El drama humano de los desplazados en el conflicto armado colombiano (página 5)

En cuanto a la composición etérea, el SEFC
estima que de las 60.341 personas de las que se conoce su edad,
el 46% es menor de 18 años (véase cuadro 11). En
resumen, y extrapolando las cifras de menores de 18 años y
el porcentaje de mujeres al universo de la
estimación, 128.843 personas, se estima que el 71% de la
población desplazada (91.968 personas)
corresponde a mujeres y menores de 18 años.

Fuente: Red de solidaridad
social. Sistema de
Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes
Contrastadas ?SEFC.

En cuanto a minorías étnicas, de las
53.280 personas sobre las que se conoce su etnia, se
estima que el 19% corresponde a población afrocolombiana y
el 3% a población indígena (Véanse cuadros
12 y 13)

Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de
Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes
Contrastadas ?SEFC.

Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de
Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes
Contrastadas ?SEFC.

El 53% de las personas desplazadas tiene que migrar a
causa de amenazas generalizadas, el 19.42% por enfrentamientos
armados, el 14.80% por masacres, el 5.2% toma de municipios, el
3.43% por amenazas especificas, el 1% por ataques indiscriminados
y menos del 1% por mas de una de las causas anteriores. Visto por
eventos, el
50% de los eventos de desplazamiento se produce por amenaza
generalizada, el 29% por amenaza especifica, el 8.81% por
enfrentamiento armado, el 7.09% por masacres, el 2.50% por la
toma de municipios y el 1.44% por ataques indiscriminados a la
población (véanse cuadro 14 y Gráfica
2).

Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de
Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes
Contrastadas ?SEFC.

Gráfico 18. Factores predominantes de los
desplazamientos

Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de
Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes
Contrastadas ?SEFC.

Gráfico 19.Promedio de personas desplazadas
según autor que realizo la acción armada en
2000

Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de
Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes
Contrastadas ?SEFC.

Respecto a los autores de los desplazamientos, los
datos
consolidados muestran que el 58% de los desplazamientos es
causado por los grupos de
autodefensas, el 11.26% por las guerrillas, el 0.13% por agentes
armados del Estado y el
30.15% por mas de uno de los actores armados. Estas cifras
muestran que la acción de las autodefensas causa mas de la
mitad de los desplazamientos.

El análisis de la información por eventos de desplazamiento
muestra que el
43% de los eventos de desplazamiento ser produce por
acción de guerrilla, el 34% por acción de los
grupos agentes armados del Estado (véanse cuadro 15 y
Gráfica 3).

Estas cifras permiten ver que si bien los grupos
guerrilleros acuden con mas frecuencia al desplazamiento de
población no armada como estrategia para
desocupar poblaciones y avanzar en el control
territorial, las acciones de
los grupos de autodefensas parecen tener un nivel de incidencia
mas alto en tanto desplazan mayor numero de personas. Mientras en
las acciones de la guerrilla se desplazan, en promedio, 24
personas, en acciones de los grupos de autodefensas se desplazan
154 personas.

Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de
Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes
Contrastadas ?SEFC.

Gráfica 20. Presuntos autores de
desplazamiento en 2000

Fuente: Red de Solidaridad Social. Sistema de
Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes
Contrastadas SEFC

Finalmente, el SEFC permite estimar que un
enfrentamiento armado desplaza, en promedio, a 185 personas, en
una toma, a 176 personas; una masacre, a 175 una amenaza
generalizada, a 89 personas, un ataque indiscriminado, a 52
personas; y una amenaza especifica, a 10 personas (véanse
cuadros 16 y 17 y Mapa 4).

Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de
Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes
Contrastadas ?SEFC.

Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de
Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes
Contrastadas ?SEFC.

Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de
Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes
Contrastadas ?SEFC.

Gráfico 21. Causas de los desplazamientos por
tipo de acción y por eventos en 2000

Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de
Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes
Contrastadas ?SEFC.

