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La punibilidad (página 2)




Partes: 1, 2

Condiciones de operatividad de la coerción penal

Penales

Causas personales que excluyen la penalidad (por ejemplo, artículo 185 CP)

Causas personales que cancelan la penalidad.

Perdón del ofendido (artículo 59).

Indulto (artículo 68)

Prescripción (artículo 65)

Casos especiales (por ejemplo, artículo 132)

Procesales

a) Que rigen para ciertos delitos.

b) Que rigen para el ejercicio de las acciones procesales en general (públicas, privadas, dependientes de instancia privada).

c) Ausencia de impedimentos de perseguibilidad (ausencia de causas de extinción de la acción penal, artículo 59 CP)

Causas personales: Entre ellas tenemos en primer lugar las causas personales que excluyen la penalidad las que se establecen por puras consideraciones político penales, como por ejemplo, el artículo 185 del Código Penal establece que "están exentos de responsabilidad criminal, sin perjuicio de la civil, por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren: 1) los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en línea recta; 2) el consorte viudo, respecto de las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de otro; 3) los hermanos y cuñados, si viviesen juntos. En estos casos, ab initio la coerción penal no puede ponerse en movimiento, y se trata de causas que solo benefician al que se encuentra comprendido en ellas, es decir, al autor o cómplice en forma individual, sin extenderse a los otros concurrentes (de allí su calificativo de "personales").

En tanto que en las causas personales que excluyen la penalidad las circunstancias relevadas legalmente deben hallarse en el momento del hecho, en las causas personales que cancelan la penalidad las mismas son sobrevivientes al hecho, es decir, posteriores al mismo. Podemos mencionar entre ellas el desistimiento en la tentativa o la retractación en delitos contra el honor.

Las condiciones objetivas de punibilidad.

A partir de la observación de que en ocasiones no es el delito el único requisito para que opere la penalidad, y de que en ocasiones, no es una causa personal la que impide la operatividad de ésta, se llegó a afirmar que "hay condiciones objetivas de penalidad" o de "punibilidad".

En este rubor se han incluido elementos de la mayor heterogeneidad, como por ejemplo, se han considerado como condiciones objetivas de punibilidad la declaración de quiebra (artículo 177) y el "aviso bancario, comunicación del tenedor o cualquier otra forma documentada de interpelación" (artículo 302, inciso 1 del Código Penal).

Tal como se las ha concebido, las llamadas condiciones objetivas de punibilidad se nos esfuman en una serie de elementos heterogéneos y la pretensión de su existencia unitaria choca con el principio de culpabilidad, porque afecta el principio de que no hay delito sin por lo menos tiene la forma típica culposa.

En síntesis, señala Zaffaroni, "alguna de las llamadas condiciones objetivas de punibilidad" son elementos del tipo objetivo que, como tales, deben ser abarcados por el conocimiento (dolo) o por la posibilidad de conocimiento (culpa); en tanto que otras son requisitos de perseguibilidad, es decir, condiciones procesales de operatividad de la coerción penal.

Las excusas absolutorias. Análisis.

Existen casos en que, pese a la existencia de una conducta típica, antijurídica y culpable, el derecho penal niega la aplicación de la pena, como ocurre cuando no se dan las condiciones objetivas de punibilidad requerida por el tipo o cuando media una excusa absolutoria en que se considera que, consagrando la impunidad, se pueden preservar intereses que son prevalecientes con respecto a los que representa el ius puniendi o cuando el delito se plantea como imperseguible por defecto o falta de acción procesal.

Respecto a las excusas absolutorias, se hallan:

1) Las que atienden a la calidad del autor o a circunstancias relacionadas con su persona: impunidad del encubrimiento de parientes y amigos íntimos (artículo 279 del Código Penal) o impunidad de parientes en determinadas circunstancias de delitos de hurtos o daños (artículo 185).

2) También hay excusas absolutorias que consideran la actividad del autor posterior al comienzo o aun a la consumación de la conducta delictiva: impunidad de la tentativa (artículo 43); impunidad de los delitos de violación, estupro o rapto cuando el agente contrajere matrimonio con la victima (artículo 132 del Código Penal) o impunidad de las injurias y calumnias retractadas (artículo 117).

3) Hay excusas absolutorias que depende de la actividad de terceros: posibilidad de declarar exentos de penas a los autores (o a uno de ellos) de injurias recíprocas (artículo 116 del Código Penal).

