El presente trabajo toma
como tema principal La Privatización; tiene como fin dar a conocer
desde el concepto hasta
los beneficios y recomendaciones de la Privatización
propiamente dicha tanto en el Perú como en el
mundo.
La privatización es la acción por la que un bien público pasa a ser controlado por empresas privadas. En el ámbito empresarial, se produce cuando el estado vende una empresa pública. Es desde ese momento cuando el estado deja de tener control sobre esa empresa vendida, de forma que no tiene ni gastos de mantenimiento ni beneficios, pues este deber lo suplen los accionistas o dueños de la empresa. El estado sólo controla la actividad y recibe beneficios según lo estipulado a través de los impuestos y el marco jurídico.
La privatización es una figura que mundialmente se ha venido fortaleciendo, la cual se inició a finales de los años 1960 y hoy en día es un tema que sigue causando controversia. En el año de 1994 se presentó una cifra récord en las ventas de activos en el mundo entero, cercana a los 60 mil millones de dólares.
Europa, Asia, Estados Unidos,
Chile, y muchos otros han experimentado este fenómeno y
América
Latina no se escapa de esto, con la diferencia de que tiene
ejemplos que se pueden comparar entre sí, como resultados
en cuanto al ahorro y gasto
fiscal del
Estado y nuevos estilos de gerencia hacia
la búsqueda de eficiencia y
eficacia en
los entes una vez privatizados.
El proceso de
privatización en el país se inicia en el año
de 1992 con la venta de la mina
Condestable a un grupo peruano.
Entre las principales empresas de servicios
públicos que han sido privatizados se encuentran las
de telecomunicaciones, electricidad y
transportes; que en conjunto las transacciones al año de
1998, por US$ 5.101 millones de dólares americanos
representan el 61% del total del proceso que asciende a US$ 8.385
millones de dólares americanos, e inversiones
proyectadas de US$1.980,4 millones de dólares americanos
que representan el 29% del total comprometido por US$6.830,7
millones de dólares americanos.
Una primera etapa se focaliza sectores económicos "soberanos" y "estratégicos" a nivel macro, conocidos por los economistas de la corriente principal como claves; es decir, el petróleo, la minería, telecomunicaciones, energía, turismo, hidrocarburos, financiero y la industria en general;
La segunda, a saber, es seguida de definiciones de derechos de propiedad, a nivel micro sobre bienes como: servicios de salud pública, educación, agua y tratamiento de desechos sólidos, las presas que generan electricidad, cárceles, bibliotecas, los tribunales de justicia, el servicio de correo, recojo de basura, tareas municipales, carreteras y túneles, aeropuerto y control de tráfico aéreo, ferrocarriles, parques y jardines, protección contra incendios, animales en extinción, reservas naturales, museos, ruinas arqueológicas.
Sin embargo, clasificarlas como política de orden macro y microeconómicas solo es una convención. La realidad reflejará innumerables áreas donde la privatización tendría efectos benéficos, no descontándose por ello que se mencionen.
Sectores económicos como la industria, minería y las telecomunicaciones son consideradas macroeconómicos sólo en función a la envergadura de las empresas a privatizar, pero el impacto y los resultados de su privatización serán ínfimos comparados con la conmoción que producirá la privatización del las calles o el parque del barrio.
El extraño caso de los faros que Samuelson y McConnell siempre defendieron como un asunto de propiedad pública fue célebremente desmentido por Ronald Coase, quien realizó un estudio importante de la industria de garos en Gran Bretaña. De acuerdo con él "los faros fueron construidos, operados, financiados y eran propiedad de individuos que los vendían y formaban parte de sus legados"
Al respecto, es justo mencionar ciertas experiencias propias que nos vislumbrarán que, ciertas entidades que ahora son públicas antes eran privadas. El hoy conocido Hospital Arzobispo Loayza, en sus orígenes perteneció una congregación católica que lo fundo con fines explícitamente humanitarios. La Beneficencia Pública de Lima también tuvo los mismos inicios.
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