El drama humano de los desplazados en el conflicto armado colombiano (página 2)

El tema de los desplazados dejó de ser local y
ahora, le interesa a toda la aldea global por la violación
sistemática de los derechos humanos
que éste representa, una demostración clara la da
la Unión
Europea al intentar mejorar las condiciones sociales,
económicas, y políticas
de los países tercermundistas, destinando altas partidas
económicas y creando oficinas como el ECHO para atender
estos temas, sin ser suficiente, puesto que el problema de los
desplazados no es un problema coyuntural ni de momento sino
estructural y de fondo. La Oficina
Humanitaria de la Comunidad Europea
(ECHO) se creó en 1992, como consecuencia de la
multiplicación de graves crisis en el
mundo y de una voluntad de afirmar la presencia de la Comunidad
Europea en la labor humanitaria internacional y cuenta con un
importante presupuesto. La
ayuda gestionada por el ECHO consiste en prestar asistencia de
emergencia a las víctimas de catástrofes o conflictos
sociales, sin distinción alguna.

Los estudios con que cuenta Colombia sobre el
tema de los desplazados representan estadísticas sobre marginalidad y
desplazamiento constituyéndose en frías cifras
sobre un problema del que no existe una conceptualización.
"Desplazados un problema de todos" utilizará
datos de la
Comisión y Vida de la Arquidiócesis de Cali y el
Codhes que en su estudio "Un País que Huye",
presenta un minucioso estudio sobre los sitios de partida y de
llegada de los desplazados, estadísticas sobre la
composición social de las familias y de los factores
causantes del desplazamiento; sin embargo no entra a estudiar las
verdaderas causas del conflicto
social en Colombia, de aquí la validez teórica del
trabajo.

El desplazamiento de la población por la violencia
crece y las decisiones del Gobierno para
hacer frente a éste problema socio-demográfico son
confusas y paradójicas. Debido a que las medidas de orden
público y de erradicación de cultivos
ilícitos están disparando los índices de
desplazados de todo el país y además, porque, la
burocracia,
los recortes presupuestales, afectan la realización de los
caminos que tome el Gobierno para solucionar el
problema.

El problema de los desplazados debe convertirse en un
problema de Estado, así se maneja por ejemplo en el
Salvador, según el texto Derechos Humanos y Democracia de
Alberto Ramos "los últimos cinco años de guerra
Salvadoreña convirtieron el desplazamiento como el
principal problema nacional".

DELIMITACIÓN CONCEPTUAL

Colombia, como muchos otros países en proceso de
formación, es un museo vivo de conflictos que al no ser
encarados y resueltos por medios
políticos, desvían su caudal de energías
sociales hacia la violencia. Una vez arraigada ésta, se
establece un circulo vicioso entre las causas sociales y las
luchas armadas, que subordina la resolución de conflictos
a los azares de la confrontación militar, cuyo sentido se
aleja cada vez más de los motivos originales que
justificaron la iniciación de las luchas.

Los campesinos colombianos son los más afectados
por la violencia política. La guerra
de guerrillas y su contrapartida la guerra contrainsurgente del
ejército y los paramilitares se adelanta principalmente en
el campo. Son también los que tradicionalmente han sufrido
el reclutamiento
forzado para prestar el servicio
militar en las fuerzas armadas y en los grupos
subversivos.

Los campesinos son las principales víctimas de la
exclusión y la violencia
social. El 64% de la población campesina vive en
estado de
pobreza y un
37% de ellos sobreviven en condiciones de miseria. Por otro lado
hay más de un millón de familias campesinas sin
tierra. La
tendencia ha sido la del despojo y la concentración de la
propiedad en
pocas manos: en 1960, el 60% de la tierra y
los grandes latifundistas controlaban el 46% en haciendas de
más de 200 hectáreas. Para 1992 el 55% de los
campesinos propietarios no tenía más que el 2,8% de
la tierra, mientras que menos del 0,5% poseía el 35% de la
tierra. De las concesiones de tierra y mercedes de la Corona
Española y del poder de los
gobernantes locales para adjudicar o apropiarse de grandes
extensiones de tierra y de otras instituciones
coloniales como La Encomienda y La Mita,
surgió la estructura
latifundista de tenencia de la tierra en Colombia, que en muchos
casos era de decenas de miles de hectáreas no explotadas
con trabajo e indígena, de esclavos negros en la Costa
Atlántica y Pacifica, incluidos los hoy departamentos del
Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, más la
adjudicación de baldíos a los poderosos en la
Republica y la presencia del narcotráfico a fines del siglo XX en la
adquisición de las mejores tierras, son los determinantes
de la existencia y sobrevivientes de la estructura latifundista
de la tenencia de la tierra en Colombia, desde la Colonia y la
República hasta finales del siglo XX. El poder
político y económico de los grandes terratenientes,
ha impedido la ejecución de una reforma
agraria integral que tendría que ser liberal pues en
Colombia no ha triunfado revolución
alguna para sustituir el sistema
económico y social. Ese poder y esa estructura de la
tenencia de la tierra ha impedido, incluso, un capitalismo
relativamente democrático, protector de la soberanía nacional, con capacidad
competitiva en los mercados
internacionales.

Colombia por tener una frontera
agraria abierta, 130 municipios son áreas de
colonización, que detrás de la destrucción
de las selvas esconden procesos de
conquista y despojo de pueblos indígenas y negros, para
dar paso a la posterior quiebra de la
economía
campesina y la concentración de la propiedad en haciendas
de ganadería
extensiva. El latifundio costeño, por ejemplo, que abarca
107 municipios, ha dejado a una gran parte de campesinado sin
acceso a la tierra, lo que alimenta la migración
y la tugurización de las ciudades. La región Caribe
sólo tiene 31 municipios donde predomina la pequeña
propiedad campesina.

La región Andina, desde Nariño hasta Norte
de Santander y Antioquia, presenta la estructura rural más
diversificada. Con la mayor densidad
demográfica, la región tiene 200 municipios con
minifundios deprimidos, que expulsan población y 143 con
minifundio estables, que en su gran mayoría escapan a las
manifestaciones más intensas de la violencia. En las
vertientes cordilleranas hay 233 municipios donde predomina el
campesinado medio, de los cuales 60 son cafeteros. En los Valles
interandinos del Cauca y el Magdalena hay 77 municipios con
agricultura
empresarial, de los cuales 32 tienen alta población
urbana. En regiones periféricas marginales del litoral
Pacifico de Amazonía y Orinoquía hay 39 municipios
con estructura rural atrasada, que son, en términos
reales, colonias para extracción de excedentes en favor de
empresarios de otras regiones.

Las tensiones y conflictos rurales se expresan
también en las cinco grandes ciudades, (Bogotá,
Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena) que se
constituyen centros regionales, en las 31 ciudades intermedias
que conforman la malla de centros secundarios y en las 21
ciudades pequeñas que conforman los centros de relevo del
país. La red urbana es colonizada por
los emigrantes expulsados del campo y la reconstrucción de
lo social y lo político les exige entrar en conflicto por
la distribución de espacio y oportunidades
vitales con las autoridades locales y otros grupos urbanos
establecidos. Si se adopta una visión amplia de las
relaciones entre la población y el territorio se observa,
paralelo a la urbanización, un vasto proceso de
desplazamiento, ocurrido durante medio siglo, desde las
áreas cordilleranas y del litoral caribe más densas
hacia las tierras de piedemonte de todo el sistemas
montañoso del país, y desde allí, al resto
de la frontera agraria. En las nuevas regiones en
formación no hay una estructura consolidada de relaciones
de poder y de propiedad, los actores sociales colectivos surgen y
se disuelven con igual velocidad y la
sociedad civil
pierde su espacio en favor de dominios armados que de facto
sustituyen al Estado, cuya acción
no supera la presencia nominal, esporádica o la
ocupación militar.

CAPÍTULO 1

LOS DESPLAZADOS EN COLOMBIA

La etimología de la palabra desplazados pude
sintetizarse asÍ: Alejados de su calle, repetidamente
separado de sus vecinos, a menudo desterrados de su patio
prontamente.

Las definiciones actuales involucran el concepto de
violencia y la búsqueda de protección a la vida
personal y
familiar, por ejemplo:

"Se consideran desplazados a las personas que hayan sido
obligadas a abandonar sus hogares o actividades económicas
habituales debido a que sus vidas, seguridad y
libertad han
sido amenazadas por la violencia generalizada o conflicto
prevaleciente, pero que han permanecido dentro de sus
países".

"Personas que han sido obligadas a abandonar sus hogares
repentina o inesperadamente en grandes cantidades como resultado
de conflicto armado interno, violación sistemática
de los derechos humanos o por desastres
naturales o provocados por el hombre y
quienes han sido privados de espacio en su propio
país".

Aún desde la época pre-hispánica
esta región del mundo estaba tocada por su designio
migratorio a través del fenómeno del
desplazamiento. Las constantes guerras
tribales producían movilizaciones de pueblos enteros. A la
llegada de los españoles, la situación se
agravó de modo drástico. Comunidades que escapaban
de ser eliminadas huían por rutas "no ciertas ni propias",
según hasta en el lejano y neutral decir de
Domínguez Camargo,

Colombia presenta numerosas razones sociales y
económicas que traen como consecuencia un proceso
constante de migraciones. Un movimiento
masivo y constante de población no puede ser presentado
únicamente como migraciones económicas propias del
ser colombiano en su búsqueda constante de mejores
condiciones de vida, es evidente que estructuralmente los
desequilibrios hacen que se presenten. Sin embargo, éste
proceso cruza por los fenómenos de violencia
política y del conflicto armado que se vive el país
desde mediados del siglo XX.

