El drama humano de los desplazados en el conflicto armado colombiano (página 6)

LOS DERECHOS HUMANOS
EN COLOMBIA

Y LA COMUNIDAD
INTERNACIONAL

La Unión
Europea, algunas embajadas y diplomáticos Europeos han
desempeñado papeles destacados en el intento de disminuir
la violencia
política y
el sufrimiento causado por ésta. En abril de 1997, el
Embajador de los Países Bajos, Gysbert Bos, realizó
una visita de tres días a la región del Magdalena
Medio, en parte para llamar la atención sobre el aumento de la actividad
paramilitar y el desplazamiento. Esta visita fue considerada
especialmente importante teniendo en cuenta que, en ese momento,
los Países Bajos ocupaban la presidencia de la
Unión Europea (UE).

La Unión Europea sigue presionando a Colombia para que
mejore su historial en materia de
Derechos Humanos,
emitiendo declaraciones fuertes criticando los niveles de
impunidad y la
falta de implementación de las recomendaciones de la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Después de los homicidios de
los defensores de Derechos Humanos Jesús María
Valle y Eduardo Umaña, el Parlamento Europeo aprobó
resoluciones condenando las matanzas y solicitando a las
autoridades Colombianas que investigaran y "tomaran medidas
urgentes, eficaces y preventivas para proteger la seguridad
personal y
garantizar las actividades de las personas que defienden los
Derechos Humanos, sociales, laborales y de campesinos y a los
líderes políticos." Igualmente solicitó
desmantelar a los grupos
paramilitares y a las Convivir.

Las siguientes recomendaciones son hechas por la
Comunidad Internacional a Colombia y se basan en las normas antes
mencionadas y reflejan el tipo de violaciones que todas las
partes del conflicto
cometen. Esto significa en concreto:

• El cese de los asesinatos de personas que no
  participan directamente en el conflicto, incluyendo la
  ejecución de detenidos después de la
  realización de supuestos juicios. Las personas
  protegidas no son sólo los civiles que no participan
  directamente en las hostilidades, sino también los
  civiles cuyas opiniones puedan ser partidistas:
• El cese de los asesinatos de combatientes fuera de
  combate;
• El cese de la tortura;
• El cese de la mutilación de
  cadáveres;
• El cese de las amenazas de muerte
  contra civiles, incluida la amenaza de considerar civiles
  "objetivos
  militares".
• El cese de los ataques a personal religioso o
  sanitario que cumplen con su tarea protegidos por el Derecho
  Internacional Humanitario;
• El respeto a
  las estructuras
  y los vehículos marcados con el distintivo de la Cruz
  Roja Internacional.
• Las fuerzas deben dejar de utilizar, importar,
  producir y almacenar minas antipersonales, que por
  definición son armas
  indiscriminadas prohibidas por el Derecho Internacional
  Humanitario.
• La adopción
  de un protocolo
  facultativo a la Convención de las Naciones Unidas
  sobre los Derechos del
  Niño que aumente la edad mínima para el
  reclutamiento o la participación en las
  hostilidades de los 15 a los 18 años.
• La prohibición de la participación de
  niños
  en las hostilidades no debe limitarse a la participación
  "directa", sino que debe incluir la participación de
  menores en tareas de apoyo, dado que los niños que
  prestan estos servicios
  suelen participar directamente en las hostilidades
  posteriormente.
• Los bandos deben eliminar las prácticas que
  provocan el desplazamiento forzado y dar instrucciones a sus
  combatientes para que eviten el desplazamiento forzado de
  civiles.
• Los bandos deben adoptar reglas claras sobre la
  instalación de retenes para evitar la muerte de
  civiles. Se debe dejar claro a los combatientes que las
  ejecuciones extrajudiciales cometidas en los retenes
  está absolutamente prohibida por el Derecho
  Internacional Humanitario.
• Los atentados contra los funcionarios elegidos
  democráticamente, candidatos electorales y otros que
  expresan una opinión política también
  están prohibidos.

LAS PARTES EN CONFLICTO DEBEN NEGOCIAR LOS SIGUIENTES
PUNTOS CON CARÁCTER PRIORITARIO:

• Un mecanismo para mejorar la localización e
  identificación de las personas "desaparecidas," heridas
  y caídas en combate, y asistir en las tareas de
  evacuación de civiles protegidos de las áreas de
  combate;
• Un mecanismo para establecer zonas desmilitarizadas
  en las áreas de combate para la protección de
  civiles y el tratamiento de heridos;
• Un mecanismo para identificar y señalar de
  manera adecuada los edificios de la salud y religiosos, los
  monumentos históricos y culturales y las áreas
  donde existen zonas de peligro, tales como represas, diques y
  centrales nucleares de energía
  eléctrica dado que de acuerdo al artículo 15
  del Protocolo II se encuentran protegidas. Se deben dar
  instrucciones a los combatientes para que se abstengan de
  atacar estas instalaciones. Se debe impartir al mismo tiempo una
  educación a la población sobre el significado de estos
  símbolos internacionales.

