El índice de libertad económica en el campo mexicano (página 7)

Restricciones a la posesión de empresas por
parte de extranjeros. Hasta hace algunos
años el capital
foráneo tenía totalmente prohibido introducirse a
las llamadas áreas estratégicas que eran reservadas
de manera exclusiva al Estado, es
decir, ni los mexicanos podían invertir allí.
Ningún extranjero podía fundar una empresa
generadora de electricidad,
tampoco le estaba permitido extraer petróleo, ni procesarlo, ni distribuirlo.
No les estaba permitido fundar una telefónica para dar
servicios de
comunicación; no podían tener
empresas de correos ni telégrafos. Sin
embargo, ya se observan algunos cambios.

Al menos en correo y radiotelegrafía ya no se
mencionan las restricciones. Aunque hay que considerar que la
misma tecnología ha dejado obsoletas las
restricciones. Ahora, por correo
electrónico se puede comunicar la gente al instante y
muy pronto los servicios de
Internet permitirán la
comunicación con voz e imagen en
tiempo real.
De esta manera, aunque el Estado
impusiera restricciones, dejarían de tener
sentido.

La reforma de 1994 a la Ley de Inversiones
Extranjeras permitió que el capital extranjero pudiera
llegar hasta el 51% en muchas empresas que no son consideradas
estratégicas. Esto marcó un parte aguas pues el
capital extranjero ya podía ser mayoritario. A partir de
1999 se introduce otra reforma importante para permitir
inversiones hasta en un 100% de capital extranjero.

Sin embargo, para el renglón de empresas
estratégicas la prohibición no ha tenido cambios,
salvo en lo que se refiere a la generación de
electricidad. Aunque, como ya se mencionó antes, existen
demasiadas restricciones.

Por tal motivo la evaluación
de esta variable empieza con cinco y es hasta 1996 que mejora su
índice al pasar a cuatro. La variación en todo el
período de once años es de diez
décimas.

En las empresas de transporte
terrestre internacional de pasajeros, turismo y de carga y el de
servicios de administración de centrales camioneras de
pasajeros estaban totalmente reservadas a los mexicanos. Pero a
partir de 1996 ya puede participar la inversión
extranjera hasta en 49% del capital social y a partir del
2001 hasta 51%; a partir de 2004 hasta el 100% sin necesidad de
obtener algún permiso especial. Es un avance
significativo.

También se hace mención en el
artículo sexto de la Ley de Inversiones Extranjeras que
los inversionistas foráneos pueden participar a partir de
1999 hasta con un 100% en la fabricación y ensamble de
partes, equipo y accesorios para la industria
automotriz.

Lo mismo aplica para la prestación de servicios
de videotexto y conmutación de paquetes donde se
especifica la posibilidad del 100% de capital foráneo sin
necesidad de contar con el permiso de la
Comisión.

Sólo que esta muestra de
apertura no se da en lo que se denomina "sectores
estratégicos" sino en renglones marginales de la economía. Pero
aún en empresas de segundo orden, como podrían ser
las cooperativas
de producción, está prohibido el
ingreso de los extranjeros. En parte esto se debe a las
prerrogativas que el Estado quiso dar a las cooperativas, como
son la exención de impuestos y
aranceles,
además, gozaban del privilegio de recibir subsidios del
gobierno. La
intención del gobierno era que estos "derechos" sólo
beneficiaran a los mexicanos. Pero el resultado final es que no
beneficiaban ni a los mexicanos ni a los extranjeros.

La recomendación en este renglón no
consiste en abrir las cooperativas a la inversión extranjera, pues
significaría dar ventajas a costas de terceros, más
bien, se trata de que los gobiernos no promuevan esas figuras o
asociaciones dado que no constituyen una alternativa para sacar
de la pobreza a la
gente. La experiencia ha demostrado que las cooperativas, dada su
indefinición de propiedad, no
funcionan. De cualquier forma, si hubiera inversionistas
extranjeros que traen nuevos modelos de
cooperativas, debe permitirse su ingreso sin que ello implique
transferirles recursos del
erario.

