Para que puedan cumplirse los objetivos establecidos, esta investigación se ha delimitado de la siguiente manera:

Esta investigación ha comprendido a los Órganos de Control Institucional de las Direcciones Regionales de Educación de los Gobiernos Regionales de nuestro país que son responsables del servicio educativo público y privado en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial.

Esta investigación ha comprendido el pasado, presente y futuro de los Órganos de Control Institucional de las Direcciones Regionales de Educación: Del pasado y del presente se obtiene la normatividad y la forma como se vienen gestionando y controlando estas dependencias. Básicamente el trabajo está orientado al futuro, por cuanto la revisión y el rediseño de procesos y procedimientos de trabajo que permitirán alcanzar los mejores estándares de eficiencia, economía y efectividad se realizarán en el futuro de estas dependencias.

Como parte de la investigación se estableció relaciones de coordinación con los Jefes y trabajadores de los Órganos de Control Institucional de las Direcciones Regionales de Educación quienes conocen y viven las experiencias legales, decisiones y ejecución de las acciones y actividades encomendadas a este nivel de gestión del Estado; por tanto ellos nos dirán como vienen realizando sus funciones y la forma como podrían apoyar efectivamente a la Contraloría General de la República en la lucha contra la corrupción; además, se ha considerado la participación de especialistas de las Sociedades de Auditoría de Lima Metropolitana y personal docente de Auditoría de las Universidades Públicas y Privadas, quienes con sus experiencias y conocimientos sobre control institucional nos dieron sus aportes para relacionar adecuadamente a los Órganos de Control Institucional y la lucha contra la corrupción en las Direcciones Regionales de Educación de los Gobiernos Regionales.

Los principales conceptos que serán desarrollados están dados por las variables, indicadores y elementos que utilizará el trabajo de investigación:

1. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)

Es el órgano conformante del Sistema Nacional de Control, encargado de ejecutar el control gubernamental interno posterior y el control gubernamental externo, de acuerdo con la Ley No. 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y la Resolución de Contraloría General No. 114-2003-CG, Reglamento de los Órganos de Control Institucional.

2. DIRECCIONES REGIONALES DE EDUCACIÓN (DRE)

Son órganos especializados responsables del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación.

La Contraloría General de la República (CGR), es el órgano técnico rector del Sistema Nacional de Control, que cautela el uso eficiente, eficaz y económico de los recursos del Estado, entre otros aspectos.

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

1. PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN

La corrupción incluye todas aquellas acciones ilícitas que comprometen la honorabilidad de los funcionarios o servidores públicos, que son realizadas para obtener un beneficio generalmente económico a su favor y que se concreta en el uso incorrecto de los recursos del estado.

Este flagelo se ha dado en muchos países, ministerios e instituciones. Está en todo lugar y en todo nivel. Nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en cuanto a actos de corrupción; al respecto, podemos mencionar que en la actualidad en nuestro país tenemos presidentes denunciados; ministros, funcionarios y trabajadores encarcelados, fugados y otros en pleno proceso judicial.

Entonces la corrupción es un problema no sólo general, si no también específico, está donde trabajamos, allí donde actuamos; podríamos ser parte de ella consciente o inconscientemente.

Pero ante todo esto la sociedad se pregunta, si en todas las dependencias públicas de nuestro país existen Órganos de Control Institucional, porque no detectan y denuncian los actos de corrupción. Que está pasando con la moral, ética, mística y espíritu de control del personal que trabaja en estas dependencias. Que está pasando con el proceso y procedimientos de trabajo de los Órganos de Control Institucional, porque no rinden los frutos necesarios para los cuales fueron creados. Porque estas dependencias no apoyan efectivamente a la Contraloría General de la República en la lucha contra la corrupción. Que hay que hacer en los Órganos de Control Institucional para que el personal cambie su forma de ser y actuar, para que las funciones se cumplan.

Los analistas coinciden en señalar que la corrupción es un acto ilegal casi institucionalizado en el quehacer institucional.

En las Direcciones Regionales de Educación, existen denuncias contra directores, docentes y trabajadores de las Unidades de Servicios Educativos Locales (UGEL), Instituciones Educativas (IE) del sector público y privado por diferentes hechos que afectan al Estado y a la Sociedad.