Las Comisiones de Relaciones Exteriores y Defensa y el
subcomité de Derechos Humanos organizaron en Bruselas en
1995, una audiencia pública del Parlamento Europeo y se
destaco la ponencia del diputado Carlos Carnero que
trabajó el tema  "La inclusión del respeto
de los principios
democráticos y de Derechos Humanos en los acuerdos
entre la Comunidad Europea y terceros países" ,
en la que sostiene :

• La Comunidad Europea es pionera en el camino hacia
  una sociedad
  más justa y hacia un nuevo orden mundial basado en la
  dignidad de
  los seres humanos.
• El mercado y
  sus leyes no deben
  avalar la falta de derechos y de protección social, por
  el contrario cobrará sentido al servicio del
  bienestar material, social, cultural de la
  humanidad.
• El desarrollo
  no existe sin paz ni democracia.
  Por todo lo anterior una investigación como esta, al menos
  encuentra una luz de
  esperanza a los grupos económicos desarrollados y en
  especial la Unión Europea pueden condicionar su
  colaboración económica, comercial al mejoramiento
  del ser humano y a sus condiciones de vida. Todos pueden evitar
  desplazados.

CAPÍTULO 7

EL GOBIERNO DE
COLOMBIA Y LOS DESPLAZADOS

El gobierno colombiano ha generado una serie de medidas,
normas, e instituciones
para atender a la población desplazada, en ocasiones por
recomendación de los organismos internacionales y en otras
por las presiones de la población civil e incluso de las
ONG. El
capitulo realiza un análisis de los principales
aspectos.

El desarrollo de los parámetros internacionales
para los desplazados internos, fueron presentados por el
Representante del Secretario General para los Desplazados
Internos a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones
Unidas en abril de 1998. La Comisión, compuesta por 53
miembros, tomó nota de los principios en una
resolución adoptada por unanimidad, y reconoció la
intención declarada del Representante de utilizarlos en su
trabajo. Le
pidió que informará sobre los esfuerzos realizados
y sobre las opiniones expresadas por los gobiernos, las organizaciones
intergubernamentales y las ONG. La resolución
también señaló que los Principios Rectores
habían sido bien recibidos por el Comité Permanente
lnter-Agencias (CPIA), compuesto por los responsables de las
principales organizaciones internacionales humanitarias y de
desarrollo, el cual había pedido a sus miembros que los
discutieran con sus juntas rectoras. La decisión del CPIA
de marzo de 1998 también había alentado a sus
propios miembros a discutirlos con su personal ya aplicar los
principios en sus actividades en favor de los Dl.

Red de solidaridad
social

La Red de Solidaridad Social es
una iniciativa presidencial que convoca a la solidaridad nacional
para atender las necesidades apremiantes de los grupos de
población más pobres y vulnerables del país
y facilitar su participación en los grandes programas
sociales. Bajo esta orientación, la Red ejecuta un
conjunto de acciones que,
articuladas entre sí, buscan mejorar la calidad de
vida de estos grupos y consolidar el ejercicio de sus
derechos ciudadanos. Es el ente oficial encargado de atender el
problema del desplazamiento

El Ministerio de Salud es el ente público con la
responsabilidad de la vigilancia de la Salud de
los desplazados. Cuenta con una unidad dentro de la
subdirección de Urgencias, Emergencias y Desastres
focalizada en los desplazados.

ORGANIZACIÓN ACTUAL DE LOS
DESPLAZADOS

La siguiente información recoge en forma
sistemática y critica el conjunto de acciones y procederes
tanto del equipo asesor y acompañante como del grupo de
familias desplazadas.

El proceso de
organización ha tenido diversos momentos
que han significado crisis,
oportunidades de aprendizaje y de
cohesión, valoración sobre las posibilidades,
limites y exigencias que requiere una organización, en las
características propias del desplazamiento.

La necesidad de construir procesos de
organización y liderazgo fue
una propuesta desde el comienzo del trabajo e incluso hacia parte
explícita de los objetivos del contrato con el
INCORA. Como tal, se pretendía no necesariamente una
organización formal, pero si la distribución de responsabilidades y
gestiones, como mecanismo práctico para la
resolución de necesidades. Desde el principio, se busco
generar un compromiso claro por parte de las y los desplazados,
para ir avanzando de manera responsable hacia la decisión
y construcción de sus soluciones. En
esa medida, fue preocupante la facilidad con que se generaba
dependencia con respecto a los agentes externos en los aspectos
más simples.

Las formas organizativas variaron de acuerdo con las
exigencias propias de cada momento y con los intereses y visiones
de los participantes en el proceso, tanto de los desplazados como
de los asesores y de las instituciones que formulaban exigencias.
A continuación se presentaran tres momentos diferentes de
formas de organización de los desplazados: Las
delegaciones veredales, ASIPRODES y los grupos por
reinstalación.

A. PRIMERA FASE: LAS DELEGACIONES VEREDALES: Los
desplazados después de haber salido de sus regiones y ante
las múltiples necesidades, unas de las instituciones que
se constituyeron en punto de encuentro y de apoyo fueron las
Iglesias y particularmente, la parroquia católica. El
mecanismo que se fue gestando para la distribución de
recursos, para la
elaboración de listas y demás, fue el de
seleccionar unos líderes por cada una de las veredas. En
muchos casos esos líderes eran los pastores de distintas
iglesias y líderes comunales, con experiencia en las
Juntas de Acción
Comunal.

Una de las preocupaciones que pesaban más en la
definición de dicha organización era la de
garantizar que quienes estuvieran recibiendo los beneficios
fueran realmente desplazados. Dado que la migración
forzada había sido masiva y que podían
identificarse como vecinos, resultaba entonces práctica
esta organización por veredas. Se nombraron delegados
representantes de cada vereda y estos servían tanto de
controladores, como de canales de comunicación en unas relaciones que
resultaban masivas.