Posesión de tierras por parte de
extranjeros. Que los extranjeros tengan el derecho
de llegar a un país y adquirir tierras para generar
producción o simplemente para vivir, crea confianza y
buenas condiciones que benefician a la economía y por lo
tanto a la sociedad. Vale
la pena destacar que los emigrantes generalmente son personas que
buscan mejores estándares de vida y por lo tanto ejercen
efectos virtuosos en las economías. Pero si por su
calidad de
extranjeros se les prohíbe comprar tierras, el país
pierde la oportunidad de contar con esas fuerzas explosivas de
desarrollo.

En referencia a las leyes de México se
tiene que la Constitución Mexicana estipula que los
extranjeros, como tales, no pueden comprar tierras en
México, a menos que se naturalicen. Pero si un extranjero
adquiere la nacionalidad
mexicana, deja de ser extranjero. Por lo tanto, extranjero como
tal, no tiene la posibilidad de comprar tierras.

Es hasta la creación de la Ley de
Inversión Extranjera donde se abre la posibilidad de que
los extranjeros, como tales, adquieran tierras para habitar,
salvo en una franja fronteriza y en las costas.

Subsiste, sin embargo, la prohibición para que
los extranjeros compren tierras para usos productivos, digamos
para sembrar maíz,
arroz. O para poner alguna factoría. La forma en que han
tenido que sortear estas prohibiciones va desde la renta, hasta
el uso de prestanombres mexicanos. Para mejorar el índice
en este renglón se necesita que las leyes permitan a los
extranjeros la compra de tierras de todo tipo en cualquier parte
del territorio nacional.

Leyes que garantizan un trato igualitario para las
empresas nacionales y extranjeras. Hasta el fin
del período de sustitución de importaciones
existía un trato más favorable a las empresas
mexicanas y de cierto rechazo a la inversión extranjera.
Desde 1982 se ha cambiado la actitud del
gobierno de México ampliando el margen para el capital
foráneo. Empero, no existe una legislación que
garantice un trato igualitario para las empresas extranjeras y
nacionales. Aunque en el discurso y en
la legislación se notan diferencias ya que la empresa
extranjera está sujeta a más reglamentaciones, en
los hechos, se mueven con mayor facilidad dado el poder
económico que representan.

Restricciones a la repatriación de las
ganancias. Las empresas extranjeras llegan a un
país con el fin de obtener ganancias. Pero no siempre
cuentan con el apoyo del Estado. Son pocos los gobiernos que se
disponen a ayudar a los inversores para, si lo desean, se lleven
sus ganancias a sus países de origen; incluso algunos
fijan impuestos confiscatorios a fin de obligar a los
inversionistas para que inviertan todas sus ganancias en dicho
país. Pero no siempre se obtiene los resultados deseados.
Más aún, algunos inversionistas se desestimulan y
prefieren no invertir en el país que les pone
obstáculos para sacar sus ganancias.

Si las leyes mexicanas declararan respeto al deseo
de repatriar ganancias, es posible que más inversionistas
se atreviesen a invertir en México y en el sector
rural.

Restricciones a las transacciones de
capital. Esta variable se refiere a la política del gobierno
ante las transacciones de los agentes económicos. Es
frecuente ver que algunas empresas tienden a fusionarse, otras
compran a la competencia, o
crecen sin límite o venden sus acciones a
terceros, incluso a los extranjeros.

En México, casi no se han observado mayores
problemas para
la fusión
o venta de grandes
empresas, salvo las que se refieren a la aviación
(Mexicana y Aeroméxico). En general las transacciones son
más o menos libres aunque tienen que estar supervisadas y
avaladas por la autoridad.
Funcionan como autoridad la Comisión Nacional de
Competencia que regula las transacciones para que no se formen
monopolios y las notarías que dan fe pública de las
transacciones.

También hay varios grupos
políticos que han intentado crear leyes que regulen las
transacciones de capital en la bolsa mexicana de valores, pero
que no han logrado su propósito.

