Producción y globalización

Enviado por Hermides Martinez Abuabara

Partes: 1, 2

Introducción

En un mudo informático y global del mismo modo
como el desempleo que
siguió a la Gran Depresión
renovó las políticas
sociales a través del Estado de
Bienestar en economías semicerradas hacia mediados del
siglo pasado, ahora necesitamos nuevas respuestas para enfrentar
la inseguridad en
sociedades
crecientemente globalizadas. El Estado es el inevitable
asegurador de último recurso, por lo que la mayor
inseguridad social reclama una respuesta que debe considerar sus
potenciales efectos en el crecimiento y en la distribución del ingreso. De nada sirve una
protección social que detiene el progreso o que empeora la
distribución del ingreso autónomo.

Una mejor aproximación se da cuando se distingue
entre políticas activas y pasivas. Las primeras ayudan a
la protección y también al crecimiento; en cambio, las
segundas perjudican este último. Las políticas
activas son aquellas que mejoran la empleabilidad (capacitación, apoyo a la búsqueda de
empleo,
rehabilitación, acceso al financiamiento), no distorsionan el incentivo a
trabajar (temporalidad) y reducen las barreras que impiden la
participación en la fuerza de
trabajo
(flexibilidad, cuidado infantil). Por su parte, las
políticas pasivas son asistenciales, enfatizan
transferencias entre grupos y tienden
a ser universalistas.

La seguridad es una
aspiración básica de las personas y de la sociedad. Por
ello, cuando aumenta la inseguridad aparecen inquietudes que
buscan una reacción del Estado. En el último
tiempo, la
inseguridad social ha aumentado por diversas razones: la
intensificación de la competencia
presiona a empresas y
trabajadores. En particular, el cambio tecnológico y
la
globalización exponen a las personas a cambios de
trabajo mas frecuentes, que en promedio resultan beneficiosos,
pero que son perturbadores cada vez que ocurren. Con el
crecimiento del comercio de
servicios, mas
puestos de trabajo están expuestos a la competencia
internacional (a través de los cambios en los precios, el
comercio, las migraciones y el offshoring).

Efectos negativos

La mayor inseguridad tiene consecuencias tan diversas
como la desconfianza en las reformas pro mercado, brotes
proteccionistas, oposición a las migraciones o
gérmenes nacionalistas. En el caso de Chile, esta
situación tiene el agravante de que nuestras desigualdades
también se reflejan en la capacidad de los diferentes
grupos para protegerse de las adversidades.

Adicionalmente, se ha reducido el tamaño de las
familias, con lo que el seguro reciproco
que ellas ofrecen pierde efectividad. También hay un
aumento de los hogares monoparentales y de los encabezados por
una mujer, lo que
aumenta su vulnerabilidad.

No existe consenso respecto de la relación entre
protección social y crecimiento. Por una parte, hay
efectos negativos porque se distorsionan los incentivos de la
economía
de mercado, lo que lleva a una menor disposición a
trabajar. En el mismo sentido, la protección universalista
(modelo
escandinavo) politiza la retribución al esfuerzo personal, lo cual
lleva a interesarse más en los procesos
políticos que en el emprendimiento como estrategia para
progresar. Esta hipótesis esta respaldada por investigaciones
que incluyen predominantemente a países
desarrollados.

Por otra parte, se sostiene que la protección
social beneficia el crecimiento porque genera la cohesión
social necesaria para llevar a cabo las reformas pro mercado.
Además, ayuda a mitigar las imperfecciones en los mercados
financieros y de seguros, frenando
la exclusión
social. En ausencia de estos mecanismos, las adversidades
transitorias comprometen en forma permanente a los hogares,
afectando la inversión en capital humano y
su potencial de desarrollo. En
la misma dirección, la protección social
permite administrar mejor los riesgos en la
sociedad porque evita conductas excesivamente conservadoras. Los
estudios empíricos que respaldan esta visión son
los que incluyen a los países en desarrollo, lo que lleva
a pensar que esta relación es positiva con bajos niveles
de protección y luego es negativa.

Una mejor aproximación se da cuando se distingue
entre políticas activas y pasivas. Las primeras ayudan a
la protección y también al crecimiento; en cambio,
las segundas perjudican este último. Las políticas
activas son aquellas que mejoran la empleabilidad
(capacitación, apoyo a la búsqueda de empleo,
rehabilitación, acceso al financiamiento), no distorsionan
el incentivo a trabajar (temporalidad) y reducen las barreras que
impiden la participación en la fuerza de trabajo
(flexibilidad, cuidado infantil). Por su parte, las
políticas pasivas son asistenciales, enfatizan
transferencias entre grupos y tienden a ser
universalistas.

Las políticas activas mejoran la
distribución del ingreso. En cambio, las políticas
pasivas tienen un efecto ambiguo porque empeoran la
distribución del ingreso autónomo y aumentan el
gasto social redistributivo.

Como enfrentarlo

El desafió es fortalecer significativamente la
protección social a través de políticas
activas, evitando las distorsiones de las políticas
pasivas. Aunque la evidencia empírica es limitada, la
evaluación de los programas de
empleo muestra que son
mas eficientes los que incorporan algún incentivo al
emprendimiento, agregan capacitación o tienen un subsidio
temporal. En cambio, los programas de empleo directo tienen poco
impacto en la empleabilidad de mediano plazo.

Por otra parte, la multiplicidad de ventanillas hace que
el acceso a los programas sociales sea consumidora de tiempo,
obstaculizando la incorporación de la mujer al
trabajo. En el mismo sentido, varios aspectos de las
políticas de vivienda no favorecen la incorporación
de los pobres a la fuerza de trabajo.

La aplicación de políticas activas
requiere de mejores capacidades por parte de los organismos que
las implementan. En nuestra realidad tiende a ocurrir que en las
localidades de mayor complejidad las políticas de
protección tienen un menor respaldo institucional. Por
esta razón, aun los programas bien diseñados
pierden su efectividad.

En síntesis,
vivimos tiempos de mayor inseguridad, lo que produce una demanda de
protección social sobre el Estado.
Esta demanda plantea un dilema para las políticas
públicas, porque la estrategia que se siga tendrá
efectos en el crecimiento y en la distribución del
ingreso.

Partes: 1, 2

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