La confrontación armada entre fuerzas irregulares
y las fuerzas armadas del Estado es una característica de
la historia de
Colombia. Los partidos tradicionales (liberal ? conservador) en
una lucha a muerte por un
predominio político que resumía intereses
económicos, fueron el marco de la confrontación
conocida como la Violencia, los enfrentamientos armados que se
propagaron durante y después del acuerdo histórico
de los partidos
políticos nacionales denominado "Frente
Nacional", el surgimiento de las guerrillas izquierdistas que
proclamaron desde la primera mitad de la década del 60 la
lucha armada como parte de la estrategia de la
toma del poder para el pueblo y el prolongado conflicto armado
interno en la medida que multiplicó su cobertura e
intensidad, presentó nuevos métodos de
guerra e involucró mas a la población civil es
así como en éste contexto de conflicto armado,
población civil y derechos humanos se puede penetrar en el
análisis de los fenómenos de
migraciones, colonización y desplazamiento forzoso. El
continuo traslado de población rural a centros urbanos
tiene una primera explicación en la decisión de
buscar mejor calidad de
vida, es decir, tiene relación con los derechos
económicos, sociales y culturales que consagran los
derechos humanos.

El espejismo según el cual "en la ciudad todo se
consigue" marcó la generación de un fuerte proceso
migratorio a partir de los años 60 y 70, y
configuró un sector marginal urbano que concentró
en condiciones de miseria a emigrantes que vieron frustradas sus
posibilidades de trabajo, educación, salud y servicios
públicos. La característica de ésta
migración tradicional es la actividad de sus protagonistas
de salir del campo a la ciudad, individual y familiarmente; no
estuvo exenta la
motivación que dio a estas personas la llamada
época de la Violencia que tuvo auge fundamentalmente en
zonas rurales y alejadas de los centros urbanos.

Los ciclos rodeados de violencia y muy relacionados con
acciones de
terror obligaron a muchos campesinos a abandonar regiones
completas con argumentos anticomunistas y evidentes intereses
económicos y políticos, éstas migraciones
ocurrieron en los últimos 30 años y las
circunstancias de violencia desde éste período en
Colombia afectaron en diversas formas los procesos de
inserción económica de sus
protagonistas.

CAUSAS DEL DESPLAZAMIENTO

• La convergencia de los intereses del latifundio con
  la agro-industria,
  el narcotráfico, las fuerzas políticas
  tradicionales o los monopolios internacionales, se implementan
  y desarrollan modelos de
  recuperación de zonas estratégicas por su
  riqueza, su potencial agroindustrial y su importancia
  vial.
• El uso de la violencia armada ha modificado la
  relación de tenencia de tierra, para perpetuar o ampliar
  la concepción de su propiedad. Se han desocupado y/o
  repoblado territorios estratégicos para la
  implementación de equipos agroindustriales o de
  explotación de recursos
  naturales, para la construcción de grandes obras
  públicas o para asegurar el control de
  zonas de cultivo o procesamiento de drogas
  ilícitas e incluso se han ocupado territorios con
  criterios de dominios políticos y militares.
• La incidencia del modelo
  neoliberal, su implementación a partir de las
  políticas de privatización y sus consecuencias
  sociales, básicamente en la estigmatización y
  criminalización de las distintas formas de protesta
  social.
• El modelo neoliberal se aplicó en América
  Latina y en Colombia desde un estado corrupto, débil
  y con intereses particulares, no se preocupó por el
  pueblo en general, amplió la brecha entre pobres y
  ricos, aumentó la crisis, golpeó a la base
  social, generó desempleo.
• La falta de apertura del sistema
  político para dar cabida a nuevas formas de opciones
  partidarias fortaleciendo la intolerancia de grupos
  hegemónicos en algunas regiones.
• La guerrilla en Colombia históricamente
  enarboló la bandera de reivindicación social y la
  transformación política. Han mantenido una
  responsabilidad sostenida desde 1995 en el
  desplazamiento mediante amenazas a la población civil
  contrarios a su ideología (que aumentan cada día
  porque su proyecto
  político a decaído y hoy son vistos como un
  movimiento que solo busca una forma de sustento
  económico) y contra personas acusadas de colaborar con
  las fuerzas militares o los grupos paramilitares. De igual
  manera, son acusados de ejecuciones sumarias, secuestros
  selectivos y colectivos con fines extorsivos o políticos
  y de reclutar menores de edad. Su responsabilidad consolidada
  es del 26% en el problema del desplazamiento.
• La persecución de líderes, dirigentes
  sociales, opositores políticos buscando su
  desarticulación.
• La violencia en Colombia ha llegado a niveles
  insospechados que genera altísimos grados de violencia
  civil. Se ha vuelto peligroso decir la verdad, pensar
  libremente, participar en organizaciones
  comunitarias o sociales (basta recordar la muerte
  del periodista humorista Jaime Garzón el 13 de Agosto de
  1999). La violencia urbana también genera
  desplazamiento, sus principales manifestaciones son las
  pandillas juveniles y la delincuencia
  organizada.
• La legitimación de proyectos
  paramilitares como consecuencia de la lógica de la guerra.
• Los grupos paramilitares se convirtieron en la
  principal fuerza
  expulsadora de población civil desde 1995, a raíz
  de la ejecución de masacres, asesinatos selectivos,
  torturas, amenazas, e intimidación de personas
  señaladas como colaboracionistas de grupos guerrilleros.
  El último informe del
  Codhes señala con el 32% de responsabilidad.
• La violación sistemática de los
  derechos fundamentales y la impunidad
  general casi cómplice del Estado.
• Los seres humanos tienen unos derechos como tales. En
  Colombia se violan sistemáticamente los Derechos
  Humanos, lo que ha convertido éste problema en
  internacional, pues hay unos principios
  humanitarios, valores
  éticos que aún en las circunstancias de la guerra
  siguen vigentes y son ineludibles para quienes combaten con las
  armas.
• La contra-reforma agraria promovida por el
  narcotráfico. El conflicto social que se desarrolla en
  el marco de la lucha por la tierra presenta, múltiples
  manifestaciones de violencia e intolerancia alrededor de
  privilegios de unos pocos detentores de la propiedad privada de
  las mejores y peores tierras en detrimento de una inmensa
  mayoría de desposeídos. El narcotráfico
  con una responsabilidad del 2% se convierte en un actor
  más de este fenómeno; sin embargo generalmente
  los narcotraficantes utilizan la población civil para su
  beneficio, dándoles incluso sin formas de sustento, eso
  sí, transformando su contexto. Las acciones del
  ejército y la policía, ayudados por los Estados Unidos
  y otros países contra el narcotráfico mediante el
  uso indiscriminado de armas biológicas e incluso
  bombardeos también hacen salir a los civiles de las
  poblaciones.
• La expansión del paramilitarismo, el
  incremento de las acciones de la guerrilla en campos y ciudades
  y las medidas de orden público, junto con los regresivos
  proyectos de ley y de
  reforma constitucional, son hechos que se suman a la crisis del
  país y generan el desplazamiento.

El aumento significativo de la violación
política de los derechos civiles desde 1986,
acompaña cada vez más por el incremento en la
actividad en guerra se caracteriza por un mayor número de
víctimas, muchas de ellas inocentes, cada vez mayor. De
ésta manera, y para el caso colombiano, la violencia
generalizada o el conflicto prevaleciente como origen del
desplazamiento coincide con el conflicto armado, siendo las
principales causas los enfrentamientos entre los grupos
guerrilleros y las fuerzas armadas, los bombardeos a las zonas
campesinas, los operativos militares que lesionan a la
población civil, las acciones de los grupos paramilitares
y los operativos antinarcóticos.

El desplazamiento también hace parte de la
lógica de la guerra contrainsurgente, en los habitantes de
zonas campesinas que supuestamente sirven de apoyo social a la
guerrilla, son obligados a dejar su tierra para ser sustituidos
por miembros de grupos paramilitares y de individuos
simpatizantes de las mismas fuerzas armadas, es un mecanismo de
re-poblamiento que, por demás, tiene una
utilización común en el conflicto
armado.

La ubicación de las regiones de partida de los
desplazados se basa en el alto grado de confrontación
armada, presencia de grupos paramilitares y/o significativos
índices de violación de los derechos humanos.
Existen niveles de ubicación de las zonas de
expulsión, uno es las regiones tradicionales o de
permanencia del conflicto y otro que es la expansión del
conflicto en donde esporádicamente se presenta el
desplazamiento, aún no con la connotación del
primer nivel.

Los grupos paramilitares en la geografía nacional no
han tenido un sólo modelo o método de
acción, sino que éste ha estado determinado por el
nivel de conflicto en la región, el nivel de organización del movimiento popular y la
resistencia de la
población frente a este tipo de proyectos mas al accionar
de la Fuerza Pública. En tal sentido son diferenciables
tres (3) modelos de acción:

1. El involucramiento compulsivo de la
   población;

La conformación de una estructura permanente y
cerrada, en la cual el tamaño depende del área de
acción;

c) La contratación de personas provenientes de
otros lugares para que ejecuten crímenes, sin que hagan
parte de fin grupo
permanente.

