La presente monografía-ensayo, tiene por finalidad despertar el debate respecto del falseamiento de datos en los actores sociales (políticos, funcionarios, etc.). La tesis principal es que, el no juego limpio al momento de informar afecta la vida social.

Desde hace un tiempo atrás, venimos observando que los actores sociales (miembros de partidos políticos, sindicatos, asociaciones, etc.) al expresar sus puntos de vista –legítimos-, muchas veces manipulan la información, seguramente como un medio más eficaz de ganar adeptos a sus posiciones político-ideológicas. Sólo que, se trata, con frecuencia, de información verificable en forma objetiva, tales como datos estadísticos, hechos comprobadamente ocurridos.

En esencia, muchas veces se pierde un mínimo de Transparencia en la Información, entendida ésta, no como la apertura de la Administración Pública respecto de su actuar (ejecución de presupuestos, políticas, etc), sino como la ausencia de un mínimo de sinceridad o decencia en lo que se informa, por parte de los actores sociales con trascendencia en la vida político-económico y social del país.

Partimos de la siguiente hipótesis: Debido a la manipulación de la información (que incluye la desinformación, información dada en forma comprobadamente errática, etc.) por parte de los actores sociales ya mencionados, se afecta la gobernabilidad del país, se limita el respaldo ciudadano para tener legitimidad y, se nos aleja de un mínimo de consenso requerido para la adopción o ejecución de determinadas políticas de desarrollo, y en general, para tener una vida social más fluida.

En ese contexto, ¿deben establecerse parámetros para el juego informativo, o no intervenir en absoluto?; de ser la respuesta afirmativa, ¿qué clase de parámetros deberían ser?; además: ¿es necesario que el orden jurídico se haga cargo del problema, o tal vez que la solución sea meramente de carácter político?.

En el presente artículo, abordamos los problemas descritos, ensayando algunas respuestas a las interrogantes planteadas, obviamente, dentro de los límites de extensión, dada la naturaleza de la obra que estamos emprendiendo.

Es necesario una aclaración previa del sentido de la terminología que usaremos en el presente trabajo:

Ante la ausencia, por ahora, de un término más adecuado, usaremos "transparencia en la información" para referirnos al tema en estudio, pero teniendo como marco, la aclaración hecha en la introducción.

Del mismo modo, ante la ausencia de una terminología más exacta que exprese a cabalidad lo que queremos decir, usaremos el término "juego informativo", el mismo que deberá ser entendido en dos sentidos: el primero referido a la divulgación, por parte de cualquier actor social, de algún dato de relevancia para la vida económica social del país (como un hecho unilateral, sin respuesta). Por el otro, el mismo proceso de divulgar información, pero esta vez por parte de dos o más actores, lo que en la jerga política, para los temas superficiales se conoce como "dimes y diretes".

Finalmente, con "problema informativo" nos referimos al problema en concreto, esto es, para estos efectos, los problemas descritos líneas abajo, y analógicamente, a cualquier otro no mencionado expresamente en el presente trabajo, en el que se presenten posiciones divergentes.

A continuación, con la finalidad de mostrar algunos ejemplos de lo que venimos diciendo -que no son los únicos- hemos seleccionado una lista de problemas informativos. Nuestro propósito no será descubrir la verdad o falsedad en cada uno de ellos, salvo alguna referencia adicional que se haga en ese sentido, pues, no es propósito de esta obra abordar cada uno de los problemas informativos descritos, varios de los cuales tendrían que merecer un trabajo extenso. De modo que, simplemente los mencionamos a efectos de que sirva como marco del análisis que venimos haciendo.

1.1. Sobre las empresas mineras que operan en Perú.- En el programa televisivo peruano La Hora N, el 21 de marzo del año 2006, el entrevistador (Jaime de Althaus), en base a la información dada por la SUNAT, señaló que las empresas mineras pagan 37% en regalías y 30% en impuesto a la renta. A su turno, el entrevistado (vocero económico del entonces candidato presidencial Ollanta Humala, señor Vásquez) cuestionó la información dada y replicó que las referidas empresas pagan menos que nosotros los peruanos de a pie.

- El Ex - Presidente Toledo (conferencia del 20/04/2006), señaló que en el año 2000, las empresas mineras nos dejaron S/. 55 millones por Canon Minero, mientras que en el año 2006 (por pago de impuestos del año 2005) nos dejaron S/. 1,500 millones, por el mismo concepto. Es decir, evidenciaría un pago significativo de los tributos, por parte de las empresas mineras.

1.2. La rotura de tubos en Camisea.- Las dos versiones se encuentran entre los que señalaron que la Empresa constructora concesionaria usó tubos usados en la construcción del gasoducto, al menos en la zona del siniestro, y los que señalaron que cada tubo usado en la construcción, no sólo son nuevos, sino que tienen su propia partida de nacimiento.

1.3. Las regiones y sus gastos.- En algunos medios de prensa peruanos, el 24 de enero de este año, basándose en una nota de prensa de la Cámara Nacional de Comercio, se informó que la mayoría de las regiones (con excepción de Ica y Lima, en los que el exceso habría sido mínimo) habían gastado 14% mas de lo que tenían presupuestado. En otra versión, en una revista local, se señaló que la información dada no era exacta y que contrariamente, el gasto había sido menos de lo presupuestado.

1.4. La ubicación de los CLAS.- En un interesante estudio hecho en el Perú, con auspicio del Banco Mundial, se habría desvirtuado el mito (esto es, versiones de otros actores sociales) de que los CLAS se concentraban en las zonas urbanas y zonas más pudientes, siendo que los mismos tienen una distribución similar a los establecimientos de salud tradicionales y se encuentran también en distritos pobres y menos pobres, además de zonas rurales.

- El TLC y las medicinas.- En una entrevista en un medio de prensa local (La Hora N, de fecha 30.11.2005) se señaló que estudios en Chile y México (países que tienen TLC con Estados Unidos) habrían demostrado que el precio de las medicinas no habían sido afectados para peor. Al contrario, por ejemplo en México, las medicinas solamente habrían subido en una mitad del incremento de la inflación (que afecta a todos los bienes). De acuerdo a estos estudios, los críticos del TLC, para mal informar, se habrían servido de la apreciación del peso que fue del promedio de 20%.

A aquellos estudios se suma lo dicho por el Ex-Viceministro de Comercio exterior peruano, Pablo de la Flor, quien señaló que los efectos en el precio de los medicamentos genéricos, para el caso peruano, serían ínfimos.

A dicha posición, se oponen las voces de varios dirigentes políticos y sindicales (a quienes los hemos venido escuchando a través de los medios de prensa), y el propio estudio difundido por el Ministerio de Salud, señalando efectos desfavorables.