Por otro lado, en el sector rural es inexistente la
bolsa agropecuaria por lo que no se puede asumir que existan
restricciones. En general, desde 1994 se respira una mayor
libertad para
las transacciones de capital y se ha acentuado desde el
año 2000.

La idea de introducir controles a las transacciones de
capital se basan en la preocupación de que se formen
monopolios. Sin embargo, esta preocupación es infundada.
El monopolio,
según definición de la Real Academia de la Lengua
Española, es la prerrogativa que el Estado otorga a una
empresa o
institución para ser la única en el mercado. Si por
efecto de una transacción financiera dos empresas se unen
para formar una gran empresa, eso no significa que esté
formando un monopolio. La prueba contundente para ver si una
empresa es monopolio es cuando una nueva empresa, pequeña,
mediana o grande, trata de penetrar en el mercado. Si la fuerza del
Estado se usa para evitar su entrada, entonces se puede presumir
la existencia de monopolio. Pero si puede ponerse al lado y se
deja que el mercado sea quien decida quién sobrevive y
quien no, entonces no hay monopolio.

De hecho una pequeña empresa puede ser tan
competitiva como una grande. El concepto de
competencia en economía es diferente al de una carrera de
caballos. En la carrera de caballos sólo hay un ganador,
el que llega primero; en economía el que logra vender es
competitivo. Si un productor logra vender una cantidad que le
hace sentirse bien, es un productor competitivo, aunque no venda
lo mismo que una gran empresa.

Para que esta variable mejore considerablemente, se
requiere que la legislación mexicana declare su respeto a
todas las transacciones y movimientos de capital.

Restricciones de la financiación nacional
para las empresas extranjeras. En esta variable se
mide la política de financiación de las instituciones
del gobierno para proporcionar recursos a los inversionistas
extranjeros. Proporcionar recursos no quiere decir subsidios o
regalos de capital a las empresas extranjeras, sino que el
capital nacional pueda ser utilizado por empresarios extranjeros
que necesiten ser apoyados y que regresan el capital con todos
los intereses. Esto no quiere decir que el dinero
disponible sólo debe ser para apoyar a los extranjeros. Si
se dispone de un peso y dos agentes lo piden, uno es nacional y
el otro extranjero, queda el problema de a quién se debe
otorgar. La solución de mercado dice que en subasta lo
debe ganar quien esté dispuesto a pagar la mejor tasa de
interés, sin ver si es nacional o no.

En décadas pasadas, el financiamiento
oficial sólo se daba a través de la
participación del Estado en las acciones de las empresas
extranjeras, pero esta práctica ha dejado de operar.
Algunas instituciones creadas para financiar a las empresas,
sólo lo hacen para las nacionales, pero es un error que
pronto deberá corregirse. Es cierto que muchas empresas
obtienen recursos en México pero es de la banca privada.
Otras lo obtienen del exterior y, por lo tanto, los intereses que
podrían quedarse en México se van a otro
lado.

Cuadro 4.11 Variación del ILE de los flujos de
capital e inversión extranjera

Es posible que este factor siga mejorando en los
próximos años.

4.6 ILE DE LA ACTIVIDAD BANCARIA Y
FINANCIERA

Cuadro 4.12 ILE de la actividad Bancaria y
Financiera

En las economías de mercado los bancos son una
parte fundamental para el desarrollo de los proyectos
productivos y de negocios de
los individuos. En ellos pueden conseguir los créditos necesarios para construir los
inmuebles, comprar materia prima,
maquinaria, y hasta para resolver gastos corrientes
mientras se realizan las mercancías. Los comerciantes usan
los bancos para transferir dinero,
ahorrar, financiar compras y los
trabajadores solicitan créditos para comprar casas,
automóviles o enseres.

Por lo tanto, la actividad bancaria es clave para el
desarrollo de una economía. Sin embargo, no todos los
gobiernos lo consideran así. Hay quien ve a los banqueros
como usureros y casi los comparan con delincuentes. Las leyes
tratan de limitar sus operaciones,
cobrar impuestos, regular y restringir su desarrollo y en algunos
países de plano se prohíbe la existencia de bancos.
El resultado de una mala política hacia el sistema bancario
no se deja esperar.

