El drama humano de los desplazados en el conflicto armado colombiano (página 3)

CAPÍTULO 3

DESPLAZADOS EN CALI

El fenómeno de los desplazados en Cali no
sólo se debe a problemas de
violencia en
otras zonas sino también a la irrupción de actores
armados urbanos de la misma ciudad. Los desplazados que llegan a
Cali huyeron de la confrontación armada, del terror que
imponen los actores armados en el vecino departamento del Cauca,
de la violación de los derechos humanos en
Nariño y Putumayo, de la violencia generalizada de la
región de Urabá y Córdoba, y (cada vez con
más frecuencia) de la guerra sucia
que se apoderó del departamento del
Chocó.

Cali es el punto de llegada de familias y colonos
vinculados a cultivos ilícitos en el sur del país y
que comienza a retornar a esos departamentos de origen como
consecuencia de los conflictos
armados presentados desde 1996 y de la presión de
la fuerza
pública para que abandonen esas actividades. La población desplazada por razones de
violencia en Cali se estima en 45 mil personas, que integran 9
mil hogares, en sumatoria de mujeres y menores de edad
provenientes de regiones agrarias o expulsados de zonas urbanas
de la misma ciudad.

En promedio cada día llegan a Cali tres familias
desplazadas por violencia, una cifra que constituye motivo de
preocupación sobre los efectos del conflicto
armado interno y de la violencia en la capital del
departamento del Valle del Cauca, la cifra creció a 54.000
personas, o sea a 10.700 hogares.

El Comité Local de Emergencia (CLE) el 20 de
Agosto de 1999, generó una campaña en conjunto con
la Policía Metropolitana para evitar la entrada de mas
familias desplazadas, debido a que el Valle del Cauca y en
especial Cali, atraviesa por la peor crisis de su
historia, la
violencia aumentó sobre todo en la zona de Jamundí,
comprobándose incluso la presencia de grupos
paramilitares. Los desplazados llegan a Cali, queriendo
solucionar los problemas," pensando que Cali es un
paraíso", con la aspiración de establecer un
negocio o de hallar ventajas sociales. "Aquí se van a
llevar una decepción porque la situación
está muy dura". Así lo advirtió el
secretario de gobierno
Municipal Carlos José Holguín Molina.

El problema podría pasar desapercibido en la
ciudad, si se toman como referencia los altos índices de
desplazados en otras ciudades del país, pero la
persistencia de los conflictos armados y de múltiples
formas de violencia rural y urbana exigen acciones para
prevenir el fenómeno y cada vez con más urgencia,
para proteger y atender a las personas que en los últimos
cinco años huyeron de otras regiones y se ubicaron en otra
ciudad en busca de un mejor porvenir.

Grafico 2. DESPLAZADOS EN CALI SEGÚN DEPARTAMENTO
DE EXPULSIÓN

Fuente: Codnes ? Sisdes

La población desplazada por razones de violencia
en Cali se estima en 53.500 personas que integran 10.700 hogares,
en su mayoría mujeres y menores de edad, provenientes de
regiones agrarias o expulsadas de zonas urbanas de la misma
ciudad.

En promedio, cada día llegan a Cali tres familias
desplazadas por violencia, una cifra que si bien es inferior al
promedio nacional de dos hogares desplazados cada hora,
constituye un motivo de preocupación sobre efectos del
conflicto armado interno y la violencia en la capital del
departamento del Valle del Cauca.

Más aun si se tiene en cuenta que la cifra puede
ser mayor dadas las dificultades para la identificación de
los desplazados, cuya condición de perseguidos los obliga
al silencio y el anonimato.

Zonas de expulsión

Los desplazados forzados identificados en la ciudad
provienen de diversos lugares de la geografía nacional;
Valle, Cauca, Nariño, Antioquia, Choco, Caldas, Huila,
Quindío, Risaralda, Costa Atlántica y de diferentes
lugares o barrios dentro de la misma ciudad, que se caracterizan
por ser el escenario de múltiples violencias que atentan
contra la vida, la seguridad de
personas y familias. Los desplazados se identifican en el temor y
el miedo que comparten, en la indefensión y la zozobra que
los embarga al vivir en un lugar que no les garantiza su
seguridad.

Además del departamento del Valle del Cauca (37%)
de los desplazados provienen en departamentos del Cauca (23%), el
cual ofrece particulares condiciones de violencia, conflictos por
la tierra y
pobreza, que
generan una migración
constante hacia la ciudad de Cali.

También es significativa la cifra de desplazados
provenientes de los departamentos de Nariño y Putumayo
(22%), zonas de conflictos relaciones con cultivos
ilícitos, con enfrentamientos armados entre guerrilla y
fuerza publica y con la persecución de miembros del
ejercito y la policía del Ecuador en esa
zona fronteriza. Otra zona de expulsión de
población que llega a la ciudad de Cali, y que presenta
alguna relevancia en el estudio, es el departamento de Antioquia
(5%) y específicamente los municipios del eje bananero de
la zona del Urabá.

Es probable que dentro de la tendencia migratoria de
personas oriundas del departamento del Choco (4%), empiece a
sentirse la presencia de desplazados por la intensidad que asume
en esa región del país el conflicto armado. Las
relaciones étnico ? familiares y la cercanía
geográfica contribuyen a esta oriente de desplazamiento
hacia Cali, que podría incrementarse
significativamente.

Situación similar se registra en el caso de los
desplazados de los departamentos de Quindío, Risaralda y
Caldas (4%) que buscan en la capital del Valle una posibilidad
frente a la crisis del café y
las crecientes manifestaciones de violencia que se generan en
esas regiones del país.

El departamento del Huila (2%), los departamentos de la
Costa Atlántica (1%), en especial Córdoba y Sucre,
y las zonas fronterizas con Venezuela,
complementan las zonas de expulsión de los desplazados por
la violencia que identifico el estudio en la ciudad de
Cali.