La contratación de mercenarios extranjeros por
parte sectores económicos y altas autoridades del Estado
han constatado, la intervención en el entrenamiento de
los grupos paramilitares y de militares en diferentes técnicas y
en el empleo y
manejo de sofisticado armamento.

a. EL INVOLUCRAMIENTO COMPULSIVO DE LA
POBLACIÓN

La intimidación ha sido habitual a la
población mediante el porte de listas donde se amenaza a
los pobladores y en general se instiga a los habitantes para que
se integren al proyecto paramilitar, se vayan o se enfrenten a la
muerte, éstos grupos han sido justificados como
"autodefensas", en donde se afirma que las patrullas de
"campesinos organizados" están protegidas por el
ejército y se promueve la participación en estos
grupos mediante el ofrecimiento de salarios, la
consecución de la libreta militar y otros
beneficios.

La relación con la Fuerza pública se ha
determinado por llevar a cabo patrullajes conjuntos; se
ha utilizado a la población civil para que les
acompañe en los mismos, los dirigentes o comandantes
paramilitares son transportados en helicópteros del
Ejército Nacional y las bases militares han sido
acondicionadas como lugar de permanencia de los integrantes de
éstas estructuras
criminales. El armamento con que cuentan les ha sido entregado a
través de agentes e instituciones del Estado, con recursos
recibidos del campesinado, el cual ha sido obligado a pagar una
serie de "impuestos"
ilegalmente recaudados para el mantenimiento
de estos grupos.

b. LA CONFORMACIÓN DE UNA ESTRUCTURA
PERMANENTE

La conformación de estos grupos ha sido
importante para la participación de sectores del
narcotráfico, esmeralderos y terratenientes en su financiamiento, los cuales han actuado de
común acuerdo con la Fuerza Pública en cuanto a la
dotación de armamento, entrenamiento y acciones
encaminadas a ejercer control en determinadas zonas. Desde el
año 1983 el entonces Procurador General de la Nación,
señaló la participación de personal de las
Fuerzas Militares en la conformación de estos grupos.
Además, son abundantes los testimonios de ex- integrantes
de estas agrupaciones que dan cuenta de su modus operandi,
estructura y papel de agentes del Estado en su promoción y protección.

Los grupos paramilitares han actuado especialmente en
zonas como Urabá, Córdoba, Sucre, Meta, Norte de
Santander y Sur del Cesar, entre otras. Su tipología de
acción ha estado enmarcada en la realización de
ejecuciones selectivas, hasta la realización de masacres
indiscriminadas, tal es el caso de las masacres de Segovia,
Honduras, La Negra, El Tomate y
Pueblo Bello. Pese a que frente a reconocidos dirigentes
paramilitares como Fidel Castaño, alias "Rambo" han sido
expedidas órdenes de captura, es claro el
desinterés de las autoridades para hacerlas
efectivas.

c. LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS PARA QUE REALICEN
HECHOS ESPECÍFICOS

La modalidad que ha venido siendo utilizada en algunos
lugares de Antioquia y Norte de Santander, en donde, sectores
económicos (tal es el caso de los cafeteros) e inclusive
las propias Fuerzas Militares, a través de sus redes de informantes han
contratado personal proveniente de otros municipios o
departamentos para que realicen ejecuciones extrajudiciales,
torturas, desapariciones. Éste accionar tiene como
finalidad el dificultar las investigaciones
en torno de estos
grupos y encubrir a los responsables de la comisión de
crímenes de ésta humanidad.

Los anuncios de la
administración del Presidente Samper en materia de
políticas de paz y de derechos humanos, el fenómeno
del Paramilitarismo, y la reactivación de sus acciones,
constituyen la más profunda preocupación de los
organismos de derechos humanos, por cuanto las autoridades
Estatales se han negado de manera sistemática a reconocer
su gravedad, y por sobre todo, a tomar las decisiones que se
requieren para poner control a su acción criminal. En
efecto, la actitud de las
autoridades de negar los diversos grados de conexidad entre los
grupos de particulares armados y unidades militares, el
consentimiento o la tolerancia de los
mandos de las Fuerzas Militares, las ha conducido a pretender a
toda costa evitar la discusión sobre la acción
paramilitar, con la consideración de que se trata de una
conjura de la guerrilla colombiana para minar la legitimidad de
las fuerzas armadas gubernamentales. Durante los primeros seis
meses de la administración del Presidente Samper, a
pesar de pregonarse la humanización del conflicto armado
interno, se aprecia una reactivación del Paramilitarismo,
demostrada en el surgimiento de los grupos "Muerte a Comunistas y
Guerrilleros" -Macogue- y "Colombia sin Guerrilla"
?Colsingue.

Los grupos paramilitares tienen un radio de
acción nacional y son quienes han comandado sus acciones
especialmente contra dirigentes políticos y sindicales. En
noviembre de 1994 se realizó la Primera cumbre de las
autodefensas de Colombia en la que según un documento
de 57 páginas que ha sido conocido por las ONGs
colombianas, se aprobó "… seguir considerando como
blancos militares, a los cuadros políticos y sindicales de
la extrema izquierda, mientras los grupos insurgentes no
humanicen la guerra y continúen asesinando militares y
civiles fuera de combate, así como a los familiares de los
miembros de las autodefensas".

La aprobación del Decreto 3567 del 11 de febrero
de 1994 constituye motivo de preocupación, Estatuto de
Vigilancia y Seguridad Privada, en cuyo Art. 34 se lee: "… la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá
expedir licencias de funcionamiento a cooperativas,
juntas de acción comunal o empresas
comunitarias para operar el servicio comunitario de vigilancia y
seguridad privada en el área donde tienen asiento la
comunidad. Podrán operar con o sin armas".

El ministro de Defensa de ese entonces, Fernando Botero
Zea, informó al país la puesta en ejecución
del programa de
cooperativas rurales de seguridad, que luego fueron denominadas
"asociaciones", las cuales, a juicio de las ONGs de Derechos
Humanos, tienen el serio riesgo de
convertirse en formas legalizadas de los grupos paramilitares
para realizar acciones armadas ofensivas contra la
población civil que sea considerada "simpatizante" o
"colaboradora" de los grupos guerrilleros.

Las explicaciones dadas hasta el momento por el Gobierno
de Colombia para responder a las preocupaciones expresadas por
diversos sectores de la sociedad en
relación con las asociaciones de seguridad rural, se
fundamentan en señalar que las autoridades militares y de
policía ejercerán un celoso control sobre dichas
asociaciones para que no desborden el marco de su acción,
en apariencia circunscrito a labores de información a las autoridades y dotadas con
armas de defensa personal. Resulta difícil aceptar que el
Gobierno pueda comprometerse a mantener el control sobre la
acción de dichas asociaciones, para evitar que se
conviertan en formas legalizadas del Paramilitarismo, tiendo en
cuenta que uno de los argumentos de las autoridades estatales
para explicar la ausencia de resultados en el combate es
precisamente que las autoridades militares y de policía
han estado imposibilitadas para controlarlo.

Los grupos paramilitares, que han sido investigados los
han sancionados por los crímenes realizados a la
humanidad, e igualmente debe impedirse la presencia y
actuación de mercenarios en el territorio nacional;
además, hacer efectivas las ordenes de captura existentes
contra sus miembros, también a sus financiadores,
integrantes y las autoridades que han intervenido en su
promoción y/o protección. Abstenerse de dar trato
especial o benigno en virtud de eventuales negociaciones de paz
con el ejecutivo.

Las normas o actos
administrativos que autoricen, ordenen o favorezcan la
creación o constitución de grupos paramilitares,
así como de aquellas que posibiliten un trato benigno o
favorable, en especial el Art. 34 del Decreto 3567 de febrero de
1994. Destituir por vía administrativa, de manera
inmediata, al personal de la Fuerza Pública que ha sido
señalado por parte de organismos nacionales o
internacionales como comprometidos en la formación,
promoción o instigación de este tipo de
grupos.

Las guerrillas no aparecieron como resultado de la
decisión de un grupo de campesinos oprimidos sino que
comienzan seriamente en Colombia después de que Fidel Castro
se toma el poder en Cuba con su
grupo de guerrilleros y se posesiona como dictador. Fidel Castro
y Ernesto Guevara ven su revolución como la forma de crear
un mundo socialista y por ello deciden comenzar movimientos de
guerrilleros en diferentes países de América
y Africa. Colombia
era un muy buen país para comenzar una revolución
debido a la historia de violencia política entre Liberales
y Conservadores (los dos grupos políticos más
grandes).

Las guerrillas comienzan en Colombia con el apoyo de
Cuba y la antigua Unión Soviética. Ese apoyo no
existe ahora, pero la guerrilla se ha adaptado a esto como es
lógico ellos siempre han tenido nexos muy fuertes con el
Partido Comunista Colombiano (PCC). El PCC, por supuesto, niega
estos vínculos.

