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La democracia, como la define Sartori, debe responder al principio del querer y del sentir de la mayoría limitada. Esto significa que el futuro de la democracia y su permanencia en el tiempo dependen de la conversión de las mayorías en minorías, y viceversa, pero también, de la capacidad de la sociedad de garantizar el desenvolvimiento del individuo. En este sentido, se requiere que la mayoría respete en todo momento los derechos y libertades de la minoría y que estas dos no apabullen los derechos del individuo. Los derechos de la mayoría no pueden ser ilimitados, sino, más bien, restringidos y evitando actitudes arbitrarias o autoritarias sin ningún control efectivo.
Así pues, no habrá democracia cuando, por un lado, no haya protección de las minorías y, por otro, cuando la mayoría pueda autoerigirse permanentemente en ganador absoluto de todas las contiendas y acaparador de todos los privilegios y beneficios del progreso económico, social, cultural y político de la sociedad. Anular la oposición, por ejemplo, significa ir en contra de los mismos principios democráticos ya que se excluye del juego político a una parte esencial del demos y, por ende, se vacía de contenido el concepto de soberanía popular. La alternancia en un sistema democrático, pues, debe venir determinada por los distintos procedimientos electorales a través del sufragio universal e igual.
La celebración de elecciones regulares y la representación política de la ciudadanía que conlleva, son una exigencia necesaria pero no suficiente para atorgar la etiqueta de país democrático, tal como lo ha señalado el informe sobre la calidad de la democracia en América Latina que ha lanzado una aguda pregunta: ¿Cuánta hambre aguanta una democracia?
De otra parte, a nadie se le escapa que la convocatoria de unos comicios no tiene por qué ser necesariamente libre y, por tanto, la transmisión del poder que supone la representación no tiene por qué ser el reflejo de las distintas sensibilidades políticas de la sociedad. La concesión del poder a una elite política encargada de representar al pueblo debe ser, pues, libremente consentida y, por tanto, revocable. Si los dirigentes son capaces de sustraerse del control de la ciudadanía o los mecanismos de control habilitados a tal efecto carecen de plena eficacia, el sistema democrático está predestinado a su propio suicidio político. La rendición de cuentas (accountability), tanto vertical (entre representantes y representados) como horizontal (entre poderes públicos), son procedimientos ineludibles para la regeneración democrática. El control permanente a través de las elecciones sobre la actuación de las autoridades políticas permite que éstos respondan periódicamente de sus actos.
Del mismo modo, la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de los órganos de control y vigilancia y de las autoridades electorales, es decir, la autonomía de los pesos y contrapesos que ejercen los distintos poderes del Estado, es otra de las exigencias claves e ineludibles cuando pensamos en cualquier democracia.
La llamada democracia directa, es decir, aquella en la cual la comunidad interviene en los asuntos públicos sin la intermediación de los mecanismos históricos de participación y gestión política, necesita de tres condiciones: en primer lugar, un Estado fortalecido en la democracia y no en el militarismo; en segundo lugar, una audaz política de descentralización y de incremento de la capacidad local de decisión y, en tercer lugar, una alianza de sectores sociales unida sistemicamente por un proyecto nacional.
Si estas condiciones, entre otras, no se cumplen, los canales de participación de las comunidades deben referenciarse no con la democracia participativa sino con la democracia representativa. ¿Por qué razón? Por la razón de que como lo afirmaba Jurgen Habermas, las comunidades exigen no democracia retórica sino democracia en efectivo, democracia in cash, que no es otra que aquella que permite orientar los recursos públicos para resolver las necesidades colectivas y procurar el bienestar y la felicidad.
Las comunidades pueden tener capacidad y creatividad a través de sus recursos culturales y de sus tradiciones para resolver sobre los asuntos de sus ámbitos locales, de sus comunas, de sus barrios y veredas. Pero cuando se trata de incorporar esas decisiones de manera orgánica al conjunto de la nación con la finalidad de potenciar el uso y goce de los recursos, de defender la soberanía y de proteger la identidad cultural, se exige un salto de calidad que convierte al comunero, al maestro, al padre de familia, al estudiante, al policía, al profesional, no en un líder social o deportivo, sino en un líder político, cuyo principal compromiso es el de utilizar los escenarios políticos de dirección del Estado para transformar las situaciones de injusticia y exclusión.