La información consolidada del total de
hogares desplazados encuestados permite afirmar que las milicias
urbanas, la guerrilla y los grupos paramilitares son los
principales responsables del desplazamiento forzado de la
población que arriba a la ciudad de Cali.

El caso de las milicias urbanas tiene una
explicación en el alto índice de hogares
desplazados que se vieron obligados a huir de un lugar a otro
dentro de la misma ciudades. Es posible, y así lo indica
el trabajo de
campo, que este alto porcentaje tenga relación,
además de la existencia de milicias urbanas de grupos
guerrilleros (milicias bolivarianas de la FARC y
milicias populares del ELN), con la proliferación de
pandillas armadas que asumen el control de
diversos barrios y zonas de la ciudad e imponen por la fuerza su
autoridad,
obligando a muchas familias a salir para salvar su
vida.

Grafico 3. RESPONSABLES DEL DESPLAZAMIENTO

Fuente: Codnes ? Sisdes

Grafico 4. OTROS RESPONSABLES DEL
DESPLAZAMIENTO.

Fuente: Codhes – Sisdes

Un 29% d los desplazados no identificaron un actor
armado tradicional como la causa de su situación de
desarraigo y señalaron motivos que van desde "La violencia
y la pobreza", "las
pandillas juveniles " o el "miedo" que los impulsa a huir de las
zonas de conflictos, hasta la "violencia
intrafamiliar", la "violencia entre vecinos" y la "inseguridad",
que mas que actores son factores que provocan
desplazamiento.

Las acciones contra la población civil por parte
de los grupos guerrilleros que operan en el Valle, Cauca,
Nariño, Putumayo y Antioquia, también son causa
directa de desplazamiento a la ciudad de Cali. Algunos indican
que este alto índice de responsabilidad de la guerrilla es explicable por
las formas de sometimiento violento de la población que ha
caracterizado a algunos de estos grupos en zonas campesinas e
indígenas del Cauca y zonas limítrofes con el
Valle. La fuerza publica (Fuerzas Militares, Policía
Nacional y DAS) es señalada como responsables del
desplazamiento del 5% del total de los hogares encuestados, un
porcentaje relativamente bajo en comparación con los
índices nacionales. Por ultimo los narcotraficantes fueron
señalados por un 4% de los hogares desplazados como causa
de su situación, en un hecho que muestran solo una parte
del problema, pues es evidente que estos sectores acuden a la
presión, la amenaza y la muerte para
imponer sus propósitos ilícitos. El temor que
caracteriza a esta población hace difícil que
señalen a estos sectores delicuenciales.

Las amenazas, la intimidación y el terror
obligaron a la mayoría de hogares encuestados a huir en
busca de seguridad y protección.

Un porcentaje relativamente alto de desplazados se
abstuvo de responder la pregunta sobre los hechos que motivaron
su salada, en su gran mayoría dentro de la ley del silencio
que caracteriza a la población objeto de la presión
de los actores armados.

El miedo, respuesta recurrente de los desplazados, los
asesinatos individuales y colectivos, y los atentados, entre
otros hechos, complementan las respuesta sobre las causas de
salida obligada de las personas afectadas.

Las entrevistas de
profundidad con los desplazados después de la
aplicación de las encuestas
permiten identificar algunos de los factores que determinan el
desplazamiento:

Grafico 5. CAUSAS DEL DESPLAZAMIENTO

FUENTE: Entrevistas con víctimas del
desplazamiento.

• Persecución e intimidación militantes
  de partidos o grupos políticos (de izquierda, de
  partidos tradicionales y movimientos cívicos,
  reinsertados de grupos guerilleros, concejales y autoridades
  municipales). Desatada en algunos de los departamentos de
  procedencia de los desplazados: Antioquia, Cauca,
  Nariño, Valle, Cauca.

• Persecución a sindicalistas, maestros, lideres
  y miembros de organizaciones
  comunitarias, defensores de los intereses de pequeños
  propietarios, campesinos pobres que se niegan a colaborar con
  actores armados y críticos de los protagonistas de
  acciones generadores de violencia.

• Desalojo de campesinos y adquisición de
  tierras aptas para la producción y/o explotación
  agropecuaria por parte de grupos al servicio de
  inversionistas, algunos anónimos, que llegan a zonas
  especificas del territorio nacional y proceden con el poder del
  dinero o de
  la intimidación en detrimento de la población
  nativa.

• Deterioro de la calidad de
  vida de la población por la escasez de
  fuentes de
  trabajo y la
  inseguridad que presentan zonas rurales en donde prevalece la
  confrontación armada y se hace mas evidente la crisis
  agropecuaria.

• La inexistencia de dinámicas soterradas
  tendientes a generar miedo en los campesinos y la
  población civil vinculada con organizaciones
  comunitarias y a producir el desplazamiento forzado. Algunos
  agentes del Estado,
  miembros de las fuerzas armadas que actúan en coordinación con grupos paramilitares,
  tienen relación con estos casos.

• Las amenazas a los campesinos inculpados de ser
  colaboradores y auxiliadores de uno a otro bando.

• La quiebra de
  productores, campesinos y pobladores de las zonas cafeteras del
  país y de municipios del norte del Valle, azotadas por
  la crisis económica y por algunas manifestaciones de
  violencia vinculadas al narcotráfico que afectan al sector. Estas
  personas se vinieron para Cali en busca de mejores
  oportunidades.

• Los desastres
  naturales del departamento del Cauca, los desbordamientos
  de algunos ríos en la región del suroccidente del
  país o la combinación de varios de los
  anteriores.

• Otra causa de los desplazamientos tiene
  relación con la crisis de orden publico registrada en
  los departamentos del sur del país como consecuencia de
  la erradicación de cultivos ilícitos.

Llama la atención que el 49% del total de jefes de
hogar encuestados corresponde a mujeres entre 20 y 40
años, en su mayoría abandonadas o viudas y con la
responsabilidad de un promedio de 4 hijos. El promedio nacional
de mujeres desplazadas cabeza de familia es el
31%, lo que indica que este fenómeno en Cali es
significativamente superior.