Las primeras dos organizaciones guerrilleras modernas
nacen en 1964: algunas autodefensas campesinas influenciadas por
el Partido Comunista conforman las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) –
Ejército del Pueblo; al mismo tiempo surge
un foco guerrillero, inspirado por la revolución cubana
pero igualmente vinculado a la histórica resistencia
campesina en el departamento de Santander, denominado Ejercito de
Liberación Nacional (ELN), el cual proclama la estrategia
del Che Guevara
para derrocar al gobierno colombiano y gana mucha simpatía
por la integración del cura Camilo Torres en 1965.
(Camilo Torres cae en su primer combate, el 15 de febrero de
1966).

La división internacional de los partidos
comunistas en 1967 entre "pro-soviéticos" y "pro-chinos"
hace que nazca una tercera organización, el
Ejército Popular de Liberación (EPL) de pensamiento
maoísta, que en poco tiempo logró extenderse
particularmente en los departamentos de la Costa
Atlántica.

Los tres grupos tienen su presencia principal en el
campo, en muchas ocasiones, se ha constatado que esta
característica es una gran limitación del
movimiento insurgente. Se dice que la guerrilla es campesinista,
que se retiró de las ciudades, que no tiene respuestas
para los problemas
urbanos. Ésta crítica
hasta cierto grado es correcta, pero tampoco se debe olvidar que
siempre ha sido muy difícil mantener una
organización clandestina en las ciudades donde la
represión es mucho más fuerte; además,
siempre ha habido también una repercusión
importante de la guerrilla en las capitales colombianas – desde
los años 60 hasta hoy.

Los años 70 traen consigo el nacimiento de otras
organizaciones guerrilleras que se distinguen de las ya
mencionadas por su pensamiento político y su forma de
accionar. La más importante es el Movimiento 19 de abril
(M-19), muy popular en el exterior por sus acciones
espectaculares como la toma de la Embajada Dominicana 1980 y su
presencia urbana, a pesar de las divisiones internas en el
movimiento guerrillero y las diferentes crisis de las
organizaciones, la guerrilla se convierte en un peligro real para
el gobierno;
en 1977 se da una huelga general
que expresa el descontento generalizado de la población
colombiana.

El entonces presidente Julio Cesar Turbay Ayala
(1978-82) reacciona con una nueva etapa de represión.
Comienzan las desapariciones de opositores, se generaliza la
tortura y se decretan nuevas leyes
"anti-terroristas". Pero a contrario de lo que se podía
esperar, se extiende la resistencia en todo el territorio
colombiano. En estos años es sobre todo que el M-19 que
agudiza la guerra contra el régimen. En el sur, la
guerrilla se convierte en un pequeño ejército y se
acerca tremendamente a algunas capitales departamentales; la
administración del conservador Belisario
Betancur (1982-1986) entiende el peligro inmanente del avance
guerrillero.

La experiencia nicaraguense todavía está
reciente, en El Salvador reina la guerra civil y, por ello,
Betancur busca una salida para neutralizar al movimiento
insurgente. Propone un proyecto realmente audaz. Decreta una
amnistía general para los presos políticos, entre
ellos muchos dirigentes guerrilleros, y busca negociaciones
directas con el movimiento armado. De hecho logra dividir
así a los grupos guerrilleros. En 1984, las FARC-EP, el
M-19 y el EPL entran en tregua, mientras que el ELN (y dos
organizaciones pequeñas más) rechazan la propuesta
que ? según ellos – llevará a la
desmovilización del movimiento popular. Son años
muy movidos en todo el territorio se extiende el movimiento
popular, son obreros/as, cristianos/as, feministas, negritudes,
indígenas y pobladores que se toman las calles.
Socialistas, comunistas y ex-militantes de las FARC-EP dan vida a
la
organización política Unión
Patriótica. Simpatizantes del EPL se presentan como Frente
Popular en las elecciones municipales. Y los oponentes de la
tregua conforman el movimiento político ¡A
Luchar!

El gobierno Betancourt promueve la conformación
de grupos paramilitares y da comienzo a la guerra sucia, en 1984
nace el movimiento terrorista para-estatal más cruel del
mundo. Una alianza de militares, terratenientes, servicios
secretos y narcotraficantes levantan centenares de grupos
paramilitares que a diferencia de los escuadrones de muerte
centroamericanos no se limitan al asesinato político y la
masacre. Ejercen un verdadero poder territorial. En decenas de
municipios colombianos, los paramilitares empiezan a controlar la
vida cotidiana. Puerto Boyacá en el Magdalena Medio
(centro del país) y las zonas ganaderas de Córdoba
(Costa Atlántica) se convierten en Estados paramilitares.
La guerra sucia. A mediados de los 80, son asesinados los
principales líderes de la izquierda como el presidente de
la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, y los
voceros políticos del M-19 y del EPL, en aquel momento en
tregua. El ejército hostiga permanentemente a los
campamentos guerrilleros, violando así el acuerdo de
tregua. Al mismo tiempo comienzan las masacres indiscriminadas
contra sindicalistas y campesinos en zonas de conflicto; de
ésta manera, la UP ha perdido mas de 2000 diputados,
concejales y activistas desde 1984, en total se calcula que han
sido mas de 30.000 muertos por las actividades paramilitares, no
solo activistas populares sino también homosexuales,
prostitutas, pequeños delincuentes y niños de la
calle. Hoy se especula que las principales masacres
paramilitares han sido dirigidas directamente por el
ejército.

Los documentos de los
organismos de derechos humanos y de la misma justicia
colombiana, basados en los testimonios de diferentes dirigentes
paramilitares, inculpan a generales tan importantes como
Jesús Gil Colorado (jefe del ejército hasta 1994) y
Farouk Yanine Díaz (primero jefe de la V. Brigada en
Bucaramanga y luego docente de la Escuela
Interamericana de Defensa en Washington),lo más grave es
que estos protagonistas de la guerra sucia disfrutan de la mas
completa impunidad. Si no fuera por las presiones
internacionales, ni siquiera se darían mínimas
investigaciones judiciales.

La Coordinadora Guerillera Simón Bolívar se
conforma en 1987. Son éstas condiciones de guerra sucia y
hostigamientos militares que pronto llevan al fin del proceso de
paz, después de un año de tregua, el M-19 y el EPL
vuelven en 1985 a la actividad armada por que no vean una
disposición real del gobierno para una
democratización del país. También se
conforma la Coordinadora Nacional Guerrillera, integrada
principalmente por el M-19, el EPL y el ELN. En 1987 se juntan
las FARC a esta iniciativa de unidad y surge la Coordinadora
Guerrillera Simón Bolívar. Ya que el gobierno no
puede presentar soluciones
sociales en los 80, se extiende la lucha armada.

El ELN, por ejemplo, que tenía unos 4 frentes a
principios de los 80 supera los 30 frentes guerrilleros en 1990.
A pesar de tener en el 2000 una estrategia totalmente diferente,
también las FARC-EP viven un crecimiento impresionante. En
el mismo período, alcanzan tener 50 frentes habiendo
partiendo de unos 20 en 1980. La guerrilla se convierte en muchos
territorios en un contra poder palpable y masivo.

Colombia es un país que se ha acostumbrado a la
guerra. Hoy se convive en la insensibilidad del combate. Existe
una herencia colonial
desde el siglo XV cuando la Metrópoli Española
trajo su feudalismo
tardío en forma de encomienda, que hoy se expresa como
latifundio y concentración de la tierra en pocas manos,
así como su estancada inquisición y sus obsoletas
formas político – administrativas en manos de una estirpe
poco calificada profesional y en su condición de
humanos.

La República se constituyó expropiando al
nativo americano de sus tierras y desplazándolo a las
altas cumbres en la lucha por sobrevivir. En adelante, la
población civil de origen Europeo y los mal llamados
Criollos se trenzaron en combates por el poder, unos de tinte
político, otros de tinte civil. Son famosos algunos
combates como la guerra de los mil días, la matanza de las
bananeras, la violencia oficial de mitad de siglo.

El problema social en Colombia podrá resumirse
citando a una aristocracia poseedora de los medios de producción y a una gran masa del pueblo
luchando, los unos por mantener su poder y posición, los
otros por subsistir. Así, en éste escenario se
consolida el fenómeno de la guerrilla, del
narcotráfico, del paramilitarismo, de un fuerte ejercito
respaldando al Estado y luchando por legitimarlo, abusando de su
autoridad
violentando Derechos Humanos y generando
desplazamiento.

Los desplazados en Colombia son en su mayoría
campesinos que durante los últimos diez años
huyeron de las amenazas y los homicidios de
los grupos guerrilleros, de los voraces atropellos cometidos por
los paramilitares, de los abusos y ejecuciones extrajudiciales de
la fuerza pública y de la violencia generalizada provocada
por el narcotráfico.

La población desplazada, en su inmensa
mayoría acaba en barrios marginales de ciudades
distritales en los que les tocó reconstruir sus patrones
culturales. El padecer el síndrome del desarraigo trae
problemas dramáticos en el deterioro de la calidad de la
vida, unas fuertes y severas consecuencias
psico-sociales.