El momento se caracterizo por:

* La orientación hacia la resolución de
problemas
inmediatos como el hambre y las enfermedades.

* Una relación de marcada dependencia con
respecto a quien gestionaba los recursos y quien se relacionaba
con las entidades, sin mayor información.

* Los líderes tenían relación con
el sacerdote pero no la tenían entre si como grupos de
toma de
decisiones o como ente propositivo.

* La labor de los líderes en la toma de
decisiones frente a los demás miembros de su vereda estaba
definida por las directrices que fijara el sacerdote.

* Los líderes actuaban como convocantes a las
reuniones, lo cual dentro del contexto de alta dispersión
de la población facilitaba los encuentros.

* Algunos líderes respondían a esquemas de
liderazgo tradicional, concentrando información y tomando
decisiones.

* La rotación de los líderes se fue
creciendo, en la medida en que cada cual estaba buscando sus
formas de sobrevivencia

B. SEGUNDA FASE: LA CONFORMACIÓN DE "ASOPRODES" Y
LOS COMITÉS DE TRABAJO: Los temores e intereses que, en
medio del conflicto existían, se conjugaron para generar
una nueva organización:

* Las delegaciones veredales se volvían poco
operativas en cuanto a capacidad de convocatoria, pues las
familias se encontraban cada vez más dispersas en el casco
urbano.

* Los intereses actuales dejaban de estar ligados a los
lugares de origen, ahora se trata de conseguir trabajo,
educación y salud.

* El dialogo con las
instituciones privadas y del Estado
exigían cierta formalidad que se podía expresar en
las categorías tradicionales de organización en la
posesión de una personería jurídica y una
estructura que
representara a los asociados.

* El equipo externo conformado por los profesionales de
la Pontificia Universidad
Javeriana y ACPO, temían mucho a una organización
formal que podría, por una parte, diluir la
participación y la responsabilidad de los desplazados y,
por otra, exponer a los posibles líderes a ser asesinados
como venia sucediendo a las organizaciones populares en otros
lugares del país. Por tanto, impulsaron la
elaboración de un diagnostico participativo en el que se
precisaran las necesidades y sugirieron la conformación de
unos comités flexibles de trabajo para atender dichos
problemas.

* El sacerdote, Jorge Uribe interesado en el retorno de
los desplazados y en la consolidación de la
organización alrededor de dicha vereda, impulsaba la
continuación de las acciones por medio de la
personería jurídica de la existente
Asociación de Cosecheros de Maíz y de
la Casa de la Cultura
Campesina que dependía de el, insistiendo además en
la necesidad de que fuera una sola organización y en que
los desplazados no se dividieran.

* Algunos desplazados con base en las experiencias de
las Juntas de Acción Comunal y otras organizaciones
tradicionales (como el caso de la Asociación Nacional de
Usuarios Campesinos ANUC) impulsaron la conformación de
una asociación de desplazados con toda la formalidad y la
asignación de cargos de costumbre. Algunos de ellos,
ligados a los políticos tradicionales veían en los
desplazados una posibilidad de movimiento de
sus intereses.

La decisión de constituirse en un ente formal,
autónomo, con personería jurídica, con unos
directivos elegidos por la asamblea, surgió en una
reunión convocada por los mismos, sin participación
del equipo asesor. Ante tal decisión el equipo de la
universidad y de ACPO decidieron acompañar a la gente y
ayudarles a madurar en el proceso organizativo que habían
decidido.

ASOPRODES ha venido constituyéndose, desde
entonces en espacio aglutinador de los desplazados, y su historia ha estado marcada
por distintas fases:

ACOMODACIÓN: Una de las primeras tareas fue
buscar coherencia entre la organización de comités
que estaban ya realizando trabajos, pero que no tenían
mayor articulación con la junta directiva.

-La necesidad de definir reglas del juego
básico, que como cuestión formal quedaron
consignadas en los estatutos, pero que en la práctica poco
ha movido las formas de participación de las personas. Sin
embargo, han servido para justificar decisiones en momentos
críticos.

-El otro trabajo era la formalización de la
personería jurídica. La elaboración de los
estatutos, la realización de la Asamblea respectiva y,
sobre todo, las diligencias ante los organismos encargados de la
respectiva aprobación y registro
demandaron esfuerzos y recursos con los cuales los desplazados no
contaban. Con la ayuda del equipo asesor y a donaciones de
particulares, fue posible la realización de tales
diligencias.

-La etapa de que se esta describiendo se conformaron los
comités de salud, vivienda, educación, trabajo,
tierras y paz. En diferentes grados de intensidad y, según
momentos y circunstancias, dichos comités han funcionado
respondiendo a las necesidades y posibilidades que se obtienen.
Curiosamente, el comité de paz, tal vez porque tiene menos
expresiones materiales
concretas no ha logrado funcionar como tal.

C. TERCERA FASE: REAGRUPAMIENTO POR TIPO DE
SOLUCIÓN: Algunas soluciones concretas o perspectivas de
solución, dispersan y relocalizan a los desplazados.
Así para enero de 1998 se veía con claridad que
cerca de 60 familias se reubicarían en la finca
Quindío, que 22 lo harían en la Duda, y 43 familias
habían retornado a Jerusalén y Quimari. Cerca de 30
familias que se habían ubicado desde hace más un
año en Villamadeira y un buen grupo de familias, cerca de
120, tenían clara su decisión de permanecer
viviendo en el casco urbano del municipio.