La población base de este estudio incluye 521
hogares en situación de desplazamiento integrados por
1.876 miembros, de los cuales el 53.73% son mujeres y el 45.74%
son hombres. Son personas desempleadas, en su mayoría, o
con muy bajos ingresos, que en
su afán de proteger sus vidas, encontrar un refugio o
satisfacer su necesidades básicas de subsistencia y
bienestar, a las cuales es mas difícil acceder en las
zonas de violencia, llegan a la ciudad generando un aumento
relevante de su población.

Buen parte de esta población es muy joven, son
adolescentes
habitantes de los barrios más pobres de la ciudad, que
están inmersos o huyen de diferentes formas de violencias.
Algunos son miembros de pandillas juveniles que ocasionalmente
participan en "Cruces" (acciones delictivas), con el fin de
conseguir algo para el sustento de su familia. Otros son
jóvenes recién llegados a los barrios marginales
que, por negarse a pertenecer a determinados grupos o pandillas,
son amenazados con perder sus vidas y las de sus familiares mas
cercanos.

Un 45% de los hogares desplazados tenían tierra para
trabajar y, de éstos, el 83% respondió que en
calidad de
propietarios. Es decir, más de la mitad de los jefes de
familias desplazadas en Cali provienen del campo y son, en su
mayoría, campesinos pobre cuya propiedad
correspondía a menos de una hectárea (45%) o
poseían entre 1 y 20 hectáreas de tierra
(22%)

El hecho más dramático es que más
del 55% de los jefes de hogares desplazados que poseían
tierras tuvieron que abandonarlas como consecuencia de los hechos
de violencia. Lo que confirma, una vez mas, que alrededor de los
fenómenos de violencia y confrontación armada se
ocultan intereses económicos relacionados con la llamada
contrarreforma agraria que afecta a pequeños y medianos
propietarios.

En el mejor de los casos, los campesinos logran vender
la tierra antes del desplazamiento, pero a los precios que
determina la intimidación que imponen los depositarios de
las armas y el
terror.

Grafico 6. TENENCIA DE LA TIERRA ANTES DEL
DESPLAZAMIENTO

FUENTE: Jefes de familia entrevistados sobre el
tema.

Grafico 7. TENENCIA DE LA TIERRA ANTES DEL
DESPLAZAMIENTO

FUENTE: Jefes de familia entrevistados sobre el
tema.

Como es apenas obvio, los índices de desempleo en la
población desplazada económicamente activa, superan
los índices oficiales de desempeño para la ciudad de
Cali.

El 67% del total de los jefes de hogar en
situación de desplazamiento no tiene una ocupación
remunerada, cifra que incide en el desempleo del 17% del total de
la población económicamente activa en la ciudad de
Cali, reportado por el Departamento Nacional de Estadísticas (Dane).

Mientras las ventas
ambulantes representan una opción de ingresos para el 16%
del total de jefes de hogar desplazados, en el proceso de
desplazamiento disminuyeron los empleados formales (pasaron del
8% al 2%), los asalariados agrícolas (del 23% al 13%) y
los comerciantes (del 8% al 0.5%).

Gráfico 8. ÁREA DE TERRENO EN
HECTÁREAS

Gráfico 9. ¿Qué PASÓ CON LA
TIERRA?

FUENTE: Encuesta a
jefes de hogar desplazados

El hogar, como espacio de trabajo para la mujer,
disminuyo del 19% al 4%, lo que explica el gran numero de mujeres
desplazadas obligadas a vincularse a oficios domésticos,
ventas ambulantes u otros trabajos informales para garantizar su
subsistencia y las de sus hijos.

El 40% de los jefes de familia no percibió
ningún ingreso durante el mes anterior a la
aplicación del formulario. Mientras que el 21% solo obtuvo
ingresos por $60.000, el 21% entre %60.000 y $120.000 y el 26%
entre $120.000 y $180.000 solo el 11% de otros miembros del hogar
desplazado obtuvieron ingresos que oscilan entre menos de $60.000
y $180.000.

Este panorama laboral solo
confirma el deterioro de la calidad de vida de los desplazados y
el grave problema social que implica su existencia y crecimiento
como fenómeno social producido por la violencia que impera
en el país.

¿Permanencia, reubicaciÓn o
retorno? El futuro incierto

Quedarse en Cali, como una opción de seguridad
frente a la violencia que continua en las zonas de las cuales
fueron expulsados, es la decisión de la inmensa
mayoría (72%) de las familias desplazadas por la violencia
y ubicadas en la capital del Valle del Cauca. Un significativo
14% desea reubicarse en otra zona del país y un 10% esta
dispuesto a retornar al lugar donde fue expulsado por la
violencia.

La explicación de estas expectativas fue aclarada
por los propios desplazados con respuestas que indican la fuerte
presión psicosocial que impone el desarraigo.

Un 38% se abstuvo de responder pero el silencio es una
forma de expresión cuando quiere significar la
resignación frente a la tragedia acumulada.

Gráfico 10. OCUPACIÓN JEFE DE HOGAR
DESPLAZADO ANTES Y DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO.

FUENTE. Encuesta jefes del Hogar desplazados.

Gráfico 11. OCUPACIÓN JEFE DE HOGAR
DESPLAZADO DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO.

FUENTE: Encuesta a jefes de hogar.

Un 6% manifestó que prefieren vivir en esta
ciudad por tranquilidad y recuerdan los hechos de violencia que
motivaron la salida.

Otras respuestas encierran la particularidad de cada
familia y las expectativas que tienen frente al futuro
inmediato:" es mejor el ambiente y hay
posibilidades de trabajo" / "estoy reunido con los familiares"/ "
aquí es mejor la situación"/ " ya conseguí
casita propia" / "aquí tengo mas futuro" / "aquí va
mejor que donde estaba" / " ese es mi destino " /"quiero
conseguir vivienda" / "Por la educación de los
niños"
/ "por que hay menos violencia" / " para que mis hijos salgan
adelante sin tanta violencia" / "aquí no me amenazan, no
hay violencia ni guerrilla" / "me amaño, lavo y plancho" /
Por que aquí mi esposo no me maltrata" / "por el ambiente"
/ porque Cali es la capital del cielo".

