para obtener ingresos. Por ejemplo, se ha
arrogado el derecho de ser el único facultado para extraer
petróleo, procesarlo y venderlo al
extranjero.

En ocasiones el ingreso proveniente del petróleo
representa el 25% del gasto de gobierno. Otra fuente injusta de
ingresos del Estado desde un punto de vista generacional lo
constituyen los empréstitos al extranjero o a nacionales
(CETES, PAGAFES, u otros instrumentos de deuda). Los gobiernos
contratan deuda para pagarse a 20 o 30 años. Cuando llega
el momento de pagar, los funcionarios que contrataron la deuda
posiblemente ya no vivan y las nuevas generaciones tendrán
que soportar toda la carga de esos compromisos.

La cuarta fuente de ingresos ilegítimos que tiene
el Estado se
refiere a la emisión monetaria. En efecto, dado que el
Estado es el administrador de
la moneda, le basta poner a funcionar la máquina impresora de
billetes para obtener recursos. Todavía hace dos
décadas se podía ver que cada quincena los
trabajadores de gobierno recibían los billetes nuevos que
el gobierno ponía a circular en la
economía.

Aunque en 1994 fue el último año en que la
máquina de hacer billetes trabajó intensamente
(provocando la crisis del
94), su ritmo se ha reducido considerablemente hasta este
momento. Hoy en día el señoreaje (impresión
de billetes) significa menos del 10%, lo cual es muy alto
todavía, pero menos que en esos tiempos donde la masa
monetaria se duplicaba antes de transcurrir un año (1982).
La fuente externa (empréstitos) también se ha
reducido considerablemente a partir del año 2000. Pero
todavía queda el
petróleo como una fuente importante de
ingresos.

Por tal razón, en general, el gasto del gobierno
es alto respecto al Producto
Interno Bruto. En particular, en el campo mexicano se puede
observar un alto grado de distorsión. En efecto, si
consideramos los ingresos que el gobierno obtiene por el pago de
impuestos derivados de la actividad del sector rural son
insignificantes. En una economía sana esa cantidad
insignificante se repartiría en el consumo del
personal de gobierno y lo que regresa al sector rural a manera de
obra pública.

Sin embargo, si se compara el gasto que el gobierno
realiza en el sector rural, resulta que en algunos años el
gobierno dirige recursos equivalentes al 70% del PIB agropecuario
(1993), pero en otros años el gasto aplicado equivale al
316% (2002) del PIB agropecuario. Si se compara con el 5% que
aporta el campo mexicano resulta desproporcionado.

La razón por la que se otorga calificación
baja (cercana a 5) cuanto más alto sea el consumo del
gobierno, se debe a que afecta la libertad económica de
los individuos. Por ejemplo, si el gobierno consume recursos para
hacer una presa, está eliminando la oportunidad de que un
empresario o un grupo de
empresarios del campo exprese su iniciativa para hacer esa presa.
Si el Estado regala fertilizantes a los productores, reduce la
libertad de aquellos agentes que desearían dedicarse al
comercio de
fertilizantes.

Si el gobierno regala leche
importada de Suiza a los niños
del campo, esto tendrá efectos contractivos sobre los
proyectos de la industria
lechera.

Queda para el análisis y discusión si existe una
manera en la que el dinero
estatal, es decir, los impuestos puedan tener un efecto virtuoso
para incrementar la libertad económica de los agentes
privados del campo mexicano. Al menos se tiene la experiencia del
gobierno de Hong Kong donde los ingresos fiscales, en lugar de
gastarlos en obra pública, una parte importante se colocan
en la banca privada
para que los particulares dispongan y realicen sus proyectos de
negocios personales.

Parece ser por tanto, que la respuesta se encuentra en
el manejo del crédito. Esto no quiere decir que el Estado
actúe como banca para ofrecer créditos a los productores de trigo,
maíz o
frijol, sino que ese crédito se puede brindar a agentes
que puedan hacer banca en el campo mexicano. Se ha demostrado que
los campesinos también pueden convertirse en banqueros.
Empero, se tiene que estudiar profundamente si esta
intervención del Estado no genera distorsiones. Para ello,
se tiene que ver si la falta de crédito en el campo
mexicano se debe a problemas de
orden estructural.