Hay gobiernos que comprenden a medias la importancia de
los sistemas
bancarios y creen que el gobierno puede ejercer bien el papel del
banquero. De esa manera, se llega a crear un gran sistema
bancario gubernamental con cientos o miles de sucursales. Pero al
final fracasa dicho sistema pues el servicio se
burocratiza, los créditos se hacen incobrables y los
gobernantes no tienen incentivos para
perseguir a los deudores para no perder votos políticos.
Al final sólo quedan las pérdidas
irremediables.

En otros países, se admite la existencia de la
banca privada, pero el Estado no reconoce su importancia y por lo
tanto no les brinda la protección adecuada y las deja a la
merced de la delincuencia.
Los agentes económicos llegan a percibir la actitud del
Estado y es posible que dejen de cumplir sus compromisos: se
endeudan demasiado y no pagan sus préstamos. Esto
hará que pronto desaparezca la banca y toda la sociedad
sufrirá. Por lo tanto, tener un buen sistema bancario es
fundamental para el buen desarrollo de la
economía.

Posesión de instituciones financieras por
parte del gobierno. El crédito
en el siglo XVIII se movía a través del tendero,
del hacendado o la Iglesia. Los
primeros bancos formales que se establecieron en México
fueron extranjeros (ingleses y holandeses) en el siglo XIX. A
principios del
siglo XX la banca sufrió estancamiento y algunas
instituciones desaparecieron por efecto del movimiento
revolucionario.

La banca se recompuso en la década de los 50 del
siglo XX, pero en 1982 el gobierno expropió todos los
bancos y se erigió en un monopolio estatal. Pronto tuvo
que dar marcha atrás para volver a privatizarlos. Sin
embargo, muchos bancos no regresaron a sus antiguos
dueños, quedando en manos inexpertas o corruptas. Estando
de nuevo en manos del sector privado muchos bancos
desaparecieron, se fusionaron o fueron absorbidos por la banca
internacional. Hoy en día, prácticamente no existen
más de dos o tres bancos mexicanos privados y los
demás son filiales de bancos internacionales.

Por su parte, el gobierno mantiene los siguientes
organismos bancarios: Banco de
México (FIRA), Nacional Financiera, Banobras, Financiera
Rural, Banco Obrero, Banco del Ejército. La llamada Banca
de Desarrollo sigue estando en manos del Estado (Nacional
Financiera, FIRA y Financiera Rural)

El Banco de México es quien conduce la
política bancaria y administra la moneda del país.
Hoy en día se le ha dado autonomía a fin de que no
genere efectos perversos en la economía. La
discusión en un futuro inmediato tiene que ver con la
posibilidad de que el Banco de México sea totalmente
privado, es decir, que el gobierno no tenga control alguno
sobre él.

Aunque pareciera irreal la posibilidad de que el
gobierno no posea un Banco Central, hay que recordar que hay
países que no tienen banca central y pueden funcionar sin
problema. Uno de ellos es Hong Kong y otro Panamá,
aunque hay más. En Hong Kong el banco central es privado y
en Panamá, donde se usa el dólar, no tienen
necesidad de banco central. Hay otros países donde la
banca es un monopolio del Estado (Cuba y Corea
del Norte).

Hay importantes esfuerzos para que la banca en manos del
Estado adopte criterios reales, de negocios. Pero esto va a ser
posible hasta que se privaticen totalmente. En realidad, los
gobiernos no deben poseer ningún banco. Es mejor que toda
la banca esté en manos privadas a fin de que los
propietarios asuman el riesgo.

Restricciones a la capacidad de los bancos
extranjeros para abrir sucursales y filiales.
Después de la experiencia de nacionalización de los
bancos en 1982, la poca banca mexicana que sobrevivió se
vio en la necesidad de protegerse mediante la asociación
con la banca internacional. De esta manera entraron a
México los grandes bancos BHCS (Hong-Kong), SCH (España),
BBVA (España).