Las necesidades e intereses e incluso las instituciones
con que cada grupo debe relacionarse son diferentes. Ello exige
una revisión de la asociación, pues cada grupo
requiere de su propia organización diferenciada. Por ahora
se han ido definiendo varios grupos con organización
particular formal o informal, manteniendo su vinculación
con ASOPRODES. El futuro de la asociación lo irán
definiendo los miembros según los intereses y
circunstancias.

El equipo de asesoría y acompañamiento
decidió, ante tal perspectiva, concentrarse en unas
jornadas de reflexión sobre diversos temas con quienes,
dentro de la asociación, se hubieran destacado por su
participación activa en el trabajo y
que representaran a cada una de estas soluciones, de manera que
se consolidaran en su liderazgo y que tuvieran una mayor
información sobre temas como las comunidades de paz, el
derecho internacional humanitario, la planeación
y la organización comunitaria.

El siguiente escrito muestra la actual
situación de los desplazados, con el animo de contribuir a
la orientación en las acciones que se puedan realizar
posteriormente. En principio es necesario aclarar que la
población de la cual se esta hablando, se ha dispersado en
diversos grupos, según las opciones de vida que les ha
sido posible tomar. A continuación se refiere a cada uno
de los grupos.

El resultado del proceso de búsqueda y gestión
de tierras con el INCORA el 31 de diciembre de 1997, se realizo
la negociación de la finca El Quindío,
en jurisdicción del municipio de Montería, en la
inspección de Nueva Lucia. Allí fueron asignadas 61
familias, 60 de las cuales provienen del desplazamiento masivo de
mayo del 96 y la otra proveniente de una experiencia diferente y
que había estado residiendo en Montería. A la fecha
se han realizado las siguientes gestiones:

-Las reuniones convocadas por los líderes del
grupo han sido múltiples, para tomar decisiones de frente
a las distintas exigencias institucionales. Otras reuniones han
sido convocadas por el equipo para definir cuestiones que
permitieran elaborar el proyecto de
reasentamiento.

-La preparación de un proyecto de reasentamiento,
que incluye la propuesta para vivienda provisional. Esta ultima
realizada por un funcionario de la Consejería Presidencial
para Desplazados.

Los factores de conflictos son
varios en los que se conjugan no sólo las desconfianzas
internas y el desconocimiento frente a situaciones novedosas de
convivencia, sino algunas arbitrarias intervenciones de
funcionarios y, sobre todo, la demora en la posibilidad de
reinstalación.

Las familias solicitantes de tierra de las
cuales veintidós fueron asignadas a la finca La Duda,
junto con 78 más provenientes de distintos grupos que
llegaron desplazados al municipio de Montería. En la
gestión del proyecto y el proceso el equipo de la
Javeriana y de ACPO no han participado, pues la asignación
fue dada por cupos disponibles ante la capacidad de la
finca.

Los reubicados en el casco urbano de Tierralta son cerca
de 150 familias y han tomado la opción de quedarse a vivir
y a trabajar allí, ante las dificultades, las condiciones,
las restricciones y la lentitud de los procesos de
reubicación en una zona rural, con el apoyo del
INCORA.

La necesidad de vivienda aunque ha sido expresa desde el
primer momento del desplazamiento, y por ello se creo un
comité de trabajo, este sólo se ha ido consolidando
en la medida en que se han concretando las soluciones de tierras
para los grupos de Quindío y La Duda. Así, de
manera más evidente, y a partir de los últimos
meses del año 97, se han estado reuniendo de manera
periódica un grupo numeroso de personas, para darle forma
lentamente a una organización, con unos directivos que les
representen. En una reunión de redefinición de
tareas y de apoyo a la organización surgieron las
siguientes actividades:

– Las familias individualmente aportan cuotas de $2.000
quincenales

– Las reuniones de información se realizan cada
quince días.

– Los lotes apropiados en el casco urbano y costos de los
mismos se estuvieron buscando y averiguando.

– La alcaldía se comprometió a ceder un
lote frente al barrio Nuevo Oriente, garantizando la
instalación de la red de servicios básicos y el
levantamiento topográfico. Este compromiso esta por
escrito en un acta de reuniones con el equipo de la Universidad
Javeriana y de ACPO y también quedo registrado en una
carta enviada
a INURBE en Bogotá, para efectos de que esta entidad se
interese por el proceso de construcción.

-Las familias han conseguido 600 estacas para delimitar
los lotes individuales.

-Las familias han estado haciendo comunicaciones
con INURBE, SERVIVIENDA, FEDEVIVIENDA, la Universidad Javeriana,
Facultad de Arquitectura,
entre otras, para solicitar apoyo en la
construcción.

-Algunos han solicitado y ya se ha realizado el
levantamiento topográfico del lote en conjunto por parte
de la Secretaria de Obras Publicas y la de Planeación
Municipal.

– Algunos han realizado rifas con participaciones de
todos los interesados para conseguir fondos y, visitas a los
solicitantes para verificar sus condiciones y
necesidades.

La información con la que se cuenta recogida en
estos formularios hace
posible que se tenga una visión sociodemográfica de
las familias que han tomado la opción de reubicarse en el
casco urbano de Tierralta.