Es probable que la figura de tenencia de la tierra
tenga responsabilidad en la falta de crédito. Los
campesinos laboran en tierras ejidales que no son propiedad
privada, por lo tanto, no pueden usarlas para garantizar los
préstamos. Es posible que si en el campo mexicano la gente
pudiera usar su patrimonio
para garantizar los créditos y la gente tuviera la
cultura del
pago, no se necesitara el dinero del
Estado para desarrollar a una región.

Por ahora, la calificación es desfavorable en
esta variable y no registra variación en todo el
período estudiado.

En cuanto a las empresas propiedad del gobierno hay que
considerar que el período estudiado está inmerso en
el proceso de
privatización iniciado en 1982 por el
gobierno de Miguel de la Madrid. El
gobierno era propietario de 2,340 empresas, desde extractoras de
petróleo hasta cabarets.

Algunas empresas las había adquirido mediante
nacionalizaciones, es decir, estaban en manos extranjeras y el
Estado las absorbió por nacionalización o
expropiación: Petróleos de México (PEMEX),
Ferrocarriles Nacionales de México (FCNM), Comisión
Federal de Electricidad
(CFE), Teléfonos de México (TELMEX), Banco Nacional de
México (Banamex), Banco de Comercio (Bancomer), otras las
había formado bajo la creencia de que en manos del
gobierno tendrían efectos virtuosos para el desarrollo del
país: Fertilizantes de México (FERTIMEX),
Comisión Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO),
Siderúrgica Lázaro
Cárdenas S. A. (SICARTSA), TEPEPAN (distribuidora de
productos del
mar). Otras más tienen su origen en la intención de
salvarlas de la bancarrota con el fin de preservar los empleos:
Bicicletas de México (BICIMEX), Ayotla Textil.

Todas estas empresas han aportado algo al desarrollo del
país, pero financieramente han representado un fracaso. La
mayoría de ellas estuvieron casi siempre en números
rojos y muchas de ellas sobrevivieron gracias a los subsidios del
Estado.

Con el presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)
se da un gran impulso a la desestatización y muchas
empresas se venden al sector privado y otras se
eliminan.

Hoy en día, el Estado posee menos de 10 empresas,
algunas de ellas son: PEMEX, CFE, UNAM, IMSS, ISSSTE,
BANCO OBRERO, BANOBRAS, FIRA y NAFIN. Aunque son pocas, generan
distorsiones por su importancia en la economía.

En relación al campo mexicano, el Estado ya no
posee empresas importantes y por eso ha obtenido un buen
índice.

La razón por la que la HF otorga mejor
calificación cuantas menos empresas tenga un gobierno, se
debe a que la posesión de empresas de parte del gobierno
disminuye la posibilidad de que el sector privado penetre en esos
renglones económicos. Las empresas manejadas por el Estado
son administradas por personas que no tienen una relación
de propiedad, usan fondos públicos y observan un comportamiento
diferente al del empresario privado. Al no ser propietarios,
juegan el papel del burócrata que está más
preocupado por su salario que por la empresa. Es decir, el nivel
de riesgo que asume
un propietario y un burócrata del Estado es diferente.
Esta diferencia de riesgo se reflejará en el
funcionamiento de la empresa.

En general la empresa administrada por el funcionario de
gobierno tiende a funcionar con más deficiencias que la
empresa privada. La empresa del Estado no se preocupa de las
ganancias y pérdidas pues tiene la garantía de los
subsidios del Estado. Esto implica que la empresa estatal va a
estar consumiendo recursos de otros lados sin preocuparse por el
mercado.

es decir, las empresas del gobierno generan
transferencias en perjuicio de terceros. No ocurre así con
las empresas privadas ya que estas están obligadas a
satisfacer al cliente a fin de
que reciban el pago. Además, tienen que competir contra
otras empresas por lo que se ven obligadas a dar el mejor
producto posible y con precios
competitivos. Por tal motivo se califica mejor si el Estado no
posee empresas.