A partir del 2000 se han eliminado en gran medida las
restricciones para el ingreso de la banca internacional a
México, sin embargo hay normas y
reglamentaciones que impiden que lleguen pequeños bancos
extranjeros que se dedican a nichos específicos. Es
posible que en poco tiempo se mejore este índice al
remover esas normas y restricciones.

Influencia gubernamental sobre la
asignación de créditos. Cuando la
banca estaba totalmente en manos del Estado (1982), naturalmente
que el gobierno era el único que determinaba quién
debía recibir créditos. Actualmente se puede decir
que el gobierno decide sólo lo que corresponde a las seis
instituciones financieras del Estado y otros organismos como son
el ISSSTE (para compra de autos y
casas), Fonacot (muebles de línea blanca y otros enseres),
INFONAVIT, SOFOLES (casas y departamentos), FONHAPO que es el
Fondo Nacional para la Habitación Popular. El resto de los
créditos se dejan al criterio de la banca comercial. Un
cambio notable
en las instituciones del Estado es que cada vez adoptan
más los criterios de rentabilidad.
Por ejemplo, las tasas de
interés convergen hacia las que cobra cualquier
institución privada. Sin embargo, hay que reconocer que
estas instituciones gubernamentales compiten con las privadas de
manera desleal, ya que cuentan con el respaldo del
gobierno.

Regulaciones del gobierno que inhiben la actividad
financiera. La actividad financiera es muy diversa
y en economías libres cada día surgen nuevas formas
e instrumentos. Además de la banca tradicional, pueden
surgir afianzadoras, seguros, bolsas,
empresas de factoraje, mercados
secundarios, de derivados, cajas de ahorro y
préstamo, mutualidades, tandas y otros
mecanismo.

Todos estos instrumentos son beneficiosos para la
sociedad, aún cuando muchos de ellos llevan altos riesgos. Si
los gobiernos logran entender la importancia de la diversidad de
estos instrumentos los dejarán libres, sin
intervención ni regulación alguna. Pero si los
gobernantes no lo entienden, intentarán regularlos y con
ellos destruirán el maravilloso mecanismo de las finanzas
puras.

Existen, a pesar de todo, instituciones privadas
informales. Estas son las cajas de ahorro que no están
registradas pero que brindan un servicio eficaz hacia una buena
parte de la población en el campo y en la ciudad. Estas
cajas de ahorro deben ser protegidas por el Estado y permitir que
a mediano y largo plazo se constituyan en instituciones formales,
en bancos con instalaciones propias.

Restricciones para ofrecer todo tipo de servicios
financieros, valores y pólizas de seguros.
Con esta variable se evalúa la política del Estado
en cuanto a la iniciativa de los particulares tanto nacionales
como extranjeros. En condiciones de libertad plena, la gente
inventa mecanismos a veces insospechados para hacer frente a los
problemas financieros. Es importante tener un ambiente donde
la gente pueda poner en juego toda su
creatividad.
En tal caso, el Estado sólo debería tener el papel
de vigilante para que no se hagan fraudes.

Aunque la legislación no señala a todos
los tipos de servicios financieros posibles, valores y seguros,
la Ley de inversiones ya muestra una voluntad clara para
liberalizarlos. Se puede leer, en dicha ley, la posibilidad de
que los extranjeros puedan participar hasta en un 49% en algunos
sistemas financieros a partir de 1995; con el 52% a partir de
2001 y con el 100% a partir de 2004.

Cuadro 4.13 Variación del ILE de la actividad
bancaria y financiera

El avance de este factor es de 2.8 puntos desde el
inicio del período considerado. Todavía hay mucho
qué hacer para que mejore este índice.