Muchos tratadistas coinciden en señalar al municipio como la célula de la democracia, pues es allí donde vive la gente "de carne y hueso", allí es donde cada cual se realiza como ser humano, y donde la gente percibe el ejercicio del poder que el pueblo ha conferido a las autoridades para asegurar el bienestar colectivo y el ejercicio de las libertades públicas. Es el escenario de la democracia cotidiana y en consecuencia, es también el espacio geográfico e institucional donde se vive la vigencia de derechos humanos.
El municipio como unidad jurídico-administrativa esencial del Estado es la primera instancia para la defensa, protección y promoción de los derechos humanos. El municipio enmarca la vida en sociedad, es el escenario por excelencia para la interacción humana y la generación de lazos naturales de vecindad, solidaridad y organización. De igual forma, el municipio es el escenario de los conflictos y las diferencias propias de la complejidad política, social y cultural de un país.
Es en el municipio donde todas las relaciones de corte teórico encuentran su principio de realidad y adaptación a las realidades concretas de su respectiva cultura e historia. Y es el alcalde, como primera autoridad municipal designada por sus conciudadanos, el que conoce de primera mano las necesidades de su comunidad y quien debe atenderlas de conformidad con las funciones que le son encomendadas: dirige la administración municipal, es la primera autoridad de policía del municipio, ordena el gasto público y es su representante legal.
La legitimidad histórica del municipio, su cercanía a la comunidad y el conocimiento de sus problemas la hacen un agente clave para facilitar el desarrollo local y la defensa, protección y promoción de los derechos humanos. En el caso Colombiano, la Constitución Política de 1991 define al municipio como la entidad fundamental de la división político-administrativa del estado, entendiéndose que es el municipio la célula organizativa que está más próxima a las necesidades por satisfacer y a los problemas por resolver. El principal objetivo del municipio es la realización de los principios del Estado social de derecho, es decir, la vigencia de las tres generaciones de los derechos humanos. Es servir a su comunidad, generando y prestando los servicios sociales, garantizando a su comunidad la satisfacción de las necesidades mínimas y básicas, de manera eficiente y eficaz, en particular, los servicios domiciliarios y las condiciones mínimas habitacionales.
El segundo gran objetivo del municipio tiene que ver con la promoción de la prosperidad general, en términos de aumentar la riqueza colectiva, desarrollar las potencialidades humanas y mejorar la situación económica, atendiendo su propia diversidad, cultura y potencialidades. En consecuencia, es el municipio quien debe proveer los bienes de uso público, el equipamiento colectivo, la provisión de medios e instrumentos que promuevan el desarrollo de las actividades económicas, profesionales y laborales. Asimismo, debe diseñar estrategias que tiendan a la equidad real y efectiva en cuanto a la asignación de los recursos públicos y la adopción de medidas a favor los grupos sociales discriminados o marginados. En este sentido debe fomentar la participación de todos en las decisiones que afectan la vida de la comunidad, en materia política, administrativa y cultural, desarrollando instrumentos institucionales en su organización y gestión.
Un tercer objetivo, es el aprovechamiento de los recursos disponibles en la localidad de cara al bien común. En este sentido, los gobernantes locales deben utilizar las ventajas comparativas y competitivas de los municipios. El fomento de la solidaridad y de la búsqueda del bien común, debe ser la regla de oro para el mejor aprovechamiento de los recursos de los municipios.
La importancia de los municipios en la promoción, defensa y protección de los derechos humanos es determinante, pues las acciones que emprenden los alcaldes y demás autoridades municipales en el marco de sus planes de gobierno, garantizan los derechos de la población desde iniciativas reales. Cuando desde las alcaldías se emprenden campañas para prevenir los conflictos violentos, reducir la accidentalidad o asumir una sexualidad responsable, el alcalde está protegiendo el derecho a la vida. Cuando recibe de manera abierta y propositiva las críticas a su gestión, permite la libre expresión. Cuando trata como iguales a todas las personas de su comunidad sin importar el género, la orientación sexual, la etnia, la condición económica, la edad o la filiación política, está garantizando el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Cuando respeta la vida personal y familiar de todos los miembros de su comunidad, posibilita el derecho a la intimidad.