4) Finalmente encontramos excusas absolutorias que dependen de las circunstancias en que el autor comete el delito: injurias vertidas en juicio y no dadas a publicidad que sólo pueden ser sancionadas disciplinariamente, pero no con pena (artículo 115 del Código Penal).

Ejercicio de la acción penal. La acción pública, formas. La acción privada. Concepto y caracteres de cada una.

La operatividad de la coerción penal no depende solamente de condiciones penales que operan a nivel de la teoría de la coerción penal, sino también de condiciones procesales. La más importante de las mismas es el propio proceso penal, pero su estudio corresponde al derecho procesal penal.

Estas condiciones procesales de operatividad de la coerción penal se dividen en: a) las que rigen para ciertos delitos; b) las que rigen para el ejercicio de las acciones procesales en general y, c) la ausencia de impedimentos de perseguibilidad.

La acción penal es, por regla general, de carácter público y oficial. Que tiene carácter público significa que la lleva adelante un órgano del estado (Ministerio Público o Fiscal). Que la acción tiene carácter oficial significa que el órgano público tiene el deber de promoverla y llevarla adelante, sin que pueda abstenerse de hacerlo fundado en consideraciones de oportunidad política.

Por otra parte, el artículo 71 del Código Penal dice que "deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepción de las siguientes: 1) Las que dependieren de instancia privada, 2) Las acciones privadas".

Esta norma establece entonces las excepciones al principio general, las que son:

a) acciones dependientes de instancia privada, que son acciones procesales públicas que se hallan sometidas a la condición de que el agraviado o su representante formule la correspondiente denuncia. En estos casos "no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado o de su tutor, guardador o representantes legales". Es decir que las acciones dependientes de instancia privada son aquellas que nacen de los delitos de "violación, estupro, rapto y ultraje al pudor, cuando no resultare la muerte de la persona ofendida".

Sin embargo, es fundamental considerar que la acción procesal será de oficio, pese a tratarse de un delito de los enumerados como de acción dependiente de instancia privada, cuando fuere cometido "contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o que fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardador".

b) acciones privadas de las que podemos decir que existen otros de delitos en que, si bien como en cualquier delito, media un interés público en que sean penados, éste se ajusta al interés del damnificado expresado en forma sostenida a lo largo del proceso, en razón de que afectan una esfera muy íntima de bienes jurídicos, respecto de la que no resulta suficiente que el damnificado manifieste su voluntad de poner en movimiento la acción sino que debe llevarla adelante, como expresión de una permanencia en ese propósito.

Los delitos de acción privada se enumeran en el artículo 73 del Código Penal y son: 1) calumnias e injurias, 2) violación de secretos, salvo en los casos de los artículos 154 y 157; 3) concurrencia desleal del artículo 159; 4) Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la víctima fuera el cónyuge.

La síntesis se puede expresar en el cuadro siguiente redactado por Zaffaroni:

Hay acciones

Públicas

Se inician de oficio y se siguen por un órgano público.

No pueden ser detenidas por el particular damnificado ni por el mismo órgano público, que tiene el deber de promoverla.

Dependientes de instancia privada

Se inician por denuncia del damnificado o de su representante.

Una vez iniciada, la sigue el órgano público y funciona como acciones públicas.

Privadas

Que se inician y se siguen por el particular (querella), quien puede desistirla en cualquier momento.

Extinción de la acción penal. Muerte del imputado. Amnistía. Renuncia del agraviado. Oblación de la multa. Prescripción: causas de suspensión e interrupción. Otros supuestos.

Muerte del imputado: La muerte del autor puede operar como causa personal de cancelación de la pena si se produce después de la sentencia y mientras esta se está ejecutando. Si la muerte del autor se produce durante el proceso, la misma extingue la acción penal, operando así como impedimento obvio de perseguibilidad.

Amnistía: Está prevista por el artículo 61 del Código Penal, como causal de extinción de la pena, indicando que "la amnistía extinguirá la acción penal y hará cesar la condena y todos sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas a particulares". Por supuesto que a ella, como causal de extinción de la pena le son aplicables todos los requisitos que son exigibles como causales de extinción de la acción.

