Para que la educación en los derechos humanos trascienda de las aulas y se incorpore al quehacer cotidiano de los niños y niñas en su vida en sociedad, se tendrían que posibilitar dentro del marco escolar una serie de condiciones, entre las cuales podemos recoger:
En los últimos años, y más "alarmantemente" desde los atentados del 11 de Septiembre de 2001, está aconteciendo en el mundo un hecho deleznable como es la división del mismo en dos grupos: los "buenos", que coinciden con las sociedades mayoritarias en donde existen grupos con un poder económico, armamentístico y mediático difícilmente medible, y los "malos", que coinciden con los ciudadanos de los países islámicos, a los que se acuña de extremistas, fanáticos, lunáticos..., desde diversos medios de comunicación, "manipulados" al antojo de aquellos que quieren dar una visión poco realista de las distintas culturas que pueblan el mundo y a los que sólo les interesa la existencia de determinados países en subdesarrollo, para obtener mano de obra barata que haga que la economía de sus países, a través de grandes multinacionales, aumente considerablemente, al tiempo que se sume en la mayor de las pobrezas a las personas de estos otros países subdesarrollados. E igualmente, dichos grupos de poder, intentan el control de la producción de materias primas de estos países en aras de fijar precios, a "su antojo", en el mercado internacional.
"Los execrables atentados terroristas de Nueva York y Washington han sido utilizados como coartada para poner en marcha políticas ostentosamente atentatorias con determinados derechos humanos y el sistema internacional de Naciones Unidas que les dan cobijo. Nos referimos a las ya tristemente famosas doctrinas de la guerra preventiva y el unilateralismo que están llevando a cabo la actual administración norteamericana, secundada por otros gobiernos. Doctrinas que se sitúan en el discurso de la seguridad en detrimento de la libertad" (Jares, 2006; 81).
La violación reiterada de los derechos humanos de gran cantidad de los estados con poder y de muchas de las multinacionales existentes, para con aquellas personas en "perenne estado de indefensión", convive en el tiempo con la exigencia de estos estados poderosos hacia los países subdesarrollados, de que cumplan taxativamente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando esto no ocurre y se genera violencia por parte de la gente de estos países, debido en gran parte a la humillación y criminalidad que los primeros ejercen sobre los segundos, se tacha a estas personas de fanáticas, incivilizadas..., a las que hay que aplicar duros correctivos para que se enmienden hacia el "camino del bien".
Afortunadamente, no todo es negativo y desde diversos ámbitos de acción, la mayoría de las veces propugnados por las ONGs, se trabaja resistiendo las reiteradas violaciones de los derechos humanos, a las que anteriormente hacíamos alusión.
Estas violaciones son generalizadas en países subdesarrollados, la mayoría de ellos gobernados dictatorialmente por políticos corruptos, cuyos sistemas de justicia se rigen por "los antojos" de los mismos, pero, no es menos cierto que, también existen personas excluidas en las sociedades más desarrolladas, que están en situación de desventaja social y económica con respecto a la mayoría de ciudadanos y ciudadanas.
Debieran ser los estados, máxime con la situación de bienestar (referente a los países desarrollados) proclamada a bombo y platillo por los distintos políticos de turno, quienes aseguraran la igualdad de oportunidades a sus ciudadanos y ciudadanas, pero cuando esto no ocurre y sus principios de igualdad, justicia y libertad se fragmentan, dejan en manos de otras entes lo que ellos mismos debieran asegurar. Es aquí donde las ONGs y asociaciones en favor de los derechos humanos, comienzan su labor de resistencia y lucha en contra de la exclusión de aquellos que por razones ajenas a su voluntad, son "apartados" de su derecho a vivir en sociedad y a compartir todas las ventajas que cualquier ciudadano de a pie disfruta en su día a día.
Paradójicamente, las ONGs y asociaciones en favor de los derechos humanos, debido a su escasez de recursos, se ven apoyadas económicamente, en algunos casos, por aquellas empresas cuyos sistemas de selección de personal son de lo mas elitista, atentando contra el desarrollo práctico de los derechos humanos.
"Convivir, es principalmente vivir en comunidad, estableciendo pautas y normas que favorezcan la ayuda, seguridad, colaboración y cooperación necesarias para, en primer lugar, satisfacer las necesidades humanas básicas a través del trabajo y el reparto equitativo de bienes; y en segundo término, para resolver eficazmente los conflictos de relaciones que se producen en el seno de esa comunidad" (Tuvilla, 2000).
La escuela, como una de las primeras instituciones de socialización, debe aspirar pues, a favorecer una convivencia de respeto entre aquellos que se encuentran dentro de la misma. De este modo, uno de los pilares fundamentales de dicha institución debe ser enseñar la diversidad de la especie humana y contribuir a una toma de conciencia de las semejanzas y la interdependencia entre todos los seres humanos en aras de transpolarlo a la sociedad en general. Pero como dijimos anteriormente, no es la única institución desde la que actuar en favor del cumplimiento de los derechos humanos.
Si la educación es un instrumento valioso para la transformación humanizadora de la sociedad no es precisamente porque permita la adquisición de conocimientos disciplinares, sino sobretodo porque auspicia formas de relacionarse unos con otros desde la generosidad inequívoca, desde la emoción y desde los sentimientos más profundos del ser humano. Encontrar el equilibrio entre esos dos tipos de conocimientos (disciplinar y experiencial o relacional), conocimientos por otro lado de diferente origen y naturaleza, constituye un motivador desafío para la educación.
Una verdadera educación para la paz y la convivencia, sólo es posible desde diversos ámbitos: político, social, escolar, asociacional..., a través de medidas tales como:
● Creación de un Comité Nacional y/o de comités autonómicos, integrado por representantes de organismos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales con experiencia y capacidad para formular programas en la esfera de la enseñanza de los derechos humanos, y otros representantes de la sociedad civil (sindicatos, asociaciones profesionales, etc.).
● Realización de un estudio de referencia que identifique las necesidades más apremiantes nacional y localmente (Amnistía Internacional, 2003).
José Trujillo Vargas
trujillo215[arroba]hotmail.com
Torre Alháquime (Cádiz- España), 10 de Mayo de 2007
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