CAPÍTULO 2

LOS
ACTORES DEL DESPLAZAMIENTO EN COLOMBIA

Uno de los problemas más complejos y de mayor
impacto negativo que ha debido enfrentar Colombia en el
transcurso de su historia es el de la producción,
tráfico y consumo de
drogas de alta peligrosidad. La agudización de los efectos
nocivos del narcotráfico en Colombia a hecho que este
síntoma aparezca como la causa de los males que aquejan al
país, desdibujando la importancia que tienen los factores
estructurales , relacionado con las desigualdades y
desequilibrios internos y externos como generadores de la pobreza, el
atraso y la injusticia propios del subdesarrollado; sin embargo
por el poder que desarrolla como empresa,
efectivamente sí es una de las principales causas de los
problemas de Colombia.

El narcotráfico se ha convertido en una de las
mas grandes organizaciones internacionales, capaz de movilizar
centenares de millones de dólares diariamente, de
quebrantar el concepto de soberanía estatal, producir
acciones impensables de violencia, financiar guerrillas y
alimentar el terrorismo. El
narcotráfico es un fenómeno singular y preocupante
de la era contemporánea. Sus propulsores constituyen una
nueva transnacional, que con su colosal poder económico y
su red de corrupción
ha modelado una verdadera narcoeconomía en muchos lugares
del mundo. Ha penetrado los mandos del Estado y de la fuerza
pùblica. Ha roto la imparcialidad de la justicia. Ha
corrompido a políticos. Ha atemorizado a policías.
Ha creado un nuevo poder social levantando sobre la corrupción, el crimen y el terror. Ha
ocasionado miles de desplazados.

Los narcotraficantes para comenzar su negocio
necesitaron apoderarse de inmensas extensiones de tierra, que
fueron compradas a muy bajos precios, pero
que utilizó como mano de obra de primera línea al
campesinado de la región, transformando inmediatamente las
realidades socio-económico-políticas del
área. En épocas de bonanza se convirtió en
costumbre ver comunidades de campesinos o de indígenas
utilizando lujosos carros y dándose la gran vida al lado
de una violencia que los acompañaba silenciosamente. La no
tenencia de la tierra hizo del campesinado una presa fácil
del abuso de los patrones, lo que inicia procesos de
desplazamiento masivo.

Los narcotraficantes realizaron alianzas
estratégicas con la guerrilla para obtener seguridad a los
cultivos. Esta bomba narco-guerrilla se convierte en un elemento
muy importante en la desestabilización del Estado, que por
su centralismo no
hizo presencia en múltiples zonas del país. La
narco-guerrilla se apodera institucionalmente de pueblos,
logrando así un respaldo en la población. Las
condiciones políticas de Colombia cambiaron y la guerrilla
comienza ha ser perseguida por los paramilitares lo que deja a la
población en medio del conflicto armado y produciendo una
ola de desplazamiento de los campesinos que tuvieron que
dirigirse a las grandes ciudades, no solo en busca de empleo si
no para proteger su vida.

El diagnóstico de Washington es que los
orígenes del problema de la droga se
encuentran en el lado de la oferta ,
mientras que los países productores afirman que es la
demanda,
puesto que en tanto ésta subsista y se amplíe
siempre habrá alicientes para el cultivo, procesamiento y
comercialización de ella. Es una simple
cuestión de lógica del mercado.
Aquí reside la principal discrepancia entre los
países productores y los consumidores. Pero detrás
de esta discrepancia existen muchos otros intereses concretos. El
tema no puede ser reducido a un tema meramente moral , como
plantean los países del norte.

El cultivo de la coca forma parte de la economía
de los países productores. Decenas de miles de campesinos
pobres se dedican a él. No es tan fácil, por tanto,
erradicarlo sin causar un problema social de enormes
proporciones, aún mayor que el causado por el
desplazamiento. Hay muchos elementos y realidades en el problema,
algunos de ellos dramáticos, que tienen que ver con las
precarias condiciones de vida de amplios sectores de la
población campesina que han optado por estos cultivos
porque han sido la única oportunidad que les ha ofrecido
la sociedad como alternativa para alcanzar la relativa
prosperidad que el mercado siempre les negó. Por la
inoperancia del Estado, Colombia ha aprendido a convivir con el
narcotráfico.

La inversión de dineros del
narcotráfico en compra de tierra ha sido muy notable en
251 municipios del país. Solamente el gran corredor
minifundista oriental desde Nariño hasta Norte de
Santander, ha permanecido en lo fundamental ajeno al apetito por
tierras por parte de las mafias. Al desplazamiento de campesinos
ocasionado por la mayor concentración de la propiedad se
suma un aumento de los precios de la tierra y un relevo de capas
propietarias anteriores, con lo cual cambia la naturaleza de
los adversarios del campesinado en áreas del conflicto. El
cambio apunta
a la mayor identidad
entre los señores de la tierra y los señores de la
guerra, pues los mafiosos, en las regiones donde tienen grandes
territorios, han formado escuadrones de la muerte que protegen
sus intereses y administran justicia privada. En 126 municipios
de aquellos donde los narcotraficantes han comprado tierras ha
habido movilizaciones sociales.

En tres de las principales regiones de
movilización rural y conflicto guerrillero, el conjunto de
Urabá-Córdoba-Bajo Cauca-Magdalena Medio y el
conjunto de Ariari -Guayabero-Guaviare, las mafias armadas
gozaron de los beneficios de una alianza implícita con las
Fuerzas Armadas en su lucha contra las guerrillas, pues la
creación de autodefensas por las Fuerzas Armadas y la de
escuadrones privados por las mafias fueron allí mismo
proceso en distintas fases, ocurrido desde 1981.

Las regiones de alta movilización rural donde no
ha sido notable la compra de tierras por las mafias son el Norte
de Santander, oriente de Santander, Arauca, centro-oriente de
Cauca, Huila y Vaupés. Las restantes regiones donde ha
habido movilización social han tenido la
transformación de origen mafioso, que se alían con
las anteriores o loas desplazan y subordinan.

La economía de las drogas ha
financiado a las guerrillas y los grupos paramilitares, y ha
elevado enormemente el valor del
botín de guerra y las recompensas clandestinas que son
captadas por miembros de seguridad. Los ejes del paramilitarismo
han sido la compra de grandes territorios por parte de
narcotraficantes organizados y la creación de grupos de
autodefensa por las Fuerzas Militares, que convergieron en unas
regiones y no en otras. La simple comparación de las dos
cifras ya mencionadas de 373 municipios de acción
paramilitar y 251 de alta compra de tierras por narcotraficantes
ilustra la mayor cobertura territorial del
paramilitarismo.

Las regiones donde se asocian la compra de tierras y las
acciones paramilitares son Urabá, Córdoba,
Magdalena Medio Antioqueño y Boyacense, alrededores de la
Sierra Nevada de Santa Marta, Casanare, Meta, Guaviare,
Caquetá, Putumayo, norte de Cauca, sur del Valle y
municipios del eje cafetero y sur de Antioquia.

Las regiones donde han operado paramilitares y no han
comprado tierra los narcotraficantes de una manera notable son el
nor-oriente (oriente de Santander, Norte de Santander), Arauca,
sur del Tolima y centro sur del Huila, centro-oriente del Cauca,
Vaupés y municipios dispersos del eje cafetero y el sur de
Antioquia. En estas regiones los grupos paramilitares han
convocado al apoyo de medianos y grandes propietarios, algunos
empresarios y comerciantes y la cooperación ilegal de
miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

Muchos de estos grupos tienen un origen cercano a las
necesidades de autodefensa de la comunidad, pero con el paso del
tiempo son cooptados al servicio de jefes locales y se
transforman en fuerzas predatorias que extorsionan a los
pobladores a cambio de seguridad.

El despliegue territorial de los grupos paramilitares ha
logrado sembrar el terror de las comunidades campesinas de todas
las grandes regiones donde hay alta presencia guerrillera.
Más aún, han actuado en territorios donde no es
alta la presencia de las guerrillas, como Guajira,
Atlántico, sabanas de Sucre, norte del Tolima, eje
cafetero, norte del Valle, centro del Huila y Vaupés,
donde su presencia responde a la lógica del control
territorial y la protección de negocios
ilícitos.

En algunas regiones criticas de violencia, los
paramilitares han provocado éxodos masivos de
población campesina y han repoblado territorios con
campesinos desplazados por las guerrillas.

LA GUERRILLA

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia,
autodenominadas "FARC", a través de su proceso
histórico, cumplieron las siguientes etapas:

La historia de las FARC se inicia prácticamente
el 09 de Abril de 1948, a raíz del asesinato del
líder
popular Jorge Eliécer Gaitán, situación
que desembocó en la organización de grupos
armados que con un claro objetivo,
incrementaron la violencia; termina ésta etapa en 1959 y
abarca dos fases plenamente definidas :

1ra Fase : Se inicia en
1948(9), cuando el Partido Comunista Colombiano (PCC) en su
intento por capitalizar el caos que cubría gran parte
del territorio nacional, lanza la consigna de organizar la
masa campesina para que sirviera de apoyo en la
conducción de la resistencia armada, termina
ésta fase en 1953, con la amnistía del 13 de
Junio, otorgada por el General Rojas Pinilla e
instalación del nuevo gobierno, habiéndose
realizado durante esta fase, como tarea principal, la
evacuación campesina hacia las regiones seleccionadas
por el Partido Comunista (región de El Davis, Tolima),
para instalar en ellas el mayor número de familias
campesinas afiliadas al partido.