La Iglesia
Latina, una iglesia evangélica, decidió buscar la
solidaridad y recoger algunos fondos que fueron destinados a la
compra de terrenos en la zona suburbana, en la vía que
conduce a Urra, a raíz del desplazamiento masivo de mayo
de 1996. Repartieron dichos terrenos en 60 lotes con miras a que
las familias tuvieran un sitio donde ubicarse. Algunos recibieron
un apoyo adicional para madera y tejas
y así, paulatinamente fueron asentándose, en
viviendas muy precarias sin ningún tipo de infraestructura
de servicios. Los lotes no pueden ser vendidos y la
donación se hizo a los niños.

Las 30 familias que residen actualmente allí, han
ido organizándose alrededor de la cuestión
religiosa, siendo cultos, las campañas evangelistas y la
escuela
dominical, las actividades comunitarias que realizan. Al mismo
tiempo se han ido definiendo unas reglas de convivencia muy
estrictas, frente a la cultura costeña, que prohíbe
la realización de fiestas, el trago y la música. No se admiten
personas que no sean cristianas, y que no asuman estos
compromisos.

Las actividades de los hambres adultos se concentran en
el jornaleo agrícola, que no es fijo y cuya demanda no es
suficiente para la mano de obra disponible. Las mujeres por su
parte en la mayor parte de los casos se dedican al hogar y a
cuidar los niños y sólo algunas generan ingresos a
través de la venta de
comida.

Las veintinueve familias registradas, sólo en
cinco la mujer es
cabeza de hogar y la población menor de 15 años
llega al 55% y a diferencia de la tendencia general, los hombres
superan a las mujeres en cantidad.

La organización inicial que tenían los
desplazados en Tierralta, a través de delegados veredales,
se fueron conociendo experiencias diversas de organización
en cada caso. Así fue como se conoció de la
vivencia de las familias de Jerusalén y de su deseo por
retornar en medio de grandes incertidumbres. Luego de varias
reuniones para ir buscando caminos y apoyos que facilitaran ese
proceso, se fue dando un retorno de familias de manera muy lenta.
Una de las instancias convocadas fue la Prelatura del Alto Sinu y
San Jorge, a cuya cabeza estaba Monseñor Vidal, y quien
acepto acompañar la peregrinación a la vereda, que
ha tenido una tradición católica. Esta
celebración se realizo en el mes de septiembre de 1997 y
en ella participaron desplazados de otras veredas.

Las gestiones que se realizaron, entre ellas estuvo la
solicitud al municipio, para nombrar un maestro para la escuela y
una promotora de salud, hechos que se dieron a principios de 1998
a la fecha están asistiendo 25 niños y niñas
a la escuela, cuyo profesor es
miembro de una de las familias de la vereda.

La gestión que realizo el Sr. Obispo,
posteriormente se logro el apoyo de la Consejería
Presidencial para desplazados, la cual dio un aporte de 60
millones de pesos para apoyar a los desplazados en Tierralta y
Montelibano. De lo correspondiente a Tierralta, se asignaron
cinco millones de pesos para las veredas de Jerusalén y
Quimari. Como este dinero estaba
coordinado por un sacerdote de la parroquia, un comité
estuvo coordinando la gestión y distribución de
estos recursos. Sin embargo, por falta de definición
concertada en los criterios, surgió una crisis en la
comunidad, pues esta comisión debía responder por
los deudores de este aporte, los cuales optaron por seleccionar
sólo a algunos vecinos.

La inconformidad y el conflicto allí surgido, se
opto por hacer una reunión aclaratoria, en donde se
decidió cubrir con recursos provenientes de la
Fundación Social a las otras familias, de manera que la 41
registradas quedaran apoyadas de manera equitativa, por un aporte
de $200.000 destinados a actividades agrícolas.

El mes de mayo del 98, el Ministerio de Agricultura
informo que aprobaba una solicitud realizada apoyo en la
seguridad alimentaria, por un valor de seis
millones de pesos, y con la asistencia técnica de la UMATA
municipal. Para efectos de decidir el uso de este aporte, se
realizo una asamblea en la vereda, en donde se definieron algunos
acuerdos y responsables.

La medida en que el proceso ha avanzado, otras familias
que han subido a veredas cercanas han solicitado apoyo. Tal es el
caso de la vereda de Bony. Pero por otra parte, la presencia de
grupos paramilitares también ha retornado de manera
reciente a estas veredas y se mantiene una actitud de
expectativa frente a los sucesores próximos. Es
impredecible el rumbo que tomen estos acontecimientos aunque se
mantiene la esperanza de poder sostener
el retorno, conservando la autonomía comunitaria y sin
comprometerse con estos actores armados.

El acompañamiento a los retornados a Batata ha
sido una actividad que ha quedado en manos de un sacerdote de la
parroquia, debido por una parte a serias dificultades para la
coordinación, dado el manejo de criterios
de trabajo muy distintos, y por otra parte, por la cantidad y
complejidad en el trabajo con los grupos ya mencionados, frente a
los recursos
humanos disponibles en el equipo de la Universidad y de ACPO.
Sin embargo, se han recibido varias solicitudes de apoyo de
algunos líderes de Batata, quienes han decidido organizar
una Asociación de Desplazados autónoma, que les
permita gestionar ellos mismos ante las entidades y buscar
solucionar sus múltiples problemas. Están en
tramite de adquirir personería jurídica y seria muy
importante dentro de la posible continuidad del trabajo prestar
asesoría suficiente a esta nueva dinámica organizativa.