Actualmente, el control aplicado por los Órganos de Control Institucional de las Direcciones Regionales de Educación, no viene siendo la respuesta efectiva que necesitan este tipo de instituciones para cumplir con la responsabilidad de lograr la calidad y eficiencia del servicio educativo. Los Órganos de Control Institucional de la Direcciones Regionales de Educación no han adoptado una política severa a la par justa y decidida para no tolerar comportamientos corruptos de los directivos, funcionarios y trabajadores. Asimismo este tipo de control no presenta propuestas para el diseño e implementación de una serie de procedimientos, técnicas y prácticas, algunas de tipo general y otras específicas que limiten la corrupción. Por otra parte, se ha observado que los Equipos Control han venido adoptando una tibia actitud frente a los actos ilegales de los directivos, funcionarios y trabajadores, probablemente para no comprometerse y mantener una relación armónica, aunque esta sea ficticia.

La organización y funcionamiento actual de los Órganos de Control Institucional, no tiene los mecanismos para que el auditor, en el ejercicio profesional pueda determinar errores, fraudes, actos ilegales, malversación y en general otros actos que podrían vincularse directamente con la corrupción.

¿ De qué manera los Órganos de Control Institucional de las Direcciones Regionales de Educación, pueden apoyar efectivamente a la Contraloría General de la República en la lucha contra la corrupción?

1. ¿ Porqué la forma de trabajo actual de los Órganos de Control Institucional de la Direcciones Regionales de Educación, no significa un apoyo efectivo a la Contraloría General de la República en la lucha contra la corrupción?
2. ¿ La realización de una reingeniería de procesos en los Órganos de Control Institucional de las Direcciones Regionales de Educación, puede además de apoyar efectivamente en la lucha contra la corrupción, facilitar el cumplimiento de la misión de la Contraloría General de la República?

1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La corrupción es un acto ilegal casi institucionalizado en el quehacer de los niveles gubernamentales. Para enfrentarse a tales actos, los Órganos de Control Institucional deben llevar a cabo una reingeniería de procesos para hacer uso de todo su potencial y apoyar efectivamente en la lucha contra la corrupción.

Los Órganos de Control Institucional con la aplicación de la reingeniería de procesos, aportaran las recomendaciones para adoptar una política severa, justa y decidida para no tolerar

comportamientos de corrupción en las Direcciones Regionales de Educación que son responsables de la calidad y eficiencia del servicio educativo.

Además, los Órganos de Control Institucional, van a aportar los mecanismos para superar la lentitud y complejidad de los procesos administrativos y especialmente para superar la confusión reinante en los procesos, la desorganización, la apatía del personal encargado y las medidas administrativas contraproducentes que hacen el proceso lento y tortuoso en lugar de más eficiencia y eficaz.

El Órgano de Control Institucional, asimismo facilitará la asesoría para la implantación de prácticas modernas y eficientes de dirección técnico-pedagógicas, financiera, administrativa y a mejorar el papel de los órganos de control interno.

Este trabajo además se justifica porque mediante la reingeniería aplicada a los Órganos de Control Institucional se van a proponer alternativas inmediatas y mediatas tendientes a extirpar este cáncer social denominado corrupción, el cual día a día se adquiere en extensión y profundidad en nuestras instituciones y en su recurso más importante: el capital humano.

2. IMPORTANCIA

La relevancia de este trabajo de investigación reside en la conversión del auditor de una actitud pasiva a una actitud activa, protagonista, de la lucha contra la corrupción, mediante el trabajo que realice en la aplicación de las acciones de control, de este modo los profesionales de post grado tendremos la ventaja competitiva y comparativa frente a otros colegas.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Determinar la reingeniería de procesos que deberá aplicarse en el Órgano de Control Institucional (OCI) de las Direcciones Regionales de Educación (DRE), de modo que este órgano apoye efectivamente a la Contraloría General de la República (CGR) en la lucha contra la corrupción.

1. Determinar las debilidades y amenazas que afrontan actualmente los Órganos de Control Institucional, lo que no facilita el apoyo efectivo a la Contraloría General de la República en la lucha contra la corrupción.
2. Determinar la metodología de revisión y rediseño de procesos y procedimientos que debe aplicarse a los Órganos de Control Institucional de las Direcciones Regionales de Educación, para que apoyen en la lucha contra la corrupción y el cumplimiento de la misión de la Contraloría General de la República.

1. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

Los Órganos de Control Institucional de las Direcciones Regionales de Educación, pueden apoyar efectivamente a la Contraloría General de la República, mediante la revisión y el rediseño de procesos y procedimientos de trabajo que permitan alcanzar los mejores estándares de rendimiento.