Gráfico 22. Promedio de personas desplazadas
según autor que realizo la acción armada en
2000.

Fuente: Red de solidaridad social. Sistema de
Estimación del Desplazamiento Forzado por Fuentes
Contrastadas ?SEFC.

El SEFC estima que en el año 2000 retomaron
47.338 personas que integraban 9.62 hogares. En total se estima
que se presentaron 231 retornos en 138 municipios,
correspondientes a 29 departamentos. Así mismo, el SEFC
estima que tuvieron lugar 51 renunciaciones en 43 municipios,
correspondientes a 20 departamentos, con un total de 2.835
personas pertenecientes a 675 hogares (véanse mapas 5 y
6).

CAPÍTULO 6

LOS
DERECHOS
HUMANOS Y LOS DESPLAZADOS

Las violaciones del Derecho
Internacional Humanitario no son conceptos abstractos en
Colombia, sino la
cruda realidad de la vida diaria. La guerra irrumpe
en las actividades cotidianas de una finca, una aldea, una
iglesia, un
autobús público o una escuela al ritmo
de la llegada de combatientes armados por un sendero o en un
vehículo todo terreno. A veces, los hombres armados eligen
con cuidado a sus víctimas en listas. Otras, asesinan
sencillamente a los que tienen más a mano, para sembrar
terror. De hecho, la disposición a cometer atrocidades es
una de las características más estremecedoras de la
guerra Colombiana.

Las comunidades arrastradas han intentado negociar
acuerdos locales con combatientes para proteger sus vidas. No
obstante, ninguna de las partes en conflicto ha
respetado esa decisión, lo que demuestra lo difícil
que es cambiar la conducta de estos
grupos en la práctica. Las negociaciones de paz han estado
condenadas al fracaso debido sobre todo a que no se plantean
asuntos fundamentales, como la impunidad por
las violaciones de los Derechos Humanos y del
Derecho Internacional Humanitario, ni el cese al fuego, ni el fin
de ataques a la población civil.

Colombia expone las violaciones del Derecho
Internacional Humanitario por parte de tres instituciones
del Estado: el Ejército de Colombia, la Policía
Nacional y las CONVIVIR. (Aún en duda si originaron los
grupos paramilitares).

Las organizaciones
internacionales, incluso las Naciones Unidas y
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han
emitido repetidas veces recomendaciones detalladas al gobierno de
Colombia para mejorar la protección de los Derechos
Humanos, combatir la impunidad, mejorar las condiciones humanas
de detención a muchas personas acusadas o condenadas por
terrorismo o
rebelión, pues, en general, las condiciones son nefastas,
especialmente para las personas que el Estado
considera miembros de medio o bajo rango de las organizaciones
insurgentes. Mientras que es posible que los líderes
encarcelados estén albergados en lugares muy
cómodos dentro de centros de máxima seguridad y
reciban los alimentos y las
medicinas que quieran, los presos de las bases de estas
organizaciones viven en bloques de celdas sumamente hacinados
donde los actos de violencia son
habituales y existe una carencia crónica de alimentos,
agua y
atención médica.

INFRACCIONES GRAVES AL DERECHO
INTERNACIONAL

HUMANITARIO

• Ataques contra la vida, la integridad física o moral y la
  supervivencia de las personas protegidas.
• Reclutamiento de menores.
• Homicidio intencional.
• Juicios sumarios.
• Tortura y tratos crueles e inhumanos.
• Atentados contra el personal
  sanitario y religioso.
• Desaparición forzada.
• Uso de medios y
  métodos
  de combate prohibidos.
• Ataques contra la población civil.
• Actos terroristas.
• Usar a la población civil como
  escudo.
• Armas prohibidas
• Ataques indiscriminados.
• Perfidia
• Ataques fuera de combate.
• Ordenar que no haya sobrevivientes.
• Desplazamiento forzado.
• Hacer padecer que hambre a la
  población.
• Toma de rehenes.
• Secuestro.
• Bienes protegidos.
• Bienes civiles.
• Bienes sanitarios.
• Bienes indispensables para la supervivencia de la
  población civil.
• Pillaje.
• Ataques a instalaciones que contengan fuerzas
  peligrosas.

