INTRODUCCIÓN

"… y la justicia es nula cuando descansa en los intereses y no en la Naturaleza; porque lo que un interés crea, otro interés lo destruye..." (Cicerón: De Legibus, libro.I ).

Resulta claro que el ordenamiento social y económico de las naciones no debiera ser la consecuencia de pujas de intereses, porque en el mejor de los casos eso se traduce en el beneficio de algunos en desmedro de otros y en el peor de los casos, en el desmejoramiento y la ruina de todos como en los casos de guerra.

Y tal como en forma taxativa se expresa en las constituciones de las naciones democráticas, todo ordenamiento económico y social debería asentarse exclusivamente sobre los principios que emanan del valor absoluto de "justicia" y además estar siempre dirigido a la consecución del bien común.

El Principio de autodeterminación de los pueblos: Muchas veces proclamado y con frecuencia ignorado, tiene un precedente jurídico notable en el Derecho Romano. El "ius gentium" ("derecho de gentes"), era aplicado en las regiones conquistadas y organizadas en "provincias" bajo el dominio romano. El "derecho de gentes" establecía, en forma explícita dos áreas de competencia: una dada por la normativa del propio "ius gentium" estaba sometida a las leyes del imperio; y la otra: el "ius naturalis" consagraba como derecho natural "la libre determinación de los pueblos" en toda cuestión reconocida como privativa de los mismos.

Se entiende que el precedente citado es notable, por estar confirmado por hechos históricos que involucraron a un protagonista singularísimo: Nuestro Señor Jesucristo.

Así Poncio Pilatos, quien como juez estaba obligado por la norma del "ius gentium" a revisar toda sentencia de "pena capital" que fuera impuesta por el pueblo de la provincia, no pudo encontrar durante el proceso a Jesucristo, la norma legal que le permitiera revocar un fallo que le molestaba por injusto. Y terminó manifestando su disconformidad personal y su impotencia legal con el simbólico acto de lavarse las manos.

Por su parte Nuestro Señor Jesucristo había legitimado la ley romana que obligaba a pagar impuestos. Sucedió cuando a la pregunta formulada por quienes los debían pagar, respondió: "Dad al César los que es del César…". Dejando en claro que el goce del derecho de usar la moneda romana, otorga legitimidad a la ley que obliga a pagar impuestos con esa moneda.

Esos ejemplos hacen resaltar que el principio de autodeterminación de los pueblos fue y es una constante presente en las organizaciones sociales humanas de todos los tiempos, y que el dominio de cualquier pueblo sólo sería factible de ser realizado en forma estable y sustentable, cuando el poder dominante sea legitimado por la sociedad a la cual se le aplica ese dominio.

El Principio de eficacia de la acción federal Establece que toda acción federal debe ser eficaz. La "eficacia" consiste en que toda acción debe traducirse en efectos favorables o neutros al menos para todas las estructuras sociales que dependen de ese poder federal.

La efectiva aplicación de este principio aseguraría el progreso continuo del estado de bienestar global de una nación. En efecto, si el gobierno de esa nación estuviera impedido de realizar alguna acción que perjudique a una provincia o estado aunque favorezca a otro, cualquier acción que realice será beneficiosa para alguno y neutra para los otros. Eso mismo se puede hacer extensivo a las acciones federales de una provincia o estado hacia sus organismos dependientes (distritos o partidos), y también de esos distritos hacia sus municipios dependientes; de estos últimos hacia sus barrios, y de los barrios hacia las familias. Y esa vía de acción federal así estructurada aseguraría la legitimidad de todas sus acciones a través del reconocimiento como tal por parte de los seres humanos que integran la sociedad.