1. La falta de mística y espíritu por la lucha efectiva contra la corrupción que se manifiesta en los Órganos de Control Institucional es lo que no facilita el apoyo efectivo a la Contraloría General de la República en la lucha contra la corrupción.
2. La aplicación de una metodología de revisión y rediseño de procesos y procedimientos aplicados a los Órganos de Control Institucional de las Direcciones Regional de Educación permitirá el apoyo en la lucha contra la corrupción y el cumplimiento de la misión de la Contraloría General de la República.

1. VARIABLE INDEPENDIENTE:

10. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)

INDICADORES:

X.1. DIAGNOSTICO OPERACIONAL

X.2. REINGENIERÍA DE PROCESOS

2. VARIABLE DEPENDIENTE:

Y. APOYO A LA CONTRALORÍA EN LA LUCHA CONTRA LA

CORRUPCIÓN.

INDICADORES:

Y.1. CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL.

Y.2. LA C.G.R. Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

3. VARIABLE INTERVINIENTE:

Este trabajo de investigación es del tipo básica o pura, por cuanto todos los aspectos son teorizados, aunque sus alcances serán prácticos en la medida que se aplique una reingeniería de procesos a los Órganos de Control Institucional para que apoyen a la lucha contra la corrupción en el Sistema Nacional de Control.

La investigación es del nivel descriptiva-explicativa, por cuanto se describe el proceso, procedimientos, criterios y políticas de los Órganos de Control Institucional hasta convertir en el apoyo efectivo de lucha contra la corrupción.

En esta investigación se utilizará los siguientes métodos:

1. Descriptivo.- Por cuanto se describe la reingeniería de procesos aplicado a un Órgano de Control Institucional para que pueda facilitar el apoyo que necesita la Contraloría General de la República en la lucha contra la corrupción.
2. Inductivo.- Para inferir la información de la muestra en la población de la investigación.

La población de la investigación estuvo conformada por el personal que trabaja en los Órganos de Control Institucional de las Direcciones Regionales de Educación de todo el país; también se tomó en cuenta al personal de la Contraloría General de la República, personal de las Sociedades de Auditoría y personal docente de Auditoría; quienes con sus conocimientos y experiencias nos dieron las pautas para cambiar radicalmente la forma de trabajo de los OCI´s.

La muestra de la investigación estuvo conformada por el personal que trabaja en los Órganos de Control Institucional de las Direcciones Regionales de Educación de Lima (Metropolitana y Provincias) y Callao; también se tomó en cuenta al personal de la Contraloría General de la República, personal de las Sociedades de Auditoría - SOA y personal docente de Auditoría de las Universidades de Lima Metropolitana, distribuidos del siguiente modo:

Las técnicas que se han aplicado en la investigación son las siguientes:

1. Entrevistas.- Esta técnica se aplicó a jefes y funcionarios de los Órganos de Control Institucional, funcionarios de la Contraloría General de la República y socios de las Sociedades de Auditoria, a fin de obtener información sobre todos los aspectos relacionados con la investigación
2. Encuestas.- Se aplicó a los trabajadores de los Órganos de Control Institucional, Contraloría General de la República, Sociedades de Auditoría y Docentes de las Universidades Públicas y Privadas, con el objeto de obtener información sobre los aspectos relacionados con la investigación
3. Análisis documental.- Se aplicó para analizar las normas, información bibliográfica y otros aspectos relacionados con la investigación.

Los instrumentos que se utilizarán en la investigación, están relacionados con las técnicas antes mencionadas, del siguiente modo:

Se aplicarán las siguientes técnicas:

1. Análisis documental
2. Indagación
3. Conciliación de datos
4. Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes
5. Comprensión de gráficos

Se aplicarán las siguientes técnicas de procesamiento de datos:

1. Ordenamiento y clasificación
2. Registro manual
3. Proceso computarizado con Excel

La Ley No. 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, establece las normas que regulan el ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República como ente técnico rector de dicho Sistema.

El Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de control, normas, métodos y procedimientos estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada. Su actuación comprende todas las actividades y acciones en los campos administrativo, presupuestal, operativo y financiero de las entidades y alcanza al personal que presta servicios en ellas, independientemente del régimen que las regule.

El Sistema está conformado por los siguientes órganos de control:

1. La Contraloría General, como ente técnico rector;
2. Todas las unidades orgánicas responsables de la función de control gubernamental de las entidades públicas;
3. Las sociedades de auditoría externa independientes, cuando son designadas por la Contraloría General y contratadas, durante un periodo determinado, para realizar servicios de auditoría en las entidades: económica, financiera, de sistemas informáticos, de medio ambiente y otros.