VIOLACIONES A LA LEGISLACIÓN
NACIONAL

NORMATIVIDAD

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA

ART. 18 DERECHO A LA LIBERTAD DE
CONCIENCIA

ART. 22 DERECHO A LA PAZ

ART. 24 DERECHO A LA LIBRE CIRCULACION

ART. 40 DERECHO AL VOTO

CODIGO PENAL COLOMBIANO

ART. 186 CONCIERTO PARA DELINQUIR

ART. 187 TERRORISMO

ART. 192 PERTURBACION SERVICIO DE
TRANSPORTE
COLECTIVO U OFICIAL

ART. 40 DERECHO AL VOTO

ART. 248 PERTURBACION ELECTORAL

ART. 249 CONSTREÑIMIENTO AL ELECTOR

ART. 293 VIOLACION DEL DERECHO POLITICO ENTRE
OTROS

DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERCHOS
HUMANOS

ART. 13 LIBERTAD DE CIRCULACION

ART. 21 Numeral 1 y 3 PARTICIPACION
DEMOCRATICA

PROTOCOLO II

ART. 4 Numeral 2, Literal d (ACTOS DE
TERRORISMO)

ART. 4 Numeral 2, Literal h (AMENAZAS)

ART. 4 Numeral 2, (PROHIBE LAS AMENAZAS DE VIOLENCIA
CUYA FINALIDAD SEA ATEMORIZAR A LA POBLACION CIVIL), entre
otros.

El tipo de violaciones cometidas por el Ejército
varían en función de
la región y la unidad. En el oriente de Colombia, donde
los paramilitares son una fuerza
débil o que todavía no han avanzado lo suficiente,
el Ejército está implicado directamente en el
asesinato, tortura o amenazas a personas que no participan
directamente en las hostilidades o de combatientes que se han
rendido o han sido capturados, en condiciones calificadas por los
Convenios de Ginebra como horas de combate (fuera de combate). En
el resto del país, donde los paramilitares tienen una
presencia destacada, el Ejército no adopta medidas contra
ellos y tolera sus actividades, entre ellas graves violaciones
del Derecho Internacional Humanitario; suministra
información de inteligencia a
los grupos paramilitares para que lleven a cabo sus operaciones; y en
otros casos promueve y se coordina activamente con las unidades
paramilitares y participa en maniobras conjuntas con ellos que
suelen resultar en Cundinamarca. Las unidades de las AUC suelen
operar en coordinación directa con las fuerzas de
seguridad Colombianas, las AUC también actúan de
manera independiente y cuentan con su propia estructura de
mando, fuentes de suministro de armas y
provisiones y planificación de operaciones.

El líder
de las AUC, Carlos Castaño ha declarado reiteradamente su
voluntad de comprometer a sus fuerzas a que respeten el Derecho
Internacional Humanitario, lo cual si se pone en práctica,
supondría un avance en la protección de la vida
humana. Sin embargo, Castaño también ha afirmado
que las características de la guerra Colombiana (con
muchos combatientes sin uniforme ni identificación) hacen
que las normas estrictas
sean difíciles si no imposibles de aplicar. En cambio, ha
defendido una versión "criolla" del Derecho Internacional
Humanitario, que es incompatible con un principio esencial de
este derecho: la protección de los combatientes rendidos,
capturados o que de cualquier manera se encuentran en un estado
de indefensión.