2a. Fase : Se inicia en 1954 con la
organización de la resistencia armada en Cunday y
Villarrica, bajo el mando Pedro Antonio Marín (alias
Tiro fijo ó Manuel Marulanda Vélez) y Ciro
Trujillo Castaño (alias Mayos Ciro), sin embargo, por
la acción de las tropas se ven en la necesidad de
replegarse hacia la región de la Marquetalia,
Guayabero y Río Chiquito; termina ésta fase en
1959 con la organización de autodefensas en las
áreas señaladas. Termina así la primera
etapa del proceso revolucionario, la cual se
caracterizó por falta de coordinación en las acciones y la
carencia de una dirección "político-militar"
centralizada.

2. La segunda etapa se inicia en Enero de 1960. El
partido Comunista, lanza el "movimiento de autodefensas de
Marquetalia", debidamente organizado y entrenado en la
contienda armada, por Pedro Antonio Marín e Isauro
Yosa, jefes armado y político respectivamente, quienes
proclaman la zona como "República Independiente de
Marquetalia", estructuran y difunden el 20 de Julio de 1964
el denominado "Programa Agrario de los
Guerrilleros".

Los anteriores acontecimientos obligaron al gobierno, a
las Fuerzas Militares a tomar las medidas necesarias para la
conservación del orden interno, las cuales culminaron en
la realización de la "operación Marquetalia"
(Mayo/64), con la cual se obliga a una nueva dispersión y
repliegue de los grupos armados del PCC, hacia las regiones de
Río Chiquito, Pato y Guayabero. En esta segunda etapa, las
guerrillas son obligadas a pasar a la defensiva, gracias a la
acción acertada de las tropas, aprovechando que no hubo
una decisión militar favorable, los guerrilleros trataron
de pasar a una tercera etapa.

El movimiento guerrillero se expandió hacia las
zonas del Quindío, Valle y Risaralda, estas aspiraciones
fueron frustradas por tropas de la Octava Brigada, fracaso que
obligó a los guerrilleros de las "FARC" a regresar a sus
bases de operaciones
iniciales, así mismo a revisar sus tácticas de
dirección y a definir una nueva estrategia a seguir;
disparándose a amplias zonas del Tolima, Huila,
Quindío, Risaralda, y Valle, así como a la
región del Sumapaz y Cundinamarca. A través de su
larga historia revolucionaria ha desarrollado ocho conferencias
guerrilleras y nueve plenos, durante los cuales ha
diseñado la táctica y la estrategia para "someter"
a las fuerzas del orden, destacándose el Pleno del 89 en
el cual rediseñaron el plan
estratégico del 82 y dieron luz a la
denominada campaña Bolivariana por la nueva Colombia
aún vigente.

La FARC se encuentra conformada por un Estado Mayor
Central, constituido por 25 miembros incluidos los 7 integrantes
del secretariado, cabecillas de los bloques de frente e
integrantes representativos de lagunas cuadrillas. Cuenta con 5
bloques de frente, 2 comandos
conjuntos que aglutinan las 61 cuadrillas rurales, 18
compañías móviles con proyección a
constituirse en nuevas cuadrillas, 4 frentes urbanos
(Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla), 4 columnas
móviles para un total aproximado de 11.000 insurgentes.
Además cuenta con las milicias Bolivarianas ubicadas en
áreas de injerencia de las cuadrillas rurales cuyo numero
se ha estimado en aproximadamente 8.000 hombres.

La guerrilla actual en conjunto en Colombia, vive la
autojustificación de un proyecto imposible, como lo
manifiesta en su ultima obra "Derechos Humanos y Democracia"
Alberto Ramos Garbiras : La guerrilla navega todavía
entre la insurrección y la revolución, cayendo en
la desfiguración de los propósitos:
desfiguración propia del ejercito intenso y extenso de la
violencia, sin la materialización del triunfo";
situación que trae como consecuencia directa el
éxodo de campesinos Colombianos.

La organización con su actual dispositivo tiene
cubierto gran parte del territorio nacional, localizándose
estratégicamente a lo largo de la cordillera oriental y en
aquellas áreas que por su ubicación ofrecen
ventajas geoestrategicas (Urabá-Putumayo-Arauca) y zonas
potencialmente económicas. Su influencia armada terrorista
se acentuó en el Urabá Antioqueño y
Chocoano, Putumayo, Arauca y Meta entre otros.

EL EJÉRCITO DE LIBERACION NACIONAL ?
ELN-

Disidentes de las FARC formaron el ELN. Este grupo
concitó el apoyo de los sectores sindicalistas del
Departamento de Santander. Elementos universitarios se unieron a
sus filas, al igual que una serie de sacerdotes católicos,
siguiendo el ejemplo del Padre Camilo Torres que se sumó
al movimiento y murió en un enfrentamiento con el
Ejército en 1966. El ELN fue liderado durante muchos
años por el Padre Manuel Pérez, religioso español
que murió en febrero de 1998.

El ELN ha puesto mucho énfasis en su ataque a la
legitimidad del proceso democrático y ha secuestrado a
numerosos funcionarios públicos y candidatos electorales.
El ELN actuó contra figuras políticas con
particular virulencia en los meses que antecedieron a las
elecciones municipales de octubre de 1997. Sin embargo,
después de las elecciones, el ELN siguió
secuestrando a alcaldes y concejales locales en gran
número. El ELN también ha luchado a favor de la
nacionalización del petróleo. Como parte de esta
campaña, el ELN ha realizado más de 600 ataques con
dinamita desde 1986 contra la infraestructura utilizada por estos
sectores industriales. El ELN cuenta actualmente con unos 3.000 a
4.000 integrantes.

El ELN ha anunciado su interés en
procurar una solución política negociada al
conflicto armado. El Presidente Pastrana se reunió,
después de su elección a la presidencia, con los
encarcelados representantes del ELN, Felipe Torres y Francisco
Galán, para discutir las propuestas del grupo disidente
para las negociaciones de paz. El grupo ha exigido la
celebración de una convención nacional para
discutir la paz con la sociedad civil y recientemente
llevó a cabo varias reuniones preparatorias para dicha
convención con el aval del Estado.

El ELN ha sugerido que, mientras se prepara la
convención nacional, las negociaciones deben conducir a la
humanización del conflicto, incluyendo una
aplicación más estricta de las normas del derecho
internacional humanitario. El ELN afirma que actualmente respeta
las normas del derecho
internacional humanitario. Sin embargo, las prácticas
del ELN en materia de secuestros para la extorsión, etc.
dejan en claro que en realidad no respeta estas normas como son
interpretadas conforme al derecho internacional. En junio de
1998, el ELN firmó un acuerdo en el cual se
comprometió a respetar ciertas reglas mínimas del
derecho internacional humanitario. Este acuerdo fue firmado con
representantes del Comité Nacional de Paz de Colombia en
Mainz, Alemania,
después de un diálogo
entre dirigentes del ELN, representantes del Estado colombiano y
representantes de la sociedad civil. Las conversaciones de paz
con el ELN han avanzado en los últimos meses a
través de algunos contactos y reuniones dentro y fuera de
Colombia.

El fuerte de la organización se basa en un grupo
de elite especializado en el manejo de explosivos de alto poder.
Eso explica que solo en el mes de enero de 2000, cuando
quería presionar la realización de la
convención nacional, haya volado 200 torres de energía
eléctrica. Eso, no obstante, no significa que su
accionar hacia el futuro corresponda a la misma fragilidad. "No
necesariamente tiene que lanzar grandes campañas
militares, sino que pueden recurrir a acciones aisladas de
sabotaje como, por ejemplo, ataques contra la infraestructura
eléctrica.

La verdadera fuerza del ELN radica en su capacidad de
atacar la infraestructura del país. El desarrollo de
la guerra implica resolver tres problemas fundamentales: hombres
(mandos y tropa), material bélico (adecuado y suficiente)
y recursos financieros. Este último es el que finalmente
determina los dos anteriores y las posibilidades de continuar la
pelea. En el caso del ELN este parece ser uno de los cuellos de
botella para su crecimiento. A diferencia de las FARC, que lo
solucionaron recurriendo al cuidado de cultivos ilícitos
en gran escala y a las
actividades relacionadas con el narcotráfico, dentro del
ELN hay cuestionamientos éticos a esta forma de
financiación y eso ha hecho que solo unos pocos frentes se
hayan involucrado en el negocio ilícito. Por eso son menos
poderosos que las FARC.

Un estudio del Ejercito Colombiano dice que el ELN tiene
40 frentes rurales, 12 comandos urbanos, 29 escuadras menores,
todos agrupados en cuatro frentes de guerra que se mueven en
diferentes áreas del país, que pueden provocar
acciones violentas. Aunque el ELN cuenta con el frente Carlos
Alirio Buitrago, que según fuentes del
Ejercito dispone de 450 hombres, con la misión de
atacar el sector enérgico y realizar operaciones
terroristas en el eje vial Bogotá ? Medellín,
también es cierto que ha recibido severas
bajas.