De igual forma, cuando el gobierno municipal hace uso adecuado de los recursos que le trasfiere la nación, está promoviendo los derechos a la educación y la salud y la vigencia del estado social de derecho. Cuando ofrece los espacios para que las y los jóvenes participen, fortalece los derechos de este sector de la población. Cuando brinda espacios de esparcimiento y ofrece las condiciones para la recreación, está garantizando los derechos al deporte, el aprovechamiento del tiempo libre y a la cultura.
Sin embargo, el municipio no es el único responsable de los derechos humanos, es mas, su plena vigencia desborda el ámbito de competencia de los gobiernos locales. Aspectos como la seguridad humana, la política económica y el diseño del modelo desarrollo, la función de justicia y la protección de las libertades públicas deben encontrar en el marco legal e institucional nacional, los principales protagonistas.
Es equivocado pensar que una descentralización de la política pública de defensa, protección y promoción de los derechos humanos, descargue de sus responsabilidades primigenias a las autoridades nacionales transfiriendo a los ámbitos locales de gobierno y a la misma comunidad, responsabilidades que las desbordan. En este sentido, es conveniente entonces, una sana coordinación entre las autoridades nacionales, regionales y locales de cara a garantizar los derechos humanos, asumiendo cada una de estas instancias sus responsabilidades y generando complementariedades producto de las sinergias de las alianzas para el trabajo mancomunado en lo local, eso sí, por los derechos humanos.
Los objetivos de desarrollo del milenio son una serie de compromisos adquiridos por las naciones del mundo en la llamada cumbre del milenio del año 2000 para erradicar antes del 2015 flagelos como la pobreza extrema y el hambre, el analfabetismo, la discriminación a las mujeres, la mortalidad materno infantil, frenar pandemias como el paludismo y el VIH/SIDA, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y dar pasos en la consolidación de una agenda mundial para el desarrollo de los países más pobres del planeta. Estos objetivos están relacionados con el ejercicio de los derechos de la tercera generación, o derechos colectivos y de la solidaridad, que imponen a un mundo globalizado responsabilidades con personas y pueblos enteros que hoy viven en condiciones que los países ricos tenían hace 400 años.
La pobreza extrema y el hambre no pueden entenderse solamente como la carencia o limitación que se le presenta a las personas para llevar a su mesa una ración necesaria para su pervivencia diaria o la mera falta de ingresos. Es también, entre otras cosas, la condición de humillación que produce la mendicidad; es la falta de oportunidades y la concentración de la riqueza y de las oportunidades; es la falta de valoración de las capacidades de las grandes mayorías excluidas de los beneficios del progreso.
Este objetivo se identifica con derechos humanos como: el derecho a la vida por la vulnerabilidad manifiesta que la pobreza plantea a las personas; con el derecho a la protección de la dignidad humana, pues ésta es concebida como la capacidad de valerse por si mismo y la pobreza genera la perversidad de la dependencia y la vulnerabilidad; con el derecho a la libertad personal pues nadie puede hacer uso de la libertad si no tiene los medios necesarios para ejercerla; con el derecho a la igualdad y a la no discriminación, cuando la condición social y la pobreza son una causa, pero también un motivo de exclusión; con el derecho a la libre circulación por el territorio cuando en casos como el colombiano la pobreza se deriva del desplazamiento forzado; con el derecho a la educación cuando esta no se posibilita como medio para generar equidad; con el derecho a la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, cuando no se puede acceder a lo que dicta la vocación por la ausencia de acceso a la educación superior; con el derecho a la reunión y a la asociación cuando no se incentiva el trabajo cooperativo y la organización social; con el derecho a la participación política pues ofrece la posibilidad de elegir gobernantes adecuados; con el derecho de petición pues gracias a él se puede presionar para que las entidades gubernamentales adopten medidas que favorezcan a los pobres; con el derecho al trabajo cuando no se puede acceder a él o se labora en condiciones neo-esclavistas; con el derecho a la salud pues en una situación de vulneración manifiesta como la pobreza extrema, la salud se constituye en uno de los más preciados bienes; con derechos de las minorías, que generalmente son las mas golpeadas con la pobreza como las mujeres, los niños y jóvenes, los ancianos y los discapacitados; con el derecho a una vivienda adecuada, pues si no hay pan es posible que no se tenga tampoco un techo digno; con el derecho a la recreación, la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre, pues la pobreza extrema sólo genera angustia; con el derecho a la cultura, ya que la pobreza afecta con frecuencia a las minorías étnicas; con el derecho a un medio ambiente limpio, pues la pobreza obliga a refugiarse allí donde otros no lo harían y con el derecho a la paz, pues no hay condición más violenta que la pobreza y el hambre.