En el caso de quienes desean reubicarse, hay un
porcentaje importante de desplazados sometidos a nuevas reformas
de violencia en la ciudad (19%): "hay mucha pandilla" / "por
peleas entre vecinos" / "porque tengo una hermano aliada a la
guerrilla" / por tantas peleas, robos y muertes " / "vivo muy
amenazada" / "hay mucha inseguridad" / "tengo miedo de tanta
violencia"….

Un 10% afirma que desea volver a trabajar en el campo,
en tanto que otros se refieren a las necesidades de trabajo, a
las dificultades para conseguir vivienda, a la necesidad de
buscar otras alternativas y oportunidades, al alto costo de la vida
en Cali o al aburrimiento, la soledad y la angustia de vivir en
la ciudad.

En cuanto a quienes desean retornar una vez mas aparece
la no ? respuesta y l silencio de un 28% de los desplazados,
mientras que la respuesta del 19% fue el deseo de recuperar los
bienes
abandonados y volver a trabajar en el campo.

El 12% manifiesto su interés
por reunificar la familia, en
tanto que otras respuestas tienen que ver con el aburrimiento, la
soledad, el maltrato del esposo y la posibilidad de que "las
cosas estén mas tranquilas allá y no haya tanta
violencia…"

Las expectativas de permanencia, retorno o
renunciación tienen relación con las necesidades
mas importantes de los desplazados en cuanto a generación
de ingresos se refiere.

La microempresa,
como opción individual o familiar de subsistencia, y el
trabajo asalariado constituyen, según las respuestas, las
principales alternativas de trabajo de los
desplazados.

En cuanto a las microempresas,
es valido señalar que tiene correspondencia con la
solicitud de capacitación técnica advertida en
las necesidades en materia de
educación.

Y en cuanto a tierras y trabajo en el campo, una vez mas
una franja de la población desplazada insiste en esa
posibilidad que implica retorno o renunciación de la
población en zonas agrarias.

CONSECUENCIAS DEL
DESPLAZAMIENTO

El fenómeno del desplazamiento forzoso en
Colombia lleva
implícita una situación de caos y violencia
prolongada, y se reviste en la mayoría de los casos de
irracionalidad y de la primariedad característica de
procesos
sociales arbitrarios.

El orden, como organizador del aparato psíquico
no ha existido en el sentido real de la palabra. Ha habido un
orden impuesto,
sostenido por la muerte, la
corrupción
y el terror, que de ninguna manera pueden generar valores
primarios organizadores como son los de la vida y la solidaridad. La
imposición social de la violencia ha impedido pensarla,
hacerla socialmente consciente con miras a implementarse
mecanismos de cohesión reestructurados de las relaciones
entre los individuos y la sociedad.

SOCIOECONÓMICAS : Los Departamentos
Antioquia, Santander, Meta, Córdoba, Cauca, Boyacá,
Bolívar,
Norte de Santander y Cesar son regiones que afrontan una crisis
que afecta tanto a los propietarios como a la población
asalariada obligados a migrar. Esto causa un gran deterioro en su
calidad de vida y como consecuencia constituye un factor de
incremento del desempleo, dada la magnitud de estos flujos
migratorios.

POLÍTICAS : La mayoría de los
desplazados son víctimas de la violencia y de ésta
manera deben ser apoyados por parte del Estado, garante de sus
derechos civiles, políticos, sociales, económicos y
culturales.

Los desplazados en algunos casos no pierden su identidad o
tradición partidista y en la práctica se sienten
decepcionados con la colectividad porque ésta no ha sido
solidaria en el tiempo de
desplazamiento y menos en su reubicación. El
desplazamiento generado por violencia política, incrementa
el abstencionismo, atenta contra los derechos de
participación, libre expresión y
movilización.

PSICOSOCIALES : El fenómeno
socio-demográfico provocado por razones violentas genera
un proceso colectivo de desarraigo que afecta a un sector
importante de la población con grandes repercusiones en la
vida nacional.

Las experiencias agresivas insensibilizan ante la
crueldad y las personas se transforman en seres diferentes, lo
que se constituye en una penetración de los patrones de
violencia con consecuencias en la salud mental y en el entorno
social, también se puede incrementar el consumo de
alcohol y de
drogas, el
aislamiento social, la depresión
profunda, la disfunsión familiar, laboral y social. La
migración no es sólo una respuesta a las
situaciones dadas, es una combinación de factores
sociológicos relacionados con procesos
afectivos.

La pérdida de Tierra es una de las consecuencias
principales del desplazamiento; pero trae consigo
implícitas muchas otras, como el amedrantamiento obtenido
por el impacto de la selectividad de la violencia, sobre los
líderes y miembros de organizaciones campesinas, y sobre
los jefes de familia.

El desplazamiento produce efectos en los núcleos
familiares en:

• La mujer se
  tiene que constituir en cabeza de hogar, y como no hay fuentes
  de empleo en la
  economía
  formal debe ingresar al rebusque cotidiano.
• Los niños deben interrumpir bruscamente sus
  estudios que generalmente nunca concluyen, pues en los lugares
  donde son nacidos no existen políticas al respecto.
• Los sobrevivientes masculinos quedan sin trabajo y
  pierden su tranquilidad y seguridad.
• Los hogares se ven obligados a recomponerse y
  reorganizarse, eliminando incluso la satisfacción de sus
  mínimas necesidades y se ven obligados a vivir por el
  sustento diario, cambiando las responsabilidades dentro del
  nuevo grupo
  familiar.

CAPÍTULO 5

CONTEXTO DEL DESPLAZAMIENTO RURAL EN
COLOMBIA

El desplazamiento ha sido un motor de la
historia del país, especie de eje vicioso de
destrucción ? reconstrucción ? destrucción
de relaciones económicas, políticas, técnicas,
ecológicas y culturales de la sociedad colombiana. En este
sentido, el desplazamiento de la población rural no es
solo el problema de un 2% de la población colombiana,
generalmente, de origen campesino. Es
un problema de todos.