Los desplazados por lo general, buscan parientes,
compadres o conocidos en las capitales y cabeceras municipales,
donde les ceden un rincón de la casa para dormir en
hamacas o esteras. Otros ni siquiera tienen donde llegar. El 43%
de los desplazados llegan a las capitales sin ayuda alguna, a
engrosar los cinturones de miseria. La gran mayoría nunca
regresa a su lugar de origen. Lo peor de todo es que ni siquiera
saben por que perdieron sus tierras.

La descordinación institucional es evidente para
la atención al desplazado según Jorge Rojas de
CODHES, cada organismo del estado actúa por su lado y para
solucionar cualquier problema prima el deseo de protagonismo. La
atención es lánguida, por que el déficit
fiscal ha
obligado a restringir la inversión social; La ausencia de políticas
que benefician a los desplazados es total por parte del estado,
hasta ahora se le da un tratamiento coyuntural a un problema que
se ha convertido en estructural.

La respuesta al conflicto ha sido hasta ahora
coyuntural: El envío de mercados,
asistencia de salud, medicamentos, ropa, y algunas carpas para
los improvisados campamentos. Pero las condiciones de los
desplazados son dramáticas y la poca ayuda recibida es
transitoria.

Los desplazados ante la falta de garantía para su
retorno, prefieren perderlo todo y no regresar. La
reubicación en otro sitio es darle la razón a los
desplazadores y permitirles que cumplan su objetivo
monopolizando las mejores tierras. El gobierno, por su propia
debilidad, no es ninguna garantía, y la comunidad
internacional le ha expresado en numerosas oportunidades su
preocupación por la sistemática violación de
los derechos humanos en el país; en la actualidad cursa un
proyecto de la ley en el
congreso que contempla la creación de una
institución coordinadora del conflicto de los desplazados
y esto sólo será posible con la
participación y la presión
del resto de la sociedad colombiana.

El programa de
atención y apoyo al desplazado se concibe como el que debe
brindar una primera orientación a la persona
desplazada que llega a la ciudad. Esta orientación debe
hacerse primero desde un sitio estratégico de
información, ubicado en los que se han determinado, son
los principales sitios de llegada de estas personas: Terminal de
transporte,
comisarías de familias, inspecciones de policía,
cruz roja, personería, iglesias y centros de
salud.

La información que se brinde aquí es
fundamental pues es la que se le va a posibilitar al desplazado
orientarse en un primer momento y determinar su rumbo, que puede
ser el de quedarse en la ciudad o irse hacia otro
lugar.

Los sitios de información para que funcionen es
necesario en primera instancia hacer un filtro con las
instituciones que reciben a las personas desplazadas para conocer
su nivel de compromiso con el programa pues se requiere que ellas
puedan destinar una o más personas para que se encarguen
de dar la orientación necesaria. Una vez comprometidas las
entidades se procederá a dar inducción, a través de una capacitación, al personal asignado pues es
importante que ellas puedan hacer un diagnostico preliminar,
además de tomar las datos iniciales.
También se busca unificar ciertos criterios y que cada
persona maneje la misma información sobre donde orientar o
remitir a la población desplazada.

La persona si define que va a quedarse en la ciudad, se
le brinda el apoyo a través de los centros de acogida y
atención al migrante, que son lugares donde va a encontrar
una orientación más cualificada y acorde con sus
necesidades. Allí se le hace inicialmente una evaluación
a través de un cuestionario
que da cuenta del estado de sus necesidades, igualmente se
determina cual es la causa de su desplazamiento y como se le
puede apoyar de manera más cualificada. Sino tiene donde
quedarse o no tiene los recursos para hacerlo se le remite al
centro de migrantes, donde podrá permanecer durante un
período de tres a cinco días y donde se les
dará unas condiciones mínimas de sobrevivencia
mientras se reubica o retorna su lugar de origen, si fuese el
caso.

Los desplazados llegan a la ciudad con la esperanza de
busca solución de vivienda y las necesidades
básicas que en principios son atendidas por las
instituciones pero esto sólo se descubre cuando ya
están seguros de que
son desplazados y para esta verificación esta el
ministerio del interior, la personería y la red de
solidaridad que es la que determina si son o no desplazados por
las características y documentos que
pueden encontrar, según las necesidades con las que llegan
los desplazados, las diferentes entidades los organizan de
acuerdo a las capacitaciones y apoyo que les pueden brindar como
son:

El gobierno para la atención social de las
familias ha establecido convenios y líneas de trabajo
coordinado con cada una de las entidades distritales para la
atención de las familias en esta primera fase de
intervención. Esta se puede describir
así:

El instituto apoya a la unidad de atención
integral a través de los proyectos de
prevención y protección, que se desarrolla en los
15 centros zonales dando prioridad a mujeres embarazadas, madres
lactantes y menores de 18 años. Estos proyectos
son:

* Atención al menor de 7 años.

* Atención complementaria al escolar y al
adolescente.

* Asistencia y asesoría a la
familia.

* Protección especial.

* Atención extrajudicial al menor y a la familia.

* Vinculación a los niños a los programas
de atención y nutrición en los
hogares comunitarios y hogares familias.

* Asesoría psico-social.

Los desplazados son trasladados o remitidos al
Comité Internacional de la Cruz Roja, el cual es parte
vital e importante en la atención humanitaria en las
familias desplazadas en lo concerniente a las emergencias de
protección, alimentos,
colchonetas, kit de aseo baterías de cocina y
también remisiones de urgencias en los centros de salud y
hospitales. Este apoyo es por tres (3) meses consecutivos, el
cual puede extenderse a tres (3) meses más si al
desplazado no ha encontrado ninguna solución.

DESEPAZ es una de las primeras instituciones donde
recurren los desplazados para buscar apoyo, ya que en estas se
les brinda alojamiento dado por las diferentes fundaciones sin
animo de lucro como son los centros de acogida y del migrante de
la iglesia y otras instituciones, que son albergues transitorios.
El cual es por tres (3) días reglamentarios, por que lo
estipula el reglamento interno para la atención al
desplazado.

El convenio suscrito de atención integral para
las familias desplazadas que llegan a la ciudad, por un valor de
($200.000.000 ) dos mil millones de pesos, por un período
de un año. El convenio contempla la atención medica
y quirúrgica, la entrega de medicamentos y la
atención psico-social. Cada grupo familiar es remitido por
la unidad a la red adscrita de hospitales distritales, para su
atención por un período de tres (3)
meses.

La Secretaria de Salud en el marco del convenio
efectuara el control y la
supervisión de los recursos que aportara el
ministerio de salud. Igualmente verificara la calidad de los
servicios que prestaran las entidades de salud a la
población de acuerdo a la ubicación por
localidad.

ESTRATEGIAS DE ESTABILIZACIÓN Y
CONSOLIDACIÓN

SOCIOECONÓMICA

El gobierno distrital actúa como apoyo al
desarrollo de las políticas y planes del nivel nacional a
través de la unidad de atención integral para
procurar el desarrollo de proyectos productivos, de
generación de ingresos, capacitación y
organización social y de atención social a la
población, brindando alternativas concretas para la
superación de las condiciones sociales y económicas
de los desplazados, permitiendo además una
adaptación progresiva al medio de vida urbano en aquellos
casos en que las familias no tengan otra alternativa que
rebuscares en la ciudad, ya sea por que no se han superado las
causas que ocasionaron los desplazamientos en la región
expulsora o por que definitivamente no será posible una
reubicación rural o urbana en otro sitio del país.
En esta óptica
la unidad de atención ha venido adelantando y consolidando
procesos en la siguiente área:

La secretaria de Educación ofrece el servicio
educativo a los niños desplazados en sus instituciones
educativas, en cualquier momento del año, en los grados en
que corresponda a su nivel académico y edad. A dado
instrucción a los directivos docentes de
las instituciones educativas del distrito para que matriculen a
los niños desplazados, sin exigir, en el caso en que estos
no puedan hacerlo, la presentación de los documentos que
se requieren para realizar el proceso de matricula y
también con total exoneración de costos es decir
sin ningún valor.

La secretaria mediante circulación interna ha
dado instrucciones a las instituciones educativas del distrito
para que expidan las certificaciones académicas a los
niños desplazados que no puedan presentarla, sobre grados
cursados previamente. Estas certificaciones se expiden con base
en resultados de pruebas
académicas que se le aplican a los estudiantes (pruebas de
validación), de acuerdo con los procedimientos
establecidos por la secretaria de educación distrital para
tal fin.

El SENA a través del programa de apoyo de
sostenimiento para capacitación de alumnos dará
prioridad en el acceso de los cursos de formación
técnica a la población joven desplazada y
diseñara y ejecutara programas especiales de
capacitación para las mujeres desplazadas que propendan
por su inserción laborar en las ciudades, a nivel de artes
y oficios, modistería, entre otras.

* La población tendrá un acercamiento de
una manera distinta, construir un espacio de trabajo
terapéutico, analizar conjuntamente el problema y sus
alternativas como población afectada, establecer
prioridades con relación a sus necesidades más
apremiantes, al igual que plantear propuestas de trabajo concreto
desde el ámbito de lo individual y lo
colectivo.

* El programa acciones para la convivencia del D.A.C.C.
, a través del cual se inscribieron cinco (5)
organizaciones de desplazados y dos (2) grupos de jóvenes
que recibirían capacitación para desarrollar
proyectos que promuevan y generen procesos de
participación e integración comunitaria, los cuales
serán financiados por el programa.

* El fomento y capacitación de las familias a
nivel microempresarial direccionada a la constitución y conformación de
empresas
asociativas para el trabajo que tiene como fundamento obtener un
recurso económico a largo plazo y grupal, el cual con el
apoyo de la Cámara de
Comercio.

LA RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE EN EL TEMA DE LOS
DESPLAZADOS

La ley 387 de 1997 y considerando la magnitud del
conflicto armado vivido en el departamento, se viene
diseñando de manera concentrada el plan de
acción para la prevención y atención al
desplazamiento teniendo en cuenta la región como expulsora
de población por el conflicto armado y receptora de otras
regiones del país. Por lo cual se ha venido las causas,
características propias de la región, el
análisis poblacional, territorial y las acciones con los
aliados estratégicos en el diseño
de alternativas tanto de prevención, seguridad,
atención humanitaria o restablecimiento.

Centro del Valle: Municipios de
Tulúa, Buga, San Pedro, Andalucía, Sevilla y
Bugalagrande. Se encuentran registradas en albergues 814
personas. En el municipio de Tulúa en su mayoría
son pequeños productores dedicados a las actividades
agropecuarias en sus minifundios, los restantes son
administradores de fincas y jornaleros.

El desplazamiento se registra desde la zona rural de
estos municipios, hacia el casco urbano, la ciudad de Cali y
departamentos del eje cafetero.

Municipio de Cali: Esta registrado como
receptor debido a la visión que se tiene sobre la ciudad,
desde otras regiones, acerca de características como;
desarrollo de la infraestructura, condiciones climáticas,
culturales y étnicas. Situación que dispara aun
más las tasas de desempleo. Los
desplazados están ubicados en el Distrito de Aguablanca,
Terrón Colorado, Silbé, Comuna 18 (barrio Lourdes),
Barrio Obrero, Barrio el Calvario y Centro
principalmente.

Buenaventura y zonas del Pacifico: Es
valorado como receptor y expulsor recepciona población de
los departamentos del Choco, Antioquia y del mismo Valle.
Expulsor de su área rural y municipios aledaños del
Anden Pacifico (reposo y carretera vieja), hacia el casco urbano,
la ciudad de Cali y departamentos como Risaralda.

Zona rural de Jamundi y sur del Valle: Por
presencia de actores armados se genero el
desplazamiento masivo el año anterior, hacia el municipio
de Jamundí de 1500 familias, para lo cual se vienen
planteando propuestas de PAZ cotidiana y
restablecimiento.

El departamento del Valle cuenta con dos centros de
atención transitorios para la ubicación de los
desplazados que son:

* CAT's CALI: se están ubicando los lotes en
coordinación con la alcaldía.

* CAT's SEVILLA: se adelanto por parte de la gerencia los
tramites para definir el predio.

La instalación de mesas en el departamento del
Valle se dio así: una mesa departamental (1), municipales
(4), Buga, Tulúa, Sevilla y Cali; a través de las
cuales se inicia el trabajo de organización de la
comunidad, agendas de trabajo permanente, identificación
de grupos poblacionales, grupo de interés y
alternativas de solución a las diferentes
situaciones.

Las alternativas se plantearon, como espacios
permanentes de interlocución con las familias desplazadas,
las entidades en la oportunidad y tipo de atención. Se
identificaron acciones a seguir de acuerdo a la evaluación
y conclusiones, así como, elección de
representantes, mecanismos y información acerca de la
política nacional, metas, estrategias.

Las diferentes propuestas han sido evaluadas y
presentadas para el retorno a la entidad, concluyéndose,
que no existen actualmente condiciones de seguridad para que la
comunidad regrese a sus predios generando proyectos
productivos.

Las mesas permanente de trabajo se han identificado
alternativas de paz cotidiana, seguridad y seguridad alimentaria.
A la vez se adelantan de tiempo atrás, propuestas de
restablecimiento en los municipios de Trujillo, Buenaventura,
Jamundí y Repatriados.

Los casos especiales, como el municipio de Sevilla y
Ceilán, donde los desplazados laboran en el día en
sus parcelas y regresan a dormir al casco urbano, siendo
necesario trabajar el tema de seguridad y plantear su solicitud
de subsidio de transporte.

PLAN DE ACCIÓN PARA LA
POBLACIÓN DESPLAZADA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA

Las metas y políticas trazadas por el gobierno
nacional, la gerencia de la red, la oficina de la
primera dama del departamento, a través del comité
departamental y en coordinación con la fundación
Valle en Paz, de manera concertada y tendiente a reforzar las
propuestas que se vienen diseñando plantean:

Una primera fase, tendiente a trabajar directamente con
las comunidades en la construcción de tejido social y
proyectos de restablecimientos.

Una segunda para los proyectos productivos, condiciones
de seguridad para el retorno o la ubicación, de la
población desplazada que se encuentra en albergues,
así como aquellos que se encuentran en posición de
resistencia.

Los casos de nuevos desplazamientos y restablecimiento
para estos se plantea:

A. Registro y orientación, buscando sean ubicados
en primera instancia donde familiares o amigos.

B. Esquema de adopción por familia, cuando no es
posible la anterior.

C. Remisión a los CAT's, donde la atención
se dará por tres meses prorrogables a seis, mientras se
define el restablecimiento, esto cuando no es posible alguna de
las dos anteriores.

APOYO A PROCESO DE RETORNO Y
REUBICACIÓN

La unidad de atención integral apoya las acciones
que en esta línea se requieren para posibilitar el retorno
y la renunciación de las familias desplazadas. Dicho apoyo
se refiere a destinación de recursos para la
provisión de pasajes terrestres a través de la
oficina de atención al migrante en riesgo que
depende del departamento Administrativo de bienestar social y los
recursos propios de la unidad, los cuales aseguran además
el transporte de los enseres de las familias. Por su parte la Red
de solidaridad social, verifica las condiciones de seguridad de
la zona destino, aporta recursos económicos para el viaje
y un mercado por cada familia. Coordina con la correspondiente
delegación Red para iniciar su proceso de
acompañamiento en la estabilización
socioeconómica de los mismos.

La unidad de atención integral canaliza las
solicitudes de retorno o reubicación individual o grupal
que a través de esta se presente y coordina con la
Delegación Bogotá, para que proceda de acuerdo a la
ley.

La participación de las entidades del nivel
nacional es prioritaria en la tarea mancomunada de desarrollo de
estos procesos, aquí entran a participar el SENA, el
Ministerio de Trabajo, la Red de Solidaridad Social, el Inurbe,
el fondo Nacional para la Atención a la Población
Desplazada, el Ministerio de salud, el Ministerio de
Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
el Ministerio de Agricultura, el INCORA, entre otros.