Los golpes al ELN están consignados
también en el balance de la Fiscalía General de la Nación.
Hay detenidos 13 de sus comandantes, entre ellos Armel de
Jesús Robles Cermeño, alias "El Chino", Francisco
Gaitán y Felipe Torres, y se les ha capturado a 1.341 de
sus militantes. El ejército, por su parte, ha dado muerte
en combate a 614 de sus miembros.

El EJÉRCITO POPULAR DE LIBERACIÓN
?EPL-

El EPL surgió en 1965. El grupo originalmente se
negó a participar en las negociaciones de paz iniciadas
por el Presidente Belisario Betancourt. Posteriormente, uno de
sus dirigentes, William Calvo, cambió de posición y
firmó un acuerdo de paz en 1980. Muchos de los integrantes
del grupo aprovecharon la amnistía política que se
les ofreció. Sin embargo, muchos otros que se reinsertaron
en la vida civil eventualmente regresaron a la lucha guerrillera
cuando William Calvo fue asesinado en una calle de Bogotá,
el 20 de noviembre
de 1985.

El EPL pasó luego a ser una de las partes en los
acuerdos de paz concertados durante el Gobierno del Presidente
Virgilio Barco. Posteriormente, muchos de sus miembros se
integraron a la vida civil y han formado un partido
político denominado "Esperanza, Paz y
Libertad".

Un número muy elevado de integrantes del EPL
reinsertados han sido asesinados. Estos asesinatos son
primordialmente llevados a cabo por la facción disidente
del EPL, que no firmó los acuerdos de paz, y por las FARC.
Al menos en parte como resultado de la violencia de que fueron
objeto, algunos de los anteriores integrantes del movimiento
armado disidente se han aliado ahora con las fuerzas de seguridad
del Estado e inclusive con los grupos paramilitares.

PARAMILITARISMO

El paramilitarismo fue planteado como un proyecto
militar que buscaba eliminar a las guerrillas del país. Es
obvio que una situación como ésta pusiera en alerta
al Estado Colombiano, ya que había sido formado dentro de
unos fundamentos que los hacían enfrentar sólo
conflictos de baja intensidad. De manera que ante la amenaza de
aquellos brotes de insurgencia, era necesaria la toma urgente de
medidas para combatirlos.

El surgimiento de las guerrillas y su pretensión
de ganar influencia sobre la población campesina y sobre
los movimientos populares urbanos hizo que el Estado
Colombiano desarrollará desde los años sesenta, una
estrategia contrainsurgente bajo la orientación de la
llamada "doctrina de la seguridad nacional", que se aplicó
con mayor rigor a partir del gobierno del presidente Turbay, con
un saldo de graves violaciones a los Derechos Humanos.

La pretensión aparente de la política
contrainsurgente era supuestamente la derrota de los grupos
guerrilleros, ella se aplicó en forma indiscriminada
contra importantes sectores de la población campesina y
del movimiento popular urbano que fueron seriamente afectados,
iniciándose así una desbandada de campesinos en
busca de protección, originados por la incapacidad del
Estado para enfrentar la guerrilla.

Los grupos paramilitares han sido desarrollados en
diversas regiones del país con el claro propósito
de actuar en la defensa y protección de intereses
políticos, de proyectos económicos
(explotación de recursos naturales como el
petróleo y el carbón), y la defensa de sectores
vinculados a la actividad agropecuaria y al
narcotráfico.

El año de 1982, fue el escenario para que en
Puerto Boyacá (municipio en el Magdalena Medi/o ubicado en
el departamento de Boyacá) naciera la primera
organización paramilitar; por iniciativa del
capitán del ejército Oscar Echandía y con el
concurso de terratenientes de la región, se le
asignó como meta "limpiar junto al ejército a la
región de subversión".

La incapacidad de garantizar el control social y el
orden público se sumaron, por un lado a la accidentada
política de diálogo y tregua con algunos grupos
alzados en armas impulsada por el presidente Betancur desde 1982
y, por tanto, la intensificación de las denuncias contra
la violación de derechos humanos por parte de los
militares, las cuales sintieron limitada su capacidad de
acción contraguerrillera por vías institucionales
además del crecimiento del poder económico de los
narcotraficantes que los había llevado a adquirir tierras
en algunas de las zonas más fértiles del
país (Magdalena Medio, Costa Atlántica, Llanos
Orientales), donde existía presencia de organizaciones
insurgentes desde décadas anteriores; los capos del
narcotráfico, ahora hechos terratenientes no estaban
dispuestos a someterse a las exigencias económicas y
políticas propias de las regiones controladas por los
grupos rebeldes y dispusieron de sus cuantiosas fortunas para
financiar fuerzas paraestatales. Además, algunos frentes
guerrilleros (en particular de las FARC en el Magdalena medio) se
habían excedido en la presión
económica sobre medianos y pequeños propietarios
rurales a través de la contribución forzosa, el
secuestro y la
extorsión; ello creo una disposición de algunos
campesinos para colaborar con proyectos "antisubversivos". El
proyecto contrainsurgente se vio fortalecido por la
financiación de narcotraficantes como José Gonzalo
Rodríguez Gacha quien financió la traída de
mercenarios Israelitas e ingleses así como la
adquisición de sofisticadas armas. Con base en
información de inteligencia
suministrada por el Ejército, se ejecutaba sumariamente a
presuntos simpatizantes de la guerrilla dentro y fuera de la
región por otro lado, en coordinación con el
ejército dieron contundentes golpes a los frentes
guerrilleros asentados en el Magdalena Medio desde hace
más de tres décadas, logrando casi su total
expulsión de la zona.

Los hermanos Fidel (Alias "Rambo" y Carlos
Castaño), a mediados de los años ochenta,
terratenientes y narcotraficantes del departamento de
Córdoba, crearon su propia estructura militar
antiguerrillera, las Autodefensas campesinas de Córdoba y
Urabá. Sus escuadrones han sido responsables de varias de
las masacres más notorias como la de Mejor Esquina
(Córdoba) con 39 muertos y Puerto Bello (Antioquia) con
42. A fines de los años ochenta aparecieron otros grupos
paramilitares como el MNR (Muerte a Revolucionarios del
Nordeste), los Blancos los Yeyes, COLSINGUE (Colombia sin
Guerrilleros) y MACOGUE (Muerte a comunistas y guerrilleros),
cuya actividad criminal se extendió a otras regiones como
los Llanos Orientales donde narcotraficantes y conocidos
esmeralderos como Víctor Carranza ha adquirido tierras y
donde las guerrillas de las FARC poseen una presencia
histórica de más de tres décadas.

La década de los noventa finaliza con un balance
de 12.859 asesinatos políticos y la agudización del
conflicto armado en todo el país, y la conversión
del paramilitarismo en el responsable del 32% del desplazamiento
en Colombia

Los grupos paramilitares no han tenido un solo modelo o
método de acción, sino que ha estado determinado
por el nivel de conflicto en la región, el nivel de
organización del movimiento popular y la resistencia de la
población frente a este tipo de proyectos y al accionar de
la Fuerza Pública. En tal sentido son diferenciables tres
(3) modelos de acción:

a. El involucramiento compulsivo de la población;
b. La conformación de una estructura permanente y cerrada,
en la cual el tamaño depende del área de
acción; c. La contratación de personas provenientes
de otros lugares para que ejecuten crímenes, sin que hagan
parte de un grupo permanente.

La intimidación a la población ha sido
habitual mediante el porte de listas donde se amenaza a los
pobladores y en general se instiga a los habitantes para que se
integren al proyecto paramilitar, se vayan o se enfrenten a la
muerte. Estos grupos han sido justificados como "autodefensas",
en donde se afirma que las patrullas de "campesinos organizados"
están protegidas por el ejército y se promueve la
participación en estos grupos mediante el ofrecimiento de
salarios, la consecución de la libreta militar y otros
beneficios.

La modalidad de contratación para realizar
actividades delictivas a nombre del paramilitarismo ha venido
siendo utilizada en algunos lugares de Antioquia y Norte de
Santander, en donde, sectores económicos (tal es el caso
de los cafeteros) e inclusive las propias Fuerzas Militares, a
través de sus redes de informantes han contratado personal
proveniente de otros municipios o departamentos para que realicen
ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones, el
accionar tiene como finalidad el dificultar las investigaciones
en torno de estos grupos y encubrir a los responsables de la
comisión de crímenes de tesa humanidad.

La persecución y desestructuración de los
grupos paramilitares, desde el gobierno se reduce a la
expedición de una serie de decretos de Estado de
excepción (anterior estado de sitio), en los cuales los
ubica al margen de la ley, sin que con ello haya influido en su
existencia. Por el contrario, a través de varios decretos
se les ha otorgado un tratamiento benigno. Situación
ésta que entorpece el actual proceso de paz llevado a cabo
entre el gobierno y las FARC-EP.

El ejército es el primero que hace presencia, con
la Fuerza Aérea y/o la Naval al "teatro de
operaciones" donde se presume hay presencia guerrillera o
donde los insurgentes han actuado recientemente bombardean y
realizan operaciones rastrillo en las zonas rurales, arrinconando
a la guerrilla y obligando a la población a refugiarse en
los cascos urbanos más cercanos. Luego, llegan los
paramilitares y hacen el "trabajo sucio"; detienen, masacran
supuestos colaboradores de la guerrilla (en su mayoría
pertenecientes a alguna organización cívica,
campesina o sindical) cuando no a familias o comunidades enteras
de "sospechosos"; en algunos casos realizan actos de barbarie
como decapitar, descuartizar y castrar a los muertos, tal como la
violencia de los cincuenta; a continuación amenazan de
muerte a los demás pobladores y los obligan a huir del
municipio o la zona, agravando el drama del
desplazamiento.