Algunas iniciativas para trabajar en este objetivo:
En el tema alimentario, se puede aplicar el principio de seguridad alimentaria, el cual implica:
La educación constituye uno de los mayores factores para generar equidad en una sociedad y está asociado de manera directa con el derecho a la educación, sin embargo de manera complementaria se asocia a derechos humanos como: con el derecho a la protección de la dignidad humana, en tanto la educación ofrece igualdad y fortalece el autoestima de las personas; con el derecho a la igualdad y a la no discriminación, cuando todos los niños son atendidos en las escuelas sin distinción alguna; con el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica pues este contribuye a que los niños puedan hacer uso efectivo de sus derechos y accedan fácilmente a los centros educativos; con el derecho al libre desarrollo de la personalidad pues la educación pública y pluralista debe generar autonomía; con el derecho a la libertad de expresión y a la información para que las comunidades sepan por qué y cuando deben llevar sus hijos a la escuela; con el derecho de petición pues este es un mecanismo de presión para el ejercicio del derecho; con el derecho a la reunión y a la asociación pues la educación debe garantizar ciudadanos dispuestos a trabajar por el bien común y con visión de comunidad; con el derecho a la participación política pues la educación también debe formar en la responsabilidad del bien común; con el derecho al trabajo y a la seguridad social pues este debe garantizarse a los docentes; con el derecho a la salud para educarse lejos del flagelo de la enfermedad, con el derecho a la vivienda adecuada pues la escuela es una segunda casa y esta debe ser digna y adecuada, con el derecho a la cultura pues esta debe ser respetada y exaltada en los contextos educativos.
Algunas iniciativas para trabajar en este objetivo:
La igualdad de género es un imperativo en cuanto son las mujeres las que con mayor frecuencia se ven sometidas a flagelos como la pobreza, la discriminación y la violencia. Garantizar su desarrollo en la sociedad y la igualdad es un objetivo que está directamente relacionado con los derechos de las mujeres, vigentes desde 1954.
Sin embargo, el desarrollo pleno de tales derechos está asociado de manera complementaria con derechos como: el derecho a la protección de la dignidad humana que permite a la mujer ser reconocida y valorada por la sociedad; el derecho a la libertad personal y al libre desarrollo de la personalidad, que le garantiza autonomía y libre albedrío; el derecho a la igualdad y a la no discriminación en cualquier ámbito de la visa social; el derecho a la libertad de expresión y a la información, que le ofrece la posibilidad de disentir, de informarse y formarse un criterio propio; el derecho a la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, con lo cual se debe garantizar decidir sobre su propia vida y el rol profesional que desee asumir; el derecho a la reunión y a la asociación para garantizar sus derechos políticos y de participación comunitaria; el derecho a la participación política para que pueda elegir y ser elegida, así como ser parte de cualquier institución del gobierno; el derecho al trabajo, para que este la dignifique, le genere autonomía y sea tratada con respeto e igualdad; al derecho a la seguridad social y a la salud, lo cual le garantiza la atención materna, la prevención y tratamiento de enfermedades y los subsidios que sean necesarios ante una eventual convalecencia; el derecho a una vivienda adecuada pues en muchos casos es la mujer la que está al frente de un grupo familiar y facilitar el acceso a la vivienda es propiciarlo a toda una familia y el derecho a la cultura como una forma de incentivar su arraigo, la exteriorización de su identidad y la decisión sobre su futuro desde el conocimiento de su pasado y su presente.
Algunas iniciativas para trabajar en este objetivo:
La mortalidad infantil sigue siendo una de las mayores dificultades para los países en vías de desarrollo por múltiples factores como la ausencia de agua potable, una alimentación deficitaria, la limitación en los programas de inmunización y vacunación, la inasistencia médica y otra serie de factores que sumados, ponen a los niños en una situación de vulnerabilidad que merece atención y acciones decididas de parte de los gobiernos nacionales y locales.
El derecho a la vida está directamente asociado a este objetivo y por tanto, en él confluyen todos los derechos humanos en la medida en que la vida no se asocia estrictamente a la mera supervivencia, sino al pleno disfrute de la vida en condiciones de dignidad. De manera complementaria este derecho a la vida puede asociarse: al derecho a la igualdad y a la no discriminación en el trato en centros asistenciales y en los programas de atención a la niñez; al derecho de petición como mecanismo de presión y de exigencia frente a las entidades pertinentes; al derecho a la salud y a la seguridad social para que los niños puedan ser atendidos en los centros asistenciales y sean además amparados en casos de enfermedades de alto costo; a los derechos de los niños y las niñas, los cuales son un mecanismo que propicia un trato preferencial a la infancia; y, al derecho a un medio ambiente limpio, por la facilidad que tienen los niños a ser víctimas de condiciones medioambientales adversas.
Algunas iniciativas para trabajar en este objetivo:
La salud materna se asocia directamente al derecho a la vida y por tanto, tiene un amplio espectro de relación con los derechos humanos y particularmente con los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos concebidos en el marco de los derechos de la familia; con el derecho a la salud y a la seguridad social, los cuales garantizan la atención que deben recibir las mujeres gestantes y lactantes.
De una manera complementaria pero no menos importante, la salud materna se asocia al derecho a la protección de la dignidad humana, pues en la dignidad subyacen factores como el estar libre de la violencia doméstica, de la violencia sexual y de otras formas de ultraje; al derecho a la igualdad y a la no discriminación; al derecho al libre desarrollo de la personalidad; al derecho a una vivienda adecuada, que posibilite una condición de vida adecuada y que cuente además con servicios sanitarios; y al derecho a un medio ambiente limpio, que se asocia al acceso a fuentes de agua potable y al disfrute de servicios públicos domiciliarios.
Algunas iniciativas para trabajar en este objetivo:
La concentración demográfica, el poco énfasis de programas de prevención de las enfermedades de transmisión sexual y la aparición tardía de los primeros síntomas, son sólo algunos de los factores que inciden para que una pandemia como el VIH/SIDA siga avanzando exponencialmente. Sin embargo, gracias al desarrollo de nuevos medicamentos, en algunos países los contagiados pueden llegar a tener un tratamiento que les devuelve la calidad de vida y les genera una alta expectativa de supervivencia a largo plazo, lo que hace que el VIH/SIDA pase de ser un problema de salud pública a un problema de carácter económico, por cuanto quien no tiene el dinero para costearse el tratamiento se ve abocado a morir señalado y segregado.
En este sentido el derecho a la vida se asocia casi de manera directa con el derecho a la salud, a la seguridad social y al derecho a la igualdad y a la no discriminación, que deben garantizar un tratamiento adecuado y permanente a todas aquellas personas que sean víctimas de estas enfermedades de alto costo; de igual forma el derecho de petición se convierte en un instrumento importante para garantizar la tutela de dichos derechos por parte de las autoridades competentes.
Algunas iniciativas para trabajar en este objetivo:
La sobre-explotación de los recursos naturales, así como la deforestación y la extinción de cientos de especies de flora y fauna son cada vez más frecuentes. Muchos de los países en vías de desarrollo, especialmente en América latina, tienen la ambigua condición de estar en territorios ricos en recursos y diversidad biológica y al mismo tiempo padecer de situaciones como la pobreza extrema, la inasistencia médica, las precarias condiciones sanitarias y otros múltiples factores. A esto se suma que en la dinámica del mercado, los recursos naturales resultan una fuente importante de riqueza privada que los explota desconociendo que son un patrimonio público, colectivo, y que requiere un manejo sostenible generado a su vez el menor impacto sobre los ecosistemas.
Este objetivo del milenio coincide con los derechos humanos colectivos y del medio ambiente. Se asocia de manera directa con el derecho a un medio ambiente limpio, que también implica su preservación para las futuras generaciones y también está profundamente ligado con los derechos de los usuarios de servicios públicos por cuanto estos deben preservarse de la privatización y constituirse como bienes públicos. En cuanto a la sostenibilidad de los recursos naturales, estos se relacionan con los derechos, pero también con los deberes de los consumidores, los cuales deben procurar un uso racional de recursos como el aguay la energía.
Algunas iniciativas para trabajar en este objetivo:
La transferencia de tecnología, el apoyo económico y la cooperación técnica entre los países desarrollados y aquellos que están en vías de desarrollo, se consolida en este objetivo del milenio y propende por generar condiciones de equidad e igualdad en todo el planeta. Este objetivo es sin duda el más ambicioso y compromete la voluntad política de las naciones más industrializadas para que dicho objetivo se haga realidad.
Sin embargo, no se trata de una medida altruista, sino de un compromiso irrestricto con todos los derechos humanos y que trasciende las fronteras nacionales. En este objetivo confluyen las tres generaciones de derechos humanos y se vinculan de manera directa derechos como la vida y la dignidad de la misma, la igualdad y la no discriminación, la educación y la salud, los cuales son campos estratégicos para alcanzar un desarrollo sostenible y duradero allí donde las condiciones de precariedad han sumido a los pueblos en la pobreza y la exclusión durante generaciones.
Si bien este objetivo implica una gran alianza, también pueden darse pasos para desarrollarlo desde lo local mediante acciones como el adecuado manejo de los recursos, el favorecer el bien común y buscar amplia la cobertura de los servicios de salud, educación, servicios sanitarios y agua potable.
Algunas iniciativas para trabajar en este objetivo:
Adoptar un marco de derechos humanos para el control social de la gestión publica, ayuda a mejorar la cultura de derechos humanos, refuerza la legitimidad de las instituciones publicas y contribuye a mejorar los niveles de gobernabilidad democrática. Ofrece un camino para la gestión publica donde la participación ciudadana adquiere un especial significado, pues hace parte tanto del proceso como de los resultados en materia de incremento de la vigencia de los derechos humanos. En este sentido el control social de la gestión pública con enfoque de derechos humanos comprende:
Adelantar las acciones que se proponen de cara al logro de los objetivos de desarrollo del milenio, así como de la vigencia de los derechos humanos en la vida cotidiana de los municipios, es un paso adelante en la consolidación de la democracia. Para ello es fundamental entender la democracia como dialogo entre gobernantes y gobernados y entre los diversos estamentos de la sociedad alrededor de la vigencia de los derechos humanos.
Bogota, abril de 2006
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META |
DERECHOS HUMANOS |
INICIATIVAS |
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Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre |
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Meta 1. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día. |
Derecho a la Vida Derecho a la protección de la dignidad humana Derecho a la libertad personal Derecho a la igualdad y a la no discriminación Derecho a la libre circulación por el territorio Derecho a la educación Derecho a la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Derecho a la reunión y a la asociación Derecho a la participación política Derecho al trabajo Derecho a la salud Derechos de las mujeres Derechos de los jóvenes Derechos de la tercera edad Derecho a la paz Derecho a una vivienda adecuada Derecho a la recreación, la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre Derecho a la cultura Derecho a un medio ambiente limpio |
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Meta 2. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre. |
Derecho a la Vida Derecho a la igualdad y a la no discriminación Derecho de petición Derecho a la libre circulación por el territorio Derecho a la seguridad social |
Aplicar el principio de seguridad alimentaria, el cual implica: Dar prioridad a la producción de alimentos para el mercado doméstico y local, basada en sistemas productivos campesinos y familiares, diversificados y agroecológicamente gestionados. Asegurar precios justos a los productores, lo que significa el poder de proteger el mercado interno de importaciones subsidiadas a bajos precios. .Acceso a tierras, agua, bosques, áreas de pesca y otros recursos productivos a través de una redistribución genuina. Reconocimiento y promoción del rol de la mujer en la producción de alimentos, en el acceso y control equitativo de los recursos productivos. .Control de la comunidad sobre los recursos productivos, como opuesto a la propiedad corporativa de la tierra el agua, los recursos genéticos, etc. Protección de las semillas, base de los alimentos y de la vida en sí misma, para el libre intercambio y uso entre productores, lo que implica no patentar la vida y la moratoria para los organismos genéticamente modificados que conduce a la contaminación genética a la diversidad genética esencial de plantas y animales. .Inversión pública en apoyo a actividades productivas familiares y a comunidades, enfocada al empoderamiento, al control local y a la producción de alimentos para la población y el mercado local. Adelantar jornadas de sensibilización en los medios comunitarios de comunicación local. Implementación de planes de Asistencia humanitaria de emergencia. Adelantar acciones como la creación de un banco de alimentos y programas de nutrición y acceso a una alimentación adecuada con énfasis en poblaciones vulnerables. |
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Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal |
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Meta 3. Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. |
Derecho a la igualdad y a la no discriminación Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica Derecho al libre desarrollo de la personalidad Derecho a la libertad de expresión y a la información Derecho de petición. Derecho a la educación Derecho a la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Derecho a la reunión y a la asociación |
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Objetivo 3: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer |
Derecho a la protección de la dignidad humana Derecho a la libertad personal Derecho a la igualdad y a la no discriminación Derecho al libre desarrollo de la personalidad Derecho a la libertad de expresión y a la información Derecho a la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Derecho a la reunión y a la asociación Derecho a la participación política Derecho al trabajo Derecho a la seguridad social Derecho a la salud Derecho a una vivienda adecuada Derecho a la cultura |
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Meta 4. Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin del año 2015. |
Derecho a la protección de la dignidad humana Derecho a la igualdad y a la no discriminación Derecho a la libertad de expresión y a la información Derecho de petición |
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Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil |
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Meta 5. Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de 5 años. |
Derecho a la Vida Derecho a la protección de la dignidad humana Derecho a la igualdad y a la no discriminación Derecho de petición Derecho a la salud Derechos de los niños Derecho a la seguridad social Derecho a un medio ambiente limpio |
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Objetivo 5: Mejorar la salud materna |
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Meta 6. Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes. |
Derecho a la Vida Derecho a la protección de la dignidad humana Derecho a la igualdad y a la no discriminación Derecho al libre desarrollo de la personalidad Derecho de petición Derecho a la salud Derechos de las mujeres Derechos de la familia Derecho a la seguridad social Derecho a un medio ambiente limpio |
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Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades |
Derecho a la igualdad y a la no discriminación Derecho al libre desarrollo de la personalidad Derecho de petición Derecho a la salud Derecho al trabajo Derecho a la seguridad social |
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Meta 7.Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA. |
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Meta 8. Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves. |
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Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente |
Derecho de petición Derecho a una vivienda adecuada Derechos de los consumidores Derechos de los usuarios de servicios públicos Derecho a un medio ambiente limpio |
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Meta 9. Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente. |
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Meta 10. Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible a agua potable. |
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Meta 11. Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios. |
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Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo |
Derecho a la Vida Derecho a la protección de la dignidad humana Derecho a la libertad personal Derecho a la igualdad y a la no discriminación Derecho a la libre circulación por el territorio Derecho a la educación Derecho a la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Derecho a la reunión y a la asociación Derecho a la participación política Derecho al trabajo Derecho a la salud Derechos de las mujeres Derechos de los jóvenes Derechos de la tercera edad Derecho a la paz Derecho a una vivienda adecuada Derecho a la recreación, la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre Derecho a la cultura Derecho a un medio ambiente limpio |
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Meta 12. Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio Se incluye el compromiso de lograr una buena gestión de los asuntos públicos y la reducción de la pobreza, en cada país y en el plano internacional. |
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Meta 13. Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. |
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Se incluye el acceso libre de aranceles y cupos de las exportaciones de los países menos adelantados; el programa mejorado de alivio de la deuda de los países pobres muy endeudados y la cancelación de la deuda bilateral oficial, y la concesión de una asistencia para el desarrollo más generosa a los países que hayan expresado su determinación de reducir la pobreza. |
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Meta 14. Atender las necesidades especiales de los países sin litoral y de los pequeños Estados insulares en desarrollo(mediante el Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo y los resultados del vigésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General). |
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Meta 15. Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas. |
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Meta 16. En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo. |
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Meta 17. En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo. |
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Meta 18. En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. |
Por:
Alfredo Manrique Reyes
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