4.7 ILE DEL CONTROL DE SALARIOS Y
PRECIOS

Cuadro 4.14 ILE del control de salarios y
precios

En economías libres los precios tienen un papel
fundamental para que los recursos se distribuyan eficientemente.
Si un precio se
empieza a elevar, quiere decir que puede haber escasez o que la
demanda se
está incrementando ante una oferta
rígida. En uno u otro caso, se generen incentivos para que
los agentes económicos tomen cartas en el
asunto y realicen los mejores esfuerzos para cubrir la demanda.
Pero cuando la autoridad no deja que los precios se manifiesten,
los agentes caminan sin saber por dónde van. En
consecuencia, se pueden crear demandas insatisfechas innecesarias
o bien, sobreofertas que significan un uso inadecuado de los
recursos.

En las economías de mercado puras, las
autoridades políticas
no intervienen en absoluto en el sistema de precios. En las
economías controladas, las autoridades dictan los precios
del trabajo, las
tasas de interés,
el precio de la gasolina, la electricidad, y con ello generan una
mala asignación de recursos y crisis
recurrentes.

Ley de salario mínimo.
Cuando los gobiernos establecen leyes de salario mínimo
para los trabajadores, distorsionan el mercado de trabajo. Los
trabajadores pierden su capacidad de negociación pues el Estado dicta lo que se
debe ganar. Si el salario dictado por el gobierno es más
alto que el que consiguiera el trabajador en un mercado libre de
trabajo, la consecuencia será que los empresarios
reducirán su demanda de trabajadores, muchas empresas
cerrarán o se irán a otros países. Por lo
tanto, se provocará desempleo.

Por otro lado, si el salario dictado por el gobierno es
más bajo que el de mercado, los trabajadores no
querrán trabajar y eso también generará
desempleo. La gente tratará de buscar la
satisfacción de sus necesidades en otras latitudes. Por
otro lado, los empresarios no tendrán al personal
idóneo debido a los bajos salarios decretados por el
gobierno. Por tanto, sea que el gobierno dicte salarios menores o
mayores, va a causar daños al mercado de trabajo y por
tanto a la economía. Por esta razón, el
índice de libertad económica otorga
calificación de uno cuando los gobiernos no intervienen en
absoluto en el sistema de precios del trabajo, tasa de
interés o precios de las mercancías, y se
evalúa con cinco cuando los gobiernos imponen los
precios.

Libertad para que los particulares fijen precios
sin ingerencia alguna del Estado. Cuando el Estado
no interviene de manera alguna en el establecimiento de precios
se tiene una economía de mercado pura. Sin embargo, la
intervención en el sistema de precios puede darse de
muchas maneras: Sea de forma directa imponiendo precios a las
gasolinas, electricidad, telefonía o cuotas de peaje. También
se da por medio de los impuestos, ya que éstos tienen el
efecto de incrementar el precio de un bien. Dado que en
México hay impuestos a todas las mercancías, se
puede conducir que hay alta intervención del Estado en la
formación de precios.

Control gubernamental de los precios. La
creencia de que el gobierno puede ejercer un control eficiente de
los precios cada día queda en el abandono. Aquellas
instituciones llenas de encuestadores, estadísticos o
matemáticos, para recoger información y procesarla a fin de
determinar el precio que debe tener un kilogramo de trigo, han
desaparecido o permanecen como burocracias indeseables, pero
difíciles de despedir por los altos costos
políticos.

Hay que decir que, aún cuando la influencia del
gobierno es cada vez menor sobre el control de los precios,
todavía el gobierno dicta precios en determinadas
industrias importantes, como son electricidad, gasolinas,
telefonía, gas, agua y
además ejerce cierta influencia en los tipos de
interés por la
administración de valores gubernamentales (CETES).
Ello se ve reflejado en el ILE.

Alcance de los controles gubernamentales a los
precios. Esta variable se refiere al margen que el
gobierno aplica al control de precios. Por ejemplo, si el Estado
tuviera control únicamente sobre los precios de los
helados de fresa el margen de alcance sería mucho menor
que el de la gasolina. En el primer caso, sólo afecta al
consumidor de
helados de fresa que tendrá que reducir su consumo y eso
tiene efecto sobre la producción de helados y la de
fresas, pero es mucho menor que el efecto del precio de la
gasolina pues éste afecta a muchos más
sectores.