La Policía Nacional también ha incorporado
el tema de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario a su discurso
oficial, y realiza capacitaciones periódicas sobre estas
normas internacionales a sus agentes. En general, los mandos
policiales prestan más atención que los militares a
los informes sobre
abusos cometidos por sus subordinados y están más
dispuestos a iniciar investigaciones
sobre estos hechos. En varias ocasiones, la Policía ha
calificado públicamente a comunidades enteras de
guerrilleros o simpatizantes de la guerrilla y retira la
protección policial, una violación de su responsabilidad de proteger a los civiles en
situaciones de peligro de conformidad con el derecho Colombiano e
internacional. En lugar de reforzar la presencia policial tras
los ataques de la guerrilla, los mandos policiales retiran a los
agentes, promoviendo o permitiendo de este modo que los
paramilitares circulen libremente en la zona y asesinen a
civiles.

Las CONVIVIR están autorizadas por el gobierno y
dirigidas por civiles que presuntamente practican la autodefensa
y constituyen una red de respuesta
rápida contra los ataques de la guerrilla. Sin embargo,
varias CONVIVIR han participado directamente en las hostilidades,
han atacado a la guerrilla y han colaborado estrechamente en
operaciones militares y policiales. Las CONVIVIR desdibujan
peligrosamente la línea divisoria entre civiles y
combatientes, lo que expone a los civiles al riesgo de ataque.
Además, el gobierno hasta ahora no ha supervisado ni
controlado eficazmente a las CONVIVIR, y algunas de ellas han
asesinado o amenazado de muerte a
civiles.

Las FARC, la
más grande guerrilla Colombiana, intenta adaptar sus
métodos de lucha a las normas internacionales cuando
consideran que existe un beneficio político, exhiben su
respeto al
Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, en decenas de
otros casos donde no existe un beneficio claro, violan
flagrantemente el Derecho Internacional Humanitario. Entre las
violaciones documentadas se encuentran masacres y asesinatos
planificados de civiles, asesinato de combatientes fuera de
combate, tortura, toma de rehenes, pillaje y ataques a objetivos sin
carácter militar como ambulancias. Una y
otra vez, las FARC niegan su participación en este tipo de
violaciones incluso cuando la prueba de su responsabilidad es
contundente.

La UC-ELN (Unión Camilista del Ejercito de
Liberación Nacional) fue uno de los primeros grupos
insurgentes de Colombia que inició un debate interno
sobre el Derecho Internacional Humanitario. Incluso cuando
Colombia no quiso adoptar el Protocolo II, la
UC-ELN reclamó negociaciones con el fin de "humanizar" el
conflicto político. Sin embargo, ésta apertura a la
negociación todavía no se ha
reflejado en su conducta real. De hecho, la UC-ELN cuestiona
enérgicamente los conceptos del Derecho Internacional
Humanitario, a veces para justificar tácticas que
constituyen claras violaciones y en la práctica demuestra
un desdén claro por estas normas. Además, la UC-ELN
viola la prohibición de atacar objetivos sin
carácter militar mediante la colocación
sistemática de explosivos en los oleoductos Colombianos
con el fin de extorsionar a las compañías
petroleras y demostrar sus objetivos políticos.

El EPL informó que respeta el Derecho
Internacional Humanitario, con ciertas excepciones. Por ejemplo,
permite que sus fuerzas ejecuten a personas que participan en
grupos paramilitares. Dichas excepciones confirman que en los
hechos cometen asesinatos políticos que los disfraza de
juicios, más el asesinato de familiares de desertores de
la guerrilla y de combatientes fuera de combate, la toma de
rehenes y los ataques a objetivos sin carácter militar,
como los autobuses públicos.

Todas las fuerzas en contienda en Colombia provocan
desplazamientos y reclutan niños
menores de quince años, sin importar en lo absoluto lo
dispuesto por el Derecho Internacional Humanitario. Actualmente,
más de un millón y medio de Colombianos han sido
desplazados por la violencia. Dentro de las causas principales
del desplazamiento forzado están las violaciones de los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. El
desplazamiento forzado suele ser el resultado de ataques
indiscriminados, el terror causado por las masacres, los
asesinatos selectivos, la tortura y las amenazas.