El ILE alcanza calificación regular en este
renglón ya que las empresas grandes que poseía el
Estado fueron privatizadas. Le quedan algunas de tamaño
mediano que significan poco en el PIB agropecuario. Es posible
que pronto desaparezcan o se cedan a organismos no
gubernamentales como a asociaciones de productores. Algunas de
ellas han quedado prácticamente en manos del antiguo
empleado de gobierno.

Existe una gran cantidad de empresas pequeñas
(pasteurizadoras, invernaderos, acuacultura) que nacieron como
proyectos productivos para aprovechar un recurso natural y para
crear trabajos fijos en el campo. El gobierno puso el capital para
comprar el terreno (aunque también se usaron tierras
federales). Estas empresas no se desarrollaron como se esperaba,
pero siguen sobreviviendo sin tener definida la propiedad.
Algunas han quedado en manos del empleado de gobierno (el
administrador), otras han desaparecido.

En el campo funcionan muchas escuelas públicas
que también deben ser consideradas como empresas del
Estado, pues reducen la libertad de otros agentes que quisieran
entrar al negocio de la educación, y las
escuelas burocráticas del Estado tienen un efecto negativo
para la formación de las nuevas generaciones. Sobreviven
gracias a los presupuestos
gubernamentales y eso empeora el valor del índice.
También hay centros de salud que viven al 100% de
los subsidios del Estado. El manejo del agua
está en manos del sector
público y no se ha encontrado la fórmula
adecuada para pasarla al sector privado.

En cuanto a la participación de los ingresos
gubernamentales en las empresas estatales y en las propiedades
del gobierno, es decir, en la política de subsidios, se
puede decir que las pocas empresas del gobierno en el sector
agropecuario, no han sido capaces de sobrevivir con sus propios
recursos, ya que han tenido que seguir participando por los
ingresos gubernamentales de manera importante. Estos ingresos
gubernamentales sirven para cubrir los sueldos y
salarios del personal empleado en ellas.

El problema de que el Estado posea empresas sería
menos grave si únicamente hubiera puesto el capital
semilla y después las dejara para que aprendieran a
sobrevivir en un mercado competitivo. En tal caso, es posible que
los empleados se preocuparan por lograr ganancias para sostener
al menos sus sueldos, y con un poco de suerte hasta
podrían darse cuenta que podrían incrementar de
manera importante sus ingresos si fueran capaces de crecer,
desarrollarse y competir contra otras empresas privadas. Pero si
en lugar de ello, el gobierno les otorga subsidios para
garantizar los sueldos de todos los empleados o la compra de
materia prima,
entonces será una empresa que estará depredando los
recursos de la sociedad.

Algo que se podría hacer consistiría en
reducir gradualmente los subsidios, de tal suerte que las
empresas estatales se preocuparan por buscar sus propios mercados y que
trabajaran con criterio empresarial. Aunque hay que
señalar que es difícil que este tipo de empresas
adquieran visión de empresa ya que no fueron creadas bajo
esa filosofía. Además, los directivos cambian
conforme cambia el presidente municipal, el gobernante o
presidente de la República.

Esta movilidad impide que los directores desarrollen su
visión empresarial. En tal caso, lo mejor es transferirlas
al sector privado. Se pueden vender a los mismos trabajadores, a
los directivos o a cualquier otro agente que asuma los riesgos y
responsabilidades necesarias. En lo sucesivo, se debe evitar la
creación de empresas donde el capital sea
estatal.

En resumen, esta variable ha sido calificada con cinco
por las malas políticas que se han aplicado a las empresas
del Estado. En los diez años, no ha habido
variación significativa ya que la evaluación
se hace considerando el porcentaje de participación del
gobierno respecto a las utilidades de las empresas. Pero si las
utilidades de las empresas son cero o negativas, cualquier
aportación del Estado representa un alto
porcentaje.