Los terratenientes (varios de los cuales también
son políticos y/o narcotraficantes) limpiado el terreno,
amplían sus propiedades y las repueblan con allegados y
simpatizantes de la nueva alianza terrorista; por último,
llegan las Convivir a garantizar "la paz" y el orden. Este
libreto ha sido seguido casi al pie de la letra en Riosucio, Alto
Baudó y Salaquí en Chocó, Carepa,
Pavarandó, San Miguel y Las Mercedes en Antioquia. En
algunos casos, las primeras víctimas son los propios
alcaldes electos, concejales o autoridades locales, previamente
"denunciados" por algunos medios como simpatizantes de la
guerrilla. Pertenecer a alguna organización social, a un
partido de izquierda o asumir una posición crítica
o independiente frente a los "paras" es condenarse a muerte;
sólo en el primer semestre de 1997 en el municipio de
Segovia (Antioquia) han sido asesinados más de sesenta
líderes cívicos y populares.

El paramilitarismo no sólo es un proyecto
político; representa un mecanismo de control militar por
parte de grupos económicos poderosos, en particular los
ganaderos, los terratenientes, muchos de ellos también
narcotraficantes o estrechamente vinculados en sus negocios. Pero
el paramilitarismo no sólo protege intereses, sino que
contribuye o su concentración y acumulación de
bienes. De
este modo, a nivel económico el paramilitarismo tiene como
finalidad recuperar, salvaguardar, controlar y ampliar espacios
en los cuales hay o puede haber inversiones de
capital, sea
éste ganadero, agroindustrial, minero, energético o
narco. Esto se evidenció al analizar la geografía
de la expansión paramilitar; no solo están haciendo
presencia allí donde hay guerrilla, sino en lugares donde
se juegan grandes intereses económicos presentes o
futuros: hidroeléctricas, recursos petroleros y minerales,
megaproyectos como el Puerto de Urabá o el Canal
interoceánico o la Represa de Urrá.

Las estadísticas oficiales presentadas por el
Ejercito, muestran que mas de 308.000 personas fueron desplazadas
de sus hogares durante 1998 debido a la violencia generada por
los grupos, revela un Informe divulgado por Consultoría para los derechos humanos y el
desplazamiento (Codhes) Según esa entidad no
gubernamental, el desplazamiento ha registrado en la
última década una línea ascendente en el
número de afectados por el conflicto armado protagonizado
por las guerrillas, los paramilitares y el Ejército. En
1998, precisa el informe, se calcula en 308.00 personas la cifra
de personas desplazadas violentamente por las dinámicas de
terror, muerte y éxodo que propicia masacres, asesinatos y
amenazas. En ese año, indica también el mismo
informe, divulgado por CODHES, "se produjo el desplazamiento de
71.613 hogares integrados en su mayoría por mujeres,
niños y
niñas y jóvenes menores de edad?. En resumen,
desplazamiento de 71.613 hogares integrados en su mayoría
por mujeres, niños y niñas y jóvenes menores
de edad?. En resumen, subraya el documento, "aproximadamente ocho
hogares fueron desplazados cada hora en Colombia durante
1993".

Sin, embargo para Carlos Castaño las Masacres no
son un método de lucha. "En la AUC les respondió
Castaño a los periodistas de El colombiano de
Medellín no consideramos un método de guerra la ola
de masacres de las tres ultimas semanas. Nuestro método de
guerra consiste en enfrentar la subversión utilizando los
mismos medios que ella utiliza para agredirnos. No ordenamos
masacres; ordenamos dar de baja a los subversivos plenamente
identificados en el estado en que se encuentren, de civil o
uniformados".

Grafico 1

FUENTE: Consultoría para los Derechos Humanos
?CODHES

Las estadísticas indican que las masacres se han
convertido en el pan de cada día de la
confrontación de paramilitares y guerrillas, y que son la
piedra en el zapato de varias de las políticas más
sensibles del Gobierno. "El fenómeno de estos grupos esta
creciendo y afectando de lleno a la sociedad a todas las
políticas del Gobierno: la de derechos humanos, la de
búsqueda de la paz y la de búsqueda de la
convivencia y seguridad ciudadanas".

El problema, que reviste una gravedad extrema, no es
nuevo. Según un estudio realizado por el Ministerio de
Defensa, en 1986 los grupos ilegales de autodefensa contaban con
93 hombres en sus filas. Diez años mas tarde, el numero de
combatientes en esas filas llegaba a 2.880, y en 1999 el numero
ascendía a 5.915. El gran salto se dio en el paso del 99
al 2000, año en el que al mes de noviembre las autoridades
estimaban en más de 8.000 hombres el pie de fuerza de las
autodefensas.

Para algunos observadores ese salto en el numero de
miembros de las AUC coincide con la campaña de las Farc de
atacar poblaciones con cilindros de gas para buscar
el retiro de los puestos de Policía de los cascos urbanos,
con los ataques terroristas del ELN, como la voladura de torres
de energía y el secuestro de civiles del avión
Focker y la iglesia de la
María, en Cali.

Aunque Carlos Castaño lo niegan las
estadísticas muestran el aumento vertiginoso de las
masacres cometidas por grupos de autodefensas en los
últimos años. El estudio del Ministerio de Defensa
señala que en el año 1997 estos grupos perpetraron
seis masacres, en el 98 fueron 16, en el 99 cometieron 61
masacres y a octubre del año 2000 ya eran 75 masacres. Si
ese ritmo de crecimiento se compara con las 23 masacres cometidas
en apenas 17 días de este mes, la conclusión
obligatoria es que si se trata de un método de lucha y que
la tendencia es a que aumenten y no a que disminuyan en el futuro
cercano.

El gobierno venia trabajando en el combate a los grupos
paramilitares, y buena parte de su estrategia consistió en
aplicar con rigor los correctivos a la violación de los
derechos humanos, en especial los cometidos por integrantes de
las Fuerzas Militares. En desarrollo de esta especie de purga
fueron retirados cerca de 200 miembros del Ejército, entre
ellos una veintena de oficiales, sobre quienes recaían
sospechas o había pruebas de sus
vínculos con grupos de autodefensas. Esa limpieza parece
haber tenido un resultado positivo en la medida en que logro
disminuir sensiblemente los nexos entre militares y autodefensas
y permitió rebajar los índices de violación
de los derechos humanos por parte del Estado
colombiano.

Las alarmas en el gobierno se activaron cuando las
autoridades se percataron de que a pesar de todas las medidas
tomadas no solo se dispararon los dato de efectivos reclutados
por las autodefensas y los ataques perpetrados por estos grupos,
sino que los sondeos de opinión empezaron a mostrar una
simpatía creciente de los colombianos por este tipo de
manifestaciones violentas. Fue así como se creo lo que se
conoce como el grupo antisicarial. Se trata de un programa
gubernamental que busca coordinar los esfuerzos de las distintas
agencias del Gobierno que tienen algo que ver con el
tema.

La idea salió de un consejo de seguridad que
presidio Andrés Pastrana, y al que asintieron
también el vicefiscal General de la Nación y el
procurador Jairo Bernal Cuellar. La reunión, cuyos
asistentes coinciden en calificar como una de las mas importantes
y efectivas entre cuantas se han realizado sobre ese tema, fue el
primer paso para la elaboración del plan, que se
concreto
finalmente el martes 18 de enero de 2000 en el Ministerio de
Defensa.

En esta reunión, a que asistieron el fiscal
Alfonso Gómez Méndez y el nuevo procurador, Edgardo
Maya Villazón, fue diseñada la nueva
política contra el paramilitarismo en dos niveles. Por un
lado la creación del grupo antisicarial, integrado por
representantes de todos los programas de
seguridad y la Fiscalidad, con el fin de unificar esfuerzos y
compartir información y recursos para combatir de manera
mas contundente y eficaz los grupos paramilitares . Y, por otro,
reconocer que el fortalecimiento del Ejercito y la Policía
en la lucha contra la guerrilla es una forma eficaz de evitar el
desarrollo de los grupos paramilitares y del apoyo ciudadano a
este tipo de organización. Hoy se definen claramente en el
que son dos formas de actuar: por un lado, enfrentando estas
organizaciones en bloque, y al mismo tiempo fortaleciendo a la
fuerza pública para que la sociedad no vea a los
paramilitares como una opción, que es lo que esta
ocurriendo.

Todo lo ocurrido en este sangriento comienzo de
año muestra que el
aterrador escenario de la guerra difícilmente puede ser
peor. Pero si a pesar de todo se trata de rescatar algo bueno
detrás de todos este horror, habría que mencionar
dos cosas. La primera, que el Gobierno tomo una serie de medidas
que pueden llegar a ser un paso importante en la lucha contra
estos grupos. Y la segunda, que lo sucedido debe servir para que
algunos sectores de opinión que se habían dejado
seducir en los últimos meses por el discurso
paramilitar recapaciten y entre en razón.