La violencia y desplazamiento son expresiones de dos
tipos de conflictos que se complementan y entrecruzan, pero que
es necesario distinguir, para una sana comprensión y
formulación de alternativas: el conflicto por la tierra y
el conflicto por el territorio.

El conflicto por tierras, se refiere a la a estructura
concertadora de la tierra y a las relaciones competitivas por
este recurso, que se manifiestan en antagonismos entre
latifundios ganadero y/o empresa
agroindustrial y el minifundio campesino. Se trata de competencia entre
unos económicamente fuertes frente a otros más
débiles, por un recurso escaso e importante no solamente
para la explotación agropecuaria, sino también para
la minería.
Estos conflictos usualmente se concentran en espacios locales y
tienen que ver con la propiedad y el control sobre la
tierra.

Los conflictos por territorios se refieren al dominio y control
del territorio como espacio de orden político y
económico. Puede tratarse bien de fuerzas que quieren
sacar de su paso a competidores que cuestionan su poder, como
grupos de izquierda, o de fuerzas guerrilleras o paramilitares
que se disputan el dominio territorial. Estos se orientan hacia
la población que ocupa la región, es decir, tiene
un radio de impacto
mayor. En estos casos, la tierra como parte importante del
territorio tiene un papel que va mas allá de su función
productiva, pues funciona como espacio comercial, fuente de
recursos
naturales, área de paso, conexión, refugio,
etc.

El territorio colombiano presencia como estos dos
problemas se superponen y se complementan y la
diferenciación podría hacerse mas por el mayor
énfasis que alcanza uno de ellos en determinada
región, que por la no presencia del otro. Por ejemplo, se
puede decir que en Urabá hay un mayor énfasis del
conflicto por el domino territorial y en el Cesar, un mayor
énfasis del conflicto de tierras.

La violencia juega un papel de comodín, entre
causa y efecto, de la ambición y la búsqueda por
concentrar los espacios productivos rurales, en medio de un
proyecto
modernizante que se apoya en la explotación de la tierra,
o que exige el dominio territorial, y que se esta construyendo a
sangre y
fuego. Hay una reconcentración de la propiedad de la
tierra, acentuándose la polarización entre el
neolatifundio y el mini y microfundio. Las mejores tierras y los
espacios estratégicos se constituyen en objetivo
prioritario de fuerzas violentas que, creando confusión y
amparadas en la impunidad,
propician la expulsión de los pobladores más
vulnerables, y dejan así el campo abierto al desarrollo de
sus intereses económicos y políticos. Vale la pena
considerar que tanto la tierra como el territorio han ido
adquiriendo distintas valoraciones que tienen que ver, entre
otros, con los recursos
naturales y su condición geoestratégica que van
más allá de la tradicional explotación
agropecuaria.

Una de las consecuencias de la violencia y el
desplazamiento es, entonces, la perdida de la tierra por parte de
las familias rurales. Sin embargo, su atención implica
mucho mas que la preocupación por dotar de tierras a las
familias rurales desplazadas que quieren regresar al campo,
problema que, por supuesto, debe ser atendido.

Una forma característica del ejercicio de la
violencia rural es la selectividad con que actúa contra
los puntos neurálgicos de las sociedades
locales, que son los lideres y miembros de las organizaciones
campesinas, cualquiera que sea su carácter. Ello ejerce un impacto enorme,
amedrentado y desplazando las familias circundantes. Esta
estrategia,
además de los efectos económicos descritos, disuade
los procesos de organización de las sociedades civil rural
que luego del desplazamiento, van a tener muy pocos deseos de
constituirse en una fuerza organizativa para denunciar su
situación y para gestionar colectivamente la
solución de sus necesidades. Las experiencias
traumáticas van llevando a relegar la participación política en sus
diversas manifestaciones. Los procesos de la violencia rural se
entretejen de manera muy sutil, pero muy fácil, con los
conflictos derivados de las estructuras
locales de poder. Estos, a su vez, han ido sufriendo en mayor o
menor medida los efectos de los procesos de descentralización. De esta manera, se
articulan y encubren intereses locales, grupales y/o
individuales, dentro de intereses regionales y aun
nacionales.

La población rural desplazada corresponde al
67.8% del total nacional. De acuerdo con las proyecciones
realizadas, en los meses de septiembre del 94 a octubre del 95
fueron obligados a desplazarse 14.451 hogares con vínculos
rurales, que corresponderían a 60.694 personas (calculo
sobre un promedio de 4.2 personas por hogar, Sisdes) . De acuerdo
con los datos de la
Conferencia
Episcopal y Codhes, es posible afirmar que entre 1995 y 2004 se
registro el
desplazamiento de aproximadamente 58.854 hogares con
vínculos rurales (HVR). A pesar de que actualmente
Colombia es considerado un país mayoritariamente urbano,
las dos terceras partes de los desplazados, tienen
vínculos rurales . Sin embargo, de éstos, no todos
residían en las veredas. Solo el 53% de los desplazados
encuestados a nivel nacional declaran tal procedencia. La
procedencia rural o urbana, definida por veredas es un tanto
relativa, pues del total de HVR registrados, un 14.3% aunque
habitara en cascos urbanos de municipios pequeños e
intermedios, mantenía una ocupación
agropecuaria.

Ocho de cada diez hogares con vínculos rurales
accedían a la tierra, pero solo 65% en calidad de
propietarios. Sus parcelas , dada su área, correspondan a
micro o minifundios y ahora se encuentran, en la mayoría
de los casos, abandonadas. Antes del desplazamiento trabajaban
con escasos recursos y en condiciones difíciles, como la
mayoría de los pobladores rurales del país, pero se
autoabastecían y gozaban de relativa tranquilidad. Los
pobladores rurales, en condiciones ya poco favorables desde antes
del desplazamiento han sido sometidos por éste a un
abrupto empobrecimiento. La parcela y la vivienda, en la
mayoría de los casos único patrimonio, ha
pasado al abandono forzoso en dos tercios de los hogares con
vínculos rurales (71.6%). Su venta solo fue
posible en un 12.8% de los casos, y su arrendamiento solo en un
2.0%. Otras opciones frente a la tierra han sido cederla a otros
familiares, devolverla a los dueños, cuando no son
propietarios y cederla a amigos.

En síntesis,
la población rural, se caracterizaba antes de su
desplazamiento por ser, en su mayoría, propietarios pobres
y asalariados agrícolas, quienes aunque no poseían
la tierra la trabajaban para otros, en distintas formas. Como
bien prioritario dentro de la población rural, la tierra
era ya un recurso escaso en estos hogares (Gráfico N°
1,2,3).

Gráfico 12. TENDENCIA DE LA TIERRA ANTES DEL
DESPLAZAMIENTO.

Fuente: Codhes ?Sisdes

Gráfico 13. ÁREA DE TERRENO A LA QUE LOS
HVR TENIAN ACCESO ANTES DEL DESPLAZAMIENTO.

Fuente: Codhes – Sisdes

Grafico 14. ¿QUÉ PASO CON LA
TIERRA?

Fuente: Codhes -Sisdes

Según la edad los hijos de los HVR encuestados se
caracterizan así: un 15.9% corresponden a población
menor de 5 años, en un 21.7% entre los 5 y los 9
años, en un 20.1% entre los 10 y 14 años. Se tiene
entonces que lo hogares con vínculos rurales albergan en
su seno un 57.6% de los hijos menores, con gran dependencia para
la satisfacción de sus necesidades básicas. Los
hijos entre los 15 y 19 años corresponden a un
13.6%.

El nivel educativo formal, del total del HVR desplazados
21.1% reportan no tener ninguno, en tanto que el 64.4% han
cursado la primaria de manera completa o incompleta; 13.2%
recibieron educación secundaria total o parcial ;
solamente el 1.2% tiene estudios técnicos o superiores.
Para los demás miembros de los HVR, se registran los
siguientes datos: un 38.4% no tienen ningún nivel
educativo formal, en un 48.7% tiene primaria y en un 12.0%
alcanzaron estudios secundarios. La educación
universitaria, técnica y no formal, solo tiene el 1% de
los otros miembros de la familia, distintos al jefe de
hogar.

El desplazamiento produce efectos muy serios en la vida
de los hogares y en cada uno de los miembros que la componen,
atendiendo a su especificidades de genero y
edad:

• La mujer debe constituirse en cabeza de hogar de
  manera forzada e ingresa obligatoriamente a las filas de la
  economía informal. Se registra un aumento sensible en la
  jefatura femenina del hogar que pasa al 26.6% (frente al 16.3%
  del estudio del Episcopado); algo mas de la cuarta parte de los
  hogares con vinculo rural.

• Los hijos interrumpen bruscamente sus estudios y solo
  una quinta parte puede continuar asistiendo a la escuela
  primaria.

• Los hombres, si sobreviven a la persecución,
  quedan privados de su trabajo habitual y de las pocas
  seguridades con que contaba.

• Todos deben abandonar su parcela y vivienda, fruto de
  esfuerzos de muchos años y sitio donde era posible,
  aunque de manera precaria, la reproducción de la economía
  campesina.

• Los hogares se ven obligados a padecer un
  rápido proceso de desorganización ?
  reorganización familiar, que con frecuencia provoca el
  traslado abrupto de responsabilidades y la perdida de la
  satisfacción de sus mínimas necesidades. De ello
  son víctimas, especialmente, los niños y
  niñas. Además, en la búsqueda de la
  sobrevivencia física, las
  necesidades emocionales y los traumas psicosociales pasan a ser
  secundarios y muy poco atendidos.

Los jefes de HVR desplazados en el ultimo año,
reconocen que pertenecían en un 56.29% a diferentes
organizaciones, antes de su éxodo. La mayor frecuencia se
sitúa en los organizaciones comunitarias, (15.74%),
seguida por las organizaciones políticas
(11.11%).

El desplazamiento es una realidad nacional y no solo un
problema que se presenta en algunas zonas. Si bien la intensidad
de desplazamiento en algunos departamentos es proporcionalmente
alta, en los demás la cifra es muy significativa: sumados
estos últimos, pueden alcanzar cerca de la mitad de la
población rural desplazada en el país.
(Gráfico 4).

El proceso de intensificación y
concentración de la expulsión se agudizó en
el ultimo año. Antioquia y particularmente Uraba, alcanzan
a duplicar la intensidad encontrada antes del 94. Los
departamentos de mayor salida, Antioquia y Santander, son a la
vez, muy importantes en el flujo de llegada. Ello refleja un
desplazamiento intradepartamental significativo en estas dos
zonas. Se registra una dinámica de los departamentos expulsores de
la población rural, que aumentan para el Cesar, Cauca y
Sucre, y que disminuye ligeramente en intensidad para
Cundinamarca, Valle, Magdalena, Huida, Boyacá y
Casanare.

Atlántico, Córdoba, Valle y Boyacá,
registran una alta proporción de llegada de hogares con
vinculo rural, lo cual los convierte en zonas preferencias de
"albergue". Cundinamarca, que más exactamente corresponde
a Bogotá, es un caso excepcional en intensidad de llegada,
dado el carácter estratégico en cuanto a su
dinámica económica y la posibilidad que ofrece la
ciudad capital para poder lograr el anonimato.

Gráfico 15. DEPARTAMENTOS DE EXPULSION DE
POBLACION CON VINCULOS RURALES.