Producción económica generada por el
gobierno. No es buena señal que la producción económica del gobierno
sea significativa dentro del Producto Interno Bruto. De hecho, en
una economía de mercado la contribución del
gobierno al Producto Interno Bruto debe ser de cero. Si
éste es el caso, la calificación que recibe esta
variable es muy buena. Pero si el gobierno es el principal
contribuyente al PIB la calificación que recibirá
no es buena. Es cierto que las empresas agropecuarias del
gobierno no representan una parte significativa del PIB
agropecuario, pero hay que considerar que en el campo mexicano
están asentadas empresas del Estado que controlan el agua, la
electricidad y, el petróleo. Considerando la
aportación de estas empresas al PIB agropecuario,
significan más del 10% y por eso este índice ha
mantenido una calificación de cinco. En el período
considerado no tuvo variación.

Cuadro 4.7 Variación del ILE de la
intervención del gobierno en la economía

A pesar de que en México se han logrado avances
muy importantes para reducir la intervención del gobierno
en la economía, no se registran en esta tabla pues esos
avances se dieron principalmente antes de 1994. Desde entonces
los cambios no han sido significativos. Por tal motivo el
índice ha permanecido constante.

4.4 ILE DE LA POLÍTICA
MONETARIA

Cuadro 4.8 ILE de la Política
monetaria

La política
monetaria que priva en un país es clave para la
economía. Sin embargo, es muy difícil comprender
los fenómenos monetarios y por ello se producen graves y
frecuentes errores. Aún hoy en día se conservan
muchos mitos
alrededor de la moneda. Uno de esos mitos tiene que ver con el
papel del gobierno en la
administración del stock monetario, es decir, se
acepta sin discusión que el Estado debe estar al cuidado
de la producción o restauración del dinero en la
economía. Al dejar en manos del gobierno la máquina
de hacer billetes, los funcionarios no ven la razón de por
qué no deben producir más billetes que los que
salen de circulación por desgaste. Encuentran en la
imprenta una
mina inagotable para financiar sus proyectos, subsidiar instituciones,
regalar dinero a los ancianos o pagar los sueldos de la
burocracia.

Cuando estos funcionarios gubernamentales observan el
incremento de precios, pareciera ser que no se dan cuenta que
ellos mismos lo provocan al prender la máquina de hacer
billetes. Consideran que el gobierno debe emitir más
dinero cuando la economía crece. Si el crecimiento
económico es de 10% creen que la masa monetaria debe
crecer 10%. Este es un error de origen keynesiano. Hay gobiernos
que determinan el crecimiento de su circulante en función de
las inversiones
que llegan al país. Si, por ejemplo, la tasa de cambio
está de un dólar por diez pesos, y si llegan
inversionistas con mil dólares en el bolsillo, entonces el
gobierno imprime nuevos billetes por el equivalente a mil
dólares, es decir, 10 mil pesos mexicanos. Este es otro
error de política monetaria.

Incluso, se ha emitido dinero en razón a los
empréstitos. Si el gobierno contrata deuda por mil
dólares en el extranjero a fin de colocarlas en sus
reservas internacionales, considera justo que pueda inyectar a la
economía 10 mil pesos en nuevos billetes frescos. Es otro
error de política monetaria.

México ha vivido procesos
inflacionarios con tasa de 169% como en el período del
presidente López Portillo, luego, con el presidente
Salinas de Gortari se controló
el proceso inflacionario, pero en 1994 por circunstancias
especiales, se usó el recurso de señoreaje con lo
que repuntó la inflación. Paulatinamente se ha
estado controlando la oferta
monetaria para alcanzar el nivel de un dígito. A pesar de
que a partir del año 2000 México ha estado viviendo
su mejor etapa en cuanto a política monetaria, aún
no alcanza la mejor calificación de uno, pues
tendría que tener una inflación inferior al
3%.

Uno de los avances notables que se han logrado en
materia de
política monetaria se refiere a la autonomía del
Banco de México. De esta forma se pretende que el Banco de
México no siga siendo la fuente inagotable de recursos del
Estado como lo ha sido en otros tiempos. Antes, bastaba que el
Estado firmara un pagaré
para que la Banca Central le prestara lo que el gobierno deseara.
Antes de pagar este pagaré, el gobierno podía
volver a pedir dinero y la Banca Central sólo tenía
que poner en marcha la imprenta para resolver las necesidades de
"demanda de
dinero" del gobierno. Esta historia se repetía
sin límite.