Es importante recordar al respecto disposiciones constitucionales que indican que es el Congreso de la Nación quien puede conceder amnistías generales (artículo 75 inciso 20 de la Constitución Nacional). Las leyes de amnistía a que se refiere este inciso responden a consideraciones de bien común, de paz y de bienestar públicos, libradas al justo y prudente criterio del Congreso, recordando que la amnistía extingue la acción y la pena si ésta ya hubiese sido impuesta y borra la criminalidad del hecho. Sus efectos determinan que desaparezca la acción penal, alcanzando a los procesados, a los penados y a quienes aun no han sido posibles de proceso, pudiendo dictarse de oficio sin que se condicione a la aceptación del beneficiado.

El indulto: Es una causa personal de cancelación de la pena. La constitución nacional otorga al presidente de la República la facultad de "indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados". Puede definirse al indulto y a la conmutación como "la facultad otorgada a poderes distintos del judicial para extinguir la pena impuesta o disminuirla por razones de oportunidad".

En una República no es un acto judicial ni tampoco un acto administrativo, sino un acto de gobierno, lo que hace que no puede convertirse en una actividad reglada. Se trata de un acto político.

El indulto o la conmutación de la pena eliminan la pena anterior a los efectos de la reincidencia. Cabe aclarar que lo único que elimina el indulto es la pena pero no el delito, que sólo puede ser eliminado por la amnistía. Es decir, no cancela la pena totalmente cuando se la ha ejecutado parcialmente, como por ejemplo, una pena de multa que se ha pagado parcialmente y que es indultada, sólo puede serlo en la parte que no se ha ejecutado.

El indulto es un acto de gobierno, de modo que no puede ser rechazado por el beneficiario del mismo. La Constitución Nacional no distingue entre penas impuestas y penas meramente conminadas, por cuya causa la Corte Suprema entendió en el caso "Ibáñez" (1922) que se podía indultar a un procesado, sin embargo cambió su criterio con posterioridad y sostuvo la inadmisibilidad del indulto a procesados. El indulto es un acto unilateral de gobierno y no puede ser revisado judicialmente, sino que puede dar lugar a responsabilidad política del poder ejecutivo en caso que haga un uso arbitrario del mismo.

En síntesis, expresa Zaffaroni, el indulto puede ser concedido a condenado por sentencia firme, en cuyo caso no puede ser revisado; y también a procesados, con la salvedad de que éstos pueden exigir la revisión jurisdiccional del mismo en caso en caso en que consideren que les priva de la garantía de defensa en juicio.

Renuncia del agraviado: El perdón del ofendido es otra causa personal que cancela la penalidad y sólo es admisible en los delitos de acción privada. El artículo 69 del Código Penal establece "el perdón de la parte ofendida extinguirá la pena impuesta por delito de los enumerados en el artículo 73. Si hubiere varios partícipes, el perdón a favor de uno de ellos aprovechará a los demás".

Oblación de la multa: Cuando se paga la multa, cualquiera sea el tiempo en que se satisficiera, el reo quedará en libertad, tal como determina el artículo 22 del Código Penal, que además establece que del importe se descontará, de acuerdo con las reglas establecidas para el cómputo de la prisión preventiva, la parte proporcional al tiempo de detención que hubiere sufrido.

Debe tenerse en cuenta que, según el artículo 21, "la multa obligará al reo a pagar la cantidad de dinero que determinare la sentencia, teniendo en cuenta además de las causas generales del artículo 40, la situación económica del penado. Si el reo no pagare la multa en el término que fije la sentencia, sufrirá prisión que no excederá de año y medio. El tribunal, antes de transformar la multa en la prisión correspondiente, procurará la satisfacción de la primera, haciéndola efectiva sobre los bienes, sueldos u otras entradas del condenado. Podrá autorizarse al condenado a amortizar la pena pecuniaria, mediante el trabajo libre, siempre que se presente ocasión para ello. También se podrá autorizar al condenado a pagar la multa por cuotas. El tribunal fijará el monto y la fecha de los pagos, según la condición económica del condenado.

La prescripción de la pena: Esta es una causa personal que cancela la penalidad, ya que el transcurso del tiempo sin que la pena se ejecute hace que cese la coerción penal. Del mismo modo, se extingue también la acción procesal cuando no se ha llegado a la sentencia. Conforme a la teoría de la prevención especial, la razón fundamental de la prescripción es que "no es el mismo hombre el que está delante del tribunal que el que cometió el hecho", como no es el mismo hombre el que está delante del órgano de ejecución que el que fue sentenciado. Si la resocialización se produce sola, sin intervención de la coerción penal, ésta carece de sentido.

Para el Código Penal argentino se prescribe todas las penas. El artículo 65 es el que determina las prescripciones. La única causa de interrupción de la prescripción de la pena es la comisión de un nuevo delito.