El ejercicio del control gubernamental por el Sistema en las entidades del sector público, se efectúa bajo la autoridad normativa y funcional de la Contraloría General, la que establece los lineamientos, disposiciones y procedimientos técnicos correspondientes a su proceso, en función a la naturaleza y/o especialización de dichas entidades, las modalidades de control aplicables y los objetivos trazados para su ejecución. Dicha regulación permitirá la evaluación, por los órganos de control, de la gestión de dichas entidades y sus resultados.

La Contraloría General, en su calidad de ente técnico rector, organiza y desarrolla el control gubernamental en forma descentralizada y permanente, el cual se expresa con la presencia y accionar de los órganos de control en cada una de las entidades públicas de los niveles central, regional y local, que ejercen su función con independencia técnica.

Son atribuciones del Sistema, las siguientes:

1. Efectuar la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y utilización de los recursos y bienes del Estado, el cual también comprende supervisar la legalidad de los actos de las instituciones sujetas a control en la ejecución de los lineamientos para una mejor gestión de las finanzas públicas, con prudencia y transparencia fiscal, conforme a los objetivos y planes de las entidades, así como de la ejecución de los presupuestos del Sector Público y de las operaciones de la deuda pública;
2. Formular oportunamente recomendaciones para mejorar la capacidad y eficiencia de las entidades en la toma de sus decisiones y en el manejo de sus recursos, así como los procedimientos y operaciones que emplean en su accionar, a fin de optimizar sus sistemas administrativos, de gestión y de control interno;
3. Impulsar la modernización y el mejoramiento de la gestión pública, a través de la optimización de los sistemas de gestión y ejerciendo el control gubernamental con especial énfasis en las áreas críticas sensibles a actos de corrupción administrativa;
4. Propugnar la capacitación permanente de los funcionarios y servidores públicos en materias de administración y control gubernamental. Los objetivos de la capacitación estarán orientados a consolidar, actualizar y especializar su formación técnica, profesional y ética. Para dicho efecto, la Contraloría General, a través de la Escuela Nacional de Control, o mediante Convenios celebrados con entidades públicas o privadas ejerce un rol tutelar en el desarrollo de programas y eventos de esta naturaleza. Los titulares de las entidades están obligados a disponer que el personal que labora en los sistemas administrativos participe en los eventos de capacitación que organiza la Escuela Nacional de Control, debiendo tales funcionarios y servidores acreditar cada dos años dicha participación. Dicha obligación se hace extensiva a las Sociedades de Auditoría que forman parte del Sistema, respecto al personal que empleen para el desarrollo de las auditorías externas;
5. Exigir a los funcionarios y servidores públicos la plena responsabilidad por sus actos en la función que desempeñan, identificando el tipo de responsabilidad incurrida, sea administrativa funcional, civil o penal y recomendando la adopción de las acciones preventivas y correctivas necesarias para su implementación. Para la adecuada identificación de la responsabilidad en que hubieren incurrido funcionarios y servidores públicos, se deberá tener en cuenta cuando menos las pautas de: identificación del deber incumplido, reserva, presunción de licitud, relación causal, las cuales serán desarrolladas por la Contraloría General;
6. Emitir, como resultado de las acciones de control efectuadas, los informes respectivos con el debido sustento técnico y legal, constituyendo prueba pre-constituida para el inicio de las acciones administrativas y/o legales que sean recomendadas en dichos informes.
7. En el caso de que los informes generados de una acción de control cuenten con la participación del Ministerio Público y la Policía Nacional, no corresponderá abrir investigación policial o indagatoria previa, así como solicitar u ordenar de oficio la actuación de pericias contables;
8. Brindar apoyo técnico al Procurador Público o al representante legal de la entidad, en los casos en que deban iniciarse acciones judiciales derivadas de una acción de control, prestando las facilidades y/o aclaraciones del caso, y alcanzando la documentación probatoria de la responsabilidad incurrida.

Los diversos órganos del Sistema ejercen estas atribuciones y las que expresamente les emana la Ley y sus normas reglamentarias.

1. CONTROL GUBERNAMENTAL

El control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes.

El control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente

El control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. Su ejercicio es previo, simultáneo y posterior.