El gobierno, en lugar de pagar con los ingresos
fiscales, le bastaba reestructurar su deuda y seguir pidiendo
dinero. Es así como la deuda interna se transformaba en
una bola de nieve con radio creciente
ad infinitum. Por estas políticas, la moneda
perdió tanto valor que en 1994 se le tuvo que quitar tres
ceros.

A pesar de la autonomía al Banco de México
y que ha mejorado sustancialmente la administración de la moneda, no debe
olvidarse que el poder del
Estado sigue influyendo de manera importante y que no hay
garantía para que los próximos gobiernos tengan el
talento de inducir una mejor administración del dinero. Algo que se
podría hacer para prevenir errores monetarios tiene que
ver con la eliminación de los certificados de la
tesorería (CETES) y de otros instrumentos
financieros.

En realidad, sería muy sano para una
economía que los gobiernos no tengan la prerrogativa de
endeudarse. O bien, establecer la prohibición de que las
deudas se transfieran a los gobiernos sucesores. De esta manera,
si un gobierno pide prestado, rigurosamente tendría que
pagar con los ingresos futuros provenientes de impuestos.
Aún así, no hay garantía de que los
gobiernos asuman la responsabilidad de saldar deudas y por tal
motivo, lo mejor es evitar que los gobiernos disfruten del
derecho de endeudarse, lo que implica eliminar todo tipo de papel
de deuda gubernamental.

Los gobiernos con poca visión y responsabilidad
emiten dinero sin saber que generan un mecanismo que transfiere
el poder adquisitivo de una parte de la población a otra.
En efecto, al imprimir un nuevo billete adquiere un valor que no
tenía cuando era un pedazo de papel en blanco. Ese nuevo
billete, en manos de un parroquiano, genera un incremento de
demanda. Ese incremento de demanda empuja los precios hacia
arriba de tal suerte que el trabajador que tenga salario fijo ya
no podrá comprar lo mismo que ayer: alguien le robó
su poder adquisitivo.

Lo que ocurre es que el poder adquisitivo que gana el
nuevo billete es la suma del poder adquisitivo que pierden miles
de personas. La forma de evitar este robo furtivo consiste en
transferir la administración de la moneda a un agente
privado, cuya única tarea sea la de conservar la cantidad
de dinero en la economía. En otras palabras, este agente
debe recoger los billetes deteriorados, quemarlos y reponerlos
por nuevos billetes. O bien, recoger un billete de cien pesos,
destruirlo y emitir cien billetes de un peso. De esta manera no
estaría aumentando el stock monetario.

Un tema que vale la pena investigar se refiere al
comportamiento de los precios ante un escenario de stock
monetario fijo.

El autor de esta investigación sostiene la
conjetura de que el precio de un bien específico puede
alterarse, pero en promedio, la variación de precios es
nula. En condiciones de Stock monetario fijo, el precio de un
bien puede crecer por efecto de un incremento en la demanda o por
escasez, pero no
por efecto de señoreaje. Ahora bien, que el precio de un
bien se altere, no debe considerarse como si fuera un problema,
una enfermedad o algo inadmisible. Simplemente constituyen
señales
para que los agentes económicos tomen decisiones
más eficientes.

La variación de un precio significa una
señal que los oferentes deben analizar para actuar en
concordancia. Si el precio del frijol crece, el productor debe
investigar si se debe a la escasez o porque las preferencias
cambiaron y la gente quiere comer más frijol y por eso se
incrementa la demanda. De cualquier manera, los productores, al
ver la señal de precios, serán inducidos a aumentar
la producción y con ello se cubrirá la necesidad de
los consumidores. En condiciones de señoreaje, los
productores verán que los precios crecen y serán
inducidos a aumentar la producción, pero ese incremento de
precios no se deberá al incremento de la demanda y, por lo
tanto, los productores no podrán vender toda su
producción, los inventarios
crecerán, se despedirá a la gente y se generaliza
una crisis económica.

También podría ocurrir que los precios de
un país crecieran por efecto de una demanda internacional
creciente. En este caso, ese crecimiento de precios es
completamente sano y no hay nada de que preocuparse. Los
productores incrementarán su oferta de bienes
exportables y los precios alcanzarán nuevos valores de
equilibrio.