El artículo 67 del Código Penal es aplicable a la prescripción de la pena: "la prescripción corre, se suspende o se interrumpe, separadamente, para cada uno de los partícipes del delito".

La suspensión del juicio a prueba

La suspensión del juicio a prueba, fue establecida mediante la ley 24.316 que la insertó en el Código Penal a través de los artículos 76 bis; 76 ter y 76 quater.

TÍTULO XII

(Título incorporado por art. 3° de la B.O. 19/5/1994)

De la suspensión del juicio a prueba

ARTÍCULO 76 bis.- El imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años, podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba.

En los casos de concurso de delitos, el imputado también podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba si el máximo de la pena de reclusión o prisión aplicable no excediese de 3 años.

Al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada. La parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida, y en este último caso, si la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la acción civil correspondiente.

Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio.

Si el delito o algunos de los delitos que integran el concurso estuviera reprimido con pena de multa aplicable en forma conjunta o alternativa con la de prisión, será condición, además, que se pague el mínimo de la multa correspondiente.

El imputado deberá abandonar en favor del Estado, los bienes que presumiblemente resultarían decomisados en caso que recayera condena.

No procederá la suspensión del juicio a prueba cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito.

Tampoco precederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación.

(Artículo incorporado por art. 3° de la Ley N°24.316 B.O. 19/5/1994)

ARTÍCULO 76 ter.- El tiempo de la suspensión del juicio será fijado por el tribunal entre uno y tres años, según la gravedad del delito. El tribunal establecerá las reglas de conducta que deberá cumplir el imputado, conforme las previsiones del artículo 27 bis.

Durante este tiempo se suspenderá la prescripción de la acción penal.

La suspensión del juicio será dejada sin efecto si con posterioridad se conocieran circunstancias que modifiquen el máximo de la pena aplicable o la estimación acerca de la condicionalidad de la ejecución de la posible condena.

Si durante el tiempo fijado por el tribunal el imputado no comete un delito, repara los daños en la medida ofrecida y cumple con las reglas de conducta establecida, se extinguirá la acción penal. En caso contrario, se llevará a cabo el juicio y si el imputado fuere absuelto se le devolverán los bienes abandonados en favor del Estado y la multa pagada, pero no podrá pretender el reintegro de las reparaciones cumplidas.

Cuando la realización del juicio fuese determinada por la comisión de un nuevo delito, la pena que se imponga no podrá ser dejada en suspenso.

La suspensión de un juicio a prueba podrá ser concedida por segunda vez si el nuevo delito ha sido cometido después de haber transcurrido ocho años a partir de la fecha de expiración del plazo por el cual hubiera sido suspendido el juicio en el proceso anterior.

No se admitirá una nueva suspensión de juicio respecto de quien hubiese incumplido las reglas impuestas en una suspensión anterior.

(Artículo incorporado por art. 4° de la Ley N°24.316 B.O. 19/5/1994)

ARTÍCULO 76 quater.- La suspensión del juicio a prueba hará inaplicables al caso las reglas de prejudicialidad de los arts. 1101 y 1102 del Código Civil, y no obstará a la aplicación de las sanciones contravencionales, disciplinarias o administrativas que pudieran corresponder.

(Artículo incorporado por art. 5° de la Ley N°24.316 B.O. 19/5/1994)

Requisitos de procedencia: Son de dos especies:

1) La imputación tiene que referir a un delito de acción pública, la pena privativa de la libertad (prisión o reclusión) que la ley le asigna al mismo no debe superar los tres años y, si se trata de un concurso de delitos, dicho máximo queda referido a la pena legalmente posible por dicho concurso (artículo 76 bis, párrafo 2).

2) Además se requiere que se prevea la posibilidad de aplicar esa pena condicionalmente (artículo 76 bis, párrafo 4).

Se prevé además que la suspensión sea posible cuando en la conminación legal se inserte una pena de multa, como conjunta o alternativa, sea que ello ocurra para el delito imputado o para el concurso de delitos (artículo 76 bis, párrafo 4).

Conforme a esta regulación, quedan excluidos del beneficio los delitos exclusivamente reprimidos con multa y los reprimidos con inhabilitación (artículo 76 bis párrafo 8), trátese ésta de pena principal sea conjunta o alternativa. Tampoco quedan comprendidos en el instituto los delitos previstos por las leyes 23.737 (estupefacientes) y 23.771 (delitos tributarios).