El control interno previo y simultáneo compete exclusivamente a las autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades como responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, sobre la base de las normas que rigen las actividades de la organización y los procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y disposiciones institucionales, los que contienen las políticas y métodos de autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección.

El control posterior es ejercido por los responsables superiores del servidor o funcionario ejecutor, en función del cumplimiento de las disposiciones establecidas, así como por el órgano de control institucional según su plan anual de control, evaluando y verificando los aspectos administrativos del uso de los recursos y bienes del Estado, así como la gestión y ejecución llevadas a cabo, en relación con las metas y objetivos trazadas; así como de los resultados obtenidos.

Es responsabilidad del Titular de la entidad fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control interno para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, propendiendo a que éste contribuya con el logro de la misión y objetivos de la entidad a su cargo. El Titular de la entidad está obligado a definir las políticas institucionales en los planes y/o programas anuales que se formulen, los que serán objeto de las verificaciones.

Se entiende por control externo, el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos técnicos, que compete aplicar a la Contraloría General u otro órgano del sistema por encargo o designación de ésta, con el objeto de supervisar, vigilar y verificar la gestión, la captación y el uso de los recursos y bienes del Estado. Se realiza fundamentalmente mediante acciones de control con carácter selectivo y posterior.

En concordancia con sus roles de supervisión y vigilancia, el control externo podrá ser preventivo o simultáneo, cuando se determine taxativamente por la Ley del Sistema Nacional de Control o por normativa expresa, sin que en ningún caso conlleve injerencia en los procesos de dirección y gerencia a cargo de la administración de la entidad, o interferencia en el control posterior que corresponda.

Para su ejercicio, se aplicarán sistemas de control de legalidad, de gestión, financiero, de resultados, de evaluación de control interno u otros que sean útiles en función a las características de la entidad y la materia de control, pudiendo realizarse en forma individual o combinada. Asimismo, podrá llevarse a cabo inspecciones y verificaciones, así como las diligencias, estudios e investigaciones necesarias para fines de control.

El control gubernamental, se lleva a cabo en el marco de los siguientes principios:

1. La universalidad, entendida como la potestad de los órganos de control para efectuar, con arreglo a su competencia y atribuciones, el control sobre todas las actividades de la respectiva entidad, así como de todos sus funcionarios y servidores, cualquiera fuere su jerarquía;
2. El carácter integral, en virtud del cual el ejercicio del control consta de un conjunto de acciones y técnicas orientadas a evaluar, de manera cabal y completa, los procesos y operaciones, materia de examen en la entidad y sus beneficios económicos y/o sociales obtenidos, en relación con el gasto generado, las metas cualitativas y cuantitativas establecidas, su vinculación con políticas gubernamentales, variables exógenas no previsibles o controlables e índices históricos de eficiencia;
3. La autonomía funcional, expresada en la potestad de los órganos de control para organizarse y ejercer sus funciones con independencia técnica y libre de influencias. Ninguna entidad o autoridad, funcionario o servidor público, ni terceros, pueden oponerse, interferir o dificultar el ejercicio de sus funciones y atribuciones de control;
4. El carácter permanente, que define la naturaleza continua y perdurable del control como instrumento de vigilancia de los procesos y operaciones de la entidad;
5. El carácter técnico y especializado del control, como sustento esencial de su operatividad, bajo exigencias de calidad, consistencia y razonabilidad en su ejercicio; considerando la necesidad de efectuar el control en función de la naturaleza de la entidad en la que se incide;
6. La legalidad, que supone la plena sujeción del proceso de control a la normativa constitucional, legal y reglamentaria aplicable a su actuación;
7. El debido proceso de control, por el que se garantiza el respeto y observancia de los derechos de las entidades y personas, así como de las reglas y requisitos establecidos;
8. La eficiencia, eficacia y economía a través de los cuales el proceso de control logra sus objetivos con un nivel apropiado de calidad y óptima utilización de recursos;
9. La oportunidad, consistente en que las acciones de control se lleven a cabo en el momento y circunstancias debidas y pertinentes para cumplir su cometido;
10. La objetividad, en razón de la cual las acciones de control se realizan sobre la base de una debida e imparcial evaluación de fundamentos de hecho y de derecho, evitando apreciaciones subjetivas;
11. La materialidad, que implica la potestad del control para concentrar su actuación en las transacciones y operaciones de mayor significación económica o relevancia en la entidad examinada;
12. El carácter selectivo del control, entendido como el que ejerce el Sistema en las entidades, sus órganos y actividades críticas de los mismos, que denoten mayor riesgo de incurrir en actos contra la probidad administrativa;
13. La presunción de licitud, según la cual, salvo prueba en contrario, se reputa que las autoridades, funcionarios y servidores de las entidades, han actuado con arreglo a las normas legales y administrativas pertinentes;
14. El acceso a la información, referido a la potestad de los órganos de control de requerir, conocer y examinar toda la información y documentación sobre las operaciones de la entidad, aunque sea secreta, necesaria para su función;
15. La reserva, por cuyo mérito se encuentra prohibido que durante la ejecución del control se revele información que pueda causar daño a la entidad, a su personal o al Sistema, o dificulte la tarea de este último;
16. La continuidad de las actividades o funcionamiento de la entidad al efectuar una acción de control;
17. La publicidad, consistente en la difusión oportuna de los resultados de las acciones de control u otras realizadas por los órganos de control, mediante los mecanismos que la Contraloría General considere pertinente;
18. La participación ciudadana, que permita la contribución de la ciudadanía en el ejercicio del control gubernamental;
19. La flexibilidad, según la cual, al realizarse el control, ha de otorgarse prioridad al logro de las metas propuestas, respecto de aquellos formalismos cuya omisión no incida en la validez de la operación objeto de la verificación, ni determinen aspectos relevantes en la decisión final.

