El concepto de calidad que hoy estamos acostumbrados a escuchar en el ámbito político-educativo dista mucho de ser verdaderamente propiciador de la mejora de tal proceso, en tanto en cuanto dicho concepto está regido por una manera de entender el mismo como un bien de consumo más, en donde priman las leyes de la oferta y la demanda en detrimento de otras propuestas más igualatorias, justas y democráticas.

Es la llamada calidad total, la cual intenta equiparar la educación con un determinado servicio cuyo fin último es satisfacer al cliente.

Pero… ¿Quién es considerado cliente?, para este modelo de gestión, "cliente no es todo el mundo o cualquier persona, sino los individuos compradores o usuarios del servicio, que reúnen los requisitos o expectativas que determinada empresa prevé" (Fernández Sierra, 2002: 79). Y… ¿Quiénes no puedan comprar dicho servicio?, esta pregunta no sería ni digna de ser cuestionada, por aquellos que defienden este discurso, ya que los "no habilitados para comprar" simplemente no se les tiene en cuenta porque no interesan.

Desde esta perspectiva los alumnos/as son tratados como clientes externos, y en lugar de ser considerados como personas capaces de reconstruir la realidad existente intentando cuestionarla, juzgarla y dando una alternativa más humanitaria en aras de su formación como ciudadano crítico, reflexivo, autónomo y libre, los mismos se limitarían a ser meros "utilitarios" de dicho servicio.

El discurso de la calidad total intenta potenciar el currículum tecnológico, en la medida en que sólo determinados grupos de poder poseen libertad para decidir los objetivos que deben cumplirse durante el año escolar, en este sentido los docentes serían meros transmisores de un saber preestablecido, interesado y cuanto menos poco educativo en aras de satisfacer los intereses de quienes gestionan dicho saber, estableciéndose de tal modo una serie de jerarquías cuya cúspide estaría ocupada por los que podríamos denominar "gestores del saber".

Habría que incidir en la idea de que desde el mismo momento que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se acepta y/o promueve el establecimiento de jerarquías (en donde, existen personas que dependiendo de su estatus tienen mayor poder de decisión que otras que en teoría influyen tanto o más directamente en dicho proceso), se insta a que el mismo nada tenga que ver con ese fenómeno enriquecedor, formativo, ético, justo, igualitario, democrático, socializador, etc, al que llamamos educación.

Esta forma de "gestión jerárquica" como diría Carrasco Rodríguez (1999) "convertirá a los centros educativos en sistemas organizativos eficaces para obtener ciudadanos a medida de las estructuras sociales existentes" (pág. 19).

Desde este enfoque, de la calidad total, procesos tan sumamente complejos como la evaluación, tendrían como fin último la satisfacción del cliente, sirviéndose de un modelo basado en la "rendición de cuentas" desde el "primer y segundo eslabón de la cadena educativa" (alumnos/as y profesores/as) hacia aquellos que tienen el poder de tomar las decisiones que consideren oportunas en materia de objetivos, organización, contenidos…y a sus posibles cambios.

Con lo cual, tanto evaluaciones internas como externas pasarían de ser un elemento facilitador y proclive hacia la mejora educativa, para convertirse en un elemento de control directivo, que no casa con la reflexión, debate… sobre la práctica diaria en aras de un verdadero progreso en el quehacer cotidiano.