El alcance de los precios que controla el Estado
mexicano es amplio ya que tan sólo la electricidad y
gasolina afectan prácticamente a toda la
población.

Subsidios gubernamentales que afectan a los
precios. Los subsidios consisten en asignaciones
gubernamentales fuera del mercado. Es decir, el Estado le otorga
una cantidad a cierta empresa o institución sin recibir a
cambio alguna mercancía. La empresa promete dedicarse a
alguna labor social o productiva para la
población.

Hay dos problemas importantes a señalar en cuanto
a las políticas de subsidios. En primer lugar, quien
otorga el subsidio no es el dueño del recurso, sino
generalmente está haciendo uso de los impuestos.
Igualmente, quien recibe el subsidio es como si le cayera del
cielo, sin que tenga que dar algo a cambio. Existen en
México una gran diversidad de instituciones que reciben
subsidios, desde escuelas y universidades hasta asociaciones "sin
fines de lucro".

Si los subsidios se aplicaran ocasionalmente y en
algún renglón donde no tuvieran mayor impacto sobre
los precios de otros productos
quizás no serían tan dañinos. Por ejemplo,
se puede pensar en el caso de una persona mayor de
80 años que no tiene familiar alguno, ni propiedades que
le mantengan. Suponiendo que no existen instituciones privadas
humanitarias, se puede justificar la existencia de un subsidio a
la persona para que cubra sus necesidades elementales. Con ese
subsidio, la persona mayor puede elegir una casa de asistencia y
cambiar a otra si no le tratan bien. En este caso, el efecto
sobre los precios es mínimo. Pero si en lugar de ello, el
Estado decide otorgar un subsidio fijo a las empresas
asistenciales, entonces el efecto sobre los precios es
mayor.

Cuadro 4.15 Variación del ILE del control de
Salarios y precios

4.8 ILE DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD

Cuadro 4.16 ILE de los derechos de propiedad

Los derechos de propiedad privada conforman la base de
una economía de mercado. No puede haber mercado sin
propiedad privada. Los intercambios libres y voluntarios son
posibles únicamente sobre la base de la propiedad privada.
Cuando no existe el derecho de
propiedad privada es imposible que la gente pueda
intercambiar pues no es propietaria de nada. Tampoco puede haber
competencia, ya que los agentes no tienen incentivos para mejorar
su situación porque su suerte no depende de ellos
mismos.

Según Richard Pipes (2002) no hay otro concepto
en la sociedad que impulse tanto a los hombres como el derecho a
la propiedad. Por tal motivo, la Heritage Foundation le da un
papel de capital importancia.

Control gubernamental del sistema
judicial. Es fundamental la existencia de un buen
sistema judicial en una economía de mercado, pues es el
encargado de resolver los problemas que se generan entre los
individuos que rompen con las normas del mercado. Si un individuo
daña la propiedad de otro y nadie se encarga de
administrar la justicia de
tal manera que la parte afectada logre compensación en
perjuicio del que delinque, entonces se generarán
incentivos para que otros violen las reglas de la sociedad y
finalmente esa sociedad tienda a desaparecer.

Los aparatos judiciales son, por lo tanto, los
encargados de resolver los conflictos
adecuadamente. Pero si este sistema judicial es ignorante de la
importancia de defender los derechos de propiedad, es seguro que
conducirá a la deformación de una sociedad libre.
Los individuos se sentirán impotentes al saber que
están indefensos ante actos criminales y dejarán de
invertir.

Por ahora, México y su sector rural no poseen un
buen sistema judicial aunque se debe reconocer que hay esfuerzos
importantes y ello se ha reflejado en un mejoramiento del
índice en ese renglón.

Para avanzar significativamente en este renglón
es necesaria una modificación sustancial en los
órganos judiciales: introducir los juicios orales,
compensar a las víctimas con cargo al culpable, lograr que
los gastos del juicio los paguen los involucrados en el delito.

Ausencia de leyes que definan el respeto a los
contratos
comerciales. Esta variable se refiere a la ley que regula
las relaciones comerciales entre los individuos. Por ejemplo,
cuando alguien quiere comprar una casa la legislación
dice: si se firma una "promesa de compra-venta" y el supuesto
comprador decide no comprar, pierde el dinero adelantado: pero si
el vendedor es quien se arrepiente, entonces tiene que regresar
el dinero aumentado con una compensación. De esta manera
se evitan muchos conflictos que han degenerado en pérdidas
de vidas.

Restricción al arbitraje internacional para
las disputas contractuales. Es deseable que en una
economía de mercado se permita el arbitraje internacional
de cuerpos judiciales a fin de garantizar la mayor neutralidad
posible. Sin embargo, muchos países, amparándose en
conceptos de soberanía no permiten que organismos
internacionales se inmiscuyan en asuntos internos. Muchas veces
se ve como violación a la soberanía nacional. Por
otro lado, los organismos internacionales no han logrado la
confianza suficiente para que se acuda a ellos. Es necesario
eliminar los mitos de la
soberanía nacional que no permiten la entrada de
organismos internacionales con respetabilidad
reconocida.

Expropiación de la propiedad por parte del
gobierno. Cuando los agentes económicos
perciben que están a expensas de la voluntad de los
gobiernos y que se les puede expropiar sus propiedades, reducen
sus actividades ya que es la forma en que reducen el riesgo.
Incluso, el capital foráneo tiende a buscar refugio en
otros países y con ello se eliminan muchos empleos. De
ahí la importancia de que todos los agentes
económicos cuenten con la garantía y la seguridad de que
los gobiernos no confisquen sus propiedades, o que si se llega a
hacer por razones estrictamente necesarias, sean indemnizados con
un sobreprecio respecto al valor de
mercado.

Los extranjeros, por ejemplo, abrigan el temor de ser
expropiados en algún momento si compran tierras en el
campo mexicano. Temen al gobierno Federal, al Estatal y al
municipal. Se teme hasta a los grupos violentos que dicen
defender la causa de los pobres e invaden ranchos y haciendas.
Hay mucho que avanzar en este renglón.

Corrupción del poder
judicial. La neutralidad e independencia del
poder judicial da
confianza y certidumbre a los agentes económicos para que
realicen todas sus actividades sabiendo que existe un organismo
neutro que impartirá justicia en caso de violación
de alguno de sus derechos. Pero si los agentes perciben que el
poder judicial es influido por fuerzas políticas o por las
ofertas de dinero de una de las partes, entonces los agentes
económicos se vuelven poco audaces en sus inversiones. En
México, se percibe que existe un alto grado de corrupción judicial. Algunas instituciones
colocan a este país en los primeros lugares dentro de las
naciones más corruptas. La gente no confía e
incluso teme al poder judicial.

Demoras en la recepción de las resoluciones
judiciales y/o ejecuciones judiciales. En toda
economía de mercado hay conflictos que se pueden resolver
casi desde el momento en que las partes acuden al poder judicial;
otros conflictos pueden tardar pocos días mientras se pone
en claro la verdad del asunto, pero hay otros conflictos que
innecesariamente tardan meses y hasta años en
resolverse.

Si los agentes económicos saben que en un
país sus conflictos duran mucho tiempo, les reduce el
estímulo para producir y generar riqueza.

Propiedad privada protegida y garantizada
legalmente. Aunque es posible que en varias
constituciones se mencione la protección a la propiedad
privada, no se le pone el énfasis adecuado, lo cual indica
que todavía no se comprende bien su importancia o que
deliberadamente se hace de manera marginal porque se valora
más a las economías sin propiedad
privada.

Por ahora, y de manera sorprendente, la República
Popular de China ha
colocado en su constitución política la
inviolabilidad de la propiedad privada.

Es tan importante el concepto de propiedad privada que
termina por definir si un país es capitalista o
socialista.

Cuadro 4.17 Variación del ILE de los derechos de
propiedad