Los principios antes indicados son de observancia obligatoria por los órganos de control y pueden ser ampliados o modificados por la Contraloría General, a quien compete su interpretación.

En atención a las atribuciones y competencias asignadas en la Constitución Política y la Ley N° 27785, la Contraloría General y el Sistema Nacional de Control ejercen un rol fundamental frente a la lucha contra la corrupción, desarrollando sus atribuciones de supervisar la correcta y transparente utilización de los recursos públicos y del ejercicio de la función encomendada para prevenir y detectar actos irregulares y/o ilícitos penales, así como determinando, como consecuencia de su acción fiscalizadora, las responsabilidades emergentes de los funcionarios y servidores públicos para ser puestas en conocimiento de las autoridades competentes.
La vinculación específica de la problemática de la corrupción con el accionar del Sistema Nacional de Control se concreta tanto a nivel del control interno como del control posterior, dentro de los conocidos ciclos del control administrativo del Estado, tan es así que, entre otros aspectos, a través de la Ley de Nepotismo y su reglamento, la Ley sobre Incompatibilidades y Prohibiciones de los Funcionarios y Servidores Públicos y su reglamento, así como la Ley de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos y su reglamento encargan a la Contraloría General de la República y a los Órganos del Sistema la supervisión y control del cumplimiento de las citadas normas.

Si bien el control interno previo es ejercido por la propia entidad en función de los procedimientos establecidos en sus planes de organización, reglamentos, manuales y disposiciones emanadas del titular de la entidad, compete al Sistema Nacional de Control, "formular oportunamente recomendaciones para mejorar la capacidad y eficiencia de las entidades en la toma de sus decisiones y en el manejo de sus recursos, así como los procedimientos y operaciones que emplean en su accionar, a fin de optimizar sus sistemas administrativos, de gestión y de control interno".

Es dentro de este contexto de competencias, que la Contraloría General de la República ha establecido mecanismos preventivos que orienten hacia la probidad administrativa y constituyan parte del ambiente de control que deben mantener y garantizar todas las autoridades institucionales, a través de la normativa gubernamental.

Pero cabe indicar que las posibilidades de acción del Sistema Nacional de Control, sobre este particular ambiente de control, dentro de una actitud clara a favor de la probidad, no se agotan en la consagración normativa, sino pueden trascender hacia otros aspectos sin llegar a la co-gestión.

En cuanto al control posterior externo, al Sistema Nacional de Control, en particular a su ente rector, la Contraloría General de la República le ha sido atribuido el cometido de supervisar, entre otros aspectos, la transparencia:

•  En la utilización de los bienes y recursos públicos;

1. La observancia de los conflictos de intereses establecidos para el probo desempeño de la función pública.
2. El nivel de responsabilidad con que se conduce los agentes públicos.
3. La transparencia informativa respecto de los Sistemas de Administración Financiera y a la ciudadanía, así como la transparencia personal de las autoridades para, por ejemplo, presentar su declaración jurada de bienes y rentas.