En condiciones de stock monetario fijo, los movimientos
de los precios son verdaderas señales para los productores
y consumidores. Ningún gobierno puede mejorar estas
señales y cualquier intento de modificarlas termina por
crear problemas a la economía.

Si un gobierno quiere conservar el derecho de
administrar la moneda, existe una alternativa poco explorada
hasta hoy. Se puede sustituir la tarea de recoger impuestos, que
es una tarea costosa, por el buen uso de señoraje. En
efecto, dado que el señoreaje transfiere recursos de una
población a otra, entonces se puede utilizar como si fuera
un mecanismo fiscal para
extraer recursos de la sociedad y dirigirlos al gobierno. Se
podría eliminar cualquier otro tipo de impuestos y
únicamente usar este mecanismo. En esta forma, el gobierno
dejaría de gastar recursos para recabar
impuestos.

Para poder aplicar esta propuesta se requiere que el
Estado defina claramente sus funciones. Si el
Estado se define como una entidad encargada de promover y vigilar
que funcione el sistema de
mercado, entonces se puede aplicar el sistema de señoreaje
en sustitución de los impuestos tradicionales y usarlos
para los gastos de gobierno. No hay de que preocuparse si los
gastos de gobierno son mínimos. Cierto que con este
sistema se generaría cierta inflación, es el pago
por mantener a un gobierno, pero no pasaría del 3%, si el
gobierno únicamente se dedica a sus funciones
sustanciales.

Finalmente, si la incertidumbre monetaria es elevada, es
decir, si no se tiene confianza en que los nuevos gobiernos
tengan una buena administración de la moneda, será
más conveniente promover la unión monetaria con una
economía más estable que la mexicana. No hay que
buscar demasiado para darse cuenta que esa economía es la
norteamericana. Aún cuando los Estados Unidos no
poseen la política monetaria perfecta, por ahora es
más confiable que la mexicana ya que está
determinada por el Fondo de la Reserva Federal que es un
organismo más o menos independiente del Estado.

Quiere decir que México tendría que dar
curso legal al dólar para que se use como si fuera moneda
nacional. Serviría para pagar impuestos, pagar deudas, o
para ahorrar. Con el fin de evitar procesos traumáticos,
no tendría que sacarse de circulación a corto plazo
a la moneda nacional. De hecho, se dejaría que circularan
libremente las dos monedas. A lo que tendría que renunciar
el gobierno mexicano es a seguir produciendo moneda
mexicana.

Quiere decir que se tendría que destruir la
imprenta que produce billetes nacionales. Los billetes mexicanos
empezarían a deteriorarse y gradualmente a desaparecer. Si
es posible, se puede llegar a un acuerdo con Estados Unidos para
que imprima dólares que sustituyan a los billetes viejos
de México. El proceso de sustitución de esta manera
podría durar entre cinco y diez años. De cualquier
forma y mientras no se logre la sustitución total de
moneda, la tasa de cambio debe quedar definida completamente en
el mercado.

Cuadro 4.9 Variación del ILE de la
política monetaria

Por ahora el avance de treinta décimas del ILE
referente a la política monetaria marca una de las
mejores notas para el gobierno de México

4.5 ILE DE LOS FLUJOS DE CAPITAL E INVERSIÓN
EXTRANJERA

Cuadro 4.10 ILE de los flujos de capital e
inversión extranjera

Aún hoy en día hay gobiernos que mantienen
rechazo a la inversión
extranjera. Aunque también hay otros que abren
completamente sus puertas a los inversionistas foráneos.
Los gobiernos que se oponen a la inversión extranjera
creen que ella elimina los derechos sociales y entrega
los recursos
naturales al capital transnacional.

Piensan que la inversión extranjera daña
la soberanía de un país porque
sólo busca hacer ganancias para luego guardarlas en
algún banco suizo. Consideran que las riquezas naturales
(petróleo, gas, plata, agua)
deberían ser aprovechadas sólo por los nacionales.
Tal es el pensamiento
que sirve de base para poner obstáculos a la entrada de
capitales.

El temor a perder soberanía se refiere al hecho
de que los inversionistas no ven con buenos ojos la inestabilidad
política de un país. Verse afectados por las
marchas, manifestaciones, huelgas, luchas entre los grupos que
quieren el poder, les induce a restringir sus inversiones y en el
peor de los casos, cerrar sus negocios e irse a otras latitudes.
Es cierto que a los inversores extranjeros no les gusta que las
autoridades políticas les impongan normas,
reglamentaciones, impuestos, aranceles o
determinen el salario que deben pagar a sus trabajadores. Ven con
mucho temor los procesos de cambio de gobernantes pues no
están seguros si
arribará al poder un gobierno que pretenda confiscar sus
bienes o si será alguien que promueva y proteja los
negocios. Pero estos temores no son exclusivos de los
inversionistas extranjeros, pues ya se ve que hasta los
inversores mexicanos han preferido abandonar el
país.

El problema no se encuentra en los inversionistas
nacionales o extranjeros sino en el orden inadecuado de un
país que no alcanza a definir lo que quiere. Es cierto que
los inversionistas extranjeros son reacios a obedecer las normas,
reglamentaciones o caprichos impuestos por la autoridad.
Pero es preciso comprender que el mundo de los negocios no es
fácil, y que complicarles la vida con asuntos más
allá del mercado equivale no solo a dañarlos
innecesariamente, sino a afectar a todos porque se reduce la
inversión, las fuentes de empleo y el consumo.

Cierto es que los inversionistas extranjeros llegan con
el objetivo de
hacer ganancias. Pero esto no es un pecado como ya lo
explicó Adam Smith
hace doscientos años. Cada vez que un inversionista gana
un peso, significa que tuvo que satisfacer el gusto, la necesidad
o el capricho de un cliente. Es decir, en cada operación,
tanto el inversionista como el cliente ganan. Ambos mejoran su
posición económica, ambos se benefician. Luego,
mientras más gane el inversionista, más gana la
sociedad.

Normalmente, el inversionista usa sus ganancias para
aumentar su industria. Si en el país hay buenas
condiciones de inversión, allí seguirá
colocando sus inversiones, si no es así, el inversionista
buscará colocar su dinero donde tenga mayor rentabilidad.
Si el inversor no desea abrir nuevos negocios, buscará
colocar sus ganancias en un banco. Si los bancos nacionales
no generan la confianza que requiere el inversor, entonces
éste colocará su dinero en otro banco,
quizás en un banco suizo.

Constituye un error de pensamiento creer que el dinero
que llega a un banco queda dormido en las cajas de seguridad de la
institución. En realidad, estos dineros se
prestarán a otros hombres de negocios que han encontrado
nuevas oportunidades. Sea que el inversionista reinvierta sus
ganancias en el país, sea que los guarde en un banco
internacional o que establezca nuevas industrias en otros
países, es decir, hay que percatarse que son decisiones
que benefician a la gente. Y el beneficio será mayor
cuanto mientras mayor sea la apertura de los mercados. Pues si el
inversionista decide producir zapatos en algún lugar de
África, seguramente es porque allí saldrán
más baratos y se podrán exportar a todo el mundo,
incluyendo a México.

Se necesita comprender que sólo los hombres de
negocios llegan a desarrollar su visión para detectar
dónde se puede producir de la manera más eficiente.
Es decir, los hombres de negocios conforman una máquina
ideológica muy importante que debe preservarse y
protegerse a fin de de que den el mejor resultado en beneficio de
la sociedad. Si un gobierno, un funcionario o burócrata
daña a esta maquinaria, quien más saldrá
perjudicado no será el empresario, sino los consumidores y
la sociedad en conjunto.

Bajo la idea de que las riquezas naturales del
país no deben ser aprovechadas por los extranjeros, se han
creado instituciones, como PEMEX, Comisión Nacional del
Agua (CNA), CFE, Instituto Nacional de investigaciones
Nucleares (ININ), para que sólo los mexicanos puedan
usufructuarlas. Sin embargo, Juan Pérez, que es mexicano,
no tiene derecho a poseer un pozo petrolero, tampoco puede
construir una presa, aunque tenga recursos monetarios propios
para generar electricidad y venderla a sus vecinos, no puede
perforar un pozo para extraer agua y venderla en la colonia a
menos que satisfaga una serie de requisitos burocráticos
(solicitar permiso, solicitar registro en el
Registro de Propiedad de Derechos de Agua) y sujetarse a las
cantidades, horarios y precios que dicte la autoridad.

Es decir, en la práctica la restricción
para que los recursos naturales queden en manos de los mexicanos
se convirtió en el derecho para que la burocracia
gobernante sean los cuasi-dueños. El resultado final de la
política de exclusividad para los mexicanos generó
industrias atrasadas, ineficientes, burocratizadas y caras. La
industria nuclear quedó totalmente estancada y el manejo
burocrático del agua amenaza con la creación de un
problema de escasez en los próximos
años.

Por otro lado, no existen experiencias exitosas de
países que hayan cerrado sus economías a la
inversión extranjera y se hayan hecho más
prósperos. Incluso los Estados Unidos, cuando cerraron sus
puertas a los automóviles japoneses, perdieron
competitividad con marcas nacionales
de vehículos grandes, pesados, ineficientes y caros.
Sólo hasta que volvió a abrir sus mercados pudo
forzar a las marcas nacionales para hacer mejores carros o cerrar
ante mejores marcas.

La idea de proteger los mercados nacionales contra la
competencia
extranjera carece de sustento y es la vía más
directa para crear industrias obsoletas.

Finalmente, no tiene sustento creer que limitar la
libertad de los extranjeros para que inviertan en el país
puede incrementar la libertad económica de los nacionales.
Es una idea peligrosa porque puede generar conflictos de
orden internacional.

Código de Inversión
Extranjera. Esta variable evaluó la actitud
que reflejan las leyes mexicanas
hacia la inversión extranjera. Cualquier inversionista
desea saber cómo se le va a tratar cuando llega a un
país. Quiere saber si las leyes le van a proteger o si
estará a expensas de la delincuencia.

Hay países que tienen una actitud definida hacia
los inversionistas extranjeros. Por ejemplo Corea del Norte
especifica en sus leyes que no se acepta ningún tipo de
inversión extranjera. Tienen un código
claro pero adverso al capital foráneo; Hong Kong tiene
leyes que hablan del completo respeto a las
inversiones extranjeras garantizando que no se les
confiscará en modo alguno. Otros países no
especifican su política hacia las inversiones
foráneas. La no existencia de leyes de inversión
extranjera no quiere decir que estén prohibidas. En este
caso el inversionista puede sentir una elevada incertidumbre y
hacerle pensar dos veces antes de invertir su capital.

Aunque se da por hecho que las leyes son de
aplicación generalizada para toda la economía, es
importante ver y saber que el sector rural posee sus propias
particularidades que se reflejan en una diferenciación
notable con respecto al resto de los sectores. Por tanto, para
determinar la existencia o no de códigos de
inversión extranjera es necesario revisar lo que al
respecto contiene la Constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Ley de
inversión extranjera que posee México desde la
década de los setentas del siglo pasado, y las leyes que
rigen cada estado de la República.

Generalmente, el inversionista extranjero quiere saber
si puede comprar tierras en México; si puede sembrar lo
que desee sin que se lo impida la autoridad; si puede contratar
trabajadores mexicanos o extranjeros y si puede repatriar sus
ganancias.

México en general y el campo mexicano en
particular, han obtenido una calificación baja en este
renglón dado que constitucionalmente (véase los
anexos), han existido más de diez renglones vetados a la
inversión extranjera. Sólo hasta las últimas
reformas de 2003 han podido abrirse algunos sectores, como la
generación de energía
eléctrica, aunque con supervisión y control del Estado, toda la
electricidad que generen los particulares la deben vender
obligatoriamente a la Comisión de Luz y Fuerza, quien
será la encargada de distribuirla.

El hecho de no ver chinos sembrando arroz,
hindúes sembrando trigo, rusos sembrando soya
señala que nuestros códigos no son muy favorables a
la inversión extranjera.

La variación de diez décimas a lo largo de
todo el período, empezando con calificación de
cinco y terminando con cuatro, indica que hay mucho que hacer en
este renglón.