Asimismo, se excluye la aplicación por razones subjetivas. En efecto, se dispone que "no procederá la suspensión del juicio a prueba cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito".

También para que se posibilite la consideración de la suspensión, el imputado tiene que realizar actos que dependen del ejercicio de su voluntad. Si el delito hubiese producido daños, tendrá que ofrecer la reparación de los mismos "en la medida de lo posible". La ley aclara que ese ofrecimiento no "implica confesión" (se entiende que de la autoría del delito), "ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente" (artículo 76 bis, párrafo 3). Lógicamente, el damnificado tiene que tener intervención para pronunciarse sobre dicho ofrecimiento, el que puede o no aceptar, aunque no es descartable que pueda proponer términos distintos. El juez resolverá sobre la "razonabilidad" del ofrecimiento del imputado en cuanto a la medida reparatoria propuesta dentro de sus posibilidades.

En caso de pluralidad de procesados, habiendo sino el ofrecimiento formulado por alguno o algunos de ellos y no por otros, se puede suspender el juicio respecto de aquellos y continuarlos respecto de éstos, aunque los analistas destacan "las dificultades prácticas que esta situación acarrearía".

Además, al formular la solicitud, "el imputado deberá resignar a favor del estado, los bienes que presumiblemente resultarían decomisados en caso que recayere condena" (artículo 76 bis párrafo 6).

Trámite de la solicitud: Tratándose de una suspensión del juicio, la oportunidad de su presentación comienza con la recepción de la causa por el juez o tribunal del mismo. En el trámite tiene intervención el fiscal como representante del Estado en la promoción de la acción penal pública; "la oposición del fiscal a la concesión del beneficio obstaculiza categóricamente su otorgamiento".

Quien decide sobre la suspensión es el órgano jurisdiccional encargado del juicio (juez o tribunal) que puede o no hacer lugar a ella. Si hace lugar, fijará el "plazo de prueba" que no podrá ser menor de un año ni mayor de tres años y "establecerá las reglas de conducta que deberá cumplir el imputado, conforme a las previsiones del artículo 27 bis".

Consecuencias de la suspensión del juicio: Refieren tanto a la acción penal como a la civil y a otras relaciones jurídicas.

En cuanto a la acción penal, encontramos un efecto accesorio constituido por la suspensión de la prescripción de la acción durante el plazo de prueba (artículo 76 ter, párrafo 2). El fundamental es que el vencimiento del plazo de prueba durante el cual ha cumplido las condiciones correspondientes, funciona como causal de extinción de la acción penal. Tales condiciones son: 1) No cometer nuevos delitos, 2) Completar la reparación en la forma ofrecida y aceptada por el juez o tribunal, y 3) Cumplir las reglas de conducta impuestas por ellos (artículo 76 ter párrafo 3).

En cuanto a la acción civil, de suspenderse el juicio, el damnificado que no hubiese aceptado la reparación ofrecida, "tendrá expedita la acción civil".

En cuanto a las acciones derivadas de otras relaciones, el mismo artículo 76 quater dispone, a su respecto, que la suspensión del juicio "no obstará a la aplicación de las sanciones contravencionales, disciplinarias o administrativas que pudieren corresponder".

Reanudación del juicio: El juicio puede ser reanudado en dos circunstancias: 1) Cuando, con posterioridad a su dictado, se producen o llegan a conocimiento del juez o tribunal, circunstancias que modifican los presupuestos en los cuales se basó la misma en lo que refiere "al máximo de la pena aplicable"; 2) La otra importa una especie "revocación" de la resolución que dispone la suspensión por incumplimiento de las condiciones que tenía que observar el imputado durante el plazo de prueba.

Denegación de la suspensión: Si la suspensión del juicio ha sido denegada por el juez o tribunal, las "prestaciones" que el imputado hubiese concretado para completar los presupuestos de procedencia (multa que ha pagado, bienes "abandonados" en manos del Estado) tienen que ser devueltas al mismo hasta tanto recaiga sentencia.

En caso que el juicio suspendido haya sido reanudado, entonces "se le devolverán los bienes abandonados a favor del Estado y la multa pagada, pero no podrá pretender el reintegro de las reparaciones cumplidas" (artículo 76 ter párrafo 4).

 

Dr. Guillermo Hassel

Facultad de Abogacía, sede Posadas, de la Universidad Católica de Santa Fe

Argentina


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