Fuente: Codhes ?Sisdes

El efecto secundario de un enfrentamiento entre grupos
armados, en el desplazamiento es menos que la consecuencia
directa de acciones de grupos armados, que la consecuencia
directa de acciones de grupos armados contra la población
civil. Por lo tanto, constituye una infracción del
Derecho
Internacional Humanitario. El desplazamiento se da en medio
de lo que se denomina la "guerra sucia", en la que los
contrincantes poseedores de las armas, antes que enfrentarse
entre si, se dedican a amenazar, asesinar, torturar y perseguir a
la población civil no combatiente. Identificar a estas
fuerzas que hostigan y presionan a los pobladores rurales no es
fácil, además que es parte de su estrategia para
crear la confusión.

El desplazamiento de los hogares con vínculos
rurales durante el ultimo año, muestra de manera
individual a los paramilitares como la fuerza mas hostigadora,
con un 26.3% seguidas por la guerrilla, con el 8.3%
Narcotraficantes, milicias y autodefensas, como grupos
específicos, son poco señalados (por debajo del
1.3%).

Comparando estas tendencias con las registradas para los
hogares rurales desplazados entre 1994 y 2005, se encuentra un
descenso de la guerrilla, señalada en un 27.7% y un
aumento de las fuerzas paramilitares, señaladas en este
periodo en un 16.1%

Los encuestados señalan otros causantes: el temor
y el miedo a la violencia y a sus estragos, en un 39.2%; actores
no intensificados, en un 29.7% un 16.6% identifican a
particulares reconocidos, como terratenientes y delincuentes. Por
ultimo, un 8.3% expresan que su desplazamiento tiene que ver con
la incertidumbre económica (falta de fuentes de trabajo,
perdida de la cosecha, ausencia de servicios
públicos). En menor proporción son
señalados otros organismos del Estado que producen temor,
en un 3.6%. Un 2.3% afirman que las amenazas provienen de la
guardia venezolana.

Los hechos que provocan el desplazamiento corresponden,
para el último año en un 40% a amenazas, las cuales
conllevan un alto contenido de presión psicológica.
Frente a los resultados provenientes del estudio del Episcopado,
que mostraban en un 29.8% la presión de las amenazas, se
registra un aumento sensible de este mecanismo, como motivo del
éxodo rural. Los asesinatos constituyen el 9.3% de las
causas y sumando a ellos los atentados, desapariciones y torturas
se llega a un 16.1% de hechos graves violatorios de los derechos humanos,
con una marcada selectividad.

UBICACIÓN Y CONDICIONES
ACTUALES

La llegada y ubicación en los nuevos sitios, en
gran parte de los casos, se realiza sin contar con ayuda alguna.
Así lo manifiesta el 42.4% de los hogares rurales
consultados, proporción que se mantiene igual frente a lo
indicado por los hogares rurales desplazados entre 1985 y
1994.

En cuanto a las fuentes de ayuda, la muestra indica que
el 29.6% de los hogares que han contado con algún apoyo lo
han recibido de familias y amigos. La iglesia, las
organizaciones comunitarias, la ONGs y las organizaciones
estatales, son mencionadas por los encuestados entre un 5% y un
6.5% cada una. El 31.2% de los hogares asegura haber recibido
ayudas de dos o mas organizaciones y personas de las ya
mencionadas.

Los encuestados respondieron con respecto a las ayudas
recibidas que en un 53.1% de los casos fueron apoyados en dos o
mas servicios en
materia de alimentación, vivienda, salud,
educación, asistencia legal o apoyo moral. Para
cubrir una sola de las anteriores necesidades, se registra que se
ha recibido apoyo para alimentación (13.3% de los casos),
vivienda (12.0%), apoyo moral (8.4%) y otras ayudas (7.1). La
salud, la educación y la asistencia legal han sido menos
satisfechas, de pronto por haber sido menos
apremiantes.

La situación de la vivienda, para los desplazados
de los últimos 15 meses, es bastante difícil.
Únicamente la mitad de las familias que antes del
éxodo vivían en casa, continúan
haciéndolo, mientras que el numero de quienes viven en un
cuarto alquilado, se quintuplico. Ello muestra al incremento en
el hacinamiento. La tenencia de la vivienda también se
modifico sustancialmente: de 5 familias que antes del
desplazamiento vivían en casa propia, ahora solo una
habita en propiedad. El arrendamiento y la invasión se
triplicaron. En cuanto al acceso a los servicios de electricidad,
acueducto y alcantarillado, se registran aumentos en la cobertura
que alcanzan el 30%.

Desde algunos indicadores de
la medición de las necesidades básicas
para determinar la pobreza, podría leerse al
desplazamiento como un factor que propicia mejores condiciones de
vida, pero esto seria un análisis bastante mal enfocado sin embargo,
dadas las condiciones de abandono rural y las
características con que usualmente se atiende estas
necesidades, que implica la existencia de una alta densidad
poblacional, los desplazados ubicados en cascos urbanos gozan
ahora de algunos servicios ya existentes allí. Sin
embargo, el acceso a tales servicios, no significa mayor cosa
dentro del conjunto de situaciones de los hogares desplazados:
gran hacinamiento, perdida de la propiedad sobre su vivienda,
abandono forzoso del trabajo que les generaba sus ingresos y su
subsistencia, drástica reducción en la escolaridad
de los niños y bajo el nivel de ingresos. Por el
contrario, el proceso de pauperización que produce el
desplazamiento es creciente, con efectos rápidos en los
miembros del hogar mas vulnerables, y con tendencia a
empeora.

Cuatro de cada 10 jefes de hogar no habían
recibido ningún ingreso en el ultimo mes, en el momento de
la encuesta; y 2 de cada 10, recibieron únicamente el
equivalente a medio salario
mínimo (de 2000). Cerca de una cuarta parte de los hogares
lograron entre medio y un salario mínimo y sólo un
12.2% de los jefes de HVR logró una suma superior al
mínimo.

Muestra cómo en el cuadro N° 4, referido a la
ocupación antes y después del desplazamiento, se
diminuye de manera seria la posibilidad de explotación
agropecuaria, que reportaba, además de algún
ingreso por la venta de excedentes producidos, la posibilidad de
la seguridad alimentaria familiar para cerca de la mitad de los
HVR. Por cada 12 hogares que antes del desplazamiento
dependían de esta actividad, luego del éxodo
solamente uno puede seguirlo haciendo.

Los asalariados agrícolas pierden su espacio
laboral en cerca de una tercera parte. Las mujeres rurales, que
antes se dedicaban al hogar dentro de la economía
campesina, ahora, muchas de ellas viudas y al frente de la
familia, salen en la mitad de los casos a incorporarse en la
economía informal, de lo cual da cuenta el incremento en
empleo domestico. La variación de la ocupación de
los jefes de hogar es muy impactante, en ocupaciones como las
ventas ambulantes que se multiplican por 87, y de los empleados
(se refiere a oficios como celaduría, labores de aseo y
otros que no necesariamente implican estabilidad laboral), que se
quintuplica. Es preocupante, además, la desocupación reinante, que aun cuando ya
estaba presente en muchos jefes de hogar (no hay que olvidar las
diversas crisis del sector agropecuario), ahora se ha aumentado
en siete veces.

Otras ocupaciones como educador, comerciante,
funcionario publico y empleado, que ejercían jefes de
hogar con vínculos rurales, y donde la explotación
de la tierra significaba una actividad secundaria, se vieron
también modificadas. Los comerciantes aumentaron cuatro
veces y los funcionarios se mantuvieron estables.

Tendencias en las necesidades y
expectativas

La población campesina desplazada entre 1985 y
1994, de la cual el 36% deseaba retornar a su lugar de
expulsión, de los hogares con vínculos rurales
desplazados en el ultimo año, solamente el 18.3% desean
hacerlo. Por el contrario, un 60.4% prefieren quedarse en el
sitio actual de residencia. Irse para otro lugar es la
opción deseada de un 18.0% de los casos. Un 3.3% no
responde.

La necesidad de acceder a tierra como fuente de
generación de ingresos, es manifestada por 21 de cada 100
hogares desplazados encuestados y por 30 de cada 100 hogares con
vínculos. Pareciera que con el desplazamiento, la
perspectiva de reincorporación a los vínculos
rurales, se reduce seriamente, pues solo 1 de cada tres hogares
que antes tenían acceso a la tierra, considera que volver
a ella ahora pudiera ser una alternativa económica. Se
calcula, entonces, que entre el 70 y 80% de la población
desplazada del campo pierde de manera total y definitiva el
vinculo rural por razón del desplazamiento. Cualquier
decisión frente a su futuro, sin embargo, esta mediada por
la posibilidad real y oportuna que se les brinde para satisfacer
sus necesidades mas apremiantes, entre las que se destaca el
trabajo, que les permitirá recobrar la autoestima y
la autogestión.

Mas de la mitad de los hogares con vínculos
rurales en situación de desplazamiento no han accedido a
ayudar alguna. Sin embargo, su persistencia en la sobrevivencia y
su empeño en la vida les ha llevado a buscar por su propio
esfuerzo y de manera cotidiana, posibilidades de subsistencia.
Los amigos, la familia y los paisanos parecen constituir las
fuentes primarias e inmediatas de apoyo y ayuda. Otros han sido
beneficiados por la solidaridad local, por las ONG?s que poco
a poco han ido asumiendo la atención del problema. Algunas
entidades del Estado empiezan también a intervenir; sin
embargo se percibe amplia burocratización manifestada en
respuestas tardías, en el marco de un proceso de
neocentralización caracterizado por una restricción
en la toma de
decisiones a nivel local y una imponente espera de
expediciones de decretos, autorizaciones firmas de instancias
superiores o centrales Se evidencia también la falta
preparación de los funcionarios sobre el fenómeno
de desplazamiento, las circunstancias y traumatismos de la
población afectada y los canales y procedimientos
para la búsqueda de posibles alternativas.

El trabajo de termina por observar, igualmente, cierta
estigmatizacion de los desplazados por parte de funcionarios
públicos locales, regionales y nacionales y, en algunos
casos, de la población a donde llegan. En esto influye el
temor a que se reproduzcan en las nuevas zonas las
dinámicas de violencia.

En ciertas áreas se han dado algunos intentos de
coordinación de las instituciones
preocupadas por el fenómeno del desplazamiento forzado. En
algunos casos se ha involucrado al Estado, pero éste no ha
sido líder
convocante. Es necesario reconocer que las ONGs han mostrado
mayor eficiencia y
capacidad de respuesta y de atención a los desplazados que
las instituciones gubernamentales.

Algunos lineamientos nacionales, como el documento
Conpes sobre la población desplazada por violencia y el
Acuerdo del Incora para establecer un reglamento especial de
dotación de tierras para los desplazados forzosos por la
violencia, constituyen, ciertamente, avances en materia de
reconocimiento y voluntad política para ofrecer
atención particular y asignación de presupuestos y
funcionarios. Así mismo, la determinación de una
instancia especifica en el Ministerio del Interior para responder
por la atención estatal, puede constituirse en oportunidad
para articular distintos esfuerzos y garantizar la efectiva
puesta en marcha de programas. Sin
embargo, el tiempo transcurrido ha ido mostrando que a pesar de
la voluntad de algunos funcionarios, el peso de la parsimonia
burócrata ha impedido una atención real y oportuna
de los desplazados.

El SEFC informa que en el año 2000 se presentaron
1.351 eventos de
desplazamiento en los cuales tuvieron que migrar 128.843
personas, pertenecientes a 26.107 hogares. Visto por semestres,
en el primero ser reportaron 51.515 personas el 40%, y el segundo
77.328 personas, el 60% lo que reporta un crecimiento de 50%. De
las 128.843 personas desplazadas se conoce el lugar de
expulsión del 96%, (124.187 personas, de 25.979 hogares ).
De estos desplazamientos, el 35% (467) corresponde al primer
semestre del año y el 65% (884), al segundo semestre, lo
que indica un crecimiento de 89% (Véanse cuadros 1 y
2)

Fuente: red de Solidaridad: sistema de
Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes
Contrastadas ? SEFC.