Necesidad de reforma del derecho penal
contra la delincuencia
organizada en méxico
Este trabajo se
desprende de la Tesis de grado
que desarrollé para obtener la Maestría en Derecho
Penal por la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco, promoción 2000-2002, la cual fue defendida
exitosamente el 5 de octubre del 2004 en Villahermosa, Tabasco,
en examen sostenido a puerta cerrada y tras tres cambios de fecha
con respectivo cambio de
sinodales. Este trabajo fue concebido y desarrollado en varias
fases, siendo resultado de un proceso
natural de evolución profesional y personal que he
vivido en estos años de transición en todos los
aspectos de mi vida. En este producto
plasmo mis conocimientos teóricos sobre el tema y el
producto de una investigación tan cuidadosa como complicada
basada en una amplia gama de fuentes
abiertas. El presente texto es la
introducción a dicho trabajo, el cual he
procesado de esta forma a fin de contribuir en la medida de lo
posible al mejor éxito
de la lucha contra el crimen
organizado en México en
un momento extremadamente álgido de su historia en este foro especializado.
La inteligencia
es un concepto que se
refiere a la recolección de información, su procesamiento y
explotación con el fin de proporcionar a quien va a tomar
decisiones los elementos correctos para adoptar una
determinación adecuada y congruente con la realidad e
instrumentar acciones que
permitan obtener actuación eficaz, precisa, modificando
significativamente al entorno y auxiliando al cumplimiento de
objetivos
definidos, a la interpretación correcta de signos y
evidencias,
codificación y decodificación de
mensajes abiertos o encriptados; mientras que la
contrainteligencia se refiere a la protección de la
información, de sus ciclos de explotación y del
diseño
de las estrategias
operativas obtenida, así como las acciones tendientes a su
instrumentación, mediante los procedimientos de
inteligencia para impedir su divulgación indebida, regular
la explotación de dicha información, ocultar la
identidad de
las fuentes de obtención y de los involucrados en dichos
procedimientos y ante todo, salvaguardar el
conocimiento de las vulnerabilidades y fortalezas de un
país, región, estado e
instituciones
en particular.
Por ello, su actividad conjunta es indispensable. En
este sentido, los servicios de
inteligencia y contrainteligencia se han convertido en
instrumentos vitales para brindar un panorama de la realidad que
facilita en gran medida el trabajo de
las corporaciones policiales en materia de
combate al narcotráfico y la delincuencia organizada.
Su uso ya se ha generalizado operativamente en las instituciones
federales y de procuración de Justicia, para
dar seguimiento a las acciones de las células y
redes integrantes
de los grandes cárteles del narcotráfico en las
diferentes regiones de nuestro territorio nacional.
Debido al incremento de la violencia
generalizada, la criminalidad y la corrupción
en ciertos estratos de la sociedad,
cuerpos policíacos así como el incremento
significativo en el consumo de
psicotrópicos, en el año de 1989, se emitió
la declaración del narcotráfico como riesgo para la
seguridad
nacional, lo cual permitió la incorporación del
Ejercito Mexicano en la lucha contra el narcotráfico, cuya
participación en dicho combate ha sido invaluable e
inconmensurable, así como la expedición de la
Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada en 1996 cuyo marco
jurídico permitió la instrumentación de
acciones en aquel entonces – y hasta el día 17 de enero de
2003, en que fueron intervenidas por el Ejército Mexicano
y fueron declaradas desaparecidas e integradas en una
Subprocuraduría en la propia institución, de
acuerdo a la nueva estructura de
la Procuraduría General de la República-, por parte
de unidades especializadas de la propia Procuraduría
General de la República contra varias modalidades de la
criminalidad organizada que han sido incorporadas al esquema de
actividades de dichas organizaciones
delictivas, tales como el lavado de
dinero, el blanqueo de capitales, y en general, todas las
operaciones
realizadas con recursos de
procedencia ilícita; los delitos contra
la salud, el
terrorismo,
espionaje, corrupción de menores e incapaces, pornografía y prostitución
infantil, la revelación de secretos y acceso
ilícito a sistemas y
equipos de informática, entre otros; el nacimiento del
Sistema Nacional
de Seguridad Pública en 1996 a través de la Ley
General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y de las acciones de integración en los tres niveles de gobierno; el
nacimiento de la Policía Federal Preventiva en 1998, la
creación de la Secretaría de Seguridad
Pública Federal, con la respectiva transferencia del
personal de la Secretaría de Gobernación y la
transformación de la Policía Judicial Federal en la
renovada Agencia Federal de Investigaciones,
así como su intervención en actividades operativas
conjuntas son los antecedentes necesarios que fundamentan la
situación que genera inquietud intelectual de la que
elabora este proyecto,
así como para estipular la comprensión del
fenómeno en estudio en su interacción con las autoridades.
Es vital la comprensión del concepto de
Inteligencia y Contrainteligencia para la Prevención e
instituciones que se ocupan de aplicar sus métodos en
México, procurando no vulnerar la confidencialidad que
deben conservar ciertos procedimientos para el diseño
adecuado de operaciones en la materia. De hecho, las actividades
de inteligencia y contrainteligencia mexicana son realizadas por
la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría
de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública
Federal a través de la Policía Federal Preventiva,
y la Procuraduría General de la República,
así como por el Centro de Investigación y Seguridad
Nacional de la Secretaría de Gobernación y en
última instancia, en el fuero de su competencia y de
manera rudimentaria, en las dependencias estatales de seguridad
pública y de gobierno. Debemos recordar que vivimos en un
país con un rezago y una disparidad severa en materia de
niveles de capacitación policial: así como
podemos encontrar elementos AFI con maestría es posible
encontrar policías estatales con apenas estudios de
primaria.
En nuestro país existen políticas
públicas en materia de servicios de inteligencia y
contrainteligencia para la prevención, lineamientos
operacionales para los servicios de Inteligencia del Estado, su
utilidad en la
seguridad nacional y pública así como en la
procuración de Justicia y las actividades conjuntas, sus
características operativas y ciertos términos
técnicos. Retornando a la dinámica de dicha situación,
construir productos de
investigación en materia de doctrina puede ser complejo,
puesto que es una ciencia de
dominio
militar y policial, cuya integración total implica
apoyarnos en textos de criminalística, criminología, criptografía, textos de seguridad
conocimientos básicos de informática, estrategia y
planeación en la seguridad nacional,
revistas especializadas, política criminal en
materia de seguridad pública, conceptos avanzados de
prevención del delito y
procedimientos de investigación judiciales en la
averiguación previa en lo referente a la
recolección de la evidencia probatoria y las técnicas
avanzadas contempladas en la Ley para el combate a la
delincuencia organizada, toda vez que implica la forma en que se
va a elaborar un escenario o un planteamiento del alternativas de
tratamiento de las redes o células de la delincuencia
organizada.
El tema que nos ocupa reviste una complejidad en la
confección de una técnica operativa bien fundada
jurídicamente, tanto para colmar el cuerpo del delito al
tenor de lo que estipula el artículo 19 Constitucional de
la Carta Magna
Mexicana, como por la protección de la información,
lo cual es absolutamente indispensable para garantizar el
éxito de las operaciones y posteriormente, de los procesos
penales incoados contra miembros de la delincuencia organizada.
Para hacer esto se debe realizar una paciente labor de acopio de
información bibliográfica y el monitoreo de la
opinión
pública y especializada a través de medios de
difusión locales, nacionales e internacionales.
A efectos de saber que escenario nos ocupa, es
indispensable estudiar las características del contexto
actual de la seguridad nacional y la procuración de
Justicia, los ámbitos de actuación que enfrentan en
la lucha contra la delincuencia organizada en sus diversas
manifestaciones, a través de lo que implica el avance de
las organizaciones del narcotráfico y del lavado de
dinero, los
movimientos armados, el tráfico de armamento, el
tráfico de seres humanos y la corrupción de
menores, el secuestro, el
terrorismo, el espionaje entre otras prácticas que pueden
poner en riesgo la seguridad pública nacional en el
contexto social, jurídico y estatal.
Comprender el panorama implica altos niveles de
concentración, toda vez que las organizaciones del
narcotráfico mexicano están alcanzando nuevos
niveles de especialización- blanqueo de capitales a
través de propios y extraños, financiamiento
de grupos
identificados de poder
político regionales – y a la vez de
compartimentación- estratificación en
células de narcomenudeo- y una forma de expresión
tenebrosa a través de la práctica de ejecuciones
con mensajes tétricos en forma de rostros desfigurados a
fuerza de
balazos, cabezas cercenadas, que siembran el terror en la
población y en las autoridades
policíacas- cuya carencia de capacitación y
necesidad de identificación de los perfiles pertinentes
para la selección
del personal policial pone en entredicho a la Academia Nacional
de Seguridad Pública y a sus procesos de operación
en el lapso 1999-2006, los cuales sugiero modestamente que sean
evaluados concienzudamente -.
Estas situaciones se expanden ya hacia otras zonas de la
república, otrora aisladas de dicha situación como
lo son Tabasco, donde en el lapso comprendido entre el 12 y 16 de
julio, presenció tres ejecuciones perpetradas por un
comando armado, al parecer, de acuerdo a información
procedente de fuentes abiertas, los Zetas. El fenómeno no
es exclusivo de Tabasco: Nuevo León y Guerrero,
Michoacán y Baja California, el Altiplano y el Distrito
Federal son, en cierta manera un reflejo de la brutalidad abierta
con que el narcotráfico mexicano exhibe su propio poder
punitivo e intimidante.
No obstante, la verificación de la autoría
de dicha ejecución está supeditada a indagar si
alguno otro de los grupos que desarrollan dicho Modus
Operandi, verbi gratia Los Pelones, los caballeros
negros, los jefes, etc., que desarrollan patrones de conducta
similares poniéndolos a disposición del mejor
postor. Como puede verse, la contratación de sicarios ha
alcanzado niveles muy superiores a los que se suscitaron en
Colombia…tan similares a los italianos,
más sin embargo, profundamente mexicanos.
Sostenemos que el patrón operacional de la
delincuencia organizada mexicana es similar al que realiza la
delincuencia organizada italiana, la Mafia, toda vez que
su sustentación obedece a la creación de redes que
enlazan, desde desertores, infiltrados, policías, jueces y
funcionarios corruptos en todos los niveles, hasta actores
políticos que toleran o permiten la actuación de
grupos delictivos en una aplicación moderna del "dejar
hacer, dejar pasar".
Como ya sabemos, la seguridad pública, desde que
alcanza una nueva definición constitucional, estipulada en
el artículo 21 constitucional, párrafos quinto y
sexto, adquiere por tal hecho un nuevo contexto de actividad. Y a
la vez que se le da una mayor importancia a su actividad
operativa, también se le confieren nuevas
responsabilidades que se ven reflejadas en la necesidad de
redefinir el concepto de Estado de
Derecho, y la necesaria observancia del respeto a los
Derechos
Humanos en aras de la protección de los bienes
jurídicos tutelados por las Garantías
Individuales.
La Seguridad Pública se relaciona con la
procuración de justicia en el ánimo de mejorar la
investigación del delito, la atención victimológica y la
coordinación con la participación ciudadana: de hecho, a nivel
federal se ha denotado un importante avance en materia de
procuración de justicia, en la búsqueda de la
erradicación del narcotráfico de la propia estructura
social; esta es una asignatura pendiente en el fuero
común.
Un gran avance en la materia es la Ley de Seguridad
Nacional, en la cual se define a la inteligencia como el conjunto
de principios,
normas,
valores,
personas, instancias y procedimientos, que tienen por objeto
inmediato y directo la condición imprescindible de
mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado
Mexicano, basada en los principios:
- La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del
territorio; - El mantenimiento del orden constitucional y el
fortalecimiento de las instituciones democráticas de
gobierno; - La unidad nacional, la cohesión social y la
protección de la vida y los derechos de los
mexicanos; - La defensa legítima de los intereses vitales
del Estado Mexicano respecto del exterior; y - La preservación de la democracia,
fundada en el desarrollo
económico social y político del país y
sus habitantes. Los principios bajo los cuales se rige son os
principios de legalidad,
responsabilidad, respeto a los derechos
fundamentales y garantías individuales y sociales,
confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia,
coordinación y cooperación.
Dicha Ley puede ser localizada en Internet y en el sitio del
Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
Si bien es cierto que la peligrosidad y la agresividad
que adquiere por momentos la confrontación directa con los
representantes de la delincuencia organizada, así como la
intervención en sus estructuras
puede llegar a ser muy elevada, también es cierto que de
ninguna manera podemos vulnerar los derechos fundamentales de la
ciudadanía ni de la propia delincuencia, ni
lesionar el orden jurídico cometiendo a la vez nuevos
delitos para inculcar a cierto núcleo de la
población la estricta observancia de los principios
constitucionales e imponer el respeto que necesariamente, por
sí solo, debería imponer el Ius Puniendi. Es por
ello que es indispensable una regulación coherente e
inteligente en la materia.
Por otra parte, se ha convertido en una prioridad para
la seguridad nacional mexicana, la observancia de los cuatro
principios esenciales de la seguridad pública, los cuales
se encuentran establecidos en los párrafos quinto y sexto
del artículo 21 Constitucional: legalidad, eficiencia,
profesionalismo y honradez, que desde su promulgación han
descendido incesantemente a través de los ordenamientos
jurídicos diversos, como la Ley General que Establece las
Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad
Pública y la nueva Ley de Transparencia en la
Información. Lo primordial de todo esto, es que los
postulados se vean reflejados en una realidad tangible, que
permita la mejora de la situación de la sociedad en
relación con su propia seguridad y una pulcritud notoria
en la actuación de los cuerpos policiales a nivel
nacional.
Debe de hacerse el énfasis sobre el necesario
estudio de ciertas publicaciones en materia de protección
a los derechos humanos, y sobre todo, a revistas especializadas,
manuales
didácticos y libros
profesionales en materia de inteligencia, contrainteligencia y
seguridad nacional; esto implica un alto grado de dificultad toda
vez que existen medidas de seguridad especiales que cumplir para
poder obtener acceso directo a ciertos elementos inscritos en
dichas operaciones, dada su responsabilidad oficial, su propia
seguridad personal así como la siempre indispensable y
absoluta discreción que deben guardar sobre los operativos
y los procedimientos en comento. No obstante, la inteligencia
requiere de acercamiento a fuentes abiertas, en seguimiento
constante y paciente de una problemática en
específico; implica no desesperarse cuando el panorama
aparente ser muy complejo o las ejecuciones aparenten no
cesar…es simplemente parte de la problemática y de
la creación de un entorno peligroso para generar
intimidación en el enemigo.
Cualquier trabajo de estudio sobre seguridad
carecería del énfasis necesario si no asimilamos la
importancia del proceso de dignificación de la carrera
policial – así como en el de generación del
servicio civil
de carrera – como un esfuerzo del Estado Mexicano tanto por
brindar instituciones más confiables y seguras a la
ciudadanía como para obtener la revaloración del
buen servidor
público de la seguridad pública y la
procuración de Justicia, en todos sus niveles, así
como un proceso de reconstrucción o formación de su
personalidad
buscando inculcarle valores esenciales, tanto
proporcionándole mejores condiciones de vida y laborales
que impliquen un adecuado mantenimiento psicológico
constante,- con objeto de prevenir el inevitable desgaste
emocional que origina la actividad operativa y que a su vez se
logre vencer la estigmatización laboral y social
que implica acudir a una consulta con un especialista en salud mental-,
reconocimiento a su carrera y un mejor entorno sociocultural; o,
realizando procesos similares a los que la Policía
Judicial Federal hubo de realizar en la década de los
90`s.
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