Además, Tuesta (2000), indica que dentro de la evaluación del control interno, el Órgano Contralor deberá dar prioridad a la necesidad de apreciar el nivel de probidad alcanzado al estructurarse el control interno de las entidades del Estado. Dentro de este contexto, resaltan el cumplimiento de la obligación de titulares y funcionarios con poder de decisión en la Administración Pública, de promover la adopción de políticas que fomenten la integridad y valores éticos en los funcionarios y servidores, las mismas que contribuyan al desempeño eficaz de las funciones asignadas, así como la obligación de los directivos de las entidades responsables de adoptar acciones para establecer y mantener el orden y la disciplina interna, así como, elevar la moral de los servidores.

Sin embargo, actualmente se aprecia en las entidades un desarrollo incipiente de políticas, estrategias, programas u otras acciones que conlleven a superar los bajos niveles de transparencia en la gestión pública.

Este Organismo Contralor desarrolla sus funciones en esta materia desde las perspectivas de prevención, detección y sanción:

Un primer enfoque de la labor de la Contraloría General en la lucha contra este flagelo es la prevención, que se sustenta en la necesidad de tomar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se generen actos de corrupción.

Esta labor se desarrolla básicamente en el diseño, implantación, coordinación y evaluación del control interno de las entidades, brindando su aporte a la administración del Estado. Para tal efecto, emitimos la normativa que regula los procedimientos para reforzar los controles internos, así como formulamos recomendaciones puntuales y pertinentes para mejora de la gestión de las mismas, entre otros aspectos.

Cuando los mecanismos de control preventivo resultan insuficientes para enfrentar hechos de corrupción en las instituciones, se recurre al segundo enfoque, el control posterior ejercido por la propia entidad (control posterior interno) o por el Organismo Superior de Control (Control posterior externo) debe resultar un mecanismo idóneo para la detección de las desviaciones e irregularidades.

Para tal efecto, es atribución del Sistema Nacional de Control efectuar por conducto de sus órganos la verificación tanto de la gestión y uso de los recursos públicos; así como del ejercicio de las funciones de los servidores y funcionarios públicos, bajo criterios de utilidad, eficiencia, economía y transparencia, con relación a los resultados obtenidos y el cumplimiento de la normativa.

Dicha verificación se realiza mediante el control gubernamental, actividad profesional, sistemática, objetiva e imparcial que utiliza técnicas apropiadas y criterios de oportunidad. Resultado de esta labor, emerge el Informe de Control que revela las deficiencias, irregularidades y actos de corrupción incurridos en la gestión, estableciendo en principio recomendaciones para que las entidades establezcan mecanismos que permitan superar las mismas, bajo un seguimiento que garantice su cumplimiento, y a su vez, determine las responsabilidades administrativas, penales y civiles emergentes de los funcionarios y servidores fiscalizados.

El tercer enfoque donde se desarrolla la labor de control es en la sanción de las conductas indebidas que denotan actos de corrupción. En este plano, es atribución del Sistema Nacional de Control exigir a los servidores y funcionarios públicos la responsabilidad por sus actos en la función, identificando a través de las acciones de control el tipo de responsabilidad incurrida, sea administrativa, civil o penal. En tal sentido, una vez que se emitan los Informes de Control, éstos serán considerados prueba preconstituida para el inicio de las acciones administrativas y/o legales a que hubieran lugar, ya sea por la propia entidad (responsabilidad administrativa) o a través del Sistema de Defensa Judicial del Estado (responsabilidad civil o penal).

Conforme a lo señalado, se advierte que la Contraloría General aporta a través del control elementos de juicio para que los órganos administrativos y jurisdiccionales impongan directamente las sanciones pertinentes, correspondiendo a éstos asumir dicha responsabilidad.

A fin de asegurar el seguimiento a estas acciones, la Contraloría General supervisa y garantiza el respeto y cumplimiento de las recomendaciones que sean propuestas sobre la base de los Informes de Control, emanados de cualquiera de los órganos del Sistema.

1. CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA CONTRALORÍA

MISIÓN:

" La Contraloría General de la República es el órgano superior del Sistema Nacional de Control, que cautela el uso eficiente, eficaz y económico de los recursos del Estado, la correcta gestión de la deuda pública, así como la legalidad de la ejecución del presupuesto del sector público y de los actos de las instituciones sujetas a control; coadyuvando al logro de los objetivos del Estado en el desarrollo nacional y bienestar de la sociedad peruana. Promovemos mejoras en la gestión pública, la lucha contra la corrupción y la participación ciudadana".

La CGR como los OCI´s, tienen todas las atribuciones, los recursos, procesos, procedimientos, normas; sin embargo, pese a ello, la contribución al logro de la misión del órgano técnico rector del control en el país no es tan efectiva. Una reingeniería de procesos aplicado a los OCI´s, que puede contribuir a luchar efectivamente contra el flagelo de la corrupción y al logro de la misión.

La misión de la Contraloría se concreta con la intervención en las Adquisiciones y Contrataciones de las Direcciones Regionales de Educación, de acuerdo con el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, se da en dos planos:

1. Un primer plano que dispone un rol activo de la Contraloría General de la República, en donde se determina la necesidad de contar con su opinión o autorización previa favorable, sobre un asunto en particular, para su procedencia;
2. Un segundo plano que simplemente determina la obligación de las entidades, en nuestro caso, las Direcciones Regionales de Educación de remitirle información y/o documentación sustentatoria de los actos realizados, información que la Contraloría General de la República podrá utilizar para el cumplimiento del control gubernamental.

1. La exoneración del proceso de selección de las contrataciones y adquisiciones que se realicen con carácter de secreto militar o de orden interno por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que deben mantenerse en reserva conforme a Ley. Este aspecto no es aplicable a las Direcciones Regionales de Educación;
2. La ejecución y pago de los presupuestos adicionales de obra que superen el 15% del contrato original;
3. La ejecución de las mayores prestaciones de supervisión que superen el 15% en los casos distintos a los adicionales de obra;

Estos aspectos han sido recogidos como atribuciones de la Contraloría General en la Ley No. 27785- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

1. Las Resoluciones o Acuerdos, en el caso de aprobación de exoneración del proceso de licitación pública, concursos público o adjudicación directa, acompañado del Informe Técnico legal que sustenta la causal de exoneración invocada, dentro de los diez días calendario siguientes a la fecha de su aprobación;
2. Una relación de todas las convocatorias a Licitación, Concurso Público, Adjudicación Directa Pública, Adjudicación Directa Selectiva y adjudicación de Menor Cuantía, realizadas en el trimestre, con la documentación que permita apreciar su resultado, dentro de los quince días siguientes al cierre de cada trimestres;
3. Las adquisiciones mediante el procedimiento de Adjudicación de Menor Cuantía de insumos directos que se utilicen para los procesos productivos que efectúen, conforme al giro realizado por las Direcciones Regionales de Educación.

Asimismo, en este marco se contempla la obligación del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE) de poner en conocimiento de la Contraloría General los casos en que se aprecie indicios de incompetencia, negligencia, corrupción o inmoralidad, detectados en su accionar.

Los proveedores de las Direcciones Regionales de Educación, están obligados a contribuir con la Contraloría General, en los siguientes casos:

Control del proceso de selección: A través de:

1. Consultas;
2. Observaciones a las bases;
3. Impugnaciones;
4. Denuncias ante CONSUCODE;
5. Denuncia ante el Sistema Nacional Control: Servicio de Atención de denuncias ciudadanas de la Contraloría General de la República.

La naturaleza, relación, finalidad y función de las Direcciones Regionales de Educación – DRE, están establecidas en la Ley General de Educación.

Según la citada Ley, las DRE son órganos especializados de los Gobiernos Regionales responsables del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial.

Tienen relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación; también coordinan sus funciones con las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). Asimismo convoca la participación de los diferentes actores sociales.

La finalidad de las Direcciones Regionales de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y convoca la participación de los diferentes actores sociales.

Según la Ley General de Educación, corresponde a las Direcciones Regionales de Educación, en el marco de la política educativa nacional, realizar las siguientes funciones:

1. Autorizar, en coordinación con las Unidades de Gestión Educativa Locales, el funcionamiento de las instituciones educativas públicas y privadas;
2. Formular, ejecutar y evaluar el presupuesto educativo de la región en coordinación con las Unidades de Gestión Educativa Locales;
3. Suscribir convenios y contratos para lograr el apoyo y cooperación de la comunidad nacional e internacional que sirvan al mejoramiento de la calidad educativa en la región, de acuerdo a las normas establecidas sobre la materia;
4. Identificar prioridades de inversión que propendan a un desarrollo armónico y equitativo de la infraestructura educativa en su ámbito, y gestionar su financiamiento;
5. Incentivar la creación de Centros de Recursos Educativos y Tecnológicos que contribuyan a mejorar los aprendizajes en los centros y programas